La sociedad civil de Televisa

La presentación de la Iniciativa.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 3 de abril.- El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, suscrito el jueves 24 de marzo al conjuro de Televisa, cuenta con una suerte de post scriptum titulado “Respaldo social”. Lo suscriben agrupaciones empresariales y civiles que acompañan esta porción de la Iniciativa México, la magna operación propagandística y política mediante la cual el consorcio principal de la televisión abierta diseña la república que quiere.

En la época del corporativismo social priista a esas agrupaciones se las llamaba “las fuerzas vivas de México”. Eran el sector participante de una sociedad muda y quieta. Se las autorizaba a funcionar siempre y cuando no infringieran las normas del respeto a lo establecido y de asentimiento a las concepciones políticas y sociales fraguados en lo alto y desde allí distribuidas al cuerpo social. En cierta etapa del desarrollo civil, influido por los términos de la sociología cristiana, se las llamaba sociedades intermedias, situadas a medio camino entre los individuos y el Estado.

Algunas de ellas estaban organizadas por el propio Estado. Tal era el caso de las agrupaciones de representación empresarial. Se regían por una ley que hacía obligatoria la afiliación en cámaras y la unión de éstas en federaciones y confederaciones. Muy pocas agrupaciones escapaban a esta vertebración forzada. El ejemplo más claro fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organizada conforme a la Ley Federal del Trabajo como sindicato patronal. Los centros con que funcionaba en las principales ciudades del país eran fermento de reclamos y protestas, aunque casi siempre se mantuvieron alineadas con el gobierno.

Así no fuera directamente, la Coparmex alentó o sirvió de ejemplo a agrupaciones voluntarias de empresarios. Algunas de las más relevantes fueron el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y, después, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Con la virtual pérdida de vigencia de las leyes de cámaras de industria y comercio, y luego con su anulación judicial, floreció el agrupamiento de sectores empresariales. Ejercen una notoria conciencia de clase, y la proclaman (a través, por ejemplo, del Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas) o del propio CCE, que en el proceso electoral de 2006 actuó como si fuera una organización partidaria cuyas intervenciones violentaron el orden legal.

Televisa convocó a agrupaciones de este género a la firma del Acuerdo mencionado y su respaldo social. Se agregaron a ellas asociaciones civiles surgidas sobre todo al calor de la inseguridad pública: Asociación Alto al Secuestro, Causa en Común, Consejo Ciudadano contra la Delincuencia, México SOS, México Unido contra la Delincuencia, Movimiento Pro Vecino.

Fue convocada la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que defiende la libertad de educación y la integridad de la vida. Pero otras agrupaciones del ramo, las organizaciones no gubernamentales, los centros de derechos humanos apoyados por órdenes y congregaciones religiosas, o por gobiernos diocesanos, quedan al margen de este llamado. No forman parte del México deseable. Ninguna de las agrupaciones fundadas por familiares de víctimas que lucharon por la justicia han expresado solidaridad a comités populares que persiguen el mismo objeto. Salvo que me equivoque, la señora Isabel Miranda de Wallace, tan bien recibida en los círculos gubernamentales y en los medios, jamás se reunió o expresó solidaridad a la señora Marisela Escobedo, o a la familia Reyes Salazar, víctimas de un afán formalmente semejante. En esas luchas todos somos iguales, aunque haya unos más iguales que otros.

Como en un sarao, la representación de esa escogida sociedad civil otorgó su “respaldo social” al acuerdo sobre información, y los vistosos logotipos de sus organizaciones adornaron las planas donde se desplegaron esos documentos. Los firmantes atribuyeron un excesivo valor al Acuerdo, pues lo tienen como “iniciativa de los medios que valoramos y reconocemos como esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”.

Si bien reconocen la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de la sociedad, proclamaron lo que les corresponde hacer:

“En el ámbito de responsabilidades cívicas y sociales que corresponde a cada uno de nosotros, expresamos nuestra determinación de emprender todas aquellas acciones que contribuyan a la consolidación del estado de derecho, sabedores de que sólo en el marco de ese estado es posible la vida democrática y el goce pleno de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución.”

Es deseable que este pronunciamiento no esté constituido sólo por palabras huecas. Es que las agrupaciones que lo signan son dadas a suscribir compromisos que duran lo que un suspiro. Por sólo citar un ejemplo de dichos no avalados por los hechos, conviene recordar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, fechado el 22 de agosto de 2008, y convertido en letra muerte apenas se cerraron los elegantes cartapacios en que fue guardado.

Impulsado por el gobierno de la República, al calor de una oleada de crímenes en que sobresalió el secuestro y asesinato de Fernando Martí, el Acuerdo impuso deberes a fecha fija al Ejecutivo federal, a los poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos estatales y municipales. Pocos compromisos de esa índole se cumplieron y ya nadie los recuerda. Menos están en la memoria colectiva, porque no corresponden a deberes legalmente establecidos, los compromisos de “los integrantes del sector productivo”, las asociaciones religiosas, “las organizaciones de la sociedad civil”, los medios de comunicación.

Con diferentes formulaciones, esos grupos se comprometieron a promover “la cultura de la legalidad” y a incrementar “contenidos que fomenten la cultura de la legalidad”.

¿Recuerda usted que alguien haya procedido en esa dirección? ¿Tuvo noticia de que las Iglesias fomentaran “en sus programas de difusión, en sus edificios, en sus templos, en sus lugares de oración”, la cultura de la legalidad y de la seguridad?

¿Es probable que el “respaldo social” ahora ofrecido tenga mayor sustancia? Temo que no

La república de Televisa

Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez. "Criterios editoriales".

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 28 de marzo.- Aunque faltan 15 meses para la elección constitucional, Televisa parece haber consumado su proyecto de construir la figura del presidente de la República. Ahora pretende algo más ambicioso. Quiere edificar la república misma. Quiere diseñar la clase de sociedad que Peña Nieto gobierne, el género de medios de comunicación que lo arropen, los criterios editoriales con que se transmita la información sobre la política de seguridad pública y las acciones del crimen organizado. No se propone trazar una raya, sino erigir un muro que divida a los participantes de los excluidos. Como si se tratara de un club gigantesco, Televisa se reserva el derecho de admisión a los territorios donde habitan los elegidos, el tipo de personas que protagonicen la vida pública y sean capaces de generar confianza. Nadie que no figure en el elenco preparado por Televisa tendrá existencia real. Quedará al margen, en la cuneta de la supercarretera.

Tal desmesurado propósito es el objetivo de Iniciativa México, un proyecto de propaganda que ya tuvo su primera edición el año pasado. Con enorme aparato se convocó a la presentación de ideas y tareas que dieran cuenta de las verdaderas capacidades de los mexicanos. Se presentaron miles de esos proyectos, en distintos rubros, algunos de los cuales fueron premiados para denotar que hay una porción de la sociedad que no pierde su tiempo ni espera auxilio gubernamental para su realización personal o de grupo.

Ahora se ha lanzado la segunda edición de Iniciativa México. Se alzó el telón el jueves 24, con una magna reunión ya no en un recinto privado (el exconvento de San Hipólito), sino en un auditorio público, el Museo Nacional de Antropología. El contenido de esta nueva edición es más claramente político que el primero. Televisa lo adopta más temprano que el año pasado, cuando comenzó en junio. Ahora se lanza en marzo, en plenos procesos electorales. Se refiere a la comunicación social relacionada con la violencia que genera la delincuencia organizada. Ya desde allí, desde la definición del tema, se adopta un punto de vista afín al del gobierno, que requiere alejar de sí la responsabilidad en la génesis de la violencia: ésta surge sólo por la actividad criminal, no porque la practica también el Estado.

La pieza ostensible de la Iniciativa México II es el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Televisa y sus aliados y dependientes prepararon una suerte de código de ética que parte del supuesto (que no se presenta como tal, pero es explícito) de que el manejo de la información colectiva “es esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Esto es, que una política informativa homogénea, uniforme, puede hacer que disminuya la violencia, como si difundirla fuera su causa. De ese razonamiento se desprendería fácilmente el corolario de que para suprimir la violencia no hay más que dejar de hablar de ella, de negarle a la sociedad la información que le hace falta para regular su vida.

Hay otros supuestos, algunos tácitos, en la formulación de los objetivos del Acuerdo. Se presume que la cobertura informativa de la violencia puede servir “para propagar terror entre la población”. Padecer los efectos directos de la violencia sin duda genera miedo, pero es difícil probar que la difusión de la violencia lo cause también. Un indicio de que no hay relación de causa-efecto entre difundir violencia y provocar miedo acaba de ser observado: hay gran violencia en Acapulco, de la que se sabe fuera del puerto, y sin embargo esa información no inhibió al turismo nacional para llegar en los puentes recientes. El del fin de semana pasado permitió que hubiera más del 90% de ocupación hotelera.

El Acuerdo enumera 10 criterios editoriales que deben aplicarse “sin demérito de la independencia editorial de cada medio”. En general, tales criterios son adecuados y compatibles aun para medios que no suscriben el Acuerdo. Algunos de ellos son, sin embargo, francamente ridículos. Los dos primeros están en ese caso. El inicial ordena “tomar postura en contra”. Instruye a (porque usa el verbo debemos) “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada”, algo por completo innecesario, pues está “en la naturaleza de las cosas”, como se diría en el lenguaje de los autores del decálogo. El segundo es francamente chistoso. Cualquier medio debe evitar “convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”: ¿Cómo evitar un acto involuntario, puesto que es eso precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo?

En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es un sesgo deliberado que altere el sentido de la información. Ordena “omitir y desechar la información que provenga de las organizaciones delictivas”. Se refiere sin duda a los narcomensajes, que en mantas y cartulinas anuncian acciones o sentencian a personajes. Si se procede como ese mandamiento prescribe, se corre el riesgo de hacer incomprensible la información, carente de uno de sus elementos, que puede darle sentido.

Los criterios restantes son en general admisibles, compartibles. Algunos proceden de manuales elementales de periodismo, como “dimensionar adecuadamente la información”, o de ordenamientos legales, como “no prejuzgar culpables” y “cuidar a las víctimas y a los menores de edad”. Hasta creería que resultaron de un ejercicio de autocrítica de las televisoras, que presenta como culpables a recién detenidos al hacerse mera extensión de los interesados e ilegales mensajes de las autoridades de procuración de justicia o de seguridad pública, las cuales los condenan aunque tiempo más tarde, ya sin la difusión adecuada, los jueces los exoneren porque son inocentes o porque sus responsabilidades no fueron probadas.

El código periodístico de la Iniciativa México, es decir, de Televisa, manda “proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”. Son palabras huecas en boca de periodistas que se pusieron con soberbia por encima de la solidaridad que el gremio quiso mostrarles durante y después de la crisis de julio pasado, cuando reporteros y camarógrafos de televisión fueron secuestrados. A la marcha de protesta contra esa acción no acudieron los involucrados, y hasta rechazaron el gesto de aquellos a los que no consideran dignos de ser llamados sus compañeros. En casos más recientes, en vez de solidarizarse con reporteros y medios puestos en entredicho, las televisoras fueron las autoras del entredicho, al formular arteras acusaciones que no se sustentan de ninguna manera. Ese fue el caso de Ricardo Ravelo, el reportero de Proceso, y la revista misma, así como el del diario Reforma, todos ellos señalados como perpetradores de delitos, cuando sólo habían cometido el de desnudar acciones políticas, no informativas, de Televisa.

Independientemente del decálogo, la porción objetable de este Acuerdo es el aviso de que se creará un “órgano ciudadano de observación” que examine el apego de los medios a esos criterios editoriales. Se trata de un amago de exclusión. Los medios suscriptores del Acuerdo formarán el catálogo de la “buena prensa”, como antaño lo hicieron corporaciones religiosas. Quedará fulminado todo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos, a juicio de los ciudadanos observadores. Y no se diga la situación marginal en que han quedado los medios no invitados o que no aceptaron participar en este Acuerdo. Se les coloca con esa omisión en calidad de sospechosos, como quiere hacer el gobierno con este semanario, al que ya dos veces ofendió colocando ejemplares de la revista con arsenales decomisados a bandas delictivas. La primera gran reacción de condena de este sistema inquisitorial ocurrirá, téngalo usted por seguro, cuando Ismael Zambada, El Mayo, o Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, respondan a los cuestionarios que les presentó Julio Scherer García, según relata en su libro Historias de muerte y corrupción, en la parte que en cierto sentido continúa la publicación de su encuentro con Zambada. En vez de considerar el valor periodístico, la utilidad social de conocer los móviles de quienes tienen en jaque al país, los falsos profesores de periodismo, inocuos e inicuos propagadores de una ética que no conocen ni por los forros, tendrían, quieren tener, piezas de ese calibre en las cuales cebarse.

Ese es el tipo de periodismo de personas que no tendrán lugar en la república de Televisa.

Truena Televisa contra Aristegui y Proceso

LA REDACCIóN

México, D.F., 24 de junio (apro).- El consorcio Televisa estalló contra la revista Proceso, el reportero Jenaro Villamil y la periodista Carmen Aristegui, al acusarlos de calumnia por publicar y comentar el libro "Peña Nieto: Si yo fuera presidente", del que el semanario difundió un capítulo.En un desplegado publicado en la prensa nacional, Televisa acusa al reportero Jenaro Villamil de actuar por consigna para afectar a la empresa televisiva. De paso, denuncia que Aristegui --quien comentó el libro editado por Random House Mondadori, en su noticiero matutino de MVS Noticias--, miente respecto a su salida de W Radio, y sostiene que la separación de la periodista únicamente obedeció a que su programao no era rentable, ni plural.Televisa refuta el adelanto del libro publicado en Proceso. Defiende que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, no ha desembolsado más de 800 millones de pesos en publicidad. También presume su cobertura noticiosa, negando ocultar información que afecte la imagen del mandatario. En ese tono, Televisa rechaza poseer una estructura paralela de empresas espejo para ocultar información fiscal a sus socios. E insiste en que la cobertura noticiosa de sus espacios no favorece a Peña Nieto, sino se basa en dar prioridad a la zona Metropolitana, por el alto índice demográfico que presenta.

A continuación, el desplegado íntegro:"El lunes 22 de junio, Carmen Aristegui y Jenaro Villamil presentaron en radio un libro que difunde una serie de mentiras con respecto a Grupo Televisa.

"Grupo Televisa ha resistido paciente y tolerantemente los infundios que repetidamente se han divulgado sobre su desempeño. Sin embargo, esta actitud no puede ni debe mantenerse ante calumnias como las que se vertieron en ese programa.

"Primera Mentira. Afirman que 'un promedio de 800, 900 millones de pesos anuales' dedica el gobierno del estado de México a la 'compra de tiempo aire y pago de asesorías' a Televisa a través de distintas centrales de medios. La cuenta es absurda. Un ejemplo: en el año 2006, Televisa ingresó y reportó 778 millones de pesos por el total de publicidad política en televisión. Por tratarse de una elección presidencial, 2006 fue el año de mayores ventas de este tipo en todos los medios de comunicación nacionales. Así, el cálculo es mentiroso, un engaño, ya que sería tanto como suponer que el gobernador Enrique Peña Nieto se ha venido promocionando en televisión, año con año, más que todos los candidatos de todos los partidos a todos los puestos de elección popular que se renovaron en esos comicios. Ridículo y mentiroso.
"Segunda Mentira. Dicen que los dueños de Televisa tienen una estructura paralela mediante la cual ocultan información a los accionistas minoritarios. Dicha estructura, afirman, está constituida por las empresas TVPromo, Radar o CreaTV, y que esas tres empresas no tienen, ni han tenido, contrato alguno con Televisa relacionado con el gobierno del estado de México.
"Tercera Mentira. Apuntan que 'Roberto Hernández, el ex accionista de Banamex se transforma en el segundo accionista en importancia después de Emilio Azcárraga Jean dentro de la televisora'. La información es pública y contundente, pero los comunicadores de esta falsedad no se tomaron la molestia de consultarla: Roberto Hernández no figura en la lista de mayores tenedores de acciones ya que posee menos del uno por ciento del total accionario de la empresa. El trabajo del señor Villamil no cumple siquiera con los requisitos de rigor mínimo de cualquier trabajo de investigación serio: la consulta de la información pública y su verificación. Villamil debe recordar que no por gritar una mentira ésta se convertirá en verdad, que no por publicar en Proceso tiene licencia para difamar.
"Cuarta Mentira. Sostienen que 'es 2005 el año en donde Salinas es presentado ante el Consejo de Administración de Televisa como parte ya también de los asesores de Bernardo Gómez y de Emilio Azcárraga Jean'. Esta es una afirmación falsa en toda su extensión. Carlos Salinas jamás había sido presentado ni se ha desempeñado como asesor de ningún ejecutivo de Televisa. La única vez que el ex presidente estuvo reunido con los directivos de Televisa (que no con su Consejo de Administración, como mentirosamente lo afirma Villamil) fue en una convención del grupo en 2005, en Cozumel, ocasión en la que también fueron invitados a dar pláticas otras personalidades del sector público y directivos de empresas, de México y del extranjero, como sucede todos los años en esas convenciones.
"Quinta Mentira. Señalan que la cobertura noticiosa a Enrique Peña Nieto es 'absolutamente anómala, absolutamente fuera de lugar, sin ninguna justificación periodística'. Habrá que recordarle a Carmen Aristegui y al señor Villamil que los noticiarios nacionales de Televisa siempre han tenido una fuerte carga de contenidos provenientes del área metropolitana de la ciudad de México. Además, hay que señalar que el estado de México es la entidad con mayor población del país. La cobertura a la política, economía, sociedad y cultura de esa entidad va en proporción a la audiencia interesada que se informa en los canales de Televisa. Por eso mismo, muy similar es la cobertura que actualmente recibe el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, como lo fue la que en su momento recibió Andrés Manuel López Obrador.
"Sexta Mentira. Elucubran que por la inversión publicitaria del estado de México en Televisa se han minimizado 'vulnerabilidades' de su gobernador. Y cita el avance del narcotráfico, la cantidad de mujeres mexiquenses asesinadas, el caso Atenco y la muerte de la esposa del mandatario estatal. Todos son temas de los que se ha informado puntualmente en Televisa. Sólo es necesario sintonizar cualquier noticiario de Televisa para ver cómo se relata la guerra contra el crimen organizado en esa entidad y en todo el país. Por otro lado, nuestros informativos han transmitido diversos reportajes sobre el caso de las mujeres muertas en el estado de México y las agresiones entre policías y manifestantes en Atenco se transmitieron en vivo y en directo. El reporte del fallecimiento de la señora Pretellini se relató en los términos en los que lo informó la autoridad. Si Aristegui y Villamil tuvieran pruebas para sustentar otra versión de los hechos valdría la pena que las exhibieran y las presentaran ante las autoridades competentes.
"Nota Final. Carmen Aristegui ha hecho de la diatriba de Televisa su modus vivendi, a pesar de que de 2004 a 2007 su participación en W Radio, empresa filial de esta casa, reportó pérdidas por 9.2 millones de pesos, que sumadas a las de Javier Solórzano entre 2004 y 2005, con quien Aristegui negoció su entrada a la W, ascendieron a 14.5 millones de pesos. Tan sólo en 2007, Aristegui recibió un ingreso de 3.6 millones de pesos de esa empresa filial. Además de estas cuestiones financieras, en su oportunidad Grupo Prisa, encargada de la línea editorial de W Radio, explicó que Aristegui salió de la programación debido a que tras un año de conversaciones no hubo posibilidad de acuerdo para que ella se incorporara a un modelo basado en el 'trabajo en equipo' y el 'derecho a la información plural'. Ni rentabilidad, ni trabajo en equipo, ni información plural. Es ahí donde se pueden encontrar las razones de la salida de Aristegui de la W y no en una supuesta 'conspiración' de intereses eclesiásticos-empresariales-políticos obsesionados con 'silenciar su voz', como ella y sus allegados han sostenido. Nada más alejado de la verdad.
"La insistencia de Aristegui de promover las mentiras de Villamil sólo puede entenderse como el pago a las veces que Villamil 'defendió' en las páginas de Proceso la salida de Aristegui de su programa de radio, al confundir una decisión de sentido común para una empresa de radio con un supuesto ataque a la libertad de expresión.
"Y en cuanto a Jenaro Villamil ¿qué podemos esperar de la veracidad de su contenido? Un 'periodista de consigna' que ni siquiera conoce los nombres de los ejecutivos de Televisa, empresa a la que lleva 'investigando' tantos años. Aquí algunos ejemplos: Villamil menciona a José Gastón en lugar de José Bastón (Proceso 1682) y a Adolfo de Angoitia en lugar de Alfonso de Angoitia (Proceso 1701). Un ejemplo más: Villamil 'descubre' (Proceso 1575) que Leopoldo Gómez, actual vicepresidente de Noticieros, es hermano de Bernardo Gómez, vicepresidente Ejecutivo.
Una mentira más. La coincidencia de apellidos no asegura que sean parientes, como no lo son. Ninguno de estos errores se puede justificar bajo una perspectiva de periodismo de investigación mínimamente documentado.
"Villamil lleva años difamando a Televisa por cuenta y orden de la revista Proceso.
En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador no estaba equivocado en una carta dirigida al director de ese semanario cuando afirmó: 'el propósito de estas líneas es expresar mi desacuerdo con la actitud de los duendes que existen en al redacción de la revista Proceso… mi crítica va dirigida a quienes, invocando una supuesta pluralidad, nos calumnian…' (Proceso 1698). Villamil es uno de esos duendes, que hacen de la calumnia un oficio.
"Grupo Televisa fija esta postura para que la audiencia de Carmen Aristegui y Jenaro Villamil tenga un verdadero acceso a la información plural, conozca cuáles son las mentiras que divulgan y no esté sujeta a la manipulación interesada".

Villamil reta a Televisa a publicar contratos con gobernadores y aspirantes presidenciales.

LA REDACCIóN

México, D.F., 24 de junio (apro).- El periodista Jenaro Villamil, de la revista Proceso, retó a la empresa Televisa a sostener un debate, documentos en mano, en el Senado de la República. El desafío es la respuesta a un desplegado publicado por Televisa este miércoles en contra de la comunicadora Carmen Aristegui, Proceso y Villamil, por difundir y comentar el reportaje "Peña Nieto: Si yo fuera presidente" actualmente en circulación y presentado de forma más amplia y a manera de libro bajo la autoría del periodista yucateco.Entrevistado por Carmen Aristegui, Villamil invitó al consorcio presidido por Emilio Azcárraga Jean a "abrir sus cuentas" y hacer públicos los contratos firmados con cada uno de los gobernadores y aspirantes a la presidencia de la República. Villamil refutó las seis acusaciones presentadas por Televisa en el desplegado, entre las que se encuentran rechazar que Peña Nieto haya desembolsado más de 746 millones a la empresa televisiva.Con el contrato físico en mano, el periodista respondió que entre 2005 y 2006 el gobernador del estado de México pagó 746 millones de pesos a Televisa, 616 millones correspondientes a publicidad, y el resto por el concepto de asesoría para mejorar su desempeño en la pantalla chica. "Si Televisa quiere que discutamos sobre los montos reales, no los maquillados, entonces que se abran todos los contratos que se han firmado con el gobierno de Enrique Peña Nieto", exhortó Villamil.En su desplegado, Televisa niega ser influenciada en sus criterios editoriales por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y desmiente que el mandatario se haya reunido con el Consejo Administrativo de la compañía. Precisa que la cita sí ocurrió en Cozumel, pero únicamente fue una conferencia dirigida a directivos.Villamil pidió a Televisa aclarar cuál fue el objeto del acercamiento entre Salinas y los directivos, y aprovechó para recordar que desde 2005 el expresidente ha reaparecido en el "Canal de las Estrellas", en actos como el funeral del padre de Peña Nieto o la campaña Celebremos México. Aristegui secundó que Televisa es un "ente público que está obligado a dar respuesta a estos señalamientos". Cuestionó omisiones informativas de la empresa, como haber guardado silencio en la entrevista que le concedió el expresidente Miguel de la Madrid, quien acusó a Carlos Salinas de robarse la mitad de la partida secreta y de proteger los vínculos criminales de sus hermanos Enrique y Raúl.

Televisoras, conjura de pantalla

JENARO VILLAMIL

Fue el famoso decretazo, negociado por Marta Sahagún de Fox y Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa.En 2006, en plena campaña presidencial, impusieron en el Congreso una ley confiscatoria del espectro radioeléctrico y de las telecomunicaciones, la ley Televisa, bajo el chantaje de que si los partidos no apoyaban sus ambiciones, les aplicarían el "castigo" en la pantalla comercial y en la negociación de los spots para los comicios federales de ese año.

En 2007, protagonizaron una "rebelión" en el Senado y transmitieron en vivo y en directo aquella famosa sesión en la que los principales comentaristas de los medios electrónicos se unieron al unísono para encubrir sus intereses bajo la acusación de que la reforma electoral era violatoria a la libertad de expresión.El pasado fin de semana, en vísperas del inicio del proceso electoral de 2009, Televisa y TV Azteca mintieron abiertamente a las audiencias de sus eventos deportivos y otros programas para acusar al Instituto Federal Electoral de haberles ordenado transmitir "en bloque" los spots de los partidos políticos. No sólo eso. A través de conductorescomo Javier Alatorre, en Canal 13, comenzaron su propia guerra sucia contra las campañas electorales con mentiras insostenibles.Según lo leído por Alatorre en TV Azteca, "la reforma electoral diseñada y aprobada por el Congreso contempla transmitir 24 millones de spots, así que esta situación va para largo".Más astutos, los de Televisa dejaron que sus comentaristas radiofónicos y los columnistas periodísticos que los apoyan dijeran otro tanto de imprecisiones, acusando al IFE de ser el responsable de la interrupción de los encuentros deportivos.Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, publicó en Milenio Diario que el sábado y domingo las televisoras "estiraron la liga al absurdo"."Está claro que las televisoras dieron una gozosa ayuda a la estrategia, interrumpiendo a teleadictos de todos los horarios. Cortaron caricaturas y transmisiones de futbol en vivo para transmitir los mensajes pautados de los partidos explicando sus propuestas para salvar a México".El exconductor de Zona Abierta, de Canal 2, remató su artículo con una frase que pinta entera la conjura que las televisoras preparan en la pantalla:"Creo que el IFE, los partidos y los medios probarán en los meses que siguen, hasta la saciedad, por reducción al absurdo, que hace falta otra ley de elecciones. Quizá otro IFE".En realidad, la conjura de pantalla tiene como objetivo cobrarle a los partidos y al IFE la reforma electoral del 2007 que disminuyó una buena parte del negocio mediático-electoral que llegó a niveles de inversión escandalosa en 2006.Por supuesto, ni Televisa ni TV Azteca se indignan por los 'infomerciales' de Enrique Peña Nieto o de Marcelo Ebrard, porque esos sí son pagados, bien a través de empresas intermediarias o de favores políticos y empresariales para las compañías televisoras.En medio de este escenario, lo que sorprende e indigna es la tibieza de las autoridades encargadas de regular los contenidos de empresas que hacen usufructo de un bien público concesionado y también de los responsables de sancionar la violación a los títulos de concesión.En otras palabras, no se trata de una "guerra" exclusiva entre el IFE y las televisoras sino de un abierto desafío de Televisa, TV Azteca y de otros concesionarios a la Secretaría de Gobernación, a Comunicaciones y Transportes, al IFE, al Congreso y a los partidos políticos que deberían, por lo menos, emitir un extrañamiento urgente a la abierta conjura de las televisoras.Este martes, el Consejo General del IFE lo más que hizo fue calificar de "conducta atípica" lo que a todas luces es una ilegalidad por parte de las televisoras.La violación consiste en que ellos decidieron "compactar" como minutos continuos lo que ya habían acordado como pautas o spots, losque no debían afectar el contenido de los programas televisivos, tal como se establece en los artículos 74 y 350 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe).El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, informó que le darán 24 horas a las televisoras para que "informen". ¡Veinticuatro horas cuando durante todo un fin de semana violaron el acuerdo de transmisión de anuncios electorales!La tibieza del IFE se agrava por el fariseísmo de la Secretaría de Gobernación, entidad responsable, hasta ahora, de vigilar el buen funcionamiento del contenido de los medios.El 2 de febrero, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, afirmó que su dependencia apenas analiza los hechos y "no va a precipitar sus juicios". Hasta el martes 3 de febrero Gómez Mont se reunió con los responsables de Normatividad de Medios y de Radio, Televisión y Cinematografía para "analizar" qué deben hacer ante las conjuras televisivas.Por si fuera poco, el desafío del duopolio coincide con el pleito interno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que desembocó en el descabezamiento de la subsecretaria Purificación Carpinteyro, quien se volvió non grata para las televisoras y para el propio titular de la SCT, Luis Téllez.Basta recordar que Téllez fue miembro del Consejo de Administración de Televisa y que los intereses de la empresa de Azcárraga Jean siempre han sido defendidos por el exjefe de la oficina presidencial durante el zedillismo.Hábiles como son para detectar las debilidades del gobierno federal y para alentar las intrigas y las conjuras para beneficiarse, los dueños de Televisa y de TV Azteca están haciendo una "pequeña" demostración de lo que son capaces de crear para descarrilar la cobertura y la publicidad electoral en la televisión.Están furiosos porque ya no se les permitirá cobrar por los spots que se transmitan, pero también están advirtiendo que si el Congreso se atreve nuevamente a tocar sus intereses con el pétalo de una mínima regulación legal, ellos estarán dispuestos a utilizar la pantalla como un ariete de su propiedad.

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