Ricardo Andrade Jardí
Y mientras el usurpador fecal insiste en echar la culpa a todo dios, de sus incapacidades, sin entender que el problema de su incompetencia es él, unas presuntas declaraciones atribuidas a los más altos ejecutivos de Bimbo (México) sostienen que, el usurpador, no puede más y que es muy probable que no logre terminar su "mandato".
Nadie mejor para declarar, suponiendo sin conceder que se haya dicho así, que los mismos sujetos que avalaron lo que hoy ellos mismos denominan como "fraude patriótico por México". Pero la incapacidad de fecal es deslumbrante como rayo de sol, no hace falta que los empresarios chatarra que lo impusieron, lo declaren, es por el bien de México que fecal debería irse lo más pronto posible.
Más de 8 mil (8,000) ejecutados, sin contar a la familia acribillada en un retén del Ejército, o los líderes campesinos de Guerrero, hoy desaparecidos, y que sus familiares buscan entre los muertos ejecutados por el "crimen organizado", el cual puede organizarse gracias al amparo que la IMPUNIDAD institucional les otorga, con instrumentos como el FOBAPROA, que es la patente de corso para legalizar la estructura misma de la tecnomafia (des)gobernante, que en cifras, conservadoras, en los últimos 20 años, ha conducido al país a un verdadero genocidio, sin precedente en nuestra historia: cientos de miles de ciudadanos que son expulsados de sus lugares de origen para ir a trabajar a los peores centros de explotación, "legalizados" como maquiladoras, que no fábricas, donde dejan entre 5 y 15 años de vida miles de carenciados, siempre bajo la amenaza del despido y sin ninguna garantía de ley que los proteja del abuso; cientos de mujeres asesinadas con absoluta IMPUNIDAD y complicidad oficial; cientos de miles de asesinados que, sin investigación previa, pasan a engrosar la lista de ejecutados o de ese padecimiento en el que se ha convertido, junto al infarto y la diabetes, el ajuste de cuentas, como la principal causa de muerte natural; cientos de indígenas a los que se les arrebata su cultura y su identidad junto a sus tierras, para dar paso al "progreso" que, como siempre, sólo beneficia a unos cuantos y deteriora el medio ambiente con una rapidez sumamente alármate, llegando ya a puntos sin retorno; fondos de retiro de millones de trabajadores que desaparecen en el manto de la IMPUNIDAD institucional, sin que nadie atine a hacer justicia y, mucho menos, a reparar el daño; empresarios ladrones que buscan y legalizan pretextos para ganar todo, despojando del todo a los trabajadores, no sin antes socializar todas sus deudas, pero personalizando todas, todas las ganancias...
En el camino del neoliberalismo, se registran los crímenes más atroces contra la humanidad, la violencia más inaudita y el desprecio absoluto por la vida humana; el neoliberalismo es semillero de las macro mafias tecnócratas, de la desestatificación de las ganancias y la estatización de las pérdidas, de los saqueos patrimoniales más inmundos, del aplastamiento de las culturas regionales y locales por la cultura global de la hamburcolademocracia.
Es hora de que empecemos a prepararnos y accionar en lo individual y lo colectivo, disponiéndonos para resistir, toda la rapiña que prometen, los que hoy no han hecho más que robarnos, humillarnos y asesinarnos, para rescatarnos de su mega crisis financiera, la que sea como sea, es ya el inicio de una nueva era; de nuestra disposición (como sociedad participativa) dependerá dar el giro de timón que nos aleje del depredador capitalismo asesino, abriendo otras alternativas de dignidad y justicia para todos.
lunes, febrero 23, 2009
Geopiratería imperialista en el proyecto México Indígena
Jorge A. Franco Cáceres
El pasado viernes 20 de febrero, recibimos la impactante comunicación de Aldo González y Derechos Indígenas de UNOSJO, S. C., en la que alerta a la comunidad de investigadores científicos y sociales sobre "El saqueo de los saberes tradicionales zapotecas sobre sus tierras y territorio, realizado a través del Proyecto México Indígena en comunidades de la Sierra Juárez, mismo que ha desatado una polémica internacional sobre la ética de los investigadores sociales al intervenir en comunidades indígenas". En atención a la enorme delicadeza de la cuestión, a la que en UNOSJO, S. C. ha denominado geopiratería y a la que nosotros reconocemos de interés imperialista, procedemos a presentar desde las páginas de POR ESTO! una síntesis de esta cuestión sobre lo que actualmente sucede con este patrimonio cultural intangible de las comunidades indígenas de México
Geopiratería
Acostumbrados a escuchar nombres de ciudades o lugares en lenguas indígenas, la mayoría de las veces sin conocer sus significados, no damos importancia al conocimiento cultural y geográfico que encierran estas palabras. ¿Quién sabe el significado de Oaxaca? Aparentemente es una palabra de origen nahua (huaxyacac) que significa "lugar de huajes". Durante la Colonia, los españoles la usaron para este lugar, aunque podemos decir que su origen es la traducción al nahuatl de una palabra zapoteca que significa lo mismo.
"Las palabras en lenguas originarias que se usan para denominar los lugares son el conocimiento cultural y geográfico sobre el terreno, que nuestros pueblos han acumulado por miles de años". Este conocimiento ha sido menospreciado en México al imponerse la cultura occidental sobre las culturas originarias. El Proyecto Estadounidense México Indígena nos indica que los investigadores "yankis" conocen bien la importancia que tienen los saberes acumulados por las culturas originarias y, en consecuencia, están muy interesados en investigar el "conocimiento humano sobre el terreno" para diseñar su política exterior de marcado perfil imperialista.
Sociedad Geográfica Americana (AGS) y la ética de sus investigadores sociales
Después de la publicación del primer informe de UNOSJO, S. C. en periódicos, revistas y foros alrededor del mundo, iniciaron discusiones sobre la cuestión de la ética entre académicos norteamericanos que temen un daño a sus disciplinas por el comportamiento de sus colegas de la Universidad de Kansas. Y aunque "Jerome Dobson, presidente de la AGS, con gran disgusto dice en su carta que el Proyecto México Indígena ha sido respetuoso del código de ética que su sociedad ha establecido para todas sus investigaciones", UNOSJO, S. C. señala varias apreciaciones sobre esta falsa afirmación.
1) "El punto E., del código de ética de la AGS, establece que ninguna información debe ser adquirida a través del engaño o tergiversación, y el punto G. expresa que las fuentes originales de financiamiento de las expediciones financiadas por la AGS serán públicamente transparentes".
UNOSJO, S. C. afirma que "la gente de las comunidades donde se llevó a cabo el proyecto de mapeo, no estaba informada del financiamiento proporcionado por la Oficina Militar de Estudios Foráneos (FMSO) que pertenece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ni del involucramiento de la empresa armamentista Radiance Technologies en su manejo. Tampoco supo de los reportes mensuales que se mandaron sobre el trabajo en sus comunidades al FMSO, accesible exclusivamente en línea, según información proporcionada por el ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Yagila que fungió durante 2006 y 2007". También señala que "los logotipos del FMSO y de Radiance Technologies no aparecen en las mapas que el equipo de México Indígena entregó a Tiltepec y Yagila en diciembre de 2008; sin embargo, al menos el logotipo de la FMSO sí aparece en los mapas preliminares de Zoogochi y Yagila, mostrados en las diapositivas 38 y 39 de la presentación, lo que hace concluir que los logotipos fueron removidos deliberadamente para engañar a los comuneros".
2) "En el punto J. de su código de ética se estipula que todos los resultados de las expediciones realizadas por la AGS, incluyendo reportes, artículos y sitios de web, deben ser publicados y accesibles para todos, incluyendo los gobiernos, y las agencias gubernamentales y los países de donde fue obtenida la información".
Al respecto, UNOSJO, S. C. señala que "en la Sierra Juárez de Oaxaca se habla zapoteco y español. Si los reportes, artículos y sitios web del proyecto están publicados exclusivamente en inglés, se viola el punto J. del código de ética de la Sociedad Americana de Geógrafos". Inclusive, en el cuadro 23 de la presentación en inglés de AGS, "el equipo de geógrafos utilizó los nombres de los comuneros de Yagila para ilustrar cómo funciona la ubicación de parcelas individuales; aunque en la carta que escribió el Sr. Dobson, como reacción a nuestro boletín anterior, afirma que la gente de Yagila demandó expresamente que no fueran publicados". ¿Por qué no destruyeron estos datos? y ¿por qué los usaron en las presentaciones AGS?
UNOSJO, S. C. declara que "estamos gravemente preocupados porque los nombres de los comuneros sigan siendo utilizados. Con esta acción, se está violando claramente la voluntad de la gente que apoyó el proyecto y además los puntos E., J., y O. del código de ética de la AGS, que afirma que escolares y miembros de las expediciones tienen que proteger la confidencialidad de cualquier sujeto humano involucrado en la investigación. En la reciente publicación de AGS, de fotos de gente de las comunidades, incluyendo integrantes de la UNOSJO, S. C., también vemos una clara violación de este último punto".
3) Finalmente en el punto N. de su código de ética, "la AGS establece que los miembros de las expediciones deben actuar de una manera que respete las culturas del país donde hacen sus investigaciones; que sus acciones no deben afectar negativamente a la gente o al medio ambiente de los países donde hacen sus investigaciones, y que si faltan significativamente a estos principios, la expedición puede ser cancelada o individuos pueden ser sacados".
Respaldo a comunidades y pueblos indígenas frente a la geopiratería imperialista
Compartimos con UNOSJO, S. C. y las comunidades zapotecas afectadas en sus derechos culturales, que las numerosas faltas de los investigadores de AGS a su código de ética son bastante graves y perjudiciales para los pueblos y comunidades indígenas de México y que en consecuencia la AGS y su Proyecto México Indígena deben suspender sus trabajos en México y retirarse.
Respaldamos el llamado a las comunidades y pueblos indígenas para que sea, desde estos mismos pueblos y comunidades, donde se definan las investigaciones o prospecciones que se tengan o no se tengan que hacer en sus tierras y territorios. Y también que sea allí, donde se definan quién las realiza y las metodologías que se tengan que emplear, para no seguir siendo objetos de estudio de investigadores estafadores como los de AGS que, en un afán aparente de hacer investigación científica "pura" desde proyectos como México Indígena, se han dedicado a saquear información vital de los pueblos y comunidades indígenas para utilizarla con fines imperialistas contrarios a sus tradiciones ancestrales y sus derechos patrimoniales.
El pasado viernes 20 de febrero, recibimos la impactante comunicación de Aldo González y Derechos Indígenas de UNOSJO, S. C., en la que alerta a la comunidad de investigadores científicos y sociales sobre "El saqueo de los saberes tradicionales zapotecas sobre sus tierras y territorio, realizado a través del Proyecto México Indígena en comunidades de la Sierra Juárez, mismo que ha desatado una polémica internacional sobre la ética de los investigadores sociales al intervenir en comunidades indígenas". En atención a la enorme delicadeza de la cuestión, a la que en UNOSJO, S. C. ha denominado geopiratería y a la que nosotros reconocemos de interés imperialista, procedemos a presentar desde las páginas de POR ESTO! una síntesis de esta cuestión sobre lo que actualmente sucede con este patrimonio cultural intangible de las comunidades indígenas de México
Geopiratería
Acostumbrados a escuchar nombres de ciudades o lugares en lenguas indígenas, la mayoría de las veces sin conocer sus significados, no damos importancia al conocimiento cultural y geográfico que encierran estas palabras. ¿Quién sabe el significado de Oaxaca? Aparentemente es una palabra de origen nahua (huaxyacac) que significa "lugar de huajes". Durante la Colonia, los españoles la usaron para este lugar, aunque podemos decir que su origen es la traducción al nahuatl de una palabra zapoteca que significa lo mismo.
"Las palabras en lenguas originarias que se usan para denominar los lugares son el conocimiento cultural y geográfico sobre el terreno, que nuestros pueblos han acumulado por miles de años". Este conocimiento ha sido menospreciado en México al imponerse la cultura occidental sobre las culturas originarias. El Proyecto Estadounidense México Indígena nos indica que los investigadores "yankis" conocen bien la importancia que tienen los saberes acumulados por las culturas originarias y, en consecuencia, están muy interesados en investigar el "conocimiento humano sobre el terreno" para diseñar su política exterior de marcado perfil imperialista.
Sociedad Geográfica Americana (AGS) y la ética de sus investigadores sociales
Después de la publicación del primer informe de UNOSJO, S. C. en periódicos, revistas y foros alrededor del mundo, iniciaron discusiones sobre la cuestión de la ética entre académicos norteamericanos que temen un daño a sus disciplinas por el comportamiento de sus colegas de la Universidad de Kansas. Y aunque "Jerome Dobson, presidente de la AGS, con gran disgusto dice en su carta que el Proyecto México Indígena ha sido respetuoso del código de ética que su sociedad ha establecido para todas sus investigaciones", UNOSJO, S. C. señala varias apreciaciones sobre esta falsa afirmación.
1) "El punto E., del código de ética de la AGS, establece que ninguna información debe ser adquirida a través del engaño o tergiversación, y el punto G. expresa que las fuentes originales de financiamiento de las expediciones financiadas por la AGS serán públicamente transparentes".
UNOSJO, S. C. afirma que "la gente de las comunidades donde se llevó a cabo el proyecto de mapeo, no estaba informada del financiamiento proporcionado por la Oficina Militar de Estudios Foráneos (FMSO) que pertenece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ni del involucramiento de la empresa armamentista Radiance Technologies en su manejo. Tampoco supo de los reportes mensuales que se mandaron sobre el trabajo en sus comunidades al FMSO, accesible exclusivamente en línea, según información proporcionada por el ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Yagila que fungió durante 2006 y 2007". También señala que "los logotipos del FMSO y de Radiance Technologies no aparecen en las mapas que el equipo de México Indígena entregó a Tiltepec y Yagila en diciembre de 2008; sin embargo, al menos el logotipo de la FMSO sí aparece en los mapas preliminares de Zoogochi y Yagila, mostrados en las diapositivas 38 y 39 de la presentación, lo que hace concluir que los logotipos fueron removidos deliberadamente para engañar a los comuneros".
2) "En el punto J. de su código de ética se estipula que todos los resultados de las expediciones realizadas por la AGS, incluyendo reportes, artículos y sitios de web, deben ser publicados y accesibles para todos, incluyendo los gobiernos, y las agencias gubernamentales y los países de donde fue obtenida la información".
Al respecto, UNOSJO, S. C. señala que "en la Sierra Juárez de Oaxaca se habla zapoteco y español. Si los reportes, artículos y sitios web del proyecto están publicados exclusivamente en inglés, se viola el punto J. del código de ética de la Sociedad Americana de Geógrafos". Inclusive, en el cuadro 23 de la presentación en inglés de AGS, "el equipo de geógrafos utilizó los nombres de los comuneros de Yagila para ilustrar cómo funciona la ubicación de parcelas individuales; aunque en la carta que escribió el Sr. Dobson, como reacción a nuestro boletín anterior, afirma que la gente de Yagila demandó expresamente que no fueran publicados". ¿Por qué no destruyeron estos datos? y ¿por qué los usaron en las presentaciones AGS?
UNOSJO, S. C. declara que "estamos gravemente preocupados porque los nombres de los comuneros sigan siendo utilizados. Con esta acción, se está violando claramente la voluntad de la gente que apoyó el proyecto y además los puntos E., J., y O. del código de ética de la AGS, que afirma que escolares y miembros de las expediciones tienen que proteger la confidencialidad de cualquier sujeto humano involucrado en la investigación. En la reciente publicación de AGS, de fotos de gente de las comunidades, incluyendo integrantes de la UNOSJO, S. C., también vemos una clara violación de este último punto".
3) Finalmente en el punto N. de su código de ética, "la AGS establece que los miembros de las expediciones deben actuar de una manera que respete las culturas del país donde hacen sus investigaciones; que sus acciones no deben afectar negativamente a la gente o al medio ambiente de los países donde hacen sus investigaciones, y que si faltan significativamente a estos principios, la expedición puede ser cancelada o individuos pueden ser sacados".
Respaldo a comunidades y pueblos indígenas frente a la geopiratería imperialista
Compartimos con UNOSJO, S. C. y las comunidades zapotecas afectadas en sus derechos culturales, que las numerosas faltas de los investigadores de AGS a su código de ética son bastante graves y perjudiciales para los pueblos y comunidades indígenas de México y que en consecuencia la AGS y su Proyecto México Indígena deben suspender sus trabajos en México y retirarse.
Respaldamos el llamado a las comunidades y pueblos indígenas para que sea, desde estos mismos pueblos y comunidades, donde se definan las investigaciones o prospecciones que se tengan o no se tengan que hacer en sus tierras y territorios. Y también que sea allí, donde se definan quién las realiza y las metodologías que se tengan que emplear, para no seguir siendo objetos de estudio de investigadores estafadores como los de AGS que, en un afán aparente de hacer investigación científica "pura" desde proyectos como México Indígena, se han dedicado a saquear información vital de los pueblos y comunidades indígenas para utilizarla con fines imperialistas contrarios a sus tradiciones ancestrales y sus derechos patrimoniales.
¿Puede la Democracia Participativa revitalizar la política?
Michael Löwy
Desde sus orígenes en Grecia, la democracia se consideró como la participación directa de todos los ciudadanos en las deliberaciones y decisiones. Este es el mismo principio que defiende el fundador del pensamiento democrático moderno, Jean-Jacques Rousseau. Es con las grandes revoluciones modernas, en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que la práctica de la democracia representativa se establecerá. Ella es, en cierta medida, inevitable en las grandes sociedades modernas. Las perversiones de la representación no datan de nuestros días, pero han sido considerablemente agravadas durante el reinado del neoliberalismo: con la formación de una casta política cerrada y con frecuencia corrupta, sumisa a los intereses de las élites privilegiadas, con la exclusión de las mujeres y los inmigrantes, y así sucesivamente (¡la lista es larga!).
La democracia participativa, tal y como funciona, principalmente en algunas de las comunidades indígenas autogestivas en América Latina --por ejemplo, en las regiones zapatistas en Chiapas--, es una nueva forma de gestión política que rompe con las estructuras burocráticas oficiales. Es un ejemplo fascinante, pero que se presta difícilmente a una gestión a nivel nacional.
Otro caso de una figura interesante de ella, el más conocido internacionalmente, es, por supuesto, el presupuesto participativo en algunas ciudades brasileñas dirigidas por coaliciones de la izquierda --por ejemplo, en Porto Alegre. También hay un intento de ampliar el presupuesto participativo en otra provincia de Brasil, Río Grande do Sul, con el gobernador de izquierda Olivio Dutra.
Estas son algunas experiencias importantes, pero con algunos límites: participación minoritaria, de gestión puramente local y de sólo una parte de los recursos municipales. En todo caso, estos intentos son más interesantes que sus equivalentes en Europa, donde, con raras excepciones, se trata de consejos meramente consultivos y que no toman decisiones.
Aparece así, poco a poco, la idea de que la democracia representativa debe combinarse con formas de democracia directa, lo que permite la participación directa de los ciudadanos en las deliberaciones y las decisiones políticas que les afectan.
Esta idea me parece fértil y prometedora, aunque las modalidades están todavía en gran medida por definir.
Pero la crisis de la democracia representativa parlamentaria actual y sus fuentes estructurales, son de raíces más profundas: la incapacidad de las estructuras políticas establecidas, parlamentarias o de otra índole, para hacer frente con eficacia los problemas económicos y sociales. En la lógica del capitalismo neoliberal, las decisiones reales son cada vez menos adoptadas por los "representantes electos", y cada vez más por los mercados financieros, los principales bancos y empresas multinacionales, y en lo que respecta a esos países del Sur, el FMI y el Banco Mundial.
¡No se podrá salvar la democracia política si no es con el establecimiento de la democracia económica!
Traducción: Andrés Lund Medina (Rebelión)
Desde sus orígenes en Grecia, la democracia se consideró como la participación directa de todos los ciudadanos en las deliberaciones y decisiones. Este es el mismo principio que defiende el fundador del pensamiento democrático moderno, Jean-Jacques Rousseau. Es con las grandes revoluciones modernas, en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que la práctica de la democracia representativa se establecerá. Ella es, en cierta medida, inevitable en las grandes sociedades modernas. Las perversiones de la representación no datan de nuestros días, pero han sido considerablemente agravadas durante el reinado del neoliberalismo: con la formación de una casta política cerrada y con frecuencia corrupta, sumisa a los intereses de las élites privilegiadas, con la exclusión de las mujeres y los inmigrantes, y así sucesivamente (¡la lista es larga!).
La democracia participativa, tal y como funciona, principalmente en algunas de las comunidades indígenas autogestivas en América Latina --por ejemplo, en las regiones zapatistas en Chiapas--, es una nueva forma de gestión política que rompe con las estructuras burocráticas oficiales. Es un ejemplo fascinante, pero que se presta difícilmente a una gestión a nivel nacional.
Otro caso de una figura interesante de ella, el más conocido internacionalmente, es, por supuesto, el presupuesto participativo en algunas ciudades brasileñas dirigidas por coaliciones de la izquierda --por ejemplo, en Porto Alegre. También hay un intento de ampliar el presupuesto participativo en otra provincia de Brasil, Río Grande do Sul, con el gobernador de izquierda Olivio Dutra.
Estas son algunas experiencias importantes, pero con algunos límites: participación minoritaria, de gestión puramente local y de sólo una parte de los recursos municipales. En todo caso, estos intentos son más interesantes que sus equivalentes en Europa, donde, con raras excepciones, se trata de consejos meramente consultivos y que no toman decisiones.
Aparece así, poco a poco, la idea de que la democracia representativa debe combinarse con formas de democracia directa, lo que permite la participación directa de los ciudadanos en las deliberaciones y las decisiones políticas que les afectan.
Esta idea me parece fértil y prometedora, aunque las modalidades están todavía en gran medida por definir.
Pero la crisis de la democracia representativa parlamentaria actual y sus fuentes estructurales, son de raíces más profundas: la incapacidad de las estructuras políticas establecidas, parlamentarias o de otra índole, para hacer frente con eficacia los problemas económicos y sociales. En la lógica del capitalismo neoliberal, las decisiones reales son cada vez menos adoptadas por los "representantes electos", y cada vez más por los mercados financieros, los principales bancos y empresas multinacionales, y en lo que respecta a esos países del Sur, el FMI y el Banco Mundial.
¡No se podrá salvar la democracia política si no es con el establecimiento de la democracia económica!
Traducción: Andrés Lund Medina (Rebelión)
Alertas en rojo como grito de alarma
María Teresa Jardí
Cada día, algún grito de alarma se suma al del día anterior. A eso que se llama partido Verde que, todos saben, es el juguete de Jorgito, el hijito de su dueño Jorge González Torres, por el solo hecho de pedir la pena de muerte, con el atraso que esto evidencia de cara al mundo, tendría que cancelársele de inmediato su registro. Ningún pueblo que aspire a vivir en algo menos dramático que la dictadura, probadamente inaceptable siempre, debe permitir que nadie, bajo ninguna circunstancia, se ubique por encima de la ley, ni tampoco puede permitir hasta el infinito el cambio de leyes para endurecerlas y, menos aún, cuando ni siquiera sabe si con las más benévolas, cabalmente aplicadas, sería suficiente para combatir la delincuencia.
Sin ir más lejos, lo mismo venía ayer publicado en una nota de nuestro diario dicho por AMLO y también, lo están diciendo otros que pasaron por eso, como los colombianos, y a los que no funcionó el proceso.
El problema de la violencia no es un problema policiaco. Es un problema político que tiene que ver con malas decisiones tomadas desde la cabeza, de por quien además usurpa el poder Ejecutivo, malas decisiones avaladas a cambio de corrupción e impunidad por todos los partidos y como con partidos, es que se establecen los gobiernos en las "democracias" y es ahí donde está el problema de México.
Se pudrieron los partidos o al menos, claramente, están podridas sus dirigencias. Se corrompieron y lo mismo no legislan porque así se los ordena Televisa, que legislan siguiendo las ordenes de ese monopolio, convertido antes, por los partidos políticos, en el dueño absoluto del Poder en México.
Alarma leer que el Ejército quiere combatir al crimen organizado "sin restricciones legales". Defensora he sido de la necesidad de su uso temporal y con reglas para combatir, mínimamente, la delincuencia. Uso temporal apegado a derecho y bajo su absoluta responsabilidad, debido al nivel de corrupción al que se dejó llegar a las instituciones procuradoras de justicia en nuestro país. Lo que tampoco se ha hecho porque se prefirió mezclar, con el origen de la necesidad de sacar, es decir, con la corrupta policía, que no tenemos, algo así como poner manzanas buenas encima de las podridas, a sabiendas de que se pudrirán también las buenas. Lo que de suyo debiera despertar, por sí solo, mil luces de alerta. Porque no es tampoco que al Ejército se le haya dado facultades para combatir el lavado de dinero ni la corrupción sin límite que a los políticos alcanza y sin lo cual, combatir a los narcos no deja de ser una farsa.
Así como no tenemos policía, tampoco tenemos instituciones procuradoras de justicia y también nos han dejado sin un Poder Judicial que aplique la justicia y empeñados están en acabar con la credibilidad que le resta al Ejército Nacional. Porque del paralelo, que nadie habla, bien a bien tampoco se sabe en qué anda, además de mantener a un usurpador, por la fuerza de sus armas, como titular de un Ejecutivo que no ganó en las urnas.
No tenemos instituciones y no se combate la delincuencia que ha sentado sus reales en la silla misma, usurpada hoy de Ejecutivo Federal.
Bien a bien nadie sabe si los encapuchados, y los no encapuchados porque, vamos, hasta la más abominable de las televisoras, muestra acabada del daño que se le hace a un país al permitir a sujetos, individuos, corporaciones, instituciones... por encima de la ley, ha mostrado tomas de personas no encapuchadas al lado de las encapuchadas, que bien podrían ser simplemente jóvenes hartos de tanta injusticia y no delincuentes "pagados por el narco"; personas comunes y corrientes, en una manifestación pública, para exigir lo que el gobierno ha renunciado a hacer: Justicia, jóvenes comunes y corrientes con capuchas para no ser tan fácilmente reconocidos para evitar represalias. E incluso si fueran empleados de "los narcos", lo que tendrían que estar analizando los partidos: es el costo del acarreo que tantos "votos" comprados les deja.
Las luces rojas de alerta se encienden, como un grito de alarma, ante el hecho de que el Ejército Nacional preste sus armas --- eso sí descargadas, faltaba más--- para que jueguen con ellas niños en un evento que el Ejército sabe que va a ser televisado y documentado por los medios escritos. A convencer para lo que viene suena la cosa, encapuchados incluidos, que también pueden ser pagados para generar lo que la usurpación, que ha perdido el control del Estado, negocie, porque así le convenga, incluso para garantizarse su no paso por la cárcel en el futuro que se aproxima.
Cada día, algún grito de alarma se suma al del día anterior. A eso que se llama partido Verde que, todos saben, es el juguete de Jorgito, el hijito de su dueño Jorge González Torres, por el solo hecho de pedir la pena de muerte, con el atraso que esto evidencia de cara al mundo, tendría que cancelársele de inmediato su registro. Ningún pueblo que aspire a vivir en algo menos dramático que la dictadura, probadamente inaceptable siempre, debe permitir que nadie, bajo ninguna circunstancia, se ubique por encima de la ley, ni tampoco puede permitir hasta el infinito el cambio de leyes para endurecerlas y, menos aún, cuando ni siquiera sabe si con las más benévolas, cabalmente aplicadas, sería suficiente para combatir la delincuencia.
Sin ir más lejos, lo mismo venía ayer publicado en una nota de nuestro diario dicho por AMLO y también, lo están diciendo otros que pasaron por eso, como los colombianos, y a los que no funcionó el proceso.
El problema de la violencia no es un problema policiaco. Es un problema político que tiene que ver con malas decisiones tomadas desde la cabeza, de por quien además usurpa el poder Ejecutivo, malas decisiones avaladas a cambio de corrupción e impunidad por todos los partidos y como con partidos, es que se establecen los gobiernos en las "democracias" y es ahí donde está el problema de México.
Se pudrieron los partidos o al menos, claramente, están podridas sus dirigencias. Se corrompieron y lo mismo no legislan porque así se los ordena Televisa, que legislan siguiendo las ordenes de ese monopolio, convertido antes, por los partidos políticos, en el dueño absoluto del Poder en México.
Alarma leer que el Ejército quiere combatir al crimen organizado "sin restricciones legales". Defensora he sido de la necesidad de su uso temporal y con reglas para combatir, mínimamente, la delincuencia. Uso temporal apegado a derecho y bajo su absoluta responsabilidad, debido al nivel de corrupción al que se dejó llegar a las instituciones procuradoras de justicia en nuestro país. Lo que tampoco se ha hecho porque se prefirió mezclar, con el origen de la necesidad de sacar, es decir, con la corrupta policía, que no tenemos, algo así como poner manzanas buenas encima de las podridas, a sabiendas de que se pudrirán también las buenas. Lo que de suyo debiera despertar, por sí solo, mil luces de alerta. Porque no es tampoco que al Ejército se le haya dado facultades para combatir el lavado de dinero ni la corrupción sin límite que a los políticos alcanza y sin lo cual, combatir a los narcos no deja de ser una farsa.
Así como no tenemos policía, tampoco tenemos instituciones procuradoras de justicia y también nos han dejado sin un Poder Judicial que aplique la justicia y empeñados están en acabar con la credibilidad que le resta al Ejército Nacional. Porque del paralelo, que nadie habla, bien a bien tampoco se sabe en qué anda, además de mantener a un usurpador, por la fuerza de sus armas, como titular de un Ejecutivo que no ganó en las urnas.
No tenemos instituciones y no se combate la delincuencia que ha sentado sus reales en la silla misma, usurpada hoy de Ejecutivo Federal.
Bien a bien nadie sabe si los encapuchados, y los no encapuchados porque, vamos, hasta la más abominable de las televisoras, muestra acabada del daño que se le hace a un país al permitir a sujetos, individuos, corporaciones, instituciones... por encima de la ley, ha mostrado tomas de personas no encapuchadas al lado de las encapuchadas, que bien podrían ser simplemente jóvenes hartos de tanta injusticia y no delincuentes "pagados por el narco"; personas comunes y corrientes, en una manifestación pública, para exigir lo que el gobierno ha renunciado a hacer: Justicia, jóvenes comunes y corrientes con capuchas para no ser tan fácilmente reconocidos para evitar represalias. E incluso si fueran empleados de "los narcos", lo que tendrían que estar analizando los partidos: es el costo del acarreo que tantos "votos" comprados les deja.
Las luces rojas de alerta se encienden, como un grito de alarma, ante el hecho de que el Ejército Nacional preste sus armas --- eso sí descargadas, faltaba más--- para que jueguen con ellas niños en un evento que el Ejército sabe que va a ser televisado y documentado por los medios escritos. A convencer para lo que viene suena la cosa, encapuchados incluidos, que también pueden ser pagados para generar lo que la usurpación, que ha perdido el control del Estado, negocie, porque así le convenga, incluso para garantizarse su no paso por la cárcel en el futuro que se aproxima.
Problema de México
1) ¿Puede desaparecer una Isla?
R En México sí. Han desaparecido a la Isla Bermeja, ubicada a 100 millas al Norte de Yucatán y Campeche.
2) ¿Y quiénes la desaparecieron?
R En México, los legisladores tienen este poder, y en el caso de la Isla Bermeja, aquellos que participaron en la elaboración del Tratado Clinton-Zedillo, en el cual México y EU pactaron sus fronteras marítimas en el Golfo de México, en ceremonia celebrada en Washington el 09-06-2000; en complicidad con el contralmirante Néstor E. Yee Amador, director general de Oceanografía Naval; y desde luego, hubo mucho más cómplices en nuestro país.
3) ¿Y para qué desaparecieron la Isla Bermeja?
R Para que México pierda los derechos de explotar los yacimientos petrolíferos inmensos que alojan aproximadamente 22,600 millones de barriles de petróleo.
4) ¿Y cómo sabemos que la Isla Bermeja existió, o existe?
R Porque su existencia está debidamente registrada desde el año 1864 en la Carta Etnográfica de México, también en el libro Islas mexicanas editado por la SEP, que en su página 110 la ubica a 22º 33’ latitud Norte, y a 91º 22’ del Oeste; también algunas agencias federales de EU, entre ellas la CIA, reportan su existencia, e incluso una Agencia de Viajes de EU ofrece viajes a nuestra Isla Bermeja.
5) ¿Y no hubo legisladores mexicanos que se opusieran a esta desaparición?
R Sí, el finado Senador José Angel Conchello se opuso con todas sus fuerzas a este despojo a la Nación Mexicana, pero murió en un extraño accidente carretero, nunca investigado, en el año 1998.
6) ¿Y qué pasó con las minutas del Congreso, en donde consta el debate sobre este tratado?
R Desaparecieron también, aunque esto es un acto ilícito más, incluso desaparecieron los nombres de los legisladores mexicanos que participaron en este asunto.
7) ¿Y en qué me afecta a mí, como individuo, que esta Isla esté desaparecida?
R Actualmente, en México, el 40% del presupuesto del gobierno se compone de ingresos derivados del Petróleo y que Hacienda le quita a PEMEX; entonces tú pierdes todo lo que nuestro país, a través de PEMEX, obtendría de ganancias por la explotación de esa inmensa Dona petrolífera; pero no sólo tú pierdes esto, sino tus hijos, nietos, familiares, y toda tu descendencia.
8) ¿Y este despojo a todos los mexicanos es un hecho consumado e irreversible?
R No, porque la Isla Bermeja allí está, y puedes contratar un viaje a ella en la mencionada Agencia de Viajes
que está en EU, por lo que el tratado Clinton-Zedillo debe anularse para hacer uno nuevo, corregido, y midiendo nuestros derechos en un radio de 200 millas alrededor de NUESTRA ISLA BERMEJA.
9) ¿Y dónde puedo saber más sobre este tema?
R En cualquier buscador, teclea... Isla Bermeja ... y vas a encontrar cosas impresionantes!!
10) ¿Y qué puedo hacer?
R Mucho, empieza por divulgar este despojo, continúa informándote al respecto, y únete a todos los que amamos a nuestra Patria Mexicana, y no nos dejamos engañar por el poder mediático. Pueden verificar su existencia en el Google Herat con buscar Isla Bermeja, si dan doble click en la etiqueta de la isla encontraran más información.
En el aún corto 2009, mil ejecutados
Lilia Arellano
La administración de Felipe Calderón es un “gobierno fallido”, así simple y sencillamente, sin “catastrofismos”. Prueba irrefutable de lo anterior son las más de mil ejecuciones relacionadas con el crimen organizado perpetradas a lo largo y ancho del territorio nacional con total impunidad, en menos de cincuenta días, es decir menos de dos meses. El país se hunde en la incertidumbre y el temor, consecuencia de tener un gobierno federal totalmente incapaz de frenar la ola de violencia y atrapar y fincar responsabilidades a los delincuentes, debido al grado de complicidad de altos mandos con los capos del narcotráfico.
Reportes de los medios de comunicación dan cuenta de que al viernes 20 de febrero sumaban ya mil tres muertes violentas relacionadas con actividades del crimen organizado y el narcotráfico, es decir un promedio de 19 homicidios por día. A eso habrá que sumarle las ejecuciones del fin de semana, que se contabilizan por varias decenas. Esto lleva a la gestión calderonista a implantar un nuevo y reprobable récord, pues los primeros mil asesinatos en 2008 se registraron hasta el 22 de abril, mientras que los de 2007 se completaron el 14 de mayo y en 2006 el 1 de julio.
El baño de sangre en el país va a continuar, sin duda alguna, porque la administración federal no tiene la intención de cambiar su supuesta “estrategia” contra el crimen organizado, lo que está llevando a crear un aún más grave problema de ingobernabilidad al interior, que tarde o temprano derivará en una cuestión de seguridad nacional, no sólo para el país sino para la seguridad de nuestro vecino del Norte que está ya preparado para intervenir en el territorio nacional en base al llamado Plan México o Iniciativa Mérida, al igual que ocurrió en Colombia con los adversos resultados por todos conocidos.
En las últimas horas, los hechos violentos se multiplicaron. Tan sólo en la urbe más violenta del país, Ciudad Juárez, Chihuahua, habían sido asesinadas este domingo 11 personas al cierre de estas líneas: en el sur de esa ciudad fronteriza fueron ejecutadas, por un comando armado, dos jóvenes de 20 y 25 años, conocidos como El Sondo y El Vocal. Otras nueve personas fueron también ultimadas, en unas cuantas horas, en distintos hechos ocurridos en esa urbe, en la que han sido ultimadas al menos 360 personas en lo que va del año. Otras tres ejecuciones se registraron en la capital estatal, Chihuahua.
Los capos del narcotráfico han impuesto su ley en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos. El último hecho que confirma esta aseveración es la renuncia del mayor retirado Roberto Orduña Cruz a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego que el crimen organizado asesinara a un policía y a un custodio, como parte de la amenaza de matar a un agente cada 48 horas si el militar continuaba en el cargo.
La guerra entre los cárteles del narcotráfico no baja de intensidad tampoco en otras regiones. En el Estado de Durango, un enfrentamiento entre dos grupos de narcos en el municipio de Pueblo Nuevo, que duró al menos 40 minutos, dejó un saldo extraoficial de 10 muertos. Hasta ese lugar, se trasladaron elementos de la Décima Zona Militar y agentes de la Dirección Estatal de Investigación.
Lo mismo ocurre en otras entidades de la República, incluso en aquellas donde la violencia contra las mujeres es manifiesta, como en Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México y la propia Chihuahua. De acuerdo con información de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), a esos estados habría que agregarles Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
La incompetencia e ineficiencia de la administración calderonista ante el crimen organizado es ya inocultable. Aún así el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, intentó este domingo echar la culpa del creciente problema de inseguridad pública a los gobiernos estatales del PRI para intentar justificar la responsabilidad de la gestión federal panista. El dirigente panista sostuvo que los gobiernos estatales priístas han fracasado en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, por lo que “sugieren la rendición en esta lucha”.
Dentro de su estrategia mediática electorera, Martínez presume que el PAN va a aprobar la Ley de Extinción de Dominio para quitar la riqueza a los narcos y las reformas para el combate al narcomenudeo. El dirigente panista parece olvidar que su partido no tiene la capacidad de aprobar ninguna ley en el Congreso por sí solo, por lo que tiene que negociar y ceder ante las bancadas del PRI y del PRD para poder sacar adelante cualquier iniciativa. Lo que sí deja en claro es que la “estrategia” de Calderón no cambiará, pese a los adversos resultados que hasta el momento ha producido.
Los argumentos de Martínez son totalmente falsos, porque oculta varios importantes hechos. En primer lugar, que es responsabilidad de la Federación la investigación y persecución de los delitos federales, es decir, los relacionados con el narcotráfico; pretende ocultar que la ola de violencia se circunscribe a las entidades gobernadas por militantes del PRI, lo cual también es falso, pues abarca a todos los estados, lo mismo gobernados por el PRD, que por el PAN y, por supuesto, también por el PRI. Además, intenta ocultar que es un gobierno federal panista quien tiene las facultades, competencia y recursos que le otorga el pueblo y la Constitución para llevar a cabo esa tarea que no sólo no ha cumplido, sino que su indolencia e ineficiencia ha agravado.
Lo peor de todo es que nadie sabe cuándo terminará este baño de sangre. No hay ni la mínima estrategia para resolver realmente el problema del narcotráfico, de la disputa de territorios, del control de la producción, distribución, venta y exportación de estupefacientes; del lavado de dinero, en donde prácticamente nada se ha hecho para intentar romper la columna vertebral de este gran negocio. Sólo nos han dado advertencias de que la lucha será larga y que las víctimas serán muchas, sin que nadie esté a salvo.
Autoridades cancunenses en la ignominia
Durante el fin de semana se presentó una muestra más de hasta qué grado de descomposición ha llegado el equipo de Gregorio Sánchez Martínez, alcalde de Benito Juárez (Cancún), tras darse a conocer la detención de Marco Antonio Mejía López, hasta el jueves pasado director de la cárcel municipal.
Resulta que en un afán de utilizar cualquier elemento que pueda distraer la atención sobre la responsabilidad directa que tiene el primer edil sobre lo que acontece en el lugar y sobre todo de los nombramientos que él hizo, resultó de lo más sencillo hablar de Andrés Manuel López Obrador para involucrarlo en el caso.
Utilizando el hecho de que Mejía López formó parte del equipo de seguridad del tabasqueño cuando estaba en el gobierno capitalino y posteriormente en la campaña del 2006, aseguraron los del cerrado círculo del alcalde que su nombramiento obedeció a una recomendación directa del ex candidato a la Presidencia, lo cual es otra de las grandes y graves mentiras que rodean a Sánchez Martínez y a su gente, la fuereña, la instalada con todas las prebendas en el Palacio Municipal.
Para nadie es un secreto que si don Goyo resultó candidato de una alianza —de la que cada vez que puede se deslinda— fue por obra, gracia y decisión de su gran amigo Carlos Navarrete y que éste ha demostrado, desde que empezó a comer tres veces al día, un gran resentimiento y hasta rechazo al tabasqueño, aunque públicamente y cuando así conviene a los “chuchos” afirma exactamente todo lo contrario.
De ahí que se diera a conocer que Navarrete y todo su conjunto musical se mostraran muy molestos cuando resultó ganador de la licitación para la alimentación de los presos un cercano a “Nico”, al colaborador y chofer desde hace muchos años del tabasqueño. El nombramiento de Mejía López surgió de Alfredo Achard, personaje clave en el gabinete “sanchista”, quien, en efecto, estuvo muy cercano a AMLO en la campaña por la presidencia pero que después se le descubrió como informante de terceros y quien, aquí en Cancún, operó la fraudulenta elección en la que resultó su gran cuate Jesús Ortega electo dirigente perredista.
Tanto los Achard, como cada uno de los que son llamados para colaborar con ellos, han sido del total desagrado del tabasqueño a quien ahora pretenden involucrar, de la manera más baja, en toda esta serie de asuntos que dejan ver que el alcalde estaba rodeado de hampones y que, para su desgracia lo sigue estando, por lo que nadie cree en su total desconocimiento de lo que se hacía en tantas áreas ligadas todas al bajo mundo, al de las drogas, al de los secuestros, a los de la delincuencia organizada.
Ahora la red se extiende porque ya no sólo se trata de Sánchez Martínez sino de la familia Achard -habrá que tener muy presente que Arturo Achard, el padre de Alfredo, es uno de los protegidos con mayor rigor por parte del alcalde, quien pasó por alto todas las omisiones que le causaron pérdidas al municipio con relación a las obras públicas y recibió como castigo su traslado a la dirección de transporte y vialidad, área en la que es experto puesto que en Puebla dejó sembrada una estela de malos manejos—. Las investigaciones, si en realidad van en serio, tendrán que extenderse a las actividades de los Achard, ya que fue el vástago de don Arturo quien también abogó todo lo que pudo por que Francisco Velasco fuera designado jefe policíaco y también es el impulsor número uno de la creación de secretarías y de todos los cambios que propuso el alcalde y que le han resultado todo un fracaso, amén de ligarlo abiertamente con los jefes de las mafias.
En México, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene sujeto a interrogatorios a Mejía López. En el momento de su detención y traslado, se supo que brindó protección a los del cártel del Golfo que operan en Quintana Roo y que la suya es una de tantas colaboraciones que servidores públicos municipales le prestan a este grupo. Están por comprobar hasta dónde llega su implicación en el crimen del general Mauro Enrique Tello Quiñones y si precisamente del penal bajo su responsabilidad, salieron quienes participaron en la ejecución.
No tenía ni dos meses en el cargo, cuando entrevistamos para el radio al jefe carcelario detenido. Es un sujeto demasiado joven para haber tenido bajo su responsabilidad una prisión que ya, en el pasado reciente, dio mucho de qué hablar al gestarse una fuga masiva de reos producto de una supuesta y armada zacapela interna, dizque por el traslado a Chetumal de quien era el verdadero director. De los que en esa ocasión huyeron no se supo nada, ni si fueron reaprehendidos ni cuántos formaban parte de esa temible delincuencia que se ha convertido en el azote de cancunenses.
Mejía demostraba una gran seguridad. Ni un ápice de temor. No hizo ningún gesto cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que otros grupos llegaran a dominar esa cárcel y que si se negaba pudiera costarle la vida. Nada le hizo exponer ni siquiera una palabra de cierta duda sobre el peligro, es más ni siquiera avizoraba el peligro. Todo parecía tenerlo muy en orden, orquestado. Y, al paso del tiempo así resultó, orquestado y desde las propias oficinas del alcalde, de su principal asesor, de los Achard.
En fin, que los Achard con tal de no verse todo lo involucrados que están, han armado -quien sabe si solos o por consejo de otros o junto con el alcalde- otro argumento que dejaron circular y en el que aseguran que ya se sospechaba que algo andaba mal y que por eso, en reiteradas ocasiones, pidieron ayuda al gobierno del Estado y recibieron largas como respuesta, lo cual es totalmente falso y tan es así, que apenas les reventó el problema y las autoridades estatales se abocaron a tranquilizar a los ciudadanos, primero enviando a un jefe provisional cargado de buena fama a la seguridad pública y ahora haciéndose cargo de inmediato de la prisión. Con estas versiones que Gregorio Sánchez permite que corran, revela qué tan malagradecido puede ser hasta con quienes le brindan respaldo, por lo menos mientras se demuestra qué tan adentro está de todos los ajos que en su comal se cocinan.
Ver para creer
Pero mientras en Cancún suceden todas éstas cosas y en Puerto Morelos, también jurisdicción del municipio Benito Juárez, se multiplican las extorsiones a empresarios y ciudadanos de clase media, además de la venta de protección a comercios, el alcalde Gregorio Sánchez se sienta frente a los micrófonos, pone una cara de yo no fui frente a las cámara y dedica tiempo a otro de sus “oficios”, el de locutor y conductor.
A partir de la semana anterior anunció un nuevo programa que se transmitirá, además del sabatino por Radio Ayuntamiento, en el que funge -o ¿finge?— como conductor. En el primero de esta que anunció será toda una serie invitó al procurador del Estado, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, a quien le preguntó ¿cómo ve usted el asunto de la seguridad en Cancún? Si ver a la autoridad municipal, la que cobra su salario con los impuestos que los del lugar pagan, distraer el tiempo que tiene que dedicarle a la labor para la cual le dieron el voto de confianza es ya de suyo inadmisible, que esta misma autoridad le cuestione a otra cómo ve un asunto que es de su total competencia es realmente ridículo.
Y se distrae haciéndola de conductor con salario de los contribuyentes pagado puntualmente, quincena tras quincena, mientras que en el área de su total responsabilidad, seguridad pública, se lleva a cabo una revisión del armamento que revela que hay un sinfín de anomalías. El 40 por ciento de éste puede ser considerado inservible; tres centenas de uniformados ni siquiera tienen permiso para portar armas y a otros les asignaron unas que no les correspondían y ni siquiera estaban relacionadas.
Ese era el armamento con el que el alcalde pretendía proteger a los ciudadanos y no otro. Esos son sus funcionarios, los que hoy están señalados por sus vínculos con el narcotráfico. Esos son sus asesores, los que pueden cometer cualquier tipo de fraudes, aun los electorales, con tal de cumplir los caprichos del alcalde. Esos son los miembros de su equipo cercano, los que hacer perder al municipio dinero y dejan obras inconclusas y después resultan premiados. Esos son, también, sus parientes.
Hambre y pobreza
Tal vez más que la complicada y difícil inseguridad pública que azota al país, el hambre, la carestía y la creciente pobreza alimentaria constituyen el problema más grave y peligroso que enfrenta el país, y la indolencia e incapacidad de la actual administración federal no hacen más que acrecentarla. Ante la indiferencia de la gestión calderonista, los mexicanos del campo y la ciudad ven con impotencia cómo sus ingresos se extinguen y pierden valor ante la crisis económica, la inflación y la voracidad de los comerciantes.
Es en verdad riesgoso, para la estabilidad política del país, el hecho de que los alimentos básicos se han encarecido hasta en un 70 por ciento y en 150 por ciento en el caso de las hortalizas, al grado de que con el salario mínimo vigente sólo se puede adquirir el 10 por ciento de la Canasta Básica de Alimentos. Citando estudios de la UNAM, la Confederación Nacional Campesina ha destacado que la carestía es imparable y prueba de ello, es que los precios de los alimentos básicos se han ido a las nubes y son casi inalcanzables para las clases más desprotegidas.
Tan sólo en el último año, el precio del arroz, por ejemplo, subió más del 60 por ciento; el huevo aumentó 30 por ciento; el azúcar 40 por ciento y la carne hasta en un 80 por ciento. Las hortalizas han incrementado más, pues el precio del tomate, la calabaza y el chile han subido en algunos casos más del 150 por ciento, a pesar de lo cual los apoyos oficiales a los productores campesino se los siguen regateando los funcionarios de la administración pública federal.
En el país ronda el fantasma del hambre y, en algunas regiones, ya es toda una realidad, pues a la ineficiencia del gobierno federal, la crisis económica internacional y la desaceleración de la economía, ahora se ha sumado la reducción de las remesas que llegan al país del extranjero, las cuales en muchas zonas son la principal fuente de ingresos. La desaceleración del envío de remesas a México se originó por la crisis hipotecaria de Estados Unidos y el menor crecimiento económico de ese país.
Las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos a nuestro país registraron una caída de 3.6 por ciento respecto al término del año pasado. Al cierre del 2008, la remesas ascendieron a 25 mil 145 millones de dólares, en comparación con los 26 mil 76 millones de dólares del 2007. Para este año se espera una caída mucho mayor, lo que complicará los ya de por si difíciles problemas de la población de escasos recursos en diversas regiones del país, en muchas de las cuales éste es su principal fuente de ingresos.
La situación tiende a empeorar, pues el Banco Mundial calcula que las transferencias de remesas en todo el mundo pueden caer en 2009 hasta 6 por ciento, lo que tendrá necesariamente un fuerte impacto en los hogares y en la economía de los países receptores como México, que es la tercera nación que más dinero recibe por este concepto, sólo detrás de la India y China. De acuerdo con ese organismo mundial, México será uno de los países más afectados, dadas las remesas relacionadas con la construcción que se transfieren desde Estados Unidos.
El BM llama la atención de la dimensión del drama que la caída de las remesas supone, puesto que alrededor de la mitad de las personas que reciben este dinero no tienen otra fuente de ingresos, además que los sistemas de protección social en las naciones receptores son muchas veces precarios, lo que “convierte la crisis económica en una crisis social”. Sobre este punto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) advierte que “el gran desafío que impone es evitar alzas en los indicadores de pobreza”, aspecto en el que ha fracasado totalmente el gobierno calderonista”.
También destaca que no sólo debe enfrentarse el reto de estabilizar el crecimiento económico con políticas anticíclicas, sino también el de desarrollar instrumentos para proteger a la población más vulnerable de los efectos de la crisis”, aspectos en los que hay un contundente fracaso de la actual administración federal.
Nuevo sistema financiero mundial
Todo parece indicar que el cada vez menos popular presidente de los Estados Unidos, Barack Oama, tendrá que ceder ante el empuje de sus socios comerciales y negociar con ellos un nuevo orden financiero internacional, con amplios controles, tal y como lo exigieron este domingo en Berlín, Alemania, los países europeos.
Integrantes del llamado Grupo de los 20, que encabezan Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, en voz del ministro británico, Gordon Brown, dieron a conocer que durante su reunión hubo consenso en que es necesario establecer un “New Deal”, es decir, un nuevo pacto económico y financiero, que abarque a todo el mundo y funde de nuevo sistemas para confrontar la crisis actual y evitar otras en el futuro.
Por su parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, señaló que Europa está de acuerdo con la refundación del sistema financiero internacional e indicó que para ello, el establecimiento de sanciones será muy importante.
Jan Peter Balkenende, primer ministro de Holanda, dio a conocer los puntos centrales del encuentro: se refrendó el respaldo a la economía de libre mercado “con orientación social”, ya que se supone una dimensión moral y no sólo de reglamentaciones: “todos los mercados, productos y actores financieros deben ser sujetos a una apropiada vigilancia y regulación”; se asumió el compromiso de apoyar el libre comercio y de llevar las rondas comerciales a un final exitoso, para lo cual todos los países participantes estuvieron de acuerdo en establecer un pacto económico mundial para el crecimiento económico; un punto destacable fue el de la solidaridad, a efecto de que sean ayudados los países con problemas económicos, derivados de la crisis financiera.
Los líderes de los países europeos también pidieron duplicar a 500,000 millones de dólares (390,000 millones de euros) los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para “permitirle no sólo enfrentar las crisis sino impedirlas”.
Asimismo, señalaron que la cumbre del G-20 debe aprobar sanciones para castigar a paraísos fiscales y otras jurisdicciones no cooperativas.
El próximo 2 de abril se llevará a cabo la Cumbre del G.-20 en Londres en un entorno en el que prevalece el temor a un aumento del proteccionismo y que obstaculiza un frente unido a nivel europeo.
De los pasillos
El sonorense Manlio Fabio Beltrones aprovechó los recientes episodios de incapacidad y escándalo de integrantes del gobierno federal para proponer retomar la reforma del Estado para que el Senado ratifique al gabinete presidencial.... Paros técnicos y despidos afectan a la industria maquiladora. Tan sólo en el Estado de Chihuahua, 92 mil empleados han sido despedidos en los últimos 15 meses, mientras que otros 56 mil han sido afectados por paros técnicos de esas empresas.
lilia_arellano@yahoo.com
La administración de Felipe Calderón es un “gobierno fallido”, así simple y sencillamente, sin “catastrofismos”. Prueba irrefutable de lo anterior son las más de mil ejecuciones relacionadas con el crimen organizado perpetradas a lo largo y ancho del territorio nacional con total impunidad, en menos de cincuenta días, es decir menos de dos meses. El país se hunde en la incertidumbre y el temor, consecuencia de tener un gobierno federal totalmente incapaz de frenar la ola de violencia y atrapar y fincar responsabilidades a los delincuentes, debido al grado de complicidad de altos mandos con los capos del narcotráfico.
Reportes de los medios de comunicación dan cuenta de que al viernes 20 de febrero sumaban ya mil tres muertes violentas relacionadas con actividades del crimen organizado y el narcotráfico, es decir un promedio de 19 homicidios por día. A eso habrá que sumarle las ejecuciones del fin de semana, que se contabilizan por varias decenas. Esto lleva a la gestión calderonista a implantar un nuevo y reprobable récord, pues los primeros mil asesinatos en 2008 se registraron hasta el 22 de abril, mientras que los de 2007 se completaron el 14 de mayo y en 2006 el 1 de julio.
El baño de sangre en el país va a continuar, sin duda alguna, porque la administración federal no tiene la intención de cambiar su supuesta “estrategia” contra el crimen organizado, lo que está llevando a crear un aún más grave problema de ingobernabilidad al interior, que tarde o temprano derivará en una cuestión de seguridad nacional, no sólo para el país sino para la seguridad de nuestro vecino del Norte que está ya preparado para intervenir en el territorio nacional en base al llamado Plan México o Iniciativa Mérida, al igual que ocurrió en Colombia con los adversos resultados por todos conocidos.
En las últimas horas, los hechos violentos se multiplicaron. Tan sólo en la urbe más violenta del país, Ciudad Juárez, Chihuahua, habían sido asesinadas este domingo 11 personas al cierre de estas líneas: en el sur de esa ciudad fronteriza fueron ejecutadas, por un comando armado, dos jóvenes de 20 y 25 años, conocidos como El Sondo y El Vocal. Otras nueve personas fueron también ultimadas, en unas cuantas horas, en distintos hechos ocurridos en esa urbe, en la que han sido ultimadas al menos 360 personas en lo que va del año. Otras tres ejecuciones se registraron en la capital estatal, Chihuahua.
Los capos del narcotráfico han impuesto su ley en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos. El último hecho que confirma esta aseveración es la renuncia del mayor retirado Roberto Orduña Cruz a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego que el crimen organizado asesinara a un policía y a un custodio, como parte de la amenaza de matar a un agente cada 48 horas si el militar continuaba en el cargo.
La guerra entre los cárteles del narcotráfico no baja de intensidad tampoco en otras regiones. En el Estado de Durango, un enfrentamiento entre dos grupos de narcos en el municipio de Pueblo Nuevo, que duró al menos 40 minutos, dejó un saldo extraoficial de 10 muertos. Hasta ese lugar, se trasladaron elementos de la Décima Zona Militar y agentes de la Dirección Estatal de Investigación.
Lo mismo ocurre en otras entidades de la República, incluso en aquellas donde la violencia contra las mujeres es manifiesta, como en Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México y la propia Chihuahua. De acuerdo con información de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), a esos estados habría que agregarles Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
La incompetencia e ineficiencia de la administración calderonista ante el crimen organizado es ya inocultable. Aún así el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, intentó este domingo echar la culpa del creciente problema de inseguridad pública a los gobiernos estatales del PRI para intentar justificar la responsabilidad de la gestión federal panista. El dirigente panista sostuvo que los gobiernos estatales priístas han fracasado en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, por lo que “sugieren la rendición en esta lucha”.
Dentro de su estrategia mediática electorera, Martínez presume que el PAN va a aprobar la Ley de Extinción de Dominio para quitar la riqueza a los narcos y las reformas para el combate al narcomenudeo. El dirigente panista parece olvidar que su partido no tiene la capacidad de aprobar ninguna ley en el Congreso por sí solo, por lo que tiene que negociar y ceder ante las bancadas del PRI y del PRD para poder sacar adelante cualquier iniciativa. Lo que sí deja en claro es que la “estrategia” de Calderón no cambiará, pese a los adversos resultados que hasta el momento ha producido.
Los argumentos de Martínez son totalmente falsos, porque oculta varios importantes hechos. En primer lugar, que es responsabilidad de la Federación la investigación y persecución de los delitos federales, es decir, los relacionados con el narcotráfico; pretende ocultar que la ola de violencia se circunscribe a las entidades gobernadas por militantes del PRI, lo cual también es falso, pues abarca a todos los estados, lo mismo gobernados por el PRD, que por el PAN y, por supuesto, también por el PRI. Además, intenta ocultar que es un gobierno federal panista quien tiene las facultades, competencia y recursos que le otorga el pueblo y la Constitución para llevar a cabo esa tarea que no sólo no ha cumplido, sino que su indolencia e ineficiencia ha agravado.
Lo peor de todo es que nadie sabe cuándo terminará este baño de sangre. No hay ni la mínima estrategia para resolver realmente el problema del narcotráfico, de la disputa de territorios, del control de la producción, distribución, venta y exportación de estupefacientes; del lavado de dinero, en donde prácticamente nada se ha hecho para intentar romper la columna vertebral de este gran negocio. Sólo nos han dado advertencias de que la lucha será larga y que las víctimas serán muchas, sin que nadie esté a salvo.
Autoridades cancunenses en la ignominia
Durante el fin de semana se presentó una muestra más de hasta qué grado de descomposición ha llegado el equipo de Gregorio Sánchez Martínez, alcalde de Benito Juárez (Cancún), tras darse a conocer la detención de Marco Antonio Mejía López, hasta el jueves pasado director de la cárcel municipal.
Resulta que en un afán de utilizar cualquier elemento que pueda distraer la atención sobre la responsabilidad directa que tiene el primer edil sobre lo que acontece en el lugar y sobre todo de los nombramientos que él hizo, resultó de lo más sencillo hablar de Andrés Manuel López Obrador para involucrarlo en el caso.
Utilizando el hecho de que Mejía López formó parte del equipo de seguridad del tabasqueño cuando estaba en el gobierno capitalino y posteriormente en la campaña del 2006, aseguraron los del cerrado círculo del alcalde que su nombramiento obedeció a una recomendación directa del ex candidato a la Presidencia, lo cual es otra de las grandes y graves mentiras que rodean a Sánchez Martínez y a su gente, la fuereña, la instalada con todas las prebendas en el Palacio Municipal.Para nadie es un secreto que si don Goyo resultó candidato de una alianza —de la que cada vez que puede se deslinda— fue por obra, gracia y decisión de su gran amigo Carlos Navarrete y que éste ha demostrado, desde que empezó a comer tres veces al día, un gran resentimiento y hasta rechazo al tabasqueño, aunque públicamente y cuando así conviene a los “chuchos” afirma exactamente todo lo contrario.
De ahí que se diera a conocer que Navarrete y todo su conjunto musical se mostraran muy molestos cuando resultó ganador de la licitación para la alimentación de los presos un cercano a “Nico”, al colaborador y chofer desde hace muchos años del tabasqueño. El nombramiento de Mejía López surgió de Alfredo Achard, personaje clave en el gabinete “sanchista”, quien, en efecto, estuvo muy cercano a AMLO en la campaña por la presidencia pero que después se le descubrió como informante de terceros y quien, aquí en Cancún, operó la fraudulenta elección en la que resultó su gran cuate Jesús Ortega electo dirigente perredista.
Tanto los Achard, como cada uno de los que son llamados para colaborar con ellos, han sido del total desagrado del tabasqueño a quien ahora pretenden involucrar, de la manera más baja, en toda esta serie de asuntos que dejan ver que el alcalde estaba rodeado de hampones y que, para su desgracia lo sigue estando, por lo que nadie cree en su total desconocimiento de lo que se hacía en tantas áreas ligadas todas al bajo mundo, al de las drogas, al de los secuestros, a los de la delincuencia organizada.
Ahora la red se extiende porque ya no sólo se trata de Sánchez Martínez sino de la familia Achard -habrá que tener muy presente que Arturo Achard, el padre de Alfredo, es uno de los protegidos con mayor rigor por parte del alcalde, quien pasó por alto todas las omisiones que le causaron pérdidas al municipio con relación a las obras públicas y recibió como castigo su traslado a la dirección de transporte y vialidad, área en la que es experto puesto que en Puebla dejó sembrada una estela de malos manejos—. Las investigaciones, si en realidad van en serio, tendrán que extenderse a las actividades de los Achard, ya que fue el vástago de don Arturo quien también abogó todo lo que pudo por que Francisco Velasco fuera designado jefe policíaco y también es el impulsor número uno de la creación de secretarías y de todos los cambios que propuso el alcalde y que le han resultado todo un fracaso, amén de ligarlo abiertamente con los jefes de las mafias.
En México, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene sujeto a interrogatorios a Mejía López. En el momento de su detención y traslado, se supo que brindó protección a los del cártel del Golfo que operan en Quintana Roo y que la suya es una de tantas colaboraciones que servidores públicos municipales le prestan a este grupo. Están por comprobar hasta dónde llega su implicación en el crimen del general Mauro Enrique Tello Quiñones y si precisamente del penal bajo su responsabilidad, salieron quienes participaron en la ejecución.
No tenía ni dos meses en el cargo, cuando entrevistamos para el radio al jefe carcelario detenido. Es un sujeto demasiado joven para haber tenido bajo su responsabilidad una prisión que ya, en el pasado reciente, dio mucho de qué hablar al gestarse una fuga masiva de reos producto de una supuesta y armada zacapela interna, dizque por el traslado a Chetumal de quien era el verdadero director. De los que en esa ocasión huyeron no se supo nada, ni si fueron reaprehendidos ni cuántos formaban parte de esa temible delincuencia que se ha convertido en el azote de cancunenses.
Mejía demostraba una gran seguridad. Ni un ápice de temor. No hizo ningún gesto cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que otros grupos llegaran a dominar esa cárcel y que si se negaba pudiera costarle la vida. Nada le hizo exponer ni siquiera una palabra de cierta duda sobre el peligro, es más ni siquiera avizoraba el peligro. Todo parecía tenerlo muy en orden, orquestado. Y, al paso del tiempo así resultó, orquestado y desde las propias oficinas del alcalde, de su principal asesor, de los Achard.
En fin, que los Achard con tal de no verse todo lo involucrados que están, han armado -quien sabe si solos o por consejo de otros o junto con el alcalde- otro argumento que dejaron circular y en el que aseguran que ya se sospechaba que algo andaba mal y que por eso, en reiteradas ocasiones, pidieron ayuda al gobierno del Estado y recibieron largas como respuesta, lo cual es totalmente falso y tan es así, que apenas les reventó el problema y las autoridades estatales se abocaron a tranquilizar a los ciudadanos, primero enviando a un jefe provisional cargado de buena fama a la seguridad pública y ahora haciéndose cargo de inmediato de la prisión. Con estas versiones que Gregorio Sánchez permite que corran, revela qué tan malagradecido puede ser hasta con quienes le brindan respaldo, por lo menos mientras se demuestra qué tan adentro está de todos los ajos que en su comal se cocinan.
Ver para creer
Pero mientras en Cancún suceden todas éstas cosas y en Puerto Morelos, también jurisdicción del municipio Benito Juárez, se multiplican las extorsiones a empresarios y ciudadanos de clase media, además de la venta de protección a comercios, el alcalde Gregorio Sánchez se sienta frente a los micrófonos, pone una cara de yo no fui frente a las cámara y dedica tiempo a otro de sus “oficios”, el de locutor y conductor.
A partir de la semana anterior anunció un nuevo programa que se transmitirá, además del sabatino por Radio Ayuntamiento, en el que funge -o ¿finge?— como conductor. En el primero de esta que anunció será toda una serie invitó al procurador del Estado, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, a quien le preguntó ¿cómo ve usted el asunto de la seguridad en Cancún? Si ver a la autoridad municipal, la que cobra su salario con los impuestos que los del lugar pagan, distraer el tiempo que tiene que dedicarle a la labor para la cual le dieron el voto de confianza es ya de suyo inadmisible, que esta misma autoridad le cuestione a otra cómo ve un asunto que es de su total competencia es realmente ridículo.
Y se distrae haciéndola de conductor con salario de los contribuyentes pagado puntualmente, quincena tras quincena, mientras que en el área de su total responsabilidad, seguridad pública, se lleva a cabo una revisión del armamento que revela que hay un sinfín de anomalías. El 40 por ciento de éste puede ser considerado inservible; tres centenas de uniformados ni siquiera tienen permiso para portar armas y a otros les asignaron unas que no les correspondían y ni siquiera estaban relacionadas.
Ese era el armamento con el que el alcalde pretendía proteger a los ciudadanos y no otro. Esos son sus funcionarios, los que hoy están señalados por sus vínculos con el narcotráfico. Esos son sus asesores, los que pueden cometer cualquier tipo de fraudes, aun los electorales, con tal de cumplir los caprichos del alcalde. Esos son los miembros de su equipo cercano, los que hacer perder al municipio dinero y dejan obras inconclusas y después resultan premiados. Esos son, también, sus parientes.
Hambre y pobreza
Tal vez más que la complicada y difícil inseguridad pública que azota al país, el hambre, la carestía y la creciente pobreza alimentaria constituyen el problema más grave y peligroso que enfrenta el país, y la indolencia e incapacidad de la actual administración federal no hacen más que acrecentarla. Ante la indiferencia de la gestión calderonista, los mexicanos del campo y la ciudad ven con impotencia cómo sus ingresos se extinguen y pierden valor ante la crisis económica, la inflación y la voracidad de los comerciantes.
Es en verdad riesgoso, para la estabilidad política del país, el hecho de que los alimentos básicos se han encarecido hasta en un 70 por ciento y en 150 por ciento en el caso de las hortalizas, al grado de que con el salario mínimo vigente sólo se puede adquirir el 10 por ciento de la Canasta Básica de Alimentos. Citando estudios de la UNAM, la Confederación Nacional Campesina ha destacado que la carestía es imparable y prueba de ello, es que los precios de los alimentos básicos se han ido a las nubes y son casi inalcanzables para las clases más desprotegidas.
Tan sólo en el último año, el precio del arroz, por ejemplo, subió más del 60 por ciento; el huevo aumentó 30 por ciento; el azúcar 40 por ciento y la carne hasta en un 80 por ciento. Las hortalizas han incrementado más, pues el precio del tomate, la calabaza y el chile han subido en algunos casos más del 150 por ciento, a pesar de lo cual los apoyos oficiales a los productores campesino se los siguen regateando los funcionarios de la administración pública federal.
En el país ronda el fantasma del hambre y, en algunas regiones, ya es toda una realidad, pues a la ineficiencia del gobierno federal, la crisis económica internacional y la desaceleración de la economía, ahora se ha sumado la reducción de las remesas que llegan al país del extranjero, las cuales en muchas zonas son la principal fuente de ingresos. La desaceleración del envío de remesas a México se originó por la crisis hipotecaria de Estados Unidos y el menor crecimiento económico de ese país.
Las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos a nuestro país registraron una caída de 3.6 por ciento respecto al término del año pasado. Al cierre del 2008, la remesas ascendieron a 25 mil 145 millones de dólares, en comparación con los 26 mil 76 millones de dólares del 2007. Para este año se espera una caída mucho mayor, lo que complicará los ya de por si difíciles problemas de la población de escasos recursos en diversas regiones del país, en muchas de las cuales éste es su principal fuente de ingresos.
La situación tiende a empeorar, pues el Banco Mundial calcula que las transferencias de remesas en todo el mundo pueden caer en 2009 hasta 6 por ciento, lo que tendrá necesariamente un fuerte impacto en los hogares y en la economía de los países receptores como México, que es la tercera nación que más dinero recibe por este concepto, sólo detrás de la India y China. De acuerdo con ese organismo mundial, México será uno de los países más afectados, dadas las remesas relacionadas con la construcción que se transfieren desde Estados Unidos.
El BM llama la atención de la dimensión del drama que la caída de las remesas supone, puesto que alrededor de la mitad de las personas que reciben este dinero no tienen otra fuente de ingresos, además que los sistemas de protección social en las naciones receptores son muchas veces precarios, lo que “convierte la crisis económica en una crisis social”. Sobre este punto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) advierte que “el gran desafío que impone es evitar alzas en los indicadores de pobreza”, aspecto en el que ha fracasado totalmente el gobierno calderonista”.
También destaca que no sólo debe enfrentarse el reto de estabilizar el crecimiento económico con políticas anticíclicas, sino también el de desarrollar instrumentos para proteger a la población más vulnerable de los efectos de la crisis”, aspectos en los que hay un contundente fracaso de la actual administración federal.
Nuevo sistema financiero mundial
Todo parece indicar que el cada vez menos popular presidente de los Estados Unidos, Barack Oama, tendrá que ceder ante el empuje de sus socios comerciales y negociar con ellos un nuevo orden financiero internacional, con amplios controles, tal y como lo exigieron este domingo en Berlín, Alemania, los países europeos.
Integrantes del llamado Grupo de los 20, que encabezan Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, en voz del ministro británico, Gordon Brown, dieron a conocer que durante su reunión hubo consenso en que es necesario establecer un “New Deal”, es decir, un nuevo pacto económico y financiero, que abarque a todo el mundo y funde de nuevo sistemas para confrontar la crisis actual y evitar otras en el futuro.
Por su parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, señaló que Europa está de acuerdo con la refundación del sistema financiero internacional e indicó que para ello, el establecimiento de sanciones será muy importante.
Jan Peter Balkenende, primer ministro de Holanda, dio a conocer los puntos centrales del encuentro: se refrendó el respaldo a la economía de libre mercado “con orientación social”, ya que se supone una dimensión moral y no sólo de reglamentaciones: “todos los mercados, productos y actores financieros deben ser sujetos a una apropiada vigilancia y regulación”; se asumió el compromiso de apoyar el libre comercio y de llevar las rondas comerciales a un final exitoso, para lo cual todos los países participantes estuvieron de acuerdo en establecer un pacto económico mundial para el crecimiento económico; un punto destacable fue el de la solidaridad, a efecto de que sean ayudados los países con problemas económicos, derivados de la crisis financiera.
Los líderes de los países europeos también pidieron duplicar a 500,000 millones de dólares (390,000 millones de euros) los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para “permitirle no sólo enfrentar las crisis sino impedirlas”.
Asimismo, señalaron que la cumbre del G-20 debe aprobar sanciones para castigar a paraísos fiscales y otras jurisdicciones no cooperativas.
El próximo 2 de abril se llevará a cabo la Cumbre del G.-20 en Londres en un entorno en el que prevalece el temor a un aumento del proteccionismo y que obstaculiza un frente unido a nivel europeo.
De los pasillos
El sonorense Manlio Fabio Beltrones aprovechó los recientes episodios de incapacidad y escándalo de integrantes del gobierno federal para proponer retomar la reforma del Estado para que el Senado ratifique al gabinete presidencial.... Paros técnicos y despidos afectan a la industria maquiladora. Tan sólo en el Estado de Chihuahua, 92 mil empleados han sido despedidos en los últimos 15 meses, mientras que otros 56 mil han sido afectados por paros técnicos de esas empresas.
lilia_arellano@yahoo.com
Era de la CIA el diplomático de EU expulsado de Ecuador: Correa
Dpa
Quito, 22 de febrero. Mark Sullivan, primer secretario de la embajada de Estados Unidos expulsado de Ecuador, era el responsable de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en este país, aseguró hoy el presidente Rafael Correa, al dar nuevas razones sobre la decisión de su gobierno dada a conocer el jueves pasado.
El ministerio de Relaciones Exteriores declaró persona non grata a Sullivan al descubrir que se había cometido una intromisión inaceptable en los asuntos internos del Estado. El diplomático recibió información privilegiada de directivos policiacos sobre el narcotráfico en Ecuador y condicionó la cooperación logística y económica a la Unidad de Investigaciones Especiales de la policía nacional a la designación de funcionarios recomendados por la embajada estadunidense.
Correa destacó que la expulsión de Sullivan –anunciada después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el jueves– ocurrió después de decidir la destitución de Manuel Silva, jefe de la unidad policial dedicada a investigar casos de alto impacto.
Sullivan se llevó computadoras de la unidad policial
Sullivan hizo una barbaridad, sostuvo Correa en declaraciones hechas en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Según el sitio noticioso Ecuador Inmediato, el diplomático se llevó computadoras de unidad policial.
Este es el segundo funcionario de la embajada de Washington en Quito que es expulsado del país por tratar de subordinar a miembros del gobierno ecuatoriano a directrices estadunidenses. El primero fue Armando Astorga, agregado de asuntos migratorios, a quien se le pidió la salida del país a principios de febrero.
El gobierno de Ecuador anunció desde 2007 que no renovaría el acuerdo que autoriza la permanencia de fuerzas estadunidenses en la base aérea de Manta, establecida en 1989.
El Departamento de Estado dijo el jueves que la expulsión de Sullivan –así como la de Astorga– no habrá de afectar la cooperación bilateral con Ecuador en asuntos de seguridad y desarrollo económico.
Además de Ecuador, Venezuela y Bolivia han tenido conflictos con diplomáticos estadunidenses. Este sábado, el presidente boliviano, Evo Morales, denunció que la CIA infiltró a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia para tratar de desestabilizar su gobierno.
Quito, 22 de febrero. Mark Sullivan, primer secretario de la embajada de Estados Unidos expulsado de Ecuador, era el responsable de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en este país, aseguró hoy el presidente Rafael Correa, al dar nuevas razones sobre la decisión de su gobierno dada a conocer el jueves pasado.
El ministerio de Relaciones Exteriores declaró persona non grata a Sullivan al descubrir que se había cometido una intromisión inaceptable en los asuntos internos del Estado. El diplomático recibió información privilegiada de directivos policiacos sobre el narcotráfico en Ecuador y condicionó la cooperación logística y económica a la Unidad de Investigaciones Especiales de la policía nacional a la designación de funcionarios recomendados por la embajada estadunidense.
Correa destacó que la expulsión de Sullivan –anunciada después de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el jueves– ocurrió después de decidir la destitución de Manuel Silva, jefe de la unidad policial dedicada a investigar casos de alto impacto.
Sullivan se llevó computadoras de la unidad policial
Sullivan hizo una barbaridad, sostuvo Correa en declaraciones hechas en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Según el sitio noticioso Ecuador Inmediato, el diplomático se llevó computadoras de unidad policial.
Este es el segundo funcionario de la embajada de Washington en Quito que es expulsado del país por tratar de subordinar a miembros del gobierno ecuatoriano a directrices estadunidenses. El primero fue Armando Astorga, agregado de asuntos migratorios, a quien se le pidió la salida del país a principios de febrero.
El gobierno de Ecuador anunció desde 2007 que no renovaría el acuerdo que autoriza la permanencia de fuerzas estadunidenses en la base aérea de Manta, establecida en 1989.
El Departamento de Estado dijo el jueves que la expulsión de Sullivan –así como la de Astorga– no habrá de afectar la cooperación bilateral con Ecuador en asuntos de seguridad y desarrollo económico.
Además de Ecuador, Venezuela y Bolivia han tenido conflictos con diplomáticos estadunidenses. Este sábado, el presidente boliviano, Evo Morales, denunció que la CIA infiltró a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia para tratar de desestabilizar su gobierno.
Asesinan en Colombia a defensores de víctimas de los paramilitares
Al menos 20 han sido ultimados en sólo tres años en el departamento de Antioquia
En todos los casos el elemento común es el reclamo de campesinos despojados de sus tierras
Afp, Dpa y Reuters
Bogotá, 22 de febrero. Al menos 20 líderes de grupos de defensa de víctimas de paramilitares de extrema derecha en Colombia fueron asesinados en los últimos tres años por hombres no identificados por las autoridades, pero posiblemente involucrados con organizaciones armadas que durante los años 80 y 90 arrebataron bienes a campesinos y cuya posesión pretenden asegurar ahora, mediante nuevos crímenes y acciones al margen de legislación nacional.
La señal de alerta fue lanzada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el organismo creado por Estado colombiano para garantizar el cumplimiento de una legislación que facilitó la desmovilización de organizaciones armadas ilegales, la Ley de Justicia y Paz.
Los crímenes contra líderes de las organizaciones de víctimas de paramilitares ocurrieron en la región de Urabá, en el noroccidental departamento de Antioquia, una de las más azotadas por el conflicto armado interno en la década de los 90, según un informe de la CNRR, divulgado este domingo por el diario El Tiempo.
En todos los casos, el elemento común es el reclamo de campesinos desplazados a quienes los grupos de paramilitares les arrebataron sus bienes a sangre y fuego, señaló el reporte de la CNRR, presidida por el académico Eduardo Pizarro, quien asumió el cargo para asegurar que la legislación no fuera eludida por los individuos que se entregaron a las autoridades judiciales, conocidos como desmovilizados.
Al menos 30 mil miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron en 2007, al acogerse a la legislación propuesta por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
La llamada Ley de Justicia y Paz obliga a los ex combatientes acusados de crímenes de lesa humanidad a confesar sus delitos y entregar la totalidad de sus bienes ilícitos para reparar a las víctimas, a cambio de penas de prisión de máximo ocho años.
Desmovilizados poseen bienes ilícitos con prestanombres
Según Pizarro, presidente de la CNRR, muchos desmovilizados tienen previsto que al salir de prisión en un plazo máximo de ocho años tendrán la oportunidad de gozar de otros bienes adquiridos ilegalmente, dejados en manos de prestanombres.
Por ello, señaló Pizarro, cada persona que aparece ante las autoridades para reclamar lo que muchos ex paramilitares escondieron, se convierte en una amenaza potencial que los podría enviar a prisión por 40 años, y algunos están haciendo lo que sea para evitar ese riesgo.
En consecuencia, la CNRR teme que la violencia contra las víctimas se dispare, como ocurre en el departamento de Antioquia, en el que se habla de 525 amenazados, 463 de los cuales pidieron protección al gobierno en 2008.
Además de la desmovilización de combatientes paramilitares, líderes de sus organizaciones como Salvatore Mancuso fueron extraditados a Estados Unidos.
Las declaraciones de los desmovilizados dieron lugar también a destapar un escándalo conocido como la narcoparapolítica, en el que se han visto involucrados legisladores y funcionarios públicos del gobierno nacional y departamentales con dirigentes paramilitares.
La narcoparapolítica también salpicó a empresarios como el propietario de un equipo de futbol, Eduardo Dávila Armenta, dueño del Unión Magdalena, a quien el jueves pasado le giró orden de captura la Fiscalía General.
La desmovilización forma parte de una política más amplia del gobierno de Uribe denominada seguridad democrática, que no sólo ha sido cuestionada por sectores de izquierda en Colombia, sino también por políticos como el ex presidente César Gaviria, quien en una entrevista publicada esta semana en El Tiempo, dijo:
El paramilitarismo no se ha acabado, entre otras cosas, porque es una secuela del narcotráfico, y mientras en Colombia haya tanto narcotráfico, habrá paramilitarismo. Ese es un mundo de señores que se adueñaron de la tierra rural y la han defendido a sangre y fuego. La pelean para laboratorios de droga, para producir coca y para acumular riqueza. Eso es el paramilitarismo de hoy. Es una terrible contrarreforma agraria que se ha dado por años sin que el Estado haga nada para evitarlo. El gobierno pareciera más interesado en legitimarlo.
Investigan espionaje a políticos, magistrados y periodistas
Agentes de la Fiscalía General catearon este domingo la sede central del servicio secreto de Bogotá, al comenzar a investgigar una denuncia periodística sobre actividades ilegales de espionaje contra dirigentes de la oposición, magistrados y periodistas.
Por la tarde, el director del organismo, Felipe Muñoz, informó de la destitución del subdirector de Inteligencia del Departamento Autónomo de Seguridad, Jorge Alberto Lagos, quien se desempeñaba en el cargo desde hace tres años.
En todos los casos el elemento común es el reclamo de campesinos despojados de sus tierras
Afp, Dpa y Reuters
Bogotá, 22 de febrero. Al menos 20 líderes de grupos de defensa de víctimas de paramilitares de extrema derecha en Colombia fueron asesinados en los últimos tres años por hombres no identificados por las autoridades, pero posiblemente involucrados con organizaciones armadas que durante los años 80 y 90 arrebataron bienes a campesinos y cuya posesión pretenden asegurar ahora, mediante nuevos crímenes y acciones al margen de legislación nacional.
La señal de alerta fue lanzada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el organismo creado por Estado colombiano para garantizar el cumplimiento de una legislación que facilitó la desmovilización de organizaciones armadas ilegales, la Ley de Justicia y Paz.
Los crímenes contra líderes de las organizaciones de víctimas de paramilitares ocurrieron en la región de Urabá, en el noroccidental departamento de Antioquia, una de las más azotadas por el conflicto armado interno en la década de los 90, según un informe de la CNRR, divulgado este domingo por el diario El Tiempo.
En todos los casos, el elemento común es el reclamo de campesinos desplazados a quienes los grupos de paramilitares les arrebataron sus bienes a sangre y fuego, señaló el reporte de la CNRR, presidida por el académico Eduardo Pizarro, quien asumió el cargo para asegurar que la legislación no fuera eludida por los individuos que se entregaron a las autoridades judiciales, conocidos como desmovilizados.
Al menos 30 mil miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron en 2007, al acogerse a la legislación propuesta por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
La llamada Ley de Justicia y Paz obliga a los ex combatientes acusados de crímenes de lesa humanidad a confesar sus delitos y entregar la totalidad de sus bienes ilícitos para reparar a las víctimas, a cambio de penas de prisión de máximo ocho años.
Desmovilizados poseen bienes ilícitos con prestanombres
Según Pizarro, presidente de la CNRR, muchos desmovilizados tienen previsto que al salir de prisión en un plazo máximo de ocho años tendrán la oportunidad de gozar de otros bienes adquiridos ilegalmente, dejados en manos de prestanombres.
Por ello, señaló Pizarro, cada persona que aparece ante las autoridades para reclamar lo que muchos ex paramilitares escondieron, se convierte en una amenaza potencial que los podría enviar a prisión por 40 años, y algunos están haciendo lo que sea para evitar ese riesgo.
En consecuencia, la CNRR teme que la violencia contra las víctimas se dispare, como ocurre en el departamento de Antioquia, en el que se habla de 525 amenazados, 463 de los cuales pidieron protección al gobierno en 2008.
Además de la desmovilización de combatientes paramilitares, líderes de sus organizaciones como Salvatore Mancuso fueron extraditados a Estados Unidos.
Las declaraciones de los desmovilizados dieron lugar también a destapar un escándalo conocido como la narcoparapolítica, en el que se han visto involucrados legisladores y funcionarios públicos del gobierno nacional y departamentales con dirigentes paramilitares.
La narcoparapolítica también salpicó a empresarios como el propietario de un equipo de futbol, Eduardo Dávila Armenta, dueño del Unión Magdalena, a quien el jueves pasado le giró orden de captura la Fiscalía General.
La desmovilización forma parte de una política más amplia del gobierno de Uribe denominada seguridad democrática, que no sólo ha sido cuestionada por sectores de izquierda en Colombia, sino también por políticos como el ex presidente César Gaviria, quien en una entrevista publicada esta semana en El Tiempo, dijo:
El paramilitarismo no se ha acabado, entre otras cosas, porque es una secuela del narcotráfico, y mientras en Colombia haya tanto narcotráfico, habrá paramilitarismo. Ese es un mundo de señores que se adueñaron de la tierra rural y la han defendido a sangre y fuego. La pelean para laboratorios de droga, para producir coca y para acumular riqueza. Eso es el paramilitarismo de hoy. Es una terrible contrarreforma agraria que se ha dado por años sin que el Estado haga nada para evitarlo. El gobierno pareciera más interesado en legitimarlo.
Investigan espionaje a políticos, magistrados y periodistas
Agentes de la Fiscalía General catearon este domingo la sede central del servicio secreto de Bogotá, al comenzar a investgigar una denuncia periodística sobre actividades ilegales de espionaje contra dirigentes de la oposición, magistrados y periodistas.
Por la tarde, el director del organismo, Felipe Muñoz, informó de la destitución del subdirector de Inteligencia del Departamento Autónomo de Seguridad, Jorge Alberto Lagos, quien se desempeñaba en el cargo desde hace tres años.
La reforma en energía, ventana para privatizar Pemex: expertos
Israel Rodríguez
La llamada reforma energética aprobada deja ventanas que el gobierno de Felipe Calderón y su partido, el PAN, junto con diputados y senadores del PRI, pretenden convertir en ventanales para una eventual privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtieron los especialistas Arturo Alcalde, Mario Di Costanzo, Antonio Gershenson y Javier Jiménez Espriú.
Durante la presentación del libro: El petróleo mexicano. Estado,organismo público y trabajadores, editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Fundación Heberto Castillo, Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gabinete alterno de Andrés Manuel López Obrador, alertó que el peligro no ha pasado, la lucha no ha concluido.
Los problemas fundamentales de Pemex, agregó, son la excesiva carga fiscal y la corrupción, que sigue reinando en la empresa, además de la mala política energética. La reforma aprobada no corrige estos problemas.
Contra la sensatez
Desafortunadamente esta reforma que se aprobó en contra de la sensatez resuelve difícilmente la problemática de Pemex y deja abiertas las puertas para una eventual privatización. Estas reformas se dan en el seno de un gobierno cuyo dna es privatizador y sigue respondiendo a salvaguardar los intereses de esos grupos que llevaron al poder a Calderón.
Considerado libro básico de referencia, en él se compilan textos de Andrés Manuel López Obrador, David Ibarra, Rogelio Ramírez de la O, Enrique Semo, Jaime Cárdenas, Luis Javier Garrido, Ifigenia Martínez, Jorge Mancilla, Alfredo Jalife, Bernardo Bátiz y Miguel Concha, entre otros.
Javier Jiménez Espriú, ex integrante del consejo directivo del Instituto Mexicano del Petróleo, entre otros cargos, afirmó que aun cuando en las iniciativas los heraldos del gobierno decían que no se aceptarían los contratos de riesgo, la realidad es otra. Ahora preparan un nuevo modelo de contratos incentivados.
Las interpretaciones acomodadas, las definiciones o disposiciones en materia reglamentaria secundarias que todavía faltan pueden ir en contra del espíritu de la Constitución . Que no haya equívocos, cualquier interpretación al filo de la navaja es altamente peligrosa y se puede caer fácilmente en el pantano de la inconstitucionalidad y que quien intente matar la vaca o agarrarle la pata en éste o en cualquier renglón de la industria petrolera tendrá responsabilidades de alto riesgo, sentenció.
La llamada reforma energética aprobada deja ventanas que el gobierno de Felipe Calderón y su partido, el PAN, junto con diputados y senadores del PRI, pretenden convertir en ventanales para una eventual privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtieron los especialistas Arturo Alcalde, Mario Di Costanzo, Antonio Gershenson y Javier Jiménez Espriú.
Durante la presentación del libro: El petróleo mexicano. Estado,organismo público y trabajadores, editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Fundación Heberto Castillo, Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gabinete alterno de Andrés Manuel López Obrador, alertó que el peligro no ha pasado, la lucha no ha concluido.
Los problemas fundamentales de Pemex, agregó, son la excesiva carga fiscal y la corrupción, que sigue reinando en la empresa, además de la mala política energética. La reforma aprobada no corrige estos problemas.
Contra la sensatez
Desafortunadamente esta reforma que se aprobó en contra de la sensatez resuelve difícilmente la problemática de Pemex y deja abiertas las puertas para una eventual privatización. Estas reformas se dan en el seno de un gobierno cuyo dna es privatizador y sigue respondiendo a salvaguardar los intereses de esos grupos que llevaron al poder a Calderón.
Considerado libro básico de referencia, en él se compilan textos de Andrés Manuel López Obrador, David Ibarra, Rogelio Ramírez de la O, Enrique Semo, Jaime Cárdenas, Luis Javier Garrido, Ifigenia Martínez, Jorge Mancilla, Alfredo Jalife, Bernardo Bátiz y Miguel Concha, entre otros.
Javier Jiménez Espriú, ex integrante del consejo directivo del Instituto Mexicano del Petróleo, entre otros cargos, afirmó que aun cuando en las iniciativas los heraldos del gobierno decían que no se aceptarían los contratos de riesgo, la realidad es otra. Ahora preparan un nuevo modelo de contratos incentivados.
Las interpretaciones acomodadas, las definiciones o disposiciones en materia reglamentaria secundarias que todavía faltan pueden ir en contra del espíritu de la Constitución . Que no haya equívocos, cualquier interpretación al filo de la navaja es altamente peligrosa y se puede caer fácilmente en el pantano de la inconstitucionalidad y que quien intente matar la vaca o agarrarle la pata en éste o en cualquier renglón de la industria petrolera tendrá responsabilidades de alto riesgo, sentenció.
Marchas y paros de transportistas en demanda de que se abarate el diesel
También piden que se deje de cobrar el IETU y otros impuestos
Miriam Posada García
Esta semana es decisiva para la industria del transporte de carga y pasaje, así como para la industria automotriz, que mediante marchas y paros en todo el país, además de reuniones con representantes del gobierno federal y con legisladores, buscarán que se reduzca y congele el precio del diesel, se deje de cobrar el impuesto empresarial a tasa única (IETU) entre otros gravámenes, y se impida la entrada de autos y tractocamiones chatarra.
Martes y jueves transportistas de carga y pasaje de diferentes organizaciones se manifestarán en cada estado y marcharán con cientos de unidades a la ciudad de México para protestar por el precio del diesel, exigir la disminución de 40 por ciento del volumen de carga para transportar, y evitar el riesgo de cierre de empresas que hoy funciona a medias. Mientras, distintas ramas de la industria automotriz esperan apoyos del gobierno federal para evitar más despidos de personal, los cuales en el último semestre de 2008 afectaron a 25 mil trabajadores.
Mañana integrantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga se manifestarán frente a las oficinas de gobierno de cada entidad, y con algunas decenas de unidades los operadores entrarán a la ciudad de México por los principales accesos carreteros, para reunirse frente a instalaciones gubernamentales y exigir que se reduzca el precio del diesel a 5.44 pesos por litro. Demandan lo anterior para no incrementar el precio de los fletes, debido a que en los últimos meses el volumen de la carga se ha reducido entre 35 y 40 por ciento.
El presidente de la Canacar, Jorge Cárdenas Romo, señaló que este organismo mantendrá su comportamiento institucional, por lo que no pararán el servicio de abasto de combustibles que realizan por contrato con Petróleos Mexicanos, y tampoco dejarán de cumplir otros compromisos de transportación, aunque aseguró que están dispuestos a intensificar las protestas porque las voces que llaman a paro nacional son cada vez más generalizadas, si el gobierno federal no atiende las necesidades del gremio.
Para el jueves próximo el tono de las demandas será más severo, ya que la Alianza de Transporte Multimodal, que aglutina a más de medio millón de transportistas de pasajeros y carga, advirtió que sus integrantes sí realizarán un paro nacional de servicios, además de manifestaciones en cada estado.
Miriam Posada García
Esta semana es decisiva para la industria del transporte de carga y pasaje, así como para la industria automotriz, que mediante marchas y paros en todo el país, además de reuniones con representantes del gobierno federal y con legisladores, buscarán que se reduzca y congele el precio del diesel, se deje de cobrar el impuesto empresarial a tasa única (IETU) entre otros gravámenes, y se impida la entrada de autos y tractocamiones chatarra.
Martes y jueves transportistas de carga y pasaje de diferentes organizaciones se manifestarán en cada estado y marcharán con cientos de unidades a la ciudad de México para protestar por el precio del diesel, exigir la disminución de 40 por ciento del volumen de carga para transportar, y evitar el riesgo de cierre de empresas que hoy funciona a medias. Mientras, distintas ramas de la industria automotriz esperan apoyos del gobierno federal para evitar más despidos de personal, los cuales en el último semestre de 2008 afectaron a 25 mil trabajadores.
Mañana integrantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga se manifestarán frente a las oficinas de gobierno de cada entidad, y con algunas decenas de unidades los operadores entrarán a la ciudad de México por los principales accesos carreteros, para reunirse frente a instalaciones gubernamentales y exigir que se reduzca el precio del diesel a 5.44 pesos por litro. Demandan lo anterior para no incrementar el precio de los fletes, debido a que en los últimos meses el volumen de la carga se ha reducido entre 35 y 40 por ciento.
El presidente de la Canacar, Jorge Cárdenas Romo, señaló que este organismo mantendrá su comportamiento institucional, por lo que no pararán el servicio de abasto de combustibles que realizan por contrato con Petróleos Mexicanos, y tampoco dejarán de cumplir otros compromisos de transportación, aunque aseguró que están dispuestos a intensificar las protestas porque las voces que llaman a paro nacional son cada vez más generalizadas, si el gobierno federal no atiende las necesidades del gremio.
Para el jueves próximo el tono de las demandas será más severo, ya que la Alianza de Transporte Multimodal, que aglutina a más de medio millón de transportistas de pasajeros y carga, advirtió que sus integrantes sí realizarán un paro nacional de servicios, además de manifestaciones en cada estado.
Viola Romero Deschamps los estatutos del sindicato petrolero, acusan trabajadores
Exigen destituirlo; con su silencio ante reformas paga protección oficial, denuncian
Víctor Ballinas
Es inaceptable que Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, permanezca en el cargo, señaló ayer la Alianza Nacional Petrolera, encabezada por Jorge Fuentes García.
Romero Deschamps ha cometido todas las violaciones estatutarias posibles. Se ha comprobado ante diferentes instancias que ha cometido actos de corrupción. Dirige en lo oscurito otro sindicato de compañías subcontratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex. Bajo su tutela hay venta de plazas, y ha desviado el patrimonio del gremio, parte del cual se ha robado, señaló.
Por lo anterior, agregó Fuentes García, petroleros de todas las secciones sindicales llevaron a cabo una plenaria en la que se decidió demandar la destitución de los comités ejecutivo nacional y locales, para sacar toda la corrupción.
Indicó que la incondicionalidad de Romero Deschamps con este gobierno, su silencio ante la reforma petrolera y su actitud de dejar hacer lo que la administración quiera con la paraestatal es el precio que ha pagado para mantenerse en el cargo.
Sostuvo que en múltiples juicios y querellas se ha demostrado que Romero Deschamps está usurpando la dirigencia.
Las violaciones estatutarias que han cometido él y su comité no son nuevas, llevan ya lustros, y en este periodo se han enquistado seudodirigentes que han convertido al sindicato en botín, añadió.
Por lo anterior, no descansaremos hasta que se les aplique la acción de la justicia y se les encarcele, advirtió Fuentes García.
Víctor Ballinas
Es inaceptable que Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, permanezca en el cargo, señaló ayer la Alianza Nacional Petrolera, encabezada por Jorge Fuentes García.
Romero Deschamps ha cometido todas las violaciones estatutarias posibles. Se ha comprobado ante diferentes instancias que ha cometido actos de corrupción. Dirige en lo oscurito otro sindicato de compañías subcontratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex. Bajo su tutela hay venta de plazas, y ha desviado el patrimonio del gremio, parte del cual se ha robado, señaló.
Por lo anterior, agregó Fuentes García, petroleros de todas las secciones sindicales llevaron a cabo una plenaria en la que se decidió demandar la destitución de los comités ejecutivo nacional y locales, para sacar toda la corrupción.
Indicó que la incondicionalidad de Romero Deschamps con este gobierno, su silencio ante la reforma petrolera y su actitud de dejar hacer lo que la administración quiera con la paraestatal es el precio que ha pagado para mantenerse en el cargo.
Sostuvo que en múltiples juicios y querellas se ha demostrado que Romero Deschamps está usurpando la dirigencia.
Las violaciones estatutarias que han cometido él y su comité no son nuevas, llevan ya lustros, y en este periodo se han enquistado seudodirigentes que han convertido al sindicato en botín, añadió.
Por lo anterior, no descansaremos hasta que se les aplique la acción de la justicia y se les encarcele, advirtió Fuentes García.
AMLO: medios de comunicación apadrinan a la mafia política
Mantienen al pueblo desinformado; administran la ignorancia, dice
Alma E. Muñoz
San Luis de Cordero, Dgo., 22 de febrero. Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mafia política se apoya en la mayoría de los medios de comunicación para dejar al pueblo sin información, y por tanto no se le garantiza el derecho a tenerla. Ellos, sostuvo, son los que administran la ignorancia en México.
La crítica la hizo a propósito del silencio que, afirmó, guardan los medios de comunicación estatales, porque la mayoría están “maiceados por el gobernador (Ismael Hernández)” para que no informen sobre las injusticias y el maltrato que reciben los duranguenses de parte de las autoridades.
Es una vergüenza, dijo, que en la tierra de Francisco Zarco, el mejor periodista del siglo XIX, haya prensa vendida; periodistas paleros, rastreros, entregados al gobierno, que no le sirven al pueblo ni a la sociedad, que no denuncian todas las injusticias, el maltrato que recibe la gente.
No se dice nada, afirmó en el último día de su gira por 19 cabeceras municipales de esta entidad. No tocan al gobernador ni con el pétalo de una rosa. Se dedican a quemarle incienso, pero eso sí, reciben su mochada cada mes.
En Durango, continuó, hay pobreza, abandono –situaciones que constató del martes hasta este domingo–, pero no se sabe nada de esto. “Aquí la práctica más usual del gobernador es maicear a los medios de comunicación”. Se refirió en específico a los que son propiedad de Mario Vázquez Raña.
Afirmó que los responsables de la crisis que padece México son los que impusieron a (Felipe) Calderón (en 2006). Estamos hablando de los mafiosos de la política. Porque esa es otra cosa, hablan de bandas de la delincuencia organizada y la verdad que la banda más peligrosa es la de Los Pinos. Han saqueado al país, se roban miles de millones de dólares y se le quita al pueblo la oportunidad de tener alimentación, educación, salud.
Señaló que hay periodistas que cumplen la función de defender a la mafia, a los dueños de los medios de comunicación. Citó como ejemplos a Ciro Gómez Leyva, Pedro Ferriz de Con, Óscar Mario Beteta y Carlos Marín.
Claro que es una banda que hace mucho daño, y esta mafia se apoya mucho en los medios de comunicación. Eso hay que tenerlo muy presente. Los de la mafia son dueños de los principales medios de comunicación del país y ellos son los que administran la ignorancia de México, por eso la gente desconoce muchas cosas.
No se garantiza en México el derecho a la información, remató el ex candidato presidencial. Por ejemplo, les preguntó a quienes participaron de la asamblea informativa que aquí encabezó: ¿ustedes sabían que el país ocupó, el año pasado, el último lugar entre los países de América en crecimiento económico? No, nadie sabe que estuvimos abajo de Haití.
Esas son cosas que no se saben porque los medios de comunicación están controlados por la mafia. Los dueños de Televisa son de los más ricos de este país. En la lista no nada más está (Emilio) Azcárraga, sino también (Lorenzo) Zambrano, dueño de Cemex; (Germán) Larrea, dueño de la Minera México; Claudio X. González, un empresario salinista.
Y claro, continuó, como a ellos les ha ido muy bien no les conviene ningún cambio.
Alma E. Muñoz
San Luis de Cordero, Dgo., 22 de febrero. Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mafia política se apoya en la mayoría de los medios de comunicación para dejar al pueblo sin información, y por tanto no se le garantiza el derecho a tenerla. Ellos, sostuvo, son los que administran la ignorancia en México.
La crítica la hizo a propósito del silencio que, afirmó, guardan los medios de comunicación estatales, porque la mayoría están “maiceados por el gobernador (Ismael Hernández)” para que no informen sobre las injusticias y el maltrato que reciben los duranguenses de parte de las autoridades.
Es una vergüenza, dijo, que en la tierra de Francisco Zarco, el mejor periodista del siglo XIX, haya prensa vendida; periodistas paleros, rastreros, entregados al gobierno, que no le sirven al pueblo ni a la sociedad, que no denuncian todas las injusticias, el maltrato que recibe la gente.
No se dice nada, afirmó en el último día de su gira por 19 cabeceras municipales de esta entidad. No tocan al gobernador ni con el pétalo de una rosa. Se dedican a quemarle incienso, pero eso sí, reciben su mochada cada mes.
En Durango, continuó, hay pobreza, abandono –situaciones que constató del martes hasta este domingo–, pero no se sabe nada de esto. “Aquí la práctica más usual del gobernador es maicear a los medios de comunicación”. Se refirió en específico a los que son propiedad de Mario Vázquez Raña.
Afirmó que los responsables de la crisis que padece México son los que impusieron a (Felipe) Calderón (en 2006). Estamos hablando de los mafiosos de la política. Porque esa es otra cosa, hablan de bandas de la delincuencia organizada y la verdad que la banda más peligrosa es la de Los Pinos. Han saqueado al país, se roban miles de millones de dólares y se le quita al pueblo la oportunidad de tener alimentación, educación, salud.
Señaló que hay periodistas que cumplen la función de defender a la mafia, a los dueños de los medios de comunicación. Citó como ejemplos a Ciro Gómez Leyva, Pedro Ferriz de Con, Óscar Mario Beteta y Carlos Marín.
Claro que es una banda que hace mucho daño, y esta mafia se apoya mucho en los medios de comunicación. Eso hay que tenerlo muy presente. Los de la mafia son dueños de los principales medios de comunicación del país y ellos son los que administran la ignorancia de México, por eso la gente desconoce muchas cosas.
No se garantiza en México el derecho a la información, remató el ex candidato presidencial. Por ejemplo, les preguntó a quienes participaron de la asamblea informativa que aquí encabezó: ¿ustedes sabían que el país ocupó, el año pasado, el último lugar entre los países de América en crecimiento económico? No, nadie sabe que estuvimos abajo de Haití.
Esas son cosas que no se saben porque los medios de comunicación están controlados por la mafia. Los dueños de Televisa son de los más ricos de este país. En la lista no nada más está (Emilio) Azcárraga, sino también (Lorenzo) Zambrano, dueño de Cemex; (Germán) Larrea, dueño de la Minera México; Claudio X. González, un empresario salinista.
Y claro, continuó, como a ellos les ha ido muy bien no les conviene ningún cambio.
Revisa la Corte irregularidades en el cese de magistrado que en 2006 pidió recuento de votos
Habrá que investigar actuación indebida de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal
Jesús Aranda
En un proceso administrativo lleno de irregularidades e inédito por el alcance de la decisión, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó en enero pasado al magistrado federal Francisco Salvador Pérez, luego de un procedimiento disciplinario que duró más de dos años y que inició días después de que el magistrado del primer tribunal unitario con sede en Oaxaca solicitó (de manera individual) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPEJF) el recuento voto por voto y casilla por casilla de la elección presidencial de 2006.
De acuerdo con la revisión administrativa que interpuso el magistrado Pérez ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es la última instancia para ratificar o no su destitución, la decisión de los consejeros carece de fundamento legal no sólo por las violaciones a la normatividad en la materia, sino también por la actuación de los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela, quienes solaparon la actuación ilícita de los consejeros Constancio Carrasco Daza –actual magistrado federal–, Luis María Aguilar y María Teresa Herrera Tello, miembros de la Comisión de Disciplina que aprobó el dictamen de su remoción.
Como un hecho particularmente grave se denuncia que, desde finales de 2006, el magistrado Pérez fue suspendido de manera consecutiva durante cuatro ocasiones, por un lapso de seis meses cada una, sin fincarle una responsabilidad concreta –hasta enero pasado–, lo cual no sólo lo afectó en el plano profesional, sino también en el económico, ya que dejó de percibir su sueldo completo durante todo ese periodo.
En este contexto, el afectado solicita al pleno de la SCJN la restitución en el cargo y los ingresos económicos a que tiene derecho.
En el recurso de revisión, al cual tuvo acceso este diario, se acusa a los consejeros de destituir al juzgador con base en presuntas faltas que no son graves y que, por tanto, no ameritarían una sanción tan grave como su cese; que el dictamen no precisa cuáles son las faltas ni las sanciones exactas para cada una de éstas; que fue violada, en su perjuicio, la Constitución ya que los consejeros interpretaron jurídicamente las sentencias del magistrado, lo cual le está expresamente prohibido al CJF, porque es un órgano administrativo y no jurisdiccional, además de que el consejo solicitó de forma ilícita a jueces de distrito que opinaran sobre la labor jurisdiccional del magistrado.
También fue sancionado por no impartir justicia de manera pronta y expedita; sin embargo, su tribunal tenía un rezago de 12 por ciento –de enero de 2004 a agosto de 2006 resolvió mil 415 asuntos–, cifra promedio en el resto de los tribunales del país, y de ese gran total sólo 38 casos presentaban un retraso superior a los tres meses para dictar sentencia.
La queja destaca que es preocupante para la autonomía judicial, que la visitaduría del CJF haya llegado al extremode organizar reuniones en la sede del cuarto juzgado de distrito con sede en Oaxaca, encabezado en aquel entonces por María Dolores Duarte Ruvalcaba, en las que los jueces primero, segundo, quinto y octavo en esa entidad habrían externado su preocupación por revocaciones de autos de formal prisión y sentencias condenatorias, principalmente por delitos contra la salud, que habría ordenado el magistrado.
La queja censura la actuación de los ministros Mariano Azuela– quien era presidente de la Corte y del CJF cuando empezó el procedimiento en su contra– y del actual presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por haberse negado siquiera a escucharlo y por no haberse declarado impedido de conocer su asunto a pesar de una petición expresa del quejoso.
Cuestiona particularmente al actual magistrado electoral Constancio Carrasco Daza, quien tiene, asegura, sus intereses políticos en Oaxaca, y además de ser pariente del actual gobernador Ulises Ruiz y del ex mandatario estatal Diódoro Carrasco, logró hacer una carrera judicial ultrarápida en el ámbito federal.
El asunto está en manos de los ministros de la Corte, quienes en revisiones administrativas anteriores han restituido a magistrados porque las faltas cometidas no eran graves o porque los consejeros revisaron los criterios jurídicos de jueces y magistrados violando su autonomía jurisdiccional.
Jesús Aranda
En un proceso administrativo lleno de irregularidades e inédito por el alcance de la decisión, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó en enero pasado al magistrado federal Francisco Salvador Pérez, luego de un procedimiento disciplinario que duró más de dos años y que inició días después de que el magistrado del primer tribunal unitario con sede en Oaxaca solicitó (de manera individual) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPEJF) el recuento voto por voto y casilla por casilla de la elección presidencial de 2006.
De acuerdo con la revisión administrativa que interpuso el magistrado Pérez ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es la última instancia para ratificar o no su destitución, la decisión de los consejeros carece de fundamento legal no sólo por las violaciones a la normatividad en la materia, sino también por la actuación de los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela, quienes solaparon la actuación ilícita de los consejeros Constancio Carrasco Daza –actual magistrado federal–, Luis María Aguilar y María Teresa Herrera Tello, miembros de la Comisión de Disciplina que aprobó el dictamen de su remoción.
Como un hecho particularmente grave se denuncia que, desde finales de 2006, el magistrado Pérez fue suspendido de manera consecutiva durante cuatro ocasiones, por un lapso de seis meses cada una, sin fincarle una responsabilidad concreta –hasta enero pasado–, lo cual no sólo lo afectó en el plano profesional, sino también en el económico, ya que dejó de percibir su sueldo completo durante todo ese periodo.
En este contexto, el afectado solicita al pleno de la SCJN la restitución en el cargo y los ingresos económicos a que tiene derecho.
En el recurso de revisión, al cual tuvo acceso este diario, se acusa a los consejeros de destituir al juzgador con base en presuntas faltas que no son graves y que, por tanto, no ameritarían una sanción tan grave como su cese; que el dictamen no precisa cuáles son las faltas ni las sanciones exactas para cada una de éstas; que fue violada, en su perjuicio, la Constitución ya que los consejeros interpretaron jurídicamente las sentencias del magistrado, lo cual le está expresamente prohibido al CJF, porque es un órgano administrativo y no jurisdiccional, además de que el consejo solicitó de forma ilícita a jueces de distrito que opinaran sobre la labor jurisdiccional del magistrado.
También fue sancionado por no impartir justicia de manera pronta y expedita; sin embargo, su tribunal tenía un rezago de 12 por ciento –de enero de 2004 a agosto de 2006 resolvió mil 415 asuntos–, cifra promedio en el resto de los tribunales del país, y de ese gran total sólo 38 casos presentaban un retraso superior a los tres meses para dictar sentencia.
La queja destaca que es preocupante para la autonomía judicial, que la visitaduría del CJF haya llegado al extremode organizar reuniones en la sede del cuarto juzgado de distrito con sede en Oaxaca, encabezado en aquel entonces por María Dolores Duarte Ruvalcaba, en las que los jueces primero, segundo, quinto y octavo en esa entidad habrían externado su preocupación por revocaciones de autos de formal prisión y sentencias condenatorias, principalmente por delitos contra la salud, que habría ordenado el magistrado.
La queja censura la actuación de los ministros Mariano Azuela– quien era presidente de la Corte y del CJF cuando empezó el procedimiento en su contra– y del actual presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por haberse negado siquiera a escucharlo y por no haberse declarado impedido de conocer su asunto a pesar de una petición expresa del quejoso.
Cuestiona particularmente al actual magistrado electoral Constancio Carrasco Daza, quien tiene, asegura, sus intereses políticos en Oaxaca, y además de ser pariente del actual gobernador Ulises Ruiz y del ex mandatario estatal Diódoro Carrasco, logró hacer una carrera judicial ultrarápida en el ámbito federal.
El asunto está en manos de los ministros de la Corte, quienes en revisiones administrativas anteriores han restituido a magistrados porque las faltas cometidas no eran graves o porque los consejeros revisaron los criterios jurídicos de jueces y magistrados violando su autonomía jurisdiccional.
Tercermundistas excluidos
Los poderosos encargan al FMI el diseño de un nuevo orden económico
Carlos Fernández-Vega
Ante la espeluznante sacudida que vive el planeta, los países más poderosos del mundo –cuando menos así se autodefinían antes del estallido de la crisis–, han decidido diseñar un nuevo sistema financiero internacional, y para lograr tal propósito no encontraron mejor diseñador ni ejecutor que el organismo creador de una buena cantidad de estrategias que condujeron a millones de habitantes a la miseria más atroz, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el azote de los pueblos.
Se ha reiterado hasta el cansancio –más como justificación que como explicación– que la crisis es mundial y que, por lo mismo, su solución sólo será posible con la plena participación de la comunidad de naciones. Sin embargo, tal solución es ahora democráticamente decidida por un grupúsculo de países que, como siempre, piensan por el resto del planeta.
Muestra de lo anterior es el encuentro realizado este fin de semana en Berlín, durante el cual los ocho gobiernos congregados acordaron comisionar al Fondo Monetario Internacional y al Fondo Financiero de Estabilidad la aplicación de las recomendaciones para poner en marcha el plan de acción así como su vigilancia, es decir, el diseño y ejecución de la nueva arquitectura financiera internacional –como la calificó la canciller alemana, Angela Merkel–, la cual deberá aplicarse de manera consecuente.
Merkel, en voz de las naciones europeas participantes en el encuentro de Berlín, subrayó que “todos los mercados financieros del mundo, todos los productos financieros y los actores de los mercados, independientemente del lugar de su sede, deberán someterse a la vigilancia y regulación, y esto regirá tanto para sociedades accionarias como para los fondos de inversión libre… se pretende evitar que esos actores asuman riesgos excesivos”. Bien en el discurso, pero en el lenguaje de la canciller todos quiere decir lo que nosotros, los países más poderosos, decidamos, les guste o no a los demás, que no fueron invitados al sepelio del viejo orden económico internacional.
En este contexto, le encargan al FMI –un organismo de control creado por los vencedores de la segunda Guerra Mundial– la refundación del orden económico y financiero internacional que reventó, entre otras causas, por las políticas, las estrategias y las imposiciones de ese mismo organismo, no sin la anuencia y aplauso de los que hoy deciden la nueva arquitectura.
La crisis es mundial, dicen, pero las decisiones se siguen tomando en petit comité. Lo dijo el primer ministro británico, Gordon Brown: “hubo consenso en que es necesario establecer un New Deal, un nuevo pacto económico y financiero, que abarque a todo el mundo y funde de nuevo esos sistemas para confrontar la crisis actual y evitar otras en el futuro”. Le hizo segunda el presidente francés, Nicolás Sarkozy: todos están decididos al éxito; no hay camino de retorno; no nos podemos permitir un fracaso en la refundación del sistema financiero internacional.
¿En qué momento se logró el consenso mundial? ¿Cuándo se pronunciaron los países tercermundistas? Sólo ellos sabrán, pero obvio es que el grueso de naciones ni siquiera fueron tomadas en cuenta, y al enterarnos de que los poderosos han decidido encargar al FMI el nuevo diseño, fácil es conocer de dónde vienen tan democráticas instrucciones.
Angela Merkel detalló que la reunión de Berlín da continuidad a los esfuerzos internacionales que pactó el G-20 el pasado 15 de noviembre en Washington, y dijo que será prioritario mantener la presión en la cumbre del 2 de abril en Londres para que las medidas acordadas se apliquen en forma consecuente. En efecto, el citado encuentro en la capital estadunidense reunió a los representantes del Grupo de los 20 países más poderosos del planeta (G-7, más Rusia, las naciones emergentes más destacadas y la representación de la Unión Europea) para encontrar soluciones a la crisis, las cuales, por lo visto, no aparecieron.
El G-20 ordenó al FMI el citado diseño. Bien, pero los países que dan cuerpo a ese grupo concentran poco más de 65 por ciento del poder de voto en el seno del Fondo Monetario Internacional. Así, alrededor de 190 naciones no tendrán ni voz ni voto –de hecho, muchas de ellas ni siquiera serán mencionadas– y quedarán totalmente excluidas de esta democrática solución con la plena participación de la comunidad internacional.
Pero la concentración del G-20 aguanta otra criba. En este contexto, el G-7 lleva la voz (y el voto) cantante. Sólo Estados Unidos concentra casi 17 por ciento del poder total de voto en el FMI; el resto de las naciones integrantes del G-7 (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) acaparan en conjunto el 27.7 por ciento, y si se le suma Rusia (G-8) el 30.39 por ciento, para sumar, con Estados Unidos, 47.39 por ciento del total. China y su creciente cuan decisivo poderío económico-financiero, sólo tiene 3.36 por ciento del voto, y ha sido excluida del consenso.
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía (todas naciones integrantes del G-20, como economías emergentes) apenas reúnen el 17.64 por ciento de ese poder de voto en el FMI. México (que no pertenece al G-7 ni al G-8) sólo tiene el 1.47 por ciento de ese mismo poder de voto. Entonces, ¿quiénes, en esta democrática cuan consensuada solución de la crisis internacional, tomarán las decisiones y definirán qué sí y qué no en la nueva arquitectura y su respectivo diseño?
Los viejos arquitectos disfrazados de nuevos diseñadores, para que al modificar todo en los hechos no cambien nada, en espera de la siguiente crisis.
Las rebanadas del pastel
En pleno terror cambiario, dice el gobernador del Banco de México que los bancos extranjeros que operan en el país no son los responsables del desplome del peso, pues tienen amplia disponibilidad de dólares, incluso más allá de lo imaginable, de tal suerte que no están repatriando dólares a sus matrices. ¿Quién, entonces? ¿Serán los mexicanos de salario mínimo? ¿Acaso las micro y pequeñas empresas que revientan como palomitas de maíz?
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Carlos Fernández-Vega
Ante la espeluznante sacudida que vive el planeta, los países más poderosos del mundo –cuando menos así se autodefinían antes del estallido de la crisis–, han decidido diseñar un nuevo sistema financiero internacional, y para lograr tal propósito no encontraron mejor diseñador ni ejecutor que el organismo creador de una buena cantidad de estrategias que condujeron a millones de habitantes a la miseria más atroz, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el azote de los pueblos.
Se ha reiterado hasta el cansancio –más como justificación que como explicación– que la crisis es mundial y que, por lo mismo, su solución sólo será posible con la plena participación de la comunidad de naciones. Sin embargo, tal solución es ahora democráticamente decidida por un grupúsculo de países que, como siempre, piensan por el resto del planeta.
Muestra de lo anterior es el encuentro realizado este fin de semana en Berlín, durante el cual los ocho gobiernos congregados acordaron comisionar al Fondo Monetario Internacional y al Fondo Financiero de Estabilidad la aplicación de las recomendaciones para poner en marcha el plan de acción así como su vigilancia, es decir, el diseño y ejecución de la nueva arquitectura financiera internacional –como la calificó la canciller alemana, Angela Merkel–, la cual deberá aplicarse de manera consecuente.
Merkel, en voz de las naciones europeas participantes en el encuentro de Berlín, subrayó que “todos los mercados financieros del mundo, todos los productos financieros y los actores de los mercados, independientemente del lugar de su sede, deberán someterse a la vigilancia y regulación, y esto regirá tanto para sociedades accionarias como para los fondos de inversión libre… se pretende evitar que esos actores asuman riesgos excesivos”. Bien en el discurso, pero en el lenguaje de la canciller todos quiere decir lo que nosotros, los países más poderosos, decidamos, les guste o no a los demás, que no fueron invitados al sepelio del viejo orden económico internacional.
En este contexto, le encargan al FMI –un organismo de control creado por los vencedores de la segunda Guerra Mundial– la refundación del orden económico y financiero internacional que reventó, entre otras causas, por las políticas, las estrategias y las imposiciones de ese mismo organismo, no sin la anuencia y aplauso de los que hoy deciden la nueva arquitectura.
La crisis es mundial, dicen, pero las decisiones se siguen tomando en petit comité. Lo dijo el primer ministro británico, Gordon Brown: “hubo consenso en que es necesario establecer un New Deal, un nuevo pacto económico y financiero, que abarque a todo el mundo y funde de nuevo esos sistemas para confrontar la crisis actual y evitar otras en el futuro”. Le hizo segunda el presidente francés, Nicolás Sarkozy: todos están decididos al éxito; no hay camino de retorno; no nos podemos permitir un fracaso en la refundación del sistema financiero internacional.
¿En qué momento se logró el consenso mundial? ¿Cuándo se pronunciaron los países tercermundistas? Sólo ellos sabrán, pero obvio es que el grueso de naciones ni siquiera fueron tomadas en cuenta, y al enterarnos de que los poderosos han decidido encargar al FMI el nuevo diseño, fácil es conocer de dónde vienen tan democráticas instrucciones.
Angela Merkel detalló que la reunión de Berlín da continuidad a los esfuerzos internacionales que pactó el G-20 el pasado 15 de noviembre en Washington, y dijo que será prioritario mantener la presión en la cumbre del 2 de abril en Londres para que las medidas acordadas se apliquen en forma consecuente. En efecto, el citado encuentro en la capital estadunidense reunió a los representantes del Grupo de los 20 países más poderosos del planeta (G-7, más Rusia, las naciones emergentes más destacadas y la representación de la Unión Europea) para encontrar soluciones a la crisis, las cuales, por lo visto, no aparecieron.
El G-20 ordenó al FMI el citado diseño. Bien, pero los países que dan cuerpo a ese grupo concentran poco más de 65 por ciento del poder de voto en el seno del Fondo Monetario Internacional. Así, alrededor de 190 naciones no tendrán ni voz ni voto –de hecho, muchas de ellas ni siquiera serán mencionadas– y quedarán totalmente excluidas de esta democrática solución con la plena participación de la comunidad internacional.
Pero la concentración del G-20 aguanta otra criba. En este contexto, el G-7 lleva la voz (y el voto) cantante. Sólo Estados Unidos concentra casi 17 por ciento del poder total de voto en el FMI; el resto de las naciones integrantes del G-7 (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) acaparan en conjunto el 27.7 por ciento, y si se le suma Rusia (G-8) el 30.39 por ciento, para sumar, con Estados Unidos, 47.39 por ciento del total. China y su creciente cuan decisivo poderío económico-financiero, sólo tiene 3.36 por ciento del voto, y ha sido excluida del consenso.
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía (todas naciones integrantes del G-20, como economías emergentes) apenas reúnen el 17.64 por ciento de ese poder de voto en el FMI. México (que no pertenece al G-7 ni al G-8) sólo tiene el 1.47 por ciento de ese mismo poder de voto. Entonces, ¿quiénes, en esta democrática cuan consensuada solución de la crisis internacional, tomarán las decisiones y definirán qué sí y qué no en la nueva arquitectura y su respectivo diseño?
Los viejos arquitectos disfrazados de nuevos diseñadores, para que al modificar todo en los hechos no cambien nada, en espera de la siguiente crisis.
Las rebanadas del pastel
En pleno terror cambiario, dice el gobernador del Banco de México que los bancos extranjeros que operan en el país no son los responsables del desplome del peso, pues tienen amplia disponibilidad de dólares, incluso más allá de lo imaginable, de tal suerte que no están repatriando dólares a sus matrices. ¿Quién, entonces? ¿Serán los mexicanos de salario mínimo? ¿Acaso las micro y pequeñas empresas que revientan como palomitas de maíz?
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
El 15/F y la guerra asimétrica de Washington
Carlos Fazio
La aprobación de la enmienda constitucional que permitirá eventuales postulaciones sucesivas a todos los cargos de elección popular en Venezuela, revalidó en las urnas el liderazgo de Hugo Chávez y dio legitimidad al proyecto de un socialismo para el siglo XXI. Eso es una mala noticia para Washington y sus palafreneros intelectuales, que consideran a Chávez una fuerza negativa en el concierto interhemisférico, según la visión ratificada por el presidente Barack Obama.
En Venezuela se está llevando a cabo un proceso de cambio pacífico, que combina un capitalismo de Estado con reformas sociales y la democracia directa, que no sólo es votar, sino participar de manera activa en la elaboración de los proyectos y en la toma de decisiones locales y nacionales.
Quienes adversan ese modelo, sectores ligados al capital financiero internacional y los propietarios de grandes medios de difusión masiva, han venido impulsando una aguda lucha de clases con base en la ideología, la desinformación y el racismo. Con razón, durante la campaña, Chávez dijo que sufragar por el sí era votar por la paz. En cambio, de triunfar el no se profundizarían los escenarios de violencia, la guerra mediática y la confrontación ideológica, ante el recurso sistemático de sectores golpistas de la oposición de desconocer las instituciones democráticas del país.
Lo que viene es predecible: dado que Venezuela está incluida entre las amenazas globales a la seguridad nacional de Estados Unidos, Obama persistirá en la guerra asimétrica contra Chávez. En enero, durante su audiencia de confirmación en el Capitolio, el flamante número dos del Departamento de Estado, James Steinberg, dijo que Washington había cedido durante demasiado tiempo el campo de juego a Chávez. Según el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y antiguo analista de la Corporación Rand –un think tank al servicio del Pentágono–, las acciones y la visión chavista no sirven a los intereses de los venezolanos ni a la población de América Latina. Eso, en el lenguaje orwelliano, debe leerse como que Chávez resulta hostil a los intereses geoestratégicos del imperio y del complejo militar industrial. De allí que Washington insistirá en su guerra encubierta, sin reglas ni prohibiciones, que algunos expertos militares han definido como un conflicto de cuarta generación.
A diferencia del combate militar tradicional y de las guerras relámpago y de desgaste, la guerra de cuarta generación –que puede adquirir dimensiones sicológicas y físicas, y echa mano de técnicas de comunicación y marketing y hace un uso sicoanalítico del biopoder– aprovecha la asimetría estratégica entre las partes para obtener ventajas. Ése ha sido el modus operandi de Washington respecto de Venezuela desde antes y durante el fallido golpe de Estado de abril de 2002, continuado después con el sabotaje petrolero y el referendo revocatorio.
En la coyuntura del 15/F, los círculos de inteligencia de Estados Unidos instrumentaron la Operación Jaque al Rey, una maniobra conspirativa tramada en Puerto Rico el pasado 9 de enero. Allí, con la presencia del director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, del titular de Primero Justicia, Julio Borges, y otros golpistas venezolanos, y con la participación de dirigentes del Partido Social Cristiano de Chile, que dirige el presidenciable Eduardo Frei, estrategas estadunidenses ajustaron nuevos planes de desestabilización. Saben que una eventual relección de Hugo Chávez en los comicios de 2012 significaría la consolidación de los procesos de cambio en varios países del área andina y de las alianzas subregionales, en detrimento de los intereses económicos y de clase de la Casa Blanca, las corporaciones y sus aliados nativos.
La reacción de la plutocracia venezolana y los grandes medios inscritos en la guerra mediática de matriz estadunidense deja entrever una nueva fase de la confrontación. En un intento por posicionarse ante el nuevo escenario, el comando derechista asesorado por Washington reivindicó como una victoria parcial haber superado el techo histórico de 5 millones de votos antichavistas. Sobre esa base, con apoyo de fundaciones estadunidenses y europeas conservadoras (Cato Institute, Heritage, Konrad Adenauer, la española FAES), de políticos conservadores (Madeleine Albright, José María Aznar, Eduardo Frei, Václav Havel, Lech Walesa) y mesías intelectuales al servicio de la contrarrevolución (Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Enrique Krauze) intentarán influir en la opinión pública con eje en la gastada consigna; Chávez totalitario versus una derecha que se disfraza de izquierda.
Ese frente unido derechista utiliza herramientas como el Comité Internacional para la Democracia en Cuba, adscrito al Plan Bush (la Comisión para la Asistencia por una Cuba Libre) y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Todos han venido apoyando las revoluciones de colores y los golpes suaves en las ex repúblicas soviéticas, y alentando la subversión en Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Es previsible que el gobierno de Obama intensifique las actividades de inteligencia, contrainteligencia y el cerco financiero contra Venezuela, mientras genera desestabilización política mediante protestas callejeras y movimientos de caos planificado.
Al respecto, el ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel denunció un plan que consiste en fortalecer ciertas instalaciones como el aeropuerto internacional de Tocumén, en Panamá, donde se habría habilitado una terminal separada como base permanente de una unidad operacional de vigilancia aérea y espionaje electrónico con equipos Awacs. En ese contexto, el 15/F fue una nueva batalla ganada por Hugo Chávez, pero la guerra continúa.
La aprobación de la enmienda constitucional que permitirá eventuales postulaciones sucesivas a todos los cargos de elección popular en Venezuela, revalidó en las urnas el liderazgo de Hugo Chávez y dio legitimidad al proyecto de un socialismo para el siglo XXI. Eso es una mala noticia para Washington y sus palafreneros intelectuales, que consideran a Chávez una fuerza negativa en el concierto interhemisférico, según la visión ratificada por el presidente Barack Obama.
En Venezuela se está llevando a cabo un proceso de cambio pacífico, que combina un capitalismo de Estado con reformas sociales y la democracia directa, que no sólo es votar, sino participar de manera activa en la elaboración de los proyectos y en la toma de decisiones locales y nacionales.
Quienes adversan ese modelo, sectores ligados al capital financiero internacional y los propietarios de grandes medios de difusión masiva, han venido impulsando una aguda lucha de clases con base en la ideología, la desinformación y el racismo. Con razón, durante la campaña, Chávez dijo que sufragar por el sí era votar por la paz. En cambio, de triunfar el no se profundizarían los escenarios de violencia, la guerra mediática y la confrontación ideológica, ante el recurso sistemático de sectores golpistas de la oposición de desconocer las instituciones democráticas del país.
Lo que viene es predecible: dado que Venezuela está incluida entre las amenazas globales a la seguridad nacional de Estados Unidos, Obama persistirá en la guerra asimétrica contra Chávez. En enero, durante su audiencia de confirmación en el Capitolio, el flamante número dos del Departamento de Estado, James Steinberg, dijo que Washington había cedido durante demasiado tiempo el campo de juego a Chávez. Según el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y antiguo analista de la Corporación Rand –un think tank al servicio del Pentágono–, las acciones y la visión chavista no sirven a los intereses de los venezolanos ni a la población de América Latina. Eso, en el lenguaje orwelliano, debe leerse como que Chávez resulta hostil a los intereses geoestratégicos del imperio y del complejo militar industrial. De allí que Washington insistirá en su guerra encubierta, sin reglas ni prohibiciones, que algunos expertos militares han definido como un conflicto de cuarta generación.
A diferencia del combate militar tradicional y de las guerras relámpago y de desgaste, la guerra de cuarta generación –que puede adquirir dimensiones sicológicas y físicas, y echa mano de técnicas de comunicación y marketing y hace un uso sicoanalítico del biopoder– aprovecha la asimetría estratégica entre las partes para obtener ventajas. Ése ha sido el modus operandi de Washington respecto de Venezuela desde antes y durante el fallido golpe de Estado de abril de 2002, continuado después con el sabotaje petrolero y el referendo revocatorio.
En la coyuntura del 15/F, los círculos de inteligencia de Estados Unidos instrumentaron la Operación Jaque al Rey, una maniobra conspirativa tramada en Puerto Rico el pasado 9 de enero. Allí, con la presencia del director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, del titular de Primero Justicia, Julio Borges, y otros golpistas venezolanos, y con la participación de dirigentes del Partido Social Cristiano de Chile, que dirige el presidenciable Eduardo Frei, estrategas estadunidenses ajustaron nuevos planes de desestabilización. Saben que una eventual relección de Hugo Chávez en los comicios de 2012 significaría la consolidación de los procesos de cambio en varios países del área andina y de las alianzas subregionales, en detrimento de los intereses económicos y de clase de la Casa Blanca, las corporaciones y sus aliados nativos.
La reacción de la plutocracia venezolana y los grandes medios inscritos en la guerra mediática de matriz estadunidense deja entrever una nueva fase de la confrontación. En un intento por posicionarse ante el nuevo escenario, el comando derechista asesorado por Washington reivindicó como una victoria parcial haber superado el techo histórico de 5 millones de votos antichavistas. Sobre esa base, con apoyo de fundaciones estadunidenses y europeas conservadoras (Cato Institute, Heritage, Konrad Adenauer, la española FAES), de políticos conservadores (Madeleine Albright, José María Aznar, Eduardo Frei, Václav Havel, Lech Walesa) y mesías intelectuales al servicio de la contrarrevolución (Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Enrique Krauze) intentarán influir en la opinión pública con eje en la gastada consigna; Chávez totalitario versus una derecha que se disfraza de izquierda.
Ese frente unido derechista utiliza herramientas como el Comité Internacional para la Democracia en Cuba, adscrito al Plan Bush (la Comisión para la Asistencia por una Cuba Libre) y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Todos han venido apoyando las revoluciones de colores y los golpes suaves en las ex repúblicas soviéticas, y alentando la subversión en Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Es previsible que el gobierno de Obama intensifique las actividades de inteligencia, contrainteligencia y el cerco financiero contra Venezuela, mientras genera desestabilización política mediante protestas callejeras y movimientos de caos planificado.
Al respecto, el ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel denunció un plan que consiste en fortalecer ciertas instalaciones como el aeropuerto internacional de Tocumén, en Panamá, donde se habría habilitado una terminal separada como base permanente de una unidad operacional de vigilancia aérea y espionaje electrónico con equipos Awacs. En ese contexto, el 15/F fue una nueva batalla ganada por Hugo Chávez, pero la guerra continúa.
Politización de la narcoguerra
Con el telón de fondo de las decenas de ejecuciones diarias y la violencia delictiva fuera de control, el presidente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, embistió ayer contra los priístas, a los que acusó de sugerir la rendición ante el narcotráfico y de poner en riesgo la salud y la seguridad de las familias mexicanas, en referencia a las recientes declaraciones de Ernesto Zedillo en favor de la legalización de la mariguana, que tienen como antecedentes inmediatos otros posicionamientos que han contaminado el debate político con el tema de las drogas: el formulado en días pasados por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien aludió al riesgo de que alguien asociado al narcotráfico llegara a la Presidencia de la República, palabras que fueron calificadas de catastrofismo puro por el priísta Manlio Fabio Beltrones, o el reconocimiento, por parte del calderonismo, que el anterior gobierno claudicó en sus responsabilidades legales ante la delincuencia organizada.
No es necesario formular profecías a futuro: basta con examinar la información periodística de dominio público del pasado reciente para concluir que, a más de dos años de implantada, la estrategia en curso en materia de combate al delito ha tenido resultados desastrosos que se traducen en inseguridad, violencia, impunidad y deterioro institucional crecientes. Además de los más de 5 mil muertos registrados desde el inicio de la administracion calderonista, ante la ofensiva gubernamental, los cárteles de la droga han respondido con la cooptación de altos mandos de seguridad y un porcentaje altísimo de efectivos; por añadidura, se multiplican los indicios que permiten sospechar una diversificación sin precedente de la criminalidad y de la conformación de grupos paramilitares formados para combatir a conjuntos específicos de narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, lo que redunda en una afectación aún mayor del estado de derecho y del descontrol imperante.
Como si no fuera suficiente con estas consecuencias, ahora los problemas de la violencia delictiva, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el crecimiento de las adicciones son usadas como munición por formaciones políticas rivales para atacarse en vísperas de las elecciones legislativas de este año. Ello es un síntoma inequívoco del rompimiento de acuerdos en la materia dentro del grupo en el poder, pero también de la falta de consenso que exhibe la estrategia contra el crimen seguida por el gobierno federal en los 27 meses recientes, estrategia que, paradójicamente, pareció orientada por el propósito de allegar legitimidad y respaldo social a la presente administración.
El debate actual es claramente electorero, por cuanto en ningún momento las acusaciones cruzadas han llevado a los declarantes a fincar responsabilidades legales, y la coalición de facto que detenta el poder no ha dado muestras de querer cruzar esa delgada línea entre lo discursivo y lo legal.
Con todo, la creciente politización del tema del combate al narcotráfico y a la delincuencia en general, lejos de aportarle credibilidad a las acciones oficiales, erosionará mucha de la que le quede, habida cuenta que, a ojos de la sociedad, estos asuntos, que le conciernen de manera directa, dolorosa y exasperante, son vistos por la clase política como recursos de posicionamiento partidista. En este sentido, lo expresado ayer por Martínez Cázares no podría ser más contraproducente para la causa del partido que encabeza.
No puede omitirse, por último, la pregunta que hoy se formula un creciente sector de la ciudadanía sobre si esta politización del problema de la delincuencia organizada no será un reflejo inverso de un fenómeno mucho más alarmante y que ha sido sugerido por los mismos participantes en la polémica: la incursión de la criminalidad en la esfera política.
No es necesario formular profecías a futuro: basta con examinar la información periodística de dominio público del pasado reciente para concluir que, a más de dos años de implantada, la estrategia en curso en materia de combate al delito ha tenido resultados desastrosos que se traducen en inseguridad, violencia, impunidad y deterioro institucional crecientes. Además de los más de 5 mil muertos registrados desde el inicio de la administracion calderonista, ante la ofensiva gubernamental, los cárteles de la droga han respondido con la cooptación de altos mandos de seguridad y un porcentaje altísimo de efectivos; por añadidura, se multiplican los indicios que permiten sospechar una diversificación sin precedente de la criminalidad y de la conformación de grupos paramilitares formados para combatir a conjuntos específicos de narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, lo que redunda en una afectación aún mayor del estado de derecho y del descontrol imperante.
Como si no fuera suficiente con estas consecuencias, ahora los problemas de la violencia delictiva, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el crecimiento de las adicciones son usadas como munición por formaciones políticas rivales para atacarse en vísperas de las elecciones legislativas de este año. Ello es un síntoma inequívoco del rompimiento de acuerdos en la materia dentro del grupo en el poder, pero también de la falta de consenso que exhibe la estrategia contra el crimen seguida por el gobierno federal en los 27 meses recientes, estrategia que, paradójicamente, pareció orientada por el propósito de allegar legitimidad y respaldo social a la presente administración.
El debate actual es claramente electorero, por cuanto en ningún momento las acusaciones cruzadas han llevado a los declarantes a fincar responsabilidades legales, y la coalición de facto que detenta el poder no ha dado muestras de querer cruzar esa delgada línea entre lo discursivo y lo legal.
Con todo, la creciente politización del tema del combate al narcotráfico y a la delincuencia en general, lejos de aportarle credibilidad a las acciones oficiales, erosionará mucha de la que le quede, habida cuenta que, a ojos de la sociedad, estos asuntos, que le conciernen de manera directa, dolorosa y exasperante, son vistos por la clase política como recursos de posicionamiento partidista. En este sentido, lo expresado ayer por Martínez Cázares no podría ser más contraproducente para la causa del partido que encabeza.
No puede omitirse, por último, la pregunta que hoy se formula un creciente sector de la ciudadanía sobre si esta politización del problema de la delincuencia organizada no será un reflejo inverso de un fenómeno mucho más alarmante y que ha sido sugerido por los mismos participantes en la polémica: la incursión de la criminalidad en la esfera política.
Estalla huelga en Olympia de México, S. A.
RESUMEN SITUACION ACTUAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO, PRODUCTOS METALICOS, FABRICACION Y REPARACION DE MAQUINAS, MANUFACTURAS COMPUESTAS, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO DE MEXICO, DE OLYMPIA DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Los trabajadores sindicalizados de Olympia de México, S.A. de C.V, queremos hacer manifiesto la situación de HUELGA en la que nos encontramos.
Desde diciembre de 2008, en la semana número 50, la empresa dejó de pagar el aguinaldo, prima de puntualidad, despensas, prima vacacional y tres días económicos, depósitos de caja de ahorro de los trabajadores y cuotas sindicales. Estas prestaciones se encuentran contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo en las siguientes cláusulas:
SEXAGESIMA QUINTA. AGUINALDOS: Contamos con una tabla que segùn antigüedad se pueden llegar a tener hasta 41 días.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PRIMA VACACIONAL: Contamos con el 100%.
ANEXO: Tres días económicos, adicionales por año.
CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEPTIMA. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Nosotros tenemos 16 días de bono.
Por otra parte la situación se empeoró al dejarnos de pagar los salarios nomínales de la semana 1 y 2 de Enero de 2009, todo esto como antecedente del EMPLAZAMIENTO a Huelga que se tuvo que ingresar a ante la Junta de Junta de Conciliación y Arbitraje en Los Reyes Ixtacala, Estado de México.
Después de una serie de Juntas con los representantes de la empresa, el Lic. Gerardo Romero, Ing. Oscar Paniagua y Hugo Ramírez Chávez directores de la empresa, no fue posible llegar a un arreglo ya que de manera inflexible se nos afirmo que no tenían dinero para afrontar sus compromisos con nosotros y que no podían darnos fecha alguna de posible pago.
Finalmente al no dejarnos otra alternativa se pusieron las banderas de HUELGA el día 15 de enero de 2009 a las 17:00 hrs., entregándonos la Junta el pasado 22 de enero el documento que declara LEGALMENTE EXISTENTE el movimiento de HUELGA. El nùmero del expediente es: HR3/60/2008
Solicitamos que tanto los trabajadores de las empresas del ramo como los sindicatos y el pueblo en general se sume a este esfuerzo por evitar una vez más que la gente poderosa y la que más tiene siga abusando de los trabajadores que lo único que poseemos es nuestra fuerza de trabajo, la cual la hemos entregado a una empresa durante toda nuestra vida útil y ahora que hemos llegado a tener un promedio de edad de 47 años se quieran deshacer ya de nosotros con una serie de artimañas y de manera ilegal, no importándoles la suerte que corran tanto nosotros como nuestras familias, porque ellos están seguros que no encontraremos trabajo en ningún lado primeramente por la edad y segundo por ser nosotros mano de obra muy especializada donde al haber sólo una empresa de maquinas de escribir en América Latina, las posibilidades de reubicación son nulas.
Atentamente.
GERARDO S. XICOTÈNCATL LIMA.
SECRETARIO GENERAL TRABAJADORES DE OLYMPIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
¡Sindicato valiente que lucha por su gente!
COMITE
Secretario del interior, Edmundo Mendoza García; secretario del exterior, Javier López Moreno; Secretario tesorero, Obdulio Sierra García; Secretario de actas y acuerdos, Herminia Flores Granados; Secretario de organización y estadísticas, José Isabel Guerrero Ramírez.
La marcha inexorable de la bancarrota capitalista mundial
El capitalismo se cae a pedazos. El producto bruto, en las naciones avanzadas, se está desmoronando en un 10 por ciento anualizado. En los últimos tres meses, los despidos en Estados Unidos han sido de 600 mil trabajadores por mes. La industria automotriz norteamericana se encuentra en vía de extinción: en Alemania se disputan las filiales que General Motors quiere liquidar para recaudar el dinero necesario para un improbable salvataje en Estados Unidos. Los desalojos, en ese país, ya han llegado a 1,8 millones de viviendas.
Detroit, Cleveland y otras ciudades industriales parecen diezmadas por una guerra. California, la séptima economía del mundo, se encuentra en 'defol'; varios estados y municipios han comenzado a imprimir sus propios 'patacones' y 'lecops'. En Gran Bretaña, el gobierno se apresta a nacionalizar la poderosa banca Lloyds. En España, los presumidos BBVA y Santander se han caído de los pedestales que les inventaron los medios apenas se descubrió lo que en otros países se sabe desde hace más de un año: que al lado de los bancos opera un sistema financiero en las sombras, montado por ellos mismos, que se encuentra fuera del alcance de la regulación estatal. Es así que dos fondos inmobiliarios han debido declarar un corralito por la imposibilidad de hacer frente al pedido de retiro de dinero de sus inversores. De repente, el 'modernizado´ capitalismo español se encuentra donde nunca dejó de estar: en pelotas. En Francia ya se oyen los redobles de tambores, con sus Antillas en llamas y un ambiente de huelgas en la metrópoli que raja los muros. Otro inmunizado contra la crisis capitalista, Italia, acaba de descubrir que su nave de proa, Unicredit, "más europea que italiana" según sus alcahuetes, está por sucumbir al derrumbe de sus inversiones en Austria, la que a su vez se encuentra amenazada por sus inversiones en Europa oriental. Para salvar a la joya del fanfarrón Berlusconi, la diplomacia italiana ha tenido que recurrir a Libia, no sin antes hacer las reverencias correspondientes en las tiendas beduinas de Gadhafi. El paraíso sueco, que la gorda Carrió invoca como ejemplo para su infiel Argentina, le ha tenido que pedir al FMI que contenga las devaluaciones en los países del Báltico, para que no lleven a la tumba a la banca escandinava que ha copado aquellas plazas. Entre el derrumbe del rublo ruso, el zloty polaco y todas las otras monedas que sueñan con convertirse alguna vez en euros, es precisamente el euro el que está en capilla, estructuralmente aquejado por la incapacidad de los Estados del viejo continente para poner en marcha un plan de rescate común y por los diferentes ritmos y características de las crisis en sus diversas economías. De repente, las deudas públicas de esos Estados se han empezado a cotizar de la forma más disparatada, a pesar de que se negocia en la misma moneda y de contar con un Banco Central que debería operar como rescatista de última instancia. La insinuación de que Irlanda, un país del área euro, pediría el socorro del FMI cayó como una bomba nuclear en Bruselas, porque equivalía a admitir que el Banco Central Europeo estaba listo para ser colgado en el museo del Louvre. Por fin, las llamadas economías intermedias se hunden en forma implacable, como ocurre por ejemplo con Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Indonesia y, por último, la misma China, o en América Latina, México especialmente.
Resulta obvio, al cabo de un año y medio de planes de rescate de todo tipo, que la bancarrota capitalista se ha transformado en una crisis política. Es posible que sus estallidos comiencen por las naciones intermedias o de la Unión Europea, pero en ningún lugar se manifiesta más claramente que en Estados Unidos, cuando Obama aún no ha cumplido un mes de mandato. Aunque el presidente afroamericano anunció que la aprobación de su plan de impulso económico, de 800 mil millones de dólares, marcaba el "principio del fin" de la crisis, los acontecimientos que siguieron de inmediato indicarían que ni siquiera estaríamos en el 'fin del comienzo'.
Es que el núcleo de la crisis sigue allí, como desde el primer día. La masa de los llamados 'activos tóxicos' continúa siempre en la cartera de los bancos, compañías de seguros y de inversoras de capital, y de los fondos creados a la sombra de ellos. Los llamados negocios derivados originados por estos pulpos suman unos 550 billones de dólares, o cuarenta veces la economía de los Estados Unidos. Algunos estiman que si se pudieran hacer las compensaciones entre negocios cruzados – lo cual simplemente podría demorar algunos años– , la resultante neta serían aún unos 20 a 30 billones de dólares de deudas incobrables. El envío a pérdidas de todas estas sumas llevaría a la quiebra a la mayor parte del capital mundial. Ningún capitalista quiere oficializar sus pérdidas vendiendo los títulos sin valor que tiene en su propiedad, por lo cual sobreviven con ayudas estatales o compras temporarias de los bancos centrales. En consecuencia, el sistema económico está parado porque el Bank of America, el Citigroup, el Lloyds, el Barclays y tantos otros están que-bra-dos. Ponerle el cascabel a este gato significa nacionalizar a todos estos bancos, y a partir de esto aun a aquellos que no están quebrados, para proceder a una liquidación ordenada de todos los créditos y deudas que no se pueden saldar. Todo lo que parecía sólido se ha desvanecido en el aire.
El plan de relanzamiento económico de Obama, que acaba de aprobar el Congreso norteño, no encara esta situación: se trata de un plan de gastos y de rebaja de impuestos por apenas el 5,5% del PBI norteamericano para los próximos diez años, aunque el 80% de él se consumirá en dos años. Para resolver la cuestión bancaria, Obama ha insinuado otra cosa: la creación de los llamados 'bancos malos', que recogerían todo aquello en poder de los bancos que no vale nada. El problema es el siguiente: para que los bancos que queden limpios de estos activos puedan funcionar, necesitarán que se les pague por los activos invendibles un precio que les permita pagar las deudas con las que financiaron las compras de esos 'activos tóxicos'. Pero pagar mucho por lo que no vale nada, simplemente provocaría la quiebra de quien lo haga, en este caso el Estado. Por eso Obama ha insinuado el propósito de que la compra de esos activos la haga una asociación pública-privada, pero la viabilidad de este proyecto es que se pague muy poco por los activos, lo cual sería un gran negocio para los que financiarían la formación de los 'bancos malos'. Pero cotizar a esos 'activos' como una pichincha decretaría la quiebra de los 'bancos buenos', que recibirían muy poco dinero o liquidez para saldar sus deudas. El equilibrio entre lo que necesitan los bancos con 'activos tóxicos', de un lado, y lo que puede pagar el Estado por esos activos, por el otro, sin arruinar las finanzas públicas, o lo que les convenga pagar a los capitales privados dispuestos a negociar esos 'activos' con posterioridad, es simplemente imposible determinarlo a priori. Por otra parte, ya se sabe que la mayor parte de los bancos están quebrados, por mejor que sea la oferta que se haga por sus 'activos'. La solución de este problema pasaría por la nacionalización general de los bancos, pero esto transfiere a la política, o sea al Estado, la tarea de arbitrar las pérdidas y confiscaciones que, de cualquier modo, o invariablemente, deberá sufrir el capital, tanto el pequeño como el más grande. Suponer que el Estado puede sacar al capital indemne de la crisis es propio del que no entiende una jota de la economía política del capital y de la tendencia a su propia disolución. Pero la sola perspectiva de una nacionalización está a punto de quebrar al 'establishment' norteamericano. Esta es la crisis política de Obama.
¿Hace falta decir que la nacionalización de los bancos no es ninguna solución? Por una parte, una nacionalización de la banca norteamericana rompe todo el tejido financiero internacional, porque obliga a los otros Estados a tomar medidas similares para poner a sus Tesoros nacionales al servicio de esta nueva competencia bancaria internacional entre bancos que cuentan con capital y financiación estatal. El mercado mundial se transformaría en un terreno de pugna directa entre Estados, lo cual es lo más cercano a una nueva guerra. Por otro lado, una nacionalización de bancos quebrados amenazaría con la quiebra a las finanzas públicas y obligaría al Estado a operar con empréstitos forzosos. Por fin, incluso una banca estatal sería incapaz de mover a la economía si del otro lado no se moviera la demanda por medio de inversiones a cargo de los capitalistas. Es extremadamente difícil, sin embargo, que los capitalistas arriesguen sus capitales en empresas financiadas por el Estado; si operaran sin capital retrocederían a la condición de meros comisionistas del Estado. Una banca nacionalizada en las grandes naciones industriales necesitaría la nacionalización de las inversiones en la industria y la obra pública, lo cual pondría al Estado en las dos puntas del proceso económico, o sea sin la mediación de los capitalistas. Esto es teóricamente posible pero prácticamente inviable, por la simple razón de que la línea de separación entre el capitalismo y el socialismo se haría muy tenue: dependería de quién dirige ese Estado, si los capitalistas o los obreros, y no – como es ahora – que entre un régimen social y el otro hay una densa valla de relaciones sociales que abarcan diversos grados y estratificaciones, que se superponen sobre la relación entre el capital y el trabajo y oscurecen su visibilidad.
La ruptura del presente impasse la impondrá la subsiguiente marcha de la crisis y, en especial, la presión popular, que está tomando forma y fuerza en todo el mundo. La caída de las Bolsas a nuevos pisos es el síntoma de que el capital exige, por un lado, que el Estado lance un plan de rescate masivo, aunque para ello tenga que separar a algunas ovejas negras que están definitivamente condenadas y, por otro lado, si esto es inviable o alargara aún más el proceso de quiebras, que el Estado haga una declaración oficial de quiebra bancaria y proceda a la nacionalización. En lo referente a la presión popular, las continuas apariciones públicas de Obama a lo largo y ancho de Estados Unidos, están mostrando la amplitud de la deliberación que va ganando a las masas. En otros países ya hay huelgas importantes y movimientos de protesta masivos. La nacionalización de los bancos en Europa sólo puede proceder por países y acabaría poniendo a los más débiles bajo la férula de los más fuertes.
Es muy claro que el proletariado, a partir de la lucha que tendrá que encarar, deberá comprender que la salida pasa por presentarse como alternativa de poder – lo cual requiere programas, partidos y organizaciones de masas revolucionarias.
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