Televisa y TV Azteca: La sociedad perversa

La socieda perversa

Con la compra de Cablemás y de la mitad de Iusacell, Televisa se alza como el único emporio nacional capaz de ofrecer el cuádruple play (televisión, internet y las telefonías fija y móvil). Para lograrlo unió fuerzas con su antiguo y acérrimo rival, TV Azteca. El propósito: frenar a la competencia en los servicios de banda ancha inalámbrica y de televisión abierta y restringida, lo que dio origen a la “guerra” contra Carlos Slim. A finales de enero último, en su columna Plaza Dominical del periódico Reforma, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador de Proceso, había adelantado el plan de Televisa y TV Azteca, pero el duopolio lo “desmintió” con insultos.

Jenaro Villamil

Una trama de simulación empresarial, financiera y política, así como la ambición por controlar las dos terceras partes del mercado de 35 mil millones de dólares anuales que genera el sector de las telecomunicaciones en México, están detrás de la reciente operación confirmada por Televisa para adquirir 50% de las acciones de Iusacell, la tercera empresa de telefonía móvil en el país y propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Esta transacción –a la que aún le falta la autorización de la Comisión Federal de Competencia (CFC)– incluye un compromiso de Televisa para invertir mil 600 millones de dólares (37.5 millones en capital y mil 565 millones en deuda convertible) a cambio de compartir con Salinas Pliego “los mismos derechos de gobierno corporativo” en Iusacell, así como permitir negociaciones entre la empresa de telefonía móvil y “filiales de Televisa para expandir su oferta de servicios”.

El control de la mitad de Iusacell le permitirá a Televisa ser la única empresa que dé los servicios de cuádruple play en México (televisión, internet y telefonía fija y móvil) a través de su red de empresas de televisión por cable (Cablevisión, TVI y Cablemás), más la de televisión satelital, Sky, y la telefónica Bestel.

El anuncio de la transacción entre Televisa y Iusacell coincidió con la autorización para que la empresa de Emilio Azcárraga Jean aumente de 58.3 a 100% su inversión en Cablemás, el segundo operador más grande de televisión por cable en el país, con 2.8 millones de suscriptores y una red de servicio de 17 mil kilómetros.

Esta concentración se realiza pese a que Televisa y Cablemás incumplieron las condiciones impuestas por la CFC en agosto de 2007: que Cablemás abandonara su participación directa o indirecta en la Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV, a través de su filial Paxia), que Televisa diera acceso no discriminatorio a otras empresas a sus señales de televisión abierta y que se prohibieran “las ventas atadas”.

Para Banamex Casa de Bolsa, la concentración de Televisa y Cablemás (por 4 mil 700 millones de pesos) anticipa una compra de Televisa en Megacable, la empresa más grande del sector, con lo que Azcárraga dominaría más de 65% de la televisión por cable.

De esta manera las adquisiciones de Televisa en Iusacell y Cablemás le permitirán a Azcárraga tener 57 megahertz del espectro de telefonía móvil –sin necesidad de participar en una licitación–, competir directamente con Telcel (la empresa de Carlos Slim, que tiene 70% de los 90 millones de usuarios de telefonía móvil) y con la española Telefónica-Movistar (con 19.7 millones de suscriptores, que domina 70% de las frecuencias de televisión abierta y controla los contenidos en televisión restringida).

Frente a este nivel de concentración ninguna autoridad del sector ha podido frenar el avance de Televisa y el recrudecimiento de la guerra que esta empresa y TV Azteca han emprendido contra Telmex-Telcel, Grupo Dish y los otros medios que se atrevan a oponerse al duopolio televisivo.

El comisionado de la Cofetel Gonzalo Martínez Pous advirtió que la autorización de la compra de 50% de Iusacell “está en la cancha de la Comisión Federal de Competencia”. “Nosotros únicamente nos encargamos de la regulación”, afirmó.

Para Jorge Fernando Negrete y Jorge Bravo, analistas de Mediatelecom, “se confirma la colusión de intereses en televisión abierta para impedir la entrada de nuevos competidores en ese mercado, y serán cada vez más evidentes los beneficios y prebendas a favor de Televisa, aliada con TV Azteca para operar una plataforma inalámbrica que difundiría los contenidos de los dos principales productores, que llega a 95%”.

“Esta concentración excesiva de recursos comunicacionales, además de las alianzas y colusiones, no fomenta la competencia, sino su destrucción”, afirmaron los especialistas de Mediatelecom en su análisis sobre esta transacción.

La simulación empresarial

La farsa empezó la segunda semana de octubre de 2010. Tras sostener contra viento y marea su sociedad con Nextel para obtener –por 180.1 millones de pesos– el bloque más valioso de la Licitación 21 para telefonía móvil, Televisa anunció que rompía el compromiso de invertir mil 400 millones de dólares en esa telefónica y tener entre 37 y 40% de su capital accionario.

La Licitación 21 se volvió un escándalo político, legislativo y mediático. El Congreso aprobó una exención de dos años del pago de derechos en beneficio de las empresas que participaran en la licitación más compleja del sexenio.

El entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, y el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, negaron una y otra vez que las bases se hubieran redactado para favorecer a la sociedad Nextel-Televisa, las únicas que pudieron competir por el bloque nacional de 30 Mhz.

Iusacell interpuso 95% de los más de 60 litigios a los que dio pie la Licitación 21. Su abogado, Salvador Rocha Díaz, salía un día sí y otro también a litigar contra el “favoritismo” de las autoridades a Televisa-Nextel.

Televisa manejó que debido a la “politización” de la Licitación 21 suspendía su compromiso de sociedad con Nextel y privilegiaba su inversión en Univisión, la cadena estadunidense de televisión de habla hispana que en junio de 2006 Azcárraga Jean perdió en su intento de adquirir el control accionario.

Aún en octubre de 2010 Iusacell firmó un convenio con sus acreedores para reestructurar una deuda de 544 millones de dólares: 344 millones con vencimientos en 2011 y 2012, y los otros 200 millones con vencimientos en 2013.

De esa deuda, 200 millones fueron adquiridos por el empresario regiomontano David Martínez, director de Fintech Advisory, quien tuvo el control de 98% de la deuda que vencía en 2011, 92% de la de 2012 y 76% de la correspondiente a 2013.

David Martínez, especializado en la adquisición de deudas corporativas (con descuento), tenía la intención de comprar 51% de las acciones de Iusacell y competir con Carlos Slim y Televisa. Martínez es un viejo adversario de Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa y estratega de la expansión del consorcio hacia el área de las telecomunicaciones.

Entre noviembre y diciembre de 2010, De Angoitia y Bernardo Gómez, los dos principales colaboradores de Emilio Azcárraga Jean, en sigilo emprendieron negociaciones con Ricardo Salinas Pliego para adquirir una parte del paquete de deuda de Iusacell y convertirse en accionistas mayoritarios de esa empresa.

Según fuentes cercanas a la negociación, el 21 de diciembre del año pasado se firmó un primer acuerdo confidencial entre Televisa y Iusacell.

Un mes después, el 23 de enero de 2011, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa adelantó en su columna Plaza Dominical, del periódico Reforma, que la operación de Televisa para quedarse con “la totalidad” de las acciones de Iusacell le permitiría, “además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales, contar de golpe y porrazo con 53 Mhz del espectro”, lo que posee la telefónica.

El desmentido a Granados Chapa fue inmediato y ofensivo. Televisa y Grupo Salinas acusaron al periodista de haber mentido y de no haber consultado a las empresas. Manuel Compeán, vocero de Televisa, se dio el lujo de pontificar y dijo que el texto de Granados Chapa era “un desafortunado artículo que no cuenta con el mínimo rigor periodístico”.

Para los mismos días de diciembre de 2010, Telmex y Telefónica dieron a conocer un acuerdo de tarifas de interconexión por 0.95 centavos que sorprendió a los otros competidores. Tradicionalmente duros adversarios, la empresa de Slim y la dirigida en México por Francisco Gil Díaz llegaron a un acuerdo que aceleró la negociación entre Televisa y Iusacell.

En febrero de 2011 se inició la guerra abierta de Televisa y TV Azteca contra la dupla Telmex-Telcel, y se ha extendido hacia Grupo Dish, propiedad de MVS en sociedad con EchoStar y Telmex.

El inicio de las hostilidades públicas se generó a raíz del incremento de las pautas publicitarias en los canales de Televisa. Slim decidió suspender el convenio para este año. Menos de una semana después, TV Azteca anunció que suspendía los anuncios de Grupo Carso por desacuerdos en las negociaciones de las tarifas de interconexión de Iusacell con las empresas de Slim.

En una calca de lo sucedido con la Licitación 21, comenzó la ronda de demandas y denuncias. Iusacell, a través de su director jurídico, Federico Borrego, interpuso ante la CFC una demanda contra Telcel por presuntas prácticas discriminatorias y luego la demandó por el pago correspondiente al mes de febrero por interconexión.

Telcel y Telmex no se quedaron de brazos cruzados. Inundaron las páginas de medios impresos y cibernéticos con cintillos y desplegados contra el “duopolio televisivo”. Acudieron también a la CFC para denunciar la dominancia de Televisa en el mercado de la televisión restringida y se defendieron ante la guerra de spots por las altas tarifas de interconexión.

En una de sus últimas inserciones, Telmex afirmó: “Iusacell, ex monopolio celular, pierde participación del mercado del 100% a 4.4 % y usa noticiario con mentiras para presionar a las autoridades”.

Emilio Azcárraga Jean promovió en su cuenta de Twitter un blog contra Telmex (www.todoslosmexicanos.org) y el nivel de agresión llegó casi al insulto.

Redondean el negocio

Lo que antes negaron airadamente Televisa y Grupo Iusacell se confirmó el lunes 4, cuando el periodista Alberto Aguilar publicó que existían negociaciones entre ambos para aliarse y para que Azcárraga Jean adquiriera la deuda de David Martínez.

“Hasta donde se sabe, Televisa adquiría la importante tenencia de deuda del regiomontano David Martínez, dueño de Fintech Advisory”, publicó Aguilar.

El miércoles 6, The Wall Street Journal citó una fuente de Televisa y adelantó que ese grupo comprará 50% de Iusacell por mil 600 millones de dólares. El vocero de la televisora afirmó al rotativo que esta adquisición es “una movida defensiva” en la batalla contra Slim.

“(Slim) nos está tratando de ahogar en una guerra de precios”, afirmó esta fuente. Criticó que a través de los servicios de comercialización y facturación que Telmex ofrece con Grupo Dish se ha reducido el costo de la televisión satelital, mientras que Telcel incrementó el número de teléfonos de la compañía.

Ese mismo día el Consejo de Administración de Televisa aprobó la negociación realizada por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia con su contraparte de Grupo Salinas, Pedro Padilla. El mercado bursátil no reaccionó favorablemente al anuncio: las acciones de Televisa disminuyeron entre 2.9 y 4% entre el miércoles 6 y el jueves 7.

Grupo Iusacell, que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores, fue deslistada el año pasado por el alto costo de su deuda, de 12 mil 47 millones de pesos. A finales de 2009 la Casa de Bolsa Ixe calificó de “delicada” la situación financiera de la compañía, ya que su flujo en efectivo era negativo y el pago de intereses absorbía prácticamente todo su flujo operativo.

“Teniendo como socio a Televisa se abre la posibilidad de que Iusacell se vuelva un jugador un poco más importante, dependiendo de los acuerdos a los que lleguen y de la nueva estructura deuda-capital que tenga; el principal lastre de Iusacell siempre fue la deuda”, comentó Manuel Jiménez, subdirector de análisis de Ixe Casa de Bolsa a la agencia CNN Expansión.

Para distintos observadores los ganadores de esta operación son David Martínez y Ricardo Salinas Pliego; la fortuna de este último es de 8 mil millones de dólares según la revista Fortune.

David Martínez –quien vive en el extranjero– estuvo en México para hacer las últimas negociaciones a fin de vender a un precio mayor los 200 millones de dólares de tenencia de deuda que adquirió de Iusacell.

Para el financiero regiomontano esta transacción representa también una vieja revancha financiera: en junio de 2003, Grupo Salinas lo dejó en el camino en la adquisición de las acciones de Verizon y Vodafone en Iusacell, empresa creada por Carlos Peralta, quien vendió en 2001 su última participación de 34.5% por 973.4 millones de dólares.

En 2003 Ricardo Salinas Pliego compró en 10 millones de dólares el 100% de los títulos de Iusacell, empresa que ya arrastraba una deuda de 800 millones de dólares.

Ahora Televisa pagará 37.5 millones de dólares en capital y mil 565 millones de dólares en deuda convertible. A cambio, une fuerzas con TV Azteca para frenar a cualquier otro competidor en televisión abierta y para “congelar” un tiempo el ingreso de Telmex a la televisión restringida y la autorización para que MVS ofrezca servicios de banda ancha inalámbrica móvil a un precio mucho más barato que el cuádruple play de las televisoras.

La república de Televisa

Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez. "Criterios editoriales".

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 28 de marzo.- Aunque faltan 15 meses para la elección constitucional, Televisa parece haber consumado su proyecto de construir la figura del presidente de la República. Ahora pretende algo más ambicioso. Quiere edificar la república misma. Quiere diseñar la clase de sociedad que Peña Nieto gobierne, el género de medios de comunicación que lo arropen, los criterios editoriales con que se transmita la información sobre la política de seguridad pública y las acciones del crimen organizado. No se propone trazar una raya, sino erigir un muro que divida a los participantes de los excluidos. Como si se tratara de un club gigantesco, Televisa se reserva el derecho de admisión a los territorios donde habitan los elegidos, el tipo de personas que protagonicen la vida pública y sean capaces de generar confianza. Nadie que no figure en el elenco preparado por Televisa tendrá existencia real. Quedará al margen, en la cuneta de la supercarretera.

Tal desmesurado propósito es el objetivo de Iniciativa México, un proyecto de propaganda que ya tuvo su primera edición el año pasado. Con enorme aparato se convocó a la presentación de ideas y tareas que dieran cuenta de las verdaderas capacidades de los mexicanos. Se presentaron miles de esos proyectos, en distintos rubros, algunos de los cuales fueron premiados para denotar que hay una porción de la sociedad que no pierde su tiempo ni espera auxilio gubernamental para su realización personal o de grupo.

Ahora se ha lanzado la segunda edición de Iniciativa México. Se alzó el telón el jueves 24, con una magna reunión ya no en un recinto privado (el exconvento de San Hipólito), sino en un auditorio público, el Museo Nacional de Antropología. El contenido de esta nueva edición es más claramente político que el primero. Televisa lo adopta más temprano que el año pasado, cuando comenzó en junio. Ahora se lanza en marzo, en plenos procesos electorales. Se refiere a la comunicación social relacionada con la violencia que genera la delincuencia organizada. Ya desde allí, desde la definición del tema, se adopta un punto de vista afín al del gobierno, que requiere alejar de sí la responsabilidad en la génesis de la violencia: ésta surge sólo por la actividad criminal, no porque la practica también el Estado.

La pieza ostensible de la Iniciativa México II es el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Televisa y sus aliados y dependientes prepararon una suerte de código de ética que parte del supuesto (que no se presenta como tal, pero es explícito) de que el manejo de la información colectiva “es esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Esto es, que una política informativa homogénea, uniforme, puede hacer que disminuya la violencia, como si difundirla fuera su causa. De ese razonamiento se desprendería fácilmente el corolario de que para suprimir la violencia no hay más que dejar de hablar de ella, de negarle a la sociedad la información que le hace falta para regular su vida.

Hay otros supuestos, algunos tácitos, en la formulación de los objetivos del Acuerdo. Se presume que la cobertura informativa de la violencia puede servir “para propagar terror entre la población”. Padecer los efectos directos de la violencia sin duda genera miedo, pero es difícil probar que la difusión de la violencia lo cause también. Un indicio de que no hay relación de causa-efecto entre difundir violencia y provocar miedo acaba de ser observado: hay gran violencia en Acapulco, de la que se sabe fuera del puerto, y sin embargo esa información no inhibió al turismo nacional para llegar en los puentes recientes. El del fin de semana pasado permitió que hubiera más del 90% de ocupación hotelera.

El Acuerdo enumera 10 criterios editoriales que deben aplicarse “sin demérito de la independencia editorial de cada medio”. En general, tales criterios son adecuados y compatibles aun para medios que no suscriben el Acuerdo. Algunos de ellos son, sin embargo, francamente ridículos. Los dos primeros están en ese caso. El inicial ordena “tomar postura en contra”. Instruye a (porque usa el verbo debemos) “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada”, algo por completo innecesario, pues está “en la naturaleza de las cosas”, como se diría en el lenguaje de los autores del decálogo. El segundo es francamente chistoso. Cualquier medio debe evitar “convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”: ¿Cómo evitar un acto involuntario, puesto que es eso precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo?

En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es un sesgo deliberado que altere el sentido de la información. Ordena “omitir y desechar la información que provenga de las organizaciones delictivas”. Se refiere sin duda a los narcomensajes, que en mantas y cartulinas anuncian acciones o sentencian a personajes. Si se procede como ese mandamiento prescribe, se corre el riesgo de hacer incomprensible la información, carente de uno de sus elementos, que puede darle sentido.

Los criterios restantes son en general admisibles, compartibles. Algunos proceden de manuales elementales de periodismo, como “dimensionar adecuadamente la información”, o de ordenamientos legales, como “no prejuzgar culpables” y “cuidar a las víctimas y a los menores de edad”. Hasta creería que resultaron de un ejercicio de autocrítica de las televisoras, que presenta como culpables a recién detenidos al hacerse mera extensión de los interesados e ilegales mensajes de las autoridades de procuración de justicia o de seguridad pública, las cuales los condenan aunque tiempo más tarde, ya sin la difusión adecuada, los jueces los exoneren porque son inocentes o porque sus responsabilidades no fueron probadas.

El código periodístico de la Iniciativa México, es decir, de Televisa, manda “proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”. Son palabras huecas en boca de periodistas que se pusieron con soberbia por encima de la solidaridad que el gremio quiso mostrarles durante y después de la crisis de julio pasado, cuando reporteros y camarógrafos de televisión fueron secuestrados. A la marcha de protesta contra esa acción no acudieron los involucrados, y hasta rechazaron el gesto de aquellos a los que no consideran dignos de ser llamados sus compañeros. En casos más recientes, en vez de solidarizarse con reporteros y medios puestos en entredicho, las televisoras fueron las autoras del entredicho, al formular arteras acusaciones que no se sustentan de ninguna manera. Ese fue el caso de Ricardo Ravelo, el reportero de Proceso, y la revista misma, así como el del diario Reforma, todos ellos señalados como perpetradores de delitos, cuando sólo habían cometido el de desnudar acciones políticas, no informativas, de Televisa.

Independientemente del decálogo, la porción objetable de este Acuerdo es el aviso de que se creará un “órgano ciudadano de observación” que examine el apego de los medios a esos criterios editoriales. Se trata de un amago de exclusión. Los medios suscriptores del Acuerdo formarán el catálogo de la “buena prensa”, como antaño lo hicieron corporaciones religiosas. Quedará fulminado todo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos, a juicio de los ciudadanos observadores. Y no se diga la situación marginal en que han quedado los medios no invitados o que no aceptaron participar en este Acuerdo. Se les coloca con esa omisión en calidad de sospechosos, como quiere hacer el gobierno con este semanario, al que ya dos veces ofendió colocando ejemplares de la revista con arsenales decomisados a bandas delictivas. La primera gran reacción de condena de este sistema inquisitorial ocurrirá, téngalo usted por seguro, cuando Ismael Zambada, El Mayo, o Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, respondan a los cuestionarios que les presentó Julio Scherer García, según relata en su libro Historias de muerte y corrupción, en la parte que en cierto sentido continúa la publicación de su encuentro con Zambada. En vez de considerar el valor periodístico, la utilidad social de conocer los móviles de quienes tienen en jaque al país, los falsos profesores de periodismo, inocuos e inicuos propagadores de una ética que no conocen ni por los forros, tendrían, quieren tener, piezas de ese calibre en las cuales cebarse.

Ese es el tipo de periodismo de personas que no tendrán lugar en la república de Televisa.

FORO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN...

"La libertad de expresión es un derecho consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo sexto. Sin embargo, este derecho se ha visto vulnerado en los últimos años. Miles de periodistas han tenido que enfrentar la censura del gobierno, de sus propias empresas y de los poderes fácticos. Otros más han padecido la represión abierta o encubierta. Hay quienes han sido procesados penal y civilmente. Lo peor es el secuestro, tortura, desaparición y asesinato de cientos más a lo largo del último decenio, sin que las autoridades sean capaces de llevar a juicio a los criminales. La impunidad ha sido absoluta, a tal punto que el periodismo es hoy una profesión de alto riesgo en México".

El Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, realizó un foro en el Club de Periodistas de la Ciudad de México para informar acerca de los más recientes acontecimientos con respecto al quehacer informativo y/o deformativo.

Asistieron la Dra. en derecho Perla Gómez Gallardo y los periodistas Miguel Badillo, Virgilio Caballero, Marco Lara Klahr y Raúl Trejo Delarbre.

La destacada participación tanto de Perla Gómez como de Virgilio Caballero, así como la buena moderación de Miguel Badillo, fue lo más destacable de este foro. Cabe resaltar la excelente participación de Perla Gómez, cuyos argumentos sustentados por la razón, el sentido común, la lógica elemental y su gran conocimiento del tema, la convierten en un diamante del derecho y candidata natural a ocupar la presidencia de la SCJN, una vez que ésta sea rescatada de la oligarquía parásita y parasitaria que la controla.

¿Por qué una mente tan brillante, ética, honesta, informada y consciente no está en el lugar de cualquiera de los marranistros de la Tremenda Corte de Inmundicia? Obvio, porque ella no se prestaría a servirles a los parásitos de la oligarquía que nos desgobierna.


http://www.youtube.com/watch?v=2ex58eoCU80


http://www.youtube.com/watch?v=qqMsd1QKoKQ

El Maestro Virgilio Caballero dando una cátedra del periodismo honesto, valiente, ético, profesional y consciente que lo ha caracterizado toda su vida.

http://www.youtube.com/watch?v=ta5NGroO5uc

Tanto Marco Lara como Raúl Trejo no convencieron al respetable con algunas de sus argumentaciones, razón por la cual no tiene caso ver ni oir sus exposiciones. Sobre todo las del Dr. en Sociología Raúl Trejo, quien aún cree que la televisión no es la gran manipuladora de masas. No sabe que la manipulación perversa de la televisíón moldea el pensamiento de las personas mediante el uso de mensajes subliminales y las técnicas de neuroplasticidad, con lo cual le dictan que comer, beber, vestir, pensar, hablar y por quien votar. Es una lástima que gente con alto grado académico siga siendo perversamente manipulada por la televisión. "Lo estudiado no quita lo neuroplastizado".

¡¡¡POR SALUD MENTAL APAGA LA TELEVISIÓN, LEE "LOS SEÑORES DEL NARCO" Y REZA EN CASA!!!

Sabadazo, Univisión y Brozo

A los putos PANistas les encantan los "sabadazos" para hacer sus fechorias!

El titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 5 de octubre (apro).- Una serie de eventos, en apariencia inconexos, se sucedieron desde que el viernes 1 de octubre, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, decidió pasar por alto las medidas cautelares ordenadas por varios jueces y entregar los títulos de concesión para que Televisa y Nextel exploten durante 20 años la nueva banda de telefonía móvil convergente con triple play.

Un día después, el sábado 2 de octubre, Molinar convocó a una rueda de prensa para confirmar que la “ganga” a favor de Televisa-Nextel se había consumado. “No existía ningún obstáculo legal vigente para la entrega de los títulos”, advirtió.

Con cinismo, Molinar mintió y pasó por alto las severas críticas que horas antes le emitió el diputado federal panista, Javier Corral, quien lo acusó de formar parte de una trama de corrupción para favorecer a la empresa mediática más poderosa del país.

Molinar se indignó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, pero ocultó la información sobre la entrega de los títulos.

El sabadazo de Molinar sólo confirmó cómo Televisa ordena y los funcionarios del gobierno calderonista se arrodillan. Peor aún: ningún funcionario de la televisora se atrevió a dar la cara en la rueda de prensa extraordinaria convocada en las instalaciones de la SCT. Sólo asistieron al sabadazo los representantes de la empresa Nextel, Peter Foyo y Gustavo Cantú.

El lunes 4 de octubre, el abogado de Grupo Salinas, Salvador Rocha Díaz, afirmó que se procederá legalmente contra Molinar por haber incurrido en al menos tres tipos de responsabilidades al firmar los títulos de concesión: de carácter administrativo, porque los entregó en contra de los mandatos judiciales; de carácter penal, por el desacato que le valdrá una demanda ante la PGR, y de carácter político, que puede costarle el puesto al funcionario que ha tenido un pésimo papel en el caso de la quiebra de Mexicana y en las licitaciones de la fibra óptica y de telefonía móvil, ambas en beneficio de Televisa.

Televisa envió el mismo lunes 4 un extraño comunicado a sus inversionistas bursátiles. En él señala lo siguiente: “Grupo Televisa S.A.B. anunció el día de hoy que, con respecto a la adjudicación de la concesión del espectro por 30Mhz en la banda AWS el pasado viernes, Grupo Televisa y NII Holdings están evaluando si las condiciones precedentes para cierre de la transacción se han alcanzado o se podrán alcanzar”.

En otras palabras, la sociedad con Nextel no es segura.

El críptico mensaje quedó en segundo plano frente al anuncio mediático de Emilio Azcárraga Jean, quien afirmó en Nueva York que Televisa va a invertir 1,200 millones de dólares para comprar el 5% del capital de Univisión y llegar hasta el 30% de la inversión en este conglomerado.

“Mediante este acuerdo, Univisión podrá expandir la oferta de canales de TV de paga y Televisa logrará finalmente llegar con su contenido a plataformas de internet a través de Univisión.com”, afirmó el presidente de Televisa.

El anuncio triunfalista tenía otro objetivo: convertir la derrota de Televisa en la compra de Univisión (junio de 2006) en una victoria pírrica. Falta que el consorcio de Azcárraga Jean sea autorizado por las entidades regulatorias y antimonopólicas de Estados Unidos.

En el país vecino no todo es tan rápido ni tan fácil para que Televisa incremente su presencia monopólica en territorio norteamericano. Ahí no hay un Juan Molinar o un Felipe Calderón que hagan todo para favorecerlas. Además, existe un candado legal que impide que un extranjero posea más del 25% de propiedad de un medio de comunicación electrónica en Estados Unidos.

Y eso lo saben Azcárraga Jean y su vicepresidente, Alfonso de Angoitia.

El anuncio tenía el objetivo de posicionar a Televisa en el mercado bursátil mexicano. Y lo lograron. Este martes, los títulos de la televisora (CPO’s) cotizaron en 53.80 pesos, lo que representó una ganancia de 12.8%, en comparación con un día antes. Pura especulación bursátil.

Todo parecía bien hasta que Brozo, el “Payaso Tenebroso”, el alfil de Televisa en los videoescándalos, lanzó al aire esta mañana una amenaza digna de un sicario: “Ya estamos sobre ti. Ya todos los instrumentos que hay en la empresa y en la justicia mexicana estamos muy cerca de ti. Hazte a un lado, bríncate, llégale como quieras. Estás en peligro. Ya estamos muy cerca y te vamos a caer, si te metes con uno de nosotros te metes con todos. Ya te chingaste y te lo estoy diciendo por la buena”.

Tal amenaza tuvo como pretexto un twittero que se hizo pasar pos su colaboradora Marissa Rivera. Brozo afirmó que le llegaron amenazas que fueron subiendo de tono. Y como parece que no existe ministerio público que valga, Televisa decidió lanzar una amenaza al aire, sin que la dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía –un organismo fantasma que solía vigilar que los concesionarios cumplan con la ley-- le dijera nada. Al menos hasta ahora.

¿De qué se tratan estos mensajes? ¿Televisa intimida así a las redes sociales o a sus críticos? ¿Estamos en la impunidad mediática o en un nuevo macartismo televisivo?

www.jenarovillamil.wordpress.com

La transición a la TV digital

La MIERDA mas mierda de todas la mirdas del planeta.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 16 de septiembre.- El decreto emitido por Felipe Calderón para reducir en seis años el periodo de transición de la televisión analógica a la digital no garantiza que los beneficios de dicho proceso se traduzcan en una mayor diversidad en la propiedad de los medios de comunicación, y mucho menos en una mayor pluralidad en la oferta de contenidos televisivos para favorecer el derecho fundamental de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.

La transición de lo analógico a lo digital con el protocolo seleccionado en México, de acuerdo con Raúl Trejo Delarbre, permite que en el espacio que hoy ocupa una frecuencia analógica se puedan transmitir las señales de “dos canales de alta definición, seis canales digitales con buena calidad de imagen, o uno de alta definición y tres digitales que no sean de alta definición”.

Esta es una de las principales ventajas del cambio a lo digital, pues debe conducir a la liberación de espectro para permitir el ingreso de nuevos prestadores de servicios; sin embargo, para garantizar al menos la diversificación de la propiedad, eso debe establecerse explícitamente en los decretos y/o la legislación respectivos, pues de lo contrario lo único que sucederá es que los actuales operadores serán los principales beneficiados, ya que podrán disponer –eventualmente a cambio de una contraprestación económica– del espectro liberado.

Esto significa que, en el espacio que hoy tiene asignado Televisa para transmitir la señal de sus cuatro cadenas nacionales, si no se dieran restricciones explícitas previas podría optar por televisar ocho cadenas de alta definición; 24 digitales, aunque no de alta definición; 4 de alta definición y 12 digitales adicionales; 6 de alta definición y 6 digitales, entre otras combinaciones. En el mismo caso se encontraría TV Azteca, con sus dos cadenas nacionales. Además, el duopolio televisivo también tendría la opción de agregar a las combinaciones de oferta televisiva la prestación de otros servicios alternativos: transmisión de datos, audio y/o video, en el espacio liberado o, al menos, en parte del mismo.

Si bien es cierto que los dos decretos –el emitido por Vicente Fox el 2 de julio de 2004, y el expedido por Calderón el 2 de septiembre de este año– establecen que los actuales concesionarios únicamente pueden utilizar el llamado canal espejo (frecuencia adicional que la SCT asignó a quienes así lo han solicitado con el fin de transmitir señal digital) para reproducir exactamente los mismos contenidos que hoy transmiten en su versión analógica, TV Azteca ya utiliza el espacio adicional para ofrecer un servicio de televisión restringida, y aunque tanto la Comisión Federal de Telecomunicaciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideraron que dicha acción viola el título de concesión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, la televisora continúa prestando dicho servicio, mientras se resuelve el litigio en las instancias judiciales.

Por ello es urgente adoptar las medidas necesarias para hacer realidad la promesa de Calderón: “Esta transición hará posible la participación de un mayor número de proveedores de señal de televisión…”. Tal como hoy está planteada, puede garantizar que haya más cadenas o canales de televisión, pero no necesariamente más proveedores, pues los actuales concesionarios estarían en condiciones de acaparar también las nuevas señales y servicios.

Incluso la presencia de nuevos proveedores no garantiza que los consumidores tengan mayor libertad de elección, pues si los nuevos prestadores de servicios son las mismas empresas que dominan los mercados nacionales y mundiales de medios de comunicación y telecomunicaciones, en realidad no habría diferencias significativas ni verdaderas alternativas.

Y, como bien señala el Parlamento Europeo, la diversidad en la propiedad de los medios de comunicación y la competencia entre operadores no es suficiente para garantizar un pluralismo de contenidos, pues éste se ve cancelado por la creciente concentración de los medios en manos de corporaciones trasnacionales, organizaciones comerciales y grupos políticos o económicos nacionales. Las normas generales para combatir los monopolios y oligopolios y promover la libre competencia, en general, son insuficientes en materia de radio y televisión, pues los niveles de diversidad entre las distintas ofertas no agregan valor real para la sociedad.

Es precisamente por eso que una práctica extendida en este sector consiste en establecer otros límites, como son un número de canales fijos; un porcentaje determinado del total de frecuencias disponibles; un porcentaje de participación del mercado potencial. O bien, limitaciones a la concentración vertical, como puede ser el impedimento para poseer prensa, radio y televisión en un mismo mercado o limitar el número combinado de éstos.

En el ámbito de la radio y la televisión es imperativo también asegurar que la propiedad de los medios de comunicación se reparta entre prestadores de gestión estatal (medios vinculados a las distintas instancias de gobierno o poderes); de gestión privada con fines de lucro (las radiodifusoras y televisoras comerciales); y de gestión privada sin fines de lucro (medios comunitarios).

Se requieren asimismo más precisiones para garantizar la presencia de medios públicos como la BBC de Londres, Televisión Francesa y Televisión Española, entre otros, que están bajo la conducción de un órgano de dirección integrado pluralmente y con participación de la sociedad civil, precisamente para asegurar que no se conviertan exclusivamente en reproductores y magnificadores del discurso del Ejecutivo.

Esto último atañe particularmente a México, con los sistemas de radio y televisión estatal, el Imer, Imevisión y el mismo Canal Once, el cual, a pesar de que ofrece algunos contenidos –particularmente educativos, aunque también incluya algunos programas de análisis político y social– atractivos, de calidad y diferentes a lo que hacen las televisoras comerciales, no goza de autonomía de gestión y tiene que someterse a las directrices presidenciales.

En el terreno de los medios comunitarios, la definición de la legislación argentina en la materia que se aprobó recientemente es muy interesante: Los medios comunitarios, dice, “son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionados por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida”.

La oportunidad y el reto que abre la transición a lo digital es precisamente el aprovechamiento óptimo del espectro liberado no sólo para garantizar la diversidad de proveedores, sino también para ensanchar la libertad de elección de las audiencias y garantizar la pluralidad en los contenidos.

Mediante decretos presidenciales, lo más que puede lograrse es ampliar el número de proveedores, pero corresponde totalmente al Congreso de la Unión que esto se traduzca en más opciones efectivas para las audiencias garantizando la universalización del derecho de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.

Claroscuros de la Cofetel

Mony de Swaan, titular de la Cofetel.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 27 de agosto.- En las últimas semanas se ha discutido mucho y razonado menos sobre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y sus resoluciones. Es difícil separar las diversas visiones ideológicas cargadas de adjetivos, identificar los intereses políticos en juego y precisar cuáles son realmente los problemas existentes desde la perspectiva legal. Por eso se antoja necesario desentrañar la madeja.

Primero. El punto de partida del intercambio de posiciones fue el debate sobre la naturaleza jurídica de la Cofetel. ¿Es o no autónoma? Las respuestas fueron maniqueas. Lo cierto es que depende de qué se entienda por autonomía. Si ésta significa independencia para la emisión de resoluciones, sin duda alguna la Cofetel es autónoma. Pero si como autonomía entendemos, además, personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios, la respuesta es negativa.

La Cofetel es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de suerte que por mandato de ley tiene una dependencia y vinculación orgánica a la propia SCT. Debería, por supuesto, contar con un amplio margen de autonomía, como sucede, por ejemplo, con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Ese, sin embargo, no es el caso.

La Suprema Corte de Justicia hizo una clara distinción. En el IFAI, que es un organismo descentralizado, es válida la participación del Senado en la designación de sus comisionados. No ocurre lo mismo con la Cofetel porque en realidad es un organismo de apoyo a la SCT y, por esa misma razón, tiene la figura de desconcentrado.

Segundo. El siguiente aspecto que generó discusiones hasta generar un clima de crispación fue la designación de Mony de Swaan, primero, como comisionado y, después, como presidente de la Cofetel. Sobre este tema ha habido varias acciones que llaman la atención. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó al titular de la SCT para que, el 10 de agosto pasado, le explicara su apoyo a De Swaan. Le recriminó la falta de imparcialidad y la existencia de muchas personas con mayores prendas profesionales que De Swaan. Aunque el Congreso tiene razón en sus percepciones y calificaciones, su acción carece de relevancia jurídica.

Es evidente la cercanía del titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, con De Swaan, pero ello no constituye ninguna violación a la ley. De igual forma, el 4 de agosto la Comisión Permanente aprobó iniciar una controversia constitucional contra el Ejecutivo federal con el argumento de que la designación del presidente de la Cofetel se hizo “en absoluta contravención a lo que establece el artículo 9C de la Ley Federal de Telecomunicaciones”.

El artículo 9 C, fracción III, dispone que un requisito para ser comisionado es “haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones”. Se trata de un enunciado normativo indeterminado que permite varias interpretaciones, de suerte que la “absoluta contravención” que señala el Congreso es difícil de probar. ¿Por qué, por ejemplo, no se impugnó la designación de Ernesto Gil Elorduy, quien, como es sabido, carecía de la mínima experiencia en la materia al llegar a la Cofetel? Si la SCJN decide entrar al fondo, haría una enorme contribución para definir los perfiles de puestos públicos, que en la actualidad es un problema mayúsculo.

Tercero. La gota que derramó el vaso fue la licitación 21 respecto a la frecuencia de 1.7 GHz, donde fue beneficiada la alianza Televisa-Nextel. Esta frecuencia corresponde a lo que se denomina “sistema universal de telecomunicaciones móviles”, también identificado como de tercera generación.

La primera generación fue la que permitió el nacimiento de los teléfonos celulares sin servicio de roaming; la segunda implica la comunicación digital, con capacidad de envío de mensajes SMS y roaming mundial; la tercera generación, adicionalmente, tendrá como base el uso de internet a alta velocidad (incluso superior a 2 Mbps), lo que facilitará ofrecer también contenidos.

En la tercera generación, por ejemplo, la popularización de los sistemas de voz sobre IP (como skype o vonage) es una realidad, lo que representa una reducción de los precios y un incremento del mercado. Aquí el primer problema residió en la forma de asignación, pues la Cofetel dispone de un amplio margen, discrecional, para diseñar las bases o reglas del juego sobre quiénes pueden intervenir en la licitación. El 1 de septiembre del 2009, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) había señalado como límite a la concentración en el espectro de servicios de telecomunicaciones móviles 80 MHz, y ello fue aceptado por la Cofetel.

Cuarto. La Cofetel decidió elaborar las bases por bloques nacionales de 30 MHz. Este hecho impidió a los concesionarios de celular actuales participar en este proceso licitatorio porque habrían rebasado los límites permitidos. Hubiera sido distinto si los bloques hubieran sido de 20 o 15 MHz. En este clima de suspicacias, fue impertinente que la Cofetel hubiera clasificado como reservado por 12 años el documento denominado “Criterios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en Materia de Planeación y Acumulación de Espectro para las Licitaciones 20 y 21”.

¿Por qué es importante conocer el documento? No sólo por el derecho a saber de los gobernados, sino porque si bien es cierto que la elaboración de las bases es discrecional, también lo es que la Cofetel debió observar, como todo acto de autoridad, el principio de legalidad; esto es, hallarse fundado y motivado para evitar que no se le considere arbitrario y, por lo tanto, inconstitucional.

El hecho es que de la lectura del contenido de la licitación podría desprenderse que la autoridad jurisdiccional competente la declarara nula en caso de que fuese presentada la promoción correspondiente. La semana pasada el IFAI revocó el acuerdo de clasificación y ordenó la entrega de la información solicitada. Por lo pronto, es de esperar que integrantes de la Cofetel presenten una demanda de amparo para evitar entregar la información. Seguramente el solicitante hará lo propio para hacer valer la resolución del IFAI.

En descargo de la Cofetel, es importante aclarar que el monto de 180 millones de pesos que se estableció como base no fue una decisión del órgano regulador, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene atribuciones para hacerlo. ¿No debería el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, informar por qué se asignó ese precio por la frecuencia licitada?

Quinto. El asunto es más sencillo de lo que se ha querido presentar. Lo que ahora ha pasado con la asignación a Televisa-Nextel no es culpa de estos grupos. Ellos no fijaron las bases, ni menos todavía se otorgaron la concesión. El problema reside en el diseño institucional del Estado mexicano que permite estos actos de autoridad revestidos de legalidad. De pena ajena fue que el Congreso haya citado a comparecer al titular de la SCT y a los comisionados de la Cofetel para saber por qué apoyaron a De Swaan como presidente. Esto último incluso va más allá de lo que dispone la ley.

Más que espectáculos mediáticos, lo que debe hacer el Congreso de la Unión es legislar en la materia para satisfacer el interés público dando a la Cofetel autonomía constitucional o al menos legal. Asimismo, deben establecerse las debidas salvaguardas para que haya transparencia sobre el sentido de los votos de los comisionados de la Cofetel, sentido que debería ser público. También es preciso que se publiciten las rondas en los procesos de licitación justo a su término para crear verdaderos contrapesos de vigilancia. Si en realidad los legisladores tuvieran compromisos con el país, esta experiencia debería servir de lección para hacer las reformas legales pertinentes con el fin de que no se repita lo ocurrido. l

evillanueva99@yahoo.com

Más alimento para el monstruo

Televisa. Obstáculo.

Purificación Carpinteyro

MÉXICO, D.F., 23 de agosto.- De manera comparable a las reacciones que hace cuatro años suscitó la aprobación de la llamada Ley Televisa, el clamor de indignación de buena parte de académicos, consultores, asociaciones y periodistas especializados en el sector de las comunicaciones se hizo escuchar ahora, a raíz de la licitación de frecuencias que favorece al Grupo Televisa. Muchas fueron las voces que demandaron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones declarara desierto ese proceso, que desde su diseño generó críticas por ser ostensiblemente favorable a la televisora.

Dada la crisis económica mundial y las condiciones de incertidumbre regulatoria en México, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede argumentar que el resultado de la licitación de la banda de 1.7 gigahertz podía haber sido diferente. Nadie, ni el Congreso de la Unión, puede alegar desconocimiento, menos aún cuando los legisladores fueron alertados al respecto antes de que aprobaran el incentivo fiscal que exentaría al ganador, es decir a Televisa, de la obligación de pagar derechos por los primeros dos años de la concesión.

Para cuando se inició la licitación la suerte estaba echada. Sin sorpresa para nadie, el recién conformado consorcio Nextel-Televisa fue el único postor por los bloques de frecuencias de 30 megahertz. ¡Cómo no, si ni Telcel ni Telefónica o Iusacell tenían derecho a competir por esas concesiones! El consorcio sólo tuvo que ofrecer el precio mínimo de referencia para garantizarse el botín.

Fue entonces cuando las críticas se encendieron. Plumas y micrófonos alzaron su voz o abrieron espacios para defender o atacar, según su filiación, el resultado de tan viciado proceso. Las presiones no se hicieron esperar y llegaron hasta la cúpula de los poderes del Estado. Por Los Pinos y el Senado de la República circularon defensores y detractores presentando argumentos, que también fueron abiertamente discutidos.

Otros inexplicablemente callaron ante la ola de críticas contra la medida, como Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), o como Telefónica, a pesar de haberse comprometido a pagar siete veces más que el precio ofrecido por el consorcio para ganar poco más de un tercio de las frecuencias.

Las posiciones encontradas pusieron en evidencia la red de conexiones que, como mínimo, abren la puerta a cuestionar la imparcialidad de los responsables de la decisión.

Por el voto de dos de los cinco comisionados fue aprobado el controversial proceso y el consorcio consiguió su ambicionada concesión. Aunque la responsabilidad no recae únicamente en aquellos que votaron: también son responsables aquellos que, con su ausencia o su abstención, garantizaron el resultado.

Otro gallo hubiera cantado si, como es su obligación, José Luis Peralta se hubiera presentado en la sesión plenaria de Cofetel para confirmar su tan publicitada objeción, y si Roberto Gil Elorduy, otro de los cinco comisionados, no se hubiera abstenido de votar. Pero la ausencia de Peralta y la omisión de Gil Elorduy a nadie debe engañar. Con una y otra convalidaron la votación que de otra manera habría puesto en serios aprietos al consorcio Nextel-Televisa y al presidente del organismo, que en el mejor de los casos habría tenido que hacer uso del voto de calidad que la ley le confiere para definir la licitación.

Pero en lo que respecta a quienes sí votaron debe decirse, en primer lugar, que ningún comisionado puede escudarse en el supuesto desconocimiento de las bases, como alega Rafael del Villar. Aunque es más cuestionable el voto favorable de Gonzalo Martínez Pous, quien abiertamente hizo y continúa haciendo campaña en defensa de la decisión que privilegia al consorcio.

Esta exhibición de defensa del abogado-comisionado de la Cofetel abre la puerta a suspicacias. Antes de desempeñarse como director general jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Martínez Pous trabajó en la Secretaría de Hacienda, cuando esta dependencia era comandada por Francisco Gil Díaz, actual presidente de Telefónica y quien tiene fuertes vínculos con Televisa.

No en vano Gil Díaz ha conseguido colocar en posiciones relevantes del poderoso grupo mediático a por lo menos dos miembros de su equipo cercano en la secretaría: Porfirio Sánchez, responsable del desarrollo del proyecto Boletazo en Hacienda, cuando estuvo bajo las órdenes de Gil Díaz, y recientemente a su abogado y entonces procurador fiscal, Luis Mancera. Casualmente, Martínez Pous trabajó para Mancera en Hacienda, y fue apoyado e impulsado por este último y por Gil Díaz para su accidentada designación como comisionado en el sexenio de Vicente Fox. También esto explicaría el silencio guardado por Telefónica ante una decisión que favorece a quien será su competidor directo.

Pero el voto más controversial y digno de análisis es el del recién nombrado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El hecho de favorecer al consorcio Nextel-Televisa en una decisión tan dividida no lo fortalece, especialmente si se considera el entorno de cuestionamiento a su designación como comisionado por parte del Congreso, dispuesto a empujar una controversia constitucional a fin de destituirlo.

Públicamente De Swaan ha argumentado que la consecuencia inmediata de declarar desierta la licitación postergaría la asignación de las frecuencias por más de 20 meses, cancelando las inversiones del consorcio, retrasando el lanzamiento de nuevos servicios, como televisión por celular, y postergando los beneficios de una mayor competencia en el sector.

Suponiendo que aquello que lo llevó a inclinar la balanza a favor de Nextel-Televisa es su convicción en cuanto a la necesidad de que exista competencia en un sector altamente concentrado, sólo resta esperar la decisión de licitar concesiones para la aparición de nuevos canales de televisión abierta que compitan con Televisa, con la finalidad de evitar que ésta aproveche su absoluto dominio en televisión y pretenda que su consorcio sea el único capaz de ofrecer sus canales por celular.

Y es que cuando la Cofeco aprobó la participación de Televisa en la licitación, una vez más dejó de considerar que se trata de un mercado convergente, en el que el operador que esté en condiciones de ofrecer más servicios tendrá ventajas competitivas insuperables. En un mercado en el que convivirán los paquetes de telefonía e Internet móvil con los de telefonía fija e Internet fijos y la televisión fija y móvil, Televisa tiene todas las de ganar. Si bien es cierto que esta empresa no es dominante en todos los servicios, su control absoluto sobre la televisión abierta y su posición avasalladora en la televisión de paga la colocan en una posición única.

Por lo demás, nada indica que Televisa esté dispuesta a permitir que sus señales de televisión abierta sean transmitidas por sus nuevos competidores. Basta analizar la experiencia de quienes intentan competir con este grupo para darse cuenta de que la única manera de retransmitir las señales abiertas de sus canales de televisión es comprando un paquete de canales que no les sirven, pero que justifican el costo que han preferido no pagar.

Ahora sólo nos falta esperar las medidas que deberá impulsar la Cofetel de Mony de Swaan para impedir que Televisa se apodere de un nuevo conducto mediático sin que ningún operador pueda competir por el mercado. Si es cierto que sus decisiones se justifican por los beneficios que traerá la competencia, De Swaan y los demás comisionados tendrán que demostrarlo, aunque ello implique ser víctimas de todas las plumas, micrófonos y pantallas, y de las temibles consecuencias de enfrentarse al más peligroso de los obstáculos: Televisa.

La ganga a Televisa, bajo demanda

Televisa sigue recibiendo del gobierno federal prebendas y concesiones. En la reciente licitación 21 para asignar bandas en el espectro radioeléctrico, los titulares de la SCT, de la Cofetel y de la Cofeco maniobraron para que Televisa, aliada con Nextel, pagara sólo 180 millones de pesos por un espacio cuyo valor supera los 5 mil millones de pesos, cifra que otras empresas debieron entregar para la asignación de la misma cantidad de megahertz. El menos favorecido del duopolio, Ricardo Salinas Pliego, afectados sus intereses, presentó una demanda ante la Auditoría Superior de la Federación.

Jesusa Cervantes

Luego de ocho meses de discusión entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y los participantes en la nueva licitación por el espectro de radiofrecuencias, el gobierno federal entregó a precio de ganga una parte de la concesión al binomio Televisa-Nextel, con lo que ocasiona un daño patrimonial al erario federal de aproximadamente 5 mil millones de pesos. Además, provocó un “bloqueo” en otra de las secciones de la subasta, lo que implicó una afectación a la hacienda pública por un monto similar.

Inconforme con la entrega de las radiofrecuencias a sus competidores, el Grupo Salinas –de Ricardo Salinas Pliego– por medio de Portatel del Sureste, SA, de CV (Iusacell), presentó el 19 de julio último una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de varios funcionarios del gobierno federal “por el posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal” en más de 4 mil 800 millones de pesos y por “una afectación de áreas estratégicas de la economía”.

En el documento de 40 cuartillas, la empresa exige que se investigue la licitación 21 emitida por Cofetel “para que, de resultar fundada la denuncia, se determinen los daños y perjuicios ocasionados a la nación” y se finquen responsabilidades a los funcionarios que participaron en la elaboración de las bases de licitación, su implementación y su final conclusión.

En su querella el Grupo Salinas argumenta que el gobierno entregó a la dupla Televisa-Nextel un bloque de 30 megahertz (Mhz) a un precio de 180 millones 300 mil pesos. En cambio, otras empresas que recibieron la concesión de un tramo igual –30 Mhz– debieron pagar por éste 5 mil 48 millones 300 mil pesos. Es decir, el mismo bloque de frecuencias (30) se le cobró a Televisa y su socio a un precio 28 veces inferior que al resto de los competidores.

Lo anterior significa que las autoridades federales vendieron los megahertz a precios diferentes y bajo condiciones distintas al dueto Televisa-Nextel que al resto de las competidoras: Telcel, Telefónica y Iusacell, con un millonario beneficio para la primera en detrimento de la hacienda pública.

En su columna “Cuenta corriente” publicada en Excélsior el 5 de julio último, la periodista Alicia Salgado reveló que a través de diversos oficios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió en febrero y marzo pasados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Cofetel les advertía sobre el diferencial de precio y el efecto negativo que eso representaba para el erario, por lo que sugería “igualar los pagos”.

En esos oficios emitidos por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Hacienda, a cargo de Juan Manuel Pérez Porrúa y por el subsecretario José Antonio Meade, se advierte, según Salgado, lo siguiente:

“Una desigualdad en el régimen de pago por el otorgamiento de concesiones correspondientes al uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico, generaría que el Estado percibiera una contraprestación menor a la que tiene derechos, conforme al valor real del espectro radioeléctrico. En este contexto es necesario IGUALAR los pagos que realizan quienes obtienen una concesión mediante el proceso de licitación pública.”

Señalamientos

En la denuncia entregada a Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación, se indica que los servidores públicos involucrados son el titular de la SCT (Juan Molinar Horcasitas) y el subsecretario de Comunicaciones de esa dependencia (Gabriela Hernández Cardoso), “por su participación activa y/o su omisión con respecto al diseño e instrumentación del proceso de licitación 21”.

También menciona a los integrantes de Cofetel –su presidente, Mony de Swaan Addati y a los cuatro comisionados que la integran: José Luis Peralta Higuera, Rafael Noel del Villar Alrich, Gonzalo Martínez Pous y José Ernesto Gil Elorduy– “por la emisión de las bases de licitación… en las que ilícita e ilegalmente se incluyen límites máximos de acumulación de espectro a los posibles interesados en participar en las mismas, así como por el diseño, instrumentación y conducción ilícita e ilegal del proceso de dicha licitación, abarcando cada uno de los concursos al efecto realizados”.

Asimismo, la demanda menciona al secretario de Economía (Bruno Francisco Ferrari García de Alba), “por la falta de supervisión y vigilancia de los procedimientos efectuados por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), en particular por su resolución que determinó imponer límites máximos de acumulación de espectro a los interesados en participar, bajo una supuesta medida protectora y promotora en materia de competencia”.

En la querella se menciona a los integrantes de la Cofeco y a su presidente (Eduardo Pérez Motta), por imponer los límites máximos “ocasionando, además de un efecto contrario a la competencia y a la libre concurrencia, el daño patrimonial a la hacienda pública federal”.

Los denunciantes consideran que los funcionarios aludidos violaron el artículo 134 constitucional en donde se establece que a través de las licitaciones se deben asegurar al Estado los mejores beneficios económicos.

El grupo encabezado por Salinas Pliego también solicita la intervención de la ASF, pues dicha instancia está obligada a realizar una investigación ante la denuncia y “fincar las responsabilidades que procedan”.

El diputado federal Mario di Costanzo detalla que en este caso la ASF está obligada a interponer una querella ante las autoridades judiciales y la Secretaría de la Función Pública.

En la denuncia se argumenta que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF puede realizar investigaciones excepcionales cuando exista “un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes público federales o de las entidades paraestatales federales, por un monto que resulte superior a 100 mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal”. En este caso, se justifica plenamente la intervención de la Auditoría, pues la afectación asciende a poco más de 4 mil 800 millones de pesos.

En el mismo artículo de la ley se indica que la indagación se puede realizar cuando exista probable “afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía”.

Licitación a modo

En la Cámara de Diputados se sabía que el gobierno lanzaría la licitación de una nueva banda de frecuencias, la de 1710-1770/2110-2170 Mhz, por lo que el 20 de octubre de 2009 aprobó cambios a la Ley Federal de Derechos –impuestos que paga aquella empresa que obtiene una concesión del gobierno.

El 10 de diciembre de ese año, la Cofetel emitió las bases para la licitación 21, así como para la 20 (1850-1910/1930-1990 Mhz).

Desde el momento en que Cofetel lanzó la licitación 21 empezaron los problemas debido a que dicha instancia “modificó” y no respetó el llamado “Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados que podrán ser materia de licitación pública” que la SCT autorizó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008.

En este programa se estableció que para la banda 1710-1770/2110-2170 Mhz la licitación se haría en dos bloques de 20 Mhz y 5 bloques de 10 Mhz para cada una de las nueve regiones que existen en el país.

Entre los argumentos que dio el entonces titular de la SCT, Luis Téllez, fue que la citada banda “ha sido identificada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para prestar servicios móviles de tercera generación y tiene potencial de ofrecer servicios de banda ancha”.

A pesar de que ya existía ese programa avalado por la SCT, la Cofetel lo desatendió, lo reestructuró y el 23 de noviembre de 2009 publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para el procedimiento de licitación 20 y 21 a pesar de que la única facultada para publicarlo era la SCT.

Así, la Cofetel que hoy encabeza Mony de Swaan redefinió la licitación número 21 en dos bloques de 30 Mhz cada uno –en lugar de los dos bloques de 20 Mhz cada uno– y estableció tres bloques de 10 Mhz –en lugar de los cinco bloques de 10 Mhz–, para cada una de las nueve regiones del país.

Esta acción de Cofetel fue avalada por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) que encabeza Eduardo Pérez Mota, el 8 de octubre de 2009. No sólo autorizó una reestructura de dos bloques de 30 Mhz, sino también la propuesta de establecer “un límite de acumulación de espectro de 80 Mhz en una misma región”. Se argumentó que esta era una “medida protectora y promotora en materia de competencia”. Con ello se garantizó que una sola empresa no podrá tener más de 80 Mhz.

Este hecho unido al malestar que generó entre los concursantes el cambio de bloques de 20 Mhz por dos bloques de 30 Mhz ocasionó el reclamo de las empresas participantes que sintieron afectados sus intereses.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la ASF “el límite de acumulación de espectro en combinación con la estructura de la licitación 21 en dos bloques nacionales de 30 Mhz, cada uno, propició de manera automática que se excluyera de participar en las subastas correspondientes de dichos bloques a empresas que actualmente operan en el mercado, como Telcel, Telefónica y Iusacell, y allanó el camino para que uno de sus bloques se destinara a la asociación conformada por el grupo de interés económico identificado como Televisa-Nextel a un precio muy por debajo de lo que el mercado está dispuesto a pagar por dicho bloque nacional”.

Ofensiva del PRI

Todos los argumentos presentados ante la ASF por la empresa del propietario de TV Azteca fueron retomados por el Partido Revolucionario Institucional cuando el pasado 28 de julio, pretendieron mediante un punto de acuerdo someter a votación la comparecencia ante la Comisión Permanente, de Mony de Swaan, presidente de Cofetel y sus cuatro comisionados.

Asimismo, solicitaron la presencia del presidente de Cofeco, Eduardo Pérez Mota; del titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, para que todos ellos expliquen “la situación prevaleciente en la licitación número 21”.

El punto de acuerdo elaborado por los diputados priistas Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias y Silvio Lagos Galindo, integrantes de la Comisión Permanente, pedía que la presencia de estos funcionarios se considerara “como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato en razón del grado de avance que tiene el proceso de la licitación 21”.

Sin embargo el punto no fue abordado en la pasada sesión de la comisión por lo que automáticamente se envió a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para que se someta a votación en la sesión del próximo miércoles 4.

En la explicación del punto de acuerdo de los priistas se sintetizó cómo se atendería aquello de no rebasar por una empresa el límite de 80 Mhz impuesto por la Cofetel y avalado por la Cofeco:

“Dicho límite se computaría sumando tanto el espectro actualmente concesionado –es decir lo que ya tienen en su poder Telcel, Telefónica y Iusacell; a Televisa-Nextel no se le sumaría nada pues es la primera vez que concursan–, como el ancho de banda que el participante y, en su caso, su grupo de interés pudiera acumular como resultado tanto de la licitación 21 como de la licitación de las bandas contenidas en la licitación 20”.

Por ello, en su denuncia ante la ASF Grupo Salinas sostiene que se reestructuró una licitación a modo para favorecer a Televisa-Nextel y excluir a las otras tres participantes dado que éstas ya cuentan con espectro y de entrar a concursar por alguna de las bandas de 30 Mhz, rebasarían con facilidad el límite permitido de 80 Mhz.

A la reestructura de la licitación que hizo Cofetel avalada por Cofeco para cambiar lo establecido por la SCT en 2008, el grupo parlamentario del PRI se refirió en los siguientes términos:

“Este extraño maridaje entre dos organismos supuestamente garantes de la imparcialidad y equilibro ha dado lugar a un proceso orientado que, a la luz de los resultados actuales, se traduce, por una parte, en un daño patrimonial para el erario y, por otra, en un perjuicio para los usuarios al restringirse la libre competencia.”

El PRI establece claramente que la manera en que se realizó la licitación 21 podría traducirse en violaciones a la libre competencia. En primer lugar, porque el límite de 80 Mhz, determinó que los operadores actuales no pudieran participar en la licitación de los dos bloques de 30 Mhz, dado que su espectro ya concesionado más el que pudieran obtener en las licitaciones 20 y 21, superaría el límite de los 80 Mhz impuesto en las bases de licitación.

Además, porque tal limitación tuvo como consecuencia que hubiera un solo oferente (Televisa-Nextel) para uno de los dos bloques de 30 Mhz.

Este bloque de 30 es el que costó a Televisa-Nextel 180 millones 300 mil pesos, y fue tan bajo porque fue el único que ofertó. En cambio, las demás empresas que recibieron 30 Mhz en otro de los tramos de la licitación debieron desembolsar 5 mil 048 millones de pesos.

Y así lo dice el PRI: “La falta de competencia para licitar estos bloques de 30 Mhz ha determinado que el consorcio interesado (Televisa-Nextel) presente una oferta sólo por el límite mínimo de los ingresos esperados por el gobierno federal”.

Aunado a todo ello, alega el PRI, el otro bloque de 30 Mhz se tendrá que declarar desierto ya que ni Televisa-Nextel podrán participar pues rebasarían el tope de 80 Mhz. Esto porque la propia Televisa-Nextel también participó en los otros tres bloques de 10 Mhz licitados por regiones.

Llama la atención uno de los alegatos que sustenta el PRI en su punto de acuerdo: sostiene que “en los círculos oficiales se ha esgrimido el argumento de que, por una parte, el objetivo de la licitación no es recaudatorio y, por la otra, que los beneficiarios de la licitación deberán pagar cuantiosos derechos a lo largo de los 20 años de vigencia de la concesión.

El tricolor asegura que esto es falso, pues de acuerdo con el artículo 244E de la Ley de Derechos aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2009 y que forma parte de la Ley de Ingresos, se otorgó la exención de pago de derechos para los nuevos competidores. Es decir, a Televisa-Nextel se le dispensó el pago de mil 300 millones de pesos.

De ahí que el daño patrimonial al erario por el bloque por el que participó Televisa-Nextel no se limita a 4 mil 800 millones de pesos, sino que rebasa los 5 mil millones de pesos.

Y a esto deben sumarse los otros 5 mil millones de pesos que dejarán de entrar a las arcas gubernamentales por tener que declararse desierta la oferta del bloque de 30 Mhz. Ello, a consecuencia del famoso apartado que establece que un solo propietario no puede detentar más de 80 Mhz.

Pese a todo, el pasado 26 de julio la SCT emitió un comunicado en el cual sostiene que las licitaciones 20 y 21 continúan “ya que no existe impedimento legal alguno para la entrega de las concesiones a los ganadores de dicho proceso”.

La reina del favoritismo calderonista

Azcárraga. Favorecido

Jenaro Villamil

Detrás de la disputa por el control del mercado de las telecomunicaciones, en el país subyace un claro favoritismo gubernamental hacia la empresa de Emilio Azcárraga Jean y sus filiales telefónicas, Bestel y Nextel. El plan es concretar un gran consorcio, formado por Televisa, Telefónica y Megacable, con un ambicioso objetivo: obtener la licitación del primer par de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y competir directamente contra Telcel y Telmex, los estandartes de Carlos Slim.

Dos licitaciones en curso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un contrato del ISSSTE por 2 mil 80 millones de pesos fueron concebidos para favorecer a una sola empresa: Televisa, junto con sus socios y filiales.

Pese al descontento de otros competidores –como Iusatel, Telmex y Axtel–, el gobierno calderonista está empeñado en convertir al gigante televisivo en un poderoso consorcio de telecomunicaciones que podrá dar servicios de banda ancha a través de la red de fibra óptica, o de telefonía móvil convergente con internet.

En el caso de la licitación del primer par de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el titular de la SCT, Juan Molinar, y el director jurídico de la dependencia, Gerardo Sánchez Henkel, confirmaron la semana pasada que sólo habrá un competidor para quedarse con los casi 20 mil kilómetros de red: el consorcio formado por Televisa, Megacable y Telefónica.

Ramiro Tovar, especialista del ITAM, advierte en un estudio que ante la falta de competencia el gobierno calderonista podría obtener menos de los 850 millones de pesos establecidos como monto mínimo. A falta de otros postores, el precio del metro de fibra óptica podría reducirse de 5 a 3.46 dólares.

Televisa también saldrá beneficiada en el caso de las licitaciones de las bandas de 1.7 y 1.9 gigahertz para telefonía móvil convergente con internet. Su sociedad con Nextel, anunciada en febrero de este año, perfila a ambos grupos como los únicos con posibilidad de quedarse con 80 megahertz de este espectro. Además, desde octubre de 2009 el Congreso eximió al ganador de esta licitación del pago durante dos años de impuestos por derechos.

El 2 de marzo de este año, el ISSSTE le adjudicó a la telefónica Bestel, propiedad de Televisa a través de la empresa Cablevisión, un contrato por tres años para crear una red de telefonía interna en el instituto, a un costo de 2 mil 80 millones de pesos. El responsable de esta decisión, Miguel Ángel Yunes, es el actual candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz. Televisa ha dado una cobertura favorable a su campaña, tanto a escala local como nacional.

Las licitaciones a favor de Televisa, advierten diversas fuentes consultadas por Proceso, explican también la actitud informativa de la compañía televisiva, en especial el anuncio de su “autocensura” en el caso de Diego Fernández de Cevallos.

El caso más claro de favoritismo es el de la licitación 00637173/005/10, convocada en febrero de este año por el área administrativa del ISSSTE para otorgar un contrato de tres años a fin de operar la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones Privadas del instituto, luego de que el 28 de febrero pasado venció el contrato que tenía con Telmex.

A pesar de la inconformidad de otros competidores, especialmente de Telmex y de Axtel, el organismo que dirigió Miguel Ángel Yunes le adjudicó el contrato a Bestel, empresa que Televisa adquirió el 31 de agosto de 2007.

La compañía telefónica Axtel, de Tomás Milmo, presentó un recurso de inconformidad (006/2010) el 15 de febrero ante el Órgano de Control Interno del ISSSTE, en el que critica las bases de licitación y las juntas de aclaración, por estar claramente orientadas a favor de Bestel.

De acuerdo con el documento, cuya copia obtuvo Proceso, el ISSSTE planteó especificaciones técnicas que únicamente podía cumplir Bestel, como tener el certificado de seguridad SA70, que sólo poseía esta compañía.

A pesar de este recurso de inconformidad, el 2 de marzo el ISSSTE declaró ganador a Bestel, aun cuando su oferta fue 26% mayor que la presentada por Telmex: 2 mil 80 contra mil 661 millones de pesos.

El departamento jurídico de Telmex prepara, desde el 19 de abril, otro recurso de inconformidad contra la licitación entregada a Bestel, aunque hasta ahora no se han dado a conocer oficialmente los detalles del litigio.

El caso de Bestel generó suspicacia ante distintos observadores y especialistas, porque la licitación para operar fue anunciada justo antes de que su director, Miguel Ángel Yunes –considerado una de las piezas clave de Elba Esther Gordillo, la dirigente del sindicato magisterial–, abandonara la institución para irse como candidato del PAN al gobierno de Veracruz. Los espacios informativos locales y nacionales de Televisa se han volcado hacia Yunes, quien recibió un “pastelazo” del presidente Felipe Calderón como señal de apoyo a sus aspiraciones políticas en Veracruz.

El 25 de febrero, el periodista Alberto Barranco adelantó en su columna Empresa, publicada en El Universal, que el ISSSTE construyó “un traje a la medida” para que las bases de licitación beneficiaran a Bestel.

“Lo inaudito del caso, además, es que la licitación era innecesaria, dado que hace tres años se había instalado una red similar, cuyo costo fue de mil 100 millones de pesos. El contrato lo ganó Teléfonos de México. Lo conducente, en tal caso, era pedir a la empresa operadora la actualización de las tecnologías en boga para mantener el nivel de factibilidad, aprovechando sus equipos instalados”, afirmó Barranco.

El director de Comunicación Social del ISSSTE, Ramón García González, envió una carta aclaratoria a El Universal para explicar que Telmex propuso “la utilización de equipo que será descontinuado en el segundo trimestre de 2010”; no ofreció “contar con dos colas con estricta prioridad para el manejo de las clases de servicio solicitadas” y “no ofreció la integración del servicio de otro operador de telecomunicaciones en los sitios donde se le solicitó un respaldo, corriendo el riesgo de quedar incomunicado en caso de una caída del sitio principal”.

Sin embargo, el recurso de inconformidad presentado por Axtel expone otras dudas que no han sido aclaradas públicamente por el ISSSTE. La compañía afirma, por ejemplo, que se cambiaron las fechas en las actas de reuniones de aclaración convocadas por el instituto para beneficiar a Bestel.

El 4 de mayo, la columna Capitanes, del periódico Reforma, afirmó que Telmex se quejó ante el Órgano Interno de Control del ISSSTE contra el proceso de adjudicación a favor de Bestel. “La jueza federal Ana Luisa Priego lo admitió a trámite, pero la telefónica nada a contracorriente, pues el contrato ya está firmado”, señaló la columna.

Fuentes internas del ISSSTE confirmaron a Proceso que, aunque Bestel ganó la licitación desde marzo, no ha podido instalar la nueva red de telefonía interna porque todo el equipo que sigue operando es propiedad de Telmex, el concesionario anterior.

“Cuádruple play” para Televisa

La inconformidad por el contrato a favor de Bestel-Televisa coincide con el anuncio de otras dos grandes licitaciones que deberán estar listas para junio de este año y representan una nueva competencia para el gigante de la telefonía fija y móvil.

En ambos casos, Televisa puede resultar ganador en sociedad o en consorcio con otras grandes compañías de telecomunicaciones, como Nextel en el caso de la banda de 1.7 gigahertz para telefonía móvil con internet, o con la española Telefónica y la empresa de televisión restringida Megacable, con las que formará un consorcio que pugnará por la licitación del primer par de fibra óptica de la CFE.

El martes 4 de mayo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones entregó las constancias de participación y la clave de confidencialidad a sólo cinco de los 27 grupos que originalmente se inscribieron para la licitación del espectro de la banda de 1.7 gigahertz, y a cuatro de los que quedaron como finalistas en la licitación de la banda de 1.9 gigahertz. Se trata de la licitación para ofrecer los servicios de cuádruple play o de telefonía móvil con banda ancha.

En ambos casos la dupla Nextel-Televisa aparece como la principal competidora. El 19 de febrero pasado, Televisa anunció que podría adquirir hasta 40% de las acciones de Nextel por mil 600 millones de dólares, a condición de que ganaran las licitaciones del espectro para telefonía móvil con internet.

En octubre del año pasado, durante la discusión del presupuesto de ingresos 2010, la mayoría de senadores y diputados aprobaron una exención fiscal de dos años para el ganador de esa licitación, considerada una de las más importantes de la presente década. En ambas cámaras, los cabilderos de Televisa presionaron para conseguir no pagar impuestos por uso de derechos, lo que equivale a 5 mil 600 millones de pesos.

Fibra óptica para Televisa

La otra gran licitación es el primer par de fibra óptica de la CFE. El 21 de abril, el presidente de Telefónica Movistar México, Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el sexenio foxista, anunció que habrá una alianza entre la empresa española que él dirige, Televisa y Megacable para obtener la licitación de fibra óptica.

“Compartiremos la infraestructura de la red de la CFE, pero nos desgarraremos por el mercado y los usuarios”, afirmó Gil Díaz durante la 27 Reunión de Iberoamérica de Tráfico Internacional.

Según Gil Díaz, “al ganar ese concurso, Telmex dejará de ser la única empresa con una red por la que todos los operadores tienen que pagar para transportar sus servicios”.

La conformación del consorcio se concretó cuando, el 25 de abril, Megacable, la segunda empresa de televisión por cable en el país, anunció su retiro del proceso de licitación de las bandas 1.7 y 1.9 gigahertz, con el argumento de que el negocio no le resulta viable financieramente.

Su director general, Enrique Yamuni Robles, aseguró que mantiene su intención de ofrecer telefonía móvil a corto plazo, pero no compitiendo con Televisa.

La clave parece estar en la licitación de los 21 mil 204 kilómetros del primer par de fibra óptica de la CFE. Un análisis elaborado por Andrés Coello Ituarte, especialista en medios y telecomunicaciones de BBVA Bancomer, titulado La red de fibra óptica de la CFE tiene alta duplicidad con la red de Axtel, advirtió que existe “una alta probabilidad de que los tres tramos sean concesionados al consorcio Megacable-Telefónica-Televisa, tanto por su mayor poder de puja como por el hecho de que son los que necesitan con mayor urgencia esa red”.

El analista financiero advierte que el costo total por el activo sería de 210 millones de dólares, incluyendo la inversión para iluminar la fibra óptica oscura y ponerla en operación.

“Repartiendo los costos equitativamente entre los tres miembros de la alianza, la inversión total por operador alcanzaría 853 millones de pesos”, alrededor de 70 millones de dólares, calcula Coello Ituarte en el documento reproducido por la agencia Hoy en Telecomunicaciones.

Otro posible contendiente en la licitación de la fibra óptica, el Grupo Iusatel, de Ricardo Salinas Pliego, quedó fuera de la competencia, según informó extraoficialmente la SCT. El abogado general de la empresa, Salvador Rocha Díaz, criticó la exclusión de lusatel y señaló en conferencia, el 18 de mayo, que la subasta fue diseñada para beneficiar a un solo participante.

Bestel y Nextel, las telefónicas
de Televisa

Desde la ruptura con su exsocio y exacreedor Carlos Slim, en 2006, el consorcio de Emilio Azcárraga Jean ha buscado ingresar al mercado de telecomunicaciones para desplazar al gigante de la telefonía celular y fija en México. Hasta ahora, Televisa ha formado un cártel de empresas de televisión por cable (Cablevisión, Cablemás, TVI y Megacable) para enfrentar la posible incursión de Telmex en el mercado del triple play, pero también se ha asociado con consorcios telefónicos alternos para convertirse no sólo en un monopolio de contenidos audiovisuales, sino para rivalizar con Slim en los nuevos mercados de telefonía móvil y de fibra óptica.

El 31 de agosto de 2007, el consorcio televisivo anunció que adquiría por 325 millones de dólares la compañía Bestel, que ofrece servicios de datos y de larga distancia a distribuidores y es propietaria de una red de fibra óptica de 8 mil kilómetros.

La inversión se realizó a través de Cablestar, que es propiedad de Cablevisión (70%), Televisión Internacional (15%) y Cablemás (15%). Televisa posee 51, 49 y 50% de las acciones de esas mismas empresas.

El 6 de diciembre del mismo año, la Comisión Federal de Competencia autorizó la concentración entre Cablestar y Bestel. Su primer gran contrato fue precisamente el que le adjudicó el ISSSTE por 2 mil 80 millones de pesos.

El segundo movimiento estratégico de Televisa fue anunciar, el 16 de febrero de 2010, la adquisición de hasta 40% de la compañía telefónica Nextel, siempre y cuando ganaran la licitación para telefonía móvil con banda ancha. La operación se calcula entre mil 500 y mil 600 millones de dólares.

La Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobaron sin mayor problema las nuevas adquisiciones de Televisa.

Gustavo Cantú, director general de Nextel de México, anunció el 5 de mayo que esa empresa también analiza asociarse con Sky, filial de Televisa para el servicio de televisión vía satélite. Optimista, afirmó ante los asistentes del Foro Reuters sobre Inversión en América Latina que en dos años desplegarán nuevas redes de telecomunicaciones compatibles con telefonía móvil. l

Compra Televisa 30% de Nextel

Ciudad de México, 15 de Febrero.- El gigante de medios mexicano Televisa dijo el lunes que llegó a un acuerdo para comprar un 30 por ciento de la telefónica celular Nextel de México, por 1.440 millones de dólares, para reforzar su posición en el sector de telecomunicaciones local.
El acuerdo entre Televisa y Nextel, unidad de la estadounidense NII Holdings , incluye la posibilidad de que la firma de medios compre un 7.5 por ciento adicional de Nextel, que podrá ejercer “en el tercero o cuarto aniversario del cierre de la inversión inicial”, dijeron las empresas.
La combinación de servicios de las dos empresas “posicionará a la nueva entidad para poder ofrecer una amplia gama de servicios innovadores de telecomunicaciones y entretenimiento”, agregaron las firmas en un comunicado conjunto.
La competencia por el sector de las telecomunicaciones en México, liderado por las empresas del magnate Carlos Slim, se ha endurecido en la medida que empresas de TV de paga –como Cablevisión, de Televisa- han incursionado en paquetes de “triple play” con TV, teléfono e internet en el mercado.
Con una inminente licitación de frecuencias para telecomunicaciones móviles en México, la carrera ahora es para integrar telefonía móvil a esos paquetes.
La Comisión Federal de Competencia (CFC), ente antimonopolios de México, autorizó la semana pasada a Televisa -la mayor operadora de televisión abierta del país- a adquirir hasta un 40 por ciento de las operaciones de Nextel de México, que al cierre del tercer trimestre tenía casi 3 millones de suscriptores.
Ambas empresas realizarán el martes conferencias telefónicas con analistas para discutir la operación.
Las acciones de Televisa repuntaban el lunes un 0.58 por ciento en la bolsa mexicana a 48.50 pesos a las 10.59 hora local (1659 GMT).
REUTERS
Fuente: Radio Trece