Granados Chapa por Granados Chapa

Miguel Ángel Granados Chapa

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., (apro).- El axioma del periodista Miguel Ángel Granados Chapa fue muy claro: “Los periodistas no pueden, ni deben, ser socios de los políticos. Por eso, a la larga, cada periodista está en el lugar que se merece. Y la gente lo sabe”.

Esta frase le dio título al libro de conversaciones e intervenciones más importantes de Miguel Ángel Granados Chapa, editado a finales de 2010 por la colección Cuadernos de El Financiero, coordinado por el periodista Víctor Roura.

Como una manera de homenaje al autor de Plaza Pública, al conductor constante del programa radiofónico del mismo nombre en Radio UNAM, al editor, reportero, cronista, subdirector de información, fundador y director-gerente de la revista Proceso, y maestro de decenas de generaciones de periodistas, ofrecemos a continuación algunas de las principales ideas que Granados Chapa expone en este libro periodístico:

La columna

“La columna no debería servir para golpear a los políticos. Para ello, en todo caso, está el mazo. Aunque algunos siguen golpeando, sí; pero en menor medida. Sobre todo porque la columna ha perdido importancia, debido al ensanchamiento de los periódicos que hoy, a diferencia de antaño (cuyos espacios eran limitados, tornándose incluso aburridos a veces, circunscritos a la información oficial, por lo tanto insustancial), son más entretenidos. En cambio, las columnas tenían un cierto grado de esparcimiento en el cual los políticos podían permitirse mandar mensajes entre sí. Y todavía ocurre, pero mucho menos. Porque ahora las columnas no son ya los espacios más leídos de un diario”.

La opinomanía

“Aunque ahora abunda la opinomanía. Y se da justamente porque el despertar de la sociedad, este largo desaletargamiento, ha producido un interés inusitado por la vida política del país haciendo arribar a personas sin preparación, sin tener ningún interés real por la política, pero sustraídos en la mercadotecnia, cuyo nicho ha creado de la opinión una sustancia banalizadora. Eso ha permitido la multiplicación de estas opiniones triviales, muy a menudo interesadas, tanto en los espacios electrónicos como en los impresos”.

“Yo no quiero ser político”

“Yo no quiero ser un político. Obviamente quien escribe de política debe asumir que posee una coloración política, pero ésta es otra cosa. Cuando fui candidato a la gubernatura de Hidalgo (1998-99) se debió a la idea de contribuir personalmente a la posibilidad de ensanchar los espacios públicos en mi estado natal, que es uno de los más atrasados de la República (Hidalgo). Yo no quería hacer carrera política. Incluso antes y después de esa experiencia me invitaron a ser candidato a diputado y a senador por la vía plurinominal, pero no acepté. De hecho, durante mi campaña no dejé de escribir nunca mi columna, pues no quería, ni quiero, apartarme del periodismo”.

Políticos y columnistas

“Los columnistas se manejan de otra manera: no pueden distanciarse de los políticos. Así es, mas pueden regular su distancia. Hay quienes se ufanan de comer con los políticos, es cierto, y exhiben su cercanía con los funcionarios porque con eso quieren advertir que ellos, los periodistas, también son importantes. Es una tontería, por supuesto. Antaño era muy frecuente que se procurara esta vinculación porque de ella podría derivar una oportunidad personal de hacer un negocio. Por eso se participaba en las comilonas y las francachelas. Pero eso ha ido disminuyendo. Sin embargo, hay que reconocer que la cercanía de los columnistas con los gobernantes ha sido, en México, históricamente venal. Porque los periodistas no pueden, ni deben, ser socios de los políticos. Por eso, a la larga, cada periodista está en el lugar que se merece. Y la gente lo sabe”…

“Escapa a mis impulsos tener dinero o una propiedad. Prefiero ir, como dijera Machado, ligero de equipaje”.

Mezquindades y vilezas

“No sólo en la política, también en el medio periodístico, hay mucha mezquindad y vileza. Es cierto. Pero como dice un refrán, al que vuelvo muy seguido: ‘El que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche’. Si uno entró a este oficio es porque es lo que quiere hacer en la vida, como es mi caso, debe arrastrar las consecuencias como un efecto natural. Si quiero ser periodista, me atengo a los efectos positivos y negativos de este oficio”.

Periodismo y poder

“Hay un periodismo que se dirige al poder. Es un periodismo que no satisface su misión social. Porque la misión social es la comunicación con la gente, el público, los lectores. Desde luego, también es verdad que algunas cosas han cambiado para bien; por ejemplo, antes casi todo el periodismo se dirigía más al poder que a los lectores. Es reciente su dedicación a los lectores y no al poder… o no sólo al poder”.

La censura

“No se ha modificado mucho. La censura a veces empresarial, a veces gubernamental, a veces es simulada, a veces es directa, abierta; hay que enfrentarla según el modo, según quien la ejerza. No hay un solo modo de enfrentarse a ella… salvo el ejercicio mismo de la libertad de expresión”.

“La censura avanza en sus formas. Hoy, por ejemplo, el juicio por presunto daño moral se ha constituido en un método novedoso para inhibir el trabajo periodístico; ese es un riesgo nuevo y creo que debería derogarse”.

Los excesos de la prensa mexicana

“Necesitamos reflexionar sobre los excesos en la prensa mexicana. Para mí, uno de ellos es ofender al que no es poderoso. Insultar al que no puede defenderse. Acusar al que no puede decir su verdad. El exceso que se practica contra los que tienen menos poder que uno. No hay exceso cuando uno se refiere al poderoso, pero sí hay cuando uno se refiere al que no lo es. Eso no debe suceder.

“Tampoco puedo dejar de señalar que una de las cosas que detesto del periodismo de hoy es su conversión en negocio. No digo que el periodismo no deba ser negocio, desde luego; me refiero a que es lícito hacer negocio con el periodismo, pero no es lícito convertir al periodismo en negocio, simular que se hace periodismo para hacer negocio”.

Las nuevas tecnologías

“Las nuevas tecnologías abrirán un espacio al periodismo de calidad. Tan sólo el acceso a la información es ahora una gran ventaja de la sociedad. Y no hemos aprovechado todavía este acceso plenamente. Es real: la tecnología contemporánea ensancha considerablemente la búsqueda de información y la posibilidad de comunicación. Ahí hay, claro, un terreno inmenso para la comunicación profesional”.

Enrique Ebrard, Marcelo Peña

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

PLAZA PÚBLICA

Antes de que caiga el telón no quiero dejar de presentar a ustedes a dos protagonistas de la escena pública que, por primera vez en su vida tienen que pugnar, aunque con ventaja sobre sus contendientes, por una posición que les permita gobernar. Ambos se han sentado en sillas de gobierno, pero no llegaron a ellas merced a un esfuerzo propio, sino impulsados por mecenas políticos y financieros que en todo tiempo aseguraron su porvenir. Ahora no están en ese caso. Tienen que ganarlo.

Abundan las coincidencias en su personalidad y su conducta. Tanto que una y otras son confundibles y pueden, por lo tanto, ser intercambiables. Se trata de Enrique Ebrard y Marcelo Peña. A pesar de que sus estrategias buscaban conducirlos sin obstáculo ni adversario a la candidatura en sus partidos, en este momento tienen que bregar por ella. Enrique Ebrard iba a construirse, por la ley natural de las cosas, por la movilización que inició a partir de su guberntura, en el aspirante presidencial del PRI. Iba a lograrse ese objetivo mediante el impulso inducido que en la cultura autoritara priista de que la acaso nunca podamos escapar se llama "la cargada".

Se pretendió que el lanzamiento abrumador ocurriera el 15 de septiembre, apenas trasladara el gobierno local a Eruviel Ávila. Se le proclamó ¡presidente! Pero tuvo que atenerse al establecimiento de reglas mínimas. La reunión de dirigentes de su partido de donde hubiera brotado la declaratoria de candidato único, frenó el empeño de, por ejemplo, Joaquín que anunció la postulación indiscutida del mexiquense en cuatro actos ya organizados, a los que tuvo que renunciar.

No pudo tampoco el gobernador convertir la reunión del consejo político nacional, el sábado pasado, en su plataforma de lanzamiento. Se está ateniendo a un mecanismo en que resulta posible comparar sus propuestas con las de Manlio Fabio Beltrones, que desde siempre, y consciente de su fortaleza y sus debilidades, espera que el PRI determine, como lo demandó sin éxito Reyes Heroles en 1975, que se formule primero el programa y luego se elija al hombre que propugne su realización. Quizá Enrique Ebrard aceptó el procedimiento a sabiendas de que su fuerza real no está en las palabras, los argumentos, la visión de México que cada quien exponga, sino en el poder real de la televisión y el dinero. Aunque desde ahora se le suponga victorioso, tiene que pasar por la contienda pública.

Es es el caso también de Marcelo Peña, que ha aprendido que si algún ejemplo ha de seguir, no es Manuel Camacho ni Andrés Manuel López Obrador, sino el mexiquense. Ha estado usando los modos de propaganda en que se adiestró el exgobernador. Y si bien no cuenta con el favor de Televisa ni con los recursos con que hay que obtenerlo, sus frecuentes y aun cotidianas apariciones lo han proyectado al espacio público nacional como no sería posible de no pagar por ello. El efecto de esa creciente exposición pública es la creación artificial de una figura que busca convertir esa apariencia en realidad. En el mismo plano, pero con desigual dimensión, ha pretendido crear diversos entornos que no es más que uno. Hace meses comisionó a su personal de confianza a promover la Fundación Equipo, Equidad y Progreso, y hace menos convino con Nueva Izquierda, el ala derecha del PRD el montaje de un espectáculo llamado Demócratas de izquierda.

Esa proyección pública le ha hecho suponerse de la talla de Andrés Manuel Lopez Obrador y contender con él por la candidatura perredista. En el año 2000, cuando era candidato del Partido del Centro, convino por el aspirante de la izquierda en la inducción de sus exiguos votos a cambio de un cargo en el gobierno local. López Obrador cumplió su palabra y fue más allá cuando el secretario de Seguridad Pública quedó en desgracia ante su jefe formal Vicente Fox y lo impulsó hacia su sucesión como secretario de Desarrollo Social. Combatieron por la candidatura Marcelo Peña y Jesús Ortega. La tensión entre ambos se alivió para convertirse en alianza frente a López Obrador, quien se mostró siempre contrario a la calificación de traidor que un buen número de sus seguidores endilgan a quien, paradójicamente, podría ser candidato "de la izquierda" gracias al apoyo de Morena, comprometido por López Obrador.

Enrique Ebrard y Marcelo Peña han coincidido en hacer de las relaciones sentimentales no el coto sagrado que las personas respetables les otorgan. Al confesar a su esposa Mónica Pretelini el ser padre de hijos fuera de matrimonio, el gobernador mexiquense estableció con ella una distancia que sólo concluyó con la muerte de la señora. Televisa proveyó a Enrique Ebrard de una nueva esposa, una rutilante estrella de la pantalla. Marcelo Peña se divorció de la madre de sus hijos, y tiempo más tarde contrajo matrimonio con una persona del espectáculo y las relaciones públicas. El vínculo terminó también en separación. Tras un breve período de soltería, Marcelo Peña que como Enrique Ebrard dedican esfuerzo considerable a su fisonomía, hizo público su nuevo romance. Declaró su relación con la señora Rosalínda Bueso, era embajadora de Honduras cuando el presidente Manuel Zelaya, quien la había nombrado, fue depuesto. Acaso llevado por su vocación internacionalista -esa fue su carrera en el Colegio de México- el regente la protegió y brindó los medios para que permaneciera en México. Incorporada a la nómina del gobierno capitalino, de esa relación surgió otra no sé si más profunda, pero sí más vistosa. Se casaron el viernes.

Riñen panistas por el agua en Sonora

Javier Castelo, senador panista.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 17 de abril.- Ante las crecientes necesidades de agua para consuno humano en Hermosillo, la capital de Sonora, los gobiernos panistas, federal y local, no encontraron mejor solución que privar de ese líquido a los habitantes del sur de esa entidad, que cuentan con dicho recurso para usos agrícolas y para satisfacer la sed de la gente. La disputa por el agua ha generado divisiones internas en el Partido Acción Nacional en ese estado, y suscitado una recia defensa de los intereses del sur contra el presidente Calderón, a través de los órganos de representación civil en Ciudad Obregón y los valles del Yaqui y del Mayo.

En este momento la fase judicial del litigio está siendo resuelta a favor de los sureños, quienes el 14 de marzo obtuvieron una resolución que condena el desacato en que incurrió el organismo público descentralizado Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, del gobierno estatal, encabezado por Guillermo Padrés. No obstante que los quejosos habían obtenido una suspensión provisional, ese Fondo –lo que quiere decir el propio gobierno del estado– adjudicó la construcción del acueducto Independencia, e inició las obras correspondientes. Tal acueducto conducirá cada año 75 millones de metros cúbicos del líquido que almacene la presa El Novillo hacia la capital sonorense.

En la Ciudad de México el senador Javier Castelo Parada fue el encargado de difundir esa noticia judicial. Lo hizo en papel oficial del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Plenamente solidario con ellos –a fin de cuentas es uno de ellos, como empresario agrícola al que afectaría la disminución del agua de El Novillo, pero también como cumplido representante de su entidad–, Castelo Parada se congratuló de que “a los productores y agricultores del Valle del Yaqui se les ha dado la razón por parte de la autoridad judicial”. Dijo esperar que “el gobierno de Sonora respete la resolución judicial y suspenda la obra, so pena de que con las facultades que concede la ley de amparo a los jueces federales se utilice la fuerza pública para que la resolución sea respetada”.

Recordó que “desde hace varios meses los agricultores del Valle del Yaqui han buscado y presentado a las autoridades estatales y federales diversas opciones para solucionar la falta de agua en Hermosillo; en respuesta el gobierno del estado lanzó la convocatoria para licitar la obra del acueducto (…) ante ese hecho, los productores agrícolas del sur de Sonora iniciaron su defensa por la vía legal, buscando por todos los medios que la construcción de ese acueducto no se lleve a cabo”.

Una semana antes de la resolución que favorece a los sureños, el presidente Calderón dio su apoyo al gobernador Padrés. En una entrevista con el diario El Imparcial, de Hermosillo, dijo que lo más importante era el consumo humano en la capital sonorense, lo que significaba pleno aval a las decisiones de Padrés y de la Comisión Nacional del Agua, encabezada por el también panista José Luis Luege. Aunque tardaron en reaccionar –pues la posición presidencial se fijó el 10 de marzo y ellos la refutaron el 23–, los afectados no se recataron ante la investidura presidencial, a cuyo poseedor increparon. Le recordaron que la obra aprobada por Calderón “implica múltiples violaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su reglamento”, y que “tres resoluciones suspensionales provisionales emitidas por un juzgado federal en Ciudad Obregón prohíben que esa obra se realice y que esa agua se trasvase de una cuenca a la otra”.

Citaron también el artículo 14 bis de la Ley de Aguas, que obliga al Ejecutivo federal a asegurarse de que “las asignaciones y concesiones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las cuencas hidrológicas que correspondan”, y a “instrumentar mecanismos para mantener o restablecer el equilibrio ecológico en las cuencas hidrológicas del país, y el de los ecosistemas vitales para el agua”.

A partir de allí, los representantes de 23 agrupaciones, incluyendo el Centro Empresarial de Obregón (perteneciente a la Coparmex) y la Cámara Nacional de Comercio de Cajeme, formularon rotundas interrogaciones al presidente:

“¿Por qué entonces apoya usted dicha obra que desequilibrará la cuenca del río Yaqui y la asignación, por parte de la CNA a la Comisión Estatal de Agua de Sonora, de 52 millones de metros cúbicos de agua anuales para la ciudad de Hermosillo sin que se haya dado cumplimiento a la disposición legal (…) citada, violando las suspensiones provisionales mencionadas y atropellando los derechos de 900 mil habitantes del sur de Sonora, de las comunidades yaquis y de los productores agrícolas del Valle del Yaqui?

“¿Por qué considera usted que es más importante el agua para el consumo humano en la ciudad de Hermosillo, que el agua para consumo humano de 900 mil habitantes del sur de Sonora?

“¿Por qué cree usted que debe aplicarse el principio de que es prioritario el uso para consumo humano en la cuenca del río Yaqui pero no en la del río Sonora?

“¿Le parece a usted correcto y justo discriminar a los habitantes del sur de Sonora y a los productores agrícolas del Valle del Yaqui para beneficiar a los habitantes de Hermosillo y a los productores agrícolas, ganaderos e industriales de dicha región?”

Hasta donde entiendo, quienes formularon esas preguntas no tuvieron siquiera acuse de recibo de sus interrogantes, y mucho menos respuestas a las mismas. Será que todavía no empezaba a funcionar el nuevo sistema de comunicación digital que vinculará a los ciudadanos con el propio Ejecutivo federal y sus colaboradores. Porque de ser así, otro gallo cantaría a los justamente indignados sureños de Sonora.

La república de Televisa

Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez. "Criterios editoriales".

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 28 de marzo.- Aunque faltan 15 meses para la elección constitucional, Televisa parece haber consumado su proyecto de construir la figura del presidente de la República. Ahora pretende algo más ambicioso. Quiere edificar la república misma. Quiere diseñar la clase de sociedad que Peña Nieto gobierne, el género de medios de comunicación que lo arropen, los criterios editoriales con que se transmita la información sobre la política de seguridad pública y las acciones del crimen organizado. No se propone trazar una raya, sino erigir un muro que divida a los participantes de los excluidos. Como si se tratara de un club gigantesco, Televisa se reserva el derecho de admisión a los territorios donde habitan los elegidos, el tipo de personas que protagonicen la vida pública y sean capaces de generar confianza. Nadie que no figure en el elenco preparado por Televisa tendrá existencia real. Quedará al margen, en la cuneta de la supercarretera.

Tal desmesurado propósito es el objetivo de Iniciativa México, un proyecto de propaganda que ya tuvo su primera edición el año pasado. Con enorme aparato se convocó a la presentación de ideas y tareas que dieran cuenta de las verdaderas capacidades de los mexicanos. Se presentaron miles de esos proyectos, en distintos rubros, algunos de los cuales fueron premiados para denotar que hay una porción de la sociedad que no pierde su tiempo ni espera auxilio gubernamental para su realización personal o de grupo.

Ahora se ha lanzado la segunda edición de Iniciativa México. Se alzó el telón el jueves 24, con una magna reunión ya no en un recinto privado (el exconvento de San Hipólito), sino en un auditorio público, el Museo Nacional de Antropología. El contenido de esta nueva edición es más claramente político que el primero. Televisa lo adopta más temprano que el año pasado, cuando comenzó en junio. Ahora se lanza en marzo, en plenos procesos electorales. Se refiere a la comunicación social relacionada con la violencia que genera la delincuencia organizada. Ya desde allí, desde la definición del tema, se adopta un punto de vista afín al del gobierno, que requiere alejar de sí la responsabilidad en la génesis de la violencia: ésta surge sólo por la actividad criminal, no porque la practica también el Estado.

La pieza ostensible de la Iniciativa México II es el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Televisa y sus aliados y dependientes prepararon una suerte de código de ética que parte del supuesto (que no se presenta como tal, pero es explícito) de que el manejo de la información colectiva “es esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Esto es, que una política informativa homogénea, uniforme, puede hacer que disminuya la violencia, como si difundirla fuera su causa. De ese razonamiento se desprendería fácilmente el corolario de que para suprimir la violencia no hay más que dejar de hablar de ella, de negarle a la sociedad la información que le hace falta para regular su vida.

Hay otros supuestos, algunos tácitos, en la formulación de los objetivos del Acuerdo. Se presume que la cobertura informativa de la violencia puede servir “para propagar terror entre la población”. Padecer los efectos directos de la violencia sin duda genera miedo, pero es difícil probar que la difusión de la violencia lo cause también. Un indicio de que no hay relación de causa-efecto entre difundir violencia y provocar miedo acaba de ser observado: hay gran violencia en Acapulco, de la que se sabe fuera del puerto, y sin embargo esa información no inhibió al turismo nacional para llegar en los puentes recientes. El del fin de semana pasado permitió que hubiera más del 90% de ocupación hotelera.

El Acuerdo enumera 10 criterios editoriales que deben aplicarse “sin demérito de la independencia editorial de cada medio”. En general, tales criterios son adecuados y compatibles aun para medios que no suscriben el Acuerdo. Algunos de ellos son, sin embargo, francamente ridículos. Los dos primeros están en ese caso. El inicial ordena “tomar postura en contra”. Instruye a (porque usa el verbo debemos) “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada”, algo por completo innecesario, pues está “en la naturaleza de las cosas”, como se diría en el lenguaje de los autores del decálogo. El segundo es francamente chistoso. Cualquier medio debe evitar “convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”: ¿Cómo evitar un acto involuntario, puesto que es eso precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo?

En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es un sesgo deliberado que altere el sentido de la información. Ordena “omitir y desechar la información que provenga de las organizaciones delictivas”. Se refiere sin duda a los narcomensajes, que en mantas y cartulinas anuncian acciones o sentencian a personajes. Si se procede como ese mandamiento prescribe, se corre el riesgo de hacer incomprensible la información, carente de uno de sus elementos, que puede darle sentido.

Los criterios restantes son en general admisibles, compartibles. Algunos proceden de manuales elementales de periodismo, como “dimensionar adecuadamente la información”, o de ordenamientos legales, como “no prejuzgar culpables” y “cuidar a las víctimas y a los menores de edad”. Hasta creería que resultaron de un ejercicio de autocrítica de las televisoras, que presenta como culpables a recién detenidos al hacerse mera extensión de los interesados e ilegales mensajes de las autoridades de procuración de justicia o de seguridad pública, las cuales los condenan aunque tiempo más tarde, ya sin la difusión adecuada, los jueces los exoneren porque son inocentes o porque sus responsabilidades no fueron probadas.

El código periodístico de la Iniciativa México, es decir, de Televisa, manda “proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”. Son palabras huecas en boca de periodistas que se pusieron con soberbia por encima de la solidaridad que el gremio quiso mostrarles durante y después de la crisis de julio pasado, cuando reporteros y camarógrafos de televisión fueron secuestrados. A la marcha de protesta contra esa acción no acudieron los involucrados, y hasta rechazaron el gesto de aquellos a los que no consideran dignos de ser llamados sus compañeros. En casos más recientes, en vez de solidarizarse con reporteros y medios puestos en entredicho, las televisoras fueron las autoras del entredicho, al formular arteras acusaciones que no se sustentan de ninguna manera. Ese fue el caso de Ricardo Ravelo, el reportero de Proceso, y la revista misma, así como el del diario Reforma, todos ellos señalados como perpetradores de delitos, cuando sólo habían cometido el de desnudar acciones políticas, no informativas, de Televisa.

Independientemente del decálogo, la porción objetable de este Acuerdo es el aviso de que se creará un “órgano ciudadano de observación” que examine el apego de los medios a esos criterios editoriales. Se trata de un amago de exclusión. Los medios suscriptores del Acuerdo formarán el catálogo de la “buena prensa”, como antaño lo hicieron corporaciones religiosas. Quedará fulminado todo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos, a juicio de los ciudadanos observadores. Y no se diga la situación marginal en que han quedado los medios no invitados o que no aceptaron participar en este Acuerdo. Se les coloca con esa omisión en calidad de sospechosos, como quiere hacer el gobierno con este semanario, al que ya dos veces ofendió colocando ejemplares de la revista con arsenales decomisados a bandas delictivas. La primera gran reacción de condena de este sistema inquisitorial ocurrirá, téngalo usted por seguro, cuando Ismael Zambada, El Mayo, o Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, respondan a los cuestionarios que les presentó Julio Scherer García, según relata en su libro Historias de muerte y corrupción, en la parte que en cierto sentido continúa la publicación de su encuentro con Zambada. En vez de considerar el valor periodístico, la utilidad social de conocer los móviles de quienes tienen en jaque al país, los falsos profesores de periodismo, inocuos e inicuos propagadores de una ética que no conocen ni por los forros, tendrían, quieren tener, piezas de ese calibre en las cuales cebarse.

Ese es el tipo de periodismo de personas que no tendrán lugar en la república de Televisa.

Encinas y la justicia electoral

Encinas, el ungido.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 9 de enero.- Como corresponde a un hombre que ha hecho de la militancia congruente una forma de vida, la probable candidatura de Alejandro Encinas al gobierno mexiquense ha suscitado un gran entusiasmo político, como se vio en el pequeño círculo dirigente de los partidos que lo apoyarían, el miércoles, y al día siguiente en los mítines mexiquenses en que compartió ovaciones con Andrés Manuel López Obrador.

Está por establecerse el modo en que será candidato Encinas, cuya inclusión en el proceso local de ese estado, idea inicial de su exjefe, dio al traste con la alianza del PAN y del PRD, puesto que la hizo imposible para el perredismo. Habrá una coalición, la de los partidos que postularon a López Obrador a la Presidencia de la República, que en esa entidad obtuvo en 2006 más de 1 millón 800 mil votos, pero es poco probable que a esa alianza se agregue el PAN. Tenía sentido forjarla con el partido que gobierna el país para derrotar al PRI, pero ello no se conseguiría ni remotamente con candidaturas divididas de los partidos llamados de izquierda. De su actitud inicial en que dividía a sus partidos, la sagacidad política de López Obrador lo ha llevado a promover su unidad, en torno a un candidato de su confianza y la de todos.

Para cuando se recorra el camino político para su postulación, es probable que Encinas tenga ya plena seguridad sobre el cumplimiento de los requisitos que lo hagan elegible. Pondría en riesgo la gobernabilidad del estado el que el desempeño del jefe de los diputados perredistas y sus variados apoyos le consiguieran la victoria y ésta no pudiera legalmente consumarse porque el candidato no satisfizo la condición de residencia que la Constitución local establece.

Salvo que ese documento fijara en 1993 requisitos diversos de los que actualmente rigen, el registro de la candidatura de Encinas en aquel año podría constituir un inequívoco antecedente, una prueba plena de que cumplió entonces esa condición legal, y puede sustentarse que la cumple también ahora. Y es que el haber residido durante cinco años en el Estado de México para ser candidato a gobernador es requisito cumplible en cualquier tiempo, no inmediatamente antes del día de la elección. Encinas ya probó haber sido residente y, por lo tanto, ciudadano mexiquense, y no ha incurrido en ninguna de las causas por las que tal condición se pierde.

Claro que las circunstancias de la competencia electoral hace 17 años eran en esa entidad muy otras de las vigentes hoy, y acaso por ese motivo no se consideró necesario exigir de modo estricto cumplir los requisitos de elegibilidad. En aquel tiempo el gobierno mexiquense apenas comenzaba a abrirse a la presencia opositora, especialmente la de Acción Nacional. Los candidatos antagónicos carecían de la mínima probabilidad de triunfar, y al cinismo legal del gobierno le daba lo mismo si esos apóstoles eran elegibles o no.

Apenas en 1981, y con tintas pálidas, comenzó a trazarse el panorama electoral competitivo mexiquense. Alfredo del Mazo González obtuvo 62% de los votos, contra 6.1% del aspirante panista y sólo 3.1% del candidato comunista. Seis años después la votación panista casi se duplicó, para llegar a 11.3%, pero la maquinaria priista asignó el 72.9% a Mario Ramón Beteta (quien incumplió el requisito de residencia). El actor y activista Carlos Bracho, candidato de la izquierda, avanzó a 8.8%, que en números absolutos daba una cifra inimaginable para un partido marginal: 175 mil votos.

En 1993 el joven (no llegaba todavía a los 40 años) diputado federal Encinas superó en cien mil votos la cifra de Bracho, aunque se quedó en el mismo nivel porcentual. Contendió contra Luis Felipe Bravo Mena, quien obtuvo más de medio millón, y con Emilio Chuayffet, quien se aproximó a los 2 millones de votos.

Chuayffet dejaría a medio camino su gubernatura y luego sería secretario de Gobernación, de donde fue depuesto y sometido a un breve ostracismo del que se repuso con sendas curules en 2003 y 2009. Bravo Mena encabezó el partido que arrebató al PRI la Presidencia, y luego de ser embajador ahora es secretario privado de Felipe Calderón.

La vida política de Encinas fue más rica y sorprendente si se considera que todavía a mediados de los años 90 las posibilidades de gobernar estaban vedadas para la izquierda. Pero con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF en 1997 muchos militantes empezaron a cursar una carrera gubernativa. Con ese jefe de Gobierno, Encinas fue secretario del Medio Ambiente. Con López Obrador sería después secretario de Desarrollo Económico y subsecretario y secretario de Gobierno, hasta suplirlo en la jefatura de la administración capitalina en julio de 2005.

Cinco años antes, sin embargo, había sucumbido de nuevo a la tentación electoral, esta vez con perspectivas halagüeñas. Apoyado por el mayor número posible de partidos (más que los que postulaban a López Obrador) buscó ser jefe delegacional en Álvaro Obregón. Como se sabría después por confesión propia, el empresario argentino Carlos Ahumada apoyó financieramente la campaña de Luis Eduardo Zuno, el candidato panista que trampeó y logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara su triunfo, aunque apenas le reconociera poco más de 500 votos de diferencia.

Toparía Encinas de nuevo con ese tribunal en 2008. Luego de su satisfactorio desempeño como jefe de Gobierno, y su sagaz combinación de autoridad de todos y militante de la causa de López Obrador, adquirió una gran presencia y sólida reputación dentro del PRD, que lo llevó a disputar la presidencia del partido. Lo hizo contra Jesús Ortega, quien por enésima vez buscaba esa posición y no se paró en barras para obtenerla esta vez. Al cabo de un sucio proceso electoral, que debió ser anulado dadas las trapacerías que lo caracterizaron, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ungieron jefe del partido a Ortega, con lo que la fractura perredista, visible durante las campañas internas, se ahondó hasta casi partir en dos a ese partido.

Asegúrese pues Encinas, y estén seguros también sus postulantes, de que su elegibilidad no ofrecerá un flanco débil que lo prive de un triunfo claramente obtenido, como ocurrió en los dos momentos recordados. No se expongan a perder en oscuras oficinas lo que acaso obtengan en la transparencia de las urnas.

Encuentro: 5 diciembre 2010

Don Raúl Vera y los derechos humanos

Obispo Raúl Vera. Congruencia.

Miguel Angel Granados Chapa

A su regreso de Noruega, donde hace una semana recibió el Premio Rafto, la agenda de don Raúl Vera lo esperaba muy apretada. Se contaba con su presencia en dos actos simultáneos el jueves 11, en la Ciudad de México, y uno más el viernes 12, en Saltillo, la sede de su diócesis.

El 7 de noviembre recibió el Premio Rafto, en el Teatro Nacional de la ciudad noruega de Bergen. El jueves 11, a las 9:00 de la mañana, se instaló la Comisión Civil de Seguimiento de los Acuerdos SME-Gobierno Federal, de la que el prelado es miembro eminente. En el Senado, a la misma hora y el mismo día, se efectuó la primera sesión del Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana, Capítulo México, de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción.

Y es que el senador Ricardo García Cervantes, quien encabeza ese capítulo, decidió que fuera la Familia Pasta de Conchos –una de las iniciativas más sentidas por el obispo de Saltillo– la que se presentara a hablar sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Abordar en tribuna el caso de Pasta de Conchos costó a García Cervantes una burda reconvención del subsecretario del Trabajo Álvaro Castro, quien perdió –al menos formalmente– esa posición ante la severa respuesta institucional del Senado, que declaró inadmisible el reproche a uno de sus miembros sobresalientes y consiguió una rectificación de dientes para afuera del secretario Javier Lozano, cuya postura ante los deudos de la tragedia –crimen, mejor dicho– del 19 de febrero de 2006 estuvo claramente reflejada, en estilo y contenido, en la admonición del subsecretario al legislador.

El viernes 12 don Raúl Vera presidió, en la capital de Coahuila, una reunión organizada por muchos de sus feligreses para darle la bienvenida, en un acto que sería aprovechado para entablar un “diálogo sobre derechos humanos en México”. La organización corrió a cargo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, otra de las fundaciones del dominico que se graduó como ingeniero químico antes de ingresar a la Orden de Predicadores. Ya antes, en 1988, había fundado un centro de asistencia social, “la primera de varias instituciones que ha apoyado para asistir a gente pobre y marginada”, según informó a su auditorio la presidenta del Comité Rafto, Siri Gioppen.

Ese comité discierne desde 1987 el premio que lleva el nombre de Thoroft Rafto, un activista que antes de la caída del Muro y la disolución del campo socialista dedicó su esfuerzo a apoyar a disidentes en países sometidos al autoritarismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética misma. A su muerte, y establecido el premio que lleva su nombre, los continuadores de su obra juzgaron necesario orientar a otras regiones del mundo su atención y, con la suya, la de vastos sectores de la opinión mundial que confían en los criterios humanitarios de esa organización noruega.

También ha tenido confianza en el Comité Rafto el correspondiente del Premio Nobel de la Paz. En cuatro ocasiones ya, recipiendarios del Rafto lo fueron después del Nobel, por la coincidencia en los principios que rigen la asignación de las respectivas preseas.

La primera persona colocada en esa situación fue la activista birmana Aung San Suu Kyi, quien recibió el Nobel en 1991. Mucho antes de entonces y aun hoy mismo ha pugnado por el cese del autoritarismo militar en su patria, Myanmar (antes Birmania), para abrir paso a la democracia. Cinco años después fue galardonado con el Nobel José Manuel Ramos-Horta, quien encabezó la lucha del pueblo de Timor Oriental por sacudirse el dominio de Indonesia, que debió retirarse de aquella isla –cuya población es de ascendencia portuguesa en el océano Índico– a causa del movimiento de opinión mundial en torno a Ramos-Horta, tras recibir los premios Rafto y Nobel.

En el año 2000 el premio discernido por el comité respectivo del Parlamento Noruego, en cumplimiento de las instrucciones de Alfred Nobel, fue otorgado a Kim Dae-jung, líder de la resistencia al militarismo autoritario en Corea del Sur, que llegó a ser presidente de esa república y desde entonces aboga por la reconciliación de las dos porciones en que la Guerra Fría dividió a Corea. En 2003, el Nobel fue para Shirin Ebadi, la legendaria juez iraní destituida de su cargo por su interpretación de las leyes islámicas en beneficio de la mujer y que como abogada ha luchado por la causa de las mujeres en una sociedad opresora. Además de su activismo civil, escribió el libro La jaula de oro, un alegato por la convivencia de formas diferentes de vivir el Islam.

A perfiles como esos corresponde ahora el del obispo de Saltillo. Así lo definió Siri Gioppen al hacer la semblanza del premiado este año con el Rafto: “Hay una clase de personas, muy escasas, que son referencia moral y cuya integridad constante les prepara a defender lo que consideran correcto sin hacer caso al riesgo personal que corran”. La oradora mencionó el paso de don Raúl por Chiapas y no pudo omitir una mención a don Samuel Ruiz, el hoy obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. El dominico Vera había sido enviado a esa diócesis como adjunto con derecho a sucesión. Ignorantes quienes lo nombraron de su reciedumbre y sensibilidad humana, esperaron de él que acotara al obispo cuya pastoral indígena, cuya opción por los desvalidos irritaba al poder vaticano, y que al reemplazarlo desmontara su obra. La conversión vivida por don Raúl lo llevó hacia rumbos opuestos a los imaginados por sus promotores, que decidieron trasladarlo al norte, con la suposición de que, no habiendo allí indígenas con los cuales identificarse, el obispo se acomodaría al tradicional molde episcopal.

Nuevo mal cálculo. Don Raúl ha ejercido sus convicciones en varios campos. Lo preocupa la suerte de los migrantes hacia Estados Unidos, una corriente de los cuales pasa por Coahuila. Ha establecido dos centros de refugio para ese efecto: el de Saltillo, llamado Belén, ha atendido a 40 mil personas. Junto con esa atención a los seres humanos concretos, el obispo Vera es un activista en pro del reconocimiento de la dignidad humana de los migrantes, en pos de que se adopten políticas gubernamentales que en vez de perseguirlos los apoyen.

En lo que hace a la drogadicción y la violencia, ya no adosada sino consustancial al tráfico de estupefacientes, según explicó la humanitarista noruega, “el obispo Vera comparte la preocupación del gobierno por el poder y la violencia de los cárteles de la droga, pero critica sus métodos. No solucionan los problemas y debilitan la ley en vez de confirmarla”.

También preocupa a don Raúl “la exclusión social de los homosexuales, incluso por la misma Iglesia”. Para oponerse a ella apoya “la comunidad de San Egidio en Saltillo, (que) ofrece guía espiritual a jóvenes de toda orientación sexual, y don Raúl trabaja para promover su dignidad y sus derechos humanos”.

Como don Raúl, sin necesariamente conocerla, practica la máxima del obispo sudafricano y premio Nobel Desmond Tutu (“si usted permanece neutral en situaciones de injusticia, usted ya tomó partido por el opresor”), no ha vacilado en apoyar a las víctimas de la codiciosa e infame minería del carbón en Coahuila, a partir de la muerte de 65 personas en la mina de Pasta de Conchos hace más de cuatro años. De ser un obispo convencional, se hubiera amistado con los dueños de las minas y las acerías de la región norte del estado, en vez de enrostrarles su insensibilidad y sus violaciones a la ley.

Sin falsa modestia, el obispo dominico reconoció la proyección que el Premio Rafto da en el mundo, sobre todo en las civilizadas sociedades del norte de Europa, a la situación mexicana. Dijo al concluir sus palabras el domingo pasado que acaso la Fundación Rafto pudo haberse equivocado al elegir a una persona no adecuada para el premio 2010, “pero no se equivocó en elegir a México para denunciar ante la comunidad internacional la terrible situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de parte del gobierno, contra hombres y mujeres, ciudadanos de nuestro país”. l

ENCUENTRO EN VIVO a las 9:00 P.M.

Encuentro, con Virgilio Caballero, Granados Chapa, Jose A Crespo y Ricardo Rocha. En internet -> http://bit.ly/4mkoP0

http://www.radioformula.com.mx/estaciones/103-3-fm/

Góngora Pimentel, por el cambio y la nueva esperanza

Genaro Góngora Pimentel, exministro de la SCJN

Miguel Angel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 25 de octubre (Proceso).- A casi un año de concluida su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia (máximo tribunal del que fue presidente), Genaro David Góngora Pimentel manifestó su adhesión al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. De tiempo atrás lo ha hecho también su antiguo compañero en la administración de justicia, Juventino Castro y Castro, quien hoy es miembro de la Cámara de Diputados, adonde lo llevó el Partido del Trabajo, el más cercano a López Obrador de cuantos lo postularon a la Presidencia en 2006.

Góngora Pimentel dejó de ser ministro el 30 de noviembre del año pasado. Reapareció el 19 de octubre en la presentación de la asociación civil Encuentro, cuyo objetivo general es “ampliar el consenso social sobre el proyecto alternativo de nación y recibir puntos de vista para su fortalecimiento, así como los canales de comunicación con los más diversos grupos y sectores de la sociedad mexicana frente al 2012 y en apoyo al movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.

El ministro en retiro no fue un invitado más a la presentación del consejo de esa plataforma de lanzamiento del exjefe de Gobierno capitalino, creada se diría que como reacción a Equidad y Progreso, la asociación civil formada por Marcelo Ebrard para alimentar su propia precandidatura. Se le confió el papel principal después del que correspondió a López Obrador. Éste definió a Encuentro como una “organización para atender a sectores que se agrupan, que se relacionan de otra forma”, distinta de la que ha practicado en los cuatro años recientes el “presidente legítimo de México”, como firma sus comunicados. Al movimiento social nacional, que se concreta en comités municipales y comunitarios, y realiza “labores de información, de orientación, de concientización”, le hacía falta otro mecanismo para encontrarse con los votantes que sufragaron por López Obrador en 2006 y luego se han alejado de él, y para encontrarse también con nuevos votantes, otros sectores “con los que tenemos que comunicarnos, despejar dudas, aclarar cuál es nuestro propósito, en qué consiste el proyecto alternativo de nación que postulamos”, según dijo el propio excandidato.

En otros términos, se trata de evitar que ciudadanos desinformados crean una vez más que López Obrador “es un peligro para México”, como de nuevo ha dicho Felipe Calderón, irresponsablemente, porque ahora no es candidato, sino el presidente de la República. Nadie mejor para representar al lopezobradorismo inteligible y aceptable para la clase media, entre temerosa y esperanzada, que una persona con indisputable autoridad moral y respetada presencia en los medios judiciales y académicos como el exministro Góngora Pimentel.

Nacido en Chihuahua el 8 de septiembre de 1937, se graduó en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1963 (y se doctoró allí mismo, perteneciendo ya a la Corte, en 2006). Prácticamente toda su vida profesional la dedicó a la docencia, a la escritura de obras jurídicas y a la impartición de justicia. Tenía 15 años como magistrado (más seis como juez de Distrito) cuando fue elegido ministro, en enero de 1995. Presidió el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal durante cuatro años, de 1999 a 2003. Al concluir ese periodo, y al retirarse de la Corte, lo hizo con su prestigio acrecentado. En su ponencia y en sus votos se inclinó siempre a resolver los asuntos mirando el interés general, con sensibilidad judicial y política. Su amigo recientemente fallecido, José de Jesús Gudiño Pelayo, veía en él la encarnación del liberalismo en la Corte cuando lo consideró situado en el lado opuesto al conservadurismo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano y los invitó a no dejar de controvertir, para conservar el rating del Canal Judicial.

En las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, donde había que decir el derecho, o en las investigaciones constitucionales al tenor del artículo 97, Góngora fue un juez irreprochable. Los moderados, especialmente los que llevan su moderación al timoratismo, acaso lo tuvieron como excesivo, vehemente, sensiblero. Pero nunca dudó en ir más allá del frío texto legal (nunca infringiéndolo) para insertar sus resoluciones en el ambiente social y político en que estamos inmersos. Sólo puede atribuírsele un traspié: el haber querido trocar la majestad del juez constitucional por la terrenalidad del consejero electoral, cuando buscó presidir el IFE. Salió de la Corte con su espíritu enaltecido y su honra inmaculada.

Once meses después, con mesura, casi se diría que con tiento si no se conociera la firmeza de sus posiciones, al decir el único discurso el 19 de octubre (además, claro, de las palabras de López Obrador) afirmó que “debemos ofrecer a México una nueva esperanza sobre un futuro incierto”. Es, dijo también, “momento de fortalecer el cambio en nuestro país, lo cual será favorable porque nuestro esfuerzo tiene rumbo”. Confía, añadió, “en la organización política que nos convoca, pues tiene la visión, el talento y el coraje para entender los tiempos que enfrenta el país y actuar en consecuencia”; y no tiene duda de que esa organización “logrará encabezar esta nueva cultura y este nuevo quehacer político”. Instó, en fin, a sus oyentes y a quienes llegue su mensaje, a no perder tiempo, a saber que “es ahora el momento del cambio y de una nueva esperanza”.

Respetuoso, con el impulso de un espíritu universal, sin nombrarlo invocó a Dios: “Existe un poder más alto, cualquiera que sea el nombre que le demos, que nos ordena no solamente proceder con rectitud, sino también con amor; no únicamente aplicar el derecho, sino impartir justicia con misericordia”.

Los periodistas españoles, que suelen comparar el futbol y la política, o emplear en ambos terrenos un lenguaje común, dirían que, al igual que cuando el Real Madrid o el Barcelona contratan a un gran goleador, López Obrador hizo un “fichaje monumental” cuando atrajo a Góngora. Mucho se dijo de la amistad y la cercanía entre ambos cuando el jefe del Gobierno protagonizaba sonados litigios. Ahora esa proximidad adquiere el carácter de una adhesión política, como la que expresaron otros asistentes a la presentación de Encuentro.

Fue notoria la reaparición de Alfonso Durazo, quien en los años recientes se ocupaba de asesorar a un poderoso empresario periodístico y de ir y venir de su Sonora natal. Su perfil político y humano es de estirpe semejante al del exministro, y su participación conspicua en el consejo de la nueva plataforma de López Obrador muestra que el dirigente social más importante del país está consciente de que sus vehemencias, que llegan a la estridencia de tanto en tanto, no deben ser su única presencia política, sino que por interpósitas personas ha de hacer llegar su mensaje a los sectores medios donde puede generar apoyo porque representa más que nadie sus intereses.

Durazo no se ha apartado de López Obrador desde que resolvió sumarse a su causa en el proceso electoral de 2006. El secretario particular de Luis Donaldo Colosio había salido del PRI cuando el presidente Vicente Fox, reconociendo sus propias necesidades y los méritos del sonorense, lo invitó a ser su secretario particular. Mientras más apoyo recíproco se generaba entre el Ejecutivo y su colaborador, más tensa era la relación entre Durazo y la señora Martha Sahagún. Las fricciones se multiplicaron cuando la esposa del presidente pretendió sucederlo en el cargo. Durazo advirtió a Fox sobre el despropósito y, al no ser atendido, se fue de Los Pinos.

Conserva la reputación que lo ha hecho figura indispensable en acuerdos políticos necesarios. La ha llevado de nuevo cerca de López Obrador. ¡Buenos fichajes! l

Francisco Javier Salazar y los mineros chilenos

Francisco Javier Salazar en la Cámara de Diputados.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 18 de octubre.- Sacudido en su modorra legislativa por el pasado, que nunca se va por completo, Francisco Javier Salazar Sáenz se apresuró a establecer las diferencias entre una mina de carbón y una de cobre, para distinguir también las tragedias que se abaten sobre una y otra y, en fin, para que no se establezcan parangones entre las conductas gubernamentales en uno y otro caso.

Lejana ya la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, donde murieron 65 mineros, el rescate de 33 trabajadores chilenos en la mina de San José, cercana a Copiapó en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, la trajo abruptamente a la actualidad por el rudo parangón que de inmediato se estableció entre ambas situaciones, que tuvieron un desenlace contrastado. Hasta ahora no han sido recuperados los restos de las víctimas en la región carbonífera coahuilense, mientras que al cabo de un vasto, inteligente y sostenido esfuerzo se salvó la vida a los empleados de la empresa San Esteban, omisa en su conducta de establecer medidas de seguridad, como lo fue Industrial Minera México, filial del Grupo México.

Salazar era entonces secretario del Trabajo. Había llegado allí tras una breve carrera política, iniciada desde su papel como líder de los profesores universitarios en San Luis Potosí. Nacido en el Distrito Federal, cursó ingeniería química en la UNAM y concluyó la carrera en la Universidad Iberoamericana. En la potosina se hizo doctor en ciencias sociales, derivación que juzgó oportuna para defender su credo religioso y político, que en su caso se integran. Además de su trabajo en la representación sindical del personal docente universitario, tanto en San Luis como en el ámbito nacional, militó en el tradicionalismo panista potosino. Fue diputado federal por primera vez de 1994 a 1997, al cabo del cual buscó ser candidato a gobernador, sin conseguirlo, como tampoco lo conseguiría en 2003, cuando en las elecciones internas fue vencido por Marcelo de los Santos.

Ya para entonces Salazar era subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, cuyo titular era el hoy finado Carlos Abascal. Estaban unidos ambos por una ideología férreamente conservadora, por lo que no resultó extraño que al transitar Abascal a Gobernación, para reemplazar a Santiago Creel, Salazar Sáenz lo sustituyera.

En febrero de 2006 se le encomendó atender la emergencia de Pasta de Conchos. Por tratarse de un desastre, hubiera sido un asunto atendido en Gobernación. O en Economía, dado que es competencia de esa secretaría regular las concesiones mineras. Pero se responsabilizó del caso a Salazar Sáenz, tal vez porque se percibió en la coyuntura el escenario adecuado para un lance político de mayor alcance, la defenestración de Napoleón Gómez Urrutia de su liderazgo en el sindicato minero.

Gómez Urrutia había cultivado una buena relación con el presidente Fox y el secretario Abascal, a quienes el gremio minero aclamó después de que se tomó nota de la elección del secretario general, acto que le había sido negado por el último secretario del Trabajo del régimen priista, Mariano Palacios Alcocer. Remediada esa situación, floreció el vínculo entre el dirigente sindical y el gobierno de la alternancia. En esos años el sindicato mantenía una disputa con una de sus contrapartes, el Grupo México. La causa inmediata era un litigio sobre acciones de las empresas adquiridas por ese grupo de la familia Larrea al gobierno federal. Finalmente, no sin un largo trayecto en tribunales, el sindicato recibió 55 millones de pesos, importe de las acciones que al ser privatizadas varias compañías mineras debía entregar al sindicato.

La derrota así infligida al Grupo México, más la exigencia permanente de mejores salarios para los trabajadores de sus minas, tensó y agrió las relaciones con el sindicato minero. Mucho ha de haber influido una creciente rivalidad personal entre el presidente del consorcio, Germán Larrea, y el líder gremial, Gómez Urrutia. Cada uno de ellos había sucedido a su padre en la tarea que los enfrentaba, y mientras que los progenitores establecieron una relación provechosa para ambos, el desencuentro rigió el trato entre los jóvenes herederos.

Fue ostensible que por pedido del grupo empresarial el gobierno de Fox mudaría su propia relación con los mineros. De esa manera, cuando la atención del secretario Salazar debería estar plenamente orientada a rescatar a los mineros de Pasta de Conchos, se anunció que el liderazgo de Gómez Urrutia estaba siendo impugnado, y en menos de una semana, mediante un procedimiento tramposo y apresurado, se colocó a un líder postizo en el lugar del secretario general hasta ese momento reconocido.

El papel de Salazar ante la tragedia fue cumplido de mal modo. El viernes siguiente al domingo trágico, antes de una semana de ocurrido el desastre, el secretario anunció el fin del intento de rescate. Se dictaminó entonces que la mina había sido destruida por un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera, y que la catástrofe impidió desde el momento mismo de su ocurrencia que los mineros sobrevivieran. En ese supuesto, era inútil esforzarse por localizarlos y rescatarlos. Simplemente se les dio por muertos. Tan definitiva fue en los hechos la decisión de clausurar la mina –acaso para que un diagnóstico imparcial no determinara que la inseguridad industrial había causado la tragedia–, que no se han rescatado los cuerpos, los restos de los mineros atrapados por el infortunio y una mezcla de factores humanos que debieron ser castigados.

Incapaz de lidiar con la angustia de los deudos, Salazar peleó con ellos, insinuó que los mineros ingresaban a la mina ebrios o drogados, recibió abucheos y proyectiles que mancharon su ropa, pero no su reputación. Terminó su gestión en la Secretaría del Trabajo sin hacer otra cosa que proteger al personal de esa dependencia involucrado en los antecedentes del desastre y coincidir plena y puntualmente con los intereses de la empresa, que ha dejado enterrados a sus antiguos empleados para ocultar la codicia que la hizo ahorrar a costa de la vida de los mineros. Exactamente lo contrario de lo que se hizo en Chile a la hora de su propio desastre.

Al comenzar este sexenio, Salazar ingresó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, bajo la presidencia de Germán Martínez, y el año pasado fue elegido diputado federal, por la vía plurinominal, sitio reservado a los militantes de largo trayecto, a los grandes apellidos o para premiar servicios prestados. Fue vicepresidente de la mesa directiva al lado de su correligionario y tocayo Francisco Javier Ramírez Acuña, durante el primer año de la legislatura. Fue conservado allí durante el segundo año, el que está corriendo, bajo la presidencia del priista Jorge Carlos Ramírez Marín. En uno y otro caso, su papel lo obliga a dirigir los debates, en ausencia del presidente. Lo hace distraídamente. Y las más de las veces atestigua desde su alta posición (físicamente hablando) lo que ocurre en la llanura de San Lázaro.

En esa alta posición fue sorprendido por la vuelta del pasado, nunca ido del todo, pues no ha cesado la exigencia de las familias de Pasta de Conchos por recuperar los cuerpos de sus seres queridos, enterrados por decisión de Salazar al servicio del Grupo México. Su triste actuación en esa mina coahuilense, en el conflicto minero que artificialmente encendió –aunque el dirigente fantoche que inventó haya sido vuelto al rincón de los trebejos, de donde Salazar lo sacó–, no había sido olvidada. Se hace vigente ahora su gestión, en contraste con la del ministro de Minería chileno, que trabajó a favor de la vida, como Salazar a favor del dinero.

Audio: Encuentro 19 septiembre 2010

Audio: Encuentro 5 septiembre 2010

EL DELINCUENTE DEL FECAL "NO PUEDE CON LA RESPONSABILIDAD QUE SE ROBO"

Monsiváis en la memoria

Carlos Monsiváis, escritorio.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 28 de junio.- Detesto el género periodístico que en la pretensión de evocar a un personaje echa por delante la primera persona: “Conocí a Fulano….”, como si ese dato fuera relevante. Detesto ese género pero hoy, excepcionalmente, voy a practicarlo. Y repetiré el ejercicio la próxima semana.

Vi por primera vez a Carlos Monsiváis en la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional en 1960 o 1961. Formaba parte de una breve brigada informativa que acudía a solicitar apoyo a los ferrocarrileros y maestros en huelga. Sobresalía en el grupo, por su estatura, Martín Reyes Vayssade que, a diferencia de Monsiváis, recorrería en su vida estaciones variadas como ser vocero de la firma Ingenieros Civiles Asociados o subsecretario de Cultura en la SEP.

Supe que Monsiváis era Monsiváis porque eran ya conocidas sus colaboraciones en publicaciones de la UNAM y en México en la cultura, el suplemento que dirigía Fernando Benítez en el diario Novedades, que estaba a disposición de los estudiantes en la Biblioteca Central. Lo supe también quizá porque entre los estudiantes de izquierda en esa escuela, que eran los más, Monsiváis era motivo de discordia. Sabría después que la causa era su expulsión o su renuncia al Partido Comunista, en una de tantas purgas con que se depuraba. Algunos lo veían con recelo y otros con simpatía, según su propia posición frente al PC, que estaba aún lejos de su apertura.

En las primeras redacciones que habité –la revista Mañana y el semanario Crucero– se hablaba de Monsiváis con curiosidad, respeto y aun admiración. Compré en 1966 o 67 su Autobiografía precoz, publicada por Emmanuel Carballo en Empresas Editoriales, que también dio a la estampa las breves vidas de Vicente Leñero, Gustavo Sáinz, Juan García Ponce y Raúl Navarrete, que murió pronto. A partir de aquella lectura su presencia me pareció próxima, pero no fue sino hasta 1968 cuando cruzamos algunas frases en la redacción de Excélsior, antes o después de que conversara con el director Julio Scherer sobre la publicación de desplegados de la Asamblea de Intelectuales y Artistas que él promovía.

Poco después, en 1969 o 1970, se incorporó a las páginas editoriales de ese diario. Nos vimos a partir de entonces con regularidad, aunque no tanta como estaba previsto. Tenía su lugar en el espacio principal de la página siete, los sábados, de modo que debía entregar los viernes a la hora del crepúsculo. Rara vez cumplía el horario. Se retrasaba a sabiendas que la entrega tardía no iba a impedir la aceptación de su texto. Era en extremo autocrítico, no inseguro sino exigente consigo mismo. Más de una vez luchamos físicamente por la posesión del original que ya me había entregado y se arrepentía de haberlo hecho porque no le satisfacía. Otras veces parecía mentir, pues anunciaba que estaba ya en el Metro y que en veinte minutos tendríamos su texto. Y podría ser que no llegara, no por irresponsabilidad sino porque en el vagón cavilaba sobre la calidad de su escritura y prefería el silencio que una comunicación a su juicio maltrecha.

Venía a veces, convocado ex profeso o no, al mediodía, y salíamos a comer él, Miguel López Azuara, tan responsable como yo mismo del manejo de las páginas editoriales y en cuya personalidad rivalizaban la inteligencia y la simpatía, y el que escribe. A veces nos acompañaban otros colaboradores de la sección, todos los cuales, aun Ricardo Garibay que poseía un ego robusto, invariablemente daban –dábamos– un lugar eminente a Carlos, que hablaba más que comía dada su parquedad gastronómica. Mientras los comensales hacían lo propio, él se daba vuelo al desplegar sus mordacidades y sarcasmos que no impedían la generación de ideas brillantes en que su mente era pródiga.

Un día Carlos y yo aceptamos cenar en la Fonda del Refugio con Fausto Zapata, encargado de la información en la presidencia de Echeverría. Trataba de modificar o atemperar el criterio con que expresábamos opiniones en nuestros artículos. No lo consiguió ni siquiera cuando, buscando encontrar un flanco débil, convocaba a Carlos, y de paso a otros, a la sala de exhibición que la Presidencia tenía cerca de Los Pinos (en un recinto llamado según creo La Tapatía). Allí vimos películas como el Caso Mattei. Pero ni así mudaba sus pareceres Monsiváis. Años después se quejaría falsamente al lamentar que alguien le hubiera hecho fama de incorruptible, porque nadie se atrevía a corromperlo.

Los años de nuestros encuentros en Excélsior coincidieron con los iniciales del Ateneo de Angangueo, una tertulia periodística organizada por Iván Restrepo, Manuel Buendía y Monsiváis, que se reunía los miércoles en la casa del primero, en la calle de Amatlán, en la ahora atestada colonia Condesa. También allí era eminente su presencia, no obstante que alternaba con personas como el propio Buendía, Francisco Martínez de la Vega, Alejandro Gómez Arias. Acudían, sin necesidad de ser invitadas –o sea que eran miembros de número– Margo Su, que hacía de anfitriona, y Elena Poniatowska. Una vez estuvo presente Ángeles Mastretta, que comenzaba su relación con Héctor Aguilar Camín, convidado a algunas de las reuniones y que nos invitó a la fiesta inaugural de Nexos, en el rancho Los Barandales de la familia Moreno Toscano. En esa revista mensual el sitial reservado a Monsiváis correspondía a su creciente autoridad.

En mayo de 1975 Jean Meyer organizó en la Universidad de Perpignan, su tierra natal, un seminario sobre México, con invitados procedentes del DF y mexicanos radicados en Francia, así como especialistas franceses. Salvo la puesta en escena de Nostalgia de la Muerte, de Villaurrutia, por Marta Verduzco, recuerdo más los viajes con Monsiváis que las ponencias de aquella reunión académica. Marta Isabel, la madre de mis hijos (que obviamente lo son también suyos) y yo nos encontramos en la estación de Austerlitz con Enrique Florescano y Alejandra Moreno (a quienes yo apenas conocía) que gozaban de la compañía de Monsiváis. La disfrutamos todos durante ocho horas, y al cabo de la reunión, el privilegio fue sólo para Marta Isabel y yo. No sé si coincidimos o Monsiváis como hoja al viento, como persona libre que era, encontró interesante nuestro propósito, el hecho es que resolvió viajar, como nosotros teníamos planeado, a Barcelona.

México y España no tenían relaciones diplomáticas entonces, y se requería visa para entrar en el país aún dominado por Franco. Los tres la recabamos en el consulado español en Perpignan y a bordo de un pequeño autobús cruzamos los Pirineos. En la frontera subió a bordo un guardia civil a quien no costó trabajo identificar a los mexicanos sospechosos que intentaban ingresar a España por la puerta de atrás. A Marta Isabel la dejaron en paz pero señalándonos con el dedo (usted… y usted) los guardias nos hicieron bajar a Monsiváis y a mí, únicamente entre todo el pasaje. Revisaron nuestras maletas en busca de bombas quizá o al menos de nitroglicerina para fabricarlas o, de perdida, de propaganda subversiva. En el regazo de Marta Isabel había quedado el programa común de los partidos socialista y comunista franceses (que tendría éxito seis años después, al ser elegido Miterrand), de manera que no tuvimos más problema que el susto que nos hizo padecer la corporación policiaca del franquismo.

Marcelo Ebrard, perredista señero

Marcelo Ebrard durante el 21 aniversario del PRD.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 9 de mayo.- Cuando se fundó el Partido de la Revolución Democrática, el 5 de mayo de 1989, Marcelo Ebrard Casaubón era secretario general del PRI capitalino. Manuel Camacho, jefe del gobierno del DF, le había encomendado reconstruir el partido tricolor en la Ciudad de México, después del sacudimiento priista en las elecciones de julio anterior. Veintiún años después, aquel joven que entonces tenía treinta se convirtió en el personaje principal de la fiesta perredista de cumpleaños, en vez de los antiguos dirigentes de ese partido, ausentes y distantes de la organización que contribuyeron a crear.

Perspicaz y habilidoso, Ebrard se ha propuesto llenar el hueco dejado por otros perredistas de fuste. El miércoles 5 fue el único gobernador presente en la módica celebración de vigésimo primer aniversario del partido al que ahora pertenece. No le fue difícil convertirse en estrella de la función pues tenía como principal contendiente a Jesús Ortega, el líder nacional del partido, a quien derrotó en el proceso interno para elegir candidato al gobierno capitalino a fines de 2005. Pero además, sin tener que hacerlo directamente, habló de sí mismo y de sus aspiraciones, como si sólo hablara de la necesidad de que la izquierda, dentro de la cual se conviene generalmente ubicar al partido festejante, tenga una candidatura única en 2012, capaz de triunfar y hacer respetar su victoria, a diferencia de lo ocurrido en 1988 y 2006.

Si no en su mente, en la de muchos que lo escuchaban estaba configurándose el gran dilema que esa izquierda tendrá a fines del año próximo. A reserva de que crezca el número de aspirantes, es claro que entonces se expresarán los propósitos y los intereses de Andrés Manuel López Obrador y de Ebrard mismo para ser el candidato presidencial. Aunque el antecesor de Ebrard en el gobierno capitalino ha manifestado su avenimiento a que la candidatura corresponda a quien esté mejor ubicado en las encuestas (expresión sujeta a numerosas interpretaciones), mucha gente está poco inclinada a creer en esa buena disposición de López Obrador. Con la imagen deformada que la propaganda ha creado, lo imaginan aferrándose a ser candidato una vez más aun si las encuestas no lo favorecen, para lo cual contaría con la fuerza social que pacientemente ha acumulado desde noviembre de 2006, cuando fue proclamado Presidente legítimo (en contraste con la condición de espurio atribuida a Felipe Calderón) y con el apoyo formal del Partido del Trabajo. Contra ese riesgo, el de que haya una candidatura del PRD y probablemente de Convergencia, y otra sostenida por el PT, alertó Ebrard el 5 de mayo, aunque por supuesto no lo explicitó ni mucho menos.

Durante los tres años recientes, el jefe de gobierno capitalino ha resuelto de modo pertinente para sus intereses la ambigüedad de su relación con López Obrador. Se ha cuidado muy bien de romper con él y aun de distanciarse, pero al mismo tiempo ha avanzado de manera notoria en la creación de su propia identidad, uno de cuyos rasgos distintivos sea la independencia respecto de su antecesor, y al mismo tiempo en la generación de su propia fuerza política en el DF.

Hace dos décadas apenas, delante de Ebrard se abría un futuro promisorio, favorecido por su cercanía con Manuel Camacho, el miembro del gabinete más próximo a Salinas, el fabricante de los puentes que unieran con aquel otro tildado de usurpador a los personajes y movimientos agraviados por la imposición presidencial. A sus treinta y pocos años de edad, el exalumno de Camacho llegó a ser el número dos del salinista número uno. Y desde entonces una buena porción del trayecto de Ebrard dependió del destino político de Camacho. Así, lo siguió a la cancillería una vez dominada la iracunda reacción del jefe de gobierno del DF que se consideraba a sí mismo como el indispensable sucesor de su amigo Salinas pero no lo fue. Durante sólo tres quincenas Ebrard, como subsecretario en Tlatelolco, estuvo en situación de practicar el arte de las relaciones internacionales que había aprendido en El Colegio de México.

Pero a poco Camacho se fue a Chiapas como promotor de la paz ante el zapatismo, y Ebrard actuó discretamente a su lado. Junto con su jefe se marchó del PRI en 1995 y ambos bregaron por la creación del Partido del Centro Democrático, del que Camacho fue candidato presidencial y Ebrard a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Advertido de su escasa posibilidad de triunfo, Ebrard se alió con López Obrador: declinó su aspiración y le cedió sus votos, que quizá fueron los determinantes para la victoria de López Obrador, que estuvo no lejos de ser víctima del “efecto Fox”, semejante al que seis años más tarde protagonizaría él mismo.

Aunque tardíamente, la alianza entre Ebrard y López Obrador empezó a consumarse cuando aquel fue designado secretario de Seguridad Pública. Cobijado por su jefe en el conflicto de Tláhuac –el linchamiento de agentes federales ante la impasibilidad de la policía local–, que le significó ser despedido por el presidente Fox (pues el Ejecutivo federal controla la seguridad pública del DF), terminó ganancioso el lance. Tras un breve receso, fue designado secretario de Desarrollo Social, como clara señal de López Obrador de hacerlo su sucesor. El proceso se cumplió cuando Ebrard derrotó a Ortega en el proceso interno, con el ostensible apoyo de López Obrador, que con la fuerza que generó en todo el país en 2006 aseguró la victoria capitalina para los candidatos perredistas, Ebrard en señalado primer lugar.

Pagado así con creces el favor recibido en 2000 por López Obrador, éste y Ebrard iniciaron una nueva etapa en su relación. El jefe de gobierno ha buscado responder hasta el día de hoy a la consigna lopezobradorista de no reconocer políticamente a Calderón, aunque como gobernante de una entidad esté obligado a insalvables actos que implican reconocimiento. En su doble y contradictorio afán de mantener su vínculo con López Obrador y ser él mismo, permanentemente Ebrard está sometido al juicio de los lopezobradoristas que lamentan que gobierne un salinista (como si López Obrador no hubiera permanecido en el PRI hasta después de la elección de 1988). El jefe del gobierno practica una política social idéntica a la de su antecesor pero, al modo de Enrique Peña Nieto, la propaga a grandes costos cuya erogación beneficia a Televisa. Emprende obras públicas similares en su propósito y su esquema de financiamiento a las construidas por López Obrador pero va más allá al hacer rutas de paga y al no consultar a la población afectada directamente ni a los núcleos sociales que deploran el homenaje que se rinde al automóvil y al asfalto en perjuicio del equilibrio ambiental y de la salud pública.

Ebrard camina por la cuerda floja, por el filo de la navaja. Hasta ahora no ha tenido vacilaciones que lo hagan caer o lastimarse. Al contrario, su audacia lo ha hecho mostrarse como un perredista principal, capaz de fijar posiciones y trazar líneas...

Los monopolios en México

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Desestabilizar DF

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En defensa del cabrón irresponsable

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 22 de febrero.- Ajeno ya al PAN, refrendado en su cargo por un reticente y nada entusiasta espaldarazo del presidente de la República, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont demoró en mostrar la lealtad que le reconoce Felipe Calderón. Frente a la insólita, tremenda, apabullante acusación del diputado panista Manuel Clouthier Carrillo, quien llamó al Ejecutivo “cabrón irresponsable… que no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato”, es decir, de emprender la guerra al cártel de Sinaloa, Gómez Mont descalificó de modo virulento sus apreciaciones. Las llamó “falsas”, “irresponsables” y “moralmente condenables”.

El domingo 14 Proceso ofreció una singular, demoledora entrevista de Álvaro Delgado a Clouthier Carrillo, en que el hijo mayor de Maquío denuncia la falta de acción gubernamental contra el narcotráfico en su natal Sinaloa: “El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente!”

No sólo eso. El antiguo director de los diarios Noroeste, de Culiacán y Mazatlán, ve en su tierra “cosas muy extrañas”, como la compra de terrenos propiedad del exgobernador Antonio Toledo Corro, en cuya época (1980-1986) florecieron en esa entidad bandas de narcotraficantes como la de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, emparentado con el exgobernador que como secretario de la Reforma Agraria bajo López Portillo hizo grandes negocios (con los que favoreció a sus allegados y a no pocos periodistas) a través de un programa nacional de desmonte que cuenta entre las grandes estafas nacionales. Fonatur compró a Toledo Corro 2 mil hectáreas, a un costo de mil 200 millones de pesos para establecer un desarrollo turístico.

Clouthier consideró ese hecho “muy emblemático y sospechoso”. Y se pregunta si no había otros terrenos: “¿Cuál es el mensaje que se está mandando al sinaloense y a la comunidad mexicana. ¡Para mí eso es extrañísimo… ¿Qué tipos de arreglos hay allí, qué cosas extrañas están sucediendo. No tengo respuestas. Tengo preguntas que me veo obligado a formular públicamente.”

Sin embargo, Clouthier no tenía sólo interrogaciones, sino también contundentes denuncias. Se refiere a la “camarilla mafiosa en el poder”, que “actúa aliada con el crimen organizado”. E implica en esa camarilla no sólo a los gobernantes priistas de Sinaloa (los dos más recientes, y Jesús Vizcarra, el que viene), que ahora cuenta según su visión con la complicidad del gobierno federal.

Álvaro Delgado realizó esa entrevista a Clouthier el jueves 11. En la víspera el secretario de Gobernación había renunciado a su militancia panista y había quedado en el limbo. Pretendió ocultar sus razones tras una endeble discreción profesional pero pronto tuvo que admitir que la decisión panista de gestar alianzas opositoras al PRI contrarió su propia estrategia de entendimiento con el partido antaño dominante y en trance de serlo de nuevo. Entre ambigüedades se reconoció autor de una promesa que no podía haber formulado en nombre del PAN, la de abstenerse de formar coaliciones con el PRD, y su partido lo hacía quedar mal ante el PRI, que había cumplido su parte del pacto aprobando el paquete económico de 2010.

La entrevista con Clouthier apareció el domingo, como queda dicho y saben los lectores de Proceso y ni ese día, ni el lunes, el martes y el miércoles siguiente preocupó a Gómez Mont, más interesado en establecer su propio derrotero que en defender al Presidente de la grave acusación lanzada no por un seguidor de López Obrador o por este mismo sino por el actual jefe de una familia que dio al PAN un singularísimo candidato presidencial, y él mismo es legislador federal y eventual candidato a la gubernatura sinaloense (aunque por ahora haya declinado serlo). En medio de especulaciones sobre la durabilidad de su encargo como secretario de la política interior que abandona su propio partido tras generar desconfianza en el principal interlocutor, por fin el martes 16 fue confirmado en su cargo.

En una entrevista de circunstancias ante una televisora local de Puebla, Calderón, visiblemente fatigado tras una gira y desatento a su expresión al punto de repetir la palabra clave dos veces en tres líneas, el Presidente definió a su colaborador: “Es un hombre leal, un secretario de Gobernación que cumple su encomienda, como se dice entre abogados, a su leal saber y entender, es decir, con plena voluntad, que goza además de toda mi confianza”. Desde Los Pinos se emitió un comunicado con ese párrafo, que quizá más que a beneficiar a Gómez Mont estaba destinado a deslindar al propio Calderón de las percepciones de que había incurrido en un juego doble al cabo del cual hizo pagar las consecuencias al secretario de Bucareli.

Confirmado en su cargo, Gómez Mont escribió apenas el miércoles 17 la carta a Clouthier llena de rotundos reproches e información que buscaba contradecir al diputado. A pesar del carácter abierto y público de la declaración del hijo de Maquío, Gómez Mont prefirió responder en privado, pues su oficina no presentó la carta en formato oficial, dentro de un comunicado.

Clouthier, en cambio, siguió su táctica de gritar sus inconformidades. Dio una entrevista el jueves 18 a Adriana Pérez Cañedo. Dijo estar “helado” y “tristísimo” ante la respuesta de Gómez Mont, a quien señaló como defensor de oficio del gobierno de Culiacán, que había preferido guardar silencio. En su respuesta, el secretario rechazó que el gobierno federal se abstuviera de combatir al narcotráfico en Sinaloa. Aportó nombres y cifras de detenidos que avalan su afirmación. Y concluyó con una tontería: “no es con descalificaciones como se combate el narcotráfico” (pues no, y nadie lo pretende). Y contraacusó diciendo que “las acusaciones falsas e infundadas en nada contribuyen a un esfuerzo colectivo como nación, que merece y necesita el compromiso de todos los mexicanos”.

Ese último párrafo inquietó a Clouthier: “me está dando la razón… me está diciendo que Sinaloa es intocable. Desde el momento en que él se convierte en defensor de oficio del gobierno estatal pues, caramba, digo yo: ahora sí me cargó el carajo”.