El DROGO Emilio Azcárraga y y el CAPO "ZETA" Ricardo Salinas Pliego
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domingo, septiembre 08, 2013
domingo, junio 30, 2013
Nación TV. La novela de Televisa.
Nación TV. La novela de Televisa de Fabrizio Mejía Madrid. Grijalbo
¿Qué ocurría dentro de
la televisora más grande de habla hispana, en sus foros, en sus
decisiones, en sus fracasos? ¿Qué tanto de México y de América Latina es
el resultado de lo que sus habitantes vieron durante cincuenta años en
las pantallas? ¿Somos todavía lo que vimos? Esta novela es, en cierta
forma, una respuesta.
Aquí está la historia de medio siglo de la televisión mexicana, desde su
primera transmisión –una misa–, hasta los líos familiares para hacerse
de su control. Por sus páginas desfilan lo mismo comediantes, cantantes,
productores de telenovelas, conductores de noticieros, que presidentes
de la República, gobernadores, jefes policiacos. Nación TV cuenta la
historia de la televisión y del poder, sea éste partidista,
presidencial, religioso o económico. Medio siglo de una televisión
monopolizada cuyo espíritu se mantuvo inamovible: “entretener a los
jodidos”.
Esta novela es, también, una reflexión sobre las relaciones entre padres
e hijos, de tres generaciones de Azcárraga que quisieron imprimirle a
su herencia un estilo personal para adueñarse de México.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/12-06-2013/642900. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
Nación TV, de Fabrizio Mejía Madrid, es
una magnífica novela que resulta ser una metáfora del México actual de
Televisa: guadalupano y moralizante, pero al mismo tiempo, hipócrita y
corrupto.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/12-06-2013/642900. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
En medio de ese circo televisado, lo que
alguna vez fuera un imperio ahora se mira en ruinas. Nación TV es ver
un castillo viniéndose abajo entre cortes comerciales.
“Emilio creía en la ciencialogía, a la
que no sólo podían acceder los upstat, los exitosos. Los demás, los
pobres, tenían que trabajar de esclavos para conocer sus enseñanzas. No
lo guadalupanos, que tenían una religión de “jodidos”, de himnos
murmurados, de imágenes hechas con flojos..”
Historia de la televisión mexicana. Por
sus páginas desfilan lo mismo comediantes, cantantes productores de
telenovelas, conductores de noticieros que presidentes de la República,
gobernadores, jefes policiacos. Cuenta la historia de la televisión y
del poder, sea éste partidista, presidencial, religioso o económico.
Medio siglo de una televisión monopolizada cuyo espíritu se mantuvo
inamovible: “entretener a los jodidos”
Fabrizio Mejía Madrid logra crear en su
novela la perfecta amalgama entre los hechos reales que ocurren en torno
a los personajes de la televisora más poderosa de México y las vidas
ficticias que inciden de extrañas maneras en los destinos del mundo de
la farándula. La historia que narra Nación TV es la de un desastre.
Ubicada entre el terremoto de 1985 y la crisis de 1995, describe una
década en la que las pantallas mexicanas pasaron de apoyar al presidente
en turno a endeudarse para tratar de resolver sus propios excesos. En
la trama, diversos personajes conviven con algunos de los prototipos de
la televisión mexicana.
Esta novela es, también, una reflexión
sobre las relaciones entre padres e hijos, de tres generaciones de
Azcárraga que quisieron imprimirle a su herencia un estilo personal para
adueñarse de México
Fabrizio Mejía Madrid es autor de las novelas El rencor (Debolsillo, 2010), Tequila, df (Mondadori, 2008) y del libro de crónicas Salida de Emergencia (Mondadori, 2007), entre otros. Actualmente es colaborador de las revistas Proceso, Letras Libres y Gatopardo.
#NaciónTV
Nación TV: La novela de Televisa, el más reciente libro de Fabrizio Mejía Madrid, fue el eje conductor de la conversación que su autor, Jenaro Villamil y Paco Ignacio Taibo sostuvieron el día de ayer en el teatro CADAC, ubicado en la delegación Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. En un par de horas, Mejía, Taibo y Villamil reflexionaron sobre la maquinaria de simulación que representa el monopolio televisivo, así como de los crímenes contra la cultura y la democracia que ha cometido –principalmente Televisa, aunque también TVAzteca– a lo largo de su historia. Se planteó cómo las televisoras son parte del engranaje de las estructuras de poder, cuya principal función es mantener el orden establecido, privilegiando a quienes lo detentan y perpetuando la desigualdad social, implantando en los espectadores los ideales de vida que les conviene, así como generando distracciones que fomentan “la cultura de la derrota” que mantiene adormecida a la población, evitando así que la ciudadanía se convierta en partícipe del devenir nacional. Sin embargo, los tres manifestaron que no se trata de un escenario fatalista, sino todo lo contrario: hablaron sobre la crisis de credibilidad del mecanismo de manipulación, así como de las oportunidades que se abren con los medios alternativos de información y las redes sociales. Junto con algunos de los asistentes que expresaron sus puntos de vista e inquietudes sobre cómo construir un panorama diferente de la realidad del país, arrojaron guías para una organización social viable y transformadora. En un diálogo ameno, invitaron a usar el “humor y la inteligencia” para subvertir la cultura de la sumisión y abrir canales en los que las personas puedan informarse, participar y convertirse en agentes de cambio.
La reforma: Historia de un engaño
El debate sobre la ley de telecomunicaciones fue una “pantomima”, además de que, entre otras ligerezas, se abrió a los extranjeros el control de esta industria vital y se fortaleció la dominancia de Televisa y TV Azteca. Esta es la opinión del senador Manuel Bartlett en torno a lo que califica como una reforma “tramposa”. En entrevista con Proceso explica: los beneficios que deberían obtenerse gracias a la ley se dejan para una inasible ley secundaria. Y sentencia: presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la legislación secundaria es un engaño.
“Es una reforma tramposa” porque sólo combate a uno de los dos grandes monopolios, el de la telefonía, mientras que “las televisoras no tienen los criterios necesarios para ser declaradas dominantes” dice Bartlett a Proceso.
“Es realmente un engaño”, insiste el exgobernador de Puebla. Los beneficios que deberían obtenerse gracias a la ley, explica, se dejan para una inasible ley secundaria.
“Pésima actitud, perversa, de presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la legislación secundaria. La técnica jurídica, política que se seguía antes era: ‘Vamos a hacer una reforma constitucional que tiene necesidad de una importante ley secundaria’; aquí es un galimatías que se aprueba, como hoy estamos viendo”, denuncia.
A casi tres meses de esa sesión en la madrugada –que se desahogó sin debate en tribuna y con escasa cobertura de los medios–, Bartlett reitera que desde el proceso de dictaminación se violó el reglamento del Congreso y se evitó cualquier posibilidad de discutir asuntos importantes, como fue abrir 100% de las telecomunicaciones a la inversión extranjera y 49% en televisión y radio.
Bartlett relata que, a las 11:30 de la noche del 18 de abril, los integrantes de las cuatro comisiones dictaminadoras terminaron de sesionar, pero sólo entregaron a algunos senadores el paquete de casi 400 hojas que contenía el dictamen.
“El reglamento dice que todos los senadores deben tener el dictamen. Ahí se violó un aspecto sustancial. La mayoría desconocía lo que se iba a votar minutos después”, indica.
A las 00:15 horas del 19 de abril se inició la sesión del pleno del Senado, una medida inusual en el Congreso mexicano. Sólo hubo 20 minutos de diferencia entre la sesión de comisiones y la del pleno, recuerda Bartlett.
“Comenzamos a discutir sin que nadie tuviera completo el dictamen. Fue monstruoso, cínico, inconstitucional”, cuenta Bartlett, el mismo político que en 2006 encabezó, junto a legisladores del PRD, del PAN y 11 del PRI, la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa, aprobada sin que se le modificara “una sola coma”.
Para Bartlett, la modificación a la ley de telecomunicaciones fue otra reforma constitucional impuesta por el Pacto por México y por las demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que desde 2011 recomendó abrir 100% la inversión extranjera directa en telecomunicaciones, partir el conglomerado Telmex-Telcel y licitar otras dos cadenas de televisión.
Irónico, Bartlett recuerda que en tribuna argumentó que la aprobada “es una reforma altamente técnica, que para conocerla, entenderla y saber cuáles serán sus efectos se necesita una gran experiencia y se necesita de un traductor de sánscrito para poder entender esto que se hace con mucha frecuencia, una serie de conceptos técnicos que van a necesitar un diccionario tecnológico”.
En entrevista con Proceso, Bartlett insiste en que su posición fue votar en contra en lo general, porque había aspectos importantes que no estaban contenidos en la reforma, como la misma regulación y los mismos requisitos para considerar dominantes tanto a las televisoras como a Telmex.
Un regalo al duopolio
Bartlett asegura que “la reforma hace un regalo a Televisa y a TV Azteca de millones de dólares. Automáticamente les deja vender 49% de sus concesiones. ¿Cuánto vale eso? Es un regalo de miles de millones de pesos”.
–¿No estaban en desacuerdo las televisoras con esta apertura de 49%? Algunos legisladores metieron el candado de la reciprocidad para el país de origen –se le comenta.
–Es mentira que estuvieran en desacuerdo. Este es el gran acuerdo con las televisoras y el gobierno: fomentar la inversión extranjera directa. Para que no haya duda de que se trata de un brutal beneficio para Televisa ahí está el spot a favor de la inversión extranjera, insertado en una de las telenovelas de la empresa.
“Si hoy tenemos una televisión rupestre, desnacionalizadora, imagínese qué tipo de televisión tendremos si se adueñan de 49% de la producción y distribución de contenidos”, alega.
Incluso, cita una frase de Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en la época de Richard Nixon: “El verdadero poder estadunidense está en su industria mediática y cinematográfica”.
El tema de la apertura a la inversión extranjera apasiona al exprecandidato presidencial priista en 1987 y 1999. Afirma que durante las sesiones de consulta del Senado, el representante de la OCDE “nos vino a decir muy contento que eso estaba muy bien”. También algunos especialistas, comenta, dijeron que este sector ya estaba abierto en otras partes del mundo.
“Eso es mentira. En Canadá no se permite que se adueñen de sus industrias culturales. Canadá tiene muy clara su posición en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué dice Canadá? Abre las telecomunicaciones, con límites, pero no abre la radiodifusión. Y lo explica muy claro: el tema de telecomunicaciones es de recursos, de dinero, pero el de radiodifusión es un asunto político, de poder y de defensa de la soberanía”, alega Bartlett.
El senador del PT hace notar que en la exposición de motivos el tema de la apertura a la inversión extranjera sólo está en 17 líneas. No hay, dice, mayor argumentación ni justificación.
“No puede ser un criterio jurídico decir que como está abierto en todos lados, aquí también debe estarlo. Esto es una demanda de Estados Unidos a través de la OCDE. Es una cuestión de poder político”, sentencia.
–Sin embargo, hay otros especialistas que consideran que la televisión analógica ya va de salida y que ahora lo importante será internet. ¿Qué opina usted de eso?
–La televisión es de un valor enorme y seguirá siendo muy importante. Construye esa infraestructura que te costó 50 años tener. Todo eso no se discutió durante la sesión del Senado.
–El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de telecomunicaciones, Carlos Slim anunció que obtenía los derechos de transmisión de las Olimpiadas. ¿No era una manera de demostrar que no le iba a afectar su interés de entrar a la distribución de publicidad y de contenidos?
–Ahí se trata de un evento. La reforma es un cambio estructural. Quien tenga 49% de nuestra industria televisiva tendrá un poder enorme.
Críticas silenciadas
–¿Qué espera usted de las leyes secundarias en telecomunicaciones?
–Serán arreglos de poder. El ejemplo de cómo se aprobó la reforma es atentatorio de la Constitución. Y cómo se manejó en los medios: se silenciaron las críticas.
Bartlett insiste en que lo más preocupante fue “el cinismo de la mayoría de los legisladores. No existió un mínimo análisis de las consecuencias ni de lo que se estaba aprobando”.
No obstante, el coordinador de los senadores del PT anuncia que participará en la legislación secundaria eligiendo algunos temas importantes, como, justamente, el de la apertura a la inversión extranjera.
Pesimista, Bartlett dice no esperar muchos cambios en lo que atañe a la concentración y el dominio de Televisa y TV Azteca en la televisión. “Tenemos 10 años escuchando que vienen las dos cadenas. Las dos cadenas son una expectativa, son algunos elementos que sí, en efecto, van a tener alguna posibilidad de ir abriendo a Televisa y TV Azteca, pero no es simétrica, ni siquiera simultánea la apertura”, abunda.
Sobre el derecho de réplica y la posibilidad de la radiodifusión indígena, el exsecretario de Gobernación también recuerda que eso se está regulando desde hace 10 años y “nos lo vuelven a presentar como una gran esperanza a futuro”.
“Es una reforma tramposa” porque sólo combate a uno de los dos grandes monopolios, el de la telefonía, mientras que “las televisoras no tienen los criterios necesarios para ser declaradas dominantes” dice Bartlett a Proceso.
“Es realmente un engaño”, insiste el exgobernador de Puebla. Los beneficios que deberían obtenerse gracias a la ley, explica, se dejan para una inasible ley secundaria.
“Pésima actitud, perversa, de presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la legislación secundaria. La técnica jurídica, política que se seguía antes era: ‘Vamos a hacer una reforma constitucional que tiene necesidad de una importante ley secundaria’; aquí es un galimatías que se aprueba, como hoy estamos viendo”, denuncia.
A casi tres meses de esa sesión en la madrugada –que se desahogó sin debate en tribuna y con escasa cobertura de los medios–, Bartlett reitera que desde el proceso de dictaminación se violó el reglamento del Congreso y se evitó cualquier posibilidad de discutir asuntos importantes, como fue abrir 100% de las telecomunicaciones a la inversión extranjera y 49% en televisión y radio.
Bartlett relata que, a las 11:30 de la noche del 18 de abril, los integrantes de las cuatro comisiones dictaminadoras terminaron de sesionar, pero sólo entregaron a algunos senadores el paquete de casi 400 hojas que contenía el dictamen.
“El reglamento dice que todos los senadores deben tener el dictamen. Ahí se violó un aspecto sustancial. La mayoría desconocía lo que se iba a votar minutos después”, indica.
A las 00:15 horas del 19 de abril se inició la sesión del pleno del Senado, una medida inusual en el Congreso mexicano. Sólo hubo 20 minutos de diferencia entre la sesión de comisiones y la del pleno, recuerda Bartlett.
“Comenzamos a discutir sin que nadie tuviera completo el dictamen. Fue monstruoso, cínico, inconstitucional”, cuenta Bartlett, el mismo político que en 2006 encabezó, junto a legisladores del PRD, del PAN y 11 del PRI, la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa, aprobada sin que se le modificara “una sola coma”.
Para Bartlett, la modificación a la ley de telecomunicaciones fue otra reforma constitucional impuesta por el Pacto por México y por las demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que desde 2011 recomendó abrir 100% la inversión extranjera directa en telecomunicaciones, partir el conglomerado Telmex-Telcel y licitar otras dos cadenas de televisión.
Irónico, Bartlett recuerda que en tribuna argumentó que la aprobada “es una reforma altamente técnica, que para conocerla, entenderla y saber cuáles serán sus efectos se necesita una gran experiencia y se necesita de un traductor de sánscrito para poder entender esto que se hace con mucha frecuencia, una serie de conceptos técnicos que van a necesitar un diccionario tecnológico”.
En entrevista con Proceso, Bartlett insiste en que su posición fue votar en contra en lo general, porque había aspectos importantes que no estaban contenidos en la reforma, como la misma regulación y los mismos requisitos para considerar dominantes tanto a las televisoras como a Telmex.
Un regalo al duopolio
Bartlett asegura que “la reforma hace un regalo a Televisa y a TV Azteca de millones de dólares. Automáticamente les deja vender 49% de sus concesiones. ¿Cuánto vale eso? Es un regalo de miles de millones de pesos”.
–¿No estaban en desacuerdo las televisoras con esta apertura de 49%? Algunos legisladores metieron el candado de la reciprocidad para el país de origen –se le comenta.
–Es mentira que estuvieran en desacuerdo. Este es el gran acuerdo con las televisoras y el gobierno: fomentar la inversión extranjera directa. Para que no haya duda de que se trata de un brutal beneficio para Televisa ahí está el spot a favor de la inversión extranjera, insertado en una de las telenovelas de la empresa.
“Si hoy tenemos una televisión rupestre, desnacionalizadora, imagínese qué tipo de televisión tendremos si se adueñan de 49% de la producción y distribución de contenidos”, alega.
Incluso, cita una frase de Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en la época de Richard Nixon: “El verdadero poder estadunidense está en su industria mediática y cinematográfica”.
El tema de la apertura a la inversión extranjera apasiona al exprecandidato presidencial priista en 1987 y 1999. Afirma que durante las sesiones de consulta del Senado, el representante de la OCDE “nos vino a decir muy contento que eso estaba muy bien”. También algunos especialistas, comenta, dijeron que este sector ya estaba abierto en otras partes del mundo.
“Eso es mentira. En Canadá no se permite que se adueñen de sus industrias culturales. Canadá tiene muy clara su posición en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué dice Canadá? Abre las telecomunicaciones, con límites, pero no abre la radiodifusión. Y lo explica muy claro: el tema de telecomunicaciones es de recursos, de dinero, pero el de radiodifusión es un asunto político, de poder y de defensa de la soberanía”, alega Bartlett.
El senador del PT hace notar que en la exposición de motivos el tema de la apertura a la inversión extranjera sólo está en 17 líneas. No hay, dice, mayor argumentación ni justificación.
“No puede ser un criterio jurídico decir que como está abierto en todos lados, aquí también debe estarlo. Esto es una demanda de Estados Unidos a través de la OCDE. Es una cuestión de poder político”, sentencia.
–Sin embargo, hay otros especialistas que consideran que la televisión analógica ya va de salida y que ahora lo importante será internet. ¿Qué opina usted de eso?
–La televisión es de un valor enorme y seguirá siendo muy importante. Construye esa infraestructura que te costó 50 años tener. Todo eso no se discutió durante la sesión del Senado.
–El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de telecomunicaciones, Carlos Slim anunció que obtenía los derechos de transmisión de las Olimpiadas. ¿No era una manera de demostrar que no le iba a afectar su interés de entrar a la distribución de publicidad y de contenidos?
–Ahí se trata de un evento. La reforma es un cambio estructural. Quien tenga 49% de nuestra industria televisiva tendrá un poder enorme.
Críticas silenciadas
–¿Qué espera usted de las leyes secundarias en telecomunicaciones?
–Serán arreglos de poder. El ejemplo de cómo se aprobó la reforma es atentatorio de la Constitución. Y cómo se manejó en los medios: se silenciaron las críticas.
Bartlett insiste en que lo más preocupante fue “el cinismo de la mayoría de los legisladores. No existió un mínimo análisis de las consecuencias ni de lo que se estaba aprobando”.
No obstante, el coordinador de los senadores del PT anuncia que participará en la legislación secundaria eligiendo algunos temas importantes, como, justamente, el de la apertura a la inversión extranjera.
Pesimista, Bartlett dice no esperar muchos cambios en lo que atañe a la concentración y el dominio de Televisa y TV Azteca en la televisión. “Tenemos 10 años escuchando que vienen las dos cadenas. Las dos cadenas son una expectativa, son algunos elementos que sí, en efecto, van a tener alguna posibilidad de ir abriendo a Televisa y TV Azteca, pero no es simétrica, ni siquiera simultánea la apertura”, abunda.
Sobre el derecho de réplica y la posibilidad de la radiodifusión indígena, el exsecretario de Gobernación también recuerda que eso se está regulando desde hace 10 años y “nos lo vuelven a presentar como una gran esperanza a futuro”.
sábado, marzo 23, 2013
Verdades, engaños y peligros
Presentada como una especie de solución final a la concentración monopólica del sector de telecomunicaciones, la iniciativa de reforma a la ley correspondiente aborda los temas adecuados, pero especialistas y analistas coinciden en que contiene trampas que pueden revertir la autonomía del Ifetel, pondrán a sus comisionados en riesgo de captura, favorecerán al monopolio televisivo y crearán nuevas inercias políticas en la asignación y refrendo de las concesiones.
Advierten que por primera vez se incorporan a los artículos 6 y 7 de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de la “publicidad integrada” y también el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho universal.
En las reformas a los artículos 27 y 28 se establece la conformación de un organismo autónomo que le quitará al Ejecutivo federal la discrecionalidad en el otorgamiento y refrendo de concesiones.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto lo presumió así en la presentación de la iniciativa, el lunes 11 en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, ante una audiencia complaciente, con la destacada ausencia de los concesionarios y el optimismo desbordado de quienes desde entonces consideran que ya se concretó la democratización de los medios electrónicos.
“El Ejecutivo federal ya no será quien otorgue las concesiones y permisos. Las decisiones en esta materia serán técnicas y no políticas”, proclamó Peña Nieto al presentar la iniciativa que será discutida y puede ser aprobada fast track en ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, observadores y analistas consultados por Proceso advierten en este postulado la primera trampa de la reforma: el Ejecutivo federal no renuncia a la posibilidad de intervenir en el otorgamiento, refrendo y revocación de las concesiones. Por el contrario, se convierte en la “primera ventanilla” para el nuevo mecanismo.
El texto de la reforma al artículo 28 constitucional prescribe que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el nuevo organismo autónomo, “previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal”, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Para el senador panista Javier Corral, que apoya los cambios pero alerta acerca de los errores de la propuesta, se trata de un “chipote presidencialista” innecesario que “lo único que introduce es un elemento distorsionador de la autonomía plena”. Al día siguiente de la presentación de la iniciativa, Corral argumentó:
“Si todo el proceso será jurídico y técnico, ¿qué tipo de opinión podría producir el presidente de la República? Pues una opinión política, y creo que es exactamente lo que no quiere ni desea la iniciativa.
“Si ya se tomó la decisión de un órgano constitucional autónomo, hay que quitarle ese chipote presidencialista que incorpora la opinión previa del presidente de la República, porque lo único que va a hacer es tener entonces una doble ventanilla. Habrá a quienes no satisfacen, o sí, los derechos de una concesión y van a ir a cabildear con el presidente de la República una decisión que debe ser absolutamente técnica. Creo que esta es una de las correcciones que debe hacerse (en la iniciativa) para perfeccionarla.”
La directora de Observatel, Irene Levy, es más contundente y afirma que la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal echa abajo la tesis de la autonomía plena y genera una “doble ventanilla”, tal como existe ahora entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
“Me parece escandaloso que el presidente pueda opinar previamente. Si tenemos un organismo autónomo, ¿para qué se le mete ese candado?”, se pregunta.
–¿Puede generar una presión política? –se le plantea.
–Sí, claro. Hay un riesgo de control político. Nos están engañando. No es cierto que el Ejecutivo renuncie a su facultad de intervenir en las licitaciones y concesiones.
Levy hace una analogía con el Instituto Federal Electoral para advertir el riesgo de la injerencia presidencial: “Pedirle una opinión previa no vinculante al Ejecutivo es tanto como si los consejeros del IFE le pidieran al presidente de la República su opinión antes de organizar las elecciones”.
Nuevo Frankenstein
Los siete comisionados del Ifetel no sólo tendrán atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; también absorberán todas las funciones de regulación en materia de competencia y de participación de monopolios que durante más de 15 años ha tenido la Comisión Federal de Competencia.
Serán responsables de otorgar y revocar concesiones, función que ahora compartirán con la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal.
También ordenarán la desincorporación de los activos de empresas; administrarán el espectro radioeléctrico de la nación; regularán la concentración y propiedad cruzada de los medios de comunicación; van a declarar a los “actores preponderantes en el mercado”; asignarán de manera “directa” las concesiones para uso público y social (no se prevén concesiones para uso comunitario o indígena) y fijarán los criterios para otorgar autorizaciones en el acceso de multiprogramación.
Por si estas funciones de eminente carácter técnico fueran pocas, los comisionados del Ifetel también se encargarán de tareas propias de especialistas en libertad de expresión y derecho a la información, como definir cuándo hay “publicidad integrada” en los contenidos de radio, televisión y telecomunicaciones; establecerán “mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”; regularán el derecho de réplica; tendrán atribuciones para determinar que la publicidad en radio y televisión “sea equilibrada”, y supervisarán que los contenidos de la programación dirigida a la población infantil “respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3º de la Constitución”, entre otras.
“El Ifetel propuesto es un Frankenstein con facultades gigantescas que al final dependen de la decisión del Ejecutivo, esto en virtud de que siempre existirá una opinión por parte de éste para todas las partes de la vida de las concesiones”, advierte Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México y abogado especializado en la materia.
Agrega que “es cierto que el artículo 28 afirma que la opinión del Ejecutivo federal será ‘no vinculante’, pero ¿quién le quiere decir ‘no’ al presidente?”.
Él observa otro riesgo grave: que la “captura” de los integrantes del Ifetel se realice antes de su elección y no después. Los siete integrantes serán propuestos por el Ejecutivo federal con ratificación del Senado de la República. Previamente, pasarán por la selección de un comité evaluador integrado por representantes del Banco de México, del Inegi y del Instituto de Evaluación Educativa.
“Por cierto, todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados del Ifetel serán inatacables”, indicó Padilla.
Tanto él como Levy encuentran otro problema con la configuración de un organismo con este nivel de decisiones: la reforma constitucional primero crea el Ifetel y luego generará la legislación secundaria que deberá estar lista a los 180 días siguientes de la publicación de la reforma constitucional, con lo que se crea un “vacío legal enorme”.
Como consecuencia, los poderosos integrantes del futuro Ifetel tendrán sólo seis meses para resolver lo relativo a la predominancia en monopolios, licitar las dos cadenas de televisión nacional que ordena la reforma e indicar qué agentes tienen o no prácticas monopólicas.
Un regulador, consultado por Proceso y que prefirió omitir su nombre, advierte que los procedimientos para un auténtico análisis técnico en materia de competencia no se realizan bien en seis meses. “Están colocando todos los huevos en la canasta del Ifetel. No establecen ningún organismo que haga contrapeso a sus decisiones porque absorberán las funciones que actualmente tiene la Comisión Federal de Competencia en materia de regulación en telecomunicaciones y, frente a esto, existe un gran riesgo de ‘captura’ del organismo por parte de los monopolios”, sintetiza.
Los monopolios en telecomunicaciones y en radiodifusión son los que más capturan a los órganos reguladores, advierte; “será una tragedia que no tengan contrapeso de ningún otro organismo autónomo, porque sus decisiones serán inatacables”. Y pone un ejemplo:
“Imaginemos que se fusionan Telcel y Telefónica, los dos gigantes en telefonía móvil, como ya sucedió con la fusión de Televisa y TV Azteca a través de su sociedad en Iusacell. Las autoridades de telecomunicaciones los van a autorizar porque privilegiarán la cobertura y no los criterios de competencia real. Sería una tragedia.”
Irene Levy también alerta que un elemento grave de la reforma constitucional es que se prohíbe la suspensión en todos los actos de la Ifetel:
“Sus decisiones se volverán actos de imposible reparación. Imaginemos: le revocan la concesión a alguna empresa y tiene que suspender de inmediato. Si no se incluye un procedimiento menos sumario, esto equivaldría a la denegación de la justicia”, explica.
Monopolio de TV beneficiado
Tal como está redactada la iniciativa de reforma constitucional, los más afectados de inmediato serán los monopolios de telecomunicaciones, como Telmex, y no los de radio y televisión, particularmente el Grupo Televisa, coincidieron varios especialistas consultados. El senador Javier Corral lo admitió claramente en la conferencia de prensa del martes 12:
“Creo sinceramente que la reforma en este tema no tiene simetría. Como que a la televisión se le ha cuidado, particularmente al agente dominante en televisión, que es Televisa, porque se está diciendo algo que después va a ser difícil de concretar y que la gente lo vea: que habrá una partición del monopolio actual de la televisión y que va a haber una desincorporación de activos.
“Como está redactada la iniciativa, los límites de concentración en materia de radiodifusión no darán para eso. Hay que tener cuidado con las falsas expectativas, porque el único límite que se impone es el del concesionamiento de frecuencias, nacional o regional, a diferencia de lo que se le impone a los agentes dominantes en materia de telecomunicaciones. En realidad, se dejan de regular los mercados más concentrados en televisión.”
Corral, como otros analistas, argumenta que para abrir la competencia en el mercado televisivo deben tomarse en cuenta el nivel de concentración en publicidad, distribución de contenidos, audiencias potenciales y zonas de cobertura geográfica. Estos criterios no están incluidos en la iniciativa.
Televisa tiene 70% de las concesiones de televisión, concentra el mismo porcentaje en mercado publicitario a nivel nacional y acapara más de 80% de los contenidos. La cadena del Canal 2 es la única con capacidad para llegar a 92% de los hogares del país.
A decir de Corral, en materia de desconcentración sólo se optó “por el futuro”: la licitación de dos nuevas cadenas nacionales y la posibilidad de otras siete cadenas regionales, “porque hay espectro y el proceso de conversión digital lo multiplica”.
La reforma constitucional ordena en uno de sus artículos transitorios que al culminar la llamada “transición digital”, el 31 de diciembre de 2015, tanto Televisa como TV Azteca están obligadas a devolver las frecuencias o “canales espejo” que les entregaron, para dejar libre la banda de 700 Mhz y ahí desarrollar una red nacional de banda ancha.
En el futuro negocio de la televisión nacional se menciona que varios grupos están interesados en las dos cadenas nacionales y en las posibles cadenas regionales: desde el propio Carlos Slim hasta su socio MVS (en Grupo Dish), de la familia Vargas; así como actores nuevos como Carlos Peralta, la familia Hank Rhon, el Grupo Femsa, de Monterrey, la familia Macsise del Estado de México, y el grupo Megacable, de Enrique Yamuni, con fuerte presencia en el occidente del país.
Otros empresarios interesados en competir en los campos de telefonía, televisión e internet son Tomás Milmo, concesionario de Axtel; Olegario Vázquez Raña, del Grupo Imagen; así como Alejandro Junco, del Grupo Reforma, y Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, la familia Cabada, de Canal 44 de Ciudad Juárez, y diversos grupos regionales.
En ninguno de los casos se alteran los intereses fundamentales de Televisa y TV Azteca. Por el contrario, en la reforma se estableció una “cláusula de exclusión” para que las reglas del must carry y del must offer, que obligan a retransmitir de manera gratuita las señales abiertas de televisión en los sistemas de televisión de paga y viceversa, no se otorguen al agente dominante en telecomunicaciones que tenga más de 50% del mercado, es decir, Telmex.
En el octavo transitorio de la iniciativa de reforma también se le deja al Ifetel la facultad de eliminar la gratuidad del must carry y del must offer:
“Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan contenidos de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos (cursivas propias). En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos.”
La única cláusula de exclusión dirigida a Televisa y a TV Azteca es que no podrán participar en las concesiones de nuevas frecuencias de televisión aquellos grupos que actualmente acumulen más de 12 Mhz de espectro (el equivalente a dos canales de televisión) o más en cualquier zona de cobertura geográfica.
“Paradójicamente, a Televisa le conviene la tercera y cuarta cadena de televisión porque disminuirá su porcentaje dominante en materia de concesión de frecuencias (70%)”, apunta Irene Levy.
Nuevo negocio
Escasamente analizado, el artículo transitorio décimo sexto de la reforma constitucional establece un nuevo negocio en materia de servicios de telecomunicaciones (internet de banda ancha y telefonía) que dependerá exclusivamente del Ejecutivo federal.
Ordena que éste, a través de dependencias y entidades competentes, instalará “una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo” utilizando al menos 90 Mhz del espectro liberado por la Transición Digital Terrestre (banda 700 Mhz), de los recursos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (que los impulsores de la iniciativa Internet Libre para Todos habían pedido para uso ciudadano) y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y operación de la red compartida”.
Esta nueva red “podrá contemplar inversión pública o privada”, es decir, puede ser una Asociación Pública Privada (APP), y su instalación comenzará “antes de que concluya el año 2014” –un año antes de las elecciones federales de 2015– y operará “antes de que concluya el año 2018”, es decir, antes de que termine el sexenio.
Se debe asegurar que en este nuevo consorcio no tenga influencia “ningún prestador de servicios de telecomunicaciones” y atenderá exclusivamente a “las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos”.
Pero en este nuevo negocio “público privado” no tendrá ninguna injerencia el Ifetel, el organismo autónomo que pretende “revolucionar” la actual regulación de los medios y las telecomunicaciones.
Advierten que por primera vez se incorporan a los artículos 6 y 7 de la Constitución conceptos a favor de la libertad de expresión, la prohibición de la “publicidad integrada” y también el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho universal.
En las reformas a los artículos 27 y 28 se establece la conformación de un organismo autónomo que le quitará al Ejecutivo federal la discrecionalidad en el otorgamiento y refrendo de concesiones.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto lo presumió así en la presentación de la iniciativa, el lunes 11 en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, ante una audiencia complaciente, con la destacada ausencia de los concesionarios y el optimismo desbordado de quienes desde entonces consideran que ya se concretó la democratización de los medios electrónicos.
“El Ejecutivo federal ya no será quien otorgue las concesiones y permisos. Las decisiones en esta materia serán técnicas y no políticas”, proclamó Peña Nieto al presentar la iniciativa que será discutida y puede ser aprobada fast track en ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, observadores y analistas consultados por Proceso advierten en este postulado la primera trampa de la reforma: el Ejecutivo federal no renuncia a la posibilidad de intervenir en el otorgamiento, refrendo y revocación de las concesiones. Por el contrario, se convierte en la “primera ventanilla” para el nuevo mecanismo.
El texto de la reforma al artículo 28 constitucional prescribe que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el nuevo organismo autónomo, “previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal”, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Para el senador panista Javier Corral, que apoya los cambios pero alerta acerca de los errores de la propuesta, se trata de un “chipote presidencialista” innecesario que “lo único que introduce es un elemento distorsionador de la autonomía plena”. Al día siguiente de la presentación de la iniciativa, Corral argumentó:
“Si todo el proceso será jurídico y técnico, ¿qué tipo de opinión podría producir el presidente de la República? Pues una opinión política, y creo que es exactamente lo que no quiere ni desea la iniciativa.
“Si ya se tomó la decisión de un órgano constitucional autónomo, hay que quitarle ese chipote presidencialista que incorpora la opinión previa del presidente de la República, porque lo único que va a hacer es tener entonces una doble ventanilla. Habrá a quienes no satisfacen, o sí, los derechos de una concesión y van a ir a cabildear con el presidente de la República una decisión que debe ser absolutamente técnica. Creo que esta es una de las correcciones que debe hacerse (en la iniciativa) para perfeccionarla.”
La directora de Observatel, Irene Levy, es más contundente y afirma que la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal echa abajo la tesis de la autonomía plena y genera una “doble ventanilla”, tal como existe ahora entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
“Me parece escandaloso que el presidente pueda opinar previamente. Si tenemos un organismo autónomo, ¿para qué se le mete ese candado?”, se pregunta.
–¿Puede generar una presión política? –se le plantea.
–Sí, claro. Hay un riesgo de control político. Nos están engañando. No es cierto que el Ejecutivo renuncie a su facultad de intervenir en las licitaciones y concesiones.
Levy hace una analogía con el Instituto Federal Electoral para advertir el riesgo de la injerencia presidencial: “Pedirle una opinión previa no vinculante al Ejecutivo es tanto como si los consejeros del IFE le pidieran al presidente de la República su opinión antes de organizar las elecciones”.
Nuevo Frankenstein
Los siete comisionados del Ifetel no sólo tendrán atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; también absorberán todas las funciones de regulación en materia de competencia y de participación de monopolios que durante más de 15 años ha tenido la Comisión Federal de Competencia.
Serán responsables de otorgar y revocar concesiones, función que ahora compartirán con la “opinión no vinculante” del Ejecutivo federal.
También ordenarán la desincorporación de los activos de empresas; administrarán el espectro radioeléctrico de la nación; regularán la concentración y propiedad cruzada de los medios de comunicación; van a declarar a los “actores preponderantes en el mercado”; asignarán de manera “directa” las concesiones para uso público y social (no se prevén concesiones para uso comunitario o indígena) y fijarán los criterios para otorgar autorizaciones en el acceso de multiprogramación.
Por si estas funciones de eminente carácter técnico fueran pocas, los comisionados del Ifetel también se encargarán de tareas propias de especialistas en libertad de expresión y derecho a la información, como definir cuándo hay “publicidad integrada” en los contenidos de radio, televisión y telecomunicaciones; establecerán “mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”; regularán el derecho de réplica; tendrán atribuciones para determinar que la publicidad en radio y televisión “sea equilibrada”, y supervisarán que los contenidos de la programación dirigida a la población infantil “respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3º de la Constitución”, entre otras.
“El Ifetel propuesto es un Frankenstein con facultades gigantescas que al final dependen de la decisión del Ejecutivo, esto en virtud de que siempre existirá una opinión por parte de éste para todas las partes de la vida de las concesiones”, advierte Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México y abogado especializado en la materia.
Agrega que “es cierto que el artículo 28 afirma que la opinión del Ejecutivo federal será ‘no vinculante’, pero ¿quién le quiere decir ‘no’ al presidente?”.
Él observa otro riesgo grave: que la “captura” de los integrantes del Ifetel se realice antes de su elección y no después. Los siete integrantes serán propuestos por el Ejecutivo federal con ratificación del Senado de la República. Previamente, pasarán por la selección de un comité evaluador integrado por representantes del Banco de México, del Inegi y del Instituto de Evaluación Educativa.
“Por cierto, todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados del Ifetel serán inatacables”, indicó Padilla.
Tanto él como Levy encuentran otro problema con la configuración de un organismo con este nivel de decisiones: la reforma constitucional primero crea el Ifetel y luego generará la legislación secundaria que deberá estar lista a los 180 días siguientes de la publicación de la reforma constitucional, con lo que se crea un “vacío legal enorme”.
Como consecuencia, los poderosos integrantes del futuro Ifetel tendrán sólo seis meses para resolver lo relativo a la predominancia en monopolios, licitar las dos cadenas de televisión nacional que ordena la reforma e indicar qué agentes tienen o no prácticas monopólicas.
Un regulador, consultado por Proceso y que prefirió omitir su nombre, advierte que los procedimientos para un auténtico análisis técnico en materia de competencia no se realizan bien en seis meses. “Están colocando todos los huevos en la canasta del Ifetel. No establecen ningún organismo que haga contrapeso a sus decisiones porque absorberán las funciones que actualmente tiene la Comisión Federal de Competencia en materia de regulación en telecomunicaciones y, frente a esto, existe un gran riesgo de ‘captura’ del organismo por parte de los monopolios”, sintetiza.
Los monopolios en telecomunicaciones y en radiodifusión son los que más capturan a los órganos reguladores, advierte; “será una tragedia que no tengan contrapeso de ningún otro organismo autónomo, porque sus decisiones serán inatacables”. Y pone un ejemplo:
“Imaginemos que se fusionan Telcel y Telefónica, los dos gigantes en telefonía móvil, como ya sucedió con la fusión de Televisa y TV Azteca a través de su sociedad en Iusacell. Las autoridades de telecomunicaciones los van a autorizar porque privilegiarán la cobertura y no los criterios de competencia real. Sería una tragedia.”
Irene Levy también alerta que un elemento grave de la reforma constitucional es que se prohíbe la suspensión en todos los actos de la Ifetel:
“Sus decisiones se volverán actos de imposible reparación. Imaginemos: le revocan la concesión a alguna empresa y tiene que suspender de inmediato. Si no se incluye un procedimiento menos sumario, esto equivaldría a la denegación de la justicia”, explica.
Monopolio de TV beneficiado
Tal como está redactada la iniciativa de reforma constitucional, los más afectados de inmediato serán los monopolios de telecomunicaciones, como Telmex, y no los de radio y televisión, particularmente el Grupo Televisa, coincidieron varios especialistas consultados. El senador Javier Corral lo admitió claramente en la conferencia de prensa del martes 12:
“Creo sinceramente que la reforma en este tema no tiene simetría. Como que a la televisión se le ha cuidado, particularmente al agente dominante en televisión, que es Televisa, porque se está diciendo algo que después va a ser difícil de concretar y que la gente lo vea: que habrá una partición del monopolio actual de la televisión y que va a haber una desincorporación de activos.
“Como está redactada la iniciativa, los límites de concentración en materia de radiodifusión no darán para eso. Hay que tener cuidado con las falsas expectativas, porque el único límite que se impone es el del concesionamiento de frecuencias, nacional o regional, a diferencia de lo que se le impone a los agentes dominantes en materia de telecomunicaciones. En realidad, se dejan de regular los mercados más concentrados en televisión.”
Corral, como otros analistas, argumenta que para abrir la competencia en el mercado televisivo deben tomarse en cuenta el nivel de concentración en publicidad, distribución de contenidos, audiencias potenciales y zonas de cobertura geográfica. Estos criterios no están incluidos en la iniciativa.
Televisa tiene 70% de las concesiones de televisión, concentra el mismo porcentaje en mercado publicitario a nivel nacional y acapara más de 80% de los contenidos. La cadena del Canal 2 es la única con capacidad para llegar a 92% de los hogares del país.
A decir de Corral, en materia de desconcentración sólo se optó “por el futuro”: la licitación de dos nuevas cadenas nacionales y la posibilidad de otras siete cadenas regionales, “porque hay espectro y el proceso de conversión digital lo multiplica”.
La reforma constitucional ordena en uno de sus artículos transitorios que al culminar la llamada “transición digital”, el 31 de diciembre de 2015, tanto Televisa como TV Azteca están obligadas a devolver las frecuencias o “canales espejo” que les entregaron, para dejar libre la banda de 700 Mhz y ahí desarrollar una red nacional de banda ancha.
En el futuro negocio de la televisión nacional se menciona que varios grupos están interesados en las dos cadenas nacionales y en las posibles cadenas regionales: desde el propio Carlos Slim hasta su socio MVS (en Grupo Dish), de la familia Vargas; así como actores nuevos como Carlos Peralta, la familia Hank Rhon, el Grupo Femsa, de Monterrey, la familia Macsise del Estado de México, y el grupo Megacable, de Enrique Yamuni, con fuerte presencia en el occidente del país.
Otros empresarios interesados en competir en los campos de telefonía, televisión e internet son Tomás Milmo, concesionario de Axtel; Olegario Vázquez Raña, del Grupo Imagen; así como Alejandro Junco, del Grupo Reforma, y Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, la familia Cabada, de Canal 44 de Ciudad Juárez, y diversos grupos regionales.
En ninguno de los casos se alteran los intereses fundamentales de Televisa y TV Azteca. Por el contrario, en la reforma se estableció una “cláusula de exclusión” para que las reglas del must carry y del must offer, que obligan a retransmitir de manera gratuita las señales abiertas de televisión en los sistemas de televisión de paga y viceversa, no se otorguen al agente dominante en telecomunicaciones que tenga más de 50% del mercado, es decir, Telmex.
En el octavo transitorio de la iniciativa de reforma también se le deja al Ifetel la facultad de eliminar la gratuidad del must carry y del must offer:
“Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan contenidos de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos (cursivas propias). En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos.”
La única cláusula de exclusión dirigida a Televisa y a TV Azteca es que no podrán participar en las concesiones de nuevas frecuencias de televisión aquellos grupos que actualmente acumulen más de 12 Mhz de espectro (el equivalente a dos canales de televisión) o más en cualquier zona de cobertura geográfica.
“Paradójicamente, a Televisa le conviene la tercera y cuarta cadena de televisión porque disminuirá su porcentaje dominante en materia de concesión de frecuencias (70%)”, apunta Irene Levy.
Nuevo negocio
Escasamente analizado, el artículo transitorio décimo sexto de la reforma constitucional establece un nuevo negocio en materia de servicios de telecomunicaciones (internet de banda ancha y telefonía) que dependerá exclusivamente del Ejecutivo federal.
Ordena que éste, a través de dependencias y entidades competentes, instalará “una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo” utilizando al menos 90 Mhz del espectro liberado por la Transición Digital Terrestre (banda 700 Mhz), de los recursos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (que los impulsores de la iniciativa Internet Libre para Todos habían pedido para uso ciudadano) y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y operación de la red compartida”.
Esta nueva red “podrá contemplar inversión pública o privada”, es decir, puede ser una Asociación Pública Privada (APP), y su instalación comenzará “antes de que concluya el año 2014” –un año antes de las elecciones federales de 2015– y operará “antes de que concluya el año 2018”, es decir, antes de que termine el sexenio.
Se debe asegurar que en este nuevo consorcio no tenga influencia “ningún prestador de servicios de telecomunicaciones” y atenderá exclusivamente a “las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos”.
Pero en este nuevo negocio “público privado” no tendrá ninguna injerencia el Ifetel, el organismo autónomo que pretende “revolucionar” la actual regulación de los medios y las telecomunicaciones.
Más dudas que certezas
El engaño de los políticos a la ciudadanía es
mantener la retórica de que por poner algo en la Constitución, esto se
convertirá en realidad. Y el pasado lunes 11 volvió a suceder. El
presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de un importante séquito y de
los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de
la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional y
Partido Verde, con bombo y platillo anunció la iniciativa de reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (radio y
televisión abierta). Por su parte, la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados en su proyecto de “dictamen”
sólo hace una relatoría de lo que contiene la iniciativa y copia
íntegramente ésta, sin emitir razonamientos acerca de si está bien o no.
¿Será que la iniciativa que aparentemente tirios y troyanos aplauden es
tan positiva como se quiere hacer creer?
Instituciones. Se propone que las instituciones que sustituyan a las actuales Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y Comisión Federal de Competencia (Cofeco) sean órganos constitucionales autónomos, con personalidad y patrimonio propios.
La iniciativa del presidente en nada justifica por qué deben los propuestos Instituto Federal de Telecomunicaciones (Iftel) y la nueva Cofeco pasar de tener cinco a siete comisionados, aun cuando ello costará al menos 15 millones 804 mil 700 pesos al año, más impuestos, sin contar el costo del personal y estructura administrativa de cada comisionado, pues cada uno de ellos percibirá una remuneración igual a la de un ministro de la Suprema Corte.
El incremento sin justificación de comisionados sólo confirma que estas designaciones pretenden cubrir las cuotas de poder distribuidas entre PAN, PRD, PRI y los partidos pequeños. Por si fuera poco, la contradicción y burocracia de la iniciativa plantean que el Iftel sea independiente del Ejecutivo federal, pero para otorgar, revocar y autorizar cesiones de las concesiones se requiere opinión de éste. ¿Para qué? Si esta opinión no es vinculante como se dice, ¿para qué se requiere? Y si la opinión fuera vinculante, ¿dónde queda la autonomía?
¡Protejamos al Estado! Qué tan mal estará nuestro país que la iniciativa busca que la Constitución proteja al Estado, siendo que la Constitución surge precisamente por la razón contraria: Proteger a los gobernados frente al Estado. El Iftel y la futura Cofeco tendrán facultad incluso para ordenar a un grupo corporativo vender sus empresas o activos, pero éstos no podrán obtener la suspensión del acto de esas autoridades. Así que si después de un litigio de cinco o seis años la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la razón a los particulares, de nada les servirá por las pérdidas de ganancias y la imposible reparación.
Lo anterior revela que se asume que el Iftel y la Cofeco estarán integrados por seres divinos que nunca se equivocarán ni serán arbitrarios. Y si bien la creación de tribunales especializados es positiva, jamás podrá suplir la ineficiencia en la administración de justicia. Además de tribunales especializados se requiere que existan juicios sumarios que no excedan de seis a ocho meses, con lo cual las decisiones en uno u otro sentido serían oportunas.
Must offer. Ha sido reconocido y documentado por la propia Cofeco que para que una empresa de televisión de paga prospere, tiene que incluir las señales de los canales 2 y 5 de Televisa. Esta empresa antes podía discriminar si ofrecía sus canales estrella a las empresas de televisión de paga y en qué términos. No fue sino hasta ciertas resoluciones de la Cofeco y la validación del matrimonio Televisa-TV Azteca a través de la adquisición de su hoy hijo común Iusacell, cuando la Cofeco obligó a las televisoras a tener una oferta pública para la retransmisión de sus señales por las empresas de televisión de paga. En las ofertas se establece el costo por usuario que se tendrá que pagar. La iniciativa prevé esta obligación conocida como must offer por virtud de la cual las televisoras abiertas deben permitir gratuitamente la retransmisión de su señal. Sin embargo, esta obligación tiene una excepción con nombre y apellido: Telmex/Telcel.
Telmex/Telcel ya fueron declarados dominantes y la iniciativa prevé que éstos no podrán beneficiarse de la gratuidad de los contenidos. Es posible que esté justificada esta excepción, no lo sé, pero la iniciativa debió presentar a la ciudadanía los motivos para la excepción.
Producción independiente. Más que una reforma a la Constitución, la iniciativa parece una ley detalladísima, salvo en lo que pudiera contribuir a la pluralidad, como el caso de la producción independiente. Ésta implicaría que personas ajenas a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio puedan difundir sus creaciones en dichos medios. La producción independiente bien definida daría nuevo aliento a la creatividad mexicana en lugar de que sigamos siendo consumidores de lo que las propias televisoras producen en sus estudios endogámicamente. ¿Por qué no especificó la iniciativa que las televisoras deberán incluir producciones independientes en determinado porcentaje y algunas en horario estelar? ¿Se estará esperando que sea una Ley Televisa II en la que se mutiló negativamente la definición de producción independiente en beneficio de las televisoras?
* Excomisionada jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
claraluzalvarez@gmail.com
telecomysociedad.blogspot.com
Instituciones. Se propone que las instituciones que sustituyan a las actuales Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y Comisión Federal de Competencia (Cofeco) sean órganos constitucionales autónomos, con personalidad y patrimonio propios.
La iniciativa del presidente en nada justifica por qué deben los propuestos Instituto Federal de Telecomunicaciones (Iftel) y la nueva Cofeco pasar de tener cinco a siete comisionados, aun cuando ello costará al menos 15 millones 804 mil 700 pesos al año, más impuestos, sin contar el costo del personal y estructura administrativa de cada comisionado, pues cada uno de ellos percibirá una remuneración igual a la de un ministro de la Suprema Corte.
El incremento sin justificación de comisionados sólo confirma que estas designaciones pretenden cubrir las cuotas de poder distribuidas entre PAN, PRD, PRI y los partidos pequeños. Por si fuera poco, la contradicción y burocracia de la iniciativa plantean que el Iftel sea independiente del Ejecutivo federal, pero para otorgar, revocar y autorizar cesiones de las concesiones se requiere opinión de éste. ¿Para qué? Si esta opinión no es vinculante como se dice, ¿para qué se requiere? Y si la opinión fuera vinculante, ¿dónde queda la autonomía?
¡Protejamos al Estado! Qué tan mal estará nuestro país que la iniciativa busca que la Constitución proteja al Estado, siendo que la Constitución surge precisamente por la razón contraria: Proteger a los gobernados frente al Estado. El Iftel y la futura Cofeco tendrán facultad incluso para ordenar a un grupo corporativo vender sus empresas o activos, pero éstos no podrán obtener la suspensión del acto de esas autoridades. Así que si después de un litigio de cinco o seis años la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la razón a los particulares, de nada les servirá por las pérdidas de ganancias y la imposible reparación.
Lo anterior revela que se asume que el Iftel y la Cofeco estarán integrados por seres divinos que nunca se equivocarán ni serán arbitrarios. Y si bien la creación de tribunales especializados es positiva, jamás podrá suplir la ineficiencia en la administración de justicia. Además de tribunales especializados se requiere que existan juicios sumarios que no excedan de seis a ocho meses, con lo cual las decisiones en uno u otro sentido serían oportunas.
Must offer. Ha sido reconocido y documentado por la propia Cofeco que para que una empresa de televisión de paga prospere, tiene que incluir las señales de los canales 2 y 5 de Televisa. Esta empresa antes podía discriminar si ofrecía sus canales estrella a las empresas de televisión de paga y en qué términos. No fue sino hasta ciertas resoluciones de la Cofeco y la validación del matrimonio Televisa-TV Azteca a través de la adquisición de su hoy hijo común Iusacell, cuando la Cofeco obligó a las televisoras a tener una oferta pública para la retransmisión de sus señales por las empresas de televisión de paga. En las ofertas se establece el costo por usuario que se tendrá que pagar. La iniciativa prevé esta obligación conocida como must offer por virtud de la cual las televisoras abiertas deben permitir gratuitamente la retransmisión de su señal. Sin embargo, esta obligación tiene una excepción con nombre y apellido: Telmex/Telcel.
Telmex/Telcel ya fueron declarados dominantes y la iniciativa prevé que éstos no podrán beneficiarse de la gratuidad de los contenidos. Es posible que esté justificada esta excepción, no lo sé, pero la iniciativa debió presentar a la ciudadanía los motivos para la excepción.
Producción independiente. Más que una reforma a la Constitución, la iniciativa parece una ley detalladísima, salvo en lo que pudiera contribuir a la pluralidad, como el caso de la producción independiente. Ésta implicaría que personas ajenas a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio puedan difundir sus creaciones en dichos medios. La producción independiente bien definida daría nuevo aliento a la creatividad mexicana en lugar de que sigamos siendo consumidores de lo que las propias televisoras producen en sus estudios endogámicamente. ¿Por qué no especificó la iniciativa que las televisoras deberán incluir producciones independientes en determinado porcentaje y algunas en horario estelar? ¿Se estará esperando que sea una Ley Televisa II en la que se mutiló negativamente la definición de producción independiente en beneficio de las televisoras?
* Excomisionada jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
claraluzalvarez@gmail.com
telecomysociedad.blogspot.com
El sistema, contra sus propias creaturas
El funcionario estuvo acompañado por Carlos Slim Domit, hijo del principal accionista de América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones que controla las dos principales compañías de telefonía en México: Telmex y Telcel. El recorrido se hizo con el fin de eliminar desacuerdos entre el gobierno federal y el magnate.
La tensión entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Carlos Slim Helú se incrementó cuando el accionista de Telmex abandonó días antes Los Pinos, tras una agria discusión con el presidente.
Slim reclamó que el proyecto de reforma constitucional para telecomunicaciones lo afectaba más a él que a Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, el pilar del otro monopolio en televisión abierta y restringida en México, con quien sostiene una guerra abierta desde 2011.
El borrador del texto de la reforma le confería facultades al nuevo órgano regulador para desagregar activos y declarar la dominancia de más de 50% del mercado a las dos principales subsidiarias de América Móvil. Además, mantenía el candado para que el must carry y el must offer no se ofreciera a empresas con ese mismo porcentaje de dominio del mercado.
En otras palabras, argumentaron Slim y sus principales asesores, la reforma tenía una “clara dedicatoria” al magnate de las telecomunicaciones, ya que no afectaba de igual forma a su exsocio y actual competidor, Grupo Televisa, asociado desde el año pasado con Grupo Iusacell, de TV Azteca.
El domingo 10, Azcárraga Jean también hizo una visita sorpresiva a Palacio Nacional. Los testigos relatan que llegó con una carpeta de papeles. Se reunió también con Videgaray, auténtico artífice y redactor de buena parte de las medidas de desconcentración económica de la reforma.
Como a Slim, el secretario de Hacienda tuvo que convencer a Azcárraga Jean de que la reforma no lo iba a afectar tanto. Y era cierto. Los criterios para ordenar medidas a fin de eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia, así como para “ordenar la desincorporación de activos”, establecidos en la reforma al artículo 28 constitucional, privilegió criterios de servicios de telecomunicaciones (tarifas, porcentaje de usuarios, interconexión, etcétera) y no los propios de los servicios de radiodifusión (concentración de concesiones, publicidad, audiencia y producción y distribución de contenidos).
El “candado” regulador que afectaba más a Grupo Televisa y a su socio TV Azteca establece que ninguno de ellos podía participar en ninguna nueva licitación de televisión abierta si tenían más de 12 MHz. Ambos poseen más de tres canales de televisión (cada uno tiene 6 MHz).
De última hora, Azcárraga Jean logró frenar la posibilidad, planteada en el Consejo Rector, de que también se abriera al 100% la inversión extranjera en radio y televisión. Argumentó que son mercados distintos. Y consiguió que se mantuviera el límite de 49% de inversión foránea.
La incomodidad de los dos principales monopolios en telecomunicaciones y en radiodifusión frente a la reforma por venir fue frenada con promesas y acuerdos que aún no están del todo claros.
Caída en la bolsa
Paradójicamente, la reforma que va a afectar a los monopolios fue “saludada” por Grupo Televisa y por América Móvil, así como por otros agentes que pretenden competir en el mercado, como Grupo MVS, que acabó enfrentado con el gobierno de Felipe Calderón por el “rescate” de la banda 2.5 GHz.
Grupo Televisa, poseedor de 70% de las concesiones en televisión abierta, 60% de los suscriptores en la industria por cable y que acapara más de 50% del mercado publicitario nacional y de la producción y distribución de contenidos, emitió un comunicado para anunciar que continuará con sus inversiones.
“Grupo Televisa ha realizado inversiones importantes y se ha preparado para competir ahora en un campo más parejo, con nuevas reglas del juego, como las que contempla la reforma que toma en consideración las asimetrías existentes en el sector”, afirmó el comunicado del lunes 11.
Desde la mañana, a través de su cuenta de Twitter, Azcárraga Jean escribió: “Ya se presentó la #ReformaTelecomunicaciones. Tiempo de grandes retos y también de oportunidades. Bienvenida la competencia”.
Durante las primeras horas posteriores al anuncio de la reforma, realizado por el jefe del Ejecutivo en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, América Móvil mantuvo un extraño silencio; finalmente, en un escueto comunicado difundió que recibía “con beneplácito” la iniciativa de reformas constitucionales y “celebraba la apertura de una nueva etapa” en el desarrollo del sector.
La empresa más poderosa en telecomunicaciones, que controla 70% del mercado de telefonía móvil, 80% de telefonía fija y 71% del internet alámbrico en México, afirmó que daba la bienvenida, como lo ha planteado en varias ocasiones, “al incremento de la participación al 100% de la inversión extranjera en telecomunicaciones, factor necesario para incrementar la demandante inversión, tanto local como externa, que requiere el sector”.
A pesar del beneplácito de ambos actores dominantes, el mercado bursátil opinó lo contrario: las acciones de América Móvil disminuyeron 2.64% ese mismo día y las de Televisa 1.36%.
Tres días después, la más afectada fue América Móvil, al acumular un decremento de casi 13%, mientras que sus acciones en el mercado bursátil de Estados Unidos disminuyeron 11.4%. Esta baja representó una pérdida de 9 mil 201.43 millones de dólares para América Móvil, superiores a los 7 mil 500 millones de dólares que obtuvo la compañía por concepto de utilidades en 2012.
A su vez, Televisa tuvo un retroceso de 3.1% en el valor de sus acciones, que representaron pérdidas por 678.5 millones de dólares, mientras que los títulos de TV Azteca descendieron 5.1%, lo cual equivale a una pérdida de 76.4 millones de dólares.
La historia
La historia de los dos grandes monopolios de radiodifusión y telecomunicaciones en México muestra que su crecimiento, expansión y privilegios sólo fueron posibles a través de decisiones presidencialistas. Y lejos de afectar o aminorar su poder, cada reforma los ha fortalecido.
En especial, la historia de Grupo Televisa va de la mano con el monopolio del poder político y del control de la opinión pública en la era dorada del PRI. La primera concesión televisiva se dio cuatro años después de la fundación del Revolucionario Institucional, al inicio del sexenio de Miguel Alemán, “el cachorro de la revolución”.
En el alemanismo se otorgaron las tres primeras grandes concesiones de televisión pública que posteriormente se fusionaron en Telesistema Mexicano, dirigido por Emilio Azcárraga Vidaurreta, El León, cabeza de la dinastía que ha dominado este mercado.
En 1950 se le otorgó a Rómulo O’Farrill la concesión de XHTV, Canal 4; en 1951 a Azcárraga Vidaurreta la de XEW TV, Canal 2, y en 1952 al ingeniero Guillermo González Camarena, creador de la televisión a color y considerado una especie de prestanombres del alemanismo, la concesión de XHGC Canal 5. Un lustro después, las tres señales se fusionaron para crear Telesistema Mexicano.
En 1973, tras el fallecimiento de Emilio Azcárraga Vidaurreta, su hijo Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, se quedó al frente de Telesistema. Tras un primer enfrentamiento con el presidente Luis Echeverría Álvarez, quien amenazó incluso con suprimir las concesiones, la empresa de Azcárraga Milmo quedó más fortalecida. Absorbió la concesión de XHTMTV Canal 8 y se creó Televisión vía Satélite (Televisa), inicio del verdadero imperio televisivo de los Azcárraga.
Durante los ochenta, El Tigre logró la expansión y consolidación de Grupo Televisa. Se convirtió no sólo en el auténtico “quinto poder”, sino en el vocero del sistema. “Soy un soldado del PRI”, se justificó cuando se le criticó en 1986 su cobertura sesgada a favor del fraude electoral en Chihuahua.
El mejor sexenio para Azcárraga Milmo fue el de Carlos Salinas de Gortari, el mismo presidente que ofreció oponer una competencia al poder de Televisa, cuando ordenó la licitación de las señales del Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), que en 1993 fue vendida al empresario de electrodomésticos Ricardo Salinas Pliego. La operación fue criticada y luego se confirmó que hubo inversión del “hermano incómodo” del presidente, Raúl Salinas de Gortari.
Salinas también decidió licitar en 1990 las acciones de Teléfonos de México para dárselas a Carlos Slim, un hábil inversionista financiero beneficiado con la burbuja bursátil de 1986-1987. Asociado con South Western Bell, France Telecom y empresarios mexicanos, Slim ganó la licitación para adquirir 10.4% del capital social de la empresa que pronto se convirtió en una auténtica “mina de oro”.
Durante décadas Telmex fue la única compañía con cobertura nacional en materia de telefonía. En septiembre de 2000 realizó la escisión de sus negocios de celulares y creó la empresa América Móvil, controladora de Radiomóvil Dipsa, de Telcel.
A partir del dominio de la telefonía fija, sin ningún órgano regulador que realmente pusiera contrapeso a su crecimiento y a sus tarifas, la expansión de la telefonía celular de Slim fue exponencial. En 1992 sólo tenía 146 mil usuarios y 10 años después, en 2002, los clientes de Telcel llegaron a 17 millones; para 2012 sumaron 65 millones.
Paradójicamente, un “candado” para evitar que Emilio Azcárraga Milmo adquiriera Telmex se convirtió en el origen del conflicto entre la compañía telefónica y la televisiva durante los últimos seis años. En la cláusula 1.9 del título de concesión de Telmex se le prohíbe a esta empresa dar servicios de televisión restringida. Y hasta ahora no se ha podido cambiar esta restricción.
En 1997 falleció El Tigre y el presidente Ernesto Zedillo operó para que al frente de Grupo Televisa quedara Emilio Azcárraga Jean, El Tigrillo. El gobierno federal apoyó para evitar la insolvencia financiera de Grupo Televisa, le condonó deudas fiscales y permitió que el heredero de El Tigre pasara de tener 10% a 50.1% del control accionario de la compañía.
Con la intención de regular el poder dominante de Slim, el gobierno de Zedillo decretó una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el órgano regulador que nació débil y sin capacidad para frenar los millonarios intereses del sector.
Complicidades
Los 12 años de la alternancia del PAN en la Presidencia de la República no afectaron en lo más mínimo a los dos grandes consorcios. Por el contrario, Slim se volvió el hombre más rico del mundo durante este periodo, y Azcárraga Jean dejó de ser un “soldado del PRI” para proclamar desde 2004 que “la democracia es un buen negocio” y Televisa se benefició ampliamente al convertir la competencia partidista en un mercado de control de los contenidos.
La promesa de una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, discutida en el seno de la Secretaría de Gobernación entre 2001 y 2002, abortó con el famoso decretazo de octubre de 2002. El gobierno de Vicente Fox y de Marta Sahagún cedió por completo a las presiones y demandas de Televisa.
En diciembre de ese año, TV Azteca se apropió mediante la fuerza de la señal de Canal 40, en el episodio conocido como El Chiquihuitazo. La reacción de Fox ante el uso ilegal de grupos armados propios para quedarse con esta concesión de televisión metropolitana no pudo ser más reveladora de la debilidad o la complicidad presidencial.
“¿Y yo por qué?”, respondió Fox cuando le preguntaron por qué no intervino su gobierno en el aparatoso operativo de la gente de Ricardo Salinas Pliego.
En 2004, el gobierno foxista prorrogó hasta 2021 las concesiones de Televisa y de TV Azteca. En 2005 le entregó 130 permisos al consorcio de Azcárraga Jean para que entrara al negocio de los centros de apuestas, y en 2006 avaló la contrarreforma conocida como Ley Televisa, aprobada en menos de 15 minutos y sin discusión previa en la Cámara de Diputados.
El gobierno de Felipe Calderón decidió beneficiar abiertamente a Grupo Televisa y a su socio TV Azteca, a cambio de que ambos consorcios lo apoyaran en su cruzada contra el narcotráfico y no revivieran la crisis de legitimidad con la que llegó al poder en 2006.
A cambio, propició una ruptura entre las televisoras y el consorcio de Carlos Slim. Detuvo durante un sexenio el ingreso de Telmex al mercado del triple play, mientras que Televisa se convirtió en este periodo en el agente dominante también en el mercado de televisión restringida: adquirió Cablemás, TVI, fortaleció Cablevisión y Sky hasta llegar el dominio de más de 50% de este mercado.
Al término de su sexenio, Calderón aprobó dos medidas polémicas: la fusión de Televisa y Iusacell, compañía de Ricardo Salinas Pliego, con lo que el duopolio televisivo se convertiría en un solo bloque, y “rescató” los 190 MHz de la banda 2.5 GHz. que controlaba en su mayoría el Grupo MVS, de Joaquín Vargas, en medio de un escándalo público sobre presiones gubernamentales.
El gobierno de Peña Nieto inició con la promesa de regular los monopolios, acabar con los “poderes fácticos” y alentar la competencia. La sombra de un presidencialismo que acabó por beneficiarlos, en lugar de reglamentarlos, está presente de nuevo.
jueves, marzo 21, 2013
Reacomodo de fichas
John M. Ackerman
El beneplácito de la plutocracia mexicana a la propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones no debería sorprender a nadie. Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, Joaquín Vargas y los otros magnates mediáticos son los que más se beneficiarán de los jugosos nuevos negocios que se crearían a raíz de la reforma. Las modificaciones legales también permitirán a Enrique Peña Nieto manejar a su antojo un enorme botín de nuevas licitaciones, contratos y nombramientos para pagar favores a sus amigos y cooptar a sus rivales. En suma, la iniciativa no genera una coyuntura favorable para una redistribución democrática de poder, sino solamente para un reacomodo de fichas en el mismo tablero de siempre.
(más…)
domingo, marzo 03, 2013
Peña y partidos van contra Slim, Azcárraga y Salinas Pliego: WSJ
1 DE MARZO DE 2013
MÉXICO, D.F. - El gobierno de Enrique Peña Nieto y los tres principales
partidos políticos, PRI, PAN y PRD negocian amplias reformas
constitucionales para acabar con los monopolios de Carlos Slim, Emilio
Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con un reportaje
publicado por The Wall Street Journal.
El diario estadunidense destaca que los negociadores ultiman los
detalles de las medidas, que fortalecerían a los reguladores del
gobierno, subastarían dos nuevas cadenas nacionales de televisión y
eliminarían las restricciones a la inversión extranjera en telefonía
fija, entre otros pasos.
domingo, abril 08, 2012
¿Tú crees en Televisa? ¡Yo tampoco!
Televisa, el monopolio millonario, enemigo de los maestros y de la educación pública
1. “¡De Panzazo! El drama de la educación en México”, es una película hecha por Televisa y su principal locutor Carlos Loret de Mola. Presenta una variedad periodística de temas sobre educación, deforma a su manera el asunto y no logra plantear el problema educativo real que no es culpa particular de Calderón, de Esther Gordillo, de los profesores, los estudiantes o los padres de familia, sino de toda una estructura económica y política capitalista de la que nadie habla por profunda ignorancia o por así convenirle. La gente tonta –para no decir imbécil- siempre busca culpabilidad individual para no tener el trabajo de explicarse más los problemas. Antes de Calderón, de la Gordillo, de Vázquez Mota, de Lujambio, los problemas educativos eran parecidos y después que dejen el poder van a continuar si no hay una transformación radical. Todos ellos son funcionarios nefastos, que deberían estar en la cárcel por ineficaces, pero son sólo parte de la estructura.
2. ¿No es caso abstracto hablar de “estructura económica y política capitalista” porque no se culpa a nadie en lo individual? Hemos tenido presidentes de la República, líderes sindicales charros, secretarios de educación, cada sexenio y las cosas siguen igual (peor o menos peor). Allí están los mismos maestros y sus condiciones de trabajo y de vida; los mismos alumnos con o sin desayuno y dinero; los mismos padres de familia sin estudios o sin trabajo. ¿No es acaso todo eso y mucho más lo que en conjunto forma la estructura que determina sobre la educación? O, acaso puede Televisa -como siempre lo hace- culpar a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia, de su faltismo, su incapacidad, su irresponsabilidad, de los problemas educativos? El pobre Loret de Mola, como agente de Televisa puede decir como reportero en la película lo que le venga en gana, pero todo lo que haga no servirá para analizar bien la
educación.
3. La estructura educativa tiene que ver con la política educativa que se aplica, el presupuesto económico que se destina, con la forma de su distribución, con la situación económica del hogar de los estudiantes, los el empleo y los ingresos de los padres de familia, con la situación económica y sindical de los maestros, con los programas de capacitación o nivelación que reciben, con los métodos educativos, con las condiciones materiales de las escuelas; en fin, con todo el contexto en que se desarrolla el hecho educativo. ¿Qué pasa si las autoridades de educación son incapaces, si el liderazgo sindical no permite la unidad, si los profesores no reciben los salarios y las prestaciones adecuadas, si los estudiantes acuden sin comer a la escuela y los padres de familia por ignorancia y falta de trabajo tratan mal a sus hijos estudiantes? La educación es todo un contexto en el que si algo falla, se hace deficiente.
4. ¿Qué puede decir Televisa si combate, calumnia, denuncia, todas las manifestaciones, los paros, las protestas de los maestros y trabajadores en el país? En vez de informar de los derechos, las peticiones, las demandas de los trabajadores, entra a cualquier nota defendiendo a la empresa. ¿Por qué antes de decir cuantos niños o jóvenes pierden clases porqué antes no informa cuales son los motivos profundos de los paros? ¿Por qué antes de calumniar a un pobre trabajador que se roba una cartera no explica las causas del problema y del desempleo en la nación? Televisa es una poderosa empresa capitalista cuya única misión es ganar dinero y para ello hizo la película: no para explicar con verdad lo que pasa en educación sino para hacer propaganda contra los profesores y, sobre todo, para ganar dinero. Y para ello el pobre Loret está muy bien puesto en el oficio de vocero de esa empresa.
5. Los maestros no son unos santos, pero entre los dos millones de enseñantes hay buenos y malos maestros, así como en otras profesiones. Seguramente como los curas y los médicos, desde los años 20 hasta los 60 los profesores rurales tenían mucha más vocación y entrega que los actuales profesores urbanizados; pero ello no lleva a decir que aquellos eran mejores que los actuales; tampoco a pensar que fueron los maestros quienes cambiaron la vida. ¿Puede olvidarse que la sociedad capitalista de rural se hizo urbana, de agraria se hizo industrial, de unos miles de habitantes se transformó a millones? Así que explicar el problema educativo pensando en los maestros en lo individual o como grupo, olvidando que profesores, estudiantes, padres de familia, autoridades son un todo estructural, es no tener la menos idea de lo que se hace. Pero Televisa no tiene ideas, tiene intereses.
6. ¿Qué puede decir un monopolio televisivo –cuya única misión es deformar la realidad y hacer dinero- ante los hechos escolares y educativos que se desarrollan en el país, cuyos protagonistas principales son los estudiantes, los profesores y los padres de familia? Azcárraga Milmo dijo y reiteró que la misión de los programas televisivos de su empresa Televisa no son educar sino entretener y que para educar está la secretaría de Educación; dijo Televisa que sólo entretiene a un pueblo ignorante que necesita descansar, reír y divertirse después del trabajo. Y con esas declaraciones no mentía o sólo se burlaba uno de los millonarios más grandes en México; sólo decía de manera cínica su verdad: mientras más ignorante de sus derechos es un pueblo con mayor facilidad se le explota y se le somete. ¿Cuántos negocios hace Televisa? Telenovelas, novelas, revistas, libros, estadios de fútbol, equipos, y…
películas.
7. ¿Tú crees en Televisa? ¡Yo tampoco! ¿Cómo creerle a sus locutores, comentaristas, publicaciones, si todo lo que hace responde siempre a intereses empresariales y de gobierno? ¿Sabes cuántas manifestaciones diarias de trabajadores –con los puños en alto- llevan sus protestas frente a las oficinas de la empresa para reclamarle sus calumnias y mentiras? Por eso los profesores de la CNTE, la APPO oaxaqueña, los electricistas, los mineros y todo tipo de manifestación de trabajadores, han tomado la calle de Chapultepec –donde está ubicado el enorme edificio de Televisa- como escala obligatoria de protesta contra la empresa. Crecerán las protestas por la exhibición de esa película “De panzazo” que se proyecta en centenares de salas por la interpretación maniquea de la educación. Pero qué bajó cayó Loret de Mola, pero al contrario cuantos millones se ha embolsado.
Blog: http://pedroecheverriav.wordpress.com
Correo: pedroe@cablered.net.mx
domingo, marzo 11, 2012
Televisa y MVS: un competidor, un enemigo
Un competidor, un enemigo
Televisa ha presionado a las autoridades de telecomunicaciones para que no refrenden los títulos de concesión a MVS en la banda de 2.5 Ghz, idónea para ofrecer Internet de banda ancha, televisión restringida y telefonía. El problema es que MVS osó desafiar a Sky, la filial de televisión restringida de Televisa, al crear el Grupo Dish. Y quién lo dijera: Televisa reclama ahora que la SCT asuma plenamente sus atribuciones de regulador del uso del espectro radioeléctrico y “reordene” la banda de modo que sólo le sea rentable al duopolio televisivo.
Emilio Azcárraga, presidente de Televisa.“Emilio se va a molestar”, comentó demudado Felipe Calderón. La referencia al presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, era clara. Calderón se acababa de enterar de que el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, había estampado su firma en un documento para comprometerse a autorizar un modelo de servicio conocido como must carry de manera no condicionada.
Dicho must carry no debía derivar en las “ventas atadas” de las señales de televisión restringida y sí permitir la retransmisión de señales de televisión abierta en sistemas de televisión restringida sin que se considerara un “robo de señal” o una violación de derechos de autor por las dos grandes compañías de televisión abierta, Televisa y TV Azteca.
Eran inicios de 2008. Dos empresarios buscaban competir en los servicios de televisión directa vía satélite (DTH) con Sky, filial de Televisa, la compañía más redituable del consorcio, con un crecimiento anual neto de entre 11 y 19%.
El primer competidor era Joaquín Vargas, concesionario de MVS, que desde 2006 había amarrado inversiones por cerca de 500 millones de dólares con la compañía estadunidense EchoStar para lanzar un sistema de televisión satelital de bajo costo. El otro era Alejandro Burillo Azcárraga, del Grupo Pegaso y primo de Azcárraga Jean, quien en julio de 2007 anunció que lanzaría un sistema similar al de Sky con inversiones por 150 millones de dólares y con un servicio de must carry competitivo.
Ambos grupos competidores buscaban evitar que Televisa les bloqueara el acceso a sus canales de televisión abierta, como lo hizo con DirecTV, que salió del mercado a finales de la década de los noventa. Además, planeaban un ambicioso proyecto de triple play, es decir, ofrecer servicios de internet de banda ancha, televisión restringida y telefonía a través de estos sistemas. Para eso era indispensable el must carry.
El Grupo Pegaso pospuso su proyecto sin dar mayores explicaciones. Su vicepresidente, Alejandro Orvañanos, había señalado en entrevistas de prensa que con este nuevo modelo de DTH podrían arrebatarle a Sky hasta 12% de suscriptores durante el primer año.
Después de múltiples peripecias, MVS anunció a mediados de 2008 que, en franca competencia con Sky, lanzaría Grupo Dish en alianza con EchoStar, proveedora de servicio satelital, y con Telmex, de Carlos Slim, para los servicios de facturación. Las inversiones disminuyeron a la mitad: de los 500 millones de dólares iniciales, quedaron entre 250 y 300 millones de dólares para ofrecer un servicio de televisión orientado al sector de “ingresos bajos”, con un costo mensual promedio de 150 a 200 pesos.
“Esta asociación entre MVS y EchoStar hace posible, para un gran sector de la creciente población en México, el recibir una barra atractiva de todos los canales de televisión digital a un precio accesible”, comentó Charlie Egan, presidente del Consejo de EchoStar Corporation.
La reacción contra el Grupo Dish no se hizo esperar. La Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec) acusó a Telmex de violar su título de concesión, que prohibía ofrecer servicios de televisión restringida. La entonces subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, declaró el 12 de noviembre de 2008 que si la alianza era sólo una estrategia comercial “no necesariamente incurriría en una evasión a su título de concesión”. Al día siguiente el titular de la Canitec, Alejandro Puente, acusó a Carpinteyro de hacer declaraciones “irresponsables” y de mantener una “complicidad” con Telmex.
En diciembre de 2008 el Grupo MVS anunció que también incorporaba a la periodista Carmen Aristegui como conductora de su noticiario estelar en la radio, a partir de 2009. Tras su abrupta salida de WRadio, Aristegui estaba señalada por Televisa como adversaria de sus intereses.
Televisa revivió, el 29 de enero de 2011, una denuncia contra la sociedad formada por MVS y Telmex en el Grupo Dish. Ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) calificó esta alianza como una “simulación” para darle la vuelta a la negativa de la SCT a cambiarle el título de concesión a Telmex. La CFC afirmó que el asunto ya estaba resuelto desde 2009, cuando autorizó la operación del Grupo Dish.
El litigio de la banda 2.5 Ghz
En paralelo, MVS buscó desde inicios de sexenio concretar la sociedad con Intel y Clearwire, dos compañías extranjeras proveedoras de servicios de internet inalámbrico de banda ancha, para utilizarlo en la banda 2.5 Ghz, donde la compañía de Joaquín Vargas había acumulado desde 1984 casi 190 Mhz. Algunos títulos los obtuvo por licitación, otros los ganó en subastas y algunos más los compró a otros concesionarios.
La osadía de plantear una competencia directa a Sky generó una nueva fractura entre MVS y Televisa. El 11 de diciembre de 2008, un mes antes de que iniciara el servicio del Grupo Dish, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) le negó a MVS el refrendo de varios títulos de concesión en la banda 2.5 Ghz, contraviniendo la autorización que la misma comisión había otorgado en anteriores resoluciones.
El rechazo de las autoridades a refrendar estas concesiones se agudizó entre 2010 y 2011. En febrero del año pasado, a raíz de la salida temporal de Carmen Aristegui de su noticiario en MVS, la periodista ventiló en conferencia de prensa que detrás de su caso estaban las presiones del gobierno federal para no refrendarle las concesiones de la banda 2.5 Ghz a la empresa de Joaquín Vargas (Proceso 1789).
La disputa por estos refrendos llegó hasta diciembre de 2011, cuando la SCT, ahora bajo el mando de Dionisio Pérez-Jácome Friscione, le notificó a la empresa de Joaquín Vargas que se le negaba la prórroga de tres de los 20 títulos de concesión vencidos en esa banda, destinada a los servicios de cuádruple play.
El comunicado de la SCT, distribuido apenas el pasado viernes 2, informaba también que las pláticas con MVS “para lograr un reordenamiento ágil y coordinado de la banda 2.5 Ghz” no habían fructificado. Por tanto, “esta dependencia procedió a negar las prórrogas de las concesiones vencidas, tal y como se informó en la conferencia de prensa el pasado 31 de enero”.
Dos días después, el domingo 4, MVS calificó de “infame” que Javier Tejado Dondé, director de Información y asesor jurídico de Televisa, hubiera divulgado antes esta información de la SCT y recordó que la compañía mantiene casi 90 litigios de amparo para salvaguardar sus derechos en esta banda.
El miércoles 7, MVS publicó en la mayoría de los periódicos capitalinos un desplegado donde acusó directamente a Televisa de ser la artífice de la negativa de la SCT y de la Cofetel para reasignar las concesiones de las que es titular la compañía de Joaquín Vargas.
Televisa respondió, en otro comunicado, que no tiene ningún litigio jurídico contra MVS-Comunicaciones respecto de la banda en cuestión, y acusó a su competidor de usar como “excusa para cubrir sus deficiencias jurídicas y de negocios, supuestos conflictos con Grupo Televisa”.
La compañía de Emilio Azcárraga Jean aprovechó el comunicado para establecer lineamientos, como si Televisa fuera el organismo regulador de las telecomunicaciones:
“Nadie ha podido autorizar el proyecto de MVS pues: violenta la normatividad nacional, incluida varias decisiones de la Suprema Corte; evade varias recomendaciones de organismos internacionales; niega que los mexicanos reciban un pago justo por el uso de la mayor cantidad de un bien de dominio público (el espectro radioeléctrico) que tenga cualquier operador de telecomunicaciones en México.
“En todo el mundo esta banda (2.5 Ghz) se está ordenando justo para que haya más competencia y no monopolios como el que MVS quiere formar”, sentenció Televisa en su comunicado.
En esta guerra de comunicados, MVS respondió que Televisa mentía porque “ha realizado gestiones para obstruir la competencia”, y cita como “claro ejemplo” la solicitud de Cablevisión y las gestiones que ha realizado esta compañía con el gobierno “para que no se renueven las concesiones de las que MVS es titular”.
MVS consideró que el verdadero litigio no es por la banda 2.5 Ghz, sino por la competencia que ha planteado el Grupo Dish en el mercado de la televisión satelital:
“Ante la pérdida de mercado que han tenido en TV restringida, han promovido diversos recursos jurídicos para eliminar a Dish México del mercado, con lo que pretenden que sus abogados suplan sus deficiencias como empresarios.”
“En materia de negocios, Televisa sólo es exitosa cuando navega en las turbias aguas del monopolio. Ellos no saben ni quieren competir”, sentenció MVS.
“Línea” de Televisa al gobierno
El 10 de julio de 2008 llegó a las oficinas de Luis Téllez, entonces titular de la SCT, un extenso documento enviado por Cablevisión, la otra filial de Televisa en televisión por cable, en el que demanda el “reordenamiento” de la banda 2.5 Ghz.
En su parte medular, el documento de 17 cuartillas, firmado por Jean Paul Broc, directivo de Cablevisión, pedía que la SCT retirara los títulos de concesión que MVS detentaba en la mencionada banda, que suman cerca de 190 Mhz, una cantidad muy importante de espectro radioeléctrico. Y calculó el valor actual de esa banda, detentada por MVS y Ultravisión:
“El gobierno mexicano podría obtener de una eventual licitación de esta banda un valor económico aproximado de mil 439 millones de dólares”, afirmaba Cablevisión en ese texto, que actualmente se encuentra en la página electrónica de MVS.
Cablevisión argumentó que, en su momento, las concesiones en la banda 2.5 Ghz eran para prestar “exclusivamente servicios de televisión y audio restringido de microondas”. La revaloración de esta banda, ahora para servicios de cuádruple play, obligaba a que los concesionarios, léase MVS, pagaran una nueva contraprestación o el Estado les negara el refrendo para que se “reordenara” el uso de este espectro.
Como si dieran órdenes a la autoridad reguladora, los abogados de Cablevisión le señalaron al titular de la SCT: “Como se ha visto, hay un uso ineficiente del espectro radioeléctrico concesionado, o en otras palabras, hay espectro ocioso que tiene un valor económico, cuya falta de aprovechamiento representa un alto costo social. Por ello, es indispensable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reasigne este recurso escaso con criterios de eficiencia y óptimo aprovechamiento.
“Adicional a lo anterior, deben señalarse los efectos nocivos que tiene en el mercado de banda ancha el que un solo concesionario concentre 190 Mhz. Si se considera que en la banda de frecuencias 3.4-3.7 Ghz a licitarse próximamente, se asignarán tres bloques de 50 Mhz cada uno, mismos que serán disputados por varios interesados durante el proceso de licitación respectivo, previa opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia, resulta evidente que 190 Mhz representan casi cuatro veces el ancho de banda máximo a que cualquier aspirante pueda acceder en frecuencias como resultado del proceso licitatorio.”
En otra parte de su alegato, Cablevisión demanda que “por razones de legalidad y transparencia, a fin de dar un uso eficiente del espectro radioeléctrico, solicitamos a la SCT que las prórrogas de las concesiones de 2.5 a 2.69 Ghz que, en su caso, se otorguen, incluyan las modalidades de acceso inalámbrico para servicios fijos y móviles”.
De manera directa, Cablevisión le solicita a la SCT quitarle los títulos de concesión a MVS:
“No sobra decir que la SCT cuenta con plenas facultades legales para establecer tal condición, toda vez que el artículo de la LFT (Ley Federal de Telecomunicaciones) señala que, entre otros requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de prórrogas, el concesionario deberá aceptar las nuevas condiciones que establezca la propia secretaría. Así, no se trata de que la SCT unilateralmente modifique los términos y condiciones de una concesión, sino de que, una vez vencida ésta, la dependencia introduzca en el nuevo título de concesión las condiciones que exige el interés público respecto del aprovechamiento de un bien escaso del dominio de la nación.”
El pasado martes 6, en su colaboración del periódico Reforma, Javier Tejado Dondé, director de información de Televisa, calculó que el valor actual del espectro de 190 Mhz que detenta MVS ya no es de mil 439 millones de dólares, sino de 7 mil 500 millones de dólares. “De ese tamaño es la ganga”, afirmó Tejado.
Los argumentos de la SCT, de entonces a la fecha, han sido muy similares a los que estableció el documento de Cablevisión y a los que ha señalado Javier Tejado Dondé para explicar la negativa al refrendo de estas concesiones y la necesidad de “reordenar” la banda 2.5 Ghz.
El titular de la secretaría, Dionisio Pérez-Jácome, afirmó en la entrega de la Agenda Digital Nacional que la banda 2.5 Ghz es objeto de “una reorganización” por parte del gobierno federal, y afirmó que ningún concesionario ha aceptado las propuestas presentadas para el pago de la contraprestación.
En su comunicado del viernes 2 de marzo, la SCT repite prácticamente el mismo argumento de Cablevisión y Tejado Dondé: “Cabe señalar que la banda 2.5 Ghz inicialmente fue concesionada en México, siguiendo las tendencias internacionales, para la prestación de los servicios de TV y audio restringidos (MMDS, Servicio de Distribución Multipunto Multicanal). Sin embargo, con motivo de los avances tecnológicos, hoy en día esta banda del espectro radioeléctrico es óptima para la prestación de servicios móviles, en particular banda ancha móvil”.
La única autoridad reguladora que se ha pronunciado a favor de la propuesta de MVS de conformar un consorcio concesionario que explote la banda 2.5 Ghz bajo el nombre Banda Ancha para Todos ha sido la CFC.
En un oficio enviado a MVS y a la Cofetel el 4 de noviembre de 2010, el secretario ejecutivo de la CFC, Ali B. Haddou Ruiz, admitió que el despliegue de esta nueva red de banda ancha inalámbrica con cobertura nacional “puede tener un impacto favorable en las condiciones de competencia y libre concurrencia”.
El proyecto Banda Ancha para Todos, que el año pasado lanzaron MVS y sus socios de Clearwire, Alestra e Intel, quedó suspendido ante la negativa de la SCT a prorrogar los títulos de concesión en la banda 2.5 Ghz y las negociaciones frustradas con la Secretaría de Hacienda para determinar el monto exacto de la contraprestación. La información, hasta ahora, ha sido confusa. Fuentes de Hacienda calculan que el pago de contraprestación debe ser de 27 mil 873 millones de pesos por el uso de los 190 Mhz para los nuevos servicios convergentes, mientras MVS sostiene que debe ser 40% menor.
Para el especialista Raúl Trejo Delarbre, las dificultades que ha promovido Televisa contra MVS tienen como objetivo “deshacerse de un inminente competidor en el negocio de la telefonía de nueva generación”, en tanto su sociedad con el Grupo Iusacell, de Grupo Salinas, está pendiente debido a una decisión contraria de la CFC.
En su análisis sobre la disputa por la banda 2.5 Ghz, Trejo Delarbre cita el ejemplo del nuevo Ipad, que se puede conectar a una velocidad considerablemente mayor que otros modelos precedentes, pero no se puede usar en México porque “en nuestro país todavía no hay servicios de internet inalámbrica con la tecnología conocida como 4G. El servicio más rápido del que disponemos actualmente en México funciona con redes de la generación 3.5, que hipotéticamente permiten recibir datos con velocidades hasta 84 megabits, menor a los 500 megabits que permite la tecnología 4G”.
“Los servicios 4G se pueden ofrecer en distintas bandas del espectro radioeléctrico. Pero la que resulta más idónea para transmitir datos a velocidades altas es la denominada banda 2.5 Ghz. En todo el mundo, esta banda, también conocida como 2.6 Ghz, está siendo empleada para conducir internet a dispositivos móviles. En México, se encuentra inutilizada debido al antiguo litigio entre la empresa MVS y el gobierno federal”, advierte Trejo Delarbre.
“¿Es admisible tener una posición diferente ante el empleo de la banda 2.5 Ghz porque está en juego el negocio de un grupo empresarial menos antipático que las televisoras?”, se pregunta el especialista en su análisis MVS, Televisa y la banda 2.5 Ghz.
“Lo importante es que el espectro radioeléctrico beneficie a la sociedad y no solamente a las empresas que invierten o se benefician con la asignación de frecuencias. Para eso hace falta una política de Estado que el gobierno actual no parece dispuesto a construir en los meses que restan de esta administracion.
domingo, febrero 26, 2012
Los buenos negocios de Gordillo & Azcárraga: los silencios de De Panzazo
Siendo un documental de capital privado, se entiende que no se hable de Televisa pero no es de recibo que se hable tanto de Elba Esther Gordillo sin mencionar sus añejas relaciones con el mayor corporativo de medios.
Azcárraga & Gordillo: amigos…un buen rato
Una de las estrategias mediáticas de Carlos Loret de Mola ha sido decir a los cuatro vientos que la malvada bruja del SNTE, la innombrable Elba Esther Gordillo, quiso boicotear el estreno de De Panzazo mandando a sus hordas de acarread@s a Cinepolis. Como presunta víctima de un linchamiento que nunca existió, así hablaba a los medios:
Carlos Loret de Mola dice no estar preocupado por las presiones que la líder sindical pueda hacer a la empresa Televisa, donde trabaja, y apunta “Si Elba pide a televisa mi renuncia, te juro que se van a morir de risa”.
No es, afirma, una película dirigida a candidatos, “si los candidatos quieren adoptar el discurso y propuestas de la película, allá ellos… Nosotros creemos mucho más en la fuerza de la sociedad y nuestro objetivo es que la gente empiece a preocuparse por la educación y le exija a quien llegue a la Presidencia de la República que tome estas medidas muy puntuales que presenta “De Panzazo”
El también conductor del noticiero televisivo matutino de mayor audiencia, sostiene que uno de los objetivos principales del film es crear conciencia en la ciudadanía, pues la clase media hace grandes esfuerzos pagando altas colegiaturas y la educación privada está igual o peor que la educación pública, al cuestionarle si la dirigente del Snte ejercería presión a Emilio Azcárraga Jean, para que corra de Loret de Mola de Televisa, afirmó que no tiene miedo salir de Televisa, pues en la empresa televisiva no se estrechan los márgenes de libertad en el ejercicio periodístico.
Tras descubrir que Televisa es el único lugar donde los periodistas no se autocensuran, necesario es recurrir a la historia reciente para recordar que el corporativo de Chapultepec tiene una añeja relación con la Maestra. Justo lo que ahora vamos a contarles.
Amigos fueron…(Foto: el5antuario.org)
Pese al hecho que el capital para De Panzazo viene avalado por Televisa, eso no quita que en el sexenio calderonista Emilio Azcárraga Jean haya sacado buena tajada del SNTE. Algo que tampoco cuenta en ningún momento la producción de Mexicanos Primero. Dejemos que Jenaro Villamil nos recuerda las muy incestuosas relaciones entre el mayor corporativo de medios y la maistra:
El 16 de junio de 2009, Gordillo y Azcárraga Jean se elogiaron mutuamente, al dar a conocer el convenio por 150 millones de pesos, con recursos del SNTE, para promover un programa de concursos titulado Todo Mundo Cree que Sabe, que pasó sin pena ni gloria ese y el 2010.
El programa era un infomercial disfrazado de concurso de conocimiento y sabiduría de niños que demostraban lo bien educados que estaban por sus maestros. Su conductor, Marco Antonio de Regil, no pudo con el paquete de hacer creíble lo que a todas luces era un largo spot a favor del dominio de la maestra.
“Elba, muchas gracias por el apoyo”, le dijo Azcárraga Jean a Gordillo cuando se dio a conocer el acuerdo. Y “la maestra” llenó de elogios al dueño de Televisa:
“Me da una enorme satisfacción como maestra que podamos decir que esta empresa, Televisa, da una muestra de que puede uno divertir educándose”.
Antes de ese convenio, Televisa y el SNTE promovieron en octubre de 2008 el Primer torneo de Futbol Escolar 2008/2009 que resultó un rotundo fracaso, en términos de audiencia, pero no de acuerdos publicitarios.
Pero Televisa tampoco ha querido pelearse con Yunes. Si algo le debe la empresa televisiva al ex director del ISSSTE es la adjudicación de un contrato por más de 2 mil 80 millones de pesos para que la empresa telefónica Bestel, filial de Televisa, desplegará la red de telefonía interna del instituto. Hasta febrero de 2011, el periódico Reforma documentó que Bestel no había cumplido con los términos del contrato.
La adjudicación se le dio a Bestel antes de que Yunes se fuera de candidato a gobernador panista a Veracruz y antes de su pleito público con Gordillo. ¿Qué tanto influyó la cacique sindical para beneficiar a la televisora de Azcárraga Jean?
Los pactos entre Televisa y las posiciones de poder de Gordillo –ahora exhibidas en forma descarnada como parte de un arreglo fraudulento entre Calderón y el SNTE- incluyen también a la Lotería Nacional, otro anunciante constante de los canales de la empresa televisiva.
Y ni hablar de la “joya de la corona” el Partido Nueva Alianza (Panal) que se ha convertido en otro cliente de Televisa, gracias a los acuerdos con Elba Esther.
En plena campaña federal, en junio de 2009, el dirigente del Panal, el empresario y boxeador frustrado Jorge Kawaghi apareció en el programa Al Sabor del Chef, con Alfredo Oropeza, para hacer un largo promocional de su partido. Mientras cocinaban chimichangas de pollo y ensalada de tomates, Kawaghi –“casi un hijo” para Elba Esther- promovió el programa Becatón del Panal, sin importar la abierta violación a la ley electoral.
Todos saben que esta publicidad integrada a los programas de variedades y espectáculos es cobrada por Televisa, sobre todo, si se trata del Canal 2.
En la lista de pactos no está ajeno el nuevo gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, el “favorito” de Elba Esther para las elecciones presidenciales… de 2018. En menos de seis meses de gobierno, Moreno Valle firmó un convenio millonario con la Fundación Teletón para construir un CRIT y destinó 36 millones de pesos del erario para la organización de “Espacio 2011” en Puebla y pretende armar mayores negocios con Televisa.
Gordillo representa jugosos negocios para Televisa. No por nada, en su extensa entrevista con Salvador Camarena, en WRadio, la dirigente magisterial, dueña de un partido y cabildera de su grupo, insistió que ella, como en los centros de apuesta, jugará con el mejor posicionado. Por ahora, es Televisa.
Tantos cosas interesantes que hubiera podido contar De Panzazo. Pero pos ni modo: quien paga, manda, ¿no?
Ver masviernes, febrero 03, 2012
Con Calderón se han importado 110 mil mdd en gasolinas
¿Quién gana con ese desmesurado gasto en la compra de gasolinas?
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El chiste más viejo-Fisgón
La misma escuela-Hernández
Exxon, Shell y la venezolana Citgo concentran las compras*Por la falta de capacidad de refinación se erogó un monto similar a la deuda pública externa
Se gastaron 110.7 mil mdd en este sexenio para importar gasolinas
*La dependencia de los combustibles extranjeros se incrementó 98% con el actual gobierno
*Aumenta el déficit entre la elaboración y el consumo nacional, revelan cifras de Pemex
El gobierno de Felipe Calderón benefició con más de 110 mil millones de dólares a un limitado grupo de empresas petroleras, entre las que se encuentran algunas de las más grandes del mundo, con las que se mantienen contratos de compra de las gasolinas que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha logrado producir, revelaron fuentes y documentos de la paraestatal.
Trasnacionales como Shell, Exxon, la venezolana Sitgo (filial de PDVSA, pero que está constituida legalmente en Estados Unidos) y Valero, concentran alrededor de 75 por ciento de las compras de gasolinas que se consumen en México y por las que en 2011 se pagaron 29 mil 403.6 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del país.
Sólo dos petroleras, la estadunidense Exxon y la anglo-holandesa Shell, le venden a México más de la mitad de las importaciones de combustibles automotrices, con el argumento de que se compra al que ofrezca el precio más barato
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Con esa estrategia, Pemex concentra 60 por ciento de sus compras de gasolinas en el mercado estadunidense y otro 20 por ciento se adquiere en compañías europeas (particularmente Shell), aunque según las fuentes consultadas en la petrolera mexicana también se adquiere el combustible de refinerías ubicadas en Arabia Saudita, España, Argentina, Brasil, Kuwait y China, siempre y cuando se considere una cotización adecuada y porque no queremos depender de un solo país
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*Reitera que por falta de competencia, México pierde 25 mil millones de dólares al año
Slim respondió que las ventas de Telmex y Telcel son de 17 mil millones
*Sostiene la organización que se trata de quebrantos sufridos por clientes y consumidores potenciales
José Ángel Gurría, titular de la OCDE.La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio respuesta a las críticas hechas a su estudio sobre telecomunicaciones en México por el empresario Carlos Slim.
Señaló que el documento fue elaborado con la información disponible entre 2009 y 2011. Sostuvo que la falta de competencia en el sector ha costado al país 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, equivalentes a 25 mil 800 millones por año o 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Aseveró que este exorbitante costo es una llamada de atención a los reguladores y autoridades de competencia sobre la importancia fundamental de contar con regulaciones y políticas que aseguren la competencia abierta y justa, vigilada en su cumplimiento por un regulador fuerte, y que garantice la provisión de un servicio de calidad a precios bajos
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Afirmó que Telmex y América Móvil tuvieron oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el estudio y que un ejecutivo de la segunda empresa estuvo presente en la revisión del documento.
Luego de conocer los resultados y las recomendaciones del estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, Carlos Slim defendió la participación de sus empresas en el mercado mexicano.
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Sainete en las empresas de Salinas Pliego
Empleados de Iusacell impidieron el ingreso de los notificadores de la Comisión Federal de Competencia en las instalaciones de la empresa, ubicada en Montes Urales, Lomas de Chapultepec. Los funcionarios incluso hallaron que la numeración de la calle fue alterada y que se había quitado el logotipo del consorcio. Integrantes de la Policía Federal intervinieron para hacer efectiva la entrega del documento en el que se rechaza la solicitud de alianza con Televisa. Sólo uno de los representantes legales de la telefónica recibió la notificación.Impugnan Iusacell y Televisa rechazo de CFC a su alianza
*Las empresas sostienen que el organismo regulador impide la competencia
*Empleados de la telefónica obstaculizan la notificación del fallo de la comisión
Con la intervención de la Policía Federal, funcionarios entran a la sede de Iusacell para entregar el fallo de la CFC.La Comisión Federal de Competencia (CFC) negó a Televisa y Iusacell la autorización para que la primera adquiera 50 por ciento de las acciones de la empresa de telefonía en mil 600 millones de dólares.
Ambas firmas señalaron que solicitarán a la comisión que reconsidere esa decisión, y criticaron que con esta medida sea el propio órgano regulador el que no promueva la competencia en el mercado de telefonía móvil. Detallaron que Iusacell ya está invirtiendo parte del dinero que aportó Televisa.
Ayer por la mañana notificadores de la CFC se presentaron en las instalaciones de Iusacell ubicadas en Montes Urales 460, pero se encontraron con que la numeración había sido alterada y cambiada por el número 409 y había sido quitado el logotipo de Iusacell.
Luego de un enfrentamiento con personal de la empresa, los notificadores tuvieron que ser apoyados por elementos de la Policía Federal (PF), y de esa manera lograron hacer la notificación sólo a uno de los representantes legales de Iusacell, de tal forma que este jueves intentarán cumplir con otras notificaciones para que el proceso se concluya en tiempo, forma y apego a la ley.
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