
Misiles infieles

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La tragedia occurió en una de las habitaciones de la casa número 425 de las calles de Palenque, colonia Narvarte, a las 12 horas de ayer.
Los niños no se dieron cuenta exacta de lo que habían hecho y a nadie citaron aviso. Cuando la otra sirvienta de la casa, María Torres Garrido, les preguntó qué habían hecho, ellos contestaron, llenos de satisfacción:
—¡Ya matamos a Manuela!
La joven, cuya nombre completo se ignora, recibió el tiro en el pómulo izquierdo junto a la nariz. El proyectil se alojó en la cabeza y la muchacha falleció instantaneamente.
EXCELSIOR habló en la tarde de ayer con los pequeños, en las oficinas de la octava delegación del Ministerio Público, durante el [ilegible]. Parecían muy tranquilos, quizás algo molestos porque no podían jugar a sus [ilegible] junto a su madre, la señora Margarita de Gortari de Salinas, la cual estaba [ilegible].
escoba ensangrentada y con la que seguramente Manuela barría el piso cuando fue muerta a manos de los chiquillos, Raúl y Carlos Salinas Gortari de 5 y 3 años de edad, respectivamente, los cuales jugaban tranquilos, al darse cuenta de lo que habían hecho, en el jardín de la casa.
El rifle calibre 22, fue encontrado por las autoridades dentro de la casa y por la trayectoria que siguió la bala se presume que los disparos fueron hechos desde el hall de la casa.
Al tomarse declaración a la señora Margarita Gortari de Salinas dijo que a eso de las 11 horas de ayer tuvo necesidad de salir a la calle a realizar algunas compras, dejando en el hogar a su sirvienta Manuela cuyo [a]pellido desconoce; su cocinera María Torres Garrido y a sus dos hijos que jugaban con su amiguito Gustavo Zapata Carballo. Al regresar una hora y media después, se enteró por el vecindario de que algo grave había occurido y al penetrar a sus habitaciones, ya no [s]e le permitió el paso por parte de unos policías que le dijeron sobre la trajedia.
Dijo que el rifle con el que fue muerta su sirvienta, lo tenía su esposo el licenciado Raúl Salinas Lozano, en un closet de donde deben haberlo tomado imprudentemente sus hijos.
Carlos, cuando se le preguntó lo que había occurido, dijo: “yo la maté de un balazo, soy un héroe”, explicando después que jugaban al “fusilamiento” con su plimama que en esos momentos se d[ed]icaba a hacer el aseo de la casa.
También se tomó declaración de María Torres Garrido, la cual dijo no haberse dada cuenta de la forma como ocurrió el accidente, pues estaba en esos momentos entregada a sus labores. Dijo que siempre tenía por costumbre vigilar a Manuela—que tenía apenas mes y medio de haber principiado a trabajar en aquella casa—, y ayer al asomarse a ver qué hacía, la encontró ya sin vida, diciéndole los niños que ellos la habían matado.
Todavía anoche el personal judicial realizaba algunas investigaciones para determinar lo conducente con los dos niños.
EL PASO, TEXAS.- “El de mi madre es un crimen de Estado. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, está involucrado. Hubo arreglos con el criminal y le dejó libre el camino para que cometiera el asesinato. El homicida tenía la garantía de que no iba a ser detenido”, acusa Juan Manuel Frayre Escobedo, hijo mayor de la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre pasado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
La entrevista se realiza el martes 11 en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, cárcel para inmigrantes indocumentados en la cual fue recluido Juan Manuel desde el 18 de diciembre, cuando se presentó a solicitar asilo.
En la misma barraca estaba su hermano menor, Eduardo Alejandro, quien recobró su libertad un día después de la plática con Proceso, y en otra permanece su tío Héctor Ricardo. Este hermano de Marisela es el que, en el video del asesinato registrado por una cámara de seguridad pública, aparece arrojándole una silla al asesino. También considera que se trató de un asesinato de Estado y que “el gobernador César Duarte trata de lavarse las manos con el juicio político a los jueces”.
El asesinato de Marisela Escobedo provoca señalamientos contra el gobierno de Chihuahua, pero sobre todo obliga a muchos activistas de causas sociales a replantear su labor y a reforzar su seguridad, así como la de su familia. Una de las más conocidas en el estado es Cipriana Jurado, quien está convencida de que Marisela se convirtió en un personaje “incómodo” para el Estado y que ese fue el motivo para matarla. Jurado, que ha sido perseguida por el Ejército, tiene siete meses fuera del país y teme volver.
Por ahora hace un recuento de bajas. En sólo un año con cinco meses fueron asesinados ocho activistas sociales y defensores de derechos humanos, dos en las últimas tres semanas: Marisela Escobedo y Susana Chávez, ésta conocida por haber ideado el lema de la campaña contra los asesinatos de mujeres en la entidad: “Ni una más”.
Igual que los familiares de Marisela, para Cipriana Jurado existen muchos indicios de que el crimen se cometió a la sombra del Estado: el asesino persiguió y ultimó a la señora frente al Palacio de Gobierno, a unos pasos de la procuraduría estatal, de la rectoría universitaria y de la oficina de recaudación de impuestos, todos ellos recintos vigilados las 24 horas por policías.
Por si no bastara, elementos de los gobiernos estatal y federal rondan permanentemente la zona, que en estos años abunda en protestas civiles por la violencia y manifestaciones contra los asesinatos de mujeres; sin embargo, esa noche la céntrica plaza estaba descuidada. Días antes el gobernador Duarte aseguró que le había asignado escoltas a Escobedo. ¿Por qué ninguno de ellos la protegió?, pregunta Cipriana.
Lavamanos gubernamental
“Era el sábado 18 –sigue recordando Juan Manuel Frayre–. Estábamos en el velorio de mi madre cuando nos enteramos de que incendiaron el negocio de José Monge, su pareja sentimental, y de que el hermano (de José) había sido secuestrado; esa misma tarde, después del entierro, supimos que fue encontrado sin vida. Además, en el sepelio se me acercó una señora a la que, aunque se me hizo conocida, no logré identificar, y me dijo que tenía un hijo que pertenecía a Los Zetas, (añadió) que por él sabía que la consigna era matarnos a todos los de la familia.”
Cuando asesinaron a su madre, Juan Manuel solicitó al gobierno del estado que protegiera a sus familiares que viajaron desde Estados Unidos para asistir al sepelio. Se les asignaron cuatro unidades. Después del entierro, toda la familia fue a la casa de Marisela.
Ahí, prosigue el hijo mayor de la activista, “agarramos lo necesario y con el pretexto de que íbamos a acompañar a los familiares que regresaban a Estados Unidos, nos dirigimos al Puente Internacional Santa Fe, en Ciudad Juárez. Los que traían papeles entraron sin problema, y los que no, nos presentamos ante la policía fronteriza para solicitar asilo”.
Carecían de papeles Juan Manuel y Eduardo Alejandro Frayre Escobedo, así como Héctor Ricardo Escobedo Ortiz. Con ellos llevaban –igualmente sin documentos migratorios– a Heidi, la hija de la también asesinada Rubí Frayre Escobedo.
Los dos hermanos y su tío fueron llevados al Centro de Detención y Remoción de El Paso, Texas, y Heidi fue entregada al cuidado de una iglesia en Houston. Actualmente Jessica, hermana de Juan Manuel y Alejandro, que reside en Estados Unidos, está desahogando un lento trámite para que le entreguen a la niña.
En su declaración ante la policía migratoria, de la cual Proceso tiene copia, Héctor Ricardo Escobedo relató sucesos previos al asesinato de su hermana que hasta hoy no habían sido divulgados:
El día 8 de diciembre (de 2010) se llevó a cabo un evento en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al que asistió el gobernador. Cuando una persona en el micrófono hablaba de inseguridad, mi hermana y yo levantamos una pancarta con la leyenda: “Justicia, privilegio para jefes de gobierno. ¿Y Rubí?”.
Al terminar el evento, un periodista le preguntó al gobernador qué tenía que decirle a mi hermana. Él contestó: “Estamos trabajando en el caso, pero la información que nos trae no es del todo confiable”. Marisela le dijo que si no le daba vergüenza que ella estaba haciendo su trabajo y aun así dudaba de los datos. Además, le reclamó: “Ya pasó casi un mes desde que me prometió una entrevista con el fiscal y no he tenido nada”. Duarte, molesto, ordenó a uno de sus subordinados que la llevara a la fiscalía.
(En la procuraduría del estado) mi hermana les dio toda la información de Río Grande, Zacatecas, y les hizo saber que a ella no le importaba nada tocante a Los Zetas, grupo delictivo al que pertenece el exesposo de Rubí, que sólo quería que Barraza fuera atrapado y pagara por su crimen. En ese cuarto estaban el fiscal, dos agentes federales y un miembro del Ejército, a quienes se les estaba pidiendo colaboración. Toda la información que proporcionó Marisela ese día quedó por escrito.
Cuando me comentó todo lo que había declarado, le dije que deberíamos irnos por un tiempo para ver qué rumbo tomaban las cosas, ya que estaba involucrando a funcionarios de la procuraduría de Zacatecas, de quienes no recuerdo los nombres. Por eso el día en que nos entregaron su cadáver mi sobrino Juan solicitó una copia de la declaración del 8 de diciembre. Se la entregaron, sólo que cuando la leí me di cuenta de que no contenía toda la información que mi hermana me comentó; tampoco estaba su firma.
En su solicitud de asilo, Héctor Ricardo expone otras anomalías que lo hacen temer por su seguridad y la de su familia:
Cuando mataron a Marisela, mi hermana Elba, la hija de Rubí y yo fuimos trasladados a la fiscalía del estado, ahí estaba el fiscal (Carlos Manuel Salas). Le dije que momentos después de que sucedió lo de mi hermana escuché, por el radio de un agente que se acercó a darnos auxilio, que un testigo reportó un auto Jetta blanco y proporcionó el número de placas. Mi sorpresa es que al leer el reporte no aparecían consignadas las placas. Vi que hicieron un retrato hablado del asesino y les dije que lo más indicado era sacar su rostro del video que se tomó desde la puerta principal de palacio de gobierno, porque seguro hay mejores imágenes, y por razones extrañas la procuraduría no lo incorporó al expediente.
Por eso estoy aquí pidiendo asilo, porque mi vida y la de mi familia corren peligro y porque estoy seguro de que las autoridades en México están siendo controladas por el crimen organizado. Todo parece indicar que el gobierno de Chihuahua también está involucrado en el asesinato de mi hermana Marisela.
En entrevista con Proceso, Héctor Ricardo especifica: “Aquí sólo hay dos posibilidades: el crimen se ideó desde el gobierno o César Duarte está controlado por la organización delictiva de Los Zetas, cártel coludido con el de Juárez y al que pertenece el exesposo y asesino de Rubí. Hubo un arreglo con esta organización para dejarles libre el camino y cometer el crimen, de otra forma hubieran agarrado al asesino. Por donde se vea, es un crimen de Estado”.
Insiste en que el gobernador César Duarte “sólo intenta lavarse las manos” al promover el juicio político en contra de Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib, los jueces que dejaron en libertad a Sergio Barraza en abril de 2010 por considerar “que la prueba era insuficiente para demostrar el delito de homicidio y la culpabilidad del enjuiciado”.
El 17 de diciembre, al día siguiente del asesinato, el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, envió el oficio 282/2010 al magistrado Javier Ramírez Benítez para solicitar la suspensión temporal sin goce de sueldo para los jueces. Este fue sólo el principio.
El gobernador solicitó al Poder Judicial la separación del cargo de los tres jueces. A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso el juicio de procedencia para que el Congreso estatal aprobara su desafuero. Los juzgadores también enfrentaron la crítica del presidente de la República por dictaminar con base en “un formalismo”:
“Duele mucho que el esfuerzo que se hace por sociedad y gobierno por combatir la criminalidad se debilite finalmente en la última etapa. No son todos, ni la mayoría de ellos, (pero) llega a haber jueces que más (que) jueces son verificadores de requisitos, es decir, hacen un check list de todas las cosas que finalmente deben cumplir.”
En respuesta, los tres jueces entregaron a la legislatura local un escrito en el que argumentan que no fallaron ellos, sino la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público (MP) que no aportaron pruebas suficientes para condenar al acusado. De igual modo, afirman que recurrirán al amparo y solicitarán la intervención de organismos internacionales porque se están realizando “actos mediáticos e ilegales” en su contra para “diluir” la responsabilidad de otras autoridades, que no protegieron a Marisela Escobedo.
Consultados por Proceso, agentes ministeriales de Ciudad Juárez confirman que el agente del MP no aportó elementos para comprobar la responsabilidad de Barraza. Explican que si bien el acusado aceptó ser el homicida, en el nuevo sistema de justicia de Chihuahua su confesión no tiene validez, ya que por un lado la hizo sin que su abogado estuviera presente, y por el otro, no se pudo determinar la causa de la muerte de Rubí debido al estado de descomposición de sus restos y al tiempo transcurrido.
En el expediente del asesinato de Rubí se incluye un parte de la Policía Municipal del sector Aldama, en Ciudad Juárez, donde se narra que Sergio Barraza fue a confesar su crimen el mismo día que lo cometió y quiso entregarse, pero como iba drogado los policías de turno no le creyeron y lo dejaron libre.
Estado en fuga
La defensora de los derechos humanos Cipriana Jurado fue detenida en 2008 por agentes federales a raíz de una demanda del gobierno federal en su contra por participar en una manifestación en un puente internacional en 2005.
–¿Hay una cacería de activistas en Chihuahua? –se le pregunta a Jurado.
–Sí, creo que sí, y estoy muy preocupada. Hace seis meses salí de México porque la Red de Líderes Religiosos en América Latina me invitó a dar una serie de conferencias sobre violación a derechos humanos en el país. No pensaba pedir asilo político en ningún lado, pero estando fuera del país me entero de que matan a Rubén Reyes, hermano de Josefina, la activista asesinada en enero del año pasado. Me impactó porque estuvieron primero en la lucha por la tierra en el Valle de Juárez, por los servicios públicos, contra el feminicidio.
“Después hostigaron a Lidia Sandoval, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, y después matan a Marisela, luego a Susana Chávez. Antes, asesinaron a Paz Rodríguez y a su esposa, defensores de derechos humanos en Nuevo Casas Grandes, a Flor Alicia Gómez, activista de Justicia para Nuestras Hijas, y a Benjamín Le Baron, activista social contra el secuestro.”
–¿Quién asesinó a Marisela Escobedo?
–Su caso nos preocupa mucho porque es muy emblemático. Resulta extraño que la hayan matado ante las puertas del Palacio de Gobierno, donde siempre hay policías armados. Sobre todo porque siendo un lugar en el que hay protestas, manifestaciones, siempre está lleno de gente de gobernación y de policías. Yo creo que ni a Duarte ni al gobierno federal les conviene que haya voces que se levanten para denunciar lo que pasa en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, en temas como el feminicidio o como la violación a los derechos humanos por el Ejército o la Policía Federal.
–¿Qué es más creíble, que sea un asesinato de Estado o que a Marisela la haya mandado matar el exesposo de su hija?
–Ella había hecho enojar mucho a Duarte. Se nos hace muy aventurado que haya sido una venganza del esposo, porque se supone, como dijo el gobernador, que tenía vigilancia para proteger a Marisela. Si era verdad, que explique a dónde se fue esa gente que estaba cuidando a Marisela cuando la asesinaron. Claro que es un asesinato de Estado. Después de que matan a Marisela sale a flote que pudo ser el exesposo de su hija… Si tienen esa seguridad, ¿por qué no lo han detenido?
En su propio caso, recuerda Jurado, “después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional pidieron seguridad para mí, tuvimos varias reuniones con la gente de los tres gobiernos y la seguridad que me dieron fue un teléfono celular y que la Policía Federal hiciera rondines por mi casa. Les pregunté: ¿qué hago con el celular? ¿Si atentan contra mí les aviento el aparato?”.
No existe una estructura para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos que sufren amenazas, asegura.
–¿Regresa a Juárez?
–No, cada vez está más peligroso. En estos días meteré mi solicitud de asilo.
Los parientes de Marisela Escobedo no lo saben, pero a unos cuantos pasos de su barraca, en el área para mujeres del centro de detención, también espera una resolución del gobierno estadunidense Leticia Bocanegra, madre de Sergio Rafael Barraza. La señora también solicitó asilo.
Al cierre de esta edición, el menor de los jóvenes Frayre Escobedo, Eduardo Alejandro, ya había sido liberado. Y el jueves 13 una fuente del gobierno de Chihuahua confió a la reportera que la Fiscalía General acaba de comprobar que Sergio Barraza permanece refugiado en Río Grande, Zacatecas; sin embargo, no se le ha capturado.
Obtenidas por Proceso en exclusiva, las actas ministeriales del caso de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada a tiros, el jueves 16 de diciembre, a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, revelan que ella rastreó y vigiló al asesino de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, pero cuando pidió ayuda a las autoridades judiciales de su estado y de Zacatecas, así como a las federales, jamás obtuvo el apoyo para capturarlo.
Según documentos de la Fiscalía de Análisis, Evaluación y Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fechados el 3 de noviembre pasado, Escobedo se presentó a informar que el 21 de octubre a las 2:30 de la mañana, junto con su hermano Héctor Ricardo Escobedo y su hijo Juan Manuel Frayre, vigilaban la casa en la calle Veta de Zinc donde vive María del Carmen Trujillo de León, concubina de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, y vieron que éste llegaba en una pick up Lobo negra de doble cabina y de modelo reciente, sin placas. Barraza iba con otro hombre, que manejaba el vehículo.
Marisela y sus acompañantes los observaban desde unos 50 metros de distancia con binoculares. Barraza entró al domicilio rápidamente y de cuatro a cinco minutos después salió con María del Carmen Trujillo y los hijos gemelos de ambos.
La señora Escobedo vigilaba el domicilio desde el 10 de agosto, pues se había enterado de que Barraza se presentaba todos los miércoles a altas horas de la noche. Esa vez no llamó a la policía, ya que el 13 de julio anterior habían ubicado al asesino confeso de Rubí Marisol en Privada Santa María 5-C del fraccionamiento San Javier en Fresnillo, Zacatecas, pero Barraza consiguió huir por una mala estrategia policiaca.
Marisela Escobedo notificó a la fiscalía que el 13 de octubre la visitaron elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) enviados por la Fiscalía de Investigación Contra la Violencia hacia la Mujeres (Fevimtra). Recordaba bien el nombre del agente Rigoberto Luna, quien le pidió que si veía a Barraza de inmediato se lo reportara, lo que ella hizo una madrugada después de ver en la calle al homicida confeso. Luna estaba en la Ciudad México y tardó en regresar a Fresnillo.
Para entonces, Escobedo ya había conseguido el número telefónico de Barraza y una sábana telefónica en la que comprobó que el homicida se comunicaba frecuentemente a un domicilio en Río Grande, Zacatecas. Fue allá con los agentes federales y desde un teléfono público llamó al número correspondiente, con el pretexto de que habían reportado una fuga de agua.
Así logró que una mujer, a quien para su protección llamaremos aquí “Judith N.”, le diera su dirección. Cuando Marisela, su hijo, su hermano y los agentes federales llegaron a la casa, “Judith N.” dijo no conocer a Barraza, pero al mostrarle la lista telefónica confesó que ellos tenían una relación de noviazgo, que él pertenecía a una agrupación delictiva llamada Los Zetas y que se hacía llamar El Bambino. Dio datos de sus movimientos y de quién era su jefe, información que se omitió en el acta por seguridad de “Judith N”. También confirmó que Barraza solía alojarse en el hotel Río Grande.
Los federales, que no contaban con apoyo en Zacatecas, decidieron regresar a la Ciudad de México para dar su parte informativo y saber qué procedía.
El miércoles 27 de octubre fue la última vez que Marisela vio a los agentes y nunca volvió a saber nada de ellos. Su solicitud se extendió a las corporaciones estatales y federales. Jamás recibió respuesta.
Todo en contra
El 23 de septiembre pasado, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (Cedhzac), Marisela Escobedo interpuso una queja ante la licenciada Luz María Vallejo Pérez, directora del departamento correspondiente; contra el subprocurador estatal, Oswaldo Cerrillo Garza; el jefe de la Policía Ministerial, Miguel de Jesús Hernández; el comandante Andrés Torres y los oficiales investigadores de su caso.
Ella señaló que pese a tener un oficio de colaboración para capturar al homicida de su hija, los funcionarios lo dejaron escapar, pero el tipo seguía viviendo en Fresnillo. Se le concedió una cita con el procurador general de justicia, pero éste no la recibió y la mandó con Cerrillo, quien después de escucharla decidió no turnarla con el procurador.
Cerrillo le sugirió que ella misma se hiciera cargo de ubicar a la mujer con la que estaba Sergio Barraza, y que cuando viera a éste le avisara por teléfono. Cerrillo le preguntó todos los detalles del homicidio de su hija, de forma que a ella le pareció excesiva y morbosa y se negó a ver el oficio de colaboración. Posteriormente la llevó a repetir la misma historia con el licenciado Manuel de Jesús Hernández Aguayo, quien le dijo que no había director de la Policía Ministerial y que fuera con el comandante Andrés Torres, quien a su vez le dijo que tenían mucho trabajo.
Escobedo ya había acudido a la Cedhzac el 10 de septiembre anterior, para interponer ante el licenciado José Alfredo Espino una queja formal en contra de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas y los servidores públicos que resultaran responsables.
En esa ocasión declaró que había localizado a Sergio Barraza Bocanegra en enero de 2009 en la calle Isla Tasmania, de Ciudad Juárez, Chihuahua, propiedad de su madre, Leticia Bocanegra Ríos. El sujeto se dio a la fuga y se llevó a su hija Heydi, procreada con Rubí.
La señora Escobedo lo encontró de nuevo en el Callejón de la Golondrina 1, colonia Esparza, de Fresnillo, y logró que lo detuvieran por retención de menor, ya que un juez de lo familiar en Chihuahua había otorgado a la madre de Rubí la custodia provisional de Heydi.
Según Escobedo, al ser interrogado sobre la desaparición de Rubí, Sergio Rafael Barraza dijo que la había encontrado teniendo sexo con otro hombre, por lo que la había asesinado y quemado, y posteriormente llevó su cadáver a un tiradero. Las 39 piezas óseas que quedaron de Rubí fueron encontradas en el sitio indicado por él.
Barraza fue sometido a un juicio oral dentro del nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua. Ahí confesó su crimen y pidió perdón. Los jueces –actualmente inhabilitados– lo declararon absuelto y se le dejó en libertad inmediatamente.
Escobedo interpuso el recurso de casación (anulación), se revocó la sentencia absolutoria y se declaró a Barraza culpable del homicidio con una condena de 50 años de prisión. Para entonces él ya estaba prófugo y la Policía Ministerial del estado de Chihuahua inició su búsqueda. Tomó las riendas del asunto la licenciada Edith Acevedo, coordinadora de personas ausentes y extraviadas, por una orden de la entonces procuradora Patricia González.
Al ver que no había mayor resultado y con el antecedente de que ya antes Barraza había huido a Fresnillo, Zacatecas, Marisela inició una marcha con un grupo solidario y sus familiares por las ciudades que le quedaban en camino rumbo al Distrito Federal con la intención de llamar la atención de los medios. El 13 de julio llegó a Fresnillo y se dirigió a la antigua dirección de Barraza, donde le informaron que ya no vivía ahí, sino en otra zona de la ciudad.
Entonces habló al 066 y solicitó una unidad de la Policía Municipal. Sugirió que llevaran refuerzos. Alguien cuyo nombre no se menciona en las actas la llevó hasta la calle Santa María número 5C del fraccionamiento San Javier, colonia Las Américas. Mientras tres policías tocaban la puerta, pudieron ver cómo Sergio Barraza intentaba escapar por la azotea. Cuando los policías lo buscaron en la parte de atrás, él huyó por enfrente.
A los 15 minutos llegaron policías ministeriales, elementos del Ejército y policías federales. Escobedo calculó que fueron en total cerca de 100 personas que no lograron hacer absolutamente nada para detener a Barraza. Sólo se llevaron detenidas a María del Carmen Trujillo y Refugio Aguirre Arias, que vivían ahí.
Marisela y sus acompañantes fueron a la subprocuraduría, donde permanecieron de las tres a las cinco de la mañana sin que los atendieran. El 19 de julio, ella se presentó en la Subprocuraduría de Justicia de Fresnillo y proporcionó datos clave, como los números de teléfono que utilizaba Sergio Barraza para ponerse en contacto con su familia en Ciudad Juárez. También informó que lo acompañaba en su fuga Jorge Luis Hinostroza Piña, El Bolillo, residente de Valparaíso, Zacatecas, que trabajaba en el bar El Palenque.
Como la autoridad no hacía ninguna investigación para encontrar a Barraza Bocanegra, Marisela Escobedo se empeñó en que el gobierno de Chihuahua girara solicitudes de colaboración a sus similares del resto de las entidades de la República. Lo consiguió. La procuraduría de Zacatecas recibió la solicitud el 14 de julio, pero no se le puso atención y fue el 5 de agosto, durante un encuentro feminista en el Palacio de Convenciones cuando Escobedo abordó a la entonces gobernadora Amalia García Medina y le pidió apoyo para detener al asesino de su hija.
La mandataria delegó el asunto a su hermana, la subprocuradora general María Concepción García Medina, que no estaba enterada del caso. El 7 de agosto, la señora Escobedo acudió a la cita en compañía de la abogada Lucha Castro, representante de Derechos de la Mujer A.C. de Chihuahua. García Medina nombró a dos agentes para que investigaran el caso.
El 10 de septiembre, Marisela Escobedo intentó entrevistarse nuevamente con la subprocuradora García Medina, pero ella no la recibió. En su queja ante la Cedhzac insistió:
“No encuentro eco ni en el estado del cual procedo ni en el estado de Zacatecas, que es donde está el asesino de mi hija; ese es el motivo por el que acudo a estas instancias para solicitar guía y apoyo de los representantes de justicia del estado, ya que al aprehender a este homicida se estaría liberando a las mujeres de Zacatecas de un peligro de tener a un feminicida viviendo en su estado.”
Perro amor
Según el acta del procedimiento de casación, Marisela Escobedo narró que Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 14 años, vivía y estudiaba en la ciudad de El Paso, Texas. Después de permanecer tres meses de vacaciones en San Antonio, en diciembre de 2005, visitó en Ciudad Juárez a su mamá, Marisela Escobedo Ortiz, comerciante y enfermera nocturna.
Debido a que el ciclo escolar ya había iniciado y los trámites ante la Secretaría de Educación Pública eran largos, no pudo inscribirse en la escuela, así que se quedó haciéndole compañía a su mamá en su negocio de carpintería y mueblería.
Ahí trabajaba como carpintero Sergio Barraza, de 22 años, quien le había comentado a su patrona que tenía una pareja sentimental de su misma edad y una hija de tres años.
A finales de febrero de 2006, una mañana que regresó de su turno como enfermera, Escobedo Ortiz se dio cuenta de que su hija no estaba en casa. La buscó en el taller, y como no la encontró le preguntó a Barraza por Rubí y si él sabía que tuviera un novio. El joven le dijo que no sabía dónde estaba, pero que al negocio acudía a visitarla un hombre blanco, alto, en un carro negro. Los demás empleados del negocio negaron haber visto a ese hombre y la señora decidió poner la denuncia.
Cuando regresó con una patrulla, Barraza ya no estaba. Fueron a buscarlo a su domicilio y su concubina les informó que podían encontrarlo a tres cuadras de ahí, en un cuarto construido con bases para apilar mercancía. Cuando Sergio y Rubí se dieron cuenta de lo que pasaba, huyeron saltando las bardas.
Al día siguiente Marisela Escobedo recibió una llamada de una mujer, quien le informó que su hija estaba con ella, sola y llorando. Ella supuso que Barraza se había espantado y había abandonado a Rubí. Fue por ella y para ayudarla a olvidar el episodio la inscribió en un curso de cosmetología; después hizo contacto con las amigas de la muchacha en El Paso, Texas, para que la pasearan, e iniciaron los preparativos para su fiesta de 15 años.
Sergio la volvió a buscar en la escuela y finalmente se la llevó el 9 de mayo de 2006. Marisela consultó a un abogado, que le explicó que la conducta de Barraza Bocanegra constituía el delito de estupro y que para comprobarlo la menor debía firmar que se la había llevado con engaños.
Pero como Marisela sabía que su hija estaba muy entusiasmada con Barraza, dedujo que no accedería. Buscó a Rubí y se enteró que estaba trabajando en la colonia Chaveta en un puesto de discos piratas. Fue allá con la intención de pedirle que regresara con ella, pero Barraza le dijo que si necesitaba hablar con Rubí lo hiciera ahí mismo. Marisela le aclaró que sólo deseaba platicar, pero él le ordenó a Rubí que se fuera a la casa de ambos.
Tiempo después Marisela se enteró de que la pareja vivía muy cerca del puesto e intentó contactar a Rubí. En una ocasión trató de seguirla, pero Barraza se dio cuenta, le ordenó a Rubí que se alejara y tomó de las muñecas a Marisela. Forcejearon, y los discos que vendía el sujeto cayeron al suelo.
Ese mismo día Sergio Barraza fue con uno de sus hermanos a casa de Marisela y rompió el parabrisas de su auto. A partir de entonces, la señora optó por mantenerse al margen, pero acudía a escondidas al puesto de discos para observar de lejos a Rubí y comprobar que estuviera bien. Su otra hija, Jéssica, intentó convivir con su hermana, pero Rubí nunca salía sola, siempre la acompañaba Barraza o la hija mayor de éste, Ashley, de cinco o seis años de edad.
La situación permaneció así hasta que Rubí quedó embarazada. Empezó entonces a aparecer por la casa de su madre en las mañanas y se quedaba hasta la noche, procurando hacer las tres comidas ahí. Un día le confesó a Marisela que Barraza no tenía empleo, debían la renta y no tenían para pagar el parto, por lo que le suplicaba que le permitiera a su pareja trabajar de nuevo en el negocio familiar.
Marisela aceptó. Contrató a Barraza por segunda vez, ofreciéndole su total apoyo para solventar el nacimiento del bebé, lo cual cumplió al cubrir los gastos de la cesárea y prestándoles un departamento que utilizaba como bodega, para que vivieran sin pagar renta.
Aparentemente todo marchaba bien. Rubí se dedicó a cuidar a los hijos de su hermano hasta que Barraza se lo prohibió. La última vez que Marisela vio a Rubí fue el 22 de agosto de 2008. Por su parte, Barraza no se presentó a trabajar a partir del 23 de agosto, el día 25 le fue a avisar que no trabajaría la semana siguiente porque su padre había sufrido un accidente vial y que él y su hermano estaban en el hospital.
Cuando Marisela preguntó por Rubí, él nada más le dijo que andaba consiguiendo “una feria”. A finales de septiembre Barraza Bocanegra fue al taller cuando no estaba Marisela y le dijo a la sirvienta que él y Rubí habían viajado a Aguascalientes, adonde pensaban regresar en unos días más.
Los meses pasaron y, aunque Marisela no sabía nada de su hija, se tranquilizaba pensando que no se comunicaba con ella porque no tenía dinero para la llamada.
En enero de 2009 buscó a Wendy Daniela Barraza, hermana de Sergio, para indagar el paradero de la pareja, pero no consiguió respuesta. Volvió a acudir con ella y Wendy le informó que Sergio ya no estaba con Rubí y que, según él, ella se había ido con otro hombre, pero que Heydi sí estaba ahí. Preocupada, Marisela buscó a la madre de Sergio, quien repitió que Rubí se había ido con otro hombre y que la niña estaba bajo su cuidado desde septiembre de 2008.
La madre de Sergio añadió que él iba ocasionalmente a llevar pañales o leche, que sufría y lloraba muchísimo por Rubí e incluso tenía un altar con fotografías de ella. Se le permitió a Marisela ver a Heydi, que andaba sucia y descuidada. Cuando Marisela consiguió, mediante la señora Bocanegra, que Sergio Barraza hablara con ella, él le contó su historia personalmente: Rubí se había ido con un hombre alto, blanco y con un auto negro desde el 20 de noviembre de 2008...
Marisela comenzó a visitar diariamente a su nieta y le entregaba dinero a la señora Bocanegra para las necesidades de la niña. Para el tercer domingo de enero, Sergio ya había desaparecido con Heydi. l
MÉXICO, D.F., 29 de junio (apro).- La brutal ejecución del doctor Rodolfo Torre Cantú, candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, se produce en un contexto local y nacional virulento y violento.
Apenas una semana antes del primer crimen político reciente contra un candidato a gobernador, las dirigencias nacionales del PAN y del PRI se enfrascaron en una batalla declarativa que inició con todas las características de una guerra sucia: espionaje telefónico; difusión de las llamadas interceptadas a los gobernadores Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín; acusaciones mutuas de trampas que aplican tanto unos como otros; impunidad absoluta frente a César Nava, que presume tener más grabaciones de este tipo, y total inoperancia de los árbitros electorales estatales para frenar el uso y abuso de los recursos para favorecer a los candidatos priistas en aquellos estados que se consideran feudos de los gobernadores en turno.
Una de las características principales de toda guerra sucia es la violencia verbal y simbólica, que antecede o acompaña a la eliminación física o mediática del adversario. Las guerras sucias buscan polarizar al electorado: buenos contra malos, corruptos contra impolutos, amenazas para México contra salvadores autoasignados.
Los mercaderes de las guerras sucias, como el publicista español Antonio Solá o los mercadólogos contratados tanto por el PRI como por el PAN y su aliado circunstancial, el PRD, no ven a los rivales como adversarios electorales, sino como enemigos declarados. Los ciudadanos se transforman en espectadores pasivos de una guerra de lodo que alienta el abstencionismo e inhibe la participación politizada.
Toda guerra sucia tiene una alta dosis de pánico moral, es decir, campañas de odio y de miedo a través de spots; rumores difundidos en medios cibernéticos; medias verdades o mentiras construidas para estigmatizar al adversario y desmovilizar a los críticos; discurso gubernamental hostil ante la crítica, la disidencia o la oposición; desproporción entre la realidad y el imaginario colectivo inducido por la constante mención de esa amenaza.
Otra característica principal de la guerra sucia es la utilización facciosa de los medios masivos de comunicación, en especial de los medios electrónicos, que se transforman en los mensajeros de una guerra cuyo comandante en jefe no es claramente identificado y cuya estrategia parece no concluir con una victoria electoral, sino anticipar un conflicto poselectoral.
Eso lo vivimos en las elecciones de 2006. A Andrés Manuel López Obrador le endilgaron el mote de “peligro para México” y el PAN se justificó diciendo que tenía que ganar “haiga sido como haiga sido”. El propio tribunal electoral federal avaló esa guerra sucia.
El gobierno de Felipe Calderón nos ha recetado lo mismo en su guerra contra el narcotráfico, que ha polarizado al país y ha inutilizado al Estado desde que en enero de 2007 sacó al Ejército de los cuarteles, en una decisión de alto riesgo y poca claridad estratégica.
En las elecciones federales de 2009, el entonces dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, se vistió de cruzado moral y en lugar de presentarse como el presidente de un partido en el gobierno, articuló una campaña electoral opositora con pésimos resultados para Acción Nacional. Todavía alcanzó a justificarse diciendo: “es tan aceptable una campaña de odio como una campaña de alegría”.
El PRI arrasó en esas elecciones y el retorno del tricolor a la presidencia se transformó en la profecía autocumplida por el propio PAN.
En el 2010, César Nava se volvió un clon de Germán Martínez, y acompañado por sus socios temporales del PRD, se ha dedicado a enlodar las campañas estatales, en vez de documentar los abusos que cometen las autoridades priistas.
El contraste obvio entre su jefe Calderón, que garantizó la impunidad de gobernadores como Mario Marín o Ulises Ruiz, no ha sido obstáculo para que ahora se enrede con el fantasma de los dinosaurios priistas que han sido socios de su gobierno, como ahora lo son Los Chuchos del PRD.
No pocos priistas han caído en la provocación, y en sus propios estados los gobernadores aplican sus propias guerras sucias a escala de la federal, acosando y estigmatizando a los opositores, como se ha documentado en Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, entre otras.
Sin embargo, no sólo se trata de violencia verbal. La fallida guerra contra el narcotráfico ha convertido a entidades como Tamaulipas en tierra sin ley, en verdaderos “narco-Estados” donde los cárteles se disputan no sólo las rutas de la droga, sino los espacios de poder en el gobierno, en el Congreso, en las alcaldías.
Al asesinato de Torre Cantú lo antecede una ola de violencia que viene desde finales del gobierno de Vicente Fox hasta todo este periodo del calderonismo. Comenzaron a silenciar y a matar a los periodistas. En Tamaulipas, ningún reportero quiere firmar una nota relacionada con el narcotráfico.
La violenta disputa entre el cártel del Golfo y Los Zetas, antes aliados en el control de esa plaza, es el marco de otros crímenes impunes hasta ahora, como el del candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela, ejecutado el 13 de mayo junto, con uno de sus hijos y un trabajador.
El propio candidato panista a gobernador, José Julián Sacramento, confió a varios reporteros que “algunas candidaturas para diputados y ayuntamientos están vacantes debido a la amenaza de los narcotraficantes”.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, confesó que también su partido no encontró valientes que se decidieran a encabezar una campaña a alcalde o diputado local en condiciones de inseguridad extremas.
Eugenio Hernández Flores ha administrado desde entonces el desgobierno en Tamaulipas. Si el poder del crimen organizado quedó ampliamente demostrado desde la época del sexenio salinista con el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, y se agravó con Tomás Yarrington, con Hernández Flores simplemente se ha vuelto poder de facto.
No deja de despertar sospechas el silencio del secretario general de Gobierno, Hugo Andrés Araujo, un viejo amigo de Raúl y Carlos Salinas de Gortari, quien supuestamente debe garantizar la seguridad de todos los candidatos en una entidad atenazada por la guerra de los cárteles.
El crimen político de Torre Cantú nos remite inevitablemente a lo que ha sucedido en Colombia. El exgobernador de Zacatecas y senador del PT, Ricardo Monreal, lo expresó claramente: “Nos encaminamos de manera acelerada a la colombianización de nuestra vida política”.
A manera de ejemplo, Monreal recordó que hace tan sólo tres años, 21 candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados locales fueron asesinados en Colombia por grupos paramilitares (vinculados a la guerrilla o al narcotráfico o a ambos), en un periodo de cinco meses.
Pero no sólo Tamaulipas es territorio en riesgo. Sinaloa, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Veracruz y Oaxaca son entidades donde el crimen está mucho más organizado que el Estado.
Y todo esto comenzó con una guerra sucia que nos metió a un Estado en guerra.
Alberto Bazbaz renunció a la titularidad de la procuraduría mexiquense tras dar las conclusiones en el caso Paulette NotimexFoto Foto.
Jaime Avilés
Tres casos de nota roja –el brutal asesinato de Paulette Gebara Farah, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el encarcelamiento de Gregorio Sánchez Martínez, Greg, candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo– vuelven a exhibir los profundos vínculos de complicidad que hay entre los empresarios dueños de México, los políticos que los sirven desde el poder y el crimen organizado. Y explican, asimismo, la desaparición del estado de derecho, la guerra civil que avanza por distintas regiones del país y la certeza de que vivimos un proceso de transformación irreversible: nada volverá a ser como antes.
Chiapaneco avecindado hace muchos años en Quintana Roo, predicador evangélico que en sus mítines religiosos llamaba a sus huestes “el pueblo de Dios”, estafador acusado por un robo de 10 millones de dólares y por tratar de privatizar ilegalmente el malecón de Cancún, aparte de sospechoso de fomentar el tráfico de balseros cubanos, Greg se había revelado hace tiempo como una verdadera fichita.
Jaime Montejo, dirigente de Brigada Callejera, organización nacional protectora de los derechos humanos y civiles de distintas agrupaciones de sexoservidores, escribió en su blog dos días después de la captura: “La detención del ex alcalde perredista fue recibida con beneplácito por trabajadoras sexuales que fueron objeto de intimidación, hostigamiento, extorsión, agresiones físicas, robo y allanamiento de morada, cuando elementos de seguridad pública [de Cancún], comandados por Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, arremetieron contra ellas para expulsarlas de la supermanzana [colonia] 63”, en 2009.
El Vikingo fue detenido por “haber participado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, baleado el 3 de febrero de 2009”. Al recordar estos sucesos, agrega Montejo, “los medios de comunicación olvidan el asesinato de la trabajadora sexual Greici Lizbeth Vargas Rivera, de 19 años, decapitada el 28 de noviembre de 2009 después de declarar en el Ministerio Público del fuero común, donde aportó pruebas contundentes que implicaron a Joel Cantera Torres, uno de los hombres que ejecutó al comandante Miguel Ángel Puch de la Cruz”.
Todos esos crímenes fueron atribuidos a uno de los cárteles con los que ahora la PGR asegura que está ligado Greg. Pese a las múltiples, reiteradas y bien documentadas advertencias que acerca de tan cautivador político leyeron en este diario entre enero y marzo del año actual, Manuel Camacho y Jesús Ortega se obcecaron en lanzarlo como candidato a gobernador de Quintana Roo y, al hacerlo, sellaron para siempre su destino. Hasta el martes pasado, Greg era de ellos; ahora, ellos son de Greg. Van juntos, nadie sabe hacia dónde.
Diego: estado de excepción
A quienes se llevaron a Fernández de Cevallos, el “gobierno” y Televisa –uno no investigando, otra no hablando del asunto–, resolvieron darles todas las comodidades para negociar un acuerdo que permita su devolución. Catorce días después del secuestro, lo poco que se sabe rasgó, para decirlo con estilacho, el velo del misterio. El iracundo remedo de conquistador español fue atrapado por alguien que tiene informantes de primera mano dentro de su bufete de abogados –al que pertenecen el secretario de Gobernación y el procurador general de la República– o dentro de su familia.
Quienes lo sorprendieron en su hacienda de Querétaro sabían que llevaba un chip de localización satelital subcutáneo y se lo quitaron. Dos días más tarde se enteraron de que el general Arturo Acosta Chaparro había sido contratado para buscarlo, y lo balacearon para alejarlo del asunto. Estos dos detalles bastan para ayudarnos a entender que se trata de un ajuste de cuentas en la cúpula de la mafia política, alrededor de una pieza clave del grupo del que también forman parte Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, cuya candidatura presidencial se desmorona a medida que salen a flote más y más evidencias de que su gobierno encubre a los asesinos de la niña Gebara Farah.
Manchas de sangre
La noche del 30 al 31 de marzo, 10 días después de la desaparición de Paulette, Jorge Rojas González, perito en ingeniería civil de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), al inspeccionar la habitación de la menor comenzó a quitar el edredón y las sábanas de la cama. Todo fue grabado por una cámara de video, que registró el momento exacto en que descubre la primera mancha de sangre y dice en voz alta: “La madrearon, güey”. En seguida, ante manchas más gruesas, repite: “La madrearon”.
Pocos instantes más tarde, levanta la última sábana y destapa, entre la piesera y el colchón, el cuerpo de la pequeña. Alguien tose, agredido por la pestilencia que despide el cadáver, y el perito comenta: “Está bien putrefacta”. La escena está disponible en Youtube. El 31 de marzo, muy temprano, la PGJEM emitió un boletín para anunciar que “fue encontrado el cuerpo de Paulette, dentro de una bolsa negra, durante la reconstrucción de hechos en presencia de los padres”.
¿No es alucinante? El video y el boletín pueden consultarse en Google. Y a pesar de la contradicción entre uno y otro, las televisoras guardaron silencio, y acompañaron al procurador mexiquense Alberto Bazbaz en su cínica, y ahora muy sospechosa, fabricación de mentiras. A sabiendas de que la niña había sido privada de la vida con violencia –las manchas de sangre y la exclamación del perito lo demuestran–, Bazbaz permitió que se manipulara no sólo la verdad sino también el cadáver.
¿O acaso ya olvidamos la célebre foto en que la criatura aparece debajo de la cama, en el tapete de su cuarto? ¿Quién la puso allí, para que la retrataran? Y lo que todo el país repite, ¿cómo es que su mamá y su tía durmieron varias noches en esa cama, que las empleadas de la casa tendían cada mañana, y nadie la vio, ni sintió su olor? ¿Y qué hay del cuento de los perros que huelen a los vivos pero no a los muertos? Todo se resume en una palabra: encubrimiento oficial.
A punto de cumplirse un año del incendio que mató a 49 niños en la guardería ABC de Sonora, en las redes sociales de Internet crece la convicción de que Paulette fue víctima de un asesino, pero también de que éste sigue libre gracias a Bazbaz. A la destitución del ex procurador debe seguir una investigación a fondo, que esclarezca su responsabilidad en el caso y la del gobernador del estado. Antes de que aparecieran esas manchas de sangre bajo la colcha y las sábanas de Paulette, y el revelador y espontáneo comentario del perito –“la madrearon, güey”–, la horrorosa historia hablaba de la ineficacia de quien se siente ya sucesor de Calderón.
Hoy, gracias al incontrovertible testimonio de ese video, sabemos que Paulette fue asesinada con algo que le provocó una hemorragia externa; que Bazbaz dijo que la causa del deceso había sido la asfixia; que las plumas mercenarias del régimen lo defendieron hasta el día de su despido. Y que la televisión también se hizo cómplice al proteger a Peña Nieto en virtud de los millonarios contratos de publicidad que sostiene con él. ¿Se imaginan si hubiesen agarrado al procurador del Distrito Federal en una mentira como ésta? Habrían repetido el video hasta que nos lo aprendiéramos de memoria...
jamastu@gmail.com
Perito encuentra a Paulette: "La Madrearon Gûey" (Sin Censura)
http://www.youtube.com/watch?v=p6yMA5AC5cU
Paulette
Tristeza, indignación, pasmo, desconcierto, incredulidad, burla, impotencia, avasallamiento, todo a un tiempo, fueron los sentimientos que me sobrecogieron luego de escuchar al procurador general del estado de México explicar” que la muerte de Paulette había sido “un accidente”, que no se ejercería acción de la justicia contra nadie y que el caso quedaba cerrado, y que me decidieron a cambiar el giro de mis colaboraciones en La Jornada y dedicar esta al “caso Paulette”.
Cuántas agresiones en un “fallo” de la justicia, que es realmente una nueva “falla” de enorme magnitud y significado, de quienes están para procurarla. Nuevamente, la aparición de “evidencias” –¿dinero, compromisos políticos, connivencias, u órdenes superiores de espíritus inferiores, o todo a la vez?– que concurrieron a la conclusión, ésta con premeditación, alevosía y ventaja; con presumibles manipulaciones, ocultamiento de pruebas e ignorancia de las decenas de escenas que saturan las redes sociales de las telecomunicaciones mundiales, con que nos insultó la procuraduría del estado de México.
Un fallo que con tal de “justificar” su conclusión, acepta explícitamente, sin el más elemental pudor, la incapacidad de las autoridades “competentes” para abordar el problema y tácitamente la incompetencia de la multitud de gentes y agentes que inspeccionaron minuciosa y vanamente la recámara de la pequeña Paulette sin encontrar rastro alguno, pero que seguramente, en conmemoración del centenario de la Revolución, buscaron emular a aquel ilustre “científico porfirista” que sentenció: “la ignominia, antes que la renuncia”, hasta que la presión social obligó al procurador a aceptar presentar la suya.
Cito las agresiones: en primer término, la agresión a una niña, una pequeña guerrera inocente que luchó día tras día, minuto a minuto de su corta pero difícil existencia, para superar las discapacidades que le dejó el hecho fortuito de su nacimiento prematuro. Qué agresivo desprecio por su pequeña vida y por su lucha gigantesca interrumpidas fatalmente por “el accidente”. Qué pequeñez de espíritu de todos los que aceptan esta agresión póstuma en aras de un falso mejor vivir para los que aún viven.
La pequeña Paulette, sin embargo, es la única de todos los personajes de esta tragedia cuyo final –¿final?– nos han contado que “descansa en paz”.
Nadie más lo podrá hacer; ni la sociedad que sabe que no pasó lo que nos dicen que pasó, ni menos los que saben lo que pasó realmente.
Ni su familia cercana que se ha apresurado a aceptar “el fallo de la justicia”, ni su hermanita mayor, víctima inocente también de por vida de los acontecimientos, podrán vivir un solo momento de su existencia en paz. Se trata de un asunto de conciencia para los mayores y de inexorabilidad para la niña.
Ni las decenas o centenas de participantes en las pesquisas que saben que Paulette no murió en donde se dice que murió; ni la amiga de la madre ni los parientes del papá que durmieron sucesivamente en la cama de la niña ¿sin cambiar las sábanas? –¡qué falta de higiene!– y supuestamente con el cadáver a sus pies, y que saben la verdad y las falsedades.
Agresión también contra la inteligencia de un pueblo consternado por la tragedia y expectante de la procuración de la justicia. ¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! Otra vez Millán Astray rencarnado en el procurador del estado de México.
Agresión también contra las leyes de la física, de la química, de la biología y, si no bastara, contra la lógica y, desde luego y en primer lugar, contra la ética y contra la moral.
Agresión contra la justicia, que no sólo para “el cierre del caso”, sino incluso en la rueda de prensa que se organizó para anunciarlo, no acepta preguntas. Obviamente, porque no existe respuesta ni para la más elemental que se planteara.
Finalmente, agresión a la sociedad, de la que se pretende sólo sometimiento: ¡así fue y te aguantas! ¡Así pasó y te callas! ¡Así juzgamos y lo acatas! ¡Así decidimos y lo asumes!
¿Cerramos todos el “caso”, como dijo el procurador? ¿Nos damos por bien servidos con su temporal inmolación política? Si este fuera el caso, estaríamos aceptando cerrar todos los “casos” en la forma en que se les ocurra a los dueños del poder y del dinero.
¿Es éste el “futuro de México” que nos obsequiarán los aspirantes a ser los salvaguardas del “estado de derecho”?
Basta de agresiones desde el poder; no debemos agachar la cabeza y aceptar, como dogmas de fe, la infalibilidad y la omnipotencia de las autoridades, ni resignarnos a la esclavitud de la injusticia y al dominio implacable de los poderosos.
Decía Quevedo en su Epístola satírica: No he de callar, por más que con el dedo, /ya tocando la boca, o ya la frente, /silencio avises o amenaces miedo…//En otros siglos pudo ser pecado /severo estudio y la verdad desnuda…
México no puede cerrar su porvenir “cerrando el caso”.
A la memoria de una víctima inocente
jimenezespriu@prodigy.net.mx
La jueza en lo Penal de La Paz, Betty Yañíquez, ordenó el arresto domiciliario del ex general Gary Prado Salmón, el hombre responsable de la captura de Ernesto “Che” Guevara en 1967 en Bolivia. Además detuvo a otras dos personas por sus presuntos vínculos con un grupo terrorista que habría operado en la región oriental de Bolivia en el 2008, un episodio que terminó con la revelación de un grupo de extrema derecha, con vinculaciones en el resto de América latina, incluidos ex carapintadas argentinos.
Yañíquez ordenó también el arresto de Ronald Castedo, presunto presidente de la logia Caballeros del Oriente y ex gerente de la cooperativa telefónica Cotas, de Santa Cruz, y de Juan Carlos Santisteban, jefe de la Falange Socialista Boliviana (FSB). La jueza dictó la orden de arresto domiciliario después de interrogarlos anoche en Santa Cruz, a mil kilómetros al sudeste de La Paz. Según explicó la magistrada, los tres acusados se negaban a ir a esa ciudad a declarar con el argumento de que no se los permitía su estado de salud.
Prado Salmón, el hombre que quedó en la historia al arrestar en el medio de la selva al Che y sus compañeros, quedó parapléjico a mediados de la década de los ’80 tras recibir un disparo que le dañó la columna vertebral durante un intento de golpe de Estado en Santa Cruz. El ex general había comandado las tropas que participaron en los últimos combates en Ñancahuazú y luego asesinaron al líder revolucionario en el humilde poblado de La Higuera en 1967.
Ahora el militar retirado aparentemente servía de asesor a una banda de mercenarios, liderada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, con planes separatistas y de magnicidio de los principales dirigentes de este país andino, entre ellos el presidente Evo Morales. De acuerdo con la investigación, a Prado Salmón, uno de cuyos hijos también fue imputado por nexos con Rózsa Flores, se lo acusa de sostener contactos con el líder de la banda de extremistas.
En el operativo del 16 de abril de 2009, además de Rózsa Flores, murieron sus colaboradores Arpád Magyarosi (húngaro-croata) y Michael Martin Dwyer (irlandés). El tiroteo en su habitación de hotel en Santa Cruz reveló una red de mercenarios, dirigentes de derecha latinoamericanos y hasta ex militares, como los carapintadas argentinos, que mantenían vínculos estrechos y compartían una misma ideología. La investigación llevó a que el gobierno de Morales llamara a las embajadas de las personas involucradas o sospechosas de estar involucradas con los detenidos. Sin embargo, pruebas posteriores demostraron que Rózsa tenía planeado atentados tanto contra Morales, como contra las autoridades locales de Santa Cruz, rivales acérrimos del gobierno del líder indígena.
Dos días después de la muerte de los tres mercenarios fueron detenidos Mario Tadic (boliviano con pasaporte croata) y Elod Tóásó (húngaro), quienes están en prisión preventiva en la ciudad de La Paz. La investigación continúa en Bolivia y ya produjo varias detenciones de dirigentes cívicos (pro-autonomía) santacruceños, sospechados de haber financiado y cooperado con los mercenarios.
MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- Más allá del espectáculo que para muchos medios ha representado el caso de Paulette Gebara Farah, la muerte de la niña ha mostrado, una vez más, las serias deficiencias que Enrique Peña Nieto tiene como gobernador y que no ha podido tapar con la millonaria campaña que ha pagado a Televisa, desde que empezó su administración, para llegar a la presidencia en 2012.
Y no es ésta la primera vez que Peña Nieto refleja su incapacidad como gobernador. No hace mucho, en febrero pasado, el municipio de Chalco se inundó por las aguas negras del canal de desagüe, afectando 500 casas de familias pobres. El gobernador mexiquense, quien pretende ser presidente de la República, tardó días en atender el problema, y cuando los hizo fue sólo para dar paliativos.
Algo similar ocurrió meses antes en el fraccionamiento residencial Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla, que también sufrió una inundación, sin que hubiera una reacción inmediata del gobernador.
Son muchas las muestras de incapacidad de Peña Nieto como gobernante, pues ha dejado tras de si una serie de casos y problemas que no ha resuelto o les ha dado soluciones temporales.
De memoria podríamos citar las lagunas que quedaron con el caso de la muerte de su esposa Mónica Pretelini, quien no recibió a tiempo ni con urgencia la atención médica, pues fue llevada al hospital ABC en ambulancia terrestre, cuando ya nada se podía hacer para salvarla. Queda la duda de por qué no la llevo inmediatamente en el helicóptero en el que Peña Nieto viaja regularmente hasta de noche, y también por qué ordenó la incineración inmediata.
Otro caso igualmente escandaloso fue el de su antecesor Arturo Montiel, de quien se descubrieron malos manejos de los recursos públicos, mientras que sus hijos y a su exesposa Maude Vercini heredaron propiedades lujosas en México y Francia. El gobierno de Peña Nieto sólo tapó las pruebas que inculpaban a Montiel y su familia, haciendo lujo de la impunidad.
Un ejemplo más fue el asesinato de Enrique Salinas, en diciembre de 2004. Hasta el momento no se sabe quiénes lo asesinaron, y menos los motivos. Basta recordar que el cuerpo del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue encontrado dentro de un automóvil estacionado en el fraccionamiento Lomas de Anáhuac, Estado de México, con varios disparos de arma de fuego.
La cabeza de Enrique Salinas tenía una bolsa de plástico, pero no murió de asfixia. Al cabo de dos años de investigación se pretendió dar como causa de muerte la extorsión de dos policías, pero fue desechada y el asesinato sigue impune hasta el momento.
Otros casos con un sello de impunidad son los de las mujeres asesinadas en el Estado de México, entidad que tiene el registro más alto de feminicidios en todo el país.
Según datos de 2009 del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 529 mujeres y niñas fueron asesinadas en ocho estados de la República. De éstos, 173 fueron cometidos en el Estado de México, 93 en Baja California, 69 en Sinaloa, 63 en Tamaulipas, 57 en Jalisco, 38 en Nuevo León, 33 en Morelos y tres en Zacatecas.
De enero de 2007 a diciembre de 2009, el organismo documentó 2 mil 15 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 18 de las 32 entidades federativas de la República mexicana. Destaca el Estado de México, con 556, seguido por el Distrito Federal, con 235 casos; Sinaloa, con 179; Jalisco, 164, y Chihuahua, con 157 casos en el mismo periodo.
A pesar del crecimiento de este fenómeno, en lo que va del gobierno de Peña Nieto no se ha hecho nada para detenerlo, y la impunidad y la violencia contra las mujeres en la entidad parece no tener fin.
La campaña mediática que ha pagado a Televisa desde que fue elegido como gobernador, no logra tapar todos estos problemas que Peña Nieto trae encima sin resolverlos.
Ni se diga del caos del transporte público en toda la entidad, o de la corrupción de la policía, o bien de las obras viales de relumbrón que ha hecho, como el segundo piso en el Periférico, que en nada ha resuelto la vialidad.
En cualquier otro estado o en el Distrito Federal, un caso como el de la muerte de Paulette hubiera puesto en el filo de la renuncia a quienes gobiernan. Pero a Peña Nieto nadie lo toca, menos las dos grandes televisoras que, en lugar de señalar a los responsables, han hecho de este caso una pésima telenovela.
Cada vez que aparece en los canales de Televisa y TV Azteca, el gobernador mexiquense opina o anuncia su boda desde el Vaticano, luciéndose con la artista Angélica Rivera, en una pésima versión de la pareja francesa Nicolás Sarkozy y Carla Bruni.
Así, pues, las cartas de Peña Nieto como gobernante no son las mejores, a pesar de la millonaria propaganda y publicidad desplegada en los medios. Habría que verlo en un debate de ideas para saber qué dice, cómo define su proyecto político y cómo piensa enfrentar los múltiples retos que tiene el país y que con el paso del tiempo se agravan.
Hay que ver de qué madera esta hecho el hijo pródigo del grupo Atlacomulco, porque lo que ha mostrado hasta el momento deja mucho que desear y mucho que decir.