sábado, marzo 10, 2012
miércoles, agosto 31, 2011
Adoptemos un programa revolucionario para los problemas de la juvetud.
La necesidad de que el Movimiento de Regeneración Nacional y el PRD adopten un programa y una práctica auténticamente revolucionaria es apremiante. Y aunque los 50 puntos planteados por Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), significa un avance para los trabajadores debemos exigir todavía más.
Somo miles los que observamos con optimismo en los planteamientos de la izquierda: garantizar educación publica, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, 100% de inscripción en la escuela de preferencia en todos los niveles, amplios programas de becas- en el caso de bachillerato el monto seria de 900 pesos mensuales-, desayunos, útiles y uniformes gratuitos, un trabajo bien remunerado al término de nuestros estudios, abandonar la política de que la educación es una mercancía y un privilegio, garantizar cultura recreación, salud y esparcimiento, etc. Estas medidas son un paso al frente para revertir las condiciones de vida de la juventud; más ahora que con la crisis se han agravado llevando a millones a situaciones de marginilidad, delicuencia e incluso al suicido, pero no serán suficientes ante la rapaz necesidad que tienen los empresarios y la burguesía de obtener el máximo de beneficio y acrecentar sus ganancias, esta serie de iniciativas choca con sus intereses, para ellos es un despilfarro otorgarle recursos a la educación y más allá de hacerlo se opondrán decididamente.
El realizar estas medidas significará dar una batalla abierta con la burguesía y sus representantes dentro de las escuelas y empresas, sería incorrecto suponer que esta serie de consignas se podrán llevar a cabo con el paso libre de los empresarios y banqueros cuando son ellos quienes han impulsado de manera enérgica toda una serie de reformas en contra de la educación pública y quienes promueven una reforma laboral donde los jóvenes no poseamos ningún derecho laboral y sindical. La única forma de lograr esta serie de iniciativas es recuperando las tradiciones de lucha y organización del movimiento obrero y la movilización nos garantizara que estas ideas y discursos se vuelvan una acción concreta.
La realización de la cosigna educación pública y de calidad para todos, pasará necesariamente por la expropiación de los bienes de la burguesía y ponerlos bajo control de los trabajadores. Sólo mediante esta medida se garantizará la destinación de por lo menos el 10% del PIB en educación significando con ello un programa amplio de construcción de aulas dignas y bien equipadas en cada rincón del país respondiendo así a la enseñanza de cada persona en todos los grados, los centros de estudio privados serian integrados al sistema de educación pública, medida que eliminaría el lucro con la eduación, y los profesores y personal de estas escuelas serán contratados por el estado con salario digno, sindicaclización y base.
El programa de becas que propone AMLO no debe de ceñirse a apoyos económicos sino también a becas alimenticias sumando un programa de vivienda digna para los estudiantes qué están lejos de su residencia con transporte público gratuito.
En tema de empleo para la juvenud, debemos oponernos rotundamente que nos utilicen como mano de obra gratuita, nuestras prácticas académicas en el campo laboral deben ser remuneradas con forme a las necesidades, el estado debe garantizar un empleo al término de nuestros estudios. Es mentira que la sociedad ya no necesite más profesionistas, distribuir el trabajo existente en todas las manos, ajustando las jornadas laborales donde todos cubramos un turno y labor determinada en la empresa todo esto sin disminución salarial.
Estas y otra iniciativas deben de ser impulsadas y supervisadas por los consejeros escolares, integrados por los estudiantes, profesores y trabajadores, donde se nos permita el derecho a huelga, reunión, sindicalización a elegir a nuestros representantes.
Todo lo anterior y otra serie de situaciones entra en contradicción con los intereses de quienes nos mantienen en la miseria y en la explotación y harán todo lo posible porque ni en lo más mínimo se cumplan estas consignas, debemos ser conscientes que esta batalla no la ganaremos solamente haciendo exhortos o con buenas intenciones, la necesidad de una alternativa política para los problemas de la juventud es urgente. Se trata de dos intereses completamente contrarios, y nuestra respuesta debe ser una lucha seria y firme, primero adoptando un programa revolucionario, un programa, en primer lugar son ideas pero para que estas tengan efectividad tiene que transformarse en una guía para la acción, esto es lo que debemos empezar a hacer en el movimiento, debemos de confiar en la fuerza potencial de la clase obrera, no sólo para llevar a cabo estas medidas sino también extenderlas y plantearse transformar la sociedad desde sus cimientos.
Juventud. Militante. Voz marxista de los trabajadores y la juventud.
domingo, agosto 28, 2011
¡ Que renuncien todos !

¡Renuncie!

Complicidad mortal

Estado de los ESTADOS
Juárez sufre de nuevo
Inversiones a la baja
Tragedia bajo tierra

Ganan minorías perredistas
Confirman expulsión de Espino
Crece Interjet
Satiricosas
Anuncio de la FED
Espía policía mexicana

Condena CIDH asesinato de periodista

Discriminan a Ciudad Mier, Tamps.
Obligado a dialogar

Se rapan
Emigración: el precedente cubano
Todo de Cuba

Sumario Mundial

Otro acto de prepotencia

Más revelaciones ante un escándalo

Luna Maya

Cleominio: Autoridades, obligadas a investigar en Xul

Necesaria una investigación a fondo en el “caso Xul”

Esperanza desde la UNAM

Prólogo Político

Re-forma de gobierno

Apuntes

Biblioteca Legislativa (Señalamiento histórico)
Sinaloa, el crimen oscuro
Por Julián Andrade El asesinato del periodista Humberto Millán revela lo más oscuro de la violencia que corroe Sinaloa y que tiene una de sus expresiones en el ataque a la prensa. El diputado Manuel Clouthier ha insistido en la grave situación que impera en el estado desde hace tiempo y que por momentos parece olvidada por las autoridades. Los móviles son diversos, pero las acciones criminales ocurren por la enorme impunidad que suele imperar en estos casos. Millán era un periodista de polémicas, tenía influencia y le gente lo quería. Quienes lo conocieron señalan que su trabajo generaba disgustos y que sus enemigos no eran pocos. En un comunicado del Observatorio de los procesos de comunicación pública de la violencia se señala: “Humberto Millán, director del diario digital A Discusión y colabo.. [+] Ver mas
sábado, mayo 21, 2011
Aumentan a 87 millones, mexicanos en pobreza
Con el panismo, sólo 19 millones 530 mil mexicanos tienen “asegurado” un bienestar económico y social; esto equivale al 18.3 por ciento de la población, considerada “no pobre” y “no vulnerable” por el gobierno federal.
Los otros 87 millones 150 mil mexicanos son pobres, admite el Informe de pobreza multidimensional en México 2008, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De éstos, más de 47 millones son “pobres multidimensionales”.
El rezago en educación, vivienda, alimentación, salud y seguridad social afecta a 81.7 por ciento de mexicanos, reconoce la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
“Hay desigualdad y no hay voluntad política para transformar el panorama de la sociedad”, lamenta la doctora Araceli Damián González, investigadora de El Colegio de México.
“Es un fracaso el modelo económico que se ha seguido en nuestro país durante los últimos 30 años. Menos del 20 por ciento de la población tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades, y sólo 20 personas tienen una riqueza equivalente al 10 por ciento del producto interno bruto. En realidad, estamos en una situación crítica”, dice Damián González.
En entrevista con Contralínea, el doctor Gonzalo Hernández Licona –secretario Ejecutivo del Coneval– asegura que México no ha crecido económicamente porque no ha habido acuerdos políticos. “Se empantanan muchas veces elementos en las decisiones políticas que no permiten que hayan soluciones de crecimiento. De no ser por esto, tendríamos niveles de pobreza o de vulnerabilidad mucho menores; un reto bien importante”.
Pobreza multidimensional
Para matizar las cifras, los pobres ahora son denominados multidimensionales. Son 47 millones 190 mil personas identificadas en esa condición. De éstos, 30 millones 820 mil (65.3 por ciento) viven en el Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Jalisco, Distrito Federal, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán y Guerrero.
Hernández Licona reconoce que a esos mexicanos no les alcanza para comprar lo “mínimo necesario”. Según él, las políticas públicas de desarrollo social del Estado deben enfocarse a este sector porque es la población con más carencias sociales.
Del total de “pobres multidimensionales”, 23.73 por ciento padece pobreza extrema (11 millones 200 mil) y 76.27 (36 millones), moderada. Chiapas tiene más de 1 millón 500 mil en extrema pobreza; el Distrito Federal y Jalisco superan, cada uno, los 2 millones de pobres moderados; y el Estado de México, Puebla y Veracruz están en ambas clasificaciones.
Araceli Damián, especialista en economía urbana, asegura que el dato de “pobres multidimensionales” se duplicaría si se considera la vulnerabilidad del resto de la población. “La pobreza es de 81.7 por ciento; pero como es una cantidad que políticamente no se puede manejar, decidieron tomar otro criterio. Vamos a tener cifras maquilladas, como siempre hace el gobierno, mientras la desigualdad es cada día más lacerante”.
De los 35 millones 180 mil “vulnerables por carencia social”, más de la tercera parte habita en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Veracruz. En contraste, de los 4 millones 780 mil “vulnerables por ingreso”, cerca de 2 millones residen en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Coahuila y Nuevo León.
Para Hernández Licona, quienes se encuentran en la categorización de “vulnerabilidad por ingreso” o “carencia” están en riesgo de convertirse en “pobres multidimensionales”. “No todos ellos van a caer en pobreza. Algunos podrían caer, otros no, pero siguen siendo vulnerables”.
Indígenas, los más pobres
La pobreza multidimensional afecta a tres de cada cuatro indígenas. De este 75.7 por ciento, más de la mitad está en pobreza extrema. El Informe de pobreza multidimensional en México 2008 enumera la diferencia de carencias sociales entre la población indígena y la nacional: seguridad social, 85.8 y 64.7; educación, 49.9 y 21.7; acceso a los servicios de salud, 52.7 y 40.7; y alimentación 42.1 y 21.6, respectivamente.
“‘Pobres multidimensionales’ hay en toda la República, aunque se hace más evidente en los estados con mayor número de indígenas. Han sido sistemáticamente marginados del desarrollo; fueron sometidos y despojados de sus tierras, obligados a migrar a las zonas áridas y poco productivas. Es una cuestión histórica y ancestral; un problema que no se resolvió con la Independencia ni la Revolución”, comenta la investigadora Damián González.
Hernández Licona explica que Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, la Tarahumara y El Nayar son lugares de acceso complicado, por lo que llevar servicios lo es aún más. Muchos indígenas viven en esas zonas y sufren esa problemática. Además, “el Banco Mundial habla de elementos que generan desigualdad y discriminación hacia los indígenas en relación con los apoyos que reciben”.
David Jiménez Rumbo, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, pone como ejemplos Cochoapa El Grande, considerado el municipio más pobre de México y uno de los más pobres de América Latina, y Metlatónoc, en Guerrero: “Dos de los municipios más necesitados de este mundo, donde hay hombres y mujeres que han perdido el brillo de la inteligencia en los ojos”.
“No podemos decir que las cosas están marchando bien. Las políticas neoliberales que vienen aplicándose de manera moderada desde la época de Miguel de la Madrid, luego de manera más contundente y con más profundidad con Carlos Salinas de Gortari, y llevadas al extremo del antipatriotismo en los gobiernos panistas, han venido acentuando el fenómeno de la pobreza en el Sur del país, básicamente en las regiones indígenas”, asegura Jiménez Rumbo.
Carencias sociales
Alrededor del 10 por ciento de los residentes de cada entidad federativa no cuenta con educación básica. Significa que 23 millones a nivel nacional tienen esta carencia. El Estado de México encabeza los resultados, con 2 millones 720 mil personas; le sigue Jalisco, con 2 millones 40 mil; Chiapas y Puebla, con 3 millones 110 mil cada uno.
En materia de salud, 43 millones 380 mil personas (40.7 por ciento de la población total del país) carecen de este derecho social. El 45 por ciento del Estado de México no tiene acceso a la salud (6 millones 600 mil mexiquenses), al igual que el 40.1 por ciento del Distrito Federal (3 millones 530 mil). Más de 2 millones de poblanos y veracruzanos pasan por la misma situación.
La seguridad social es un derecho, no obstante 68 millones 990 mil mexicanos no lo tienen. En ocho estados, 38 millones 340 mil personas están excluidas de este bien: Estado de México (9 millones 970 mil), Veracruz (5 millones 190 mil), Distrito Federal (4 millones 650 mil), Puebla (4 millones 340 mil), Jalisco (4 millones 10 mil), Chiapas (3 millones 810 mil), Guanajuato (3 millones 320 mil) y Michoacán (3 millones 50 mil personas). El contar con un empleo formal no es garantía, pues 62.3 por ciento no tuvo acceso a la seguridad social.
Veracruz, el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla tienen, en conjunto, cerca de 10 millones de personas que presentan carencia por calidad y espacios de la vivienda. En México, 18 millones 620 mil (17.5 por ciento) padecen esta circunstancia.
Los servicios básicos de vivienda son otro problema que deben enfrentar los mexicanos (20 millones 130 mil, es decir 18.9 por ciento). Veracruz, el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero son las entidades con mayor incidencia y número de personas con carencia de techo, muros y pisos; además del “hacinamiento” o ubicación amontonada de los objetos dentro del hogar, según los elementos que consideró el Coneval.
El 37.9 por ciento de los individuos con carencia en los servicios básicos de la vivienda no cuenta con acceso al agua; 34.7 por ciento, al drenaje, y 0.5 por ciento, a la electricidad. Más de 3 millones de mexicanos no tienen acceso a ninguno de los tres servicios, agrega el Informe de pobreza multidimensional en México 2008.
A nivel nacional, más de 23 millones de personas no tienen acceso a la alimentación. Los estados que se repiten en esta carencia social son el Estado de México, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 14 millones 930 mil personas en total.
Finalmente, el Informe menciona el ingreso corriente per cápita en cada sistematización poblacional: 973 pesos, los “pobres multidimensionales; 4 mil 26, los “vulnerables por carencia social”; 1 mil 366, los “vulnerables por ingreso”; y 5 mil 576, los “no pobres” y “no vulnerables”. Las tres entidades con menor ingreso fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, dependiendo de la condición de género.
No obstante los resultados, el economista y representante del Coneval, Gonzalo Hernández, alardea de esta nueva metodología de pobreza multidimensional. “Hoy, cada estado sabe en dónde flaquea respecto de sus dimensiones sociales. Estamos muy orgullosos en México de tener esta metodología; somos el primer país que la tenemos, que cumplimos con la Ley General de Desarrollo Social. Queremos mostrar la realidad tal como es, y creo que así se ha entendido”.
Carlos Flores Rico, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, revela que hay 56.5 millones de pobres en México, más de 10 millones que al inicio de sexenio. “Tan sólo en dos años, aumentaron 6 millones de pobres (2006-2008). Es decir, en este momento la suma de pobreza es de 56.5 millones de pobres. En la Comisión, estamos creando una propuesta alternativa para lograr que entre 33 y 37 millones de personas, en unos 10 o 15 años más o menos”, puedan mejorar sus condiciones de vida.
Niños y adolescentes, indefensos ante la crisis económica
La “pobreza multidimensional” abarca a 53.3 por ciento de niños y adolescentes en nuestro país, es decir 20 millones 800 mil, establece el informe La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el caso de México, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
De 39 millones de jóvenes que se contemplaron para este estudio, más de la mitad se encuentra en “pobreza multidimensional”; 28.8 por ciento (11 millones 200 mil) es “vulnerable por carencia social”; 4.6 por ciento (1 millón 800 mil), “vulnerable por ingreso”, y 13.3 por ciento (5 millones 200 mil), “no pobres y no vulnerables”.
Ante la crisis económica del año pasado, la reducción del ingreso fue inminente. “En términos generales, 54 por ciento de la población declaró que en 2009 se encontraba en una situación económica peor, o mucho peor, que en 2008”. Por falta de recursos, los padres de familia tuvieron dificultades para llevar a sus hijos al doctor, comprarles el medicamento para su atención, mandarlos a la escuela, comprar artículos de uso diario e invertir en actividades de entretenimiento.
Indígenas, condenados a la marginación
En 2005, la mayoría de la población de 2 mil 32 municipios era indígena. El Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), evidenció que algunos municipios están por debajo del índice de desarrollo humano (IDH) de los países más pobres del mundo; por ejemplo, Batopilas, Chihuahua, con 0.3010, respecto del Níger (África), que tiene 0.3300.
En 2008 se contabilizaron 11 millones 300 mil indígenas, de los cuales 4 millones 300 mil pertenecía a “pobreza extrema por ingreso” y 3 millones 600 mil, en situación de “pobreza multidimensional extrema”. Este dato se ve reflejado en los estados con menor IDH: Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz.
Al analizar la distribución del gasto entre grupos, se observa que la población indígena se beneficia del 9.34 por ciento del gasto público total de desarrollo humano, mientras la población no indígena tiene el 90.7 por ciento. Para la atención de la población indígena por ramo ?20 “Desarrollo social”?, en 2009 se destinaron 10 mil 474 millones 500 mil pesos, según el Informe.
Los 20 municipios con IDH menor a 0.5 son Batopilas, Carichí, Morelos, Balleza, Urique, Uruachi, San Francisco de Borja y Nonoava (Chihuahua); Cochoapa El Grande (Guerrero); Guadalupe y Calvo, Guazapares (Chiapas); Tehuipango y Mixtla de Altamirano (Veracruz); Mezquitic (Jalisco); Coicoyán de las Flores y San Sebastián Coatlán (Oaxaca); Chilchotla (Puebla); Del Nayar (Nayarit); Topia (Durango); y Candelaria (Campeche).
Ana del Toro, asistente de Comunicación del PNUD en México, proporcionó un listado de otros 36 municipios que también están por debajo del 0.5 y tienen un IDH medio: San Martín de las Peras, San Simón Zahuatlán, Santa María la Asunción, Santo Domingo Tepuxtepec, Santiago Ixtlayuca, Santa Lucía Miahuatlán, Santiago Yaitepec, Santa María Tepantlali, San Juan Petlapa, San Miguel Ahuehuetitlán, Huautepec, Santiago Amoltepec y San José Tenango (Oaxaca); Metlatónoc, José Joaquín de Herrera, Alcozahuca de Guerrero, Atlixtac, Acatepec y Xochistlahuaca (Guerrero); Santiago el Pinar, Mitontic, Sitalá, Chamela, Aldama, San Juan Cancuc, Chalchihuitán, Chenalhó, Zinacantán y Pantelhó (Chiapas); Texcatepec, Filomeno Mata, Soledad Atzompa y Ilamatlán (Veracruz); Tahdziú (Yucatán); Guachochi (Chihuahua); y Tepetzintla (Puebla).
domingo, abril 03, 2011
La sociedad civil de Televisa
MÉXICO, D.F., 3 de abril.- El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, suscrito el jueves 24 de marzo al conjuro de Televisa, cuenta con una suerte de post scriptum titulado “Respaldo social”. Lo suscriben agrupaciones empresariales y civiles que acompañan esta porción de la Iniciativa México, la magna operación propagandística y política mediante la cual el consorcio principal de la televisión abierta diseña la república que quiere.
En la época del corporativismo social priista a esas agrupaciones se las llamaba “las fuerzas vivas de México”. Eran el sector participante de una sociedad muda y quieta. Se las autorizaba a funcionar siempre y cuando no infringieran las normas del respeto a lo establecido y de asentimiento a las concepciones políticas y sociales fraguados en lo alto y desde allí distribuidas al cuerpo social. En cierta etapa del desarrollo civil, influido por los términos de la sociología cristiana, se las llamaba sociedades intermedias, situadas a medio camino entre los individuos y el Estado.
Algunas de ellas estaban organizadas por el propio Estado. Tal era el caso de las agrupaciones de representación empresarial. Se regían por una ley que hacía obligatoria la afiliación en cámaras y la unión de éstas en federaciones y confederaciones. Muy pocas agrupaciones escapaban a esta vertebración forzada. El ejemplo más claro fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organizada conforme a la Ley Federal del Trabajo como sindicato patronal. Los centros con que funcionaba en las principales ciudades del país eran fermento de reclamos y protestas, aunque casi siempre se mantuvieron alineadas con el gobierno.
Así no fuera directamente, la Coparmex alentó o sirvió de ejemplo a agrupaciones voluntarias de empresarios. Algunas de las más relevantes fueron el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y, después, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Con la virtual pérdida de vigencia de las leyes de cámaras de industria y comercio, y luego con su anulación judicial, floreció el agrupamiento de sectores empresariales. Ejercen una notoria conciencia de clase, y la proclaman (a través, por ejemplo, del Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas) o del propio CCE, que en el proceso electoral de 2006 actuó como si fuera una organización partidaria cuyas intervenciones violentaron el orden legal.
Televisa convocó a agrupaciones de este género a la firma del Acuerdo mencionado y su respaldo social. Se agregaron a ellas asociaciones civiles surgidas sobre todo al calor de la inseguridad pública: Asociación Alto al Secuestro, Causa en Común, Consejo Ciudadano contra la Delincuencia, México SOS, México Unido contra la Delincuencia, Movimiento Pro Vecino.
Fue convocada la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que defiende la libertad de educación y la integridad de la vida. Pero otras agrupaciones del ramo, las organizaciones no gubernamentales, los centros de derechos humanos apoyados por órdenes y congregaciones religiosas, o por gobiernos diocesanos, quedan al margen de este llamado. No forman parte del México deseable. Ninguna de las agrupaciones fundadas por familiares de víctimas que lucharon por la justicia han expresado solidaridad a comités populares que persiguen el mismo objeto. Salvo que me equivoque, la señora Isabel Miranda de Wallace, tan bien recibida en los círculos gubernamentales y en los medios, jamás se reunió o expresó solidaridad a la señora Marisela Escobedo, o a la familia Reyes Salazar, víctimas de un afán formalmente semejante. En esas luchas todos somos iguales, aunque haya unos más iguales que otros.
Como en un sarao, la representación de esa escogida sociedad civil otorgó su “respaldo social” al acuerdo sobre información, y los vistosos logotipos de sus organizaciones adornaron las planas donde se desplegaron esos documentos. Los firmantes atribuyeron un excesivo valor al Acuerdo, pues lo tienen como “iniciativa de los medios que valoramos y reconocemos como esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”.
Si bien reconocen la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de la sociedad, proclamaron lo que les corresponde hacer:
“En el ámbito de responsabilidades cívicas y sociales que corresponde a cada uno de nosotros, expresamos nuestra determinación de emprender todas aquellas acciones que contribuyan a la consolidación del estado de derecho, sabedores de que sólo en el marco de ese estado es posible la vida democrática y el goce pleno de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución.”
Es deseable que este pronunciamiento no esté constituido sólo por palabras huecas. Es que las agrupaciones que lo signan son dadas a suscribir compromisos que duran lo que un suspiro. Por sólo citar un ejemplo de dichos no avalados por los hechos, conviene recordar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, fechado el 22 de agosto de 2008, y convertido en letra muerte apenas se cerraron los elegantes cartapacios en que fue guardado.
Impulsado por el gobierno de la República, al calor de una oleada de crímenes en que sobresalió el secuestro y asesinato de Fernando Martí, el Acuerdo impuso deberes a fecha fija al Ejecutivo federal, a los poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos estatales y municipales. Pocos compromisos de esa índole se cumplieron y ya nadie los recuerda. Menos están en la memoria colectiva, porque no corresponden a deberes legalmente establecidos, los compromisos de “los integrantes del sector productivo”, las asociaciones religiosas, “las organizaciones de la sociedad civil”, los medios de comunicación.
Con diferentes formulaciones, esos grupos se comprometieron a promover “la cultura de la legalidad” y a incrementar “contenidos que fomenten la cultura de la legalidad”.
¿Recuerda usted que alguien haya procedido en esa dirección? ¿Tuvo noticia de que las Iglesias fomentaran “en sus programas de difusión, en sus edificios, en sus templos, en sus lugares de oración”, la cultura de la legalidad y de la seguridad?
¿Es probable que el “respaldo social” ahora ofrecido tenga mayor sustancia? Temo que no
martes, noviembre 23, 2010
Focos rojos en Sedena ante posible intervención de EU

El pasado 18 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como “superpotencia” a las bandas del narcotráfico que operan en México. El hecho apenas mereció unas líneas en páginas interiores de algunos medios impresos. Pero militares de la Segunda Sección del Ejército Mexicano (encargada de las labores de inteligencia) terminaron por desesperarse: observan como inminente la llegada de tropas estadunidenses al país, una demanda de los sectores castrenses más duros de la Defensa Nacional de Estados Unidos.
“Institucionales”, acostumbrados a callar sus diferencias con los civiles y renuentes a comentar las discrepancias al interior de las Fuerzas Armadas, esta vez los militares prefieren hablar. Señalan que parte de la violencia que se ha desatado en las últimas semanas podría ser “inducida”. Y acusan al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa de preparar el “escenario” para una intervención estadunidense abierta.

“No es el modus operandi de los cárteles ni de los grupos armados con reivindicaciones políticas”, dice uno de los divisionarios que solicita mantener bajo reserva su identidad. Agrega que en círculos castrenses existe inquietud ante la desestabilización del país y las acciones del gobierno federal que, más que contenerla, parecen propiciarla.
Las declaraciones a Contralínea de militares en activo del Ejército son válvulas de escape y señales de lo que ocurre en el ámbito castrense. A decir de Guillermo Garduño –especialista en Fuerzas Armadas e investigador adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional–, los militares están desesperados porque los comanda un grupo de civiles que “ni idea tiene de lo que son las Fuerzas Armadas”. México no ha creado una elite civil que conozca al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México ni a la Fuerza Aérea.
De acuerdo con los generales y coroneles que solicitan no revelar sus nombres, la supuesta “estrategia” para permitir el ingreso de tropas estadunidenses a territorio mexicano con los menores costos sociales contaría con dos vertientes: al interior, donde se buscaría que la propia sociedad mexicana demande más “seguridad” sin importar el origen de la “ayuda”; y al exterior, en el que los países consideren que la intervención sería “humanitaria”, ante bandas criminales que han superado al Estado mexicano.
Ya antes, el informe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aprobado para su publicación el 25 de noviembre de 2008 y dado a conocer en enero de 2009, Joint Operating Environment. Challenges and implications for the future Joint Force (JOE) –título cuya traducción sería Contexto de la Operación Conjunta. Desafíos e implicaciones para el futuro de las operaciones de las Fuerzas Conjuntas– advirtió que el Estado mexicano podría ser incapaz de mantener la estabilidad en los próximos años. Y colocó al país como un Estado fallido con características similares a Afganistán. En el mismo documento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “recuerda” que “un México inestable podría representar un problema de seguridad de enormes proporciones” para ese país.
Las presiones estadunidenses fueron subiendo de tono y de número. El 10 de marzo de 2009, el director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, señaló que México no controlaba todo su territorio. Para julio de ese mismo año, el informe La narcoinsurgencia de México y la política antidrogas de Estados Unidos –del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército, dependiente del Pentágono– planteó que México vivía “una transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”. Además, el 17 de ese mes Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, declaró que el Ejército Mexicano había fracasado en su lucha contra el narcotráfico en la fronteriza Ciudad Juárez.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de este 2010, el discurso de las autoridades estadunidenses y de la ONU ha sido cada vez más contundente: México es incapaz de controlar a las bandas del narcotráfico y su ineficiencia es una amenaza a la seguridad de varias regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos.
“Todo se va acomodando”
El embajador Henry A Crumpton, exoficial de operaciones clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia y excoordinador de la lucha contra el terrorismo en el Departamento de Estado, aseguró que México vive una “narcoinsurgencia”. A principios de septiembre pasado, en una entrevista con Wall Street Journal, Crumpton reconoció que ese concepto es “particularmente incendiario” para los mexicanos por su temor histórico a que el ejército de Estados Unidos se ponga al frente de la lucha antinarcóticos.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, retomó el concepto vertido por Crumpton y, el 8 de septiembre, agregó que México “se está pareciendo más a como se veía Colombia hace 20 años”. En esa misma declaración, defendió el Plan Colombia, del que, aseguró, sí dio resultados en la lucha contra el narcotráfico.
“Todo se va acomodando”, dice a Contralínea un general que solicita mantener bajo reserva su nombre. Llamar “superpotencia” al narcotráfico es considerar que las Fuerzas Armadas de México no son suficientes para combatir a una “amenaza mundial”. El “peligro” de una intervención es real, agrega.
En efecto, oficiales estadunidenses consultados por Wall Street Journal explicaron que “el gobierno mexicano parece estar cada vez más abierto a una mayor cooperación, debido a que la situación de seguridad está empeorando”. En declaraciones publicadas el mismo 10 de septiembre, el embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, dijo: “Hemos alentado a Estados Unidos a mejorar y profundizar la cooperación con México”.
A los agentes de la Oficina Binacional de Inteligencia –establecida en agosto pasado y anunciada en marzo de este año, luego de las reuniones de “alto nivel” celebradas en México entre la plana mayor de seguridad nacional de Estados Unidos y sus pares mexicanos– se suman los “Cuerpos de Paz”.
Tan sólo durante la semana del 7 de noviembre llegaron 39 “voluntarios”, como informó la embajada estadunidense en México. Estos nuevos voluntarios se integran a trabajos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.
Previamente, a lo largo del año, habían llegado 33, que estarían integrados a la propia Semarnat en programas de manejo de áreas protegidas, ecoturismo, educación ambiental y desarrollo de negocios sostenibles; y 12 más, en los programas del Conacyt en transferencia tecnológica, tecnologías de la información, desarrollo de negocios y organizaciones y enseñanza del idioma inglés.
Especialistas consideran que, como nunca desde la Revolución Mexicana, el país se encuentra al borde de una intervención militar estadunidense. Coinciden en que mientras más desestabilizado se encuentre el país, mayores serán las posibilidades de que marines “colaboren” en territorio mexicano.
“Ése [el de la intervención] es el tema en los círculos de la inteligencia en México”, señala Abelardo Rodríguez Sumano, investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara.
El especialista en temas de seguridad nacional de México y Estados Unidos señala que la intervención estadunidense tendría como origen el “vacío” que han dejado las autoridades mexicanas.
“No hay un consenso en el sistema de seguridad nacional en cuanto a la relación con Estados Unidos. Estamos desarticulados en el aspecto de la ‘colaboración’. Hay sectores, como el de la Marina [Armada de México], que la quieren. Y otros, como el del Ejército [Mexicano], que se resisten. Y mientras no haya acuerdo y se generen estos vacíos estratégicos, los estadunidenses los van a ocupar. Ellos sí tienen claro qué quieren respecto de nosotros.”
Para el doctor Guillermo Garduño Valero, la intervención no es un hecho del futuro inmediato: “Ya está ocurriendo”. Agrega que los propios estadunidenses consideran que no son necesarias en este momento las tropas de ellos en el país.
“Se trata de una guerra de ellos; pero que la libran, como la mayoría de ellas, a lo largo de su historia, fuera de su territorio. Ellos ya están aquí. Ya intervienen, pero los que ponen las vidas son los mexicanos”, asegura.
Al final, concede: “Cuando las instituciones mexicanas se agoten, entonces sí tendrán que responder ellos directamente… Y va a ocurrir”.
Para Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, la preocupación de los sectores militares mexicanos ante una posible intervención estadunidense no es nueva. El egresado del Centro de Estudios de la Defensa Nacional, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, explica que después del ataque a las torres gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, la inteligencia militar mexicana advirtió que Estados Unidos querría instalar bases militares en México.
La advertencia habría quedado plasmada en un documento elaborado en 2003: la minuta de la reunión de las dos generaciones de maestría en seguridad nacional que las Fuerzas Armadas mexicanas imparten. Se trataría de la elite castrense egresada del Colegio de la Defensa Nacional (a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional) y la del Centro de Estudios Superiores Navales (a cargo de la Secretaría de Marina).
Para el senador René Arce, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Estados Unidos “siempre ha intervenido en México en cuestiones de inteligencia”. Arce cuestiona: “Ahora sí nos quieren parecer muy patriotas y marcar su línea, cuando lo que les ha molestado [a las Fuerzas Armadas mexicanas] es que les digan que violan los derechos humanos; ése es el problema. La presencia de militares y gente de inteligencia sí existe, pero es discreta”.
Abelardo Rodríguez señala que incluso para el sector militar más duro de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, los marines debieron desplegarse en México desde hace meses.
“Pero históricamente está visto que una vez que Estados Unidos se instala en algún país, es muy difícil que salga”, advierte.

EPR, también en alerta ante posible intervención
La posible intervención estadunidense en México no sólo ha sido advertida por las Fuerzas Armadas Mexicanas, sino también por los grupos guerrilleros. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), considerada la guerrilla con mayor capacidad de fuego en México, señaló que cuando Estados Unidos utiliza los conceptos narcoinsurgencia y narcoguerrilla, está señalando que intervendrá militarmente.
En su órgano de difusión El Insurgente, correspondiente a septiembre y octubre de 2010, el EPR y su organización política, el Partido Democrático Popular Revolucionario, señalan que el “gendarme del mundo” es el que acuña los términos narcoinsurgencia, narcoguerrilla y narcoterrorismo con el fin de intervenir en México, y también con el de relacionar a la lucha de reivindicaciones políticas y sociales con el crimen organizado.
El EPR rechaza que la delincuencia organizada, principalmente los cárteles del narcotráfico, sea “insurgencia”. Equipararlos equivaldría a criminalizar la pobreza. Se trata, asegura, de un ardid de la guerra de baja intensidad diseñada por los militares estadunidenses.
El narcotráfico es una empresa capitalista; nada tiene que ver con la guerrilla en México, concluye el EPR.
viernes, octubre 29, 2010
El "Para Vivir Mejor" de Felipe Calderón....
“Cínico”, argumentar seguridad nacional para ocultar información
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Es inválido argumentar que la transparencia gubernamental lesiona la seguridad nacional de los países. Durante años, eso se afirmó en Estados Unidos “y no terminó bien; no estamos más seguros en la oscuridad”, sostiene el director del Archivo de Seguridad Nacional de ese país, Thomas Blanton. Investigadores mexicanos señalan que el sexenio de Calderón será recordado por su opacidad
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Simulada, la atención a enfermos de Sida en México
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Informes de supervisión de 2007 a Centros Ambulatorios de Prevención y Atención de VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual advierten que son deficientes los servicios para personas con Sida. Falta de prevención, atención y vigilancia son señaladas por el Censida. A su vez, la Auditoría Superior de la Federación apunta que hay descontrol, excedentes, desabasto y expiración de antirretrovirales en los estados.
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Avanza reprivatización carretera de Felipe Calderón
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Como parte del plan sexenal del gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes privatiza tramos carreteros con alto aforo vehicular que, además de mermar las arcas públicas, dejará sin empleo a cientos de trabajadores de diversos puntos del país. La reprivatización y los despidos se operan en Michoacán actualmente.
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miércoles, octubre 27, 2010
La “Ley Simi”
Sin embargo la reforma, que se quiere imponer en el Congreso de la Unión para “resolver” este problema mediante la entrega de un vale canjeable en farmacias privadas, es una falsa solución, que además de generar mayores dificultades financieras y operativas en el propio Instituto; encubre un gran negocio a favor de las cadenas farmacéuticas e inicia la privatización de la institución más importante de seguridad social de nuestro país.
La iniciativa, conocida ya como la “Ley Simi”, presenta dos problemas: uno, derivado del desaseo en el proceso de presentación del dictamen, el 28 de abril del 2010, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, ya que no se cumplió con el procedimiento legislativo regular. Pues el “dictamen” no se discutió y aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social, sino que el diputado promovente recogió firmas de los integrantes de la Comisión sin que mediara la instalación y acuerdo formal de la misma, por lo que de origen carece de validez jurídica. A lo que se suma el hecho de que el “dictamen” omitió la opinión de la Comisión de Salud y el análisis de su soporte presupuestal, pues como lo disponen las normas del Congreso, toda reforma legal que implique modificaciones en el ejercicio del gasto, debe contar con la valoración de la Comisión de Presupuesto.
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