Mostrando las entradas con la etiqueta corrupcion PRI. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta corrupcion PRI. Mostrar todas las entradas
domingo, septiembre 22, 2013
El cerco al Zócalo, a petición de autoridades federales: Mancera
* Solicitaron mantener las vallas para el funcionamiento del centro de acopio, detalla
* El jefe de Gobierno afirma que tiene contacto con Morena para adecuar la ruta y la llegada de la marcha convocada por AMLO para el domingo
* Descarta que se afecte la vida en el centro
Respecto a la marcha que encabezará Andrés Manuel López Obrador en defensa del petróleo, anunciada para el domingo 22 de septiembre del Ángel de la Independencia al Zócalo, el mandatario señaló que se mantiene en contacto con el equipo del dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y que en todo caso lo que se debe hacer es adecuar la ruta y la llegada de la manifestación, ya que, aseguró, nosotros estaremos pendientes de respetar los derechos de todos. Alejandro Cruz Flores / La Jornada / Sábado 21 de septiembre de 2013 (más…)
jueves, julio 11, 2013
miércoles, julio 10, 2013
Elecciones costosas en las que nadie vota, ¿democracia?
(10 de julio, 2013).- En las pasadas
elecciones, más de la mitad de las personas registradas en el padrón
electoral en México no salieron a votar. El abstencionismo electoral se
dejó ver en los 14 estados de la República en los cuales se eligieron
representantes populares, para los congresos locales, ayuntamientos y en
el caso de un estado, gobernador.
En promedio, sólo un 48 por ciento de la
ciudadanía emitió su voto el pasado 7 de julio, 4 puntos porcentuales
menos que en las elecciones del 2010, donde hubo una participación
ciudadana de alrededor del 52 por ciento.
En el estado en el que más participaron
los votantes fue en Durango, donde un 60 por ciento de la población
salió a emitir su voto en las elecciones para los ayuntamientos. Luego,
le sigue el estado de Zacatecas en el que un 57 por ciento de la
ciudadanía salió a votar.
El estado que menos participación tuvo
fue Quintana Roo, en el cual únicamente el 32 por ciento emitió su voto.
La segunda entidad con el porcentaje de abstencionismo electoral más
alto fue Chihuahua que tuvo una participación ciudadana de 36 por
ciento, seguido de Baja California con el 39.4 por ciento.
La participación ciudadana en Sinaloa
descendió en más de 10 puntos porcentuales con respecto a las elecciones
de 2010, donde el 58.3 por ciento emitió su voto a diferencia del 46.9
por ciento en los recientes comicios electorales.
El mismo fenómeno ocurrió en Veracruz,
donde el 48.8 por ciento de la ciudadanía emitió su voto a diferencia de
las pasadas elecciones donde el 59.3 por ciento acudió a las urnas.
Aunado al abstencionismo, también se
puede observar que en esta elección la población incluso postuló a
candidatos no humanos para que compitieran por un espacio como
representantes ciudadanos.
El más popular fue el Canadigato Morris,
cuya campaña aseguraba que “Ante la cantidad de ratas que acechan esos
puestos solo un gato podrá poner orden. El candigato no promete nada más
que los demás candidatos: Descansar y retozar”.
Un grupo de jóvenes inició una campaña
por este gato, que en un mes se dio a conocer a nivel nacional. A pesar
de ser un candidato a la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz, su
campaña llegó a los 14 estados de la república que tuvieron elecciones.
El equipo de trabajo del gato señaló que se emitieron votos por Morris,
en el espacio en las boletas destinado a candidatos no registrados en
todos estos estados.
Otro animal que participó en las
elecciones fue el Burro Chon, el cual compitió por la presidencia
municipal de Ciudad Juárez, con el lema de campaña “es mejor tener un
burro presidente, que un presidente burro”.
Puebla y Oaxaca no se quedaron atrás en las candidaturas animales: candigata Maya y el CANdidato Titán, respectivamente.
Por otra parte, también dio inicio a su
campaña la “Gallina Tina”, que aunque no participó en estas elecciones,
ya tiene a un equipo de trabajo que la postulará para las elecciones
para el ayuntamiento de Tepic, Nayarit, en el año 2014.
El doctor en derecho Jaime Cárdenas
señaló que el surgimiento de animales como candidatos ficticios a una
elección de esta envergadura es una señal del hartazgo de la población
de los políticos y la falta de credibilidad en las instituciones.
“Esta es la manera que ha encontrado la
ciudadanía para demostrar su inconformidad con las elecciones y las
instituciones del país”, señaló Cárdenas, ex Consejero del Instituto
Federal Electoral, a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
En este mismo sentido, podemos mencionar que, únicamente en el sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares,
se gastaron 75.8 millones de pesos en 8 estados. En el caso de
Veracruz, que gastó 22 millones de pesos en dicho sistema, tuvo una
falla a las 22 horas del domingo 7 de julio, cuando se cayó el sistema
por más de 40 minutos. En el caso de Baja California, en el que se
invirtió 5.2 millones, tuvo tantas fallas que el mismo Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado desconoció.
El Instituto Federal Electoral señaló
que el presupuesto destinado a las elecciones de este año fue de 11 mil
19 millones 800 mil pesos: siete mil 277 millones de pesos para el
gasto de operación y tres mil 742 millones 800 mil pesos para el financiamiento público a los partidos políticos.
En los comicios electorales del año 2013
en México más de la mitad de la población inscrita en el padrón
electoral no salió a votar.
Los dos Miguel Ángel: el pobre y el amigo de Peña Nieto
(10de julio, 2013).- Miguel Ángel tiene
49 años y es padre de tres hijos; vive en el Estado de México a pesar de
haber nacido y trabajado toda su vida en el Distrito Federal. En muchas
ocasiones no puede regresar a dormir a su casa –con su esposa e hijos–
pues su día laboral arranca a las 8 de la mañana y algunas veces
termina a las 3 de la madrugada.
Miguel Ángel también tiene 49 años y es
padre de dos hijos. Actualmente vive en el Distrito Federal, aunque es
originario de Hidalgo. Es muy probable que en ocasiones tampoco regrese a
dormir a su casa por las responsabilidades que tiene en su trabajo.
Sin embargo, a pesar de las similitudes
que pareciera que existen entre estas dos personas del mismo nombre,
edad y sexo, la brecha que los separa es gigantesca: el primero gana 3
mil 600 pesos al mes y el segundo 145 mil 200 en el mismo periodo de
tiempo.
El segundo gana 40 veces más que su
homólogo, tiene prestaciones de ley que le cubren gastos médicos
mayores, seguro de vida, caja de ahorro que le duplica la cantidad
juntada, le dan un monto mensual para un vehículo, le pagan 4 equipos
celulares, tiene vacaciones pagadas y aguinaldo, entre muchas otras
ventajas laborales.
La diferencia es que el primer Miguel
Ángel es mesero y el segundo es Secretario de Gobernación y ha sido
político durante toda su vida.
La vida de élite del gabinete de Peña Nieto
El gobierno de la República gasta en la
nómina del gabinete y gabinete ampliado de Enrique Peña Nieto 5 millones
275 mil 177 pesos mensuales en un equipo que no rebasa las 26 personas,
incluyendo al presidente.
Ese gasto contrasta con el de los 3.7
millones de mexicanos que ganan menos de un salario mínimo al día, que
equivale a cerca de mil 680 pesos mensuales.
Es decir, un secretario de Estado del
gobierno mexicano gana 86 salarios mínimos al mes, lo cual significa que
son parte de esa élite mexicana de un millón 800 mil personas en el
país que perciben más de 10 salarios mínimos al día.
El sueldo o salario original de éstos
funcionarios es de 32 mil 800 pesos, a lo cual se le suma una
compensación garantizada de 172 mil 308 pesos, que da como total 205 mil
122 pesos mensuales, a parte de las prestaciones de ley. Por lo tanto,
después de los descuentos respectivos de impuestos y prestaciones, a un
secretario de estado le quedan 145 mil pesos al mes.
Dentro de estas prestaciones se
encuentran beneficios como un seguro que puede ascender a 68 meses de
percepción bruta, lo cual equivale a 13 millones 948 mil pesos,
aproximadamente. También cuenta con un seguro de gastos médicos mayores
que es la suma de 333 salarios mínimos mensuales, es decir
aproximadamente 350 mil pesos mensuales.
Asimismo, cuentan con un beneficio que
se denomina Separación Individualizada mediante el cual el servidor
público puede aportar el 2, 4, 5 o 10 por ciento de su percepción
ordinaria bruta mensual y el gobierno federal aportará el mismo monto
para un fondo que le será dado cuando se separe del puesto.
Cuenta con 20 días de vacaciones
divididas en dos periodos, para lo cual se le otorgará una prima
vacacional del 50 por ciento de sueldo de 10 días y también cuenta con
primas de antigüedad que varían de 46 a 136 pesos mensuales. Asimismo,
también tiene acceso a pagas de defunción que equivalen a hasta 4 meses
de la percepción ordinaria mensual, o sea 580 mil pesos y un vale de
despensa por 77 pesos.
El gobierno federal realiza las debidas
aportaciones de su trabajador al ISSTE, FOVISTE y SAR. Esta última es
una aportación extra para la cesantía y vejez sobre el sueldo básico de
cotización.
Y por último, lo apoyan económicamente
con 11 mil 460 pesos cada mes para un vehículo y le proporcionan 4
celulares con un monto máximo asignado de hasta 10 mil pesos al mes.
Leer mas AQUI.
miércoles, julio 03, 2013
Los empeños de Peña y los impactos del Pacto
Ing. Javier Jiménez Espriú
* Deberá haber un diálogo abierto con toda la Sociedad, no en lo oscurito ni en reuniones cupulares blindadas, para este asunto de la mayor trascendencia.
La vorágine de declaraciones de toda índole suscitada por las del Presidente Peña Nieto en su visita al Grupo de los 8, con relación a la participación de la iniciativa privada en el sector energético, que la Constitución reserva en exclusiva al Estado, me llevó a escribir en un twitter: “Mexicanos, revisen los nombres de quienes apoyan la Reforma Energética de EPN. ¿Hay uno sólo que les inspire confianza? ¿Quién?”.
Frente a los múltiples nadie, ninguno, none, recibidos como respuesta, no aparece nombre alguno y eso que mi pregunta fue anterior al artículo del inefable ex Presidente del PAN, Germán Martínez, paradigma de la reacción y hoy corifeo del Presidente, que en su título pregunta: “Privatizar Pemex ¿por qué no?, en el que pide que ya se dejen de “modernizaciones”, ”fortalecimientos”, “ampliaciones de capacidad” u otros “eufemismos” y se hable claro de lo que claro es: Privatizar.
(más…)
México cuenta con mano super preparada
México es un país que ha desarrollado gran capacidad para la producción y refinación petrolera. Las primeras refinerías datan del siglo XIX: en 1887 se refinaba petróleo en Villa Cecilia y en Pueblo Viejo, hoy Ciudad Madero, Tamaulipas.
Hemos tenido la capacidad de
desarrollar nuestra industria. Los grandes descubrimientos de
yacimientos petroleros en Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí fueron
descubiertos por el ingeniero mexicano Ezequiel Ordoñez.
A partir de 1901 los trabajadores
mexicanos comenzaron a explotar el petróleo en El Ébano, San Luis
Potosí, pero esa gran riqueza sólo era aprovechada por la Mexican
Petroleum Company y la Huasteca Petroleum Company. A los trabajadores
sólo les tocaba la explotación y el maltrato. A Doheny le apodaban el Cruel.
A los pobladores se les despojaba de sus tierras, dividían sus
comunidades, asesinaban a sus familias. Novelas como La rosa blanca, de
Bruno Traven, y México negro, de Francisco Martín Moreno, se refieren a esta amarga historia.
Los trabajadores mexicanos construían
refinerías y oleoductos, y al final de la obra eran despedidos. En 1908
se estableció una nueva refinería en Minatitlán, Veracruz. En 1915, La
Huasteca Petroleum Co construyó una nueva refinería en Mata Redonda,
Veracruz, con capacidad de 75 mil barriles diarios.
Los petroleros que enfrentaban una
cruel situación laboral convirtieron a las ciudades de Veracruz y
Tampico en baluartes de la organización. Las refinerías se convirtieron
en semilleros de lucha sindical: para sus actividades necesitaban
electricistas, soldadores, mecánicos, fogoneros, técnicos y
trabajadores calificados como perforadores, medidores, probadores,
mayordomos. Para el funcionamiento de las refinerías se les daba planta a
los trabajadores, lo que les permitió organizarse. En Tampico ya había
organizaciones de ferrocarrileros, electricistas, alijadores y panaderos
que influyeron en sus compañeros.
El ingeniero mexicano Ezequiel Ordoñez
y su cuadrilla de perforación descubrieron en 1916 el espectacular pozo
Cerro Azul Número 4, en Veracruz, uno de los mantos más productivos a
nivel mundial; obtuvo una producción, al 31 de diciembre de 1921, de
poco más de 57 millones de barriles. Pero toda la ganancia fue para la
Huasteca Petroleum. Las utilidades, para los extranjeros; el trabajo,
para los mexicanos.
Las condiciones laborales eran
terribles: jornadas de 12 a 16 horas; empleo precario, sin descansos ni
prestaciones. Los petroleros comenzaron a organizarse en mutualidades,
uniones y fraternidades. En la segunda década comenzaron a organizar
sindicatos de oficio. Los petroleros se organizaron principalmente en
Veracruz y Tampico.
En 1915 había llegado la Casa del
Obrero Mundial a Tampico. Influyó en los trabajadores petroleros de la
Huasteca Petroleum y del Águila; entre los electricistas del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME); entre alijadores y estibadores. Los
trabajadores exigían jornadas de 8 horas, 1 día de descanso semanal,
servicio médico, respeto al escalafón, reparto de utilidades, una tienda
de abasto barata. La negativa de las empresas a garantizar los mínimos
derechos de los trabajadores llevó al estallido de huelgas en 1917 y en
1919. Ese año los Trabajadores Unidos de La Pierce que habían formado un
Sindicato de Empresa estallaron la huelga por 1 mes, que fue reprimida
brutalmente: varios trabajadores fueron asesinados y 18 fueron enviados a
las Islas Marías.
En 1919 comenzó la construcción de
cuatro plantas refinadoras en las inmediaciones de Puerto Lobos,
localizado en la Laguna de Tamiahua, Veracruz. Su propósito fue la
exportación de productos refinados. Texas Co construyó en Agua Dulce,
Veracruz, una refinería con capacidad de 9 mil 500 barriles diarios.
Para 1920 existían en México 80
compañías petroleras productoras y 17 exportadoras, cuyo capital estaba
integrado en un 91.5 por ciento por empresas anglo-estadunidenses. La
refinación se multiplicaba rápidamente. En mayo iniciaron las
operaciones de la refinería La Atlántica, propiedad de la Compañía de
Petróleo Atlántica, con una capacidad de 20 mil barriles diarios.
El 27 de agosto la empresa Continental
Mexican Petroleum Co fue autorizada para construir una refinería en
Pueblo Viejo, Ozuluama, Veracruz, con capacidad de 10 mil barriles
diarios.
Para 1920, México ya era el segundo
productor mundial de petróleo, gracias a yacimientos como el Faja de
Oro, ubicado en los estados de Veracruz y Tamaulipas. Se producían casi
200 millones de barriles anuales. En 1923 se obtuvo el nivel más alto de
producción de petróleo crudo en la época previa a la expropiación de
1938, equivalente a 530 mil barriles diarios. Comenzaron a operar
refinerías en Tamiahua, Veracruz; Doña Cecilia (hoy Ciudad Madero), y en
Tampico, Tamaulipas.
Las empresas extranjeras eran
depredadoras, sobreexplotaban los mantos, no invertían en exploración ni
daban mantenimiento a las instalaciones. Tras el boom de la década de 1920, la producción petrolera llegó a un mínimo histórico de 31 millones en 1933.
Mientras la situación de los
trabajadores no mejoraba, la organización sindical iba en ascenso. En
1923 se fundó un sindicato de empresa en El Águila, en Ciudad Madero. El
proceso de unificación fue complejo y las empresas extranjeras
alimentaban divisiones entre los trabajadores. En 1932 ocurrieron
enfrentamientos entre sindicatos de la empresa El Águila. La unión de
los trabajadores era clave para conseguir sus intereses.
Para ese año operaban 14 refinerías en
México en Mata Redonda, Madero, Tuxpan, Tampico, Agua Dulce,
Minatitlán, Árbol Grande, dos en Tampico, Tamiahua, Oxuluama, dos en
Puerto Lobos y en El Ébano.
Los obreros iban desarrollando sus
capacidades y realizando obras cada vez más complejas. En 1927 los
trabajadores mexicanos construyeron el primer gasoducto de la República,
que va de Cerro Azul a Mata Redonda, donde el gas natural era utilizado
como combustible para ser aprovechado por la Huasteca Petroleum.
En 1933 la Compañía Petrolera El
Águila inauguró la refinería de Azcapotzalco con una capacidad de 7 mil
500 barriles diarios, abastecida a través del oleoducto de Tampico. En
1934 se organizó la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la
Industria del Petróleo y Derivados en Puerto México, Veracruz: un paso
hacia la unidad de los trabajadores. Ese mismo año nació Petróleos de
México, AC, como encargada de fomentar la inversión nacional en la
industria petrolera. Y, por otro lado, se expidió un decreto que
ampliaba la franja costera hasta 100 kilómetros, con lo que se preveía
futuras exploraciones petroleras. La compañía, abreviado su nombre a
Petromex, recibió una pequeña planta de refinación primaria localizada
en Bellavista, en el margen derecho del río Pánuco.
Hubo un proceso unitario en apoyo a la huelga de 1934, de los petroleros
que exigían mejores salarios, séptimo día, jubilación, vacaciones,
vivienda. Al movimiento se integraron los petroleros de Minatitlán, Agua
Dulce, las Choapas, Nanchital, Cuchiapan, Coatzacoalcos y Francisca.
Ganaron el descanso en séptimo día pero fueron reprimidos por no
levantar la huelga cuando lo dispuso el gobierno de Abelardo Rodríguez, y
a los dirigentes los mandaron presos a las Islas Marías. En 1935
estallaron huelgas en la Huasteca Petroleum Co, en solidaridad con los
del Águila. Lograron reinstalar 14 trabajadores gracias a una huelga
general en Tampico.
lunes, julio 01, 2013
domingo, junio 30, 2013
La Cruzada Nacional contra el Hambre, strategia mediática.
La Cruzada Nacional contra el Hambre, la inflada “estrategia social”
compuesta por 70 programas que se aplicarían en 400 municipios para
combatir la pobreza extrema y la alimentaria, se halla entrampada en la
demagogia, el caos y la parálisis, motivos por los cuales se redujo en
su etapa inicial a sólo 80 demarcaciones en 20 estados. La razón
oficial: problemas técnicos y de coordinación. La verdadera: sólo
concentrándose en un puñado de poblaciones el gobierno federal podrá
ofrecer algunos resultados para engrosar el primer informe del
presidente Peña Nieto.
Como primera maniobra, el número de municipios que se atenderá en la primera fase se redujo de 400 a 80, la mayoría pequeños y rurales, donde se instalarán tiendas Diconsa, lecherías Liconsa y comedores escolares, además de entregar suplementos alimenticios de la Secretaría de Salud para obtener resultados rápidos.
Las acciones en los 80 municipios elegidos como “prioritarios” con miras al informe de Enrique Peña Nieto impactarán en las condiciones de vida de 364 mil 901 personas que viven en pobreza extrema y padecen hambre, una cifra muy alejada de los 7.4 millones de personas que eran la meta inicial para esa etapa.
A seis meses de iniciado el gobierno federal priista, la polémica cruzada, también conocida como Sin Hambre, ha sido más mediática que real, debido a su ambiciosa estrategia publicitaria, los escándalos electorales en que se ha involucrado y la inclusión de compañías trasnacionales. Sin embargo, todavía no tiene efecto entre los mexicanos más pobres, pues sólo ha sido aplicada en dos puntos del estado de Guerrero: la colonia Simón Bolívar de Acapulco y el municipio Mártir de Cuilapan, elegidos para la prueba piloto.
Ni siquiera en las demarcaciones donde la titular de la secretaría, Rosario Robles, ha organizado eventos de la Cruzada Nacional contra el Hambre ha comenzado a paliarse la desnutrición. Por ejemplo, el secretario municipal de Amatenango del Valle, Chiapas, Juan Gómez Díaz, informa en entrevista telefónica: “Acá todavía los promotores van a empezar a hacer los censos (de beneficiarios). A lo mucho Liconsa puso tienda y están entregando tarjetas para que la gente del programa pueda comprar leche”.
El comité ciudadano que planearía junto al gobierno las obras aún no existe.
Desde Mezquitic, en la zona wixárika de Jalisco, Misael Marcos López, secretario particular del alcalde, informa que la semana pasada firmaron un convenio con la titular de Sedesol y dos semanas antes habían firmado un preconvenio “de avanzada” con la delegada. Todavía no crean comité alguno.
“Diconsa y Liconsa están creando el padrón para que los habitantes tengan derecho a la leche. (…) Ya se va a abrir una estancia infantil en una casa que se acondicionó hace como un mes”, indica López a Proceso.
Tanto los funcionarios enviados por Robles a los estados como los documentos de la Sedesol se limitan a mencionar acciones en los 80 municipios seleccionados en 20 entidades, entre ellas Coahuila y Guanajuato. Tres son urbanos: Cuernavaca, Aguascalientes y Tecomán, cuyos niveles de miseria no son tan altos como para estar entre los prioritarios.
Un municipio elegido para la primera etapa, Santa Ana Ateixtlahuaca, en Oaxaca, cuenta con un censo de 156 personas en pobreza extrema y desnutrición; en Cuernavaca hay 8 mil 55.
El 17 de mayo pasado el portal de noticias nortedigital publicó que en Chihuahua, donde se dará prioridad a los municipios de Guadalupe y Calvo y Morelos entre los seis primeros del programa, la directora nacional del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Liliana Romero, explicó en una reunión privada:
“La meta es que en el próximo mes de septiembre el presidente Peña Nieto pueda decir ante el Congreso de la Unión que (en los 80 municipios iniciales) se han generado las condiciones para que en determinado tiempo cambien los indicadores que hoy se atacan”,
“Problemas técnicos”
Funcionarios de la Sedesol admiten que será hasta el próximo año cuando empiece a perfilarse la cruzada con programas a la medida, padrones establecidos, comités comunitarios organizados y presupuesto etiquetado, pues este año está en una fase que denominan “reforma institucional de la política social”.
Explican que los beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a estas alturas del año, deben recibir los programas inerciales como Oportunidades, así como el abasto de Liconsa y Diconsa, más los suplementos alimenticios. Los programas productivos aún tienen abiertas sus convocatorias para quienes quieran concursarlos y las obras están en fase de diseño.
Durante estos seis meses la estrategia ha enfrentado problemas técnicos que han puesto a prueba su diseño. Se topó con que los 70 programas seleccionados para operar en los 400 municipios no tenían presupuesto adicional para su nueva misión, mantenían reglas de operación muchas veces incompatibles con la cruzada y sus mismos padrones. Sólo Liconsa y 65 y Más pudieron ampliar su base de beneficiarios.
“A partir de junio tendremos conformadas todas las instancias (porque además hay comités intersecretariales, municipales y estatales), o sea, la nueva institucionalidad estará en junio, los programas con reformas ya los estamos aplicando y los nuevos programas ya vendrán en el presupuesto que viene”, señala Omar Garfias, secretario técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En entrevista menciona que durante estos meses se han dedicado a crear la “institucionalidad adecuada” para coordinar los 70 programas y crear una estructura federalista que se coordine con los estados, un comité de expertos, así como un consejo nacional de organizaciones sociales, mecanismos de evaluación y esquemas de participación comunitaria.
“Encontramos programas dispersos, sin estrategia, sin acudir a campo. No se llegaba a quienes debía llegarse ni se atendía toda la problemática integral; había duplicidad de beneficiarios y beneficiarios profesionales que recibían siempre”, justifica el funcionario, quien trabajó en Sedesol en el sexenio de Ernesto Zedillo, bajo el mando del priista Carlos Jarque, y posteriormente en secretarías de Sinaloa y Oaxaca.
Cuando se le cuestiona sobre la preselección de 80 municipios, niega que las acciones sólo cubran a éstos y explica que si los cuentan por separado es porque “son los que más van avanzando”. Estima que 170 municipios deben tener acciones reportadas.
Y al preguntarle si hubo un retraso dice que la cruzada tiene trazadas sus metas y seguir indicadores, pero no es “una estructura autoritaria, centralista y monolítica” que determine desde un escritorio del Distrito Federal la vida de los municipios, por lo que está en interacción con la gente, en fase de construcción de soluciones para cada municipio. “Las circunstancias especiales modifican los calendarios”, resume.
“El 23 de mayo entramos en un impasse por la veda electoral porque en 14 estados no podemos hacer ningún trabajo de acercamiento a la comunidad; hasta julio no habrá acciones”, agrega.
Según diversas fuentes consultadas, el dinero que la Secretaría de Hacienda destina a estados y municipios tampoco ha bajado de las cuentas concentradoras. Esto significa que la economía que depende del gobierno federal está paralizada.
“A estas fechas, en otros años, Conafor ya habría acabado su ejercicio y Sedesol tendría la mitad de su gasto ejercido, con excepción de Oportunidades. Actualmente no lleva ni 10%, ni han entregado resultados de Opciones Productivas ni de Coinversión Social, y lo mismo está ocurriendo en Semarnat, Sagarpa y Sedatu”, comenta extraoficialmente un funcionario.
Con miras al informe
Un documento interno de la Sedesol titulado “Criterios para definir la condición de bandera blanca en los 80 municipios prioritarios. Ruta crítica”, ubicado en el portal de la dependencia, establece que el reto de ésta es legitimar ante la opinión pública los resultados de la cruzada.
En los cuadros sinópticos que detallan la ruta se contemplan acciones a partir de mayo. Las indicaciones cortan en septiembre, donde se lee: “Informe presidencial reportando resultados en los 80 municipios”. No se proyectan obras para después.
Del documento se desprende que, de mayo a agosto, la meta de Sedesol es abrir 30 tiendas Diconsa y 100 nuevas lecherías Liconsa, proveer 18 mil 582 desayunos escolares en primarias focalizadas, medir talla y peso a 66 mil 756 menores de 11 años, dar suplementos alimenticios a 30 mil 511 infantes y a un número desconocido de madres lactantes y de mujeres embarazadas, así como impartir orientación nutricional a 100 mil familias.
El término “bandera blanca” fue acuñado en la Sedesol en tiempos de Josefina Vázquez Mota para señalar que se completó la meta por la suma de varias acciones.
En otro documento (“Guía de acciones que se desarrollarán para la implementación de la cruzada”) se admite que una de las “instrucciones presidenciales de la reunión de gabinete celebrada el 21 de marzo” fue “hacer levantamiento de banderas blancas en un mínimo de 80 municipios en este año, incluyendo aquéllos más emblemáticos que siempre han estado relacionados con la pobreza”.
De hecho, la suspensión de la cruzada en el Distrito Federal por las acusaciones de los delegados de que era usada electoralmente, descargó a la Sedesol de la presión de hacer un barrido calle por calle, casa por casa, para ubicar y empadronar en las cuatro delegaciones seleccionadas a las 100 mil personas que las estadísticas mencionan dentro de la pobreza extrema y que padecen hambre.
Peña Nieto lanzó su estrategia social con un dato engañoso: la muerte por hambre de 11 mil personas en México en 2011.
Proceso solicitó conocer el origen de esa información, a través de la ley de transparencia. En su respuesta, la Sedesol dijo desconocerlo y la Presidencia de la República remitió a un documento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que no incluye esa cifra, y a otro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual establece que en 2011murieron 8 mil personas por deficiencias nutricionales; 3 mil menos de las indicadas por Peña Nieto.
“La mayoría de estas 11 mil muertes son de ancianos que por su condición fisiológica o por patologías agregadas se desnutren, no tanto por falta de comida. Pero hay un número muy grande que estimamos matemáticamente como de 10 mil niños que mueren, la mayoría en zonas rurales indígenas pobres que ni siquiera aparecen en el Registro Civil, que no las podemos contar pero ocurren”, dice a Proceso el investigador del Instituto Nacional de Nutrición Abelardo Ávila.
Sin embargo, al ser consultado Omar Garfias sobre este dato muestra una ficha que le envió el Instituto Nacional de Salud Pública. En ella se le informa que las muertes por deficiencias nutricionales en 2011 fueron menos de 6 mil. Admite que la mayoría eran ancianos y no precisamente carentes de alimentos.
En poco tiempo, la estrategia contra el hambre enfrentó cuestionamientos después de que el PAN presentó las pruebas del desvío de recursos sociales en Boca del Río, Veracruz, en el que estuvieron involucrados funcionarios de la Sedesol.
Posteriormente el presidente del PRD, Jesús Zambrano, señaló que 25 delegados de la dependencia han sido operadores electorales priistas y el senador Alejandro Encinas, del mismo partido, denunció en un documento que varios municipios elegidos para aplicar Sin Hambre son botines electorales, por lo que rebautizó la estrategia como la “cruzada por los votos”.
Al mismo tiempo estalló el escándalo por la firma de convenios de colaboración con trasnacionales como PepsiCo y Nestlé, acusadas por organizaciones como El Poder del Consumidor de ser responsables de los altos índices de obesidad y la mala nutrición de los mexicanos.
Robles defendió la participación de esos corporativos explicando que el primero iba a desarrollar una galleta de avena que ayudaría a “solucionar las necesidades nutricionales” y la segunda impartiría capacitación a 15 mil mujeres para que se conviertan en microempresarias culinarias y que ayudaría a empoderar a productores.
Sin embargo, los convenios firmados reflejan otras aristas; por ejemplo, que ambas firmas recibirán “subsidios federales” por sus aportaciones.
El acuerdo es que Nestlé imparta cursos a mujeres para que se conviertan en vendedoras de postres (como brownies o helados de chocolate), a quienes regalará paquetes con productos de la empresa.
Además, realizará un proyecto productivo en San Luis Acatlán, Guerrero, justamente una comunidad que –según reportó el 7 de mayo Matilde Pérez en La Jornada– recibe la producción de 10 mil 500 cafeticultores de la región guerrerense de La Montaña, quienes al estar en desventaja por los bajos precios con que Nestlé compra su grano ahora dependen de la trasnacional.
“El comprador de Nestlé en Guerrero paga 80 dólares o menos por 100 libras (unos 45.3 kilogramos) de café natural, mientras en el mercado internacional el precio es de 135 dólares”, publicó el diario.
Tras el escándalo, la secretaria no mencionó más el convenio que se iba a firmar o se firmó con Walmart.
El pasado 19 de abril, en Chiapas, Robles dijo en su discurso frente a Peña Nieto y el expresidente brasileño Lula Da Silva que ya había iniciado el proceso de capacitación de 500 mil mujeres y el trabajo en los 400 municipios.
Presidentes municipales como Andrés Balleza, de Guachochi, Chihuahua, dicen lo contrario: “No ha llegado nada todavía de los programas federales; el comentario es que habría que esperar hasta que se resuelva lo de las elecciones de julio y seguimos sin nada”.
sábado, junio 29, 2013
Ricardo Monreal – Nos movilizaremos contra la privatización – #MORENA
Conferencia de Prensa del Dip. Ricardo Monreal donde expresa que, nos movilizaremos contra la privatización, porque si se entrega Pemex, no hay nada qué hacer en este país.
México. “Borracho de cantina” y senador “como tapete”
Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
Un buen servicio le presta Jesús Zambrano a Enrique Peña, fuera del Pacto por México, con motivo de la invitación que le hizo el otrora jefe de Gobierno del Distrito Federal al titular del Ejecutivo, para sostener un debate en torno a la reforma constitucional petrolera que ofreció al Grupo de los Ocho, para el próximo martes a las 20 horas.
Peña Nieto ni siquiera se molestó en responderle a Ebrard Casaubon la respetuosa invitación, en la que incluso pondera “salvo que usted considere que su partido puede salir afectado por el periodo electoral inmediato”.
Mas el presidente del Partido de la Revolución Democrática se fue con todo contra su jefe institucional por unos días en diciembre de 2006 en el GDF, sólo porque Marcelo Ebrard dijo al diario El Universal “hay una sombra de desconfianza” en Zambrano Grijalva, porque “sistemáticamente niega” que exista algún acuerdo en materia petrolera.
(más…)
martes, marzo 26, 2013
183 mil millones de pesos para Repsol, cortesía de Peña y Calderón. ¡Despierten!
He aqui la causal por la que subiran las tarifas electicas en todo el pais.....
FOTO
lunes, marzo 25, 2013
Instituto Electoral de Chihuahua gastó 1 mdp en campaña promocional con Aracely Arámbula
Instituto Electoral de Chihuahua gastó 1 mdp en campaña promocional con Aracely Arámbula | Animal Político: El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua pagó un millón de pesos a la actriz Aracely Arámbula por ser la imagen de cinco spots en los que se promueve el voto para las elecciones estatales del próximo 7 de julio, informó Enrique Rodríguez, titular de Comunicación Social del órgano electoral.
“Leonardo Arámbula, hermano y representante de Aracely, nos puso en contacto con todo un profesional equipo de producción conformado por extras, cámaras, directores de escena y otros colaboradores para efectuar llamados al voto, cuyo costo hubiera sido muy superior con otros actores“, comentó Rodríguez, quien dijo que la colaboración de la actriz se dio en la mejor disposición de apoyar al estado.
En los spots, Arámbula (@a_arambula) invita a sus paisanos de Chihuahua a tener lista su credencial de elector para emitir su voto en las elecciones estatales
LEER MAS
Gobernador de Chihuahua y familia controlan todo
Gobernador de Chihuahua y familia controlan todo: Gobierno, universidades, Tribunal y partidos: PAN
Por: Marco Antonio Martínez 25 de marzo de 2013 Ciudad de
México, 25 de marzo. (Sinembargo).- El Gobernador priista de Chihuahua,
César Duarte, busca ser el gran elector y controlar todo. No sólo en su
partido, sino incluso en otros partidos, asegura Mario Vázquez Robles,
presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional
(PAN) [...]
Golpe judicial a Versini, la “ex” de Arturo Montiel
Un juez federal de Toluca resuelve que es “ilegal” el
fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Edomex, que
obligaba al ex gobernador de esa entidad a devolver a tres menores a su
madre, la francesa Maude Versini. Redacción AN TOLUCA, Estado de
México.- El ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel
Rojas (1999-2005) [...]
sábado, marzo 23, 2013
Verdades, engaños y peligros
Presentada como una especie de solución final a la concentración monopólica del sector de telecomunicaciones, la iniciativa de reforma a la ley correspondiente aborda los temas adecuados, pero especialistas y analistas coinciden en que contiene trampas que pueden revertir la autonomía del Ifetel, pondrán a sus comisionados en riesgo de captura, favorecerán al monopolio televisivo y crearán nuevas inercias políticas en la asignación y refrendo de las concesiones.
Advierten que por primera vez se incorporan a los artículos 6 y 7 de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de la “publicidad integrada” y también el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho universal.
En las reformas a los artículos 27 y 28 se establece la conformación de un organismo autónomo que le quitará al Ejecutivo federal la discrecionalidad en el otorgamiento y refrendo de concesiones.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto lo presumió así en la presentación de la iniciativa, el lunes 11 en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, ante una audiencia complaciente, con la destacada ausencia de los concesionarios y el optimismo desbordado de quienes desde entonces consideran que ya se concretó la democratización de los medios electrónicos.
“El Ejecutivo federal ya no será quien otorgue las concesiones y permisos. Las decisiones en esta materia serán técnicas y no políticas”, proclamó Peña Nieto al presentar la iniciativa que será discutida y puede ser aprobada fast track en ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, observadores y analistas consultados por Proceso advierten en este postulado la primera trampa de la reforma: el Ejecutivo federal no renuncia a la posibilidad de intervenir en el otorgamiento, refrendo y revocación de las concesiones. Por el contrario, se convierte en la “primera ventanilla” para el nuevo mecanismo.
El texto de la reforma al artículo 28 constitucional prescribe que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el nuevo organismo autónomo, “previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal”, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Para el senador panista Javier Corral, que apoya los cambios pero alerta acerca de los errores de la propuesta, se trata de un “chipote presidencialista” innecesario que “lo único que introduce es un elemento distorsionador de la autonomía plena”. Al día siguiente de la presentación de la iniciativa, Corral argumentó:
“Si todo el proceso será jurídico y técnico, ¿qué tipo de opinión podría producir el presidente de la República? Pues una opinión política, y creo que es exactamente lo que no quiere ni desea la iniciativa.
“Si ya se tomó la decisión de un órgano constitucional autónomo, hay que quitarle ese chipote presidencialista que incorpora la opinión previa del presidente de la República, porque lo único que va a hacer es tener entonces una doble ventanilla. Habrá a quienes no satisfacen, o sí, los derechos de una concesión y van a ir a cabildear con el presidente de la República una decisión que debe ser absolutamente técnica. Creo que esta es una de las correcciones que debe hacerse (en la iniciativa) para perfeccionarla.”
La directora de Observatel, Irene Levy, es más contundente y afirma que la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal echa abajo la tesis de la autonomía plena y genera una “doble ventanilla”, tal como existe ahora entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
“Me parece escandaloso que el presidente pueda opinar previamente. Si tenemos un organismo autónomo, ¿para qué se le mete ese candado?”, se pregunta.
–¿Puede generar una presión política? –se le plantea.
–Sí, claro. Hay un riesgo de control político. Nos están engañando. No es cierto que el Ejecutivo renuncie a su facultad de intervenir en las licitaciones y concesiones.
Levy hace una analogía con el Instituto Federal Electoral para advertir el riesgo de la injerencia presidencial: “Pedirle una opinión previa no vinculante al Ejecutivo es tanto como si los consejeros del IFE le pidieran al presidente de la República su opinión antes de organizar las elecciones”.
Nuevo Frankenstein
Los siete comisionados del Ifetel no sólo tendrán atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; también absorberán todas las funciones de regulación en materia de competencia y de participación de monopolios que durante más de 15 años ha tenido la Comisión Federal de Competencia.
Serán responsables de otorgar y revocar concesiones, función que ahora compartirán con la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal.
También ordenarán la desincorporación de los activos de empresas; administrarán el espectro radioeléctrico de la nación; regularán la concentración y propiedad cruzada de los medios de comunicación; van a declarar a los “actores preponderantes en el mercado”; asignarán de manera “directa” las concesiones para uso público y social (no se prevén concesiones para uso comunitario o indígena) y fijarán los criterios para otorgar autorizaciones en el acceso de multiprogramación.
Por si estas funciones de eminente carácter técnico fueran pocas, los comisionados del Ifetel también se encargarán de tareas propias de especialistas en libertad de expresión y derecho a la información, como definir cuándo hay “publicidad integrada” en los contenidos de radio, televisión y telecomunicaciones; establecerán “mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”; regularán el derecho de réplica; tendrán atribuciones para determinar que la publicidad en radio y televisión “sea equilibrada”, y supervisarán que los contenidos de la programación dirigida a la población infantil “respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3º de la Constitución”, entre otras.
“El Ifetel propuesto es un Frankenstein con facultades gigantescas que al final dependen de la decisión del Ejecutivo, esto en virtud de que siempre existirá una opinión por parte de éste para todas las partes de la vida de las concesiones”, advierte Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México y abogado especializado en la materia.
Agrega que “es cierto que el artículo 28 afirma que la opinión del Ejecutivo federal será ‘no vinculante’, pero ¿quién le quiere decir ‘no’ al presidente?”.
Él observa otro riesgo grave: que la “captura” de los integrantes del Ifetel se realice antes de su elección y no después. Los siete integrantes serán propuestos por el Ejecutivo federal con ratificación del Senado de la República. Previamente, pasarán por la selección de un comité evaluador integrado por representantes del Banco de México, del Inegi y del Instituto de Evaluación Educativa.
“Por cierto, todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados del Ifetel serán inatacables”, indicó Padilla.
Tanto él como Levy encuentran otro problema con la configuración de un organismo con este nivel de decisiones: la reforma constitucional primero crea el Ifetel y luego generará la legislación secundaria que deberá estar lista a los 180 días siguientes de la publicación de la reforma constitucional, con lo que se crea un “vacío legal enorme”.
Como consecuencia, los poderosos integrantes del futuro Ifetel tendrán sólo seis meses para resolver lo relativo a la predominancia en monopolios, licitar las dos cadenas de televisión nacional que ordena la reforma e indicar qué agentes tienen o no prácticas monopólicas.
Un regulador, consultado por Proceso y que prefirió omitir su nombre, advierte que los procedimientos para un auténtico análisis técnico en materia de competencia no se realizan bien en seis meses. “Están colocando todos los huevos en la canasta del Ifetel. No establecen ningún organismo que haga contrapeso a sus decisiones porque absorberán las funciones que actualmente tiene la Comisión Federal de Competencia en materia de regulación en telecomunicaciones y, frente a esto, existe un gran riesgo de ‘captura’ del organismo por parte de los monopolios”, sintetiza.
Los monopolios en telecomunicaciones y en radiodifusión son los que más capturan a los órganos reguladores, advierte; “será una tragedia que no tengan contrapeso de ningún otro organismo autónomo, porque sus decisiones serán inatacables”. Y pone un ejemplo:
“Imaginemos que se fusionan Telcel y Telefónica, los dos gigantes en telefonía móvil, como ya sucedió con la fusión de Televisa y TV Azteca a través de su sociedad en Iusacell. Las autoridades de telecomunicaciones los van a autorizar porque privilegiarán la cobertura y no los criterios de competencia real. Sería una tragedia.”
Irene Levy también alerta que un elemento grave de la reforma constitucional es que se prohíbe la suspensión en todos los actos de la Ifetel:
“Sus decisiones se volverán actos de imposible reparación. Imaginemos: le revocan la concesión a alguna empresa y tiene que suspender de inmediato. Si no se incluye un procedimiento menos sumario, esto equivaldría a la denegación de la justicia”, explica.
Monopolio de TV beneficiado
Tal como está redactada la iniciativa de reforma constitucional, los más afectados de inmediato serán los monopolios de telecomunicaciones, como Telmex, y no los de radio y televisión, particularmente el Grupo Televisa, coincidieron varios especialistas consultados. El senador Javier Corral lo admitió claramente en la conferencia de prensa del martes 12:
“Creo sinceramente que la reforma en este tema no tiene simetría. Como que a la televisión se le ha cuidado, particularmente al agente dominante en televisión, que es Televisa, porque se está diciendo algo que después va a ser difícil de concretar y que la gente lo vea: que habrá una partición del monopolio actual de la televisión y que va a haber una desincorporación de activos.
“Como está redactada la iniciativa, los límites de concentración en materia de radiodifusión no darán para eso. Hay que tener cuidado con las falsas expectativas, porque el único límite que se impone es el del concesionamiento de frecuencias, nacional o regional, a diferencia de lo que se le impone a los agentes dominantes en materia de telecomunicaciones. En realidad, se dejan de regular los mercados más concentrados en televisión.”
Corral, como otros analistas, argumenta que para abrir la competencia en el mercado televisivo deben tomarse en cuenta el nivel de concentración en publicidad, distribución de contenidos, audiencias potenciales y zonas de cobertura geográfica. Estos criterios no están incluidos en la iniciativa.
Televisa tiene 70% de las concesiones de televisión, concentra el mismo porcentaje en mercado publicitario a nivel nacional y acapara más de 80% de los contenidos. La cadena del Canal 2 es la única con capacidad para llegar a 92% de los hogares del país.
A decir de Corral, en materia de desconcentración sólo se optó “por el futuro”: la licitación de dos nuevas cadenas nacionales y la posibilidad de otras siete cadenas regionales, “porque hay espectro y el proceso de conversión digital lo multiplica”.
La reforma constitucional ordena en uno de sus artículos transitorios que al culminar la llamada “transición digital”, el 31 de diciembre de 2015, tanto Televisa como TV Azteca están obligadas a devolver las frecuencias o “canales espejo” que les entregaron, para dejar libre la banda de 700 Mhz y ahí desarrollar una red nacional de banda ancha.
En el futuro negocio de la televisión nacional se menciona que varios grupos están interesados en las dos cadenas nacionales y en las posibles cadenas regionales: desde el propio Carlos Slim hasta su socio MVS (en Grupo Dish), de la familia Vargas; así como actores nuevos como Carlos Peralta, la familia Hank Rhon, el Grupo Femsa, de Monterrey, la familia Macsise del Estado de México, y el grupo Megacable, de Enrique Yamuni, con fuerte presencia en el occidente del país.
Otros empresarios interesados en competir en los campos de telefonía, televisión e internet son Tomás Milmo, concesionario de Axtel; Olegario Vázquez Raña, del Grupo Imagen; así como Alejandro Junco, del Grupo Reforma, y Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, la familia Cabada, de Canal 44 de Ciudad Juárez, y diversos grupos regionales.
En ninguno de los casos se alteran los intereses fundamentales de Televisa y TV Azteca. Por el contrario, en la reforma se estableció una “cláusula de exclusión” para que las reglas del must carry y del must offer, que obligan a retransmitir de manera gratuita las señales abiertas de televisión en los sistemas de televisión de paga y viceversa, no se otorguen al agente dominante en telecomunicaciones que tenga más de 50% del mercado, es decir, Telmex.
En el octavo transitorio de la iniciativa de reforma también se le deja al Ifetel la facultad de eliminar la gratuidad del must carry y del must offer:
“Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan contenidos de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos (cursivas propias). En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos.”
La única cláusula de exclusión dirigida a Televisa y a TV Azteca es que no podrán participar en las concesiones de nuevas frecuencias de televisión aquellos grupos que actualmente acumulen más de 12 Mhz de espectro (el equivalente a dos canales de televisión) o más en cualquier zona de cobertura geográfica.
“Paradójicamente, a Televisa le conviene la tercera y cuarta cadena de televisión porque disminuirá su porcentaje dominante en materia de concesión de frecuencias (70%)”, apunta Irene Levy.
Nuevo negocio
Escasamente analizado, el artículo transitorio décimo sexto de la reforma constitucional establece un nuevo negocio en materia de servicios de telecomunicaciones (internet de banda ancha y telefonía) que dependerá exclusivamente del Ejecutivo federal.
Ordena que éste, a través de dependencias y entidades competentes, instalará “una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo” utilizando al menos 90 Mhz del espectro liberado por la Transición Digital Terrestre (banda 700 Mhz), de los recursos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (que los impulsores de la iniciativa Internet Libre para Todos habían pedido para uso ciudadano) y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y operación de la red compartida”.
Esta nueva red “podrá contemplar inversión pública o privada”, es decir, puede ser una Asociación Pública Privada (APP), y su instalación comenzará “antes de que concluya el año 2014” –un año antes de las elecciones federales de 2015– y operará “antes de que concluya el año 2018”, es decir, antes de que termine el sexenio.
Se debe asegurar que en este nuevo consorcio no tenga influencia “ningún prestador de servicios de telecomunicaciones” y atenderá exclusivamente a “las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos”.
Pero en este nuevo negocio “público privado” no tendrá ninguna injerencia el Ifetel, el organismo autónomo que pretende “revolucionar” la actual regulación de los medios y las telecomunicaciones.
Advierten que por primera vez se incorporan a los artículos 6 y 7 de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de la “publicidad integrada” y también el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho universal.
En las reformas a los artículos 27 y 28 se establece la conformación de un organismo autónomo que le quitará al Ejecutivo federal la discrecionalidad en el otorgamiento y refrendo de concesiones.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto lo presumió así en la presentación de la iniciativa, el lunes 11 en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, ante una audiencia complaciente, con la destacada ausencia de los concesionarios y el optimismo desbordado de quienes desde entonces consideran que ya se concretó la democratización de los medios electrónicos.
“El Ejecutivo federal ya no será quien otorgue las concesiones y permisos. Las decisiones en esta materia serán técnicas y no políticas”, proclamó Peña Nieto al presentar la iniciativa que será discutida y puede ser aprobada fast track en ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, observadores y analistas consultados por Proceso advierten en este postulado la primera trampa de la reforma: el Ejecutivo federal no renuncia a la posibilidad de intervenir en el otorgamiento, refrendo y revocación de las concesiones. Por el contrario, se convierte en la “primera ventanilla” para el nuevo mecanismo.
El texto de la reforma al artículo 28 constitucional prescribe que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el nuevo organismo autónomo, “previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal”, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Para el senador panista Javier Corral, que apoya los cambios pero alerta acerca de los errores de la propuesta, se trata de un “chipote presidencialista” innecesario que “lo único que introduce es un elemento distorsionador de la autonomía plena”. Al día siguiente de la presentación de la iniciativa, Corral argumentó:
“Si todo el proceso será jurídico y técnico, ¿qué tipo de opinión podría producir el presidente de la República? Pues una opinión política, y creo que es exactamente lo que no quiere ni desea la iniciativa.
“Si ya se tomó la decisión de un órgano constitucional autónomo, hay que quitarle ese chipote presidencialista que incorpora la opinión previa del presidente de la República, porque lo único que va a hacer es tener entonces una doble ventanilla. Habrá a quienes no satisfacen, o sí, los derechos de una concesión y van a ir a cabildear con el presidente de la República una decisión que debe ser absolutamente técnica. Creo que esta es una de las correcciones que debe hacerse (en la iniciativa) para perfeccionarla.”
La directora de Observatel, Irene Levy, es más contundente y afirma que la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal echa abajo la tesis de la autonomía plena y genera una “doble ventanilla”, tal como existe ahora entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
“Me parece escandaloso que el presidente pueda opinar previamente. Si tenemos un organismo autónomo, ¿para qué se le mete ese candado?”, se pregunta.
–¿Puede generar una presión política? –se le plantea.
–Sí, claro. Hay un riesgo de control político. Nos están engañando. No es cierto que el Ejecutivo renuncie a su facultad de intervenir en las licitaciones y concesiones.
Levy hace una analogía con el Instituto Federal Electoral para advertir el riesgo de la injerencia presidencial: “Pedirle una opinión previa no vinculante al Ejecutivo es tanto como si los consejeros del IFE le pidieran al presidente de la República su opinión antes de organizar las elecciones”.
Nuevo Frankenstein
Los siete comisionados del Ifetel no sólo tendrán atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; también absorberán todas las funciones de regulación en materia de competencia y de participación de monopolios que durante más de 15 años ha tenido la Comisión Federal de Competencia.
Serán responsables de otorgar y revocar concesiones, función que ahora compartirán con la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal.
También ordenarán la desincorporación de los activos de empresas; administrarán el espectro radioeléctrico de la nación; regularán la concentración y propiedad cruzada de los medios de comunicación; van a declarar a los “actores preponderantes en el mercado”; asignarán de manera “directa” las concesiones para uso público y social (no se prevén concesiones para uso comunitario o indígena) y fijarán los criterios para otorgar autorizaciones en el acceso de multiprogramación.
Por si estas funciones de eminente carácter técnico fueran pocas, los comisionados del Ifetel también se encargarán de tareas propias de especialistas en libertad de expresión y derecho a la información, como definir cuándo hay “publicidad integrada” en los contenidos de radio, televisión y telecomunicaciones; establecerán “mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”; regularán el derecho de réplica; tendrán atribuciones para determinar que la publicidad en radio y televisión “sea equilibrada”, y supervisarán que los contenidos de la programación dirigida a la población infantil “respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3º de la Constitución”, entre otras.
“El Ifetel propuesto es un Frankenstein con facultades gigantescas que al final dependen de la decisión del Ejecutivo, esto en virtud de que siempre existirá una opinión por parte de éste para todas las partes de la vida de las concesiones”, advierte Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México y abogado especializado en la materia.
Agrega que “es cierto que el artículo 28 afirma que la opinión del Ejecutivo federal será ‘no vinculante’, pero ¿quién le quiere decir ‘no’ al presidente?”.
Él observa otro riesgo grave: que la “captura” de los integrantes del Ifetel se realice antes de su elección y no después. Los siete integrantes serán propuestos por el Ejecutivo federal con ratificación del Senado de la República. Previamente, pasarán por la selección de un comité evaluador integrado por representantes del Banco de México, del Inegi y del Instituto de Evaluación Educativa.
“Por cierto, todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados del Ifetel serán inatacables”, indicó Padilla.
Tanto él como Levy encuentran otro problema con la configuración de un organismo con este nivel de decisiones: la reforma constitucional primero crea el Ifetel y luego generará la legislación secundaria que deberá estar lista a los 180 días siguientes de la publicación de la reforma constitucional, con lo que se crea un “vacío legal enorme”.
Como consecuencia, los poderosos integrantes del futuro Ifetel tendrán sólo seis meses para resolver lo relativo a la predominancia en monopolios, licitar las dos cadenas de televisión nacional que ordena la reforma e indicar qué agentes tienen o no prácticas monopólicas.
Un regulador, consultado por Proceso y que prefirió omitir su nombre, advierte que los procedimientos para un auténtico análisis técnico en materia de competencia no se realizan bien en seis meses. “Están colocando todos los huevos en la canasta del Ifetel. No establecen ningún organismo que haga contrapeso a sus decisiones porque absorberán las funciones que actualmente tiene la Comisión Federal de Competencia en materia de regulación en telecomunicaciones y, frente a esto, existe un gran riesgo de ‘captura’ del organismo por parte de los monopolios”, sintetiza.
Los monopolios en telecomunicaciones y en radiodifusión son los que más capturan a los órganos reguladores, advierte; “será una tragedia que no tengan contrapeso de ningún otro organismo autónomo, porque sus decisiones serán inatacables”. Y pone un ejemplo:
“Imaginemos que se fusionan Telcel y Telefónica, los dos gigantes en telefonía móvil, como ya sucedió con la fusión de Televisa y TV Azteca a través de su sociedad en Iusacell. Las autoridades de telecomunicaciones los van a autorizar porque privilegiarán la cobertura y no los criterios de competencia real. Sería una tragedia.”
Irene Levy también alerta que un elemento grave de la reforma constitucional es que se prohíbe la suspensión en todos los actos de la Ifetel:
“Sus decisiones se volverán actos de imposible reparación. Imaginemos: le revocan la concesión a alguna empresa y tiene que suspender de inmediato. Si no se incluye un procedimiento menos sumario, esto equivaldría a la denegación de la justicia”, explica.
Monopolio de TV beneficiado
Tal como está redactada la iniciativa de reforma constitucional, los más afectados de inmediato serán los monopolios de telecomunicaciones, como Telmex, y no los de radio y televisión, particularmente el Grupo Televisa, coincidieron varios especialistas consultados. El senador Javier Corral lo admitió claramente en la conferencia de prensa del martes 12:
“Creo sinceramente que la reforma en este tema no tiene simetría. Como que a la televisión se le ha cuidado, particularmente al agente dominante en televisión, que es Televisa, porque se está diciendo algo que después va a ser difícil de concretar y que la gente lo vea: que habrá una partición del monopolio actual de la televisión y que va a haber una desincorporación de activos.
“Como está redactada la iniciativa, los límites de concentración en materia de radiodifusión no darán para eso. Hay que tener cuidado con las falsas expectativas, porque el único límite que se impone es el del concesionamiento de frecuencias, nacional o regional, a diferencia de lo que se le impone a los agentes dominantes en materia de telecomunicaciones. En realidad, se dejan de regular los mercados más concentrados en televisión.”
Corral, como otros analistas, argumenta que para abrir la competencia en el mercado televisivo deben tomarse en cuenta el nivel de concentración en publicidad, distribución de contenidos, audiencias potenciales y zonas de cobertura geográfica. Estos criterios no están incluidos en la iniciativa.
Televisa tiene 70% de las concesiones de televisión, concentra el mismo porcentaje en mercado publicitario a nivel nacional y acapara más de 80% de los contenidos. La cadena del Canal 2 es la única con capacidad para llegar a 92% de los hogares del país.
A decir de Corral, en materia de desconcentración sólo se optó “por el futuro”: la licitación de dos nuevas cadenas nacionales y la posibilidad de otras siete cadenas regionales, “porque hay espectro y el proceso de conversión digital lo multiplica”.
La reforma constitucional ordena en uno de sus artículos transitorios que al culminar la llamada “transición digital”, el 31 de diciembre de 2015, tanto Televisa como TV Azteca están obligadas a devolver las frecuencias o “canales espejo” que les entregaron, para dejar libre la banda de 700 Mhz y ahí desarrollar una red nacional de banda ancha.
En el futuro negocio de la televisión nacional se menciona que varios grupos están interesados en las dos cadenas nacionales y en las posibles cadenas regionales: desde el propio Carlos Slim hasta su socio MVS (en Grupo Dish), de la familia Vargas; así como actores nuevos como Carlos Peralta, la familia Hank Rhon, el Grupo Femsa, de Monterrey, la familia Macsise del Estado de México, y el grupo Megacable, de Enrique Yamuni, con fuerte presencia en el occidente del país.
Otros empresarios interesados en competir en los campos de telefonía, televisión e internet son Tomás Milmo, concesionario de Axtel; Olegario Vázquez Raña, del Grupo Imagen; así como Alejandro Junco, del Grupo Reforma, y Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, la familia Cabada, de Canal 44 de Ciudad Juárez, y diversos grupos regionales.
En ninguno de los casos se alteran los intereses fundamentales de Televisa y TV Azteca. Por el contrario, en la reforma se estableció una “cláusula de exclusión” para que las reglas del must carry y del must offer, que obligan a retransmitir de manera gratuita las señales abiertas de televisión en los sistemas de televisión de paga y viceversa, no se otorguen al agente dominante en telecomunicaciones que tenga más de 50% del mercado, es decir, Telmex.
En el octavo transitorio de la iniciativa de reforma también se le deja al Ifetel la facultad de eliminar la gratuidad del must carry y del must offer:
“Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan contenidos de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos (cursivas propias). En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos.”
La única cláusula de exclusión dirigida a Televisa y a TV Azteca es que no podrán participar en las concesiones de nuevas frecuencias de televisión aquellos grupos que actualmente acumulen más de 12 Mhz de espectro (el equivalente a dos canales de televisión) o más en cualquier zona de cobertura geográfica.
“Paradójicamente, a Televisa le conviene la tercera y cuarta cadena de televisión porque disminuirá su porcentaje dominante en materia de concesión de frecuencias (70%)”, apunta Irene Levy.
Nuevo negocio
Escasamente analizado, el artículo transitorio décimo sexto de la reforma constitucional establece un nuevo negocio en materia de servicios de telecomunicaciones (internet de banda ancha y telefonía) que dependerá exclusivamente del Ejecutivo federal.
Ordena que éste, a través de dependencias y entidades competentes, instalará “una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo” utilizando al menos 90 Mhz del espectro liberado por la Transición Digital Terrestre (banda 700 Mhz), de los recursos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (que los impulsores de la iniciativa Internet Libre para Todos habían pedido para uso ciudadano) y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y operación de la red compartida”.
Esta nueva red “podrá contemplar inversión pública o privada”, es decir, puede ser una Asociación Pública Privada (APP), y su instalación comenzará “antes de que concluya el año 2014” –un año antes de las elecciones federales de 2015– y operará “antes de que concluya el año 2018”, es decir, antes de que termine el sexenio.
Se debe asegurar que en este nuevo consorcio no tenga influencia “ningún prestador de servicios de telecomunicaciones” y atenderá exclusivamente a “las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos”.
Pero en este nuevo negocio “público privado” no tendrá ninguna injerencia el Ifetel, el organismo autónomo que pretende “revolucionar” la actual regulación de los medios y las telecomunicaciones.
Más dudas que certezas
El engaño de los políticos a la ciudadanía es
mantener la retórica de que por poner algo en la Constitución, esto se
convertirá en realidad. Y el pasado lunes 11 volvió a suceder. El
presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de un importante séquito y de
los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de
la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional y
Partido Verde, con bombo y platillo anunció la iniciativa de reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (radio y
televisión abierta). Por su parte, la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados en su proyecto de “dictamen”
sólo hace una relatoría de lo que contiene la iniciativa y copia
íntegramente ésta, sin emitir razonamientos acerca de si está bien o no.
¿Será que la iniciativa que aparentemente tirios y troyanos aplauden es
tan positiva como se quiere hacer creer?
Instituciones. Se propone que las instituciones que sustituyan a las actuales Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y Comisión Federal de Competencia (Cofeco) sean órganos constitucionales autónomos, con personalidad y patrimonio propios.
La iniciativa del presidente en nada justifica por qué deben los propuestos Instituto Federal de Telecomunicaciones (Iftel) y la nueva Cofeco pasar de tener cinco a siete comisionados, aun cuando ello costará al menos 15 millones 804 mil 700 pesos al año, más impuestos, sin contar el costo del personal y estructura administrativa de cada comisionado, pues cada uno de ellos percibirá una remuneración igual a la de un ministro de la Suprema Corte.
El incremento sin justificación de comisionados sólo confirma que estas designaciones pretenden cubrir las cuotas de poder distribuidas entre PAN, PRD, PRI y los partidos pequeños. Por si fuera poco, la contradicción y burocracia de la iniciativa plantean que el Iftel sea independiente del Ejecutivo federal, pero para otorgar, revocar y autorizar cesiones de las concesiones se requiere opinión de éste. ¿Para qué? Si esta opinión no es vinculante como se dice, ¿para qué se requiere? Y si la opinión fuera vinculante, ¿dónde queda la autonomía?
¡Protejamos al Estado! Qué tan mal estará nuestro país que la iniciativa busca que la Constitución proteja al Estado, siendo que la Constitución surge precisamente por la razón contraria: Proteger a los gobernados frente al Estado. El Iftel y la futura Cofeco tendrán facultad incluso para ordenar a un grupo corporativo vender sus empresas o activos, pero éstos no podrán obtener la suspensión del acto de esas autoridades. Así que si después de un litigio de cinco o seis años la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la razón a los particulares, de nada les servirá por las pérdidas de ganancias y la imposible reparación.
Lo anterior revela que se asume que el Iftel y la Cofeco estarán integrados por seres divinos que nunca se equivocarán ni serán arbitrarios. Y si bien la creación de tribunales especializados es positiva, jamás podrá suplir la ineficiencia en la administración de justicia. Además de tribunales especializados se requiere que existan juicios sumarios que no excedan de seis a ocho meses, con lo cual las decisiones en uno u otro sentido serían oportunas.
Must offer. Ha sido reconocido y documentado por la propia Cofeco que para que una empresa de televisión de paga prospere, tiene que incluir las señales de los canales 2 y 5 de Televisa. Esta empresa antes podía discriminar si ofrecía sus canales estrella a las empresas de televisión de paga y en qué términos. No fue sino hasta ciertas resoluciones de la Cofeco y la validación del matrimonio Televisa-TV Azteca a través de la adquisición de su hoy hijo común Iusacell, cuando la Cofeco obligó a las televisoras a tener una oferta pública para la retransmisión de sus señales por las empresas de televisión de paga. En las ofertas se establece el costo por usuario que se tendrá que pagar. La iniciativa prevé esta obligación conocida como must offer por virtud de la cual las televisoras abiertas deben permitir gratuitamente la retransmisión de su señal. Sin embargo, esta obligación tiene una excepción con nombre y apellido: Telmex/Telcel.
Telmex/Telcel ya fueron declarados dominantes y la iniciativa prevé que éstos no podrán beneficiarse de la gratuidad de los contenidos. Es posible que esté justificada esta excepción, no lo sé, pero la iniciativa debió presentar a la ciudadanía los motivos para la excepción.
Producción independiente. Más que una reforma a la Constitución, la iniciativa parece una ley detalladísima, salvo en lo que pudiera contribuir a la pluralidad, como el caso de la producción independiente. Ésta implicaría que personas ajenas a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio puedan difundir sus creaciones en dichos medios. La producción independiente bien definida daría nuevo aliento a la creatividad mexicana en lugar de que sigamos siendo consumidores de lo que las propias televisoras producen en sus estudios endogámicamente. ¿Por qué no especificó la iniciativa que las televisoras deberán incluir producciones independientes en determinado porcentaje y algunas en horario estelar? ¿Se estará esperando que sea una Ley Televisa II en la que se mutiló negativamente la definición de producción independiente en beneficio de las televisoras?
* Excomisionada jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
claraluzalvarez@gmail.com
telecomysociedad.blogspot.com
Instituciones. Se propone que las instituciones que sustituyan a las actuales Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y Comisión Federal de Competencia (Cofeco) sean órganos constitucionales autónomos, con personalidad y patrimonio propios.
La iniciativa del presidente en nada justifica por qué deben los propuestos Instituto Federal de Telecomunicaciones (Iftel) y la nueva Cofeco pasar de tener cinco a siete comisionados, aun cuando ello costará al menos 15 millones 804 mil 700 pesos al año, más impuestos, sin contar el costo del personal y estructura administrativa de cada comisionado, pues cada uno de ellos percibirá una remuneración igual a la de un ministro de la Suprema Corte.
El incremento sin justificación de comisionados sólo confirma que estas designaciones pretenden cubrir las cuotas de poder distribuidas entre PAN, PRD, PRI y los partidos pequeños. Por si fuera poco, la contradicción y burocracia de la iniciativa plantean que el Iftel sea independiente del Ejecutivo federal, pero para otorgar, revocar y autorizar cesiones de las concesiones se requiere opinión de éste. ¿Para qué? Si esta opinión no es vinculante como se dice, ¿para qué se requiere? Y si la opinión fuera vinculante, ¿dónde queda la autonomía?
¡Protejamos al Estado! Qué tan mal estará nuestro país que la iniciativa busca que la Constitución proteja al Estado, siendo que la Constitución surge precisamente por la razón contraria: Proteger a los gobernados frente al Estado. El Iftel y la futura Cofeco tendrán facultad incluso para ordenar a un grupo corporativo vender sus empresas o activos, pero éstos no podrán obtener la suspensión del acto de esas autoridades. Así que si después de un litigio de cinco o seis años la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la razón a los particulares, de nada les servirá por las pérdidas de ganancias y la imposible reparación.
Lo anterior revela que se asume que el Iftel y la Cofeco estarán integrados por seres divinos que nunca se equivocarán ni serán arbitrarios. Y si bien la creación de tribunales especializados es positiva, jamás podrá suplir la ineficiencia en la administración de justicia. Además de tribunales especializados se requiere que existan juicios sumarios que no excedan de seis a ocho meses, con lo cual las decisiones en uno u otro sentido serían oportunas.
Must offer. Ha sido reconocido y documentado por la propia Cofeco que para que una empresa de televisión de paga prospere, tiene que incluir las señales de los canales 2 y 5 de Televisa. Esta empresa antes podía discriminar si ofrecía sus canales estrella a las empresas de televisión de paga y en qué términos. No fue sino hasta ciertas resoluciones de la Cofeco y la validación del matrimonio Televisa-TV Azteca a través de la adquisición de su hoy hijo común Iusacell, cuando la Cofeco obligó a las televisoras a tener una oferta pública para la retransmisión de sus señales por las empresas de televisión de paga. En las ofertas se establece el costo por usuario que se tendrá que pagar. La iniciativa prevé esta obligación conocida como must offer por virtud de la cual las televisoras abiertas deben permitir gratuitamente la retransmisión de su señal. Sin embargo, esta obligación tiene una excepción con nombre y apellido: Telmex/Telcel.
Telmex/Telcel ya fueron declarados dominantes y la iniciativa prevé que éstos no podrán beneficiarse de la gratuidad de los contenidos. Es posible que esté justificada esta excepción, no lo sé, pero la iniciativa debió presentar a la ciudadanía los motivos para la excepción.
Producción independiente. Más que una reforma a la Constitución, la iniciativa parece una ley detalladísima, salvo en lo que pudiera contribuir a la pluralidad, como el caso de la producción independiente. Ésta implicaría que personas ajenas a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio puedan difundir sus creaciones en dichos medios. La producción independiente bien definida daría nuevo aliento a la creatividad mexicana en lugar de que sigamos siendo consumidores de lo que las propias televisoras producen en sus estudios endogámicamente. ¿Por qué no especificó la iniciativa que las televisoras deberán incluir producciones independientes en determinado porcentaje y algunas en horario estelar? ¿Se estará esperando que sea una Ley Televisa II en la que se mutiló negativamente la definición de producción independiente en beneficio de las televisoras?
* Excomisionada jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
claraluzalvarez@gmail.com
telecomysociedad.blogspot.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
