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domingo, marzo 03, 2013

No tocan a Romero Deschamps, Moreira y otros


ENRIQUE GALVÁN OCHOA. La Jornada Sábado 2 de Marzo de 2013
Dudan de la lucha anticorrupción
No tocan a Romero Deschamps, Moreira y otros
Mas bien intentan un nuevo reparto del poder

Elba Esther Gordillo, líder del SNTE desde 1989, fue detenida por la PGR en el aeropuerto de Toluca, acusada del desvío de más de 2 mil 600 millones de pesos de las arcas sindicales y delincuencia organizada. ¿Qué motivó su caída? En la opinión de 77 por ciento de nuestros encuestados, el PRI está haciendo un nuevo reparto del poder; 13 por ciento considera que es un mensaje a los otros poderes fácticos; 2 por ciento respondió que fue la inconformidad del magisterio, y uno por ciento cree que Peña Nieto ha emprendido la limpieza de los sindicatos. Con variadas opiniones participó 7 por ciento.
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miércoles, mayo 16, 2012

Se tambalea candidatura de Romero Deschamps

Ante el IFE, Carlos Antonio Romero Deschamps está enlistado como el candidato número siete a senador por la vía plurinominal de la coalición PRI-PVEM. Pero podría no alcanzar el escaño ante diversas acusaciones penales integradas en su contra por la PGR y la PGJDF. Además, legisladores y opositores del gremio petrolero impugnarán su candidatura ante la autoridad electoral.

La sombra del Pemexgate aún pesa sobre Carlos Antonio Romero Deschamps. Transcurrieron ya 12 años desde que el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),  Romero Deschamps, y el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor Seguy, desviaron 1 mil 500 millones de pesos de la paraestatal para transferir 640 millones a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, y cuya indagatoria penal que autoridades federales abrieron en su contra aún no es cosa juzgada.
El 10 de septiembre de 2001, el periodista Miguel Badillo reveló –en el periódico El Universal– el desvío de los millones de pesos de Pemex a la campaña del priísta, caso que fue identificado como Pemexgate, que hasta hoy es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en México. Y aún cuando al Partido Revolucionario Institucional (PRI) se le impuso una multa de 1 mil millones de pesos, Romero Deschamps todavía tiene cuentas pendientes con la justicia, relacionadas con el expediente 55/FEPADE/02, en el cual se le acusa por los delitos de peculado electoral y fraude.

“Asunto de seguridad nacional”
El caso Romero Deschamps, las múltiples acusaciones en su contra y su candidatura al Senado son hoy uno de los asuntos que el gobierno de Felipe Calderón considera como “de seguridad nacional”. Así lo confirmaron senadores de la República que hace unos días acudieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) para conocer la situación jurídica de las indagatorias que implican al líder sindical en asuntos de carácter penal. Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) dijeron a los legisladores que desde 2008 se giró una orden de aprehensión que no se ha ejecutado. La versión les fue confirmada por un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación.
El área responsable de los “asuntos especiales” de la Segob integra un grueso expediente del líder sindical, incluidas las acusaciones penales que durante el sexenio prácticamente se han mantenido empantanadas.
Son diversas las acusaciones penales aún en curso contra Romero Deschamps, dos de ellas, la AP1072/DDF/2004 en la PGR y la FDF/T/T1/467/06-06 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Se le acusa de supuesta administración fraudulenta, abuso de autoridad, usurpación de funciones y asociación delictuosa.
Raúl Romero Maldonado, presidente del Frente Nacionalista de Petróleo, asegura que “hemos presentado pruebas suficientes para que a Romero Deschamps se le finquen responsabilidades, pero en el proceso ha habido muchas actuaciones dilatorias”.
La misma PGR integró un expediente derivado del controvertido convenio 10-275/04 (Contralínea, octubre de 2004 http://contralinea.com.mx/archivo/2004/octubre/html/politica/pemex2.html), mediante el cual Raúl Muñoz Leos y Carlos Romero Deschamps acordaron la transferencia de 8 mil millones de pesos de las arcas de Pemex al Sindicato, en un periodo de dos años, al margen del Consejo de Administración de la paraestatal, y apoyados por el entonces abogado general de Pemex, Juan Soriano Rosas.
En 2007 la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Muñoz Leos y a Soriano Rosas para ejercer cargo público alguno durante 10 años. Y la PGR abrió indagatorias penales en las que se investiga la responsabilidad del dirigente sindical en el caso.
También enfrenta denuncias de sus agremiados por el manejo de las “donaciones” que la paraestatal ha transferido al STPRM, las cuales continuaron aún después del escándalo que llevó a Muñoz Leos a su destitución. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2007 Pemex donó al Sindicato 318 millones de pesos; en 2008, 236 millones 800 mil pesos; en 2009, 256 millones y en 2010 la cifra alcanzó los 250 millones de pesos.
En 2008, la PGR integró otro expediente identificado con el número 15/03/ 02/2008 por el delito de fraude. El caso deriva de la denuncia que presentó el líder petrolero Mario Rubicel Ross García, en la que se acusa a Romero de la malversación de 3 mil millones de pesos correspondiente a las cuotas sindicales.

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jueves, abril 19, 2012

Pemex encubre pérdida por más de 398 MMDP

Funcionarios de Petróleos Mexicanos alteraron los libros contables de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción para ocultar una pérdida de 398 mil 564 millones de pesos, descubre la Auditoría Superior. Además, “escondieron” rezagos de cuentas por cobrar que datan desde hace 13 años.

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las entidades que, año con año, recibe más observaciones y recomendaciones de los entes fiscalizadores, así como la ordenanza a las contralorías internas de que abran indagatorias y finquen responsabilidades.
Uno de esos importantes hallazgos que en su más reciente revisión a la Cuenta Pública 2010 detectó la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza Juan Manuel Portal, fue al auditar los Sistemas de Información Financiera y Financiamientos de Pemex, la Tesorería de Pemex Corporativo y los libros contables y registros financieros de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).
Los fiscalizadores detectaron que los funcionarios de Pemex alteraron los libros contables para ocultar pérdidas multimillonarias que la subsidiaria más importante –PEP– tuvo durante 2009, como consecuencia de deficiencias e irregularidades en las operaciones y administración.
Las pérdidas ascendieron a 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos. El saldo negativo simplemente “fue eliminado de la contabilidad de PEP, sin existir fundamento técnico ni normativo, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración” señala la Auditoría Superior.
La maniobra contable la operaron funcionarios del Corporativo, en Marina Nacional y las subdirecciones de Administración y Finanzas. De acuerdo con los hallazgos de la Auditoría para no transparentar las pérdidas, desde el Corporativo de Pemex se giraron instrucciones a PEP para que eliminara de los libros contables la pérdida y se transfiriera a los libros contables de la empresa pública como un activo.
Este movimiento contable –cita la ASF– se realizó mediante el oficio DCF-SUCOFI-GC-56-2011, que el 3 de febrero de 2011, la Dirección Corporativa de Finanzas le envió a directivos de Exploración y Producción para que traspasaran la pérdida registrada en 2009, y que en los libros contables de Pemex Corporativo se registrara como una cuenta por cobrar. Es decir, la pérdida de 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos, que era un saldo negativo “fue eliminado de la contabilidad de PEP, sin existir fundamento técnico ni normativo, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración”.
De esta manera, señala la Auditoría, se evitó que los estados financieros de PEP mostraran la pérdida obtenida en 2009, “al anularla, con un incremento en los activos de Pemex Corporativo en el rubro de Cuentas por Cobrar”, aunque en realidad era un activo inexistente.
La maniobra contable se hizo al margen del Consejo de Administración. En este caso, detectado recientemente por la Auditoría Superior, los auditores encontraron que los funcionarios de Pemex dieron cifras falsas en los informes oficiales para ocultar las pérdidas multimillonarias en PEP y transferirle el dinero del Corporativo.
Además de alterar, burdamente, los estados financieros, la manipulación contable tuvo otra consecuencia: que en los estados financieros de Pemex no se revela la disminución real de la inversión del Corporativo en sus subsidiarias, ni la pérdida patrimonial de éstas, ya que el registro contable en Petróleos Mexicanos se realizó con un incremento en la cuenta Inversiones en Organismos Subsidiarios, sin una justificación técnica, porque no existió un incremento real en dichas inversiones.
“Los estados financieros dictaminados de Pemex Corporativo y Pemex Exploración y Producción no revelan en sus notas el tratamiento de la pérdida por 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos del ejercicio del 2009, que PEP traspasó a Pemex Corporativo, por lo que se incumplió con la Norma de Información Financiera NIF A-7 ‘Presentación y revelación’, al no revelar en forma clara y comprensible la eliminación de la pérdida de PEP, ni el origen en el incremento de la inversión en Pemex Corporativo”.
Por el contrario, en los registros contables de Pemex se asentaron números falsos de supuestos incrementos en la cuenta de las inversiones de la paraestatal a sus subsidiarias, sin una justificación técnica, pues, en realidad, señala la ASF, nunca hubo un incremento real en esas inversiones.
Señala la Auditoría que “los estados financieros dictaminados de Pemex Corporativo y Pemex Exploración y Producción no revelan en sus notas el tratamiento de la pérdida por 398 mil 564 millones 718 mil pesos del ejercicio de 2009”.
En consideración de la Auditoría, los funcionarios de Pemex que participaron en las maniobras contables violaron la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento; la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otras.
Javier Jiménez Espriú, quien durante varias décadas se desempeñó como funcionario de Petróleos Mexicanos y como integrante del Consejo de Administración de numerosas empresas paraestatales y privadas, explica la gravedad de que decisiones de esta naturaleza las ejecuten los directivos de Pemex, sin consultar al Consejo de Administración:
“Los hallazgos de la Auditoría no son más que la confirmación, ahora a través de una autoridad de prestigio por su acuiciosidad, de lo que se ha estado denunciando en los últimos meses, que el director de Pemex maneja la paraestatal como si fuese de su propiedad, y que es un verdadero desorden lo que ocurre. Porque para él es una práctica repetitiva tomar decisiones tan delicadas sin informarle al Consejo, sin solicitar su aprobación y sobre todo ocultándole información.
“Lo que evidencia la Auditoría Superior es de enorme gravedad porque son pérdidas y transferencias indebidas, multimillonarias, cantidades enormes que, supuestamente, se están perdiendo, pero no hay una explicación del porqué de esas pérdidas y sí un ocultamiento de esa información. No pueden simplemente borrar una pérdida o encubrirla trasladándosela al Corporativo, sencillamente, es gravísimo”.
Jiménez Espriú atribuye la manipulación que se está haciendo de los informes y registros contables de la petrolera como un mecanismo a modo para las decisiones políticas que en materia energética se han tomado en el actual gobierno, donde se habla de una nueva reforma que encamine a Pemex hacía una mayor privatización de las áreas que aún opera la entidad.
“Las finanzas de Pemex se manejan y se maquillan al deseo de las autoridades para establecer ciertas políticas. En las finanzas de Refinación, por ejemplo, siempre le agregan pérdidas para justificar que no se hagan refinerías, al argumentar que es mejor traer los refinados del extranjero; y en las finanzas de Exploración y Producción se borran las pérdidas para justificar que se incrementen las inversiones; es decir, es una manipulación de cifras verdaderamente al gusto de las autoridades”, explica el también académico y conferencista de universidades nacionales y extranjeras en temas del sector energético.
En este sentido, el consultor en temas energéticos, George Baker, define la operación que se ha hecho de Pemex Corporativo como “una canasta contable en que se puede poner y sacar montos a la conveniencia del momento, por ejemplo, los millones de pesos sacados para el Sindicato que tenían la finalidad de financiar la campaña presidencial de 2000, de Francisco Labastida”.
El llamado Pemexgate implicó el desvío de recursos de 500 millones de pesos de las arcas de Pemex; el monto que hoy documenta la Auditoría Superior es 796 veces más.
El elaborar informes financieros “a modo”, como señala Jiménez Espriú, podría tener para el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, implicaciones en el ámbito de lo administrativo e incluso derivar en actuaciones en su contra de carácter penal.
La ASF determinó que en su carácter de director general deberá informarle al Consejo de Administración del traspaso contable que hizo de la pérdida que PEP tuvo en 2009, y las inconsistencias en los estados financieros.
El organismo de fiscalización señala también la urgencia de que los auditores externos que auditan los registros contables de la paraestatal, informen de las posibles consecuencias o repercusión que las operaciones contables descritas resultarán para la paraestatal.
Dada la gravedad de las manipulaciones contables, la Auditoría determinó que el Órgano Interno de Control en Pemex deberá abrir investigaciones y en su caso iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los funcionarios que instruyeron a las subsidiarias a traspasarle al Corporativo sus pérdidas de 2009, y sin contar con la autorización del Consejo de Administración.
Legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia preparan una demanda de carácter penal en contra de los directivos de Pemex que autorizaron y operaron la manipulación de los libros contables de la paraestatal, para ocultar las pérdidas millonarias de PEP y transferirlas al Corporativo. La demanda se encuadra en la supuesta violación al artículo 214 del Código Penal, que se refiere al ejercicio indebido del servicio público, y también por el ocultamiento de la información contable, conforme documentó la Auditoría Superior.
El quebranto
En términos del efecto que para las finanzas del Corporativo tiene la transferencia de la pérdida de PEP, implica un quebranto por los mismos 398 mil 564 millones 718 mil 900 pesos.
El abogado Gabriel Reyes Orona, consultor legal de la firma RGPA y exfuncionario en el ámbito fiscal, bancario y financiero, explica que la operación que hicieron los funcionarios de Pemex Corporativo y los de la subsidiaria Exploración y Producción, “fue una simulación contable en la que, supuestamente, el Corporativo adquirió el crédito de la empresa subsidiaria, pero en realidad adquirió una cuenta que nació como incobrable, por lo que se genera el quebranto. O dicho de otra manera, la alta dirección y los funcionarios del área financiera y contable de Pemex hicieron un quebranto al Corporativo dado que la cuenta nació y es incobrable”.
Ello, advierte Reyes Orona, “sí tendrá para Pemex consecuencias no sólo en el ámbito nacional, sino a nivel internacional, porque se podría considerar que la paraestatal está falseando información financiera y ello le impactaría, sobre todo, en la colocación de la deuda en los mercados financieros. Por lo pronto, el mensaje que tendrá quienes consulten esa auditoría es que en Petróleos Mexicanos se hacen simulaciones contables para encubrir millonarias pérdidas por la ineptitud de sus directivos, pero sobre todo es la evidencia de que Pemex como empresa no cumple con los requisitos mínimos de transparencia, porque en este caso PEP oculta información sobre sus pérdidas operativas, simplemente las borraron, y eso es un delito penal”.
Éste es uno de los temas principales que los legisladores federales plantean abordar en la próxima comparecencia del director de Pemex ante la Cámara de Diputados.

Cuentas por cobrar, lastre millonario
La manipulación que se hizo a los estados contables de Pemex no es lo único que encontraron los fiscalizadores al auditar los libros contables de la petrolera. En las cuentas por cobrar se hallaron otrosrezagos.
Las cuentas por cobrar se integran como parte del curso normal de las operaciones por ventas de hidrocarburos o bienes que originan las cuentas por cobrar comerciales, y también de otras transacciones: préstamos a los empleados, reclamaciones por siniestros y partidas similares.
Cuando los especialistas de la ASF auditaron esas cuentas contables se encontró que la subsidiaria PEP mantiene saldos pendientes desde 1997, es decir, desde que la paraestatal era dirigida por Adrián Lajous Vargas.
El lapso de una transacción comercial en la paraestatal es de 30 días en promedio, que considera el tiempo entre la emisión de la factura y la fecha de pago, considerando el crédito para que los clientes cubran sus adeudos, pero conforme la Auditoría hay adeudos de clientes mexicanos y extranjeros que tiene casi 15 años de antigüedad, y que están registrados contablemente como partidas abiertas: movimientos no finalizados, pendientes de compensar, depurar o liquidar; es decir, que se trata de cuentas por cobrar.
Entre sus documentos y cuentas por cobrar, PEP ha mantenido 3 mil 709 partidas “contrarias a su naturaleza”, que datan desde 1998 hasta 2010, y que tienen un saldo de 7 mil 617 millones 337 mil 800 pesos. Hay cuentas por cobrar a corto plazo de clientes mexicanos y extranjeros fechadas desde hace 13 años y que las administraciones de Pemex no ha hecho nada para depurarlas.
En las cuentas de PEP se encontraron también adeudos por 14 mil 592 millones 617 mil 400 pesos, que provienen desde 1997, y que no se ha registrado un sólo movimiento para su cobro o depuración.
Aunque los directivos de la paraestatal registraron esos 14 mil 592 millones 617 mil 400 pesos en los libros contables, como parte de los activos de la petrolera, la Auditoría Superior explica que en realidad “no representan derechos reales de cobro”, debido a la falta de mecanismos de coordinación de las áreas que intervienen en el proceso de registro de las cuentas por cobrar y para realizar en forma periódica la cobranza y depuración.
Pero además, al revisar los registros, la Auditoría halló duplicación en el registro de 27 partidas de adeudos de terceros a favor de PEP, por venta de activos improductivos y de bases de licitación, préstamos a personal e indemnización de siniestros.
Tiene también la subsidiaria PEP un rezago en la cobranza de 1 millón 242 mil 400 pesos de préstamos a sus funcionarios y empleados, que datan de entre 1997 y 2000; durante 11 años nada se hizo para recuperar esos préstamos. En ese mismo periodo obtuvieron préstamos funcionarios de PEP, por 3 millones 611 mil 600 pesos. Dichos funcionarios fueron transferidos al Corporativo dejando sus adeudos pendientes en las finanzas de PEP.
Venta de activos de Pemex
La Auditoría Superior también detectó que funcionarios de PEP redujeron los montos que, previamente, se había tasado a los activos desincorporados para abaratarlos aún más. Ello lo hicieron meses después de que éstos ya se habían vendido.
La ASF revisó solamente una muestra de las ventas de activos improductivos que se hicieron durante 2010. Revisó dos notas de venta de bienes a terceros por 3 millones 655 mil 100 pesos, los auditores encontraron que seis meses después de que había hecho la venta, funcionarios de PEP reclasificaron la calidad y características de los “desechos” vendidos a terceros, con la finalidad de abaratar los precios. La maniobra era improcedente, porque desde que se iba a efectuar la venta, un certificador había avalado su calidad y clasificación correcta.
Al respecto, la Auditoría urgió al Área Administrativa de PEP elaborar un programa de depuración de las cuentas pendientes desde 1997.
En cuanto a los préstamos pendientes de funcionarios y empleados de Pemex, ordenó que deberán cubrir tales adeudos con descuentos en nómina.
Por considerar las conductas de los funcionarios de PEP como irregulares, la Auditoría Superior solicitó al Órgano Interno de Control en Pemex abrir investigaciones contra los funcionarios que no dieron seguimiento ni depuraron las cuentas por cobrar, que datan desde 1997.
Deberán también abrirse investigaciones, de entrada de carácter administrativo, en contra de los funcionarios que de manera ilegal reclasificaron los activos “improductivos” de la paraestatal.

Pemex Gas, pérdidas por negligencia
La cuentas por cobrar en la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) también presentaron deficiencias, cuentas que databan de 1998, y que no fueron depuradas sino hasta que la ASF las auditó. Hasta marzo de 2012, en que hizo público los resultados de su auditorías, algunas de esas cuentas oficialmente aún estaban en proceso de depuración.
La falta de depuración, indica la Auditoría Superior de la Federación, es porque la subsidiaria PGPB carece de lineamientos o políticas contables que definan las áreas responsables de dar seguimiento, depuración o cancelación de adeudos.
Esa deficiencia es parte de las irregularidades atribuidas a los directivos de Pemex Gas y Petroquímica Básica, por ello, la Auditoría le solicitó a la Contraloría Interna abrir una investigación en contra de los funcionarios que durante más de una década, no dieron seguimiento a los adeudos que desde hace 12 años, terceros tienen con la subsidiaria.
El caos o manejo discrecional de los libros y la contabilidad en Pemex alcanza también a la subsidiarias Pemex Refinación. En esa subsidiaria la Auditoría Superior encontró cuentas bancarias que han permanecido estáticas desde 1998, y otras desde 2001.
En una cuenta los directivos de Refinación mantenían 24 millones 535 mil 400 pesos, que debían haber sido transferidos desde hacía meses a la cuenta concentradora del Corporativo de Pemex. El dinero no se transfirió sino hasta después de que la Auditoría lo encontró en esa cuenta. Mantenían también seis cheques por 787 mil 800 pesos que debían haber reintegrado, desde hacía un año a la Gerencia de Recursos Financieros.
Ante el panorama que evidencia la Auditoría Superior de la Federación, es claro, expresa Javier Jiménez Espriú, que la próxima administración en el gobierno federal “deberá hacer una revisión exhaustiva de las finanzas reales de Pemex y, probablemente, se encontrarán con todos los efectos de las decisiones que el director de la paraestatal tomó sin consultar al Consejo de Administración, decisiones inaceptables. Desgraciadamente, hasta dentro de un año veremos apenas delineado como dejara la administración actual las finanzas. Pero hay medidas emergentes que se deben tomar ya, y una de esas es que se asuman las responsabilidades contra los directivos de que han dispuestos de esos montos altísimos”.
Se solicitó entrevista con el director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, y con el de la subsidiaria PEP, Carlos Morales Gil, para que respondieran a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

jueves, marzo 22, 2012

Opacidad en recursos para sindicato petrolero

Pemex y su sindicato se encuentran en la lista de instituciones que recurren a todas las instancias posibles para evitar cumplir con las resoluciones del Ifai, dictadas bajo el principio de máxima transparencia. Mediante instrumentos legales, la organización sindical ha impedido que la paraestatal entregue copias de los cheques que le da con cargo al erario y que no necesariamente corresponden a las cuotas sindicales; también, que informe el gasto del transporte de personal y los seguros de viajero para trabajadores, que se contratan dos veces sin justificación. Ni siquiera el reciente fallo de la Suprema Corte terminará con la opacidad, reconoce la presidenta del Ifai. Peschard indica que los particulares, como el STPRM, tienen garantizado su derecho de recurrir al juicio de amparo.


El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) podrá seguir amparándose para evitar que la información del dinero que recibe de Petróleos Mexicanos (Pemex) sea publicada, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ello, porque se trata de un particular y no está obligado a rendir cuentas del uso que le da a los recursos económicos y en especie que le entrega la paraestatal, una vez que éstos salen de las arcas públicas.
Este razonamiento parecería contrario a lo establecido el 5 de marzo de 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala resolvió que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) son definitivas e inatacables.
No obstante, Jaqueline Peschard, comisionada presidenta del Ifai, explica a Contralínea que “los particulares sí se van a poder seguir amparando, porque es un derecho fundamental. Entonces, el Sindicato [de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana] lo podrá seguir haciendo y los particulares, aun cuando sean personas morales, van a continuar amparándose y eso sí está previsto por la ley. Pero los sujetos obligados a los que nosotros les instruimos que den la información, ésos son la Suprema Corte de Justicia de la Nación está diciendo: tú no puedes litigar en contra de una resolución del Ifai, porque son resoluciones que te obligan de manera definitiva”.
Peschard considera que la resolución es muy relevante, no sólo para el Instituto, sino sobre todo para el acceso a la información. “Esta sentencia significa que se cumplan los términos de la Constitución y que el acceso a la información debe ser ágil, expedito”.

Ocultan recursos públicos al Sindicato

Información del Ifai indica que de los 17 amparos que los sujetos obligados han promovido entre 2004 y 2012, cuatro son de Pemex. Además, de 2007 a 2011 el STPRM se amparó al menos en 25 ocasiones para impedir que la paraestatal entregara información sobre asuntos que le concernían, indicó el diario Reforma el 16 de enero pasado.
Uno de esos casos es el de las solicitudes de Norma Monroy, una activista petrolera que pidió desde hace cuatro años copias certificadas de todos los documentos que amparen la entrega de recursos (económicos o en especie) que Pemex ha entregado al Sindicato en el periodo de 2000 a 2007. A pesar de que se trata de recursos públicos, la paraestatal y el STPRM se han amparado y, con ello, ha impedido que la información se conozca.
“Como ciudadana llegué al Ifai desde 2007, y ando, desde entonces, en un peregrinar. Pedí, entre otras cosas, los cheques certificados con todo el dinero que Petróleos Mexicanos le ha dado al Sindicato, y he recorrido hasta la fecha, los juzgados 16 y 14 [en materia de amparo].”
Monroy narra que durante una de las citas que tuvo con la excomisionada del Ifai, y entonces ponente de su caso, María Marván, le fueron requeridas pruebas de que los recursos que salen de Pemex con destino al Sindicato no sólo son por cuotas. “Yo tengo los convenios. Ellos justifican que los recursos son para la celebración del 1 de mayo [Día Internacional del Trabajo], pero ya tiene mucho tiempo, desde [el gobierno de Ernesto] Zedillo, que no se desfila y menos lo hace el sindicato petrolero. También el 18 de marzo [Día de la Expropiación Petrolera] se les entregan 80 millones de pesos; cuando viene la revisión contractual, se les otorgan 180 millones para gastos, y todo eso lo paga Pemex. Es mentira que se lo tiene que dar al Sindicato [para cumplir objetivos]. Todo esto está en convenios, más aparte el Pemexgate. Por eso estoy pidiendo [cuentas] del dinero que ha salido de 2000 a la fecha, y se amparan tanto el Sindicato como Pemex”.
Entre otras cosas, la paraestatal debía de haber entregado a Monroy copias de los cheques certificados que tanto el corporativo como las subsidiarias hubieran dado a los dirigentes petroleros, encabezados por el priísta Carlos Romero Deschamps. Así lo resolvió el Ifai, pero eso no se ha cumplido.


Los gastos excesivos
El hermetismo y la opacidad con que se tratan los asuntos relacionados con las erogaciones sindicales también se evidencian con el caso de Aldo José Luis Cifuentes de la Madrid, agremiado desde hace 21 años al STPRM, Sección 39, con sede en la localidad de Santa Catalina, municipio de Huauchinango, Puebla.
A través del sistema de acceso a la información del gobierno federal (Infomex), el 30 de marzo de 2011 solicitó (folio 1857200043811) a Pemex copia de los contratos y convenios administrativos sindicales de transporte de personal de las 36 secciones; los cheques emitidos por la paraestatal; los recibos de las empresas beneficiadas con dichos contratos; los documentos que avalan la constitución de las empresas que constan en Pemex; y de los contratos de las compañías que aseguran al personal durante el traslado.
“Lo hacemos porque son recursos públicos, son recursos de la nación”, señala el petrolero. La respuesta de Pemex fue solicitar una prórroga el 2 de mayo de 2011 para continuar con la búsqueda de la información. Un mes después (el 2 de junio), Pemex notificó a Cifuentes de la Madrid la disponibilidad de la información y el 27 del mismo mes, el Infomex recibió el pago por el envío de los documentos solicitados.
El 11 de julio se notificó que la información “ha sido enviada” al solicitante. Sin embargo, adjunto a la notificación se incluyó un archivo en el que se comunicaba que en sesión ordinaria, del 23 de junio de 2011, el Comité de Información de Pemex acordó la suspensión concedida al STPRM por el juicio de amparo 614/2011, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
Así, la resolución concedió la “suspensión definitiva solicitada para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto a fin de que las autoridades responsables no hagan entrega al tercero perjudicado; es decir, al solicitante de la información que le fue autorizada mediante el oficio SRHRL-CGG-1334/2011, relativo a la solicitud de información 1857200043811”.
Ante la contradicción de la respuesta recibida por Pemex, Cifuentes de la Madrid apeló al recurso de revisión que el Infomex sugiere para estos casos. El 1 de agosto de 2011, interpuso dicho recurso. Veintiún días después se notificó a Petróleos Mexicanos que se admite el recurso y se le otorgan siete días hábiles para manifestarse.
En la sesión celebrada el 12 de octubre de 2011, el Ifai resolvió como sobreseído el recurso de revisión. Jaqueline Peschard explica que “si se sobreseyó quiere decir que le dieron la información, entonces se quedó sin materia o que estuvo mal planteada”.
Aclara que de ser el segundo caso, lo que aplica es que el Instituto, en un nuevo recurso, “vea si es información del patrimonio del Sindicato y eso está amparado justamente, porque es un privado. En ese caso, nosotros no podemos abrir esa información. El Sindicato no es sujeto de la ley”.
Cifuentes de la Madrid y otros trabajadores consultados indican que el interés por conocer esta información radica en que tanto la paraestatal como el STPRM efectúan un doble pago por un mismo servicio. Se paga dos veces el seguro que cubre los gastos que se pudieran generar por accidentes que ocurran durante el traslado al lugar de trabajo.

Las opciones legales
Jacqueline Peschard reconoce que entre los casos de amparo más recurrentes que involucran a Pemex están aquellos originados por solicitudes de información sobre recursos que van al Sindicato de Trabajadores Petroleros. “En esos casos, con mucha frecuencia, cuando se pide [conocer] cuántos recursos se le transfirieron de Pemex al Sindicato, nosotros hemos señalado que son recursos públicos. El artículo 12 de la Ley de Transparencia indica que todos los recursos públicos, todo lo que sea del erario, tienen que decirse a dónde va y cuánto es; el monto, y a quién se le destina”.
La comisionada presidenta del Ifai ejemplifica: “Si en el contrato colectivo se señala que se les va a dar ayuda para vacaciones o para construcción de vivienda, nosotros consideramos que son recursos públicos que van a un tercero y eso se tiene que transparentar. Entonces, el Sindicato siempre se ampara”.
En estos temas, señala Peschard, “lo más controversial ha sido cuando se pide, por ejemplo, cuáles son los recursos que se van al Sindicato por concepto de cuotas sindicales, pero esa aportación la descuenta Pemex de la nómina. Hemos señalado que se aplica el mismo criterio. Unos jueces dijeron que sí se debe dar el recurso, otros que no, porque aunque lo da Pemex al Sindicato, eso es parte del patrimonio del trabajador, porque es de su sueldo que se le descuenta”.
Añade que otros casos recurrentes de amparo “son los que tienen que ver con los contratos de Pemex con terceros, con empresas que le van a ofrecer algún tipo de servicio o para la construcción. Ahí lo que nosotros hemos encontrado es que uno de los principios y obligaciones de transparencia es que todo lo que tenga que ver con contratos, convenios, licitaciones, etcétera, al final son recursos públicos y son obligaciones de transparencia”.

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Miguel Badillo

En los tiempos de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) mantenía una buena relación con la banca. No podía ser de otra forma, porque a través de fideicomisos y cuentas bancarias dentro y fuera del país, se manejaban millonarios contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgaba y negociaba con la poderosa organización sindical.

Era “La Quina” un gran cliente para la banca. De hecho, algunas de esas cuentas aún se registran en paraísos fiscales y el retiro de sus fondos todavía es materia de litigio. El llamado Quinazo, cuando Carlos Salinas de Gortari decidió terminar con la relación de complicidad de los gobiernos del PRI con los líderes petroleros, hizo que Hernández Galicia perdiera el control de cuentas bancarias millonarias.

En 2003, “La Quina” denunció que Carlos Romero Deschamps “robo” muchas de esas cuentas. En junio pasado, aquí en Oficio de Papel, reportamos con nombre y apellido el motivo del pleito: al menos 10 fideicomisos que fueron abiertos en la década de los 80 en Banamex y Bancomer. Allí se puso – al menos así se pensó - bajo buen resguardo aquel dinero público de gobiernos priistas vinculados con el STPRM. Son más de 5 mil millones de pesos y están allí en algún lugar de la banca, ahora de capital extranjero. Y, precisamente, por esa participación de bancos foráneos es que se ha complicado la negociación para recuperar esos recursos. Además, la institucionalización del sistema bancario – aunque con muchas observaciones – impide las negociaciones tras bambalinas para echar mano de esos fondos.

El pleito por el dinero del STPRM, una gran cantidad de él producto de la corrupción y las componendas políticas, podría ser el mismo caso al que se enfrenta el banco de Carlos Slim. Resulta que hasta sus circuitos bancarios llegó un depósito millonario por más de 800 millones de dólares. La transferencia se realizó desde Nueva York a través de una cuenta del banco estadounidense JP Morgan, a nombre de Irma Chávez, una mexicana que repentinamente se convirtió en millonaria y ya llamó la atención de las autoridades financieras y de los órganos de inteligencia. Sobre dicha transferencia mutimillonaria, sólo se conoce un documento que avalaría el movimiento bancario pero que, obviamente, no documenta el origen de los recursos, lo que hace sospechar a las autoridades que se trata de dinero sucio, producto de corrupción gubernamental, para ser más precisos.

Inbursa del magnate Carlos Slim conoce, en cambio, el nombre de la persona o empresa que envío esos recursos. Sin embargo, los directivos del área jurídica de Inbursa no pueden revelar dicha información porque estarían violando el secreto bancario y una decena de disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Guillermo Babatz. Lo interesante de la cuantiosa operación financiera, es que Irma Chávez no logró retirar ni un dólar de esa cuenta, a pesar de ser ella la beneficiada. Por eso preguntamos ¿dónde está el dinero y a quién pertenece?

Por lo pronto, algunos afirman que se trata de dinero que algunos políticos habrían depositado en dicha cuenta como una forma de asegurar los recursos sin aparecer como titulares. De ser cierto esta información que ya investigan las autoridades, estaríamos ante uno de los escándalos financieros relacionados con la política, como aquel ocurrido en el sexenio de Carlos Salinas, cuando su hermanito Raúl era el negociador de Los Pinos. Habrá que investigar más y, a pesar del silencio de os órganos financieros, volveremos al tema la próxima semana.

Espionaje a la comunidad Vasca

En medio de la crisis de gobernabilidad y violación a los derechos humanos vinculada con la guerra contra el narcotráfico, el gobierno federal a cargo de Felipe Calderón se da tiempo para espiar a ciudadanos vascos radicados en el país, algunos de los cuales ya cuentan con nacionalidad mexicana.

Yon de Luisa Plazas, presidente del Club de Futbol América, y su padre Yon de Luisa Saseta, funcionario del gobierno municipal de Celaya, están entre las decenas de vascos que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sigue puntualmente y vincula –sin presentar pruebas– con organizaciones ligadas a integrantes de ETA, según revela un informe confidencial.

No sólo corporaciones policiacas mexicanas participarían en el acoso, sino efectivos de la policía española. Lo que se pretende es entorpecer el camino hacia la vía política que se ha abierto en Euskal Herria, considera analista de temas de política internacional.

Fechado el 29 de diciembre de 2010, el informe que el Cisen envió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) vincula a Juan Carlos Recarte Gutiérrez, quien fuera acusado de pertenecer a Euskadi Ta Askatasuna (ETA; País Vasco y Libertad) con Domingo Flores Berástegui, Carmen Garmendia, Yon de Luisa Saseta, Yon de Luisa Plazas, Lázaro Galarza Larrayoz y Esteban Maiza.

Según este órgano de seguridad nacional dependiente de la Secretaría de Gobernación y encargado de la inteligencia civil del Estado mexicano, todas estas personas son integrantes del Colectivo Vasco en México, de acuerdo con un reportaje del periodista Zósimo Camacho y publicado en la revista Contralínea.

Asegún la A.P PGR/SIEDO/UEITA/011/2011 remitida por el Cisen, obedece a una solicitud de información que requirió la SIEDO a dicho centro de investigación. “Se solicita información de la siguiente persona [Juan Carlos Recarte Gutiérrez], relacionada con el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEITA/077/2010, investigado por la posible comisión del ilícito de terrorismo internacional”.

Además, la SIEDO, dependiente de la Procuraduría General de la República, ordenó una investigación sobre los vínculos posibles de Recarte con ETA y organizaciones de apoyo a ésta; también, sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada y grupos subversivos en México. Finalmente, solicitó datos sobre su ingreso, estancia y actividades en el país; datos personales; cuentas bancarias; propiedades e información adicional.

En el informe enviado por el Cisen a la SIEDO se señala a Recarte –sin proporcionar pruebas– como exmilitante del aparato militar de ETA; se agrega que la Audiencia Nacional de España requiere su detención desde diciembre de 1990 por asesinato y pertenencia a la banda armada, y por tenencia de explosivos y depósito de armas, desde marzo de 1991.

El Cisen señala que Recarte utilizó en México el nombre de Francisco Miranda Nandras y que trabajó como taxista a finales de la década de 1990. No se encontró algún vínculo con la delincuencia organizada en México u otro país, ni con alguna organización subversiva. Sin embargo, el Cisen lo señala como asiduo del Centro Vasco, donde, de acuerdo con el organismo de inteligencia, convergen integrantes de la comunidad vasca que se identifican con causas como la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Nacido en 1967, originario de Pamplona, España, Juan Carlos Recarte Gutiérrez fue detenido en México el 29 de diciembre de 2010. Un día después fue entregado a las autoridades españolas al “no comprobar” su estancia legal en el país.

Era señalado como uno de los responsables en la explosión del edificio de la Unión y El Fénix Español, el 17 de octubre de 1987, donde perdió la vida María Cruz Yoldi Arradres, repartidora del Diario de Navarra.

Según las autoridades españolas, Recarte habría participado en el atentado junto con Bautista Barandalla Iriarte (detenido en 1990 y excarcelado bajo vigilancia judicial en 2009 por complicaciones de salud), con el objetivo de afectar intereses franceses en suelo español. Barandalla fue condenado a 40 años de prisión. Para Recarte, la fiscal de la Audiencia Nacional de España, Ana Noé Sebastián, pedía 43 años de prisión. El pasado 24 de noviembre, Recarte Gutiérrez fue absuelto por la Audiencia Nacional de España al no comprobarse su autoría o participación en dicho atentado.

El seguimiento a Recarte es puntual. El Cisen reseña desde la fecha de su nacimiento, hasta su expulsión de México. El informe indica detalladamente dónde vivió en el Distrito Federal, las empresas en las que trabajó y qué cargo ocupaba en éstas. Además, señala que existen registros en los cuales Recarte tiene restricción de vuelo en el espacio aéreo de Estados Unidos.

El legado de De la Garza Hesles

Finalmente, Bernardo De la Garza Hesles dejó la Subdirección de Pemex Refinación tras un año de gestiones que marcaron uno de los años más costosos para la paraestatal. Por su papel operativo en las decisiones que se tomaron en el área que concentra el corazón de Pemex, este abogado egresado del ITAM será recordado por los accidentes en las principales refinerías de la petrolera y, paralelamente, por el incremento en las importaciones de gasolina, lo que también se tradujo en menores ingresos para la empresa petrolera mexicana.

De acuerdo con el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2011 de la Auditoría Superior de la Federación, en ese año el programa de ingresos del gobierno federal registró una caída de al menos 18 mil 522.8 millones de pesos entre 2010 y 2011. La razón de ésta pérdida para Pemex fue que el precio de venta al público de las gasolinas y el diesel fue menor al precio productor de Pemex.

Pero De la Garza Hesles, según un comunicado de Pemex, dejó la paraestatal al solicitar su jubilación y recibir un “reconocimiento” por su trayectoria en la paraestatal. De esta manera, la empresa cerró con broche de oro la omisión que caracterizó su rendición de cuentas respecto a la gestión de Bernardo de la Garza Hesles.

En Pemex simplemente se hizo caso omiso de las quejas internas y externas respecto a la gestión de éste exfuncionario, quien logró unificar en su contra a legisladores de todos los partidos. Para empezar, con la jubilación de De la Garza Hesles queda pendiente el resultado de aquel punto de acuerdo al que se llegó en la Cámara de Diputados en marzo pasado para exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a Pemex y a la PGR a dar a conocer los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado, precisamente por De la Garza Hesles a la empresa KBC Advanced Technologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del grupo parlamentario del PAN.

En septiembre del año pasado, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza presuntas anomalías de Pemex presentó un informe elaborado por legisladores del PRD en donde se advierte que la negligencia en las decisiones tomadas para la operación de Pemex-Refinación provocó accidentes que podrían no ser reconocidos por las aseguradoras extranjeras con las que Pemex mantiene contratos de cobertura. De confirmarse esta advertencia, el daño patrimonial para Pemex sería cuantioso.

La producción de gasolinas de Pemex se encuentra a la baja por problemas de mantenimiento y falta de inversión; sin embargo, De la Garza se jubila sin la correspondiente rendición de cuentas, un hecho inexplicable analizando las evidencias de los problemas que enfrentó durante su gestión.

El que sí tomó cartas en el asunto fue el STPRM, pues fue Carlos Romero Deschamps quien exigió al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, la destitución de Bernardo De la Garza Hesles.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

jueves, julio 21, 2011

Pugna por miles de millones en sindicato petrolero

A un año de las elecciones presidenciales, el sindicato que más dinero público ha desviado a las campañas del PRI, el petrolero, está en crisis. Mientras se negocia con la Dirección General de Pemex la renovación del contrato colectivo de trabajo, el antiguo líder Hernández Galicia y el actual, Romero Deschamps, pelean miles de millones de pesos de dos fideicomisos instituidos en Banamex y BBVA Bancomer hace más de dos décadas; dos disidentes son encarcelados y uno más obtiene un amparo para evitar ser detenido; en la PGR, hay una averiguación previa en curso contra Romero Deschamps por el supuesto robo de 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales.
Nancy Flores

Julio es un mes intenso para el gremio: la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no sólo negocia con la Dirección General de Petróleos Mexicanos la renovación del contrato colectivo de trabajo y sus cuantiosos beneficios económicos, sino que también pugna por la titularidad de dos multimillonarios fideicomisos privados cuyos fiduciarios, BBVA Bancomer y Banamex, se negarían a finiquitar.

El ambiente de esas componendas se complica pero, como todos los sindicatos, el petrolero necesita capitales para afianzar su poder e influencia política. Sobre todo, después de perder 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales por el llamado Pemexgate: aquel desvío de recursos hacia la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa ocurrido en 2000.

En plena negociación del contrato colectivo –que concluirá el próximo 31 de julio–, la Procuraduría General de la República mantiene abierta una averiguación previa en contra del secretario General del STPRM, Carlos Romero Deschamps. El líder y político priista también enfrenta varios procesos judiciales entablados por corrientes de la disidencia para desautorizar la toma de nota que lo mantiene, oficialmente, al frente del gremio.

Identificada con el folio AP/PGR/UEIDCPCAJ/SP/M-XV/799/2010, la averiguación habría sido producto de la mesa de diálogo abierta en la Secretaría de Gobernación –por conducto del director de Concertación Social, Lorenzo Gómez Hernández– y el Movimiento Nacional de Petroleros, dice a Contralínea Concepción Covarrubias, integrante de dicha organización.

“De una acta circunstanciada [la AC/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XV/18/2010] conseguimos que se abriera la averiguación por el robo de 3 mil millones de pesos de cuotas sindicales.”

La trabajadora de Pemex Gas y Petroquímica Básica y activista disidente asegura que el procedimiento –seguido en la Mesa XV de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales– se centra en el manejo de las cuotas pactado a raíz del llamado Pemexgate.

Y aunque en 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar los amparos de cuatro implicados en el fraude al erario, ésta sería una nueva arista judicial hasta ahora no investigada, refiere Covarrubias.

Pero la judicialización del tema petrolero no se reduce a los procesos en contra de Romero Deschamps. Dos líderes disidentes han sido detenidos en fechas recientes. Se trata de Pablo Pavón, encarcelado a fines de mayo pasado en Veracruz, y Mario Ross, del Movimiento Nacional de Petroleros, detenido a mediados de junio en el Distrito Federal y preso en Tabasco. Ambos, acusados de fraude.

Uno más, Omar Toledo, ha conseguido un amparo federal para evitar la cárcel: “Andaba a salto de mata, pero me acaban de dar el amparo. Estaba acusado de allanar las oficinas del Sindicato sólo porque me paré ahí a protestar en contra de Romero Deschamps y sus políticas antisindicales”, asegura en una entrevista.

Aunque las autoridades sostienen que los líderes presos defraudaron a sus agremiados (el fraude de Pavón, en contra de la caja de ahorros de la sección 10 del STPRM; el de Ross, en contra de la sociedad cooperativa Grupo Unificador 6 de Mayo, de la sección 44), representantes de la disidencia apuntan que se trata de móviles políticos con miras a la elección presidencial del próximo año. La idea la sustentan en los antecedentes del sindicato petrolero, utilizado para realizar triangulaciones de fondos públicos a campañas electorales.

Los fideicomisos

Mientras Romero Deschamps discute con el director de la paraestatal petrolera, Juan José Suárez Coppel, las condiciones del nuevo contrato colectivo, pierde la negociación relativa a los multimillonarios fideicomisos, entablada con el exlíder Joaquín Hernández Galicia, la Quina, a través de terceros.

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Las cuentas de Elba Esther

Miguel Badillo

En la víspera de importantes procesos electorales, en la política mexicana siempre hay quien se encarga de hacer el ridículo y presentar espectáculos denigrantes de corrupción, abuso e injusticia.

Hace unas semanas ese papel lo hicieron el Ejército y Los Pinos con el caso Hank Rhon, ya divulgado en todos los medios. Y apenas la semana pasada, otros dos políticos. La maestra priista, panista y panalista Elba Esther Gordillo y su pupilo, el veracruzano Miguel Ángel Yunes, se encargaron de darnos otra prueba de cinismo y desfachatez, sin descartar la terrible corrupción que envuelve al sistema político mexicano. Esto explica por qué en unas elecciones locales como las del Estado de México, casi el 60 por ciento del padrón electoral se abstuvo de votar.

El IFE usurpa facultades legislativas

Álvaro Cepeda Neri

No sólo el presidencialismo, en su versión derechista, religiosa y panista, ha excedido sus facultades, en otro abuso del poder, vomitando su autoritarismo sobre la constitucionalidad democrática y republicana (al haber desconectado del Artículo 89, la fracción VI, de lo previamente dispuesto en el Artículo 29; ambos de la ley fundamental de toda la Unión).

También el Poder Judicial de la Federación (¡y no se diga el de las entidades, que incluye al Distrito Federal, donde sus integrantes obedecen, en su mayoría, servilmente al desgobernador en turno), con sus jueces, magistrados y ministros, con raras excepciones, ha perdido la brújula de la imparcialidad para impartir justicia.

La guerra energética que viene, según Klare

Alfredo Jalife-Rahme

Beirut, Líbano. Que uno viaje no significa que cese de leer y explorar la literatura relevante que marca las tendencias del siglo XXI, en particular en materia energética, la cual expone la vulnerabilidad de sus dos principales consumidores globales: Estados Unidos y China –específicamente en materia de hidrocarburos–, países que resultan ser también las dos primeras superpotencias geoeconómicas del planeta. En este sentido, Michael Klare –considerado uno de los óptimos geopolitólogos de la energía– expresa su polémica tesis sobre “La nueva Guerra de los 30 Años”, en el portal Common Dreams (26 de junio de 2011), que clasifica a los “vencedores y perdedores” de “la gran batalla por venir de la energía”.

martes, junio 28, 2011

Investiga PGR a Romero Deschamps

• Investiga PGR a Romero Deschamps
• Fraude por 3 mil millones en cuotas
• Abre expediente SFP a Enrique Villa
• La guerra fallida de Felipe Calderón

La semana pasada comentamos la disputa que hay en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por recuperar la fortuna en miles de millones de pesos que está guardada en unos 10 fideicomisos constituidos hace más de 20 años en Bancomer y Banamex por el exlíder Joaquín Hernández Galicia a nombre de los trabajadores petroleros y que ahora el actual dirigente Carlos Romero Deschamps pretende apoderarse de ellos.

Aunque han habido varios negociadores oficiosos para destrabar los acuerdos entre los dos líderes, entre otros el exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, quien ha tocado incluso las puertas de las oficinas del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y hasta las de Los Pinos, lo cierto es que en este momento se rompieron las pláticas y se ve más que imposible que puedan recuperar esa fortuna que ya acumula intereses millonarios y que sólo pertenece a los trabajadores petroleros.

Pero mientras La Quina y Romero Deschamps se pelean por el dinero, en una fiscalía de la Procuraduría General de la República se mantiene abierta y muy activa una averiguación previa en contra del actual dirigente petrolero por el delito de fraude por 3 mil millones de pesos correspondientes a las cuotas de los sindicalizados. De haber voluntad política para aplicar la ley y hacer justicia, la PGR podría consignarla ante un juez federal y éste librar órdenes de aprehensión en contra de Carlos Romero Deschamps y su tesorero el exsenador Ricardo Aldana.

Esta podría ser la oportunidad que busca el gobierno federal para asestar un duro golpe al priismo con miras a las elecciones presidenciales de 2012, pues es sabido de la fortuna que ha acumulado ese líder petrolero que, al igual que otros dirigentes priistas, vive como un verdadero magnate a costa de las cuotas sindicales de los trabajadores y las prebendas otorgadas por gobiernos priistas. Si alguien duda puede buscar información en la prensa sobre los miles de millones que el corporativo entregó al sindicato y que fueron desviados a la campaña del entonces candidato priista a la Presidencia, Francisco Labastida. Aunque hay muchos ejemplos, baste mencionar a otros líderes como la maestra Elba Esther Gordillo o al líder de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, quienes al igual que Romero Deschamps poseen fortunas incalculables difíciles de justificar con su salario.

La denuncia hecha ante la PGR a finales del año pasado en contra de Romero Deschamps, fue presentada por el líder petrolero disidente Mario Ross, quien en respuesta la semana pasada fue capturado violentamente mediante engaños por agentes judiciales del Distrito Federal, bajo diversas acusaciones de fraude, y enviado a un penal de Villahermosa, Tabasco, en donde esta semana podría recuperar su libertad después de pagar dos fianzas por decenas de miles de pesos.

Apenas 20 días antes otro dirigente petrolero opositor a Romero Deschamps, Pablo Pavón, también había sido capturado y enviado a prisión bajo acusaciones de supuestos fraudes, los cuales parecen más que procesos fabricados desde la cúpula de ese sindicato charro que ahora está en crisis.

Según fuentes cercanas al proceso de investigación en contra de Romero Deschamps, el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Gobernación habría reactivado las indagatorias para integrar adecuadamente el expediente correspondiente y sólo esperan las órdenes para proceder en contra del poderoso líder petrolero y evitar errores como los ocurridos en el caso del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, a quien detuvieron sólo unos días y una jueza lo dejó en libertad por fata de pruebas y un proceso viciado de origen.

El expediente DE/015/2011 de Enrique Villa

Activo servidor público en el gobierno de Felipe Calderón, el doctor José Enrique Villa Rivera ha sido distinguido por el presidente de la República, por supuesto en fechas distintas, al frente de tres direcciones generales de igual número de organismos públicos: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Este último es su empleo actual.

Como es costumbre, después de su renuncia al IPN, los 10 exdirectores de esta honrosa institución académica mantienen un salario vitalicio igual al que recibían al momento de su salida, que en el caso de Villa Rivera ascendería a unos 170 mil pesos mensuales, algo más que el sueldo del mismo jefe del Ejecutivo. Lo mismo sucede con los expresidentes de la República y los exministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes al dejar su encargo público mantienen su salario con todas sus prestaciones. ¿Qué justicia social tendría México si obreros, jornaleros y campesinos recibieran un salario vitalicio?

De regreso con el caso del doctor Villa Rivera, actual director general del Conacyt, enfrenta una investigación de la Secretaría de la Función Pública por supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En la acusación marcada con el expediente DE/015/2011 y recibida el 1 de junio de este año en la Secretaría Técnica de la Oficina del Secretario de la Función Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo acusa a el exdirector general de haber cobrado una indemnización por 512 mil 463.01 pesos, mediante el cheque número 0026186 de BBVA Bancomer, y un finiquito por 134 mil 246.47 pesos, con cheque 0026187 del mismo banco. En total el doctor Villa Rivera cobró por su renuncia al IMP, 646 mil 709.48 pesos. El salario mensual integrado del director general del IMP asciende a 197 mil 198.24 pesos mensuales.

El controvertido alegato del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP ante la Función Pública, es que Enrique Villa no debió cobrar una liquidación (512 mil 463.01 pesos) como tal, porque él renunció al cargo para ocupar la Dirección General del Conacyt, y en consecuencia no tenía más derecho que a un finiquito (134 mil 246.47 pesos) que por ley le corresponde.

Advertido de la acusación en su contra, el ahora director general del Conacyt se adelantó al dictamen de la Función Pública y devolvió el monto recibido por la liquidación, es decir los 512 mil 463.01 pesos, según informó la misma SFP, la cual mantiene abierto el expediente y en breve resolverá sobre este caso que, aunque se trata sólo de unos cuantos cientos de miles de pesos, está más relacionado con una cuestión ética y moral de los servidores públicos y el abuso que muchos hacen del poder público.

Otros cuatro exfuncionarios del IMP están en la misma situación que el doctor Villa Rivera, ya que también renunciaron a sus responsabilidades en ese Instituto para seguir a su jefe al Conacyt, pero cada uno de ellos cobró su liquidación y su finiquito, lo que los coloca en situación de riesgo, ya que ellos no han devuelto dinero alguno.

Aunque en la Secretaría de la Función Pública consideran que el exdirector del IMP no tendría responsabilidad administrativa alguna porque ya devolvió el dinero motivo de la acusación en su contra, habrá que esperar cómo va a resolver esa dependencia responsable de velar por el buen comportamiento de los funcionarios, por el caso de los cuatro subordinados de Villa Rivera que se niegan a regresar la liquidación que ya se gastaron.

Las “pruebas” de la acusación

Como pruebas de su acusación, el sindicato del IMP presentó varios documentos originales ante la Función Pública.

Con fecha de 28 de febrero de 2011, el doctor José Enrique Villa Rivera envió su carta de renuncia al doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos y presidente del Consejo Directivo del IMP, en donde le informa:

“Muy estimado Sr. Presidente del Consejo Directivo:

“Con esta fecha me permito respetuosamente presentar ante el Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Petróleo mi renuncia al cargo de Director General del IMP, por asumir nuevas responsabilidades. Expreso mi más profundo agradecimiento al Consejo Directivo y en particular a su Presidente, por el gran apoyo brindado durante mi gestión. Le ruego hacer extensivo este agradecimiento a la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo.

“Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo”.

Rúbrica del doctor José Enrique Villa Rivera

Una segunda carta, también fechada el 28 de febrero, dirigida al director general del IMP, le expone:

“Atendiendo a circunstancias personales y a las condiciones operativas que imperan en el Instituto Mexicano del Petróleo, me permito comunicarle la terminación de la relación de trabajo que me vincula a este instituto, con efectos a partir del 28 de febrero de 2011.

“En ese tenor, agradeceré su gestión para que me sean cubiertas todas y cada una de las cantidades y conceptos a que tengo derecho, y que deriven del mutuo acuerdo que motiva la conclusión laboral”.

Un tercer documento entregado como prueba ante la Función Pública, es el “Convenio de terminación de la relación de trabajo” signado entre el apoderado del IMP y el doctor Enrique Villa Rivera.

Adelantamos que la Secretaría de la Función Pública exonerará al director general del Conacyt de cualquier responsabilidad administrativa y, tal vez, también a sus cuatro compañeros de trabajo que lo han acompañado por las tres direcciones generales que ha ocupado durante los cuatro años y medio del gobierno de Felipe Calderón.

Los que podrían ser sancionados son los funcionarios del Instituto Mexicano del Petróleo que firmaron los acuerdos de liquidación, pues se habrían excedido de sus derechos y funciones para beneficiar económica e indebidamente a cinco directivos que renunciaron a sus labores.

La lucha de Calderón

Como debe ser, la prensa vio con distintos ojos el diálogo de la semana pasada entre el presidente de la República y su gabinete de seguridad con familiares de víctimas de la “guerra” provocada por el gobierno federal. Las notas principales decían que Calderón debería pedir perdón por los 40 mil muertos, otras aseguraban que ya lo había hecho y unas más destacaban el diálogo positivo entre los familiares de las víctimas y el gabinete de seguridad encabezado por el presidente.

Lo cierto es que Felipe Calderón nunca pidió perdón por convicción propia, sino que fue obligado a pedir perdón a las familias de más de 40 mil víctimas y a millones de mexicanos que han tenido que padecer su “guerra” en contra del crimen organizado. Ese no fue un acto voluntario y mucho menos auténtico del presidente de la República, cuando el poeta y padre de una de las víctimas, Javier Sicilia, le exigió al mandatario pedir perdón a los mexicanos agraviados.

Convencido de que la “guerra militar” es la única alternativa que su gobierno puede ofrecer a la sociedad para disminuir la violencia y combatir a los cárteles de las drogas, Calderón dijo que pedía perdón y lo condicionó a que otros actores políticos y sociales, corresponsables de lo que sucede en todo el país, también pidieran perdón. Es decir, Calderón no cree que esté equivocado y que los más de 40 mil muertos es parte del costo que los mexicanos debemos pagar por dejar que él junto con las fuerzas armadas nos defiendan de los criminales.

Reacio a aceptar la crítica, el mandatario mexicano hizo a un lado los argumentos de los familiares de las víctimas y les advirtió que nada lo hará modificar las batallas armadas que se libran en calles, plazas públicas, centros comerciales, hogares, escuelas y zonas rurales de todo el país. Sin importar que sigan acumulándose las víctimas inocentes por esta guerra fallida del presidente.

Y sentenció, quienes piensen como Sicilia que el Ejército y la Marina deben regresar a los cuarteles y cambiar la estrategia de una lucha frontal que se libra en pueblos y ciudades, se equivocan, se equivocan y se equivocan. Pues bien, la historia lo juzgará y ya veremos quien se equivocó desde el principio.

sábado, mayo 28, 2011

Inhabilitan a funcionaria por criticar privatización de Pemex

Al puro estilo macartista, la contraloría interna en la Semarnat inhabilitó por 10 años a Silvia Ramos, exfuncionaria de Pemex. Ello, por emitir opiniones respecto de los fraudes en contratos de la petrolera, por su activismo sindical y por, supuestamente, simpatizar con el EZLN, acusa la ingeniera inhabilitada, activista en contra de la privatización de Pemex.

“Parecía un mal chiste que me inhabilitaran por hablar con la prensa de los fraudes y la mala administración en Petróleos Mexicanos (Pemex), por informar a los compañeros de que la privatización avanza a pasos agigantados, y porque dicen que en internet encontraron un comentario que me identifica como simpatizante del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).

“Yo no sabía que en este país se puede inhabilitar a un profesionista por emitir sus ideas o ejercer sus derechos, pero eso ocurrió conmigo. Tengo un historial limpio, un desempeño profesional intachable, pero por manifestarme contra la privatización de Pemex, me castigaron: inhabilitada por 10 años… ¡10 años! El día que me entregaron la notificación, debí leerla varias veces para comprender que ese mal chiste era verdad.”

Silvia Ramos Luna, ingeniera química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, detalla los argumentos que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel Eduardo Tirado Becerril, utilizó con el fin de inhabilitarla para desempeñar cargo alguno en el gobierno federal del 30 de marzo de 2011 al 7 de octubre de 2020. Recién había logrado su reinstalación en Pemex, tras un litigio por despido injustificado que duró casi 15 años.

Sentada frente a una taza de café, durante la entrevista, Silvia cita argumentos que suenan inverosímiles, porque en México no existe ley que castigue la exposición de ideas. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no prohíbe a los empleados de gobierno hablar con la prensa; tampoco, expresar sus afinidades políticas ni sus opiniones. Por el contrario, la Constitución es garante de la libre expresión; por eso es que los argumentos que ella cita suenan fantasiosos, de no ser porque, efectivamente, tal y como los expone, están asentados en el expediente 224/2009 que el funcionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) usó para inhabilitarla.

Silvia Ramos es una ingeniera que combina su trabajo con su labor como defensora de derechos humanos adscrita al Frente Mexicano Pro Defensa de los Derechos Humanos, pero, sobre todo, es una de las principales activistas del Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, cuyas movilizaciones obligaron en 2008 a que la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón se discutiera ampliamente en el del Senado de la República.

Con grado académico de maestría por la Universidad La Salle y numerosos diplomados en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, Silvia también es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), asociación civil que aglutina a reconocidos expertos, analistas, académicos e investigadores que brindan asesorías en materia energética, entre otros, al Congreso de la Unión.

Su ingreso a Pemex –en la Refinería Miguel Hidalgo– data del 4 de septiembre de 1984. Al cabo de una década, fue despedida junto con 27 de sus compañeros como represalia por pretender crear un sindicato para personal de confianza (Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros). En septiembre de 1995, presentó una demanda laboral por despido injustificado (expediente 456/95).

Ante el largo litigio que se avecinaba, en espera de su reinstalación, buscó empleo. Obtuvo el puesto de subdirectora de Seguimiento a Trabajos de Campo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde, hasta el 22 de abril de 2009, su trabajo consistió, a decir de ella, en registrar en formatos preestablecidos fechas y resultados de las auditorías que se realizaban a todas las empresas empadronadas por la Procuraduría: unas 6 mil 500.

El juicio laboral se extendió 14 años y ocho meses por las negativas y amparos de la Oficina del Abogado General (OAG) de Pemex para reinstalar a quien encabezara el grupo de ingenieros que los llevó a juicio por las irregularidades en los Contratos de Servicios Múltiples (CSM).

Silvia presidió la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), que alcanzó gran relevancia a partir de que promovieron el juicio de nulidad de los CSM, esquematizados y aprobados por José César Nava Vázquez para entregar a trasnacionales la operación y explotación de la Cuenca de Burgos, la reserva de gas no asociado más rentable del país.

De su bolsillo, los miembros de la UNTCIP –en su mayoría, ingenieros– sufragaron los costos del litigio en el que los representó, hasta el día de su muerte, el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. Lograron que se reconociera la inconstitucionalidad de los CSM, que la Suprema Corte y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenaron a Pemex suspenderlos.

Finalmente, como consecuencia del ultimátum judicial contra la OAG, el 20 de mayo de 2010 Silvia fue reinstalada. Pugnaba por los salarios caídos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció en su favor, cuando le notificaron de una investigación administrativa que el OIC en Semarnat abrió en su contra por supuesto conflicto de intereses y por “desprestigiar a Pemex”. La demanda fue promovida por la OAG y la oficina del exprocurador Patricio Patrón Laviada.

Profepa: trabajo sucio

El 5 de marzo de 2009, el jurídico de Pemex envió al entonces titular de la Profepa información relacionada con “presuntas irregularidades administrativas” de Silvia Ramos (oficio OAG/GJC/JLG/075/2009). En respuesta, la coordinadora de asesores de Patrón Laviada remitió al OIC un oficio (PFPA/1.2/8C.17.5/0046/09) para que abriera una investigación administrativa en su contra bajo el supuesto de “conflicto de intereses”, que quedaría integrado en el expediente DE-076/2009. El argumento fue que, durante el periodo en que trabajó en la Profepa, conoció de auditorías a instalaciones de Pemex y que, dada la demanda laboral contra la paraestatal, habría incurrido en ese conflicto de intereses.

Silvia rechaza tal argumento. Dice que su trabajo en la Profepa se limitaba a vaciar en los formatos las fechas, el nombre de los auditores que habían realizado las auditorías y el resultado de éstas: “Registraba los mismos datos de las 6 mil 500 empresas empadronadas, no sólo de Pemex, y no tenía relación directa con ninguna de las empresas auditadas. Además, la Semarnat nunca ignoró que yo trabajé en Pemex, pues ése fue precisamente el currículum que presenté para obtener el empleo. De manera que resulta incongruente que al cabo de 13 años de laborar allí pretendan ignorar que antes trabajé en Pemex para sostener su acusación de que incurrí en conflicto de intereses”......

Tufo antisindical

La inhabilitación de esta ingeniera trae consigo el tufo de la represión antisindical que ha caracterizado al gobierno de Felipe Calderón. Después de su lucha por la nulidad de los CSM, los miembros de la UNTCIP crearon la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), la única organización de empleados de confianza de Pemex que, pese a la política antisindical del secretario del Trabajo, Javier Lozano, logró su registro sindical en diciembre de 2009 luego de la lucha de diversas asociaciones que la antecedieron y de cumplir trámites absurdos, como el demostrarle a Javier Lozano documentalmente “la existencia de Pemex”, es decir obtener copia de la escritura original signada en tiempos de Lázaro Cárdenas.

La toma de nota del nuevo sindicato se anunció públicamente como una muestra de la democracia sindical del gobierno de Calderón, aunque al interior de la petrolera se desató una cacería contra el grupo que resultaba opositor al oficial, que encabeza Carlos Romero Deschamps.

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martes, diciembre 14, 2010

México importa petrolíferos por 690 mil MDP

La reconfiguración de las refinerías de Pemex fracasó. Fox y Calderón gastaron más de 160 mil millones de pesos en instalaciones que no pueden operar al ciento por ciento de su capacidad. Mientras, sólo en lo que va del actual gobierno México ha tenido que importar petrolíferos por un monto que ya supera los 690 mil millones de pesos. No es todo: Suárez Coppel anuncia inversiones en empresas refinadoras de Estados Unidos, y Deer Park –una sociedad entre Pemex y Shell similar a las que se impulsarán en 2011– reporta pérdidas multimillonarias.

El pasado 1 de diciembre, Juan José Suárez Coppel reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex) buscará asociarse con refinerías estadunidenses para reducir el volumen de gasolina importada al país. Según el director general de la paraestatal, resulta más cara su construcción que el esquema de las sociedades.

Mientras la cúpula de la petrolera analiza los nombres de las empresas con las cuales se darán las asociaciones, la refinería Deer Park –ubicada en Houston, Texas, y que Pemex posee en sociedad con Shell– reporta pérdidas multimillonarias y la Secretaría de la Función Pública detecta irregularidades en las obras de modernización de la refinería Tula.

Más aún, tan sólo en lo que va del actual gobierno, la importación de gasolina, diésel y otros productos petrolíferos ha implicado un gasto superior a los 690 mil millones de pesos. De acuerdo con informes oficiales, las erogaciones en 2007 ascendieron a 151 mil 841 millones, y en 2008, 2009 y 2010, a más de 180 mil millones de pesos por año.

La cifra global habría alcanzado para construir 5.35 refinerías Bicentenario, cuyo costo se calcula en 129 mil millones. Esta obra, que sería la última que se edifique en territorio mexicano, generará más de 40 mil empleos directos e indirectos durante su construcción y 1 mil 400 empleos permanentes en su operación.

El monto de las importaciones también significa 4.31 veces la inversión que la petrolera mexicana y su subsidiaria Pemex Refinación han destinado, en una década, a la reconfiguración y modernización del Sistema Nacional de Refinación, integrado por seis complejos.

De acuerdo con la paraestatal, en 10 años el costo por obras relacionadas con el Proyecto Global de Reconfiguraciones, para tres refinerías (Cadereyta, Madero y Minatitlán), asciende a más de 13 mil millones de dólares (160 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 12.37 pesos por 1 dólar, establecido por el Banco de México para la jornada del 3 de diciembre de 2010).

En su página de internet, Pemex asegura que el plan de reconfiguración tiene como meta incrementar la capacidad de las seis refinerías. “De no aumentarla, para 2015 las importaciones [sólo de gasolina] podrían alcanzar 489 miles de barriles diarios, es decir la mitad de la demanda nacional”.

No obstante la multimillonaria inversión del Proyecto, ninguna de las seis refinerías opera al ciento por ciento de su capacidad, admite la propia paraestatal.

Durante la conferencia telefónica Resultados de Pemex al 30 de junio de 2010, el director corporativo de Operaciones, Carlos Murrieta Cummings, reveló algunos de los factores que impiden explotar la capacidad total de los complejos: mantenimientos que fueron diferidos de periodos anteriores y que se revisaron en el periodo reportado; mantenimientos correctivos de plantas no previstos durante el periodo enero-junio y mantenimientos realizados de acuerdo con los ciclos programados en el periodo.

A decir del funcionario, en el segundo trimestre de 2010, la capacidad utilizada de destilación disminuyó de 82 a 81 por ciento, debido principalmente a fallas de energía eléctrica en las refinerías de Madero y Tula. Todos los complejos tuvieron afectación por ese mismo motivo, dijo.

El 30 de julio pasado, Murrieta Cummings también reconoció que la producción de petrolíferos disminuyó de 1 millón 430 mil a 1 millón 417 mil barriles diarios, como resultado del menor proceso de crudo.

La Coalición Petrolera Independiente, AC, advierte que Pemex intensifica su “política” para desmantelar las subsidiarias. En el caso del Programa de Reconfiguraciones, señala que no ha dado resultados en ninguna de las refinerías, pues los trabajos sólo han beneficiado a empresas privadas. Una auditoría de la Función Pública confirma que, en el caso de la refinería Tula, la modernización no ha derivado en una mayor capacidad.

Mario Ross García, trabajador de la paraestatal y líder de dicha Coalición, indica en entrevista que hay “connivencia” entre la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que dirige Carlos Romero Deschamps. Este último, dice, ha firmado convenios de liquidación para terminar la relación laboral con trabajadores de áreas estratégicas sindicalizados. Las plazas son canceladas y las áreas, cedidas a las trasnacionales.

Inversiones en Estados Unidos

El Proyecto Global de Reconfiguraciones –aprobado en 1997 y ejecutado a partir de 2001– no sólo se ciñe a la modernización de la infraestructura ya creada, sino que promueve nuevas construcciones: “Para producir la gasolina que se requerirá, en 20 años, en México será necesario, además de la reconfiguración de las refinerías existentes, poner en operación una nueva refinería cada tres o cuatro años”.

Hasta hace no mucho tiempo, los directivos de la paraestatal consideraban prioritario ese plan, porque “Pemex importa cuatro de cada 10 litros de gasolina que consumimos en el país, a un costo superior a los 10 mil millones de dólares al año [123 mil 700 millones de pesos]. Por si fuera poco, además del costo que representa, el hecho de importar gasolinas se traduce en que México esté financiando empleos e inversiones en el exterior, que podrían generarse internamente”.

Ahora, la administración de Suárez Coppel abandona el Programa Global de Reconfiguraciones para impulsar inversiones en Estados Unidos. Los esquemas de asociación con trasnacionales que impondrá la cúpula del Corporativo no sólo no son nuevos, sino que son ineficaces.

Deer Park Refining Limited Partnership es una sociedad al 50 por ciento entre PMI Norteamérica –filial privada de Pemex– y Shell. Ubicada en Texas, Deer Park sólo representa ganancias para la trasnacional. Entre otros beneficios, permite a Shell adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993.

Contrario a ello, la copropiedad le reporta números rojos a PMI Norteamérica, y por consiguiente a Pemex. Tan sólo en 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con su operación.

Pemex asegura que el multimillonario déficit “se obtuvo al considerar sus ingresos por la venta de productos refinados a Shell (único cliente), menos el costo de ventas, que incluyó la cuota de procesamiento pagada a Deer Park, comisiones y gastos (fees & expenses) y fletes marítimos, en los que la compañía incurrió para poder realizar sus operaciones de la refinación de petróleo crudo”.

De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, de la Auditoría Superior de la Federación, en el Estado de resultados de PMI Norteamérica se constató que “el costo de ventas fue superior en 2.9 por ciento sobre los ingresos obtenidos en el año.

“La Gerencia de Control Presupuestal de Pemex mencionó que lo anterior ocurrió como consecuencia de la caída de precios del petróleo durante el segundo trimestre de 2008, lo que ocasionó un desfase en el precio de venta de barril refinado, el cual fue menor que la suma del barril crudo comprado con sus costos incurridos.”

Irregularidades en obras

Pese a esas evidencias, el esquema de sociedades que se dará en 2011 –según los planes de la Dirección Corporativa de Pemex– pondría en riesgo, aún más, la capacidad de las refinerías en México.

Y es que, hasta ahora, la petrolera ha sido incapaz de resolver los problemas de su Sistema Nacional de Refinación. Así lo revela la auditoría 35/2009, realizada por el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, aplicada a la Subdirección de Producción de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula de Allende, Hidalgo.

De acuerdo con la auditoría, cuya copia posee Contralínea, en el último trimestre de 2009 se observó la “reducción de la rentabilidad y utilización de la planta productiva de la refinería, con motivo de la conversión de la planta H-OIL hidrodesulfuradora de residuales a hidrodesulfuradora de gasoleos de vacío”.

Además, señala que, “al 15 de diciembre de 2009, la planta H-OIL como hidrodesulfuradora de gasoleos de vacío sólo opera con un tren, el cual tiene la capacidad de 25 MBD [miles de barriles diarios], ya que el otro tren ha presentado fallas desde su conversión, lo que pudiera haber provocado que se continúe importando gasolina Magna UBA”.

La auditoría revela que “en el informe presentado al Consejo de Administración, se especificó una inversión para la ejecución del proyecto de 28 mil 800 millones de dólares, incluyendo un catalizador y que se tendría un valor presente neto de 31 mil millones de dólares y una tasa interna de retorno de 51 por ciento, por lo que la inversión se recuperaría en dos años, aproximadamente. Sin embargo, en el análisis de costo beneficio del 17 de diciembre de 2007 se planteó una inversión de 23 millones 938 mil dólares, el valor presente neto de 5 mil 743 millones de dólares y una tasa interna de retorno de 32.83 por ciento, por lo que se esperaba una recuperación de la inversión en tres años aproximadamente, situación que se considera aclarar tomando en cuenta que al 15 de diciembre de 2009 no se ha cumplido con ninguna de las metas planteadas, contraviniendo lo presentado al Consejo de Administración”.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la opinión de Petróleos Mexicanos, a través de Francisco Montaño, coordinador de Información y Prensa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

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