Despojo a mansalva

Ahora son los ejidatarios de San Pedro Totoltepec quienes sufren el acoso de voraces trasnacionales y grupos de inversionistas –entre ellos Carlos Slim y Emilio Azcárraga–, que con el respaldo del Grupo Atlacomulco y el gobierno mexiquense pretenden despojarlos de sus tierras para ampliar el aeropuerto de Toluca. Los propietarios de estos predios advierten que no permitirán este acto de rapiña que sólo beneficiaría a los señores del gran capital.

TOLUCA, MÉX.- Desde que llegaron los fuereños a presionarlo para que venda su parcela y su casa, el viejo ejidatario Mateo Escamilla vive con temor: “Ya no estoy en paz por miedo a que algo malo me pueda pasar”, se lamenta.

La oferta del aeropuerto. Casas derruidas.

Rodrigo Vera

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A la puerta del jacal que levantó con tablones y lámina, don Mateo se rasca la nuca y agrega: “Ha venido gente de fuera a decirme: ‘Si no nos vendes tu parcela y te sales de aquí, entonces vamos a tumbar tu casa para sacarte a la fuerza’. Yo les pido que no me molesten y me dejen vivir en paz”.
Don Mateo observa su maizal, sus gallinas picoteando el piso lodoso y el huerto con los racimos de fruta que vende en Toluca.
“Es todo lo que tengo –dice–. Mal que bien me alcanza para vivir. Ya estoy viejo y enfermo como mi esposa, que se quedó ciega por la diabetes. No podríamos vivir en otra parte. Yo aquí nací, aquí hice mi vida y aquí pienso morirme.”
–¿Y cuánto le ofrecen por su parcela?
–Dizque me dan 400 pesos por metro cuadrado. Más o menos lo mismo que les ofrecen a los demás ejidatarios de San Pedro Totoltepec. Pero ese dinero no nos alcanzaría para nada. Nos quieren sacar a la brava para ampliar el aeropuerto.
Y señala la larga alambrada que divide al ejido del Aeropuerto Internacional de Toluca. De aquel lado se ven los modernos edificios con su espigada torre de control pintada de azul, las asfaltadas pistas de aterrizaje y las aeronaves metálicas que refulgen al sol. De este lado, el ejido es una verde altiplanicie de sembradíos de maíz, donde habitan los ejidatarios en viviendas comunicadas por caminos de terracería, ya con postes de luz eléctrica y red de agua potable.
Manejado por la trasnacional española OHL y el Grupo Atlacomulco –en el que se inscribe Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y aspirante del PRI a la Presidencia de la República–, el aeropuerto de Toluca se convirtió en un jugoso negocio porque en los hechos está operando como terminal alterna al saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Para responder a la demanda aérea, las autoridades estatales proyectan ampliar el área del aeropuerto 400 hectáreas, que quieren tomar a la fuerza del único lugar disponible: el ejido de San Pedro Totoltepec, en el costado oriente de la terminal aérea.
Pero los campesinos se niegan a vender sus tierras porque les ofrecen un precio muy bajo y sobre todo porque no quieren salirse del terruño. Rigoberto de la Cruz, líder de los ejidatarios renuentes a vender, aclara:
“Por acuerdo de asamblea, los ejidatarios determinamos no vender nuestras tierras. Eso está muy claro. Aquí hemos vivido con nuestras familias desde hace varias generaciones, manteniéndonos de la siembra de maíz, haba, calabaza, frijol y huauzontle. No queremos irnos a ningún otro lado. Solo pedimos que dejen de presionarnos para obligarnos a salir. Eso es todo.”
–¿Los hostigan?
–Muchísimo. Desde hace tiempo el gobierno nos quitó el servicio de luz eléctrica. Fue cortando los cables de los postes para que nos quedáramos sin luz. Y por más que reportamos las averías, nadie viene a repararlas. Con el servicio de agua potable es igual. Nos cortaron el suministro de agua. Ahora nos surtimos con pipas que llegan dos veces por semana. Así nos fastidian para que nos vayamos.
“Otra presión es la gente que viene contratada por las autoridades del aeropuerto. Son empleados de compañías inmobiliarias, como la inmobiliaria GAP. Llegan directamente a nuestras casas y nos dicen: ‘Es mejor que vendan porque de otro modo vamos a tener que sacarlos a la fuerza con la policía’. Así nos traen atemorizados.
“Aquí vivía un compañero ejidatario, Rafael Padilla Díaz, que se oponía a la venta de la tierra con declaraciones a la prensa local. Para que ya no diera lata le inventaron un delito; lo acusaron de participar en un robo de 10 mil pesos. Le dieron seis años de prisión en la cárcel de Almoloya de Juárez. Ahí sigue preso. Fue para advertirnos que a cualquiera le puede pasar lo mismo. Tenemos a todas las autoridades en nuestra contra.”
–¿A algunos ejidatarios ya los obligaron a vender su parcela?
–Sí. Hay algunos que por temor malbarataron su parcela de manera individual y se fueron a otro lado. No aguantaron las presiones del gobierno de Peña Nieto. Lo peor es que a algunos les pagaron a 150 pesos el metro cuadrado. Tan pronto se van nuestros compañeros, viene gente de fuera a demoler sus casas vacías… ¡Vea!… ¡Ahí están los escombros!
Mientras camina por los encharcados senderos en una tarde a ratos con sol y a ratos con lluvia, De la Cruz va señalando los montículos compuestos de tabique, teja, lámina, cemento y madera hechos añicos. Estas pilas de cascajo se observan de pronto en algún claro entre las tupidas milpas. Son la señal de que ahí hubo una vivienda habitada por una familia de campesinos obligada a vender su parcela, gallinas, vacas y marranos para luego emigrar a un lugar desconocido.
“No se crea, da mucha tristeza ver esas casas derrumbadas y pensar que ahí vivía el compadre, el amigo o algún familiar que ya se fue”, suspira De la Cruz.
A lo lejos, tras la alambrada del aeropuerto, se ven subir y bajar los aviones. Se escucha el ruido de sus motores. Y más allá aparece el alto e imponente Nevado de Toluca difuminado por negros nubarrones que dejan caer relámpagos y lluvia sobre el valle.
De la Cruz recuerda a los campesinos de San Salvador Atenco, a quienes durante el sexenio de Vicente Fox se les intentó arrebatar sus tierras para construir ahí un aeropuerto:
“Ellos supieron organizarse y conseguir apoyo. Conservaron su tierra. Impidieron que se construyera aquel aeropuerto que iba a desahogar al de la Ciudad de México. ¡Quién lo iba a decir! Ahora muchos vuelos de la capital los están mandando para acá… y quieren resolver sus problemas quitándonos la tierra, perjudicándonos a nosotros.”
–¿Ustedes seguirán su lucha?
–Seguiremos defendiendo nuestra tierra a como dé lugar. Nos falta organizarnos mejor y evitar las divisiones, pues algunos compañeros ya cayeron en el desánimo y piensan que lo mejor es vender. Eso nos divide.
–¿Se han defendido con alguna acción legal?
–Sí. Desde 2009 interpusimos una demanda contra Peña Nieto y sus funcionarios que nos quieren despojar, pues es ilegal lo que están haciendo.
El ejidatario se refiere al juicio de amparo interpuesto el 9 de septiembre de ese año (con el número 1097/2009-III) ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca.
Por “desposesión”, el juicio acusa directamente a Peña Nieto, a su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava; a la secretaria de Desarrollo Urbano, Marcela Velasco; al secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; al director general del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Manuel Ortiz, y al director del Aeropuerto Internacional de Toluca, Alexandro Argudín, entre otros.
La denuncia incluye a la alcaldesa de Toluca María Elena Barrera Tapia, ya que las autoridades municipales –arguyen los quejosos– están coludidas con las estatales.

Latrocinio

A fin de impedir el despojo, los ejidatarios cuentan con la asesoría jurídica del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, cuyo presidente, Arturo Chavarría, exclama:
“¡Ya basta de que Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco les estén dando, a cambio de sus tierras, cuentas de vidrio a los campesinos! Es un vil despojo lo que intentan hacer con el ejido de San Pedro Totoltepec. Esas tierras valen muchísimo más de lo que ofrecen por ellas.”
–¿Tiene usted cifras?
–Por supuesto. El valor del suelo en toda la zona aledaña al aeropuerto se ha disparado muchísimo; fluctúa entre los 14 mil y los 18 mil pesos el metro cuadrado. A ese precio están vendiendo los voraces desarrolladores urbanos que han logrado apropiarse de terrenos en el área… y hacer grandes fortunas con la especulación.
“Es prácticamente un robo darles a los ejidatarios 400 pesos por metro cuadrado. Aunque en los hechos, a los que han logrado quitarles sus parcelas solo les pagan poco más de 100 pesos. Los despojan de su patrimonio familiar con la promesa de que la ampliación del aeropuerto les dará empleos de lavacoches y barrenderos.
“Esto implica lanzarlos a la miseria, a engrosar el numeroso ejército de pobres; de acuerdo con las estadísticas, 55% de los 15 millones de mexiquenses sobreviven en la pobreza y en la miseria extrema. Muchos de ellos fueron comuneros y ejidatarios de Huixquilucan, Santa Fe, Valle de Bravo y otros puntos donde los terrenos ya se tasan en dólares. Hoy intentan hacer lo mismo con los ejidatarios de San Pedro.”
Chavarría extiende un enorme plano, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal, en el que aparece el área actual del aeropuerto pintada de rosa, y el área del ejido coloreada de verde. Muestra el plano y explica:
“Actualmente en el ejido viven aproximadamente 820 ejidatarios con sus familias, en una extensión de 2 mil 379 hectáreas de tierra fértil. De éstas, el Grupo Atlacomulco, que es el que maneja realmente el aeropuerto, intenta apoderarse de 400 hectáreas para ampliar la terminal aérea.
“Este proyecto surgió al fracasar la construcción del aeropuerto internacional que se planeaba levantar en la zona de Texcoco. El gobierno de Vicente Fox y el de Arturo Montiel, entonces gobernador de la entidad, voltearon los ojos hacia el aeropuerto de Toluca porque se dieron cuenta de que, por su cercanía, podía servir como un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, que ya está muy congestionado.
“Y esto es lo que ya está ocurriendo en los hechos. De ser un aeropuerto regional, el de Toluca rápidamente se convirtió en un aeropuerto internacional con bastante demanda, pues recibe mucho tráfico aéreo que antes captaba el aeropuerto de la Ciudad de México.”

Amenazas

Por su parte el actual director del aeropuerto de Toluca, Alexandro Argudín, ha explicado que la ampliación servirá para construir una nueva pista de aterrizaje. Pero ante la negativa de los ejidatarios a vender sus tierras, amaga con recurrir a la expropiación.
“Estaremos en algunos meses iniciando un proceso de expropiación; no tenemos una fecha, no hay un calendario crítico, pero sí habrá que iniciar un proceso de expropiación”, declaró al diario Reforma el pasado 28 de julio. Y les advirtió a los campesinos que, con esta medida, recibirán por sus tierras el valor catastral que en la zona –dijo– es de 98 pesos el metro cuadrado.
Lamentó tener que recurrir a la expropiación y aclaró que no le quedaba otra alternativa porque los ejidatarios rechazan el trato directo, con el que hubieran obtenido un mejor precio por sus tierras.
Pero Arturo Chavarría señala que son puras amenazas sin sustento las de Argudín, encaminadas a intimidar a los campesinos:
“Para empezar –dice–, la expropiación solamente se da por razones de utilidad pública. Nada que ver con el aeropuerto de Toluca, que es un negocio privado dado en concesión, por 99 años a partir de 2005, al grupo español OHL y a los políticos-empresarios del Grupo Atlacomulco.”
Chavarría detalla que formalmente OHL tiene 49% de la concesión. Otro 26% está en manos del gobierno del Estado de México. Y el resto lo detenta el gobierno federal.
Abunda: “A la trasnacional española la trajo al estado el Grupo Atlacomulco, encabezado por las familias Del Mazo y Carlos Hank Rhon, quien actualmente es la bisagra articuladora en esos negocios, a los que se sumaron Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet opera en el aeropuerto. Peña Nieto es solo un títere manejado por esos empresarios sin escrúpulos que han obtenido las concesiones de las principales obras de su gobierno, como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense”.
Desde hace varios meses en este semanario se abordó el despojo de tierras ejidales que ocasionó la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, lo mismo que sus estragos entre los pobladores de Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán (Proceso 1802).
Aparte de los estrictamente aeronáuticos, Chavarría menciona otros negocios que conlleva el aeropuerto de Toluca: la concesión de estacionamientos, sitios de taxis, líneas de transporte terrestre que recogen a los pasajeros en la Ciudad de México, centros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo, etcétera.
“Toda la zona ya es un jugoso negocio para un pequeño grupo de empresarios que, valiéndose de Peña Nieto, abusan del poder para quitarles sus tierras a los campesinos. No nos oponemos al progreso que pueda representar la ampliación del aeropuerto, sino a la injusticia contra los más desposeídos”, dice el urbanista.
Esa injusticia la padece en carne propia Ángel Casimiro Mendoza, un ejidatario de 70 años y cuerpo enjuto al que quieren sacar a la fuerza de su parcela.
“Seguido vienen esos fuereños, gente que ni conozco, a estar muele y muele que ya les venda mi tierra y que me vaya a otro lado. Dicen que vienen de una inmobiliaria que trabaja para el aeropuerto. Llegan con amenazas diciendo que de todos modos nos van a sacar a mi familia y a mí”, dice.
–¿Y usted qué les contesta?
–Pues que no les vendo y que no me voy, que dejen de estarme molestando porque yo no los molesto a ellos. El gobierno siempre nos tiene olvidados. Se acuerda de que existimos sólo cuando quiere jodernos más. Ya ve, aquí nos cortó la luz y el agua potable para obligarnos a salir.
Bajo la llovizna, Ángel Casimiro atraviesa el patio de su casa y llega al corral. Ahí, bajo un largo tejabán, tiene alineadas ocho reses blancas y gordas de fina pelambre.
Con la palma de la mano Ángel Casimiro acaricia la testa greñuda de una de sus reses y exclama orgulloso: “¡Puro ganado fino! ¡Ganado charoláis! Saco 350 kilos de carne por cada una de mis reses. ¿En qué otro lado voy a poder criar cabezas así?… En ninguno… en ninguno”.

Aeronaves de la PGR, bajo sospecha

La mitad de las aeronaves que la Procuraduría General de la República utiliza en tareas de combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no está inventariada y sobrevuela con matrículas estadunidenses, lo que contraviene la ley. El personal de servicios aéreos no cumple con los controles de confianza y decenas de pilotos de esa dependencia perdieron sus licencias por irregularidades.

Ana Lilia Pérez

La Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Procuraduría General de la República (PGR) es un área medular para el combate a la delincuencia organizada y estratégica en la “guerra” contra el narcotráfico; sin embargo, opera con graves deficiencias administrativas y personal bajo sospecha de corrupción.

Las auditorías que a esta área practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exponen graves problemas contables en inventarios y registros de las aeronaves, tanto de las que la PGR adquirió con recursos propios, así como las donadas por el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, en el marco del Acuerdo Bilateral para Combatir al Narcotráfico y la Farmacodependencia y del Acuerdo entre México y Estados Unidos sobre cooperación contra las drogas.

De las 94 aeronaves que comprende la flota aérea de la PGR, 59 no están registradas en los inventarios. De las 35 que sí están en inventariadas, sólo 25 cuentan con la documentación que acredita que son propiedad de la PGR, como la factura o los oficios de donación emitidos por la Embajada de Estados Unidos. Las 10 aeronaves de las cuales la PGR no tiene documentación que acredite su propiedad representan un patrimonio de 87 millones de pesos.

De las 59 aeronaves que la PGR no tiene inventariadas, una de ellas fue asegurada a la delincuencia organizada y transferida a la Procuraduría desde julio de 2008, pero los funcionarios nunca la registraron en su contabilidad ni la incorporaron a los inventarios, aunque sí a los vuelos oficiales.

Otras 28 las donó la Embajada de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2009, pero tampoco fueron registradas. Más que una formalidad, la falta de registro de las aeronaves incumple el acuerdo que obligaría a México a devolverlas “cuando ya no se necesiten para los bienes que fueron proporcionadas”.

Diecinueve aeronaves que opera la PGR sobrevuelan cielo mexicano y ejecutan operativos en territorio nacional con matrículas de Estados Unidos. La razón es que la Procuraduría no ha presentado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la documentación para que el Registro Aeronáutico Mexicano le emita matrículas nacionales: títulos de posesión requisitados, pedimentos de importación y pagos de tenencia de una flota valuada en 204 millones 915 mil 600 pesos.

En cambio, aún no se da de baja ni del inventario ni de los registros contables el helicóptero Bell 206 B-3, matrícula XC-KAF, que se desplomó el 30 de marzo de 2009 en el cerro Cruz Matías, al Sureste de San Luis Río Colorado. La aeronave, que costó 2 millones 811 mil pesos y que estaba al servicio de la Base de Intercepción Aérea en Puerto Peñasco, se declaró como pérdida total; fue pagada por la aseguradora, pero la operación tampoco se registró contablemente.

Los auditores adscritos a la ASF también encontraron un desorden administrativo en la comprobación del uso de combustible –gasavión y turbosina– y los fletes aéreos.

Funcionarios bajo sospecha

La DGSA de la PGR tiene como función sobrevuelos y actividades encaminadas a investigar los delitos del fuero federal y la delincuencia organizada, que incluyen, por ejemplo, la confiscación y erradicación de cultivos ilícitos. Los auditores de la ASF descubrieron que los vuelos no son debidamente revisados y autorizados por un supervisor acreditado por la SCT a través de su Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Por las implicaciones, éste constituye uno de los hallazgos más relevantes de la auditoría. Las normas internacionales obligan a que cada vuelo debe ser autorizado por un supervisor de la DGAC previo chequeo de las condiciones físicas de la nave, de las bitácoras, órdenes de trabajo y certificados de aeronavegabilidad, entre otros.

Desde 2001, los vuelos que realiza la PGR no son autorizados por los inspectores de la DGAC, sino por 24 inspectores “honorarios” que no son parte de la SCT. Al respecto, hay una corresponsabilidad entre la SCT y la PGR por este asunto, pues en 2001 la SCT manifestó que no contaba con personal suficiente para que inspeccionara los vuelos, y la PGR propuso que lo hicieran inspectores “honorarios”. La práctica siguió en años subsecuentes sin que existan atribuciones legales para ello. A ojos de la ASF, dicha práctica es irregular.

El asunto toma otro cariz cuando se habla de que, entre el personal de esa área, hay muchos funcionarios que no aprobaron los controles de confianza:

56 funcionarios de la DGSA que laboran en 12 bases aéreas en distintas regiones del país, en tareas vinculadas al combate a la delincuencia organizada, no aprobaron las evaluaciones de control de confianza que les practicó el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) desde 2008. Se les declaró “no aptos”, y como tal, debían ser destituidos. Sin embargo, hasta agosto de 2009, la DGSA envió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 37 actas administrativas que daban cuenta del resultado de “no aptos” de sus elementos.

De los otros 19 elementos que resultaron “no aptos”, en lugar de enviar las actas, a dos se les transfirió a la Policía Federal Ministerial; a otros dos se les tramitó una licencia de incapacidad; a otros tres se les ubicó en proceso de consulta; en cinco casos, se inició un proceso de reevaluación que aún está en proceso de autorización; a otros dos se les ubicó con nombramiento temporal; otros dos casos obtuvieron una resolución judicial a su favor, aunque siguen siendo no aptos según las pruebas de control de confianza. En otros dos casos, apenas está en vía de levantarse el acta respectiva, y un caso más aún no ha sido notificado del acta de no aptitud debido, argumenta la PGR, a su adscripción.

Las ASF alerta los riesgos de que el personal que no aprobó los controles de confianza continúe como servidor público activo en la PGR:

“Dicho personal, aun cuanto tiene evaluación de ‘No Apto’ para el CECC, se encuentra realizando las labores para las que fue contratado generando un costo mensual al mantener dicha plantilla.”

Eso no es todo: desde 2007, 40 servidores públicos perdieron su licencia aeronáutica (que expide la SCT) por irregularidades diversas. La PGR no les impuso sanción alguna, sino que les asignó funciones técnico-administrativas. Hasta pasados dos años (en mayo de 2009), inició el procedimiento de actas administrativas por pérdida de licencia. Se procedió entonces al cese de 22 funcionarios, que a su vez interpusieron 22 juicios de amparo; luego la PGR “concilió” reinstalar a 15. Posteriormente, a 13 de ellos se les dio de baja por incapacidad total; el resto continúa activo.

Al respecto, el doctor Samuel González Ruiz, extitular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, alerta lo “delicado” que es el que la PGR mantenga activo a personal que no acreditó los controles de confianza de la institución.

“Es muy delicado que no pasen estos exámenes. Para estar en la institución, deben acreditar estos exámenes, y eso es un asunto que de manera urgente debe atender la Oficialía Mayor de la PGR, porque ése es su trabajo”, explica el consultor internacional en temas de crimen organizado y corrupción.

Viajes elite

No hay control del personal que opera los vuelos en el combate a la delincuencia, pero los viajes son de elite. La norma en materia gubernamental refiere que los vuelos en aviones que tengan menos de 20 asientos no pueden contar con el servicio de sobrecargo. Pasando por alto tal disposición, sólo en 2009, 199 vuelos con menos de 20 asientos tuvieron servicio de sobrecargos.

En su argumentación, la DGSA le dice a la ASF que consideraron necesario llevar sobrecargos en ciertos vuelos al tratarse de viajes hechos por funcionarios con categoría de subprocurador o superior, al igual que los que realiza el personal de la oficina del procurador. Lo mismo que en los viajes que funcionarios de alto nivel de otras áreas de gobierno realizan en aviones de la PGR.

Subastas en el extranjero

La falta de diligencia de la PGR hasta en sus asuntos administrativos está a punto de generar un litigio internacional en contra de una compañía estadunidense que, argumentando incumplimientos de la Procuraduría para cubrirle sus adeudos de la reparación de dos helicópteros, simple y llanamente subastó uno de ellos, sin que la oficina del abogado de la nación hiciera nada por evitarlo. El caso implica un daño al erario de 48 millones 460 mil pesos.

Leer articulo completo AQUI.

Aristegui - Caso Atenco (Corte Definira Amparos Contra Detenidos)

http://www.youtube.com/watch?v=Bn7P53uYPeU


http://www.youtube.com/watch?v=98fLDsvYZH0

Proyecto Conagua Organizaciones: Atenco

Proyecto Conagua Organizaciones

View more documents from Atenco FPDT.