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Proyecto Conagua Organizaciones: Atenco

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Impiden atenquenses que la casa de Ignacio del Valle fuera embargada

Pretenden quitar casa a líder de Atenco preso

La Secretaría de Finanzas mexiquense embargará la vivienda de Ignacio del Valle, dirigente del FPDT, en cumplimiento de una orden judicial, debido a que una de las sentencias al luchador social incluye una multa de 157 mil pesos. Es “insólita e ilegal” la medida, advirtió la defensa de Del Valle. En la imagen, cadena humana contra la incautación, que sería ejecutada ayer, pero no se concretó.Foto Javier Salinas.

MIGUEL CABILDO S.

MÉXICO, D.F., 26 de junio (apro).- Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) impidieron este viernes el embargo de la casa del líder de esa organización, Ignacio del Valle Medina, sentenciado a 60 años de prisión.
La acción, promovida por la Secretaría de Finanzas del estado de México en Texcoco, obedece al pago de la multa impuesta por el juez 1 penal de primera instancia contra Ovalle Medina.
Ante ello, simpatizantes del FPDT acudieron hoy al Centro de Servicios Fiscales de Texcoco para solicitar que se aplazara la ejecución del embargo, argumentando ilegalidad en la solicitud del pago de más de 150 mil pesos como multa para resarcir daños.
Mientras tanto, en el domicilio del líder de los comuneros de Atenco, otro grupo de personas se reunió en la propiedad donde habita la familia de Ignacio del Valle, a fin de resguardarla y, en su caso, evitar que se ejecutara el embargo.
El requerimiento 12-10-TEX-123/09 establece que el mandamiento de ejecución se realizó el 5 de junio, pero se notificó hasta el día 25, día en que el hijo de Ignacio del Valle, Ulises del Valle Ramírez, recibió el documento.
El líder del FPDT está detenido desde mayo de 2006, luego de los enfrentamientos en San Mateo Atenco entre pobladores y autoridades estatales, que se opusieron a la reubicación de varios floristas del municipio de Texcoco.
Y la multa de más de 150 mil pesos impuesta por juez 1 penal a Ignacio del Valle está relacionada con una sentencia de 60 años y seis meses de prisión por el secuestro equiparado de funcionarios estatales durante febrero y abril de 2006.

Vía crucis

Alejandro Encinas Rodríguez

Semana Santa se ha convertido en nuevo escenario de la irresponsable cruzada que desde la Comisión Nacional del Agua promueve su titular, José Luis Luege Tamargo, contra la ciudad de México.

Primero fue el anuncio de que la ciudad estaba al borde de una catástrofe por la fractura del drenaje profundo que la inundaría de aguas negras, lo cual no sólo resultó falso, pues no existía daño estructural en el drenaje, sino que además estaban en proceso obras de mantenimiento programadas conjuntamente entre el GDF y la Conagua. Más tarde fue el amago de clausura del relleno sanitario Bordo Poniente, en la zona federal del ex lago de Texcoco, con lo cual la ciudad no tendría dónde procesar y depositar las más de 12 mil toneladas de residuos que genera diariamente y se tendría que contratar con particulares el servicio que hoy se realiza con uno de los costos más bajos de operación del mundo.
Recientemente, el 21 de marzo, tras el deceso de 11 campesinos de la comunidad de El Refugio en Atotonilco de Tula, Hidalgo, a consecuencia de la respiración de emanaciones tóxicas cuando se disponían a realizar limpieza del cárcamo Artículo 123 de la Conagua, Luege Tamargo se deslindó argumentando que los campesinos no contaban con permiso para llevar a cabo esas actividades, aun cuando un convenio con esa comisión obliga a los campesinos a realizar labores de limpieza a cambio de aprovechar el líquido, y culpó al GDF por la tragedia, “ya que se ha echado para atrás para firmar el acuerdo de licitación para construir la planta tratadora en Atotonilco... situación grave e irresponsable, pues la ciudad de México se niega a sanear sus aguas negras que llegan a Hidalgo”.
Ahora, con motivo de las obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala, que obligan al cierre total del suministro de agua por 36 horas y que afectará a 5 millones de personas, Luege Tamargo ha iniciado una nueva cruzada. A la vieja usanza del foxismo, acusa al GDF de que “utiliza el dinero para otras cosas, no para obras prioritarias”, que “se pierde más agua en fugas en la red secundaria”, y amaga con sacar de operación varias presas clave en el Sistema Cutzamala, como la de Villa Victoria que aloja 29% del agua del sistema, porque están en un “nivel crítico de almacenamiento”.
Nadie puede negar la gravedad del problema. En 1955, la disponibilidad de agua por habitante en México era de 11 mil 500 metros cúbicos por habitante; en 2004 esta disponibilidad cayó a 4 mil 500 y se estima que para 2025 será de 3 mil 822. México registra uno de los mayores promedios de consumo de agua por habitante en el mundo: 360 litros diarios.
La Zona Metropolitana del Valle de México consume 65 metros cúbicos por segundo de agua potable, 35 de los cuales se consumen en el Distrito Federal. Esta cuota de disponibilidad se mantiene inalterada desde 1995. El 60% de este líquido se extrae de los acuíferos y los manantiales del valle de México y el 40% restante de fuentes externas. El Sistema Cutzamala abastece 28% de agua a la zona metropolitana, aprovechando un sistema de presas que hasta los años 70 generaba energía eléctrica; y que hoy esa agua se bombea hasta la cuota de 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar, a través de una línea de ductos de 160 kilómetros.
El Sistema Cutzamala es vital para garantizar el abasto de agua y la gobernabilidad en la zona metropolitana. Es una prioridad atender su buen funcionamiento y el manejo adecuado de la cuenca para permitir un aprovechamiento sustentable del recurso. Se requieren cambios en los hábitos de consumo y una nueva cultura de manejo del agua basada en información clara y no en amarillismo. Utilizar lo delicado de esta situación para agitar las aguas de la política puede conducir, más allá de la confrontación entre distintos órdenes de gobierno, a despertar irresponsablemente ánimos sociales de los cuales, ante la manipulación de la información y la angustia de carecer del vital líquido, difícilmente se puede predecir su alcance.
México no necesita prolongar el vía crucis que atraviesa; bastante tiene con los problemas de pobreza, desempleo, inseguridad y endeudamiento, para que se agiten las aguas en un ejercicio irresponsable de la función pública.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM

Atenco y el 97 constitucional

Bernardo Bátiz V.
La Jornada

Atenco, dice el doctor Antonio Peñafiel en su Diccionario de jeroglíficos de nombres geográficos (1885), tiene un glifo peculiar, unos labios o boca semiabierta, hacia el agua o rodeada de agua. Atenco es un pueblo muy antiguo, prehispánico, situado en la ribera de ese mar interior que fue el gran lago de Texcoco, lo imagino poblado por pescadores y cazadores de aves acuáticas, con chinampas en las orillas y milpas en las tierras más altas, casas humeantes y un teocali en el centro; su historia debe ser muy parecida a la de otros tantos pueblos que sucumbieron a la conquista española, primero incuria, después abandono, aislamiento y luego, con la desecación de los lagos, pobreza y trabajo agotador para sobrevivir.
Durante la Revolución es muy posible que los atenquenses hayan luchado por sus tierras al lado de las fuerzas zapatistas que tuvieron gran influencia en los rumbos de Tlaxcala y el estado de México. No hay que olvidar que fue muy cerca de este poblado, donde don Andrés Molina Enriquez lanzó en 1911 su celebre Plan de Texcoco, encaminado a reivindicar las tierras de los campesinos despojados por las haciendas y a rescatarlos de la esclavitud de las tiendas de raya y de la arbitrariedad de mayordomos y administradores.
Atenco, como tantos otros pueblos, valora sus tierras, que le dan el magro sustento, pero que también le proporcionan identidad, sentido de pertenencia e inspiran un patriotismo local que no fácilmente entienden los extraños; la tierra es sagrada para el campesino, no se concibe sin ella, y si un pueblo la pierde, pierde su razón de ser. Por eso la resistencia al proyecto del aeropuerto invasor que se pretendía en sus campos de cultivo, por eso los machetes y la tenacidad heroica de sus habitantes que con tanto empeño resistieron primero y al final impidieron el despojo.
Pero todo eso, por supuesto, lo ignoraron Fox, el gobernador, el secretario de Seguridad y sus respectivos cortesanos y operadores; para ellos los terrenos de Atenco eran tan sólo la perspectiva de un gran negocio, de oportunidad de contratos, inversiones y riquezas, y por ello no pueden perdonar a los tercos campesinos que les echaron a perder todo. No pudieron adueñarse del espacio a cambio de migajas, quedaron muy mal ante la opinión pública, y por lo tanto tenían que vengarse con el primer pretexto que tuvieron a la mano; lo hicieron, enviaron a sus policías a castigar a los reos del delito ya extinguido hace siglos, de “lesa majestad”, pero restablecido para el efecto de dar un escarmiento a esos alzados y desobedientes.
Para escarmentarlos a ellos y para asustar a otros posibles reclamantes en otros sitios y en otros momentos, se recurrió a la persecución bárbara, a las golpizas, a las detenciones arbitrarias y a los abusos de todo tipo. En otro momento o quizás en otra entidad, con ese escarmiento, las cosas hubieran regresado a su curso y la población estaría dolida y resentida, pero calmada.
En Atenco no sucedió así; sus habitantes siguieron su lucha, con sus líderes principales presos o escondidos, no han dejado de reclamar que se haga justicia y que se sancione a los responsables de la desalmada agresión, pero esto no es posible cuando los investigadores del delito habían sido nombrados por quienes tendrían que investigar.
El asunto, después de tiempo, tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia, por vía de la investigación de violaciones a garantías individuales, reconocida en el artículo 97 constitucional, inspiración invaluable del Constituyente del 17; para cuando las instituciones regulares y locales no pueden o no quieren hacer justicia, al menos queda ese último recurso, que es la investigación del tribunal federal de mayor rango. Fue ésa la última esperanza de una condena adversa a los autores intelectuales y materiales de los hechos de Atenco, lástima que sólo tres de los integrantes del alto tribunal estuvieron a la altura de su papel de juzgadores de nivel superior, con autoridad moral para señalar culpables con nombres y apellidos; la mayoría, en defensa de su propia clase social y quizás de sus amigos y anfitriones, rebajó la resolución y sólo se atrevió a decir que sí hubo violación a garantías individuales, pero que sólo eran condenables los ejecutores materiales, mientras que quedaron impunes y tranquilos los más encumbrados.
A pesar de ello, el baldón es difícil de quitar, para quienes aun exonerados en la fórmula de la resolución fueron señalados por parte importante de la opinión pública y por la minoría de ministros durante el debate. Helioflores, el agudo caricaturista, hace unos días fue más elocuente que mil palabras. Aparecen en el cartón, publicado en El Universal, el gobernador Peña Nieto y el procurador Medina Mora con caras de niños incapaces ni de una travesura, bien peinados, pero atrás, sobre las sombras de sus cabezas, destacan las cruces de las tumbas que se supondrían de los jóvenes asesinados en los hechos; el título del editorial gráfico es por demás concluyente: “Sombras nada más”, pero añado, también nada menos: de esas sombras es difícil liberarse.
El 97, a pesar de la reticencia de quienes no gustan emplear las facultades que les otorga, volvió a funcionar.