Salinas Pliego, en defensa de los ‘derechos humanos’ de Elektra
El dueño de TV Azteca desató un complejo litigio contra la Bolsa Mexicana de Valores: argumentó que un cambio en la normatividad atentó contra “los derechos humanos” de Grupo Elektra, lo que le hizo perder más de 7 mil millones de pesos. Este caso –el segundo que lo enfrenta con autoridades bursátiles– ya provocó que una juez se exhibiera en presuntos actos de corrupción y que la prensa especializada y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sentenciara: Ricardo Salinas Pliego no es un jugador confiable.
Ricardo Salinas Pliego.
Foto: Benjamín Flores.
Ave de tempestades, Ricardo Salinas Pliego y su compañía estelar,
Grupo Elektra, se encuentran en un complejo litigio contra la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), a la que acusan de haber violado sus
“derechos humanos” al hacer públicos en abril de 2012 los ajustes a la
metodología del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en el mercado
bursátil nacional, lo que causó un desplome en el valor de las acciones
de la empresa de electrodomésticos, la joya de la corona del empresario
regiomontano.
En respuesta, la BMV ha involucrado al Poder
Judicial capitalino y en especial a la juez sexto de lo Civil del
Distrito Federal, Josefina Rosey González, acusada penalmente por
haberle otorgado “ventajas indebidas” a la compañía del dueño de TV
Azteca y, desde esta semana, por haber “dirigido o aconsejado” a Grupo
Elektra, lo cual significaría “una violación al deber de imparcialidad
que debió guardar”.
No es la primera vez que Salinas Pliego se ve
involucrado en un juicio contra autoridades bursátiles. En 2006 la
Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos multó al
empresario por no informar a sus inversionistas sobre operaciones en el
mercado de valores de Codisco y Unefon, que le reportaron ganancias por
109 millones de dólares.
También se ha enfrentado en tribunales al
Grupo Carso, de Carlos Slim, por la disputa en el mercado de las
telecomunicaciones, donde ahora es socio de su excompetidor, Grupo
Televisa, en la compañía de telefonía móvil Iusacell.
Apenas el
año pasado TV Azteca se enfrentó con el Instituto Brasileño de Opinión
Pública y Estadística (IBOPE), dedicado a entregar los índices de
rating, argumentando una presunta alteración en la base de datos.
En
julio de 2012 presentó una denuncia contra el IBOPE ante la Fiscalía de
Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, acusándolo de “manipular” los ratings y afectar así los
ingresos publicitarios de los canales 7, 13 y 40, propiedad de Salinas
Pliego.
Ahora la cruzada de Grupo Elektra contra la BMV no es para
menos. Entre 2012 y 2013 Salinas Pliego pasó de ser el segundo hombre
más rico de México y el 37 del mundo en la lista de Forbes (la revista
calculó en 2012 su fortuna en 17 mil 400 millones de dólares) a un
distante lugar este año, al disminuir a 9.9 mil millones de dólares su
capital.
La causa fue la caída de las acciones de Grupo Elektra,
la compañía de electrodomésticos que se convirtió en “la fuente del
despegue” de la fortuna de Salinas Pliego, según la propia Forbes.
A
raíz de que la BMV dio a conocer el 12 de abril de 2012 que las 35
empresas que forman parte del IPC deben tener un mínimo de acciones
flotantes de 12% de su capital o el equivalente a 10 mil millones de
pesos para ser consideradas, las acciones de Grupo Elektra cayeron
17.7%. En dos días el valor de esta compañía disminuyó 7 mil millones de
dólares, según el cálculo de analistas bursátiles citados por The
Economist. El 25 de abril de 2012 ese semanario publicó un análisis
especial del caso, titulado Electric shock. Explicó que la disminución
de estas acciones fue el resultado de que alrededor de la quinta parte
de su valor estaba atado a un derivado de una transacción llamada equity
swap.
The Economist recordó que Salinas Pliego no es un
empresario confiable en el mundo bursátil. En 2006 pagó una millonaria
multa por presunto fraude contra la SEC, el organismo regulador bursátil
de Estados Unidos, en el caso de Codisco-Unefon.
El
encarecimiento artificial durante 2011 y 2012 de las acciones de Grupo
Elektra fue detectado también por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), organismo encargado de vigilar a las empresas que
cotizan en bolsa, y por el Índice Morgan Stanley Capital International
(IMSCI), uno de los proveedores de índices más importantes del mundo.
El
IMSCI decidió eliminar a Elektra de su índice y la CNBV consideró, en
reportes internos, que la compañía de Salinas Pliego no era un jugador
confiable pues había favorecido el encarecimiento artificial de sus
acciones para obtener “una ventaja indebida”.
“Derechos humanos”
El
3 de julio de 2012 Grupo Elektra promovió, a través del equipo de
abogados coordinado por Gerardo Ramírez Ornelas, una demanda de juicio
ordinario mercantil por daño patrimonial contra la BMV. Argumentó que el
organismo privado violó sus “derechos humanos” al cambiar la
metodología para el cálculo del IPC.
Grupo Elektra le solicitó a
la juez Rosey González que, como medida cautelar, ordenara la suspensión
de la nueva metodología a favor sólo de la compañía de Ricardo Salinas
Pliego. La juez le otorgó tal medida cautelar, generando un pequeño
escándalo entre los círculos bursátiles especializados.
La BMV
acató la disposición y no ha aplicado a Grupo Elektra los cambios en la
metodología del IPC, a pesar de que las otras 34 grandes compañías que
forman parte del índice han tenido que aceptarlos.
En su mismo
análisis de agosto de 2012, The Economist calificó como “una sentencia
sorpresiva” la resolución de la juez de amparar su decisión en la
Convención Americana de los Derechos Humanos, que “generalmente no se
aplica para compañías” de las dimensiones de Grupo Elektra.
Julio
Zamora, especialista de Citigroup citado por The Economist, se preguntó:
“¿Son las leyes en México aplicadas equitativamente, o pueden las
compañías utilizar el sistema legal para seleccionar o escoger qué leyes
deben aplicárseles?”.
Para distintos analistas consultados por
Proceso lo que estaba en juego no eran derechos humanos de algún
individuo, sino el presunto daño mercantil contra una empresa.
En
paralelo, en agosto de 2012 Grupo Elektra interpuso una demanda por daño
moral contra Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes en
el calderonismo y presidente de la BMV, alegando presuntas afectaciones
a la reputación de la compañía en una entrevista que concedió a Joaquín
López Dóriga el 16 de abril del mismo año. El juez 27 de lo civil en el
Distrito Federal, Gilberto Ruiz Hernández, declaró procedente la
demanda.
Los abogados de la BMV recurrieron la sentencia por daño
moral contra Téllez. En abril de este año, éste anunció que apelará el
fallo del juez 27 de lo civil, que lo sentenció a pagar una
indemnización por daño moral contra Grupo Elektra.
Paradójicamente
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la BMV acordó ratificar
a Téllez como consejero presidente y director general de la bolsa, en
un claro espaldarazo al exsecretario de Energía zedillista frente al
litigio con Salinas Pliego.
Grupo Elektra presentó sin éxito dos
denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República contra
el director general de la BMV y el entonces presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, que no prosperaron.
“Sincronía” con la juez
El
litigio por presunta violación a los “derechos humanos” de Grupo
Elektra se puede convertir en una caja de Pandora judicial. De acuerdo
con el abogado Carlos Riquelme, quien lleva el caso por parte de la BMV,
se podría confirmar el “contacto” o la “comunicación indebida” entre la
juez Rosey y el Grupo Elektra.
Rosey es una de las jueces más
cercanas al magistrado Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien le gusta presumir
públicamente su buena relación con los dueños de las dos principales
televisoras del país. Elías Azar no sólo ha festejado a sus magistrados
en el Estadio Azteca de Televisa, también jugó un papel esencial en la
detención de Paula Cussi, quien litigó con Emilio Azcárraga Jean la
sexta parte del legado de Emilio Azcárraga Milmo.
La BMV contrató
al despacho Carrancá, Araujo, Acosta y Riquelme, encabezado por Agustín
Acosta Azcón –el mismo que defendió a Florence Cassez y logró su
liberación por violaciones al debido proceso–, para denunciar penalmente
a la juez Rosey por concederle una “ventaja indebida” a Grupo Elektra,
toda vez que el asunto es competencia del fuero federal y la medida
cautelar otorgada –eximir a Elektra del uso de la metodología del IPC–
“no tiene fundamento en precepto legal”, según consta en la demanda.
La
juez contestó a la demanda penal interpuesta ante el Ministerio Público
Federal y exhibió en su respuesta un escrito que resultó ser idéntico
en tres párrafos al del amparo interpuesto por Grupo Elektra ante el
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contra la resolución
de turnar el caso a tribunales federales, el 13 de mayo de 2013.
Como
si se tratara de un copy-paste, tanto la juez como Grupo Elektra usaron
las mismas palabras para justificar cómo debe tomarse en cuenta el IPC
de la BMV.
Los tres párrafos idénticos dicen:
“En otras
palabras, debe decirse que el IPC no es más que un termómetro del
mercado bursátil, esto es, un simple indicador del dinamismo del que
participa la actividad bursátil nacional, pero ajeno a los servicios de
intermediación financiera, es decir, jamás pone en contacto oferta y
demanda de valores centralizando posturas… Su único fin es permitir a
los intermediarios y gran público inversionista leer la actividad del
mercado bursátil.
“De acuerdo con el libro Para Entender la Bolsa,
Financiamiento e Inversión en el Mercado de Valores del maestro Arturo
Rueda, el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones refiere, a simple
vista, un índice de precios o benchmark que es sólo una cantidad, un
parámetro que resume la actividad general del mercado accionario.
“En
ese tenor, pues, resulta claro que la emisión y el propio Índice de
Precios y Cotizaciones no constituyen en ningún momento servicios de
intermediación que pongan en contacto oferta y demanda de valores
centralizando postura; la emisión del índice constituye simplemente una
actividad auxiliar realizada por un particular para poder ofrecer un
parámetro de la actividad del mercado bursátil; tan es así que el IPC no
es el único existente, es un índice más emitido por un particular para
ofrecer una lectura del panorama bursátil.”
Así consta en la
declaración de la juez, como en el amparo de Grupo Elektra interpuesto
por Ángel Fabricio Escalante Sánchez, cuyas copias tiene Proceso.
El
pasado lunes 24 el abogado Riquelme Rodríguez, en representación de la
BMV, interpuso una ampliación de la demanda ante la Dirección General de
Asuntos Especiales de la PGR, argumentando que la juez “presumiblemente
ha compartido información confidencial vinculada directamente con los
hechos que se investigan.
“Por el orden cronológico en que se
presentaron la declaración de Josefina Rosey González y la demanda de
amparo de Elektra puede inferirse una violación al deber de
imparcialidad que debió guardar la indiciada.
“La juez sexto de lo
Civil en el Distrito Federal, Josefina Rosey González, probablemente ha
dirigido o aconsejado a una persona jurídica que litiga ante ella; es
decir, ha aconsejado a Elektra o compartido información confidencial
sobre argumentos relacionados con los hechos del juicio ordinario
mercantil 786/2012 y los de la presente indagatoria, al tiempo que dicha
sociedad es parte actora en el juicio ordinario mercantil 786/2012 que
se sigue ante el órgano jurisdiccional a cargo de la indiciada”, afirma
Riquelme Rodríguez en la ampliación de la demanda.
Por ley, Grupo
Elektra no debe tener acceso a la demanda contra la juez y menos a la
declaración de ésta en respuesta a la denuncia por “ventaja indebida”.
El presidente Evo Morales, acompañado por uno de sus ayudantes, fue
captado en el Aeropuerto Internacional de Viena Schwechat, donde
aterrizó cuando otros países europeos no le permitieron hacerloFoto Reuters.
La imagen del presidente de la Fed, Ben Bernanke, aparece en un monitor
de la bolsa de valores de Nueva York el pasado 19 de junio, cuando
anunció el plan de retirar el programa de estímulos económicosFoto Ap
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