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sábado, marzo 02, 2013

Las casas de San Diego y otras propiedades de Gordillo

De las propiedades de la ex lideresa sindical, Elba Esther Gordillo, resaltan 2 casas ubicadas en un exclusivo Club de Yates de Coronado Cays, en San Diego, California.


La investigación sobre la presunta red de lavado de dinero de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo tiene una línea para indagar todos sus bienes, incluyendo los que pudieran estar registrados por familiares o prestanombres en México, Estados Unidos y Europa, de acuerdo con El Universal.
Elba Esther es dueña de un lote ubicado en el número 23 de Green Turtle Road, en el Club de Yates de Coronado Cays, en San Diego, California, según ha publicado a prensa nacional, la residencia fue adquirida desde 1991.
De acuerdo con Reforma, la casa Green Turtle 23 tiene seis recámaras, mide 440.46 metros cuadrados y tiene un valor de más de 4 millones de dólares.
Otra propiedad de la maestra se ubica en la misma calle Green Turtle, pero en el número 1, tiene cinco recámaras, mide 409 metros cuadrados y tiene un precio de más de 4 millones de dólares, según Reforma.
 Mira el video del exclusivo Club de Yates de Coronado Cays, en San Diego, California
Además, Reforma publica otras tres propiedades de la lideresa. La primera, ubicada en Edgar Allan Poe 10, una casa valuada en 10.5 millones de dólares.
Una más Dickens número 30, departamentos tres y siete. Y otra propiedad en Paseo de Ahuehuetes 501.
Además, de acuerdo con El Universal, a la maestra se le han detectado cuentas de inversión en empresas como Morgan Stanley o Merrill Lynch.
Además, los allegados a Gordillo hicieron transferencias a países como Bélgica y España, así como operaciones financieras a bancos de Suiza y el principado de Liechtenstein, apunta el diario.
Además, existen indicios de que cuenta con bienes en España o Francia, además de los inmuebles en la ciudad de México.
Ve más fotos de las residencias de Elba Esther:
 

jueves, septiembre 08, 2011

¡Salinas al rescate!

Malpensados-Hernández

*El ex mandatario respalda estrategias de seguridad y económica de Felipe Calderón

*Reta Salinas a López Obrador para que discutan propuestas; va a perder, dice

*Al participar en un congreso, afirma que el programa Solidaridad se alejó del populismo

El ex presidente Carlos Salinas durante su discurso en el congreso de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública AC, en la ciudad de México.

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994, retó a Andrés Manuel López Obrador a debatir las propuestas de ambos. Va a reprobar. No basta decir qué propone cuando ya se tuvo la oportunidad de gobernar; quien ya gobernó puede ser evaluado, sométanlos a la prueba del ácido, de comparar lo que ofrecen para adelante con lo que han hecho para atrás, propuso.

Frente a casi medio millar de participantes en el congreso de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública AC (AMAI) y con una introducción a su discurso colmada de bromas, Salinas de Gortari hizo un recuento de los trabajos en su gobierno y cómo elaboró el programa Solidaridad, que según él se alejaba del populismo. Fue la primera vez que se refirió a López Obrador: “no voy a hablar de ese tema (el neopopulismo) para que el otro innombrable no se queje de mi participación”.

Fue después que volvió a arremeter contra el tabasqueño, cuando se le preguntó si apoyaba al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Al respecto dijo:

“¿Qué hablé al final de mi intervención? De la juventud, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras, pero no es cuestión de edad, la juventud es cuestión de actitud. Entonces evalúen quién es joven por su actitud, no cuántos años tiene, porque hay unos que tienen pocos años y están muy viejos y otros que tienen muchísimos años y qué ganas y qué fibra muestran. Pero al final de cuentas este es el tiempo de la nueva generación. De ellos o ellas, también. Si no nos metemos con los nuestros menos con los de los otros, por eso no hablamos de ellos. Y además del otro ya dije cómo se llama... Pues si en cada plaza pública que anda me menciona y yo no lo menciono en ninguno de mis eventos, pues hay nos vamos a ir emparejando en las siguientes presentaciones.

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Pemex, operación cuestionada

No se ha convocado al consejo de administración de Pemex sobre transacción con España
  • La próxima sesión es en octubre, confirma un integrante del órgano colegiado; falta información
  • La controversia en aquel país por el tema Repsol puede afectar la operación de la paraestatal, advierte
El consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha sido convocado para conocer los detalles de la operación por la que la paraestatal compró en el mercado abierto 5 por ciento de las acciones de la española Repsol YPF, confirmó a La Jornada un integrante del órgano colegiado.

Nuestra próxima sesión es en octubre, dijo, en referencia a la falta de información por parte de la dirección general de Pemex, a cargo de Juan José Suárez Coppel, al órgano colegiado sobre la operación, concretada la semana pasada.

La controversia que se desató en España por la operación, que según accionistas minoritarios de la firma haspana involucró el uso de información privilegiada por parte de la paraestatal, puede afectar la operación de Pemex, dijo la fuente consultada por este diario.

El consejo de administración de Petróleos Mexicanos es presidido por el secretario de Energía, José Antonio Meade. Este órgano colegiado, que además de funcionarios públicos y dirigentes sindicales está integrado por cuatro consejeros independientes, sólo puede ser convocado a sesionar por su presidente. Los miembros del consejo pueden solicitar que se incluyan puntos en el orden del día si reúnen por lo menos dos firmas, agregó la fuente, al ser consultada sobre la postura del consejo respecto de la compra de acciones de Repsol.

La dirección general de Pemex sí tenía la obligación de dar cuenta al consejo de administración de las negociaciones para adquirir los títulos de Repsol, añadió
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Opacidad, insensibilidad y errores: consejero profesional
  • Critica Ruiz Alarcón la falta de confianza plena en el consejo de administración en el negocio reciente
  • Nadie sabe a quién se compraron las acciones, en cuánto y a qué acuerdos se llegó en la práctica, lamenta
La compra de acciones de la española Repsol por Petróleos Mexicanos (Pemex) se realizó con una fuerte carga de opacidad, errores de omisión, insensibilidad y falta de confianza plena en el consejo de administración o, por lo menos, hacia los consejeros profesionales, afirmó Fluvio Ruiz Alarcón, integrante de ese cuerpo colegiado. Al menos en mi caso eso hace que me sienta incómodo, declaró a La Jornada.

Las condiciones en que se manejó el aumento de capital en la petrolera ibérica provocó que Ruiz Alarcón, junto con otro de los consejeros profesionales, Héctor Moreira, enviaran ayer una carta al secretario de Energía, José Antonio Meade Kuribreña, presidente del consejo de administración, solicitándole la realización de una junta extraordinaria conforme establecen los estatutos en la fecha que él disponga.

“La crítica que de manera personal asumo es el tiempo que ha transcurrido para darnos a conocer los detalles de la operación. No nos informaron ni como consejo ni como órgano colegiado, al menos a los consejeros profesionales. Nadie sabe en detalle a quién se compraron las acciones, en cuánto, a qué acuerdos se llegó en la práctica, etcétera. Dan la percepción de que llevan a cabo una ‘política de casino’ por la opacidad con la que se han manejado los detalles. Los mexicanos, como propietarios de la empresa, tienen derecho a saber qué pasó; si no hay una respuesta contundente, las críticas generadas por el caso son comprensibles”, dijo.
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Advierte Observatorio de Multinacionales que Sacyr tiene problemas financieros
  • Critica OMAL que la directiva de Repsol y el gobierno hispano defiendan la españolidad de la firma
  • Gran deuda ecológica del Estado español con los países en los que se extraen los hidrocarburos
El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) criticó todo el revuelo generado en España porque Pemex duplicó su participación accionaria en la petrolera Repsol y cuestionó que la directiva de esta empresa y el gobierno de España defiendan su españolidad. Advirtió que a Sacyr, la empresa con la que se alió la paraestatal mexicana, le urge renegociar un crédito de 5 mil millones de euros antes de que concluya el año.
Creado en 2003 por la asociación española Paz con Dignidad, OMAL investiga y denuncia las consecuencias económicas, políticas y sociales que acarrea la presencia de las empresas trasnacionales españolas en América Latina, mismas que surgieron con la privatización de compañías públicas en la nación ibérica, pero cuyo crecimiento y consolidación se ha dado en las naciones latinoamericanas, como es el caso de México
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Nuestro plan tiene muchísimos cómo hacerle en la lucha anticrimen: Narro

Lo que sobra a la propuesta sobre seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es carnita y en su contenido hay muchísimos cómo hacerle, aseguró el rector de la máxima casa de estudios, José Narro Robles.

Planteó que después de presentar los planteamientos universitarios de seguridad y justicia al gobierno federal, legisladores y gobernadores es momento de una reunión conjunta para alcanzar algunos acuerdos. Dijo confiar en que los colaboradores de Felipe Calderón reconsideren la postura con la cual defendieron, el lunes, la política de combate al crimen organizado.

La propuesta está ahí, contiene muchísimos cómo hacerle. Si la gente lo quiere ver o no, ya es otro asunto, dijo tras la inauguración de la undécima Feria del Empleo UNAM 2011, la mañana de ayer, al ser cuestionado sobre el encuentro donde presentó al titular del Ejecutivo federal el documento Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, en el cual se propone un pacto nacional y un cambio en la estrategia para contrarrestar la violencia que se vive en el país.
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  • La precariedad en que viven, por incumplimiento de sus derechos: Centro Fray Francisco de Vitoria
Jóvenes, los más agredidos por Ejército y policías, señala estudio
  • Aunque representan la cuarta parte de la población, son considerados personas incompletas
Fernando Camacho Servín

Aunque representan más de la cuarta parte de la población total del país, los jóvenes no son considerados sujetos plenos de derechos, sino un segmento poblacional con formación incompleta al que hay que tutelar y al cual se le encasilla en un grupo único de necesidades y características.

Se advierte lo anterior en el Informe sobre la situación de los derechos humanos de las juventudes en México y en el Distrito Federal 2010-2011, documento elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en el que se alerta que los jóvenes son un sector particularmente expuesto a la violencia y la criminalización, y cuyos derechos económicos, sociales y culturales no han sido cubiertos con políticas públicas específicas.

Uno de los obstáculos que impiden el desarrollo de los jóvenes en México –se señala en el informe– es que sus problemas y necesidades han sido invisibilizados por esquemas adultistas que los tratan como personas incompletas, que deben transitar un camino único para llegar a la madurez, y se pasan por alto sus identidades particulares.

Se destaca en el documento que 26.4 por ciento de la población del país –112 millones de habitantes, según el censo general de 2010– tiene entre 15 y 29 años. De esa cifra, 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento hombres; la mayoría (seis de cada 10) se concentran en las ciudades.
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Decepciona al Movimiento por la Paz la procuraduría para víctimas del delito

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad descalificó la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, la que consideró que distaba de su demanda de crear una comisión de la verdad que atendiera a los ciudadanos afectados por la guerra e incongruente con la ratificación de su estrategia de seguridad. El poeta Javier Sicilia aseguró que se trataba de un maquillaje del gobierno de Felipe Calderón que carecía de presupuesto y no daba claridad si será una instancia que trascienda esta administración.
Miguel Concha sostuvo que el anuncio de la procuraduría no fue consultado con el movimiento y enfatizó en el hecho de que el grupo había demandado la creación de una comisión de la verdad con el Legislativo, con una fuerte participación social y en la que se buscaría no sólo la verdad legal, sino la histórica, la garantía de no repetición y la plena reparación del daño.
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La nueva procuraduría social duplicaría funciones: CNDH

La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, de reciente creación, podría duplicar funciones con otras instancias, por lo que antes de constituirla hubiera sido más adecuado fortalecer el compromiso de las instituciones de seguridad, señaló el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.

En entrevista, apuntó que la nueva institución viene a sustituir la ineficiencia de instancias de apoyo a víctimas que estaban en la Procuraduría General de la República o en la Secretaría de Seguridad Pública y no dieron resultado alguno.

Tras pronunciarse por que no haya mayor victimización de los afectados por la inseguridad, el ombudsman señaló que en lo que va de 2011 se han incrementado 65 por ciento las denuncias por violación de los derechos humanos cometidas por el Ejército y Policía Federal Preventiva.
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Identifican restos de Yadira Dávila

Cuernavaca, Mor., 7 de septiembre. El cuerpo hallado el 9 de agosto a un lado de la carretera Tetlama-Xochicalco corresponde al de Yadira Dávila, investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de México, campus Morelos, desaparecida cuatro días antes, informó hoy la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Las pruebas de ADN practicadas al cadáver y a Orlando Dávila Castillo, padre de la universitaria, mostraron 99.99 por ciento de probabilidad de que los restos sean de ella.

El cuerpo fue sometido a exámenes de odontología, antropología y medicina forenses por personal calificado.

El resultado, asociado con la transposición de imágenes, llevan a la conclusión de que corresponde al cuerpo de Yadira Dávila, informó la dependencia. Reiteró que continuará la investigación del caso para someter a la acción de la justicia a los responsables de este artero crimen con todo el rigor de la ley, añadió la dependencia en un boletín.
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  • El Ejecutivo ha fallado en la reforma del Estado: Ackerman
Posible, alternativa de cambio en 2012 si la izquierda no se vende, dicen en foro del PRD

El senador Pablo Gómez consideró indispensable fijar un programa para modificar el actual sistema de poder, mientras el diputado Porfirio Muñoz Ledo indicó que México requiere la reconstrucción del Estado.

En la continuación del foro Las causas de la izquierda y la reconstrucción de la nación, con el tema Rescate del Estado nacional, organizado por la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, Dolores Padierna, el jurista John Ackerman aseguró que falta la propuesta de la izquierda para hacer frente a la crisis del Estado.

En tanto, el politólogo José Eduardo Beltrán manifestó que la oportunidad para lograr el cambio en el país son las elecciones de 2012. Si la izquierda no se vende ni se divide, la alternativa de cambio será posible, no importa que se opongan los poderes fácticos, los medios de comunicación masiva y buena parte de la llamada clase política para seguir saqueando el país y hundiéndolo cada vez más en la degradación, en la corrupción.

Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que en el tema de la reforma del Estado, el Ejecutivo federal ha fallado en constantes ocasiones, ya que ha tenido herramientas importantes para cambiar el país, pero su ausencia o acción sesgada nos ha llevado a una doble crisis, por un lado la económica y por otro la seguridad pública.

Advirtió sobre salidas falsas que presentan algunos políticos, como el gobernador el estado de México, Enrique Peña Nieto, por lo cual convocó a los partidos a establecer un auténtico programa de combate a la corrupción para aplicarlo en los diferentes niveles de gobierno.

En tanto, Pablo Gómez se pronunció por un gran programa para modificar el sistema de poder y con ello desplazar a la oligarquía de las decisiones fundamentales. No se trata de un capricho; el problema es la oligarquía, que ha sometido al país al estancamiento de la economía y lo ha conducido a mayor desigualdad, que ha generado más pobres.

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Preocupa a diputados el enriquecimiento de Fox

La Comisión de Función Pública de la Cámara de Diputados citará a comparecer a la titular de ña Procuraduría General de la República (PGR), Maricela Morales, con objeto de explicar si el Ministerio Público Federal integró una averiguación previa contra el ex presidente Vicente Fox Quesada y su esposa Marta Sahagún por el delito de enriquecimiento ilícito.

Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México, presidente de la Comisión de la Función Pública, dijo que la decisión del grupo legislativo obedece a una respuesta de la Secretaría de la Función Pública a un ciudadano que solicitó el expediente sobre la evolución de la fortuna de la familia Fox-Sahagún.

La secretaría respondió al solicitante que la información no existía. Entonces el particular recurrió al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para obligar a la Secretaría de la Función Pública a dar cuenta del expediente. Entonces la dependencia gubernamental replicó que la documentación se encontraba en manos del Ministerio Público Federal, porque había integrado una averiguación previa contra Vicente Fox y su esposa por el delito de enriquecimiento inexplicable.

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Empresarios de Coahuila piden que el líder priísta Humberto Moreira sea investigado
  • Acusan al ex gobernador de mentir a los coahuilenses y falsificar documentos para contratar créditos
La única explicación que se le puede dar al endeudamiento que por más de 30 mil millones de pesos tiene el estado de Coahuila, es que forma parte de una operación de crimen organizado, en la que el ex gobernador Humberto Moreira mintió a los coahuilenses y falsificó documentos para contratar créditos, con la complicidad de diputados locales, autoridades federales y de las propias instituciones bancarias, que por negligencia o complicidad otorgaron créditos o préstamos con base en documentos falsificados, denunciaron empresarios de la entidad.
En rueda de prensa, los empresarios mostraron documentos que sustentan sus dichos y que ayer mismo fueron entregados a la diputada del PRD Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Entre los documentos se encuentra una auditoría realizada por el despacho Leal, Adame y Asociados, en la que se subrayan ingresos reportados por el estado que pasan de 350 millones a más de mil 500 millones de pesos en apenas tres meses y otros derivados de organismos inexistentes que suman más de 3 mil millones de pesos.
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Asesor del PT, atrapado 12 horas en sede del Senado

El presidente del Senado, el panista José González Morfín, sostuvo que no considera necesario que se amplíe el presupuesto del próximo año de esa cámara, a fin de cumplir con los gastos de mantenimiento de la nueva sede, donde ayer se conoció de otro percance.

En entrevista previa a la reunión de la Junta de Coordinación Política, en la que se rechazó la propuesta del coordinador del PT, Ricardo Monreal, de regresar a la antigua sede de Xicoténcatl, González Morfín dijo que no conoce en detalle el proyecto de presupuesto para el Senado, pero no considera que se requieren recursos adicionales para la operación del edificio de Paseo de la Reforma.

Sin embargo, Monreal reveló que pidió una copia de ese proyecto de presupuesto para 2012, que nadie conoce; advirtió que debe reflejar el ahorro que se estimó, por lo menos de 100 millones de pesos, por la renta que ya no tienen que pagar, al concentrarse la mayoría de las funciones del Senado en sus nuevas instalaciones de Reforma e Insurgentes.
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IFE pide a Sedena y policías del país unir fuerzas para proteger procesos electorales
  • Leonardo Valdés renueva su enérgico llamado para que se elija a los 3 consejeros faltantes
Ante los elevados índices de violencia que prevalecen en algunas regiones del país, el Instituto Federal Electoral (IFE) revisará sus esquemas de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con las autoridades estatales y locales para fortalecer la seguridad de los ciudadanos, funcionarios de casilla y capacitadores, durante el próximo proceso electoral.

En otro orden de ideas, a pregunta expresa sobre la inminencia del inicio del año electoral y la falta de designación de tres consejeros electorales, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, señaló que en distintas instancias legislativas y partidistas, el organismo ha insistido en la urgencia de que se designe a los consejeros para integrar plenamente el Consejo General. Reconoció el riesgo que implica para el IFE que ocurran empates reiterados en las votaciones, sin que exista un esquema de desempate.

Por ello, cuando falta exactamente un mes para que se inicie el proceso electoral, volvió a hacer otro enérgico llamado a la Cámara de Diputados para que designe a los tres consejeros faltantes.
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Avala el TEPJF que organizaciones sociales promuevan el sufragio

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó el recurso interpuesto por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano en contra del acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) para permitir la promoción del voto a las organizaciones sociales, por considerar que la Constitución no avala que sea una facultad exclusiva del instituto y de los partidos políticos. Sin embargo, admitió que no es factible el financiamiento público para estas prácticas, pues en ese caso los recursos si están asignados a los institutos políticos.
Al resolver el recurso, el proyecto presentado por la magistrada María del Carmen Alanís destaca que restringir la facultad de promover el voto implicaría una afectación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues tácitamente consiste en restringir sus posibilidades de interesarse en asuntos políticos, limitar el derecho de expresión y comunicación, según sostuvo la magistrada al abundar sobre su proyecto.
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Aprueba la SCJN expedición de la cédula de identidad

La primera sala sobreseyó la demanda de la Cámara de Diputados

La expedición de la cédula de identidad es constitucional, por lo que el Registro Nacional de Población tiene facultades plenas para emitir el documento que incluye la toma de biométricos (imagen del rostro, iris y huellas de los dedos de las manos), determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desechar la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados contra el Ejecutivo federal acerca del Reglamento de la Ley General de Población.

De esta manera, la expedición de la cédula se mantendrá en los mismos términos, pese a que la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), Jacqueline Peschard, denunció que la toma de datos biométricos es invasiva y que solicitó formalmente a la Secretaría de Gobernación, en junio pasado, eliminar la toma de eso datos por considerarla excesiva.

Hasta la fecha, la dependencia que encabeza Francisco Blake no ha emitido postura alguna sobre la demanda de la titular del Ifai.
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Astillero
  • ¡Salinas al rescate!
  • Enfrenta a Fox
  • Carstens y los barquitos
  • Ni santos ni demonios
Julio Hernández López

Palabras de aliento y respaldo cuando a Felipe Calderón se le siguen enredando los hilos guerreros. Apapacho del gerente y apoderado político de la principal opción priísta de retorno a Los Pinos en momentos en que el panista en jefe comienza a confesar su exasperación con jueces y legisladores, cuando se dice cansado de hacer y hacer cosas que otros deshacen y deshacen, cuando no encuentra pretextos más o menos airosos para justificar que está mandando al bote de la basura todas las voces y propuestas que tratan de atenuar y, de ser posible, extinguir el fuego generalizado que ha provocado su estrategia bélica.

No se hagan bolas con lo del narco, dice el ex presidente Salinas de Gortari para confrontar el activismo creciente de Vicente Fox: Ni tregua, ni amnistía, ni confusión. Todos debemos sumarnos al propósito de combatirlo frontalmente. Se lo dijo a un congreso de agencias de investigación de mercado y opinión pública para que lo escuchara San Cristóbal Ranch. Felipe ya tiene, pues, quien lo defienda. Alguien que, con ese alineamiento táctico con las impugnadas correrías bélicas sexenales, le ofrece garantía de que en el futuro de tres colores no habrá persecución ni castigo pues, recuperado el reino dieciocho años perdido (seis de Zedillo, cuasipanista, y la docena trágica integrada por una parte cómica y otra trágica), el priísmo salinista sabría darle un retiro más o menos tranquilo a Calderón.

Día de optimismos oficiales frente a la realidad problemática. El mismísimo autor de la gustada pieza de economía ficción denominada Los catarritos nos hacen los mandados, el cantautor Agustín Carstens, hizo saber a los mexicanos, que comienzan a poner la vista en las lanchas salvavidas, que tenemos un barco fuerte y sólido para navegar, de manera solvente, en aguas extremadamente turbulentas. Gulp.
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México SA
  • Pobreza y gasto público
  • Crisis 2009, y algo más
  • Realidad vs. discurso
  • Carlos Fernández-Vega
En su faraónico show con motivo de lo que él llama informe de gobierno, el inquilino de Los Pinos se ufanó por el creciente gasto público canalizado al combate de la pobreza, el cual, según dijo, permite reducir significativamente el número de mexicanos en tal condición. Ello se logra con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. Bonitas palabras que, como siempre, no corresponden a la realidad. Y 12.2 millones adicionales de pobres en sólo cuatro años lo certifican.

De acuerdo con su percepción, el incremento en el número de pobres no es atribuible a una política social fallida, sino a la crisis de 2009. Sin embargo, como documenta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la evidencia da sustento a la hipótesis de que otros factores también contribuyeron al empobrecimiento de los mexicanos, entre ellos, una deficiente aplicación del gasto social, toda vez que desde 2006 –cuando oficialmente no había crisis– el número de pobres en el país registró aumento sostenido. La información del Coneval muestra que el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de las familias mexicanas avanzó significativamente durante los últimos dos años, pero también documenta que esta lamentable situación se registra desde el comienzo de la presente administración
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Dinero
  • Severo ataque en España al negocio de Suárez Coppel
  • Se inconforma Gas Natural
  • Otra de Air France
Enrique Galván Ochoa

La empresa Gas Natural, en la cual Repsol posee 31.2 por ciento del capital, se pronunció en contra del sospechoso negocio que están haciendo –con dinero de los contribuyentes mexicanos– el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y su amigo español Luis del Rivero. Esa asociación deja expuesta a Gas Natural en buena medida a la voluntad de Pemex-Sacyr, si se llega a concretar la disputa que se tiene con la administración del presidente de Sempra, Antonio Brufau, por el control de la petrolera hispana, dice la gasera, uno de cuyos consejeros es el ex presidente español Felipe González. En consecuencia, Gas Natural ha solicitado la intervención de la Comisión Nacional de Energía –también lo hizo Repsol por su cuenta– para que estudie el acuerdo de la paraestatal y Sacyr. Se trata de activar la Función 14, que otorga facultades a la comisión para emitir dictámenes sobre movimientos empresariales que pudieran impactar negativamente el suministro de energía. Si prospera la promoción de Gas Natural y Sempra, podría caerse el negocio de Suárez Coppel y Luis del Rivero. Aquí en México los jefes de Suárez Coppel guardan silencio.

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Lo que faltaba: instituciones confrontadas

El martes pasado, en el curso de un intercambio vía Internet con algunos ciudadanos, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, descalificó el trabajo de los jueces en el combate a la delincuencia y se dijo cansado de que uno los agarra, los agarra, los agarra (a los presuntos criminales) y los jueces los sacan, los sacan, los sacan. La queja fue formulada en relación con Néstor Moreno Díaz, presunto defraudador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), arrestado el sábado y liberado horas más tarde por mandamiento de la juez Taissa Cruz, la cual acató una suspensión emitida un mes antes en favor del acusado. Ese mismo día, el consejero de la Judicatura Federal Juan Carlos Cruz Razo afirmó que los señalamientos de Calderón, formulados sin fundamento y por consigna, atentan contra la estabilidad nacional. Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostuvo que los jueces que conocieron el caso de Moreno Díaz actuaron estrictamente conforme a derecho y destacó la importancia de que las averiguaciones estén bien integradas, que tengan las pruebas y las evidencias suficientes, para que la Procuraduría General de la República (PGR) pueda obtener una sentencia condenatoria
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Educación y proyecto político

Manuel Pérez Rocha

En discursos y documentos de toda corriente política, de derecha o izquierda, ocupa lugar destacado la educación, pero atrás de una engañosa coincidencia –pues todos afirman que debe impulsársele y elevar su calidad–, la diferencia es sustantiva en los significados que confieren al diagnóstico del estado actual del sistema educativo, en las propuestas de reforma y desarrollo del mismo, y particularmente, en cómo conciben la función que la educación desempeña en el progreso de los individuos y la sociedad.

Las personas, grupos y organizaciones de derecha, que no cuestionan el sistema económico político actual y, si acaso, se pronuncian por corregir lo que consideran sus deficiencias, errores o abusos, postulan que todos los males de la sociedad tienen su origen en la carencia de educación del pueblo, y que proveérsela es la panacea. Para la derecha, sólo con educación la gente será competitiva y buena, así saldrá de su penuria y se comportará como ciudadanía responsable.

Muchos creen que han descubierto la gran nueva verdad en esos supuestos acerca de la trascendencia de la educación, pero el planteamiento está lejos de ser nuevo; en nuestro país esta idea se ha expresado obsesivamente por lo menos desde principios del siglo XIX. Esta postura, que se denomina educacionismo, la encontramos en liberales y conservadores, en los positivistas y en los científicos, en Porfirio Díaz y en Madero, en presidentes y secretarios de Educación desde Obregón hasta Calderón. Veamos algunos ejemplos que permite este espacio.
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De seguridad pública a seguridad nacional

Octavio Rodríguez Araujo

La seguridad pública, que es para cuidar la vida y la propiedad de los mexicanos, fue convertida por Carlos Salinas de Gortari en seguridad nacional. De entonces a la fecha, y siguiendo puntualmente los deseos de Washington (desde Reagan en 1986), se ha involucrado a las fuerzas castrenses en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. A cambio, y esto no fue invento de Calderón, se ha aumentado el presupuesto de las fuerzas armadas permanentes, además de adquirir nuevo armamento.

Fue también con Salinas que se formó, en 1989, el gabinete de seguridad, con la participación de los militares. Vicente Fox le dio carta legal a dicho gabinete en abril de 2003. En aquel entonces lo integraban los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y de la Contraloría, así como el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien fungía como secretario ejecutivo. En la actualidad, por lo que leo en los periódicos, está compuesto por los mismos secretarios salvo los de Hacienda y Contraloría, y no es frecuente que se mencione al Cisen, cuyo papel ha sido sustituido, desde agosto de 2010, por Alejandro Poiré en calidad de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
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La corrupción

Adolfo Sánchez Rebolledo

La experiencia nos demuestra –la burra no era arisca…– que debajo de las grandes tragedias colectivas, como en el caso de la guardería ABC o en el incendio del casino Royale, suele anidar la corrupción. No sabría decir si muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad se originan en esa persistente deformación de las relaciones y las conductas morales, o si esta forma de proceder es el resultado de la imposición de un código clasista que entiende el despojo como una suerte de redistribución que, al final, confisca el esfuerzo común a favor de las fortunas personales, pero es un hecho público, notorio y agraviante que dichas conductas, por razones éticas pero también económicas, son cada vez más intolerables para una ciudadanía que ve escurrirse la juventud o el empleo, mientras la riqueza se polariza endiosada por el individualismo de mercado.

En otras épocas se llegó a decir que en el México revolucionario hasta la corrupción era democrática, pues no se le negaba ni al pobre ni al rico, pero estas leyendas jamás disiparon la estela de cinismo que, en años de primitiva acumulación, favorecieron la aparición de una nueva clase pudiente e inmoral, anclada para medrar en la necesidad multiplicada por la desigualdad. Claro que hubo familias señoriales cuyas fortunas tenían el olor de la sangre, pero sentían cierta superioridad sobre los nuevos ricos caídos como una plaga sobre los recursos ajenos: despreciaban el plebeyismo como un estigma, pero el tiempo que todo lo borra desvaneció los linderos del dinero y reforzó, gracias a fusiones, matrimonios y ascensos meteóricos, la elite que unió a los emprendedores con los parasitarios cuyas ínfulas crecían a su paso por el erario nacional.
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domingo, julio 24, 2011

Los malos gobiernos de Ebrard y Peña Nieto los descalifican

El “mal gobierno” es antirrepublicano y autocrático, contraparte del “buen gobierno” que se caracteriza por ser republicano y democrático, como puede consultarse en varios ensayos y libros sobre el tema: Philip Pettit: Republicanismo. Varios autores: Nuevas ideas republicanas; y, de Franz Neumann: El Estado democrático y el Estado autoritario, (ambos de Paidós). El mal gobierno no rinde cuentas de los capitales, es ineficaz y desobligado. Los territorios bajo su cuidado están en el total caos o hacen como que hacen, mientras que se dedican a sus intereses, a los negocios, con ricos y empresarios a los que sirven con ciega obediencia.

Como los casos de Peña Nieto y Marcelo Ebrard, quienes andan sueltos en actos electorales anticipados, buscando ser candidatos, no a la Presidencia de la República, sino a la sucesión de Calderón para ser otros incompetentes. No tienen méritos y son malos gobernantes, salidos del priísmo antiguo; pero Ebrard, ahora presume de izquierdista con los Chuchos (Ortega y Zambrano y su basura ideológica, pues les gusta lo podrido de la politiquería).

Cuauhtémoc Cárdenas, que no podía ver ni en pintura a Ebrard, anda de manita sudada con él, avalando las alianzas con el Partido Acción Nacional (partido nacido contra Lázaro Cárdenas), y apoyándolo cuando tiene a la ciudad de México instalada en un desastre social. El jefe de gobierno puso en las zonas de los ricos camiones para recoger la basura con doble compartimiento: para orgánica e inorgánica; mientras que en las zonas de los pobres, dejó los camiones de basura viejos y obsoletos, generando fuentes de contaminación e insalubridad.

Peña Nieto es igual. El territorio mexiquense es un lugar de feminicidios por excelencia, de represiones sangrientas (Atenco), pobreza de 10 millones, favoritismo a empresarios, cobros excesivos de impuestos y alzas de precios a bienes y servicios gubernamentales. Cada año las inundaciones destruyen las pocas pertenencias de los pobres y clases medias, porque Peña, en seis años, no resolvió el problema de los desbordamientos por las lluvias. Pero es un ejemplo de mal gobierno, enriquecimiento de funcionarios y disimulo y protección a los narcotráficantes. De la pandilla de Atlacomulco, Montiel y Peña han acaparado los cargos públicos y son dueños de fortunas mal habidas (que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que controla Calderón directamente, tiene fichados pero en la impunidad).

Malos gobernantes. Nada los respalda en la búsqueda de candidaturas presidenciales. Usan dinero público y tiempo de sus obligaciones para promover sus imágenes, sin dar cuentas de sus gestiones corruptas e ineficaces, ni consulta a sus ciudadanos. Hay destrozos ecológicos (como la Supervía en la ciudad de México), policías que roban a quienes deberían auxiliar, procuradurías ineficientes, un sistema de impartición de justicia corrompido y homicidios de las delincuencias. En suma: Peña y Ebrard han sido malos gobernantes antirrepublicanos y antidemocráticos por sus inclinaciones autoritarias.

*Periodista

sábado, diciembre 25, 2010

Mario Marín Torres y Ulises Ruiz Ortiz lavaron 30 mil millones de pesos a través de la Casa de Bolsa Vector

El manejo discrecional de recursos que han hecho ambos gobernadores que concluirán su gestión próximamente ha conmocionado a la opinión pública nacional, tras ser exhibidas las sumas millonarias de dinero proveniente del erario utilizadas en beneficio personal y de empresarios prestanombres.
Acento veintiuno exhibió en sus ediciones 3, 4 y 5 la fortuna del mandatario estatal Mario Marín Torres, que asciende a más de 15 mil millones de pesos, y ha dado un puntual seguimiento a diversas inversiones inmobiliarias y financieras.La mayoría de los casos tiene sus orígenes en manejos financieros tales como fondos de inversión, mercado de capitales, cambio de divisas, banca de inversión, financiamientos corporativos e inversión en mercados globales con cifras tasadas en cientos de millones de pesos y de dólares, y que aparecen a nombre de sociedades fantasma y de particulares cuyo común denominador es laCasa de Bolsa Vector SA de CV.Autoridades financieras de Estados Unidos detectaron lo anterior tras investigar a la subsidiaria Vectormex International Inc, que realiza operaciones en ese país.Esto forma parte de una amplia investigación derivada del análisis financiero de la calificadora internacional Standard and Poor`s (S&P) que reportó serias irregularidades de la Casa de Bolsa Vector en los últimos dos años.
Standard and Poor?s detectó que a pesar de que las condiciones en los mercados internacionales eran desfavorables la Casa de Bolsa Vector continuaba en franco crecimiento.Standard and Poor?s calificó como injustificado el crecimiento ya que otras financieras internacionales reportaban serias pérdidas, mientras que Casa de Bolsa Vector registró un aumento en sus activos del 4.3 y 6.7 por ciento durante el año 2009, en comparación con el año anterior.De acuerdo con ese análisis Vector aparecía como una empresa con alta volatilidad en años recientes, resultado de sus ingresos y gastos no recurrentes por litigios judiciales y operaciones extraordinarias.Sin embargo, autoridades estadounidenses y mexicanas detectaron que su base de capital (clientes) no creció de forma importante los últimos años, pero a diferencia de otras Casas de Bolsa reportó altos ingresos que se ubicaron en el 61.4 por ciento al cierre de febrero de 2010.
Eso contrastó de manera radical con la mayoría de Casas de Bolsa calificadas por Standard and Poor?s que presentaron ingresos promedio en la industria de tan sólo un 26.7 por ciento durante el mismo periodo.Esto último encendió las alertas de autoridades de inteligencia financiera de México y Estados Unidos, ya que de forma extraña Casa de Bolsa Vector mantuvo un retorno de ingresos a sus clientes de tan sólo el 15.6 por ciento al cierre del primer trimestre de 2010.Esa tasa de retorno difícilmente resultaría atractiva para conseguir un aumento significativo de accionistas, pues el promedio de las demás Casas de Bolsa, con un consumo de capital similar al de Vector, sostuvieron en el mismo periodo un 31.2 por ciento de retorno.De acuerdo con ese comparativo, los inversionistas de Vector inyectaron el doble de dinero en esa Casa de Bolsa, en comparación con su competencia, algo ilógico ya que aparentemente estuvieron dispuestos a perder la mitad del retorno de sus ingresos que en los mercados financieros se explicaría únicamente en los casos de lavado de dinero.En estricto sentido financiero sólo esta práctica justificaría invertir millonarias cantidades de dinero y sacrificar la mitad de sus ganancias, sobre todo existiendo otras opciones que ofrecen el doble de rendimiento, como explica el analista financiero Steven Paul Phillips a Acento veintiuno."Cuando se trata de borrar el rastro de dinero público, no es necesario perseguir grandes utilidades", señala Phillips.

EL INICIO DE LA HISTORIA Casa de Bolsa Vector, que era propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, inexplicablemente recibió durante las gestiones de Mario Marín Torres, en Puebla, y Ulises Ruiz en Oaxaca, constantes inversiones tasadas en cientos de millones de pesos provenientes del erario.

En el año 2007, el gobierno poblano recibió un excedente de 9 mil millones de pesos por encima de lo presupuestado, derivado de ingresos petroleros que Marín Torres invirtió en su mayoría de manera irregular en Casa de Bolsa Vector.Al mismo tiempo, sospechosamente ingresó como parte del Consejo de Administración y Consejero Propietario de la empresa Gerardo María Pérez Salazar, secretario de Finanzas de la administración estatal de Puebla.Desde entonces, las cantidades canalizadas por el gobierno de Puebla a Vector rebasaron los 15 mil millones de pesos, que finalmente terminaron en cuentas de sociedades fantasmas y en manos de particulares mediante la alquimia financiera de esa casa de bolsa.A pesar de que en el mercado financiero existían mejores opciones, como el caso de Ixe que ofrecía utilidades sobre el 31.2 por ciento, a Marín Torres no le interesaron las pérdidas que alcanzaron cientos de millones de pesos al recibir solo de Vector el 15.6 por ciento, que representa la mitad de utilidades que inexplicablemente dejó de recibir.Entre las graves irregularidades que arrojan estas multimillonarias inversiones están los más de 15 mil millones de pesos que no aparecen en las arcas del gobierno de Puebla ni en los balances financieros de Casa de Bolsa Vector, pues tales ingresos figuran a nombre de particulares al frente de sociedades anónimas y financieras, así como en inversiones en el sector inmobiliario, turístico y aeroportuario en dos continentes.Marín Torres avaló las millonarias inversiones en Vector, que en realidad sirvieron como pago para obtener un puesto en el Consejo de Administración y de esa forma operar el desvío de recursos de las arcas del gobierno estatal que provenían de excedentes de participaciones federales para fortalecer rubros de salud, educación, desarrollo social y otros.Ese dinero nunca se destinó a esas áreas ya que se empleó para la compra accionaria en Vector, confirmó a Acento veintiuno un director de área de la Secretaría de Finanzas del estado de Puebla, quien pidió el anonimato hasta la salida del actual gobierno.
Esa fuente aseguró que las cuentas e inversiones que canalizó el gobierno de Mario Marín las operó Margarita Rojas Palacios, administradora general de Vector y pareja sentimental de Gerardo Pérez Salazar, ahora convertido en principal accionista de esa Casa de Bolsa."En realidad existe un faltante a lo largo del sexenio, que rebasa los 15 mil millones de pesos, que ya no se encuentran en ninguna Casa de Bolsa ni en inversiones a nombre del gobierno poblano, y que durante todo el sexenio de Marín Torres se fueron de manera paulatina canalizando y triangulando en inversiones de supuesto alto riesgo, que al final lograron desaparecer esta millonaria suma", reveló el funcionario entrevistado.Para sustentar lo anterior entregó una copia detallada y expedida por la Condusef, que acredita a los principales accionistas de Casa de Bolsa Vectorregistrados ante la Secretaría de Hacienda con la clave 013026.
En ese documento se destaca como consejero propietario Gerardo María Pérez Salazar, hecho que coincide con la declaración del secretario de Finanzas, durante su comparecencia ante el Congreso local.El funcionario Gerardo María Pérez Salazar admitió que la Secretaría a su cargo invirtió de manera directa en Casa de Bolsa Vector recursos millonarios propiedad de todos los poblanos, lo cual justificó, con el argumento de que Vector ofrecía una tasa "más alta de rendimiento en comparación con otras casas de bolsa".El titular de Finanzas mintió a los diputados del Congreso poblano ya que el dictamen de la calificadora S&P del pasado 22 de julio de 2010, exhibe que Vector pagaba un rendimiento 50 por ciento menor al de cualquiera de sus competidores.
Las operaciones realizadas por el secretario de Finanzas de Puebla de manera recurrente en la Casa de Bolsa, configuran los delitos de peculado, lavado de dinero y malversación de fondos. Acento veintiuno incluye en su edición el documento que S&P le otorgó a Vector en julio pasado.
Asimismo autoridades de inteligencia financiera detectaron sumas millonarias provenientes del gobierno de Oaxaca a cargo de Ulises Ruiz Ortiz, que utilizó un esquema financiero similar al de Marín Torres.El mandatario oaxaqueño canalizó los excedentes de aportaciones federales para rubros del desarrollo social hacia inversiones que no están registradas en las arcas o libros del gobierno del estado.La cifra que Ulises Ruiz Ortiz desvió hacia la Casa de Bolsa Vector asciende a 16 mil 500 millones de pesos.
Esas operaciones en su mayoría terminaron en manos de particulares y sociedades financieras que a su vez invirtieron en el sector inmobiliario en diversos países para borrar los rastros.En el siguiente reportaje, Acento veintiuno presentará el resultado de investigaciones de parte de autoridades de estadounidenses a operaciones financieras e inmobiliarias realizadas por Vectormex Internacional Inc. en más de cinco países que han sido señaladas como propiedad del dúo Mario Marín Torres y Ulises Ruiz Ortiz.

sábado, octubre 16, 2010

Los abusivos gastos del IFE

Los sueldos y prestaciones de los consejeros del Instituto Federal Electoral rebasan en 16 por ciento el salario del presidente de la República. Además, informes oficiales revelan que cada uno de los nueve consejeros cuenta con un “amplio” equipo de asesores, que significan un gasto de más de 4.6 millones de pesos mensuales. Es una administración “obesa” y “despilfarradora”, amparada por la “autonomía” de la institución, critican expertos. Las nóminas de la cúpula del Instituto desacatarían un decreto presidencial

Árbitro de la democracia mexicana, el Instituto Federal Electoral (IFE) rebasa el tope salarial impuesto por un decreto de la Presidencia de la República. Cada uno de los nueve consejeros electorales obtiene 40 mil pesos mensuales más en sueldos y prestaciones de lo que percibe Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Los montos asignados a los funcionarios que integran el máximo grupo jerárquico del IFE, así como a sus subordinados, son avalados por la misma autoridad electoral. Esta facultad está amparada por la autonomía del Instituto encargado de brindar certeza, legalidad y certidumbre en los procesos electorales.

Sin embargo, estas disposiciones administrativas se oponen a la reforma constitucional del artículo 127 –del 22 de julio de 2009–, que ordena que “ningún” servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.

En 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) criticó que, en algunos cargos de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los organismos autónomos, se opera con “opacidad y un exceso de discrecionalidad” la asignación de sueldos y salarios. Esto, ante la carencia de un tabulador universal.

Eduardo Huchim May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), señala que, en el IFE, “hay una falta de austeridad que se refleja de muchas maneras. Es un órgano obeso al que hay que quitarle grasa para que su presupuesto tenga límites de racionalidad”.


Los salarios

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 establece que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, tiene una percepción mensual de 244 mil 472 pesos, al igual que los ocho consejeros electorales.

De acuerdo con el documento publicado el 13 de noviembre de 2009 –bajo la rúbrica del entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Ramírez Acuña–, Valdés Zurita y sus colegas obtienen un sueldo de 180 mil 496 pesos mensuales. A éste se suman 63 mil 975 pesos en prestaciones entregadas en efectivo y especie, lo que incrementa sus sueldos por encima de los 244 mil pesos al mes.

Incluso, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, rebasa por casi 6 mil pesos las remuneraciones del presidente de la República. El PEF 2010 indica que este funcionario obtiene 209 mil 742 pesos, derivados de un sueldo máximo de 154 mil 4 pesos más 55 mil 738 pesos en prestaciones otorgadas en efectivo o especie.

El PEF –que ordena el ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal– también estipula el sueldo del presidente de México, que asciende a un total de 203 mil 899 pesos al mes; es decir, 16.59 por ciento menos de lo que gana el titular del IFE.

De acuerdo con las disposiciones presupuestales, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tiene una percepción máxima de 152 mil 305 pesos mensuales. Adicionalmente, obtiene prestaciones en efectivo y en especie por 51 mil pesos.

Los límites de percepción ordinaria en la cúpula de la administración pública federal también establecen un tope salarial de 200 mil 841 pesos para los secretarios de Estado, y de 200 mil 589 pesos para los subsecretarios. Las cifras indican que el gabinete presidencial percibe 17.84 por ciento y 17.95, respectivamente, menos que los consejeros electorales.

El exconsejero del IEDF, Eduardo Huchim, dice que en el IFE “se ha hecho un tabulador salarial excesivo. Nadie estaría en desacuerdo de que un funcionario que ejerce una responsabilidad importante tenga un salario alto, pero éste es excesivo, al igual que el de los magistrados”.

“Tienen adiposidades burocráticas que no se justifican; pero de esto no sólo son responsables los consejeros, sino también los diputados que aprueban los presupuestos. Es resultado de intereses mancomunados, ya que los partidos acompañan el presupuesto descomunal del IFE porque reciben una tajada muy importante”, opina Huchim May.

El decreto

En julio de 2009, el Congreso de la Unión autorizó al presidente reformar y adicionar los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución, en los que se establecen diversas disposiciones relacionadas con el PEF, proyectos de presupuestos, tabuladores y remuneraciones de los servidores públicos. Entre ellas, un tope salarial a todo aquel que ejerza un cargo de la administración pública.

Asesores por 4.6 MDP

Además de las remuneraciones mensuales, cada consejero electoral cuenta con un equipo de asesores, que significa un gasto al erario de casi medio millón de pesos mensuales.

La Nómina de Consejeros Electorales, actualizada a la segunda quincena de junio de 2010, indica que el máximo nivel jerárquico del IFE cuenta con 67 consultores, que en total significan un gasto mensual de 4 millones 668 mil 790 pesos.

Los documentos oficiales –cuya copia posee Contralínea– muestran que el equipo que apoya el trabajo del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, se compone de ocho personas. Los asesores del primer círculo perciben sueldos que van desde los 25 mil pesos a los 103 mil pesos mensuales, que implican un gasto de 692 mil 158 pesos cada 30 días.

Leer articulo completo AQUI.

martes, octubre 12, 2010

‘La casita de Patylu’

Guadalupe Loaeza

Querida Patylu:

Aunque no tengo el gusto de conocerte, siento que ya te admiro. Te confieso que hasta que te convertiste en la señora Nava (¡ay, qué ilusión!) ignoraba toda tu trayectoria artística. Pero ahora, gracias a YouTube y a la revista Quién, conozco tus canciones y sé todo de ti. “¡Qué bonita pareja!”, exclamé cuando los vi retratados por primera vez. Es cierto que eres un poquitiiiito más alta que César Nava. Pero eso no tiene la menor importancia. No hay nada como los flats (zapatos sin tacón), además, le puedes mandar a poner a los tacones de César unos elevadores, como los que usa Carlos Salinas de Gortari para verse más alto.

Fíjate, Patylu, que yo sí creo en el destino o en la Providencia, o como quieras llamarle; también creo en las almas gemelas y, naturalmente, en el amor desinteresado. Digan lo que digan (nunca faltan los envidiosos y los típicos amargados), los dos se ven súper ena-mo-ra-dos. A leguas se ve que a César se le cae la baba por ti. Es obvio que lo traes de cabeza. Te apuesto lo que quieras que si en estos momentos le hablaras al presidente del PAN: del crimen organizado, de las inundaciones de Veracruz, de Oaxaca y de Chiapas, de los secuestros, del desempleo, del presupuesto próximo a discutir, de las alianzas entre partidos y de lo bajo que está Acción Nacional en las encuestas para las próximas elecciones, estoy segura que no le importaría en lo absoluto. Él nada más ha de tener ojos y oídos para su Patylu chula. ¡Ay, qué ilusión...! Nada más pensar que están de luna de miel en las islas Fiji, me pongo de buen humor. Te lo juro que te tengo envidia, claro, de la buena, no vayas a pensar lo contrario. No me quiero imaginar sus momentos de romanticismo, sus carcajadas, sus planes a futuro, pero sobre todo sus conversaciones en torno a su nuevo depa. ¡Qué suertudos! ¡Cómo lo encontraron! ¡Qué ganga! ¡Qué increíble y qué espléndida oportunidad! Dios los premió. Se lo merecen. Ya les tocaba.
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sábado, junio 12, 2010

¿Qué esconden?



MÉXICO, D.F., 9 de junio.- “Me quiero imaginar que si el SAT no quiere que se difunda la lista de los beneficiados de la condonación de deudas, es porque quiere cuidar la identidad de ‘doña Luchita’, quien pidió un dinerito para abrir su fonda. O del ‘señor Juan’, quien pidió para comprar herramienta para su taller. O de la ‘señora Socorrito’, quien pidió para comprar su casa y que acaba de quedarse sin empleo. O de ‘don Sebastián’, que no ha terminado de pagar el taxi que le acaban de robar.”

Así, en tono irónico, un ciudadano –a través de una carta publicada en el periódico– retrata la situación en que se encuentra el derecho a saber en el país. Los obstáculos políticos que enfrenta. La reticencia institucional que impide su cumplimiento. Las argucias legales que son colocadas a su alrededor. Aunque el acceso a la información es un derecho consagrado por la Constitución, hay demasiados que buscan cercenarlo.

En lugar de promover la transparencia, insisten en defender la opacidad.

No hay un caso más emblemático en tiempos recientes que la pugna entre el IFAI y el SAT. El primero insiste en que los ciudadanos deben tener acceso a la lista de aquellos a quienes se les cancelaron créditos fiscales por cerca de 74 mil millones de pesos por incobrables, mientras el segundo argumenta que no es así. El primero intenta darle vida a un derecho constitucional, mientras el segundo opta por cercenarlo. Y el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se une a quienes anteponen la secrecía sobre la ayuda a la ciudadanía, cuando forma un frente común con el SAT. Cuando, con su decisión, embiste al IFAI en un intento por someter sus resoluciones. Cuando se para del lado de aquellos que, en lugar de dar plena vigencia al derecho de acceso a la información, contribuyen a su debilitamiento.

Creando así una situación surrealista en la que un mexicano puede saber cuánto recaudan las autoridades fiscales, pero no quiénes son los beneficiarios de esos recursos sin fiscalización. Un ciudadano puede saber el tamaño del presupuesto, pero no el nombre de las empresas y los empresarios premiados con exenciones y regímenes fiscales especiales. Un contribuyente puede enterarse de la cancelación de créditos fiscales, pero no puede tener acceso a la lista de los favorecidos, ni conocer la razón detrás del favor. Según el SAT, por encima de la Constitución están el secreto bancario, la protección de la identidad, la protección de los “derechos humanos”, y otros argumentos espurios que usa para retener información que debería ser del dominio público. De esa manera, el gobierno decide cúando, cómo y en qué circunstancias reconoce un derecho, en lugar de asegurar que se cumpla siempre.

Los obstáculos a la transparencia van en aumento. Los embates al acceso a la información se dan cada vez más. Allí está la PGR, promoviendo reformas al código procesal penal para evitar el escrutinio del IFAI, y resistiendo demandas para entregar la averiguación previa sobre la matanza del 2 de octubre de 1968. Allí están tantas dependencias del gobierno federal argumentando que la información solicitada es “clasificada” o “inexistente”. Allí está la Cofetel negándose a detallar su seguimiento en torno a si Telmex ha cumplido las condiciones de su concesión o no. Allí están los tribunales declarando nulas varias partes de un fallo del IFAI que ordenó hacer públicas las averiguaciones previas iniciadas contra Rosario Robles. Allí están los jueces colocando trabas para evitar que la averiguación previa que exoneró a los hijos de Marta Sahagún sea del dominio público. De lo que se trata es de entorpecer, de dificultar, de demorar.

Ese es el comportamiento cotidiano de quienes conciben la transparencia como una concesión discrecional en lugar de considerarla un derecho fundamental. De quienes la perciben como un mal necesario, y no como un ingrediente indispensable. De quienes siguen pensando que la información pública pertenece a los burócratas gubernamentales y no es propiedad de la ciudadanía. El cambio en las leyes aún no ha generado un cambio en la cultura, en las creencias, en las prácticas de un Estado acostumbrado a ignorar las demandas de la sociedad. Los ciudadanos todavía no pueden escrutar de cerca a las instituciones ni entender el impacto, el costo o el razonamiento detrás de las decisiones que los afectan.

Dice Jacqueline Peschard –presidenta del IFAI– que la transparencia es un componente fundamental de la consolidación democrática. Es imperativo que exista para obligar a quienes ejercen el poder a actuar con mayor honestidad. Para incentivar la participación de una ciudadanía informada. Para promover el interés público con base en información creíble. Para mejorar el desempeño de las instituciones gubernamentales. Para construir pesos y contrapesos. Para enseñarle a la sociedad sobre “el derecho a tener derechos”. Un documento público tiene tanta importancia democrática como una boleta electoral, y puede contribuir al cambio incluso más que un voto.

Quizás por ello la transparencia enfrenta hoy tantas resistencias. Porque hay demasiados intereses que proteger, demasiadas decisiones discrecionales que ocultar, demasiados favores personales que archivar, demasiados oligarcas que apuntalar, demasiadas prácticas autoritarias que pocos quieren modificar. En el SAT, en la PGR, en la Cofetel, en los partidos, en la Secretaría de Hacienda, en la Sedena, en las gubernaturas de los estados. Ante esas reticencias habrá que defender al IFAI, así como al mandato que lo anima. Habrá que exigir que los sujetos obligados de la transparencia cumplan con ella y exponer a quienes no lo hagan. Habrá que argumentar que el supuesto daño a la privacidad fiscal no sería mayor que el interés público por transparentar la forma en que el SAT determina la cancelación de créditos fiscales. Y habrá que seguir preguntando, una y otra vez: ¿qué esconden?

martes, junio 08, 2010

Los Pinos,inamovible: no da a conocer los bienes de Margarita

Comparado con Estados Unidos y Canadá, sus socios comerciales, México está lejos de tener una auténtica política de transparencia. En esos países, la ley obliga a que en sus declaraciones patrimoniales todos los funcionarios hagan público el monto de sus bienes y los de su familia. En nuestro país, por el contrario, los amigos del presidente Felipe Calderón, como Salvador Vega Casillas, titular de la Secretaría de la Función Pública, se niegan a incluir los de la consorte del mandatario por considerar que “son datos confidenciales”.

Vega Casillas. Arbitrariedad

LOS FECALES; RATAS ASESINAS


Daniel Lizárraga

Para la Secretaría de la Función Pública (SFP), las declaraciones patrimoniales completas del presidente Felipe Calderón son “confidenciales”, y por ello en el sitio electrónico de Declaranet no aparecen los préstamos bancarios que el mandatario obtuvo en los últimos tres años e invirtió en la compra de una casa y varios terrenos que puso a nombre de su esposa, Margarita Zavala.

En su edición 1741, correspondiente al 14 de marzo, Proceso publicó una investigación sobre las omisiones relativas a esos predios –una residencia de 234 metros cuadrados y un terreno–, que se encuentran junto a la residencia que el matrimonio presidencial posee en la Ciudad de México.

Entrevistado entonces sobre esas “inconsistencias”, el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, declaró que el presidente Calderón sí entregó su declaración completa, pero que él decidió eliminar de Declaranet la información relativa a dichas propiedades con el fin de “proteger los datos personales” del mandatario, por lo que asumía la responsabilidad de ese acto.

Dos días después de la entrevista, Proceso envió un paquete de tres solicitudes de acceso a la información a la secretaría que encabeza Vega Casillas y a Los Pinos. En ellas reitera su petición de tener acceso a las declaraciones patrimoniales completas de Calderón, así como a las normas que permiten al gobierno eliminar las propiedades a nombre de Margarita Zavala.

La SFP respondió que la declaración de los bienes públicos de Calderón no es extensiva a su esposa, hijos o dependientes económicos. Estos datos sobre la familia sólo guardan una “relación tangencial” con el mandatario, según la dependencia.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “tangencial” significa que algo –en este caso las propiedades de Zavala– sólo puede relacionarse de forma lateral o no significativa con el tema que se trata, en este caso la declaración patrimonial del presidente.

La SFP argumentó también que si se abrieran las declaraciones de bienes del presidente completas se invadiría la privacidad de su familia, ya que quedarían al descubierto algunos datos personales, como direcciones de residencias, los registros federales de contribuyentes o los números de cuentas bancarias.

Pese a la información sesgada o incompleta en torno a las propiedades puestas a nombre de Margarita Zavala, Proceso obtuvo información sobre un préstamo por 3 millones 800 mil pesos que Scotiabank le concedió a Calderón el 6 de junio de 2008. Con ese dinero pudo comprar la casa número 9 de la privada de Cóndor 223. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad (RPP), la vivienda fue registrada a nombre de su esposa, pero ese inmueble no aparece en el sistema Declaranet.

Y pese a que la Presidencia aún no responde a la solicitud hecha por este semanario, la SFP ya subió al sitio electrónico oficial la relación de bienes del mandatario correspondiente a 2009. En esa información se menciona que obtuvo un nuevo crédito bancario por 1 millón 900 mil pesos, aunque no se explica en que utilizó ese dinero.

Además, por vez primera se incluyen detalles como la inversión de 18 mil 240 pesos en la compra de relojes y de 6 mil 500 pesos más en plumas.

Ante la negativa de la SFP, Proceso solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) analizar la situación y que explique los criterios legales utilizados para suprimir del portal oficial la información alusiva a las propiedades mencionadas. Los dos recursos de revisión serán analizados por separado: uno lo estudiará la comisionada presidenta Jacqueline Peschard, el otro la comisionada María Elena Pérez-Jaén. Los fallos pueden demorar al menos 50 días hábiles.

Información sesgada

Los candados que ponen las dependencias a las declaraciones patrimoniales del presidente Felipe Calderón empañan la política de transparencia y están lejos de las que se aplican en Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En esas dos naciones las declaraciones patrimoniales, los reportes de ingresos y de pago de impuestos son de carácter público. La ley obliga a que también se incluyan los bienes de las consortes de los funcionarios, independientemente de su jerarquía.

El 18 de mayo último, por ejemplo, la Casa Blanca difundió la información financiera anual del presidente Barack Obama. En la primera de las 65 páginas del archivo se incluyen, entre otros datos, los nombres de la esposa del mandatario, Michelle Obama, y los de sus hijas Malia y Natasha.

También se menciona que sus libros Los sueños de mi padre y La audacia de la esperanza le retribuyeron a Obama ingresos de por lo menos 1 millón de dólares anuales. Además, según el reporte, los 1.4 millones de dólares del Premio Nobel de la Paz concedido al mandatario estadunidense en 2009 fueron donados a casas y organizaciones de beneficencia para que apoyen a estudiantes de bajos recursos económicos.

La información de la Casa Blanca incluye detalles como el del perro de aguas portugués llamado Bo, que el fallecido senador Edward Kennedy regaló a la familia de Obama, y está valuado en mil 600 dólares; o que el mandatario recibió cientos de miles de dólares por la venta de papeles bursátiles correspondientes a dos herencias que recibió de su abuela, Madelyn Dunham, fallecida en los últimos días de su campaña presidencial.

En países como Chile y Brasil las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos también son públicas. Quien desee conocerlas no necesita realizar ningún trámite.

De acuerdo con el Índice sobre la Percepción de la Corrupción 2009, elaborado por Transparencia Internacional, los chilenos obtuvieron una calificación de 6.7 puntos, más del doble de lo alcanzado por México, que apenas llegó a 3.3. De hecho, los gobiernos panistas nunca han obtenido una calificación aprobatoria en una escala de 0 a 10.

Ernesto Villanueva, autor del libro Transparencia y declaración patrimonial de los servidores públicos. Alcances y límites del derecho a saber, señala que la publicidad de los bienes e inversiones permite a la sociedad contar con elementos de juicio mucho más completos y certeros sobre la actuación honesta de sus funcionarios.

El estudio, que incluyó alrededor de 40 países, concluye que en 44% de los casos analizados no es necesario que el servidor público dé su consentimiento por escrito para transparentar la relación de bienes. En este grupo Villanueva menciona a Albania, Argentina, Austria, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Croacia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Letonia, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Tanzania.

En 38% de los casos está en manos de los funcionarios decidir si acepta o no transparentar su lista de propiedades. En este bloque están México, Armenia, Colombia, Ecuador, Grecia, Guyana, Haití, Honduras, Irlanda, Jamaica, Moldavia, Panamá, Paraguay, Venezuela y Uruguay. Y en el restante 18%, comenta el autor, no es posible abrir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.

Transparencia limitada

Pese a sus limitaciones, el modelo elegido por México en materia de transparencia tiene sus ventajas. Una de ellas es que, en los últimos años, el presidente Calderón transparentó la lista de algunas de sus propiedades e inversiones, mientras que sus colaboradores, aun los más cercanos, se niegan a imitarlo.

Proceso escogió al azar 36 casos entre secretarios de Estado, miembros del gabinete calderonista, directores de organismos autónomos, exmiembros del gabinete y funcionarios de Los Pinos para analizar sus decisiones respecto de la apertura de sus declaraciones patrimoniales.

Los resultados arrojan que 77% de los consultados cumplieron con su obligación de presentar su declaración patrimonial, aunque optaron por mantener lejos del escrutinio ciudadano y de los medios de comunicación su lista de bienes inmuebles, ingresos y cuentas bancarias.

En contraste, 22% aceptaron que la SFP difundiera cuántas propiedades tienen, así como los montos de sus cuentas bancarias con la condición de que se eliminen los bienes puestos a nombre de sus consortes e hijos.

En el grupo que se niega a transparentar su declaración patrimonial se encuentran nueve de los amigos cercanos a Calderón, quienes lo acompañan desde su precampaña, la mayoría incluso forman parte de su gabinete: Ernesto Cordero, secretario de Hacienda; Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación; Gerardo Ruiz, secretario de Economía; Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Javier Lozano, secretario del Trabajo.

En el caso de Molinar Horcasitas, no existen registros de sus declaraciones patrimoniales desde 2002. Y aun cuando fue director del IMSS, no aparecen sus declaraciones de inicio ni de conclusión en ese cargo. Tampoco reportó su declaración inicial como responsable de su función actual, como marca la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En una situación similar se encuentran: Patricia Flores, jefa de la oficina de la Presidencia de la República; Maximiliano Cortázar, coordinador de Comunicación Social; Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón, y Atiza Aguilar, secretaria particular adjunta del mandatario.

Bravo Mena, uno de los hombres más cercanos a Calderón, nunca ha aceptado hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. No lo hizo cuando fue embajador de México ante el Vaticano ni ahora que despacha en Los Pinos.

En el mismo tenor se maneja Atiza Aguilar, la discreta consejera de Calderón. Egresada de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Intercontinental, ella comenzó su carrera profesional en el consulado de México en Pensilvania, donde estuvo durante 2002-2003. Luego ocupó la Dirección de Comunicación del PAN entre 2003-2004 y de ahí pasó a la Secretaría Técnica en la Secretaría de Energía (Sener), para trasladarse después a Los Pinos.

Otro intento fallido de Calderón para congraciarse con sus representados es la disminución de los salarios, los recortes al gasto corriente de sus colaboradores y los ajustes a los fondos destinados a los viajes oficiales. Pero en esta ruta de austeridad no todos marchan al mismo ritmo.

Entre quienes se resisten a transparentar su declaración patrimonial están el secretario de Educación y otrora presidente del IFAI, Alonso Lujambio; el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez; el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens; el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza; la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y el secretario de la Marina, Francisco Saynez.

Un caso singular es el del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, quien tiene un gusto particular por los autos y no rehuye presentar su declaración patrimonial, en la que consta que ha manejado un Ford Focus, una camioneta Ford Escape, un Toyota Sedan y un Smart convertible.

Además de él, lo han hecho el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas; el exdirector del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares; la coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental, Alejandra Sota, y el otrora secretario particular del presidente y actual dirigente nacional del PAN, César Nava.

Vega Casillas ha hecho pública su declaración patrimonial desde que llegó a la SFP. En ella ha informado con detalle sobre las altas y bajas de sus terrenos y propiedades. Pero antes de llegar a su encomienda actual se negaba a transparentar la relación de sus bienes. Durante el sexenio foxista, cuando se desempeñó como gerente de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, se negó a hacer pública su declaración patrimonial; lo mismo hizo cuando se incorporó al equipo de transición presidencial calderonista.

En su declaración presentada en 2008, Vega Casillas, quien ha sido diputado en Michoacán y también ha ocupado una banca en el recinto de San Lázaro, incluyó un departamento de 328 metros cuadrados que, dijo, fue comprado mediante un crédito. Actualmente cuenta con un auto GMC Acadia, cuyo valor es de 488 mil 30 pesos, y que, expuso, fue pagado de contado. Sin embargo, los bienes a nombre de su esposa fueron omitidos por él.