…huele a podrido en Guerrero

Ricardo Rocha

Detrás de la Noticia

—Tú no me aguantas ni un round, siempre estás borracho —le dijo Armando Chavarría a su adversario.
—Tú todo lo arreglas a golpes… como cuando eras dirigente estudiantil —le reviró Zeferino Torreblanca.
El agarrón fue público durante un debate en Acapulco cuando en 2004 los dos peleaban la codiciada candidatura perredista al gobierno de Guerrero.
Luego acordaron un frágil matrimonio por conveniencia en el que Torreblanca —salvo por hacer su secretario de Gobierno al propio Chavarría— nunca cumplió con los compromisos del pacto que le alquiló el logotipo del PRD. Al contrario, ya gobernador creó su propia corriente —Izquierda Renovadora— que inició una lucha sorda pero muy visible contra el Polo Guerrerense de Izquierda que, casualmente, encabezaba Chavarría. Además de jefaturar un gobierno lejanísimo a la plataforma del sol azteca y cercanísimo a los empresarios y a los viejos cacicazgos priístas; en el que privilegia a sus aliados con las arcas estatales desde las grandes obras hasta el abasto de papelería. Y fue mucho más allá al tramar su propia sucesión para heredar a su delfín e incondicional, el secretario de Desarrollo Rural Armando Ríos Pitter.
En paralelo, Armando Chavarría vino construyendo su propia candidatura hasta que la confrontación —incubada en la penumbra de las profundas diferencias ideológicas— se hizo escandalosamente pública. A fines de 2008 renunció al gobierno estatal para alcanzar una diputación y luego el liderazgo del Congreso. Al tiempo que tejió una alianza política que incluía no sólo al PRD sino al PT, Convergencia y hasta al PAN. Un poderosísimo frente que prácticamente estaría garantizando su triunfo a pesar de oponerse a los designios del gobernador y su ya inocultable alianza con el PRI.
Por ello —y hay que decirlo con todas sus letras— el principal sospechoso de la ejecución de Chavarría es Zeferino Torreblanca. Aun cuando se hable de enemigos de extrema derecha o de su iniciativa para investigar al auditor del gobierno estatal, Ignacio Rendón Romero, acusado de corrupción y a quien Chavarría estaba dispuesto a llevar a la cárcel. Incluso el gobierno ha filtrado como líneas de investigación el pasado de Armando como dirigente estudiantil, probable correo del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, casi rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y hasta sus amoríos universitarios.
Nada de esto convence a los guerrerenses que en todas partes comentan que Zeferino le retiró a propósito la escolta y que las balas 380 súper y 9 milímetros con que Chavarría fue ejecutado son de uso cotidiano de los judiciales estatales. Eso, pero sobre todo la feroz disputa por la gubernatura, es lo que despierta un pestilente tufo de sospecha. Al grado de que la familia de Chavarría, en voz de su esposa y probable sucesora Martha Obeso, le mandara decir a Torreblanca que ni se apareciera en ninguno de los actos funerarios oficiales o personales.
Mientras que en el Congreso guerrerense y aun en la calle rueda una trovada: ¡Zeferino, desgraciado, nos mataste un diputado!

Chavarría ¿Ejecución política?

El asesinato de uno de los principales líderes del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero ocurrió en el marco de fuertes pugnas con el gobernador Zeferino Torreblanca/ Significativa ausencia de Zeferino en el homenaje realizado en el Congreso del Estado/ El narco, presencia en la política guerrerense.
CHILPANCINGO, Guerrero., 22 de agosto (APRO) La ejecución del presidente del Congreso del estado de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, colocó en la mira de la PGR y bajo la sospecha de la opinión pública al gobernador Zeferino Torreblanca. Cuando se perfilaba como el más fuerte candidato a suceder a Torreblanca, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, exsecretario de Gobierno estatal y exsenador de 54 años fue asesinado la mañana del jueves 20 frente a su domicilio por dos sujetos que le dieron el tiro de gracia.A pesar de que para la dirigencia del PRD se trató de un “asesinato político”, Torreblanca se deslindó de inmediato del crimen y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hizo circular la versión de que en el crimen no se hallaron indicios de delincuencia organizada, por lo que la línea más sólida apunta hacia un crimen pasional.La hipótesis se basa en que, de acuerdo con los dictámenes periciales de la PGJE, los asesinos utilizaron pistolas calibre 9 milímetros y .380, armas de bolsillo que se consideran ajenas al modus operandi del crimen organizado.

A su vez, Torreblanca Galindo desplegó una campaña mediática para deslindarse de este asesinato, debido a que su relación con Chavarría, líder de la corriente perredista Polo Guerrerense de Izquierda, derivó en una serie de confrontaciones por el control de la estructura de su partido y por espacios en la administración pública.El deslinde del gobernador se topó con el Congreso del estado, dominio de Chavarría, donde el viernes 21 los diputados le rindieron un homenaje, al que asistieron también el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el presidente del PRD, Jesús Ortega; y el nuevo coordinador de los diputados federales, Alejandro Encinas, entre otros correligionarios del fallecido.La ausencia de Torreblanca fue notoria, y cuando se anunció que en su representación asistía el secretario de Desarrollo Rural, Ramón Cárdenas, se levantó el coro: “Asesino, asesino”, “¡Zeferino desgraciado, mataste a un diputado!”Las honras fúnebres prosiguieron en la sede del PRD y en la catedral de Santa María de Asunción. Luego, Armando Chavarría fue sepultado en el panteón central de Chilpancingo.

Enemistad política

Desde el jueves 20 el PRD calificó el hecho como un “asesinato político”, y el viernes Torreblanca dijo en conferencia de prensa que prefería “no poner etiquetas” al crimen. Más tarde, en su afán de desmarcarse, difundió que mantuvo negociaciones con Chavarría sobre la sucesión en la gubernatura.“Él era el principal promotor para que se encauzara la posibilidad del diálogo –declaró Torreblanca– porque estaba perfectamente claro que si se buscaba la gubernatura del estado era necesario que hubiera unidad (en el PRD), y que además, sin la participación del gobernador del estado, como él (Chavarría) lo manifestaba, veía difícil que se pudiera dar esta situación”.Recordó también que Chavarría Barrera lo invitó a su cumpleaños, que iba a celebrar el jueves 20: “En la última (plática) insistió que lo acompañara en su cumpleaños, el día jueves, y la otra plática fue pedirme que me reuniera con su expresión política, el Polo (Guerrerense de Izquierda), y me dio los nombres inclusive de con quien habría que reunirse”.Esta versión de sus relaciones difiere mucho de la impresión que daba en 2004, durante la campaña interna para elegir candidato a gobernador del PRD. Ese año Chavarría y Torreblanca sostuvieron un debate radiofónico en Acapulco.

–Mira, tú no me aguantas ni un round, ¿estás bien o estás borracho? –dijo Chavarría.

–No, pues ese señor a eso está acostumbrado, a golpear. Siempre se ha conducido de esa manera en la universidad –respondió Torreblanca, en alusión al liderazgo de Chavarría en la Universidad Autónoma de Guerrero.Antes de la elección constitucional de 2005, durante una reunión en Chilpancingo con miembros de la dirigencia nacional del PRD que encabezaba Leonel Godoy, ahora gobernador de Michoacán, Zeferino Torreblanca firmó el compromiso de que, si ganaba la gubernatura, nombraría secretario general de Gobierno a Chavarría y le cedería a su corriente una decena de cargos en su administración. Torreblanca cumplió el acuerdo, pero Chavarría Barrera dejó el cargo en mayo de 2008, en medio de reproches al gobernador, con quien siguió confrontándose. Como líder del grupo perredista más fuerte del estado, Chavarría ocupó la primera posición en la lista de diputados plurinominales, y al llegar al Congreso guerrerense siguió criticando a Torreblanca Galindo.En abril pasado, Chavarría exigió en la tribuna el esclarecimiento del asesinato de los dirigentes mixtecos de Ayutla de los Libres, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. Señaló que Guerrero padecía una situación similar a la de los años setenta, cuando el régimen priista perseguía a los luchadores sociales: “No parece que este sea un gobierno democrático que respete los derechos humanos”. Días después, al diputado le fue retirada la escolta formada por una decena de agentes de la Policía Ministerial que también protegían a su esposa e hijos. Horas antes del asesinato, Torreblanca explicó que se le quitó al grupo de policías para reasignarlos al combate contra el narcotráfico.En julio creció la distancia entre ambos políticos, ya que hubo un intento de destituir a Chavarría como coordinador parlamentario del PRD, se anunció un recorte presupuestal al Poder Legislativo como parte de un plan de austeridad ante la crisis, y se produjo la debacle perredista ante las derrotas electorales. Incluso, Chavarría emplazó a Torreblanca a cambiar la política de gobierno en una reunión con funcionarios estatales en la Casa Guerrero, la residencia oficial.Todo eso, según los comunicados oficiales difundidos en medios electrónicos y en conferencias de prensa, se acabó por arte de magia, ya que en las últimas semanas Torreblanca mantuvo “una comunicación fluida” con el presidente del Congreso guerrerense, que le permitió intercambiar puntos de vista sobre el futuro del PRD en la entidad y acerca del próximo proceso electoral. “Había el mejor de los ánimos de arribar a acuerdos”, insistió el gobernador. Lo cierto es que la ejecución de Chavarría enrarece aún más el ambiente político, ya tenso porque en los próximos días el Congreso debe aprobar la reforma electoral que, entre otros puntos, definirá la fecha de la elección a gobernador. Además el partido gobernante, el PRD, atraviesa una crisis interna luego de perder de forma consecutiva la mayoría de alcaldías y diputaciones locales en octubre de 2008, así como ocho de nueve distritos federales este año.

La sombra del narco

De acuerdo con la PGJE, aproximadamente a las 6:30 horas del jueves 20, Chavarría Barrera se puso ropa deportiva y salió solo de su casa, en el fraccionamiento Lomas Diamante, para ir al gimnasio. Cuando abordó su auto Bora Sport, dos sujetos se le acercaron caminando y lo acribillaron con 15 disparos de pistolas calibre 9 milímetros y .380. Una bala mortal penetró su pecho y dislocó las vértebras cervicales; luego le dieron el tiro de gracia en la frente. El dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, de inmediato le atribuyó un propósito político al crimen, argumentando que forma parte de una escalada de violencia que ha causado la muerte de al menos 25 perredistas este año, 20 de los cuales han caído en Guerrero.Sin embargo, la mayoría de esos atentados muestran las características de las ejecuciones cometidas por sicarios del narcotráfico. Ese fue el caso, por ejemplo, del dirigente perredista en el municipio de Petatlán, Álvaro Rosas, quien fue levantado a fines de abril; su cuerpo calcinado apareció el 25 de mayo.A su vez, el pasado 21 de febrero el expresidente del mismo municipio de la Costa Grande, Javier Rodríguez Aceves, fue ejecutado con fusiles AK-47 cuando caminaba sobre la calle 5 de Mayo, a un costado del Ayuntamiento. Horas antes, en una conferencia de prensa realizada en Zihuatanejo, el también exdiputado local perredista había denunciado irregularidades cometidas durante la detención de su hijo Ricardo Rodríguez por soldados del 19 Batallón de Infantería. En esa ocasión rechazó tener nexos con el narcotráfico. Además de la cruda lucha política, en la región de Tierra Caliente las bandas del narcotráfico libran una intensa disputa por el control territorial. Las autoridades estatales atribuyen la principal confrontación a los grupos de José Pineda, de La Familia, y el de Jesús Nava, El Rojo, cabecilla local del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Ambas facciones han intercambiado amenazas mediante mensajes colocados en cadáveres. De hecho, el día que Chavarría fue asesinado, un policía municipal murió y otro resultó herido cuando un comando los baleó con fusiles de alto poder en el centro de Chilpancingo.Anteriormente, otros integrantes del Polo Guerrerense de Izquierda han sido vinculados con los hermanos Beltrán Leyva, como el aún diputado federal César Flores Maldonado. Documentos oficiales relacionan a César Flores con empresarios acusados de lavar dinero para los Beltrán Leyva en el centro nocturno Exxxoticas, de Acapulco. El establecimiento fue cateado la madrugada del 24 de junio por agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, quienes detuvieron a siete empleados.Carlos Ulises Tapia López es uno de los tres socios de este centro nocturno a los que la SIEDO señala como testaferros de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, el jefe de pistoleros de los Beltrán Leyva. Tapia fue registrado en 2008 como precandidato a regidor en la planilla de César Flores Maldonado, quien aspiraba a la candidatura para la alcaldía de Acapulco con el apoyo del grupo de Chavarría Barrera.Durante esa precampaña, Flores Maldonado –compadre de Chavarría– fue señalado por sus adversarios de tener vínculos con el narcotráfico. “El candidato de Doña Blanca”, lo llamó Octavio Augusto Navarrete Gorjón –asesor de la precandidata zeferinista Gloria Sierra– en un artículo publicado en el periódico Novedades de Acapulco.Por su parte, Torreblanca ha defendido públicamente al exalcalde de Petatlán, el priista Rogaciano Alba Álvarez, vinculado por la SIEDO con la organización de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Según el gobernador, el cacique ganadero no puede ser considerado delincuente porque “no se ha demostrado que es culpable”, como dijo en una conferencia de prensa el pasado 15 de abril. En todo caso, la violencia se ha cebado en los militantes del PRD. El 5 de julio, en plena jornada electoral, en el municipio de Coahuayutla fueron ejecutados 12 integrantes de una familia de perredistas que acudían a votar, entre ellos el regidor Macario Rivera Lozano, sus dos hijos, un primo y dos mujeres. A principios de septiembre de 2008, el exalcalde de Zirándaro, Catalino Duarte Ortuño, sufrió un atentando durante su campaña por la diputación local. Sujetos armados le dispararon cuando iba a bordo de su camioneta. De manera inverosímil, Duarte tenía una herida en la espalda pero su camisa estaba intacta. El 12 de febrero pasado un comando armado levantó al hermano de Duarte, ya diputado local perredista. Los agresores irrumpieron violentamente en la casa de José Duarte Ortuño aproximadamente a las 22:00 horas y se lo llevaron por la fuerza. Sigue desaparecido.Luego, en julio, murieron seis sicarios vinculados al cártel de los Beltrán Leyva en un enfrentamiento con soldados en la comunidad de Guayameo, municipio de Zirándaro. Entre los abatidos se identificó a un primo del diputado local, llamado Clemente Ortuño Pineda, cuyos padres y una hermana –se dice en un reporte de la Sedena– habían sido ejecutados en enero de este año en Michoacán.En el aspecto político, Armando Chavarría Barrera era considerado un hábil negociador. En 1990 y 1993 perdió la elección para rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, en 1996 fue designado delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en el estado durante el mandato del exgobernador y actual senador del PRI Ángel Aguirre Rivero; de 2000 a 2005 fue senador por la vía plurinominal y en 2005 fue nombrado secretario general de Gobierno. En mayo de 2008 fue electo diputado local por la vía plurinominal y designado presidente de la Comisión de Gobierno de la LIX Legislatura local.

Guerra sucia contra indígenas

GLORIA LETICIA DíAZ

La historia reciente de Guerrero está cargada de violencia contra sus comunidades indígenas a manos de los sucesivos gobiernos locales y, señaladamente, del Ejército. El arribo del perredista Zeferino Torreblanca a la gubernatura en 2005 no acabó con las agresiones, sino que las empeoró. En este contexto, el asesinato de los activistas sociales Raúl Lucas y Manuel Ponce provocó la exigencia de organismos internacionales para que el Estado mexicano ponga fin a su escalada represiva.

Considerado como “crimen de lesa humanidad y de Estado” por organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas se sumó a la lista de agravios contra luchadores sociales en Guerrero durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.La eliminación de los dirigentes indígenas forma parte de “una estrategia de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad contra toda organización social que apela a la protesta y a la manifestación pública”, asegura Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.En un punto de acuerdo aprobado por unanimidad el miércoles 11, el Congreso del Estado rechazó la solicitud que hizo el 27 de febrero el gobernador Torreblanca para crear una fiscalía especial. En ese punto de acuerdo se prevé pedir la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los homicidios.Igualmente, un grupo de diputados y otro de senadores perredistas se manifestaron por que la PGR atraiga el caso, ante la desconfianza de los familiares de las víctimas en las autoridades locales, que se negaron a intervenir cuando se denunció la desaparición forzada de Lucas Lucía y Ponce Rosas el 13 de febrero pasado, en un acto público en Ayutla.Después de que los cuerpos del presidente y el secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) –Lucas y Ponce, respectivamente– fueron localizados, el Centro Tlachinollan, como representante legal de los familiares, criticó la actuación de la procuraduría estatal. Como respuesta, el titular de la dependencia, Eduardo Murueta Urrutia, declaró que la OFPM armaba “una campañita” en contra del gobierno de Torreblanca Galindo y la acusó de obstaculizar las investigaciones, incluyendo la que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tomó el caso después de la condena internacional, según publicó el periódico El Sur en su edición del jueves 5.“Esas declaraciones nos dejan en un alto estado de vulnerabilidad y corresponden a la estigmatización en la que se nos ha colocado a los defensores de derechos humanos, al vernos como entes desestabilizadores con la función de dañar la imagen del Estado mexicano”, destaca Barrera Hernández.Agrega que Lucas Lucía y Ponce Rosas se destacaron por denunciar atropellos de miembros del Ejército Mexicano en Ayutla, y que sus muertes “son la gota que derramó el vaso de la impunidad, de la serie de casos que se han documentado en el plano internacional de violaciones a derechos humanos de luchadores sociales”.En octubre de 2006, cuando ya presidía la OFPM, Lucas Lucía fue injustificadamente detenido e interrogado en un retén militar, y en 2007 fue emboscado en una brecha y baleado, por lo que estuvo a punto de perder la vida. Todo ello lo denunció formalmente en la CNDH y en la PGR.Con estos antecedentes, en opinión de Abel Barrera “no hay duda de que su muerte y la de Manuel entran en esta estrategia de guerra de baja intensidad contra los indígenas, cuyo único crimen es vivir en las cañadas, levantar la voz y organizarse independientemente”.Conmoción El 13 de febrero pasado, durante la inauguración de una escuela en Ayutla, el director de Seguridad Pública municipal, el militar retirado Luis José Sánchez, recibió una llamada en su teléfono celular y se retiró del acto. Minutos después, tres individuos con corte de pelo de estilo militar entraron al lugar y detuvieron a Raúl Lucas y Manuel Ponce, a quienes subieron con violencia a una camioneta Liberty blanca y se los llevaron.De inmediato la esposa de Lucas, la regidora perredista Guadalupe Castro Morales, acudió a la agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia por la desaparición forzada, pero no se le aceptó; únicamente se le dio trámite al acta ministerial ALLE /SC /O3 /AM /015 /2009, sin valor para iniciar una investigación judicial. Guadalupe Castro declaró que momentos después de la detención ilegal de su marido ella recibió una llamada amenazante desde el número celular de Ponce para que no siguiera denunciando el caso. El 18 de febrero su cuñada, Carmen Lucas Lucía, fue amenazada de forma similar y se le advirtió que su hija sería la próxima víctima.El 20 de febrero, dos cuerpos envueltos en bolsas de plástico y en estado de putrefacción fueron localizados en un paraje de la carretera Ayutla-Tecoanapa. Al día siguiente se los identificó: eran los restos de Raúl y de Manuel.De acuerdo con el dictamen forense, los dirigentes fueron asesinados de tres a cinco días antes. Los cuerpos tenían huellas de tortura. Raúl murió por dos disparos de arma de fuego en la cabeza, en tanto que Manuel fue asesinado a golpes en la cabeza y el tórax (El Sur, 23 de febrero).El crimen conmocionó a la población y cientos de organizaciones de derechos humanos, del país e internacionales, exigieron al gobierno mexicano que se castigue a los culpables. Destaca el pronunciamento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, que visitó Ayutla del 18 al 20 de febrero para documentar la desaparición forzada de ambos dirigentes.“La oficina expresa su preocupación ante las condiciones de vulnerabilidad en la que las y los defensores de derechos humanos desarrollan su labor de promoción y protección de los derechos humanos, especialmente en la regiones de Costa Chica, Costa Grande y la Montaña del estado de Guerrero”, señala el comunicado del organismo de las Naciones Unidas, fechado el 24 de febrero.Se sumaron a esta exigencia el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Brigadas Internacionales de Paz, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Grupo de Trabajo sobre América Latina, la Fundación Debido Proceso Legal y Front Line (con sede en Dublín, Irlanda). La CNDH reaccionó hasta el 26 de febrero, y en el comunicado CGCP/027/09 anunció la atracción del caso y el inicio de una indagatoria. Para entonces, los cuerpos de Raúl y Manuel ya habían sido sepultados.
Represión
A partir de la matanza de 11 mixtecos en la comunidad de El Charco, en junio de 1998, a manos de miembros del Ejército Mexicano, la región indígena de Ayutla está permanentemente militarizada. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan afirma que ahí se desarrolla una estrategia contrainsurgente disfrazada de acción federal contra la siembra de enervantes. Los mixtecos acribillados pertenecían a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), creada en 1994. Tras la masacre, surgieron la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que asumieron la defensa de los indígenas ante las agresiones castrenses o gubernamentales.Ambas agrupaciones pugnaron por que se indemnizara al menos a 30 indígenas tlapanecos (me’phaa) y mixtecos (na’ savi) que con engaños fueron esterilizados en 1998. También denunciaron violaciones sexuales de mujeres indígenas, así como detenciones arbitrarias y abusos cometidos por soldados en esa región guerrerense.Abel Barrera puntualiza que “alzar la voz contra las injusticias los puso (a los líderes indígenas) en la mira de esos sectores oscuros del Estado, y en automático, sin elementos, convierten a los miembros de las agrupaciones en objeto de monitoreo, hostigamiento y de acciones directas del Ejército contra ellos”.Entre las agresiones contra integrantes de estas organizaciones, resaltan las violaciones sexuales contra las indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Ortega Fernández, en 2002. Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza sus casos para determinar si los canaliza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante las graves omisiones en que ha incurrido el Estado mexicano. Aquí, estos casos fueron remitidos al fuero militar, por lo que los responsables de los delitos permanecen impunes. Por el contrario, las víctimas y sus defensores legales, entre ellos la dirigente de la OPIM Obtilia Eugenio Manuel, sufren acoso y hostigamiento (Proceso 1589 y 1616).Al menos desde 2002, organismos internacionales como la CIDH, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch le han manifestado al Estado mexicano su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en el estado de Guerrero.Sin embargo, los actos intimidatorios no han cesado porque las agrupaciones indígenas son “el eslabón más débil de las organizaciones independientes”, dice Barrera Hernández.El informe de actividades del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan correspondiente a 2008 es revelador en ese sentido: dice que en 2007 sólo se registró una queja ante la CNDH por abusos militares cometidos en la región de Ayutla, pero entre abril y mayo de 2008 fueron ocho, tres de éstas en comunidades donde está presente la OPIM y el resto donde actúa la OFPM.Barrera Hernández señala que ésta “ha cargado con el estigma de El Charco, y por la defensa de las víctimas se les ha tratado de vincular con la guerrilla, y sus líderes Raúl y Manuel, se sabe que estaban en las listas negras del Ejército”.Las denuncias de 2008 llevan la firma de 20 víctimas directas, así como de habitantes de las comunidades de La Fátima, El Camalote, La Cortina y Barranca de Guadalupe. Los abusos de que fueron objeto son allanamientos de morada, tortura, robo, amenazas, retenciones en campamentos militares, interrogatorios ilegales, hostigamiento e intimidación. En una acción militar coordinada con policías federales y del estado, el 17 de abril de 2008 fueron detenidos varios miembros de la OPIM: Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Hernández. Fueron acusados del homicidio de Alejandro Feliciano García, un informante del Ejército, ocurrido el 1 de enero de ese año. El 15 de octubre siguiente, cuatro de esos cinco indígenas obtuvieron un amparo definitivo contra el auto de formal prisión, pero el día 30 del mismo mes, un agente del Ministerio Público federal impugnó la liberación de los activistas, a quienes en noviembre del año pasado Amnistía Internacional designó “presos de conciencia”. Finalmente, el pasado jueves 19 fueron liberados los cuatro, y sólo Hernández Abundio permanece preso.Por el mismo caso se libraron otras 10 órdenes de aprehensión libradas contra integrantes de la OPIM, entre ellos Cuauhtémoc Ramírez, esposo de Obtilia Eugenio Manuel.Las detenciones tienen un trasfondo represivo: Orlando Manzanares y Manuel Cruz fueron piezas clave en las denuncias de 14 esterilizaciones forzadas en El Camalote, en tanto que Natalio Ortega y Romualdo Santiago Enedina son sobrinos de Inés Fernández Ortega y de Lorenzo Fernández Ortega, un miembro de la OPIM que fue torturado y asesinado el 9 de febrero de 2008 en Ayutla, en un delito que sigue impune.En el comunicado en que condena los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, la directora adjunta de Amnistía Internacional, Kerrie Howard, considera que la región de Ayutla es “un peligro constante para las personas que defienden los derechos humanos de las comunidades indígenas más marginadas”. Pero no es una excepción en el estado de Guerrero.
El delito de protestar
En el 133 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, del 15 al 31 de octubre de 2008, Tlachinollan rindió un informe sobre 201 acciones penales emprendidas contra líderes sociales durante el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca. Al cierre de ese año la cifra ascendió a 215, y en lo que va de 2009 se emprendió una más.El centro de derechos humanos detalló que, como consecuencia de actos de protesta en que tomaron parte los activistas, se les imputaron sobre todo delitos como privación ilegal de la libertad, ataques a las vías de comunicación y los medios de transporte, motín, daños a instalaciones públicas, sedición, sabotaje y robo.Tlachinollan documentó que el Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me’paa-Bátháa fue objeto de cuatro causas penales contra nueve de sus dirigentes y cinco de ellos están encarcelados. Las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca y la radio comunitaria Ñmndaa, La Palabra del Agua, tienen una causa penal contra 11 dirigentes, dos de ellos ya detenidos. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria, 16 procesos penales contra 39 miembros, 11 de ellos encarcelados. Asimismo, la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa tiene una causa penal contra 15 de sus miembros, cinco de ellos encarcelados. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, dos causas penales contra siete miembros, tres de ellos detenidos. Y la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero, tres procesos penales contra tres dirigentes, uno de ellos detenido.En cuanto a las personas detenidas durante movilizaciones de protesta y luego procesadas, Tlachinollan menciona a 28 estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa; 70 integrantes de la Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo, 42 miembros del Consejo Ciudadano de Chilapa y al director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández.Por exigirle respeto a sus derechos laborales también fueron detenidos en el estado cuatro extrabajadores del Inegi; en ese caso se liberaron 25 órdenes de aprehensión.Esta grave situación, apunta Abel Barrera, “hace que exista una legítima preocupación de organismos como la ONU y la OEA por lo que está pasando en Guerrero. (Se trata de) muchos casos que tienen que ver con la militarización y la estrategia contrainsurgente, y de la incapacidad de un Estado de responder a las demandas de justicia”.