Los muertos de Calderón

2006-2010: estadísticas del horror

La guerra calderonista contra el narcotráfico ha causado decenas de miles de muertes (el gobierno federal reconoce más de 28 mil y algunos conteos independientes sitúan la cifra en poco más de 25 mil), más que las habidas durante la Independencia o la invasión de Estados Unidos a México, afirman a Proceso especialistas en estadística criminal; aseguran que no hay números
absolutamente confiables al respecto y señalan además que lo que no se puede medir no se puede conocer ni combatir efectivamente...

Rodrigo Vera

Las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico superan el número de bajas de algunos conflictos bélicos de la historia mexicana: la Independencia, con 23 mil fallecidos; la guerra contra Estados Unidos, con la misma cantidad; la de Reforma, cuyo saldo fue de 8 mil, o la guerra sucia de los setenta que dejó 436 muertos, de acuerdo con cifras generalmente aceptadas.

Lo grave, afirman los analistas, es que cada año duplica al anterior en número de muertos de la guerra contra el narcotráfico: en 2006 había dos bajas por cada 100 mil habitantes y ahora son 8.4. Agregan que de continuar la estrategia de Calderón, al término de su sexenio serán asesinadas 14 personas por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy alta para los estándares internacionales.

El especialista en estadística criminal Arturo Arango Durán comenta a este semanario: “La actual guerra contra el narcotráfico ha resultado sumamente letal. Su costo en víctimas ya es altísimo. Pero lo peor de todo es que es una guerra perdida de antemano, pues fortalece a la delincuencia organizada mientras más la ataca. Al reducir la oferta de droga hace que los precios suban y los cárteles obtengan mayores ganancias.

“Así, queriéndolo o no, el Estado fortalece a la delincuencia organizada y se convierte en el gran regulador del mercado de la droga. Se metió en un círculo vicioso, sin salida. Además la guerra está atizando las disputas entre un cártel y otro por el control de las plazas.

“Todo esto tiene un efecto multiplicador de la violencia y, por consiguiente, de muertes. Esto es justamente lo que hace que el número de fallecidos se duplique de un año a otro. En términos absolutos, hablando estrictamente de pérdida de vidas humanas ya estamos por encima de las provocadas por casi todas las otras guerras civiles que ha padecido México desde su Independencia.”

Analista en la misma materia, Juan Pablo Arango aclara: “Debemos tomar en cuenta que nuestras guerras civiles por lo general fueron ocasionadas por disputas ideológicas entre amplios sectores de la población; en cambio la actual es, sobre todo, el resultado de una acción emprendida por el gobierno federal para combatir a los cárteles de la droga”.

A petición de Proceso ambos peritos hacen un minucioso análisis estadístico sobre el incremento de muertes que ha provocado el actual conflicto armado, así como su comparación con las guerras del pasado en México.

Conteos diferentes

Señalan que a falta de una estadística confiable del gobierno federal (que ha dado cuenta oficialmente de más de 28 mil bajas en esta guerra), varias organizaciones ciudadanas y medios hacen sus propios conteos; para elaborar el análisis los especialistas partieron de los datos del diario Reforma: 25 mil 549 muertos de 2006 a este mes, aunque advierten que la cifra podría estar por debajo de la real.

En 2006 –cuando Calderón asumió la Presidencia–, las muertes por narcotráfico fueron 2 mil 119, cantidad que representa dos muertos por cada 100 mil habitantes. En 2007, el número subió poco: pasó a 2 mil 275, y la proporción fue de 2.1 muertos por cada 100 mil habitantes.

Pero en 2008 fueron 5 mil 207. El número aumentó más del doble respecto del año anterior. Con esto ya eran 4.8 muertos por cada 100 mil habitantes. Un año después hubo otro incremento significativo: 6 mil 587 muertos y la tasa se elevó a 6 por cada 100 mil habitantes.

Este año, a mediados de octubre ya se habían contado 9 mil 361 muertos: 8.4 por cada 100 mil habitantes.

Además, el pasado martes 26, la Secretaría de la Defensa informó que de diciembre de 2006 a agosto de 2010 la guerra contra los cárteles ha dejado 191 militares muertos.

Arturo Arango resume: “El incremento fuerte empezó a darse a partir de 2007, por lo que realmente es el año base. De entonces a la fecha el número se cuadruplicó. Por cada 100 muertos que teníamos en 2007 ahora tenemos 400. ¡Es una matazón espantosa!”.

–¿Cuáles son sus proyecciones para el último año del sexenio?

–Si las cosas siguen igual, las tendencias estadísticas nos dicen que el próximo año la cifra será de 11 muertos por cada 100 mil habitantes y para 2012 pasará a 14. El sexenio concluirá con 14 muertos por cada 100 mil habitantes. Un incremento grandísimo.

Juan Pablo Arango recalca: “Esto sólo ocurrirá si el gobierno sigue con su misma estrategia de combate, si el Ejército y las corporaciones policiacas continúan bajo la misma tónica. La tasa de muertes bajaría si se aplica, por ejemplo, una estrategia de contención o una negociación con la delincuencia organizada”.

Arturo Arango y su hijo Juan Pablo son especialistas en políticas de seguridad pública. Desde hace una década han trabajado en equipo y son coautores de varios libros sobre la materia, como Estadística policial, Cartografía delictiva e Inteligencia policial.

Ahora colaboran con un grupo de trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que recopila información y realiza evaluaciones estadísticas. Han trabajado también con el Gobierno del Distrito Federal en el mismo rubro y a últimas fechas se han especializado en evaluar estadísticas sobre homicidios.

Arturo Arango fue investigador del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, que dirige el exómbudsman capitalino Luis de la Barreda. Señala: “Para tener la justa dimensión del costo humano que implica una guerra no basta contabilizar sólo a sus muertos, sino también a las llamadas víctimas secundarias, como los huérfanos, las viudas, los lesionados…”.

–¿Se puede tener una cifra aproximada del número de víctimas secundarias de esta guerra contra el narcotráfico?

–¡Claro que sí! El cálculo estadístico es de 1.4 huérfanos por cada muerto. De manera que actualmente tendremos unos 32 mil huérfanos en el país. Y en el mejor de los escenarios habrá unos tres lesionados por muerto, aquí ya estamos hablando de unos 75 mil lesionados que requieren atención médica.

–¿Y viudas?

–Pueden ser 18 mil o 20 mil… muchas de ellas son mujeres que ya no tienen ingresos y se integran al mercado laboral.

“La guerra está generando muchas presiones en el sistema de salud, de educación, laboral… su efecto multiplicador es impresionante porque provoca un conflicto adicional que el Estado es incapaz de atender.”

–¿Una guerra igual de cruenta y mortal que nuestras anteriores guerras?

–Sí, pero sólo hablando en términos absolutos en cuanto a número de muertes, a pérdida de vidas.

En ese sentido, los peritos en estadística señalan que las muertes de la lucha contra el narcotráfico son más que las 23 mil que dejó la guerra de Independencia, que duró 11 años.

También están por encima de las 2 mil 200 de la guerra de Texas, de 1835 a 1836; de las 23 mil de la invasión de Estados Unidos, que duró dos años; de las 8 mil en cuatro años de la guerra de Reforma y de las 436 de la “guerra sucia”. Ni se diga del conflicto armado en Chiapas, de 1994, que arrojó poco más de 100 muertos.

Pero están por debajo de las 63 mil que hubo en la intervención francesa en seis años o de las 90 mil de la guerra Cristera, de 1926 a 1929.

En números relativos

Sin embargo, los analistas advierten que al hacer una comparación estadística en términos relativos, la de Calderón es menos letal que la mayoría de las anteriores guerras.

“Para no ser tendenciosos debemos ajustar el número de muertes a dos variables importantes: a la población que tenía México en cada una de esas guerras civiles y al periodo de tiempo en que ocurrió cada una”, explican.

Con base en esto señalan que la guerra de Independencia tuvo 370 muertos por cada 100 mil habitantes, ya que en aquella época la población nacional apenas rebasaba los 6 millones.

La guerra de Texas provocó 28 muertes por cada 100 mil habitantes. El conflicto contra Estados Unidos arrojó 328, la guerra de Reforma 97, la intervención francesa 768, la guerra Cristera 543, mientras que la guerra sucia y el conflicto chiapaneco no alcanzan un fallecimiento por cada 100 mil habitantes.

Aclaran que actualmente hay zonas y entidades federativas –como Chihuahua– cuyo número de muertes en términos relativos es muy similar al de algunos de estos conflictos armados.

Indican que las matanzas más conocidas del pasado, como la del 2 de octubre de 1968 –cuyo cálculo de decesos oscila entre 150 y 350– o la del Jueves de Corpus, en 1971 –se calculan 60– son “eventos aislados”, por lo que fueron desechadas de sus cálculos comparativos.

–Pero la guerra contra el narco también está dejando matanzas, como la de los 72 migrantes en Tamaulipas.

–Sí. Pero a estas alturas esas 72 muertes ya no marcan ninguna diferencia en términos estadísticos. Es un porcentaje mínimo. Y no es por menospreciar ese acontecimiento– dice Arturo Arango.

Asegura que las matanzas del narcotráfico no pueden calificarse de genocidio, pues esta figura implica el exterminio del enemigo ideológico o étnico. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguran que ya se da un genocidio contra los jóvenes y niños de Ciudad Juárez, por lo que piden la intervención de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Agrega que el gobierno no ha podido contabilizar el saldo de muertos que va dejando la guerra contra el narco: “Hasta el momento el gobierno no tiene un mecanismo que le permita contar bien. Por ejemplo, el SNSP informa que de 2006 a la fecha se han cometido 63 mil homicidios dolosos. Pero no dice cuántos corresponden a la lucha contra el crimen organizado. Sus cifras y las del Inegi tienen diferencias hasta de 30%. Es un desbarajuste total.

“El registro de muertes tiene que empezar a levantarse desde que se llega a la escena del crimen. Inmediatamente debe resguardarse el área y levantar lo que nosotros llamamos el IPH (Informe Policial Homologable). Las cosas deben hacerse con método. Pero estos protocolos internacionales no se cumplen en México.

“Se ha llegado a casos extremos, como sucedió en Tabasco durante el gobierno de Roberto Madrazo. En ese tiempo el gobierno estatal registraba cero secuestros, pero en sus cárceles tenían el número más alto de secuestradores del país. ¿De dónde sacaban secuestradores si no tenían secuestros? Este tipo de situaciones siguen dándose.

“Por eso ante la falta de datos confiables, organizaciones de la sociedad civil y algunos medios, como los diarios Milenio y Reforma, llevan sus propios conteos. Hay programas radiales que tienen ‘ejecutómetros’ mediante los que registran diariamente el número de ejecutados.”

–¿Para qué sirve llevar un registro de muertos?

–Un problema que no se puede medir no se puede interpretar, mucho menos combatir. Es como si un médico supone que tienes fiebre sólo con verte la cara. No. Necesita un termómetro para determinar la temperatura corporal y después del diagnóstico te da la medicina. La contabilidad de las víctimas sirve para hacer un diagnóstico y tomar las medidas correctas. Los datos falsos hacen tomar medidas inadecuadas –responde Arturo Arango.

–¿Eso le está ocurriendo al gobierno en su lucha contra el narcotráfico?

–Sí. Es como si estuviera piloteando un aeroplano que vuela entre una tempestad sin instrumentos para controlarlo y sin saber hacia dónde se dirige. Completamente perdido. l

http://www.youtube.com/watch?v=BdUqMtxctyI

Onésimo: transa hasta con los cadáveres

Por enésima vez, Onésimo Cepeda es señalado como un negociante sin escrúpulos. Ahora, el empresario Guillermo de Velasco, su pariente político, dice que mediante prestanombres el obispo de Ecatepec maneja la empresa de servicios funerarios Grupo CIF y hace valer sus contactos con funcionarios para ampliar su clientela. Afirma que incluso el prelado hizo que lo detuvieran ilegalmente a raíz de un pleito judicial.

La asquerosisdad del Onésimo Cepeda es el del centro de esta camarilla de rateros, hipocritas, corruptos.....a su lado Pena Nieto, el TELEpresidenciable!

Rodrigo Vera

Onésimo Cepeda, el polémico obispo de Ecatepec, es al parecer el verdadero dueño del Grupo Certificados Integrales Funcionales (Grupo CIF), una influyente empresa que ha logrado obtener contratos para prestar servicios funerarios a varios gobiernos estatales y a muchas dependencias federales, incluida la Presidencia de la República.

Debido a que por su investidura de obispo está legalmente impedido para realizar actividades mercantiles con fines de lucro, Onésimo Cepeda puso como presidente de la empresa a su primo político Alberto Monroy Calva, mientras que al hijo de éste, Alberto Monroy Cepeda, lo nombró apoderado. Ambos son los principales prestanombres utilizados por el prelado.

Sin embargo, al descubrirse que el Grupo CIF estaba desviando dinero del fideicomiso donde se depositaban las aportaciones de su vasta clientela, un juez le ordenó a la empresa que mostrara cuentas claras y exhibiera toda la documentación relativa a sus contratos. Pero Onésimo Cepeda está utilizando todas sus influencias políticas para no acatar la decisión judicial, por lo que, se sospecha, intenta ocultar un cuantioso fraude.

Guillermo de Velasco Mendívil, presidente de Fiducia, afianzadora que le manejaba el fideicomiso al Grupo CIF pero que decidió dejarlo al detectar las irregularidades, lanza la señal de alerta:

“Los clientes del Grupo CIF están en grave peligro; totalmente desprotegidos y sujetos a operaciones terriblemente riesgosas, a una gran contingencia. Ya se los advertí a algunas dependencias gubernamentales que tienen contratos con esa empresa. Es mi obligación hacerlo.”

–¿En qué consiste ese riesgo?

–En que la empresa no cumpla con los servicios funerarios que está ofreciendo a sus clientes. Ya hubo irregularidades en el fideicomiso que nosotros le manejábamos, y actualmente no sabemos si hay otro fideicomiso. Tal vez lo tenga en alguna casa de bolsa, no lo sé. En la publicidad actual de la empresa, dice estar respaldada por la casa de bolsa Vector.

“Además se hace llamar Grupo CIF, pero a un grupo lo conforman varias empresas y este no es el caso. Es más, en su publicidad, la empresa da como domicilio de sus oficinas la calle Enrique Rébsamen número 333, en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, pero ahí no hay nada. Ni a nosotros, como fiduciaria, nos notificó cuál era su verdadero domicilio. Grupo CIF además opera como si fuera una aseguradora, pero sin serlo, lo cual viola la Ley de Seguros.”

–¿Dentro de qué figura encaja entonces el Grupo CIF?

–No lo sé, tal vez como una proveedora de servicios o como una comercializadora. Todo es muy atípico… y muy peligroso. Es como las famosas pirámides; les empieza a llegar mucho dinero que está sustentando a la cúpula, pero cuando se corta el flujo o pasa cualquier otra cosa, todo se desploma como un castillo de naipes.

“Los clientes (de CIF) son empleados de las secretarías de Estado, de la Presidencia de la República o de los gobiernos estatales. Imagínese si la Secretaría de Hacienda, por poner un caso, tiene a 400 empleados metidos ahí y de pronto se da cuenta de que no tienen ninguna garantía. O si de pronto mueren 100 policías judiciales del Estado de México y el Grupo CIF no puede darles servicio funerario. ¿Qué va a pasar?”

Sin embargo, en sus promocionales el Grupo CIF asegura que “ofrece protección funeraria a perpetuidad, al adquirir nuestro certificado integral funerario”. Éste incluye, dice, “el pago de todos los gastos asociados con el deceso, así como el ataúd o urna en caso de inhumación o cremación, el título de propiedad de la gaveta o fosa”. Además, el Grupo CIF se encarga de “los trámites legales”, del “traslado al velatorio seleccionado” y del “arreglo estético” de los cadáveres.

Asegura que da “servicio y atención en la República Mexicana y el extranjero” los “365 días del año y las 24 horas del día”. Cuenta con tres planes: “Topacio”, “Rubí” y “Diamante”, cuyos precios son distintos porque dependen de la calidad del “panteón, funeraria, ataúd o urna elegida”. Los costos varían, ya sea si son pagos al contado o a distintos plazos.

Reza su slogan: “Grupo CIF resuelve su futuro y el de su familia ante lo inevitable. Déjelo todo en nuestras manos. Todos llegamos a nuestro destino, de usted depende la forma”. Y por índice alfabético da una larga lista de las dependencias gubernamentales que ya tienen empleados adscritos al Grupo CIF, entre ellas la Presidencia y 17 secretarías de Estado, así como los gobiernos estatales de Puebla, Hidalgo, Morelos y el Estado de México.

La lista incluye a la UNAM, la UAM, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Chapingo, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, El Colegio de la Frontera Sur y El Colegio de la Frontera Norte. También aparecen Pemex, la Lotería Nacional, el IMSS, algunas instancias policiacas, hospitales, bancos, editoriales y televisoras, entre otras.

“No sabemos cuánto dinero esté ingresando al Grupo CIF, porque nadie está regulando a la empresa –dice Guillermo de Velasco–; tampoco sabemos cuántos clientes tiene en total ni quiénes son. Lo cierto es que (CIF) es una intermediaria en la venta de servicios. Se muere una persona y contrata todos los servicios funerarios respectivos, recibe ganancias por todos lados.”

–¿No dispone entonces de almacenes con féretros, de flotillas de carrozas fúnebres, de velatorios, de empleados distribuidos en todo el país?

De Velasco ríe, y contesta:

–No, no, nada de eso. El famoso Grupo CIF, que no ha de tener más de 10 empleados, contrata todos los servicios funerarios. O bien, si los deudos lo prefieren, les puede dar el dinero para que sean ellos quienes personalmente contraten esos servicios. Aquí lo importante es quién está realmente detrás del negocio. Y muchos elementos nos llevan al obispo Onésimo Cepeda, quien no puede dar la cara porque legalmente está impedido para dedicarse a este tipo de actividades.

–¿Qué lo hace suponer tal cosa?

–Primero necesito relatar cómo surgió el Grupo CIF. En 1999, el obispo terminó de construir la catedral de Ecatepec y quería comercializar sus criptas entre la feligresía local. El encargado de hacerlo fue su primo político, Alberto Monroy Calva, esposo de una prima hermana de Onésimo, María Guadalupe Cepeda. A Alberto yo lo conozco muy bien, pues era consejero y accionista de mi empresa, Fiducia.

“Alberto se acerca conmigo y me pide que lo ayude a comercializar esas criptas. Yo acepto. Recuerdo que pensaban vender mil criptas, el tamaño de cada una era de un metro cúbico, muy grande, por lo que les propusimos que cada cripta podía dividirse en cuatro y así lo hicieron; finalmente vendieron 4 mil criptas.”

–¿Onésimo estaba detrás de Alberto?

–¡Claro! Yo los ayudé a desarrollar su esquema de comercialización mediante certificados funerarios. Pasa el tiempo, se venden las criptas de Ecatepec y el negocio empieza a extenderse poco a poco a todo el país. Así surge el Grupo CIF, presidido por Alberto Monroy Calva y cuyo apoderado era un hermano del obispo, Enrique Cepeda Silva.

“Pero a Enrique lo sacan del negocio en 2008 y lo sustituye un sobrino del obispo, Alberto Monroy Cepeda, hijo de Alberto Monroy Calva. Albertito es un joven abogado fiscalista, treintañero, que actualmente es quien da la cara en los negocios de Onésimo. El muchacho es tan cercano al obispo que, se dice, vive con éste en su residencia de Bosques de las Lomas.

“Albertito se ha convertido en un próspero empresario. Trae hasta coche blindado, siempre escoltado por otro automóvil con guaruras. ¿Usted cree que él solo pudo llegar a tanto? ¡Pues no! Es el operador y el hombre más cercano a Onésimo.”

–¿No era rico ya ese joven?

–No, no; él y su padre provienen de la clase media. Don Alberto Monroy Calva, por ejemplo, era el gerente del club de golf de San Gaspar, en Cuernavaca. Pero hasta ahí. A los dos Albertos nadie los conoce. Nadie.

“Para impulsar al Grupo CIF se necesitan sobre todo influencias, muchas influencias, y éstas solamente las tiene el obispo. ¿A poco cree que los dos Albertos pueden llegar a las secretarías de Estado y a la Presidencia a vender sus servicios funerarios? ¡Qué va! No les abrirían ni las puertas.

“Todo esto se lo digo con perfecto conocimiento, ya que la esposa de Alberto Monroy Calva es hermana de mi esposa y, por lo tanto, Albertito también es mi sobrino.”

–¿Entonces la esposa de usted también es prima hermana del obispo Onésimo Cepeda?

–¡Sí, señor! El papá de mi esposa, don Rodolfo Cepeda Villarreal, y el papá del obispo, don Onésimo Cepeda Villarreal, eran hermanos.

–Por lo tanto, usted es primo político del obispo.

–Sí, soy primo político de Onésimo, es correcto. Pero yo no lo escogí.

–Dado su parentesco, ¿usted mantuvo una estrecha relación con Onésimo Cepeda?

–No, nunca. Jamás he tenido relación con el obispo.

Un enemigo peligroso

Entrevistado en las oficinas de Fiducia, en el sur de la Ciudad de México, Guillermo de Velasco juega con su puro entre los dedos, le da una prolongada fumada y luego asegura que él se limitó a manejarle el fideicomiso al Grupo CIF, guardando su distancia con el obispo:

“Le explico cómo funcionaba el esquema. Se vendía un certificado funerario, el cual estaba garantizado con una fianza. Esta fianza, a su vez, estaba garantizada con el fideicomiso, adonde entraban los pagos que hacían los clientes. De manera que mi función era garantizar los servicios ofrecidos.”

–¿Y empezó a detectar irregularidades?

–Sí, al empezar la comercialización a nivel masivo, vimos que faltaba información, que no se constituían correctamente las garantías y se desviaba el dinero de los clientes que debía depositarse en el fideicomiso. Entonces le reclamamos al Grupo CIF, pidiéndole los dictámenes actuariales necesarios para sustentar las garantías de los servicios funerarios. Pero la empresa se negó a darnos la información.

Ante esto, prosigue De Velasco, Fiducia recurrió a un arbitraje en 2006 –que previamente se había pactado para dirimir posibles controversias–, y el laudo arbitral determinó que el Grupo CIF debía entregar la documentación requerida, además de reintegrar al fideicomiso 4.5 millones de pesos que había desviado de él.

Con tal de no acatar este laudo, el Grupo CIF probó todos los recursos legales a su alcance para revertir el fallo, hasta que en septiembre de 2008 el juez 15 de lo Civil en el Distrito Federal volvió a ordenarle que entregara la documentación requerida y la misma suma de dinero. CIF solamente reintegró el dinero, pero hasta la fecha no ha entregado la documentación exigida.

“El Grupo CIF debe entregar físicamente los contratos que, se supone, están garantizados; también las pólizas de seguro de sus clientes; y el cálculo actuarial, en el que se determina el monto mínimo de la reserva de los clientes”, aclara De Velasco.

–¿El grupo está obligado a entregar esa documentación?

–Claro, lo obliga la orden del juez. Ahí está la sentencia que la empresa está desacatando. En resumen, lo que el Grupo CIF no quiere informar es cuántos clientes tiene, quiénes son éstos y dónde está el dinero que pagan mensualmente. Ignoramos si los están robando.

–¿Se esconde un fraude?

–No podemos saberlo. Lo único que puedo asegurar es que sus clientes están totalmente desprotegidos. Y ya se lo hemos advertido a algunas instancias gubernamentales, donde se comercializaban estos servicios entre sus funcionarios.

De Velasco muestra una serie de cartas dirigidas a las contralorías de dependencias públicas y de gobiernos estatales de Puebla, Morelos, el Estado de México e Hidalgo, donde les informa que, desde junio de 2004, Fiducia “dejó de emitir garantías a favor de los clientes” del Grupo CIF, por lo que se deslinda de “cualquier responsabilidad”. También muestra algunos desplegados de prensa dirigidos a “todos los clientes” de la empresa, en los que hace el mismo deslinde.

En represalia, De Velasco fue arrestado sorpresivamente el pasado 22 de marzo, junto con Leticia Ramos, abogada de Fiducia. El Grupo CIF los acusó de fraude procesal, supuestamente derivado del arbitraje de 2006, pero no se les comprobó el delito y fueron puestos en libertad cuatro días después.

“Onésimo Cepeda movió todas sus influencias para encarcelarnos de manera ilegal –afirma De Velasco–. Fue un arresto totalmente arbitrario, ni siquiera se nos notificó. Y todo porque somos un obstáculo para los oscuros intereses económicos del obispo, quien se siente invulnerable y realiza estas acciones gangsteriles. Actualmente temo por mi seguridad y la de mi familia.”

–¿Cómo sabe que el obispo estuvo detrás de su arresto?

–Porque sus mismos abogados lo dijeron: “Molestaron a Onésimo”. El arresto fue una reacción arrogante y exagerada del obispo, fue un mensaje para decirnos: “Vean con quién se meten”. Es un hombre malvado que está abusando de su investidura. ¡No hay quien lo pare!

–¿Quién podrá controlar al Grupo CIF?

–Pues nosotros lo intentamos y ya ve cómo nos fue, nos metieron a la cárcel.

Inútil baño de sangre a México

Lilia Arellano

Más muertes que en guerra civil
Violencia sin par en el mundo: ONU
En 2009, peor contracción en 7 décadas
Préstamos y auditorías en Quintana Roo
¿Cuántas muertes más serán necesarias para darnos cuenta que ya han sido demasiadas?.-
Bob Dylan
A la par de la peor debacle en materia económica, como no se registraba desde hace más de 70 años, con un altísimo costo social y que está cerca de despertar al “México Bronco” por la extrema pobreza y las grandes desigualdades, la escalada de violencia continúa incrementándose en el país, con la persistencia de una estrategia de uso de la fuerza militar y policíaca focalizada, que no resuelve el problema de fondo y que sólo ha contribuido a aumentar el número de víctimas producto de la “guerra contra el narcotráfico”, además de que ha abonado al desgaste del Ejército y de su prestigio como institución ante el pueblo de México.

Hasta el momento de escribir estas líneas sumaban más de 3,180 los muertos, tan sólo en lo que va del año, en esta sangrienta batalla que está visto no se ganará de esta forma, en la que se antepone el uso de la fuerza por sobre la inteligencia. En las últimas horas, 12 presuntos sicarios murieron en la comunidad San José Agua Azul del municipio de Apaseo el Alto, en Guanajuato, durante un enfrentamiento contra elementos de la Policía Ministerial, Ejército y Policía Federal, además de dos agentes que resultaron heridos; también en esa entidad, dos hombres originarios de Michoacán fueron ejecutados por cuatro sujetos en la zona exclusiva del Campestre en la ciudad de León; en Navojoa, Sonora, el jueves por la noche, dos colaboradores del candidato del PAN a diputado federal por el Distrito 07, Ernesto Cornejo Valenzuela, murieron cuando un comando armado atacó el vehículo en el que viajaban, lo que vino a contaminar, aún más, el tenso ambiente político en la tierra que gobierna Eduardo Bours.
Si seguimos esta macabra lista de muerte, tendríamos que relacionar casi 12 mil expedientes de mexicanos ejecutados, asesinados, torturados, secuestrados, “levantados” y ultimados a sangre fría en lo que va de la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa. De nada sirve ni servirá, para resolver el problema de fondo, la implementación de acciones y operativos que caracterizan a los estados policíacos fascistas, con operativos en entidades federativas e incluso en la propia capital de la República, como el aplicado este jueves en la colonia Obrera, donde elementos del Ejército mexicano y la Policía Federal, acompañados de perros adiestrados, catearon casas a diestra y siniestra para localizar y detener a cuatro presuntos narcotraficantes. No se tiene conocimiento, entre los residentes, de que se hayan presentado las órdenes judiciales respectivas.

DE NUEVO COMO EL PEOR EJEMPLO
Este gran problema que enfrenta el país y que está íntimamente ligado a la terrible contracción económica, se resiente en todo el territorio nacional y está limitando la inversión y la creación de empleos, lo que tiene un efecto retroactivo pues la falta de productividad y empleo producen más delincuencia. La fallida guerra de la administración calderonista contra algunos cárteles de la droga, ha provocado que nuestro país sea considerado, en el marco de la lucha internacional contra el tráfico de drogas, como “un caso violento y una situación sin par en el mundo”, tal y como lo advirtió Antonio María Costa, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).
Cada vez hay más regiones del territorio nacional que viven de la extorsión, sufren de manera muy aguda el secuestro y “grupos como Los Zetas vienen a dar intranquilidad en el país, que sin duda nos está costando muchísimos recursos y nos está impidiendo la oportunidad de desarrollo y crecimiento”, advirtió César Duarte Jaquez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ante el consejo directivo de la Fundación México Unido.
Lo peor de todo es que “estamos perdiendo libertad y ciudadanía por motivos del crimen, pero también por la indiferencia, corrupción, omisión o impunidad de muchos miembros de nuestra clase política”, como lo denunció ante el propio Felipe Calderón y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, el empresario Alejandro Martí, durante su participación en l Foro Nacional “Seguridad con Justicia”.
Ese empresario, quien ha sufrido en carne propia los embates de la delincuencia, cuestionó la falta de integración de la ciudadanía en el sistema político y de impartición de justicia en el país”, a lo que Felipe Calderón se concretó a convocar a los mexicanos a no ser parte de un conglomerado, sino a participar en política, dentro de los partidos mismos o incluso construir otros.

“WASHINGTON COBARDE”
Además, el gobierno de Estados Unidos está omitiendo hacer su parte en la responsabilidad que tiene por la violencia que impera en México. Esta semana, el influyente diario “The New York Times” exhortó al gobierno estadounidense a tomar medidas contra comerciantes y fabricantes de armas letales que matan a 6,200 mexicanos cada año. Sostuvo que “los comerciantes privados y los organizadores de ferias de armas deben ser fielmente regulados y considerados una amenaza a la seguridad pública”. También al Congreso estadounidense lo conminó “a revocar las normas que impiden la creación de una base de datos nacional sobre armas vendidas y que impiden a las agencias policiales locales compartir información con las agencias federales”.
Los datos en poder de ese rotativo estadounidense, que fueron obtenidos de un reporte del Congreso —el cual “revela la cobardía de Washington y el riesgo que conlleva, en momentos en que el caos en México se extiende y amenaza con rebasar la frontera”— destacan que el 90 por ciento de las armas recuperadas en lugares de crímenes en México son rastreadas al otro lado de la frontera y que el 70 por ciento viene de comercios ilegales en Arizona, California y Texas, los cuales “están exportando armas de calibre bélico en medio de una intensificación de la guerra entre los cárteles”.

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Los muertos del sistema

TRAS LA PISTA DE LOS MUERTOS.......

MARCELA TURATI

Hay domicilios que no aparecen en el registro oficial de fallecimientos, pero en los que se guarda luto por personas que murieron por enfermedades respiratorias. Proceso entrevistó a familiares y médicos; recorrió hospitales, y se topó con historias que desnudan las debilidades de un sistema de salud colapsado. Un sistema que en algunos casos terminó por darle a la gente un puntapié al abismo.La muerte por influenza en México tiene el rostro de un subdirector del ISSSTE que estuvo en lista de espera mientras se liberaba una cama, un neumólogo y unos antivirales. El de un paisano que pasó sus últimas horas en una silla, compartiendo el aire y el hombro con otros enfermos en sala de urgencias. El de una joven arquitecta recluida sin diagnóstico junto a pacientes contagiados. El de un niño de cinco años a quien le negaron la vacuna de la influenza invernal porque la enfermera consideró que ya estaba grandecito…Ellos están registrados en las bitácoras oficiales –sin análisis de laboratorio de por medio– como “muertos por influenza”.

Tienen nombre, apellido, un porvenir cancelado y familias que les lloran y les rezan un novenario. Comparten entre sí un historial de diagnósticos errados o tardíos, la peregrinación previa entre clínicas (públicas, privadas o “similares”), el purgatorio en salas de espera, la falta de los fármacos que les hubieran salvado la vida. Sus muertes forman parte de las 264 registradas del 1 al 26 de abril en la Ciudad de México a causa de “insuficiencias respiratorias agudas” o “neumonías atípicas”, lo que no significa que se trate por fuerza de casos de influenza A. Hasta el 13 de abril, cuando murió en Oaxaca la primera mujer por esa variedad de influenza, habían sido registrados 108 fallecimientos por causas respiratorias en la capital. Los siguientes 13 días perecieron muchos más: 156. Llama la atención que los primeros 21 días de abril fallecieron de neumonías atípicas nueve personas menores de 40 años sin historial de enfermedades, y que del 22 al 26, en sólo cinco días, fallecieron ocho personas jóvenes y, poco antes, sanas.La estadística oficial a la que este semanario tuvo acceso se corta el domingo 26, tres días después de que fue reconocida oficialmente la epidemia. La muerte inexplicable tocó lo mismo a una empleada de mostrador de 22 años, en Ixtapaluca; a un ayudante de cocina de 26 años de la delegación Álvaro Obregón; a un empleado y un médico treintañeros, respectivamente de Iztapalapa y del Estado de México; que a una ama de casa de Neza, a una arquitecta de 26 años, y a un niño de nueve, de Tlalpan.En la delegación Iztapalapa del Distrito Federal vivía 22% de las personas que murieron por “causas respiratorias” entre el 13 y el 26 de abril, 11% en Gustavo A. Madero, 9% en Venustiano Carranza y 7% en Iztacalco, Benito Juárez y Álvaro Obregón. De los fallecidos, 87 eran hombres y 84 mujeres. El 34% tenían menos de 40 años.
Trato como a cualquiera
El registro fúnebre 265 corresponde a un médico mexiquense de 32 años. La causa de su muerte quedó registrada en las bitácoras oficiales como “neumonía aguda grave: influenza”. El joven, cuyo nombre se omite, era subdirector del ISSSTE de Texcoco y atendía pacientes como médico general. Estaba casado con la joven de la que se enamoró desde que iniciaron juntos la carrera de medicina. Era hijo de otro médico y tenía dos hermanos.La segunda semana de abril sintió fiebre y dolor de huesos, y tuvo tos. Como se automedicó y no sintió mejoría, un colega le subió la dosis. Días después arrojaba flemas con sangre. Se hizo estudios que determinaron neumonía. Trató de internarse en el Hospital General de las Américas, pero no lo aceptaron: no había camas disponibles. En un laboratorio particular tuvo que sacarse placas de pulmón y tórax. El sábado 18 consiguió ingresar a terapia intensiva del Hospital del ISSSTE ubicado en la avenida Politécnico. Ya iba inconsciente.Los medicamentos que le recetaron no se encontraban en la farmacia del hospital. Sus familiares, uno de ellos médico del ISSSTE, llamaron a los directivos de Toluca para que “liberaran” los medicamentos porque, sostienen, “sí había”. La familia tuvo que contratar a un neumólogo privado, del hospital ABC, porque el ISSSTE no tenía ninguno disponible. El médico diagnosticó que le estaban dando mal servicio al paciente y dijo que necesitaba aparatos para atenderlo.
Ana Lilia, la hermana del médico –con cubrebocas, desde atrás de la reja de su casa cerrada con llave– recuerda: “Mi papá y mi cuñada hablaron con el director, le dijeron que no era posible que trataran así a un funcionario de nivel subdirector del ISSSTE, que cómo lo trataban como cualquier otro paciente”. La familia padeció la cruel burocracia hospitalaria. Sin compasión, los médicos les dijeron que iba a morir y la noticia, así, de botepronto, provocó que los nervios de la mamá colapsaran.“Entró el sábado y hasta el miércoles le dieron el antiviral. Si se lo hubieran dado a tiempo la hubiera librado”, dice la hermana de ojos tristes. Desde adentro de su casa de interés social se escucha el grito de su hijo, aburrido por el encierro. El médico falleció el 25 de abril a las 10 y media de la mañana. Ese mismo día, en terapia intensiva, se encontraba hospitalizado su hermano, con los mismos síntomas.
No supieron qué tenía
En las fotos, Adriana aparece sonriente, abrazando a sus perros salchicha o esquiando feliz. ¿Qué iba a preocupar a esta veinteañera recién egresada de arquitectura? No un catarro.“La verdad, mi hija no se cuidaba la gripa, se bañaba en la noche y salía luego con pijamita ralita, dejaba la ventana abierta y aquí en el Ajusco hace mucho frío. Cuando se puso mala tenía la ventana abierta, le dio neumonía, no fue la influenza. No sé si la contagiaron en el hospital, no sé que pasó.”Lo dice su mamá, Silvia Vaca, quien quiere hablar de su hija para que todos se enteren de que no murió por la epidemia, con el fin de evitar la marginación, de la que ya fue objeto por unos familiares que no quisieron velarla.Adriana aparece en el registro de muertes por males respiratorios en el Distrito Federal con una acotación: “Neumonía por virus de la influenza”. Su mamá lo niega. Dice que el martes 21 ingresó al hospital privado San José con diagnóstico de neumonía.Un día después de que el gobierno decretó la emergencia, cuando Adriana ya estaba en terapia intensiva, en el hospital les sugirieron que la cambiaran a otro lugar. “Les urgía que la sacáramos de ahí”, dice la señora Silvia. Adriana ingresó al Centro Médico de Especialidades, al quinto piso, cama 514, directo al pabellón para pacientes con influenza. Su familia ya no volvió a verla. Murió en menos de 24 horas, el sábado 25 en la mañana.“Hubo negligencia –acusa–: en el Centro Médico tenían la obligación de hacerle un estudio antes de meterla a donde había influenza. Y en el San José apenas este lunes nos entregaron los estudios que le hicieron para ver si era influenza, y salió negativo. ¿Ya para qué me lo entregan, si ya mi hija murió?” En la nebulosa del diagnóstico y la desconfianza quedó también la familia de Óscar Corona Pérez, un niño de cinco años que se asoma en la foto de su último cumpleaños, mirando su pastel, en la sala de su casa, junto a la cual reposan sus cenizas. Hasta la Semana Santa tuvo fiebre. Un doctor particular le diagnosticó gripe y lo medicó, otro le cambió la receta. El jueves 16 se quejaba tanto del dolor de garganta que sus papás lo llevaron a la clínica 11 del IMSS pero no les permitieron dejarlo porque no tenía fiebre. Lo mismo en la clínica 27.A la mañana siguiente, Óscar entró al hospital La Raza, por Urgencias, vomitaba y se convulsionaba. Le diagnosticaron neumonía, después bronconeumonía, luego que quizá tenía “un virus o una bacterita”.“Desde que lo subieron yo estaba conforme porque le dieron un cuarto solo para él, pensaba que estaba rebién atendido, hasta que después supe que estaba aislado”, dice Marisela Pérez, su mamá. Óscar murió el 24. En el hospital les ordenaron incinerarlo, “para que el virus no fuera a salirse”. Su muerte no está registrada en las estadísticas oficiales. En su acta de defunción, sin embargo, se lee como causa de fallecimiento: “Neumonía por influenza”. “Los doctores me acusaron por negligencia, me dijeron que por qué no lo había vacunado, pero yo sí lo llevé a vacunar en diciembre, pero no le pusieron la vacuna que porque era nomás hasta los dos años”, se defiende ella.
“Se necesitan jabones”
Otros rostros de esta peste moderna son los de los médicos y enfermeras que, a tientas, sin aviso, intuyeron que algo raro había en el ambiente, improvisaron medidas para aislar la avalancha de pacientes con neumonías atípicas y, en algunos casos, dan la pelea para exigir equipamiento especial en sus hospitales. “Pedimos insumos, gogles, cubrebocas, batas, jabón, porque no tenemos”, dijo la fisioterapeuta Adriana, una de las trabajadoras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) que salió a manifestarse a la calle el lunes 27 a mediodía. Atrás de ella, la enfermera Maru Vargas, con 35 años de servicio, se quejó de que llevaba cubrebocas como única protección, a pesar de que atendía a los enfermos de Urgencias.“Todos los pacientes se mezclan –detalla–, desde los que tienen crisis asmática, tuberculosis o influenza. Ahí tienen que esperar hasta que se desalojen las camas.”La influenza antes llamada porcina desnudó ante el mundo las debilidades del sistema de salud mexicano, donde los pacientes tienen que mendigar un turno para una diálisis de riñón, las listas de espera para recibir tratamiento son interminables y cada paciente tiene que llevar sus gasas y bisturís para su operación. Donde los doctores se manifiestan por falta de insumos.“Los médicos sí estábamos preparados para esta contingencia pero todo se atoró en el sistema organizacional: no se dieron órdenes desde las oficinas centrales, apenas se están armando los espacios en los hospitales, no hay un seguimiento epidemiológico para los infectados y sus familias, no se ha armado al equipo de atención médica de cada hospital, no aparece el equipo esencial que teníamos”, lamenta un médico que trabaja en el IMSS y en el ISSSTE, quien está capacitado para el control de epidemias.“Lo único que han hecho bien es avisar a la población y ahora estamos en una lucha contra el tiempo”, opina.Este es el sistema de salud que tienen que enfrentar las personas contagiadas por influenza. El mismo que ganó el concurso del trámite burocrático más inútil y gana en recomendaciones por violación de derechos humanos; en el que se venden los exámenes para residencias médicas; las licitaciones las ganan los amigos de los gobernadores y los compadres ocupan secretarías de salud y direcciones de hospitales.
La nacionalidad de la muerte
¿La influenza respeta la nacionalidad? Si no, ¿por qué los gringos no se mueren? ¿Si Hugo García hubiera enfermado en Estados Unidos se hubiera salvado? La duda es cruel pero real. Después de 20 años en Boston, Hugo regresó a México, se reencontró con Lourdes, su enamorada desde que eran quinceañeros, y hace cinco meses se casaron. A mediados de abril, Hugo se sintió mal: catarro, ojos llorosos, gripe, dolor de cabeza. Aunque era un moreno robusto de 39 años, con cuerpo de toro, el viernes 17 no pudo levantarse. “Seguro tengo esa pinche enfermedad”, dijo aterrado la noche del 23 de abril, cuando vio en la televisión al secretario de Salud, José Ángel Córdova, decretando la emergencia por influenza.“No la agarraste, tú eres fuerte”, intentó tranquilizarlo Lourdes.Al día siguiente, a las ocho de la mañana, él ya hacía fila en el Hospital General de las Comunidades Europeas, en Iztapalapa. A las 11:30 le diagnosticaron pulmonía y le dieron el ingreso.“Lo inyectaron, le pusieron suero, lo tuvieron en una silla porque ya no había lugar en Urgencias, no cabía. Lo sentaron junto a un niño que tenía apendicitis y un señor enfermo de las vías respiratorias”, narra su esposa en la sala donde reza el novenario.A las cuatro horas de espera consiguió una cama. Lourdes estuvo acompañándolo y estuvieron siempre rodeados por otros pacientes. Aunque el secretario había anunciado la epidemia, en el hospital no hubo escudo sanitario y no lo aislaron:“Urgencias estaba lleno, si había 30 camas eran pocas, todos estaban apretados. Había chicas que habían dado a luz y nomás los separaban a todos las cortinas”, dice ella.Los médicos le dijeron a Lourdes que se despidiera de él porque ningún paciente de influenza había sobrevivido. Ella lo abrazó, le dijo que le echara ganas, que iba a recuperase. Pero él falleció el sábado 25. “Estaba calientito mi esposo, lo abracé, lo besé todo, el doctor me dejó estar con él”, dice toda ella hecha lágrimas. Hugo no aparece en la lista de las defunciones por neumonías atípicas ocurridas en el Distrito Federal ese sábado, en el que murieron 15 personas, tres de ellas jóvenes y sin historial de enfermedades.Lourdes recibió el cuerpo del hombre que fue su chambelán de 15 años y con quien dio una fugaz probada a la vida en pareja. Iba a velarlo y enterrarlo en domingo, pero un amigo le aconsejó que lo enterrara de inmediato.El lunes le detectaron pulmonía a ella y le recetaron un antiviral inexistente en farmacias. Su familia solicitó ayuda a amigos de Puebla, Veracruz, Querétaro y Quintana Roo para pescar el medicamento, pero no hubo. Pensaban que ella también moriría, hasta que un funcionario del gobierno capitalino los orientó para que pidieran el fármaco al Seguro Social.Ella, su mamá, sus hermanos y sus sobrinos fueron sometidos a exámenes; no les hallaron rastros de influenza.“No tenemos el bicho”, dice su hermana con la convicción de quien quiere ser escuchada por los vecinos, que tratan a su familia como si estuviera apestada.“Piensan que tenemos la enfermedad. Nadie nos quiere hablar. El otro día que venía del médico me sentí como esos perros echados a perder, una vecina me cerró la puerta”, dice la abuela.Hugo sospechaba que lo había contagiado un muchacho de Texas enfermo, que les estornudó en la cara a él y a un amigo en un tianguis. Ambos compartieron agua con él y contrajeron gripe. Lourdes no alberga el virus pero tiene encapsulado el coraje: “Las autoridades hubieran avisado antes, a lo mejor no con la alarma con la que suspendieron clases, sino más tranquilo, días antes. Con que hubieran dicho que había ese riesgo hubiéramos tomado conciencia”.La foto de Hugo, bienamado, envuelto en el dibujo de un corazón, está en el altar improvisado en casa de su suegra. Él se fue suspirando por la vida que llevaba en Boston, como chofer de limusina. Ella recuerda que en el hospital de Iztapalapa, en el tumulto, él comenzó a extrañar Boston. “Me decía que la vida allá era diferente, que allá todos tienen seguridad social, que vas al hospital, te atienden, tienen máquinas y médicos. Estaba enojado. Decía: ‘pinche país, namás vine a morirme. Me arrepiento de haberme quedado’”.