El miedo de Calderón cuesta 3 mil MDP

La Presidencia de la República ha gastado casi 3 mil millones de pesos del erario en la protección de Felipe Calderón, de diciembre de 2006 a la fecha. Para blindar su “integridad física”, el mandatario mexicano cuenta con una partida especial en el Presupuesto de Egresos 2011 por más de 630 millones y con un “seguro de riesgo” por 800 mil pesos. En lo que va del sexenio, el Estado Mayor Presidencial ­–encargado de la seguridad del presidente– ha ejercido 2 mil millones.

Érika Ramírez

En el quinto año de su “guerra” contra el narcotráfico, el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa blinda su “integridad física” con una partida especial superior a los 630 millones de pesos, aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011.

Se trata del “apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal”. En lo que va del actual sexenio, ésta es la segunda vez que la Presidencia de la República ejerce esa partida, identificada en el PEF como P004. La primera fue en 2009; mientras que en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 no se asignó presupuesto por ese concepto.

Este gasto –ideado en el segundo periodo presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en el poder– se incrementó en más de 1 mil por ciento respecto de 2009, cuando ascendió a sólo 60 millones de pesos.

“Dado que el presidente Calderón ha emprendido una batalla contra el crimen organizado, más de dos quisieran causarle daño físico. Estamos hablando de líderes del narcotráfico que sienten afectados sus intereses”, justifica Luis Enrique Mercado Sánchez, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

El legislador panista niega que alguna de las partidas destinadas a la seguridad del mandatario sea extraordinaria, pues, dice, “siempre han existido y es en los esfuerzos por la transparencia que se están desglosando”.

Gasto multimillonario

Los gastos para la protección de Calderón Hinojosa no se reducen al “apoyo” para garantizar su “integridad física”. De diciembre de 2006 a la fecha, el Estado Mayor Presidencial (EMP) –cuerpo de las Fuerzas Armadas Mexicanas encargado de proteger y garantizar la seguridad del mandatario– ha ejercido 2 mil 153 millones 593 mil 93 pesos.

A estas erogaciones también se suman 800 mil pesos para la “potenciación del seguro de vida y pago extraordinario por riesgo”, consignados en las “percepciones extraordinarias” que cubren al Ejecutivo federal y registrados en el desglose de su remuneración anual. Conocido como “seguro de riesgo”, éste también se ha incrementado: de 2010 a 2011, aumentó más de 200 mil pesos.

Óscar Enrique Díaz Santos –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en presupuesto, administración y gasto públicos– señala que con la partida P004 habría una “duplicidad” en el presupuesto de la Presidencia, pues la seguridad del mandatario corre a cargo del Estado Mayor.

Para el académico, en este caso hay un manejo “encubierto” de los recursos públicos. “¿Quién le va a proporcionar la protección de su integridad al presidente y hasta qué punto se está saliendo del protocolo de seguridad?”.

Única desde que el PAN asumió la Presidencia, la partida P004 fue propuesta por segunda vez al Congreso de la Unión y aprobada en diciembre de 2010. El “apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal” asciende a 630 millones 909 mil 250 pesos.

De 2001 a 2011, el folio P004 sólo aparece en los presupuestos 2009 y 2011. Su primer registro, etiquetado como “apoyo a las medidas de seguridad de la Presidencia de la República”, fue 1 mil por ciento menor al actual. Hace dos años, el presidente dispuso de 60 millones de pesos, refiere el Análisis funcional programático económico del PEF 2009.

Ambas dotaciones suman 690 millones 909 mil 250 pesos. Ese monto duplica el presupuesto de 2011 asignado al Estado Mayor Presidencial, que en este ejercicio devengará 332 millones 984 mil 374 pesos.

El legislador priista Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias admite que su partido apoyó la propuesta que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en 2010, sólo para que Calderón Hinojosa no tuviera ningún pretexto en hacer bien su trabajo.

Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Lerdo de Tejada Covarrubias añade: “Tenemos la evidencia de una sociedad en riesgo y de profunda inseguridad. Lo que no queremos es generar el más mínimo pretexto por parte del presidente o de las áreas responsables del tema para que asuman su responsabilidad y le den resultados a la gente”.

Posible ejercicio discrecional

El académico Díaz Santos duda del manejo de la partida P004. Considera que se podría estar creando una “bolsa” para otros asuntos: en el PEF no se especifica cómo debe ser ejercido, y esto permite que los recursos puedan ser transferidos a cualquier otro rubro.

El gasto es injustificable, pues se “contabiliza doblemente” una partida asignada a la seguridad del presidente, señala Mario Di Costanzo, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados.

“A menos de que ya se esté dudando del trabajo que desempeña el Estado Mayor Presidencial y se quiera hacer un escuadrón ajeno o diferente a este cuerpo. A lo mejor, Felipe Calderón tiene tanto miedo que está pidiendo que se cree un escuadrón de Rambos; no lo sabemos. Hay poca información sobre esto”, agrega el también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Según el diputado panista Luis Enrique Mercado, los dineros que garantizan la integridad de Calderón Hinojosa, ajenos al presupuesto del EMP, “están destinados a los sueldos y salarios de las personas que cuidan al presidente, las instalaciones de seguridad de Los Pinos, de los aviones, del hangar presidencial”.

No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá rendir cuentas del ejercicio del gasto y los integrantes de la Cámara, en su facultad de control, “vamos a exigir transparencia”, asegura el legislador priista Sebastián Lerdo de Tejada.

El Estado Mayor Presidencial

Responsable de resguardar la vida del presidente Felipe Calderón Hinojosa, al Estado Mayor Presidencial le han sido etiquetados 2 mil 153 millones 593 mil 93 pesos en los presupuestos de los últimos cuatro ejercicios fiscales. El monto rebasa el total suministrado en todo el sexenio de Vicente Fox Quesada: 2 mil 25 millones 705 mil 968 pesos.

La seguridad es la función “sustantiva” del EMP –dice el libro El Estado Mayor Presidencial. Cumplir con institucionalidad, editado por el mismo órgano– “e implica un conjunto de actividades, procedimientos y/o dispositivos que permiten garantizar la adecuada operación del organismo, a fin de que las actividades presidenciales se realicen en un ambiente confiable”.

Este cuerpo castrense, bajo el mando del Ejecutivo federal, incluye dentro de su estructura orgánica las secciones Quinta, seguridad presidencial; Séptima, escoltas; y la Coordinación de Seguridad, dedicados a garantizar la seguridad de dignatarios extranjeros. Además, son apoyados permanentemente por el personal del Cuerpo de Guardias Presidenciales y del 24 Batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales.

En caso de ser necesario, explica el documento oficial, es “factible” solicitar el apoyo de las autoridades de seguridad pública federales, estatales y municipales. Éstas, con un plan previamente elaborado y aprobado, pueden participar en las actividades de seguridad de referencia, siempre bajo la supervisión y control del EMP.

El directorio de la Presidencia de la República indica que el EMP lo encabeza Jesús Javier Castillo Cabrera, general de Brigada Diplomado de Estado Mayor y jefe del Estado Mayor Presidencial; Crisanto García, general brigadier diplomado de Estado Mayor y subjefe de Logística; Roberto Francisco Miranda Moreno, general brigadier diplomado de Estado Mayor y subjefe de Seguridad; y Mario Rodolfo Segura Villaseñor, general brigadier diplomado del Estado Mayor y subjefe administrativo.

Hasta ahora, las erogaciones para la seguridad de Calderón –integradas por el presupuesto del EMP, el “apoyo” y el “seguro de riesgos”– superan en 28 por ciento los gastos devengados por Vicente Fox Quesada en todo su sexenio. Mientras que de 2001 a 2006 se ejercieron 2 mil 25 millones 705 mil 968 pesos, de 2007 a 2011 se han gastado 2 mil 846 millones 4 mil 54 pesos.

Contralínea solicitó conocer la posición de la Presidencia de la República respecto del gasto en la seguridad de Calderón. Alejandro Caso Niebla, director General de Medios, sugirió formular las preguntas por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (sistema Infomex), en tanto conseguía algún funcionario que pudiera responder, “ya que la seguridad del presidente es un tema muy delicado”. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Más seguridad, menos trabajo

Los más de 2 mil 800 millones de pesos que se han suministrado para garantizar la seguridad de Calderón Hinojosa rebasan los presupuestos anuales de diversos programas de las secretarías del Trabajo, Agricultura, Salud y Educación.

Autonombrado “el presidente del empleo” –mientras intentaba conquistar al electorado mexicano en 2006–, Felipe Calderón ha depositado 1 mil 321 millones 828 mil 6 pesos más en su resguardo (durante su administración) que en la Promoción del Empleo. Este último renglón está etiquetado con una partida presupuestal de 1 mil 524 millones 176 mil 48 pesos en el PEF de este año.

Lo mismo ocurre con el Programa de Apoyo al Empleo –ambos, administrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social–, que en este ejercicio fiscal obtuvo una asignación de 1 mil 369 millones 95 mil 214 pesos, contra los 2 mil 846 millones 4 mil 54 pesos asignados para la seguridad del presidente.

Renglones que también llaman la atención son los del ramo educativo. De acuerdo con el Análisis funcional programático económico del PEF, los montos destinados a la producción y distribución de libros de texto gratuitos y al Consejo Nacional de Fomento Educativo son menores en casi 1 mil millones de pesos. El primero de estos programas obtuvo este año 2 mil 235 millones 956 mil 287 pesos, en tanto que el segundo, 1 mil 858 millones 326 mil 4 pesos.

El diputado Di Costanzo considera que los recursos especiales asignados para garantizar la seguridad e integridad se deben a que “tenemos un Ejecutivo que está buscando compensar el hecho de que no ha habido incrementos de sueldo”.

Visión del Estado Mayor Presidencial

Cumplir con eficiencia y eficacia las misiones generales que le impone su reglamento para salvaguardar la seguridad del presidente de Estados Unidos Mexicanos en el ámbito de los valores de la lealtad, la honestidad, la discreción y el profesionalismo, sustentados en los principios de institucionalidad, legalidad y disciplina.

Misiones generales

• Garantizar la seguridad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su familia, de los mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten la república mexicana, de los expresidentes de la república y de otras personalidades que, por la importancia de su cargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo federal; así como proporcionar el apoyo logístico inherente a las actividades anteriores.

• Apoyar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el desarrollo de sus actividades.

• Organizar las actividades conexas a la participación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y su señora esposa en actos oficiales, proporcionando los recursos humanos y materiales que se requieran en apoyo de sus actividades.

• Garantizar la seguridad de las instalaciones presidenciales.

• Desarrollar las actividades de inteligencia y contrainteligencia necesarias para el cumplimiento de las funciones del Estado Mayor Presidencial.

• Coordinar las actividades de conservación, mantenimiento y restauración de las instalaciones presidenciales a cargo del Estado Mayor Presidencial.

• Administrar los recursos presupuestales asignados por la Presidencia de la República para el desempeño de las actividades correspondientes.

Fuente: El Estado Mayor Presidencial. Cumplir con institucionalidad

Pasos para cuidar al presidente

“Visitar el sitio al cual irá el presidente para valorar los posibles riesgos y, en su caso, considerar los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad del jefe de Estado, todo lo cual queda plasmado en un plan de seguridad.

“Previamente a una actividad presidencial, supervisar el dispositivo planeado. Hacer ajustes de último momento con base en información reciente o la evaluación de la situación imperante.

“Adicionalmente, la Sección Quinta es responsable de la seguridad de la Residencia Oficial de Los Pinos, del área presidencial ubicada en Palacio Nacional, del hangar presidencial y de otras instalaciones donde resida o se encuentre temporalmente el Ejecutivo de la nación.”

Fuente: El Estado Mayor Presidencial. Cumplir con institucionalidad

Contralínea 219 / 06 de febrero de 2011

Discrecionalidad con recursos públicos

El titular del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes y Felipe Calderón. Discrecionalidad.

Ernesto Villanueva

A Juanita De Jesús, con mi solidaridad

MÉXICO, D.F., 24 de diciembre.- En entregas anteriores me he referido a este tema y he criticado y propuesto reformas respecto a los donativos gubernamentales (edición 1758) y los fideicomisos con recursos públicos (1767). La situación, sin embargo, sigue empeorando trimestre tras trimestre. Veamos.

Primero. Es importante recordar que, por la propia naturaleza jurídica del fideicomiso, se necesita un esfuerzo mayor para ejercer escrutinio social y exigir rendición de cuentas sobre el gasto público que ejercen directamente los poderes del Estado y sus organismos autónomos. Este asunto no es menor. Hasta el 30 de septiembre pasado existían 367 fideicomisos o análogos en el ámbito federal con fondos que ascendían a 384 mil 129 millones de pesos. El destino de esa cifra multimillonaria no requiere de mucha explicación: 121 mil millones 240 millones de pesos eran para el pago de pensiones, distintas a las otorgadas por el IMSS, el ISSSTE y otros sistemas de seguridad social; 22 mil 551 millones correspondían a “prestaciones laborales” de los servidores públicos, adicionales a los sueldos previstos en el Presupuesto de Egresos; 28 mil 808 millones se hallaban reservados para “subsidios y apoyos” (rubro en el que todo cabe) y 70 mil 293 millones de pesos eran para “apoyos financieros”.

De la misma manera, se han generado mecanismos para evitar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones en Materia de Seguridad. El Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves tiene fondos que llegan a 4 mil millones de pesos. ¿Usted creería como acto de fe que el secretario Genaro García Luna invertirá esos recursos con toda pulcritud pensando en el bienestar de México? ¿No será razonable pensar que haya alguna posibilidad –así sea muy remota– de que la opacidad puede permitir corrupción e impunidad al amparo de la “seguridad”?

Segundo. En materia de donativos que se otorgan con recursos públicos, la discrecionalidad prevista en la ley permite asignar parte del erario sin ningún mecanismo de evaluación, pertinencia y oportunidad. Esta circunstancia coadyuva a desnaturalizar la función del Estado. Un análisis del tercer informe trimestral del gasto público de 2010 permite, de entrada, observar que organizaciones sociales y grupos de interés reciben donativos y ayudas millonarias.

Así, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social subsidia a la Asociación de Apoyo a Jubilados y Pensionados del MUNJP, A.C., a la cual le donó en el tercer trimestre de este año 5 millones 210 mil pesos para “apoyar las funciones propias de la asociación”; en tanto que el ISSSTE sigue manteniendo relaciones inadecuadas con su sindicato, al cual le donó durante el mismo periodo 4 millones de pesos para “apoyar actividades de seguridad social”, además de otorgar un donativo de 3 millones 500 mil pesos a la Asociación Nacional de Servicio Voluntario, A.C., que preside la esposa del director general del propio ISSSTE. ¿No existe aquí en principio un conflicto de interés?

Por su parte, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) mantiene su política de apoyar a quienes tienen muchas otras formas de financiar sus actividades. En 2009 asignó un donativo de 24 millones de pesos a Radiodifusoras y Televisoras de Occidente, A.C. (agrupación que organiza a los industriales de la radio y televisión de Jalisco), y en este 2010 dicho apoyo ascendió a 35 millones de pesos. Asimismo, Conaculta ha donado este año 10 millones de pesos a Sumando Amor, A.C., con el aparente fin de emplearlos en la remodelación de la antigua Basílica de Guadalupe.

“Sumando Amor es una asociación civil legal y transparente que busca recaudar fondos en dinero, ayuda en especie y esfuerzo por parte de la sociedad mexicana”, expresó en un boletín fechado el 12 de octubre de 2007 el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México. ¿Por qué debe Conaculta regalar dinero que no es suyo a empresarios y a la Iglesia católica? ¿Dónde quedó la separación de la Iglesia y el Estado consagrada en la Constitución?

Tercero. La falta de un adecuado control de donativos y fideicomisos propicia tráfico de influencias, conflictos de interés y muchas otras formas de corrupción. De ahí, por tanto, la urgencia de que se reforme la ley para que en materia de donativos se establezcan comisiones dictaminadoras y criterios de asignación, seguimiento y evaluación de proyectos. Además, en materia de fideicomisos con recursos públicos debe eliminarse el secreto fiduciario, de tal suerte que más temprano que tarde esta figura legal pierda su sentido cuando estén en juego recursos de la sociedad. Sólo así se podrían dar, en este campo, pasos efectivos en materia de transparencia que ahora no existen. l

evillanueva99@yahoo.com

Mario Marín Torres y Ulises Ruiz Ortiz lavaron 30 mil millones de pesos a través de la Casa de Bolsa Vector

El manejo discrecional de recursos que han hecho ambos gobernadores que concluirán su gestión próximamente ha conmocionado a la opinión pública nacional, tras ser exhibidas las sumas millonarias de dinero proveniente del erario utilizadas en beneficio personal y de empresarios prestanombres.
Acento veintiuno exhibió en sus ediciones 3, 4 y 5 la fortuna del mandatario estatal Mario Marín Torres, que asciende a más de 15 mil millones de pesos, y ha dado un puntual seguimiento a diversas inversiones inmobiliarias y financieras.La mayoría de los casos tiene sus orígenes en manejos financieros tales como fondos de inversión, mercado de capitales, cambio de divisas, banca de inversión, financiamientos corporativos e inversión en mercados globales con cifras tasadas en cientos de millones de pesos y de dólares, y que aparecen a nombre de sociedades fantasma y de particulares cuyo común denominador es laCasa de Bolsa Vector SA de CV.Autoridades financieras de Estados Unidos detectaron lo anterior tras investigar a la subsidiaria Vectormex International Inc, que realiza operaciones en ese país.Esto forma parte de una amplia investigación derivada del análisis financiero de la calificadora internacional Standard and Poor`s (S&P) que reportó serias irregularidades de la Casa de Bolsa Vector en los últimos dos años.
Standard and Poor?s detectó que a pesar de que las condiciones en los mercados internacionales eran desfavorables la Casa de Bolsa Vector continuaba en franco crecimiento.Standard and Poor?s calificó como injustificado el crecimiento ya que otras financieras internacionales reportaban serias pérdidas, mientras que Casa de Bolsa Vector registró un aumento en sus activos del 4.3 y 6.7 por ciento durante el año 2009, en comparación con el año anterior.De acuerdo con ese análisis Vector aparecía como una empresa con alta volatilidad en años recientes, resultado de sus ingresos y gastos no recurrentes por litigios judiciales y operaciones extraordinarias.Sin embargo, autoridades estadounidenses y mexicanas detectaron que su base de capital (clientes) no creció de forma importante los últimos años, pero a diferencia de otras Casas de Bolsa reportó altos ingresos que se ubicaron en el 61.4 por ciento al cierre de febrero de 2010.
Eso contrastó de manera radical con la mayoría de Casas de Bolsa calificadas por Standard and Poor?s que presentaron ingresos promedio en la industria de tan sólo un 26.7 por ciento durante el mismo periodo.Esto último encendió las alertas de autoridades de inteligencia financiera de México y Estados Unidos, ya que de forma extraña Casa de Bolsa Vector mantuvo un retorno de ingresos a sus clientes de tan sólo el 15.6 por ciento al cierre del primer trimestre de 2010.Esa tasa de retorno difícilmente resultaría atractiva para conseguir un aumento significativo de accionistas, pues el promedio de las demás Casas de Bolsa, con un consumo de capital similar al de Vector, sostuvieron en el mismo periodo un 31.2 por ciento de retorno.De acuerdo con ese comparativo, los inversionistas de Vector inyectaron el doble de dinero en esa Casa de Bolsa, en comparación con su competencia, algo ilógico ya que aparentemente estuvieron dispuestos a perder la mitad del retorno de sus ingresos que en los mercados financieros se explicaría únicamente en los casos de lavado de dinero.En estricto sentido financiero sólo esta práctica justificaría invertir millonarias cantidades de dinero y sacrificar la mitad de sus ganancias, sobre todo existiendo otras opciones que ofrecen el doble de rendimiento, como explica el analista financiero Steven Paul Phillips a Acento veintiuno."Cuando se trata de borrar el rastro de dinero público, no es necesario perseguir grandes utilidades", señala Phillips.

EL INICIO DE LA HISTORIA Casa de Bolsa Vector, que era propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, inexplicablemente recibió durante las gestiones de Mario Marín Torres, en Puebla, y Ulises Ruiz en Oaxaca, constantes inversiones tasadas en cientos de millones de pesos provenientes del erario.

En el año 2007, el gobierno poblano recibió un excedente de 9 mil millones de pesos por encima de lo presupuestado, derivado de ingresos petroleros que Marín Torres invirtió en su mayoría de manera irregular en Casa de Bolsa Vector.Al mismo tiempo, sospechosamente ingresó como parte del Consejo de Administración y Consejero Propietario de la empresa Gerardo María Pérez Salazar, secretario de Finanzas de la administración estatal de Puebla.Desde entonces, las cantidades canalizadas por el gobierno de Puebla a Vector rebasaron los 15 mil millones de pesos, que finalmente terminaron en cuentas de sociedades fantasmas y en manos de particulares mediante la alquimia financiera de esa casa de bolsa.A pesar de que en el mercado financiero existían mejores opciones, como el caso de Ixe que ofrecía utilidades sobre el 31.2 por ciento, a Marín Torres no le interesaron las pérdidas que alcanzaron cientos de millones de pesos al recibir solo de Vector el 15.6 por ciento, que representa la mitad de utilidades que inexplicablemente dejó de recibir.Entre las graves irregularidades que arrojan estas multimillonarias inversiones están los más de 15 mil millones de pesos que no aparecen en las arcas del gobierno de Puebla ni en los balances financieros de Casa de Bolsa Vector, pues tales ingresos figuran a nombre de particulares al frente de sociedades anónimas y financieras, así como en inversiones en el sector inmobiliario, turístico y aeroportuario en dos continentes.Marín Torres avaló las millonarias inversiones en Vector, que en realidad sirvieron como pago para obtener un puesto en el Consejo de Administración y de esa forma operar el desvío de recursos de las arcas del gobierno estatal que provenían de excedentes de participaciones federales para fortalecer rubros de salud, educación, desarrollo social y otros.Ese dinero nunca se destinó a esas áreas ya que se empleó para la compra accionaria en Vector, confirmó a Acento veintiuno un director de área de la Secretaría de Finanzas del estado de Puebla, quien pidió el anonimato hasta la salida del actual gobierno.
Esa fuente aseguró que las cuentas e inversiones que canalizó el gobierno de Mario Marín las operó Margarita Rojas Palacios, administradora general de Vector y pareja sentimental de Gerardo Pérez Salazar, ahora convertido en principal accionista de esa Casa de Bolsa."En realidad existe un faltante a lo largo del sexenio, que rebasa los 15 mil millones de pesos, que ya no se encuentran en ninguna Casa de Bolsa ni en inversiones a nombre del gobierno poblano, y que durante todo el sexenio de Marín Torres se fueron de manera paulatina canalizando y triangulando en inversiones de supuesto alto riesgo, que al final lograron desaparecer esta millonaria suma", reveló el funcionario entrevistado.Para sustentar lo anterior entregó una copia detallada y expedida por la Condusef, que acredita a los principales accionistas de Casa de Bolsa Vectorregistrados ante la Secretaría de Hacienda con la clave 013026.
En ese documento se destaca como consejero propietario Gerardo María Pérez Salazar, hecho que coincide con la declaración del secretario de Finanzas, durante su comparecencia ante el Congreso local.El funcionario Gerardo María Pérez Salazar admitió que la Secretaría a su cargo invirtió de manera directa en Casa de Bolsa Vector recursos millonarios propiedad de todos los poblanos, lo cual justificó, con el argumento de que Vector ofrecía una tasa "más alta de rendimiento en comparación con otras casas de bolsa".El titular de Finanzas mintió a los diputados del Congreso poblano ya que el dictamen de la calificadora S&P del pasado 22 de julio de 2010, exhibe que Vector pagaba un rendimiento 50 por ciento menor al de cualquiera de sus competidores.
Las operaciones realizadas por el secretario de Finanzas de Puebla de manera recurrente en la Casa de Bolsa, configuran los delitos de peculado, lavado de dinero y malversación de fondos. Acento veintiuno incluye en su edición el documento que S&P le otorgó a Vector en julio pasado.
Asimismo autoridades de inteligencia financiera detectaron sumas millonarias provenientes del gobierno de Oaxaca a cargo de Ulises Ruiz Ortiz, que utilizó un esquema financiero similar al de Marín Torres.El mandatario oaxaqueño canalizó los excedentes de aportaciones federales para rubros del desarrollo social hacia inversiones que no están registradas en las arcas o libros del gobierno del estado.La cifra que Ulises Ruiz Ortiz desvió hacia la Casa de Bolsa Vector asciende a 16 mil 500 millones de pesos.
Esas operaciones en su mayoría terminaron en manos de particulares y sociedades financieras que a su vez invirtieron en el sector inmobiliario en diversos países para borrar los rastros.En el siguiente reportaje, Acento veintiuno presentará el resultado de investigaciones de parte de autoridades de estadounidenses a operaciones financieras e inmobiliarias realizadas por Vectormex Internacional Inc. en más de cinco países que han sido señaladas como propiedad del dúo Mario Marín Torres y Ulises Ruiz Ortiz.

Los fideicomisos

Cordero. Discrecionalidad.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 17 de septiembre.- El informe del ejercicio del gasto público que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados reproduce la gran discrecionalidad con la que se manejan los fideicomisos y nos recuerda la imperiosa necesidad de proceder a regular exhaustivamente esta forma de ejercer el presupuesto federal. Veamos.

Primero. El grupo temático más amplio de los fideicomisos al 30 de julio del presente año corresponde al rubro de pensiones (31.6%), el cual tiene una disponibilidad de 123 mil 231.4 millones de pesos para mandos superiores o equivalentes de organismos descentralizados, entre ellos varios bancos estatales en proceso de extinción, como Banrural, Banobras y Bancomext. Por el contrario, el fideicomiso creado en 2008 para el pago de “beneficios” a los deudos de militares caídos en la lucha contra el crimen organizado asciende a 232 millones de pesos. Así, hasta la fecha indicada se habían pagado 72 “beneficios” por 180 mil pesos cada uno. Prácticamente la vida de un oficial militar equivale a dos meses promedio de un pensionado de Banobras. Asimismo, el Instituto Mexicano del Petróleo, una pequeñísima entidad paraestatal, tiene, por ejemplo, un fideicomiso para pensiones con una disponibilidad de 611 millones de pesos. Ello pone de relieve la poca importancia que, comparativamente, el gobierno de Calderón da a la vida de los militares y a sus familias.

En el colmo del absurdo, el gobierno de Calderón destina mayores recursos para “apoyos financieros” a los empresarios que a la seguridad económica de las familias de los militares, toda vez que, por ejemplo, a la fecha el fideicomiso de fomento industrial dispone de 258 millones 692 mil pesos destinados a las pequeñas y medianas empresas, para el impulso de las cuales el gobierno federal funge como aval en la contratación de los créditos que requieren.

Segundo. Llama la atención cómo se busca financiar a las empresas privadas para que realicen proyectos que, en todo caso, debería emprender el gobierno federal mediante sus múltiples dependencias y entidades. En esa lógica se inscribe el fideicomiso privado “Gonzalo Río Arronte y Fomento Social Banamex”, el cual tiene una disponibilidad de 48 millones de pesos bajo el concepto de “subsidios y apoyos” destinados a “lograr mejores condiciones de salud de los escolares, con énfasis en los grupos indígenas, rurales y urbanos de bajos recursos”. En otras palabras, esto se ha convertido en un negocio redondo para los grandes empresarios, habida cuenta que, por un lado, reciben dinero del erario para actividades sociales y, por el otro, ese mismo dinero lo deducen del pago de impuestos.

Y es que el gobierno mexicano es en verdad generoso. Tiene un fideicomiso con el que, bajo el rubro “apoyos financieros”, se otorgaron mil 229 millones de pesos a la Fundación Rockefeller, Fomento cultural Banamex, para “apoyar intercambios culturales”. De acuerdo con los datos oficiales, una vez ejercidos tales recursos, se encuentra en proceso de extinción el fideicomiso referido. También se ha creado un fideicomiso para “recompensas” con una disponibilidad de mil 500 millones de pesos. De allí se pagaron, este año, dos recompensas por información “valiosa” para detener a presuntos responsables de la comisión de delitos federales. En el rubro de donativos, el gobierno de Calderón es congruente con su política de repartir dinero entre quienes no lo necesitan. Así se explica cómo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó un donativo a TV Azteca, para la campaña “Limpiemos nuestro México”, por 4 millones 800 mil pesos.

Tercero. Es necesario reiterar lo que he señalado en estas páginas sobre la fiscalización y vigilancia del gasto público. La creación de fideicomisos e instrumentos análogos sigue siendo una salida hacia la opacidad que incentiva la corrupción y la impunidad. Hay que eliminar el secreto fiduciario cuando se trate de fideicomisos públicos. Lo mismo habría que señalar por lo que hace a los donativos. Deben establecerse reglas de operación racionales y con el concurso de la sociedad para evitar que el mundo de lo absurdo siga gozando de cabal salud. Es indispensable ampliar las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación; es preciso incrementar el presupuesto etiquetado para labores de auditoría y, por supuesto, brindar las garantías jurídicas para que en el desempeño de su labor los servidores públicos de la Auditoría Superior no estén sujetos a presiones políticas, que suelen inhibir acciones de largo aliento.

En los estados de la federación se impone igualmente hacer una cirugía mayor en el diseño institucional, pues en buena parte de ellos la opacidad, la colusión, la corrupción y la impunidad son la regla general. Rafael Moreno Valle, en Puebla; Gabino Cué, en Oaxaca, y Mario López Valdés, en Sinaloa, tienen la oportunidad de desmontar las bases de la simulación, acción indispensable para iniciar la construcción de un régimen democrático. Veremos.

evillanueva99@yahoo.com

En un trimestre, gobierno federal engulle 64 mil MDD en “prestaciones”

La administración de Felipe Calderón gastó más de 64 mil millones de pesos en “prestaciones” de los servidores públicos durante el último trimestre de 2009. Tan sólo la “gratificación de fin de año” de toda la burocracia implicó 20 mil millones de pesos. De las entidades públicas, la Comisión Federal de Electricidad fue la que más presupuesto ejerció, al sumar más de 10 mil millones de pesos. El año pasado, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que diversas gratificaciones son manejadas de manera opaca y discrecional

Érika Ramírez

Son 214 dependencias gubernamentales las que, cada trimestre, gastan del erario más de 64 mil millones de pesos en el pago de prestaciones. El aguinaldo o la gratificación de fin de año encabezó la lista a finales de 2009, con más de 20 mil millones de pesos; el concepto “otras prestaciones” ocupó el segundo sitio con casi 13 mil millones de pesos, y las “previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos” significaron un egreso mayor a los 4 mil millones de pesos cada periodo.
El documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) al cuarto trimestre de 2009, revela que la Comisión Federal de Energía (CFE) fue la que más recursos destinó a sus funcionarios: 10 mil 621 millones 349 mil 263 pesos.
La CFE, que controla desde el 11 de octubre pasado el suministro de energía eléctrica en el país –con la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro–, ocupa el 16.53 por ciento del total del gasto del gobierno federal: 64 mil 245 millones 152 mil 31 pesos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) –la paraestatal más importante del país– entregó a la SHCP diversos informes de sus egresos y de sus subsidiarias. Sólo el monto identificado como “consolidado” muestra que la petrolera gastó 7 mil 660 millones 65 mil 324 pesos por cinco beneficios: aguinaldo, estímulos por productividad, prima de vacaciones, Sistema de Ahorro para el Retiro y “otras prestaciones”.
Esta última figura –que no especifica claramente el destino de los recursos públicos– es ocupada por 182 dependencias: secretarías de Estado, entidades paraestatales y organismos descentralizados. De octubre a diciembre del año pasado, significó un desembolso de 12 mil 875 millones 730 mil 524 pesos. El “consolidado” de Pemex indica que fue la paraestatal que más recursos justificó bajo ese título, por 3 mil 261 millones 634 mil 137 pesos.
La Secretaría de Educación Pública, bajo el mandato de Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, asignó al rubro de prestaciones 4 mil 777 millones 858 mil 189 pesos. Las gratificaciones se desahogaron a través de 36 rubros, de los que se asignaron 1 mil 198 millones 48 mil 497 pesos que fueron entregados bajo el concepto de estímulo por antigüedad.
La opacidad
El informe Áreas de opacidad y riesgo. Oportunidades de mejora, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuestiona la manera de asignar las remuneraciones de los servidores públicos que se allegan de recursos bajo diversos conceptos como: sueldo, sobresueldo, compensaciones, bonos y ayudas diversas, consistentes en vales de despensa, gasolina, despensas navideñas, comida de fin de año, exenciones fiscales y otro tipo de prestaciones complementarias de carácter especial.

Y es que dice el máximo órgano de fiscalización que la “existencia de regímenes distintos, y en algunos casos de excepción en los poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, complica, confunde y refleja una alta opacidad y un exceso de discrecionalidad en materia de remuneraciones, debido a la falta de criterios universales que sean aceptados y observados en toda la administración pública”.
Según el desglose de prestaciones que tienen los funcionarios de las 214 dependencias gubernamentales, son 92 conceptos en los que se distribuyen los beneficios a los empleados de la administración pública federal.
Del pago de aguinaldo, por 20 mil 326 millones 272 mil 525 pesos, siguen las “otras prestaciones”, con 12 mil 875 millones 730 mil 524 pesos; luego, las “previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnología y de adultos”, por 4 mil 362 millones 477 mil 773 pesos.
Las “prestaciones de retiro” sumaron 4 mil 235 millones 192 mil 313 pesos; en tanto que la “prima de vacaciones y dominical” significó un gasto de 2 mil 723 millones 608 mil 642 pesos, y los “estímulos por antigüedad” representaron un egreso de 2 mil 377 millones 732 mil 75 pesos.
El diagnóstico, elaborado por Arturo González de Aragón al final de su gestión al frente de la ASF, precisa que entre los rubros vinculados con las percepciones de los servidores públicos que han sido afectados por una asignación arbitraria, se encuentran las jubilaciones y pensiones.
De éstas, el máximo órgano de fiscalización del país determinó que “en muchas ocasiones se han otorgado sin cumplir los requisitos y la antigüedad correspondiente, así como a los regímenes de liquidación al finalizar el encargo de los servidores públicos, mediante los cuales se otorgan recursos desproporcionados en relación con lo establecido en la ley”.
Las prestaciones
Los incentivos de los servidores públicos son distribuidos, también, bajo el título de apoyo, beca, compensación, estímulo, premio, subsidio, seguro, entre otros. Con estos rubros se cubren gastos funerarios, anteojos, juguetes, despensas, transporte, canastas navideñas y subsidios por “costos de vida cara”.

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En México, funcionarios "Gallina"

En lo oscurito, las comparecencias en torno al narco......donde esta la supuesta "RENDICION DE CUENTAS"?

*Comparecerán ante el Senado titulares de la Defensa, Marina, SSP y de la PGR
Discutirán en secreto estrategia fallida de la lucha antinarco
*El tema “no es asunto de pláticas públicas ni materia de conferencias de prensa”: Navarrete
*Se comprometen los legisladores a no divulgar lo tratado en la reunión ni abrir el debate

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, a su arribo al foro Espacios Ciudadanos sobre la Reforma Política.

Andrea Becerril

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, confirmó que los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública federal y Gobernación, así como el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), comparecerán ante ese órgano legislativo la próxima semana, con el compromiso de los legisladores de que lo tratado en el encuentro no se divulgará ni será motivo de debate.
La comparecencia será privada y se realizará a puerta cerrada, porque el tema de la seguridad nacional “no es asunto de pláticas públicas ni materia de conferencias de prensa”, advirtió el senador perredista.
La decisión de realizar a puerta cerrada la comparecencia de los cinco funcionarios del gabinete de seguridad nacional fue impulsada un día antes por los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI, Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente.
Ayer Navarrete Ruiz justificó el acuerdo. Sostuvo que el mejor formato es la comparecencia de los funcionarios a puerta cerrada y sólo con los miembros del órgano de gobierno del Senado –además de los tres senadores de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional–, porque sólo así podrán “entrar en la materia y tener acceso a información privilegiada”.
Insistió: “la información de seguridad nacional no debe ser motivo de debate público ni legislativo, sino de conocimiento de los órganos del Senado. Habrá discreción de los grupos parlamentarios para comentar sólo lo que sea posible”.
También se acordó que el Canal del Congreso no grabe la comparecencia.
Información a detalle
El también coordinador de los senadores del PRD detalló que los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado pretenden entrar a fondo sobre la situación que priva en Ciudad Juárez, Chihuahua; conocer los nuevos esquemas que el gobierno pretende poner en marcha; recibir un informe detallado acerca de qué fuerzas del Ejército y de las corporaciones policiacas están desplegadas en el país, cuáles son los resultados y dónde está fracasando la estrategia.
Reveló que ayer se comunicó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con el propósito de precisar los detalles de la comparecencia, que se llevará a cabo en la casona de Xicoténcatl la próxima semana.
Explicó que será una reunión intensa, sin límite de tiempo, con la finalidad de que los senadores conozcan a detalle las acciones que el gabinete de seguridad lleva a cabo para frenar el avance de la violencia y la criminalidad.
Por separado, el senador del PRI por Chihuahua, Fernando Baeza, explicó que a su bancada le interesa que los integrantes del gabinete de seguridad nacional expliquen con claridad qué pasa con la estrategia de combate a la delincuencia, porque es realidad innegable que ha fracasado, además de qué van a hacer para enfrentar la escalada de violencia, que alcanzó su punto más dramático con la matanza de jóvenes en Ciudad Juárez.
Por principio, expuso, se debe despolitizar la lucha contra el crimen organizado y acabar con “la soberbia del gobierno federal” que pretende pasar por encima de las autoridades estatales. Ya se demostró que fue un error meter al Ejército en el combate al narcotráfico.
En tanto, el senador perredista Silvano Aureoles comentó que espera que la información que proporcionen los secretarios de la Defensa, la Marina y Seguridad Pública, así como el procurador general de la República, sea precisa y veraz, porque no tendría sentido “que lleguen con discursos que no corresponden a la realidad”.
Urge más gasto en seguridad
El senador Francisco Labastida Ochoa, del PRI, señaló que se requiere un mayor gasto e inversión en materia de seguridad pública e impartición de justicia.
Planteó que se requiere ampliar los reclusorios, que tienen un déficit de 50 mil lugares; dividir a los reos de alta y baja peligrosidad, y readecuar muchos centros de readaptación.
Además debe llevarse a cabo “un gran programa de capacitación y depuración de las policías estatales”, mejorar sueldos y prestaciones de los agentes, incluyendo seguros de vida y programas de vivienda.
En materia judicial, agregó Labastida Ochoa, se requiere abatir el rezago en los juzgados y destinar recursos para poner en marcha el sistema basado en los juicios orales. Todo esto, detalló, cuesta entre 0.5 y uno por ciento del producto interno bruto.

México, reprobado en trasparencia presupuestaria

Carencia de información presupuestaria, contralorías ineficientes en el combate a la corrupción y la nula inclusión de los ciudadanos en la discusión presupuestaria son las causas de la deficiente transparencia presupuestaria en México. Las consecuencias: obstaculización para exigir una rendición de cuentas, proclividad al manejo discrecional de recursos públicos y uso político de las instancias oficiales de vigilancia.

Mayela Sánchez

La falta de información sobre los indicadores en los que se basan las asignaciones presupuestarias y las estimaciones macroeconómicas, la ineficiencia de la Secretaría de la Función Pública y las limitaciones de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar y hacer rendir cuentas a la administración pública federal, así como la ausencia de mecanismos de consulta ciudadana en la formulación presupuestaria son elementos que abonan para que México tenga una baja calificación en transparencia presupuestaria, de acuerdo con el informe de 2009 del Índice latinoamericano de transparencia presupuestaria (ILTP).
El documento, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, señala que la crisis económica evidenció las deficiencias de la política pública, particularmente la presupuestaria, “pues resaltó los problemas sistémicos de la política fiscal y la falta de información disponible para explicar las decisiones presupuestarias”.
Parte de estas fallas son los errores en las estimaciones macroeconómicas, cuya base de cálculo no se da a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el ILTP, lo que acarrea problemas para la planeación y cumplimiento de los objetivos de política pública a mediano y largo plazo. De 2003 a 2008, el cálculo incorrecto del precio del petróleo generó ingresos excedentes por cerca de 1 mil 536 millones de pesos, que fueron distribuidos “a discreción del Ejecutivo” sin que se reportaran mejoras sustanciales en los indicadores de crecimiento y pobreza. “Por ello, durante 2009, cuando los ingresos del sector público cayeron drásticamente, se evidenció el mal ejercicio de estos recursos, ya que los fondos de reservas no fueron suficientes para mitigar el impacto de la crisis”, detalla el documento.
Para José María Marín, investigador de Fundar y coordinador del ILTP 2009, el presupuesto es la cristalización de la política pública, ya que en ella se definen “con pesos y centavos” las prioridades del gobierno, por lo que es de suma importancia conocer a fondo la información presupuestaria: cómo se elabora, cómo se determina, cómo se fiscaliza. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda no publica los indicadores en los que se basan las asignaciones presupuestarias anualmente; tampoco hay claridad respecto de cómo incide la información de su Sistema de Evaluación de Desempeño para determinar los montos presupuestales de los programas del gobierno.
En su informe de 2008, un estudio de la Open Budget Initiative, llamado Índice de presupuesto abierto, señaló que en México es difícil dar seguimiento a la información sobre gasto, recolección de impuestos y préstamos durante el año, pues el gobierno provee sólo “alguna información” presupuestal a los ciudadanos, lo que obstaculiza la exigencia de rendición de cuentas. A pesar de que en el país sí hay una publicación periódica de informes detallados, el índice considera que el informe semestral “carece de detalles importantes”, al igual que el informe anual, lo que impide comparaciones útiles entre lo que se presupuesta y lo que en realidad se recolecta y se gasta.
Contralorías sin control
Este año México obtuvo 48 puntos en el ILTP, su calificación más baja en las cinco ediciones que se han realizado de este estudio. No obstante, los datos disponibles muestran que de 2003 a 2009 no ha habido un progreso importante en transparencia presupuestaria en el país, pues su nivel más alto ha sido de 53.7 puntos en 2005, mientras que Costa Rica pasó de 67 puntos en 2007 a 69 puntos este año, y Colombia creció 8 puntos en el mismo periodo.
En los resultados de México, una de las variables con menor puntaje fue la evaluación de la contraloría interna, que obtuvo sólo 10 por ciento de aprobación. Esta calificación alude al trabajo de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control interno de la administración pública, que “ha demostrado ser incapaz de combatir la corrupción, transparentar y hacer rendir cuentas al gobierno de manera oportuna y eficiente”, señala el índice.
De haberse aprobado la iniciativa –propuesta por Felipe Calderón– de suprimir esta secretaría y convertirla en una contraloría que dependiera directamente del presidente de la república, se habría profundizado su falta de autonomía frente al Poder Ejecutivo y mermaría su margen de acción y efectividad, menciona el ILTP. Aunque la propuesta fue rechazada por el Senado el pasado 3 de diciembre, la posible vulneración a la autonomía de la secretaría no fue discutida en la impugnación, sino que ésta fue motivada por el nulo impacto económico que su desaparición implicaba.
Para la doctora Irma Eréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, esta secretaría no sólo depende ideológica, programática y políticamente de las decisiones del Ejecutivo, sino que ha servido como “trampolín político” para que sus dirigentes salten a otras posiciones dentro del partido en el gobierno.
ASF baja puntuación
En cuanto a la evaluación del órgano de control externo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) retrocedió nueve puntos en el ILTP, al pasar de 43 por ciento en 2007 a 34 por ciento este año, debido a la poca evidencia de su efectividad para combatir la corrupción y aumentar la rendición de cuentas.
Marín atribuye lo anterior a las limitadas capacidades de la auditoría, pues aunque “hace su trabajo bien”, no tiene la facultad de obligar a las dependencias auditadas a acatar las observaciones hechas en los informes de revisión de la Cuenta Pública.
Aunque el índice no lo señala, el desempeño de la auditoría también se ha visto empañado por la acusación que hicieron integrantes de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF en contra del auditor, Arturo González de Aragón, por el conflicto de intereses en que incurrió, ya que el despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC (fundado por él y operado actualmente por sus hijos), ha sido contratado por diversas dependencias del gobierno federal que también han sido auditadas por la ASF en la gestión de González de Aragón.
El auditor superior de la federación también omitió investigar el desvío de recursos de Lotería Nacional a la fundación Vamos México, presidida entonces por la esposa del expresidente Vicente Fox, Marta Sahagún. Tampoco investigó el supuesto tráfico de influencias de los hijos de Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, para que dependencias federales favorecieran con contratos a la empresa Construcciones Prácticas, con la que estaban vinculados.
Además, pesan cuestionamientos sobre las supuestas recuperaciones que la ASF habría hecho a dependencias de la administración pública federal, que para 2007 sumarían más de 35 mil millones de pesos, de acuerdo con datos del informe del ILTP. Sin embargo, Contralínea documentó en mayo pasado (número 133) la simulación de dichos resarcimientos a la hacienda pública, como argumento esgrimido por la auditoría para exigir más presupuesto.
Presupuesto y participación ciudadana
La participación de los ciudadanos en la formulación del presupuesto es el aspecto “peor evaluado” del ILTP 2009, con sólo 5 por ciento de aprobación. El documento concluye que en México no existe una práctica sistemática de consulta a la población, impulsada por los legisladores o el Ejecutivo. En opinión de Marín, el que la discusión presupuestaria sea una negociación a puerta cerrada constituye un mecanismo de exclusión, y sólo en la medida en que éste desaparezca habrá un presupuesto más transparente e incluyente.
Marín y Sandoval coinciden en que la formalización de la participación ciudadana en la formulación presupuestaria es posible, y ponen como ejemplo las experiencias de otros países. Desde el año pasado, Ecuador ha emprendido reformas en sus finanzas públicas y ha favorecido la transparencia y la participación ciudadana a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuya función es promover el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, el establecimiento de mecanismos de control en asuntos públicos e incluso la designación de algunos cargos.
Un mecanismo de mayor incidencia ciudadana en las decisiones sobre gasto público ha sido el presupuesto participativo, mediante el cual las personas colaboran directamente en la definición del destino del presupuesto. Esta fórmula fue adoptada desde finales de la década de 1980 en comunidades de Brasil, y de acuerdo con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para 2004 había 250 ciudades en Latinoamérica que aplicaban este sistema, la mayoría de ellas brasileñas. Actualmente Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú impulsan a nivel local proyectos de esta naturaleza.
En México, la participación ciudadana en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo está prevista en los artículos 20 y 20 bis de la Ley de Planeación. En ellos se estipula “la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan”. De acuerdo con la ley, a las comunidades indígenas se les consultarán previamente los asuntos que las afecten directamente.
Transparencia, no sólo es una cuestión de leyes
“Aunque un marco normativo sólido es un requisito necesario, no es suficiente para garantizar la transparencia”, sentencia el informe del ILTP. Para la doctora Sandoval, especialista en transparencia y rendición de cuentas, la transparencia no es sólo una cuestión técnica que mide la eficacia de la administración pública o el manejo de los recursos, sino que es, sobre todo, una cuestión de convicción y voluntad política que ningún actor político ha intentado comprender. La especialista lamenta que en México predomine una transparencia “de aparador”, que da un “uso legitimador y político del término, pero no una práctica a conciencia para la rendición de cuentas”.

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Discrecional adquisición de bienes nacionales por extranjeros

Nydia Egremy

De manera discrecional el gobierno mexicano autoriza a extranjeros la adquisición de tierras, minas y aguas. Especialistas demandan legislar para que se acabe con los permisos arbitrarios. Por permisos de explotación, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe 11 millones de pesos.

El dominio de extranjeros sobre el suelo y subsuelo mexicanos que desde 1996 permitió el Acuerdo Desregulatorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido por los entonces secretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, José Ángel Gurría y Herminio Blanco, fue el punto de partida de 13 años de reformas legales para permitir el acceso a bienes inmuebles, explotación de recursos mineros y de aguas nacionales a ciudadanos de otros países. A cambio, la cancillería reportó ingresos, por expedir esos permisos, que en el primer semestre de 2007 representaron 11 millones 694 mil 3 pesos, conforme a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al respecto, el académico y especialista en derecho Raúl Carrancá y Rivas considera que la Cámara de Diputados podría, y debería, presentar una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución para limitar la venta del patrimonio de México, “habida cuenta de que implica un abuso y una concesión que va más allá del espíritu constitucional de parte del Estado para darles esos beneficios a los extranjeros”. Agrega que, “políticamente, esto es muy propio del panismo en el poder desde Fox. El Estado maneja una política discrecional, por lo que hay que quitarle la discrecionalidad mediante esa reforma al (artículo) 27. No hay otro camino”.
Fue el 22 de octubre de 1996 –19 meses después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte– cuando ese Acuerdo Desregulatorio abrió la posibilidad para que personas físicas o morales extranjeras adquirieran bienes inmuebles en territorio nacional, obtuvieran concesiones para explotar minas y aguas o constituyeran fideicomisos fuera de la zona restringida del territorio nacional. Se determinó entonces que correspondía a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aplicar esa nueva norma a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos; la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial actuó en el mismo sentido, a través de su Unidad de Desregulación Económica.
A pesar de que el artículo 27 constitucional impide a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, zona conocida como restringida, el gobierno de Ernesto Zedillo impulsó el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles localizados fuera de esa áreas a los extranjeros que se constituyeran en un fideicomiso, bajo el Título Segundo de la Ley de Inversión Extranjera.
Adicionalmente al Acuerdo Desregulatorio de 1996, el 2 de marzo de 1998 se promulgó el Acuerdo General que permite “a los nacionales de aquellos países, con los que los Estados Unidos Mexicanos sostiene relaciones diplomáticas, beneficiarse de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 10-A de la Ley de Inversión Extranjera”. Esa norma establece que los extranjeros que pretenden adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida sólo deben presentar ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE una solicitud por escrito en el que convengan lo que dispone la Constitución.
Permisos sin límite
De acuerdo con el sitio electrónico de la cancillería, ésta otorga permisos a los extranjeros para constituir fideicomisos y obtener el dominio de inmuebles en territorio nacional, así como permitir su uso y aprovechamiento. Asimismo, deberá cubrir el pago de derechos que establecen las fracciones III y V, inciso a, del artículo 25 de la Ley Federal de Derechos vigente. Cinco días hábiles después de que formule la petición, esa dependencia deberá resolverlo.
Hasta ahora, se desconoce cuántas solicitudes se han aprobado desde que entró en vigor el Acuerdo Desregulatorio de 1996, así como los ingresos que recibió la cancillería por concepto de derechos por el otorgamiento, recepción y examen de las solicitudes de permiso para la adquisición de inmuebles por extranjeros fuera de la zona restringida, así como de las concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional.
En cambio, la revisión que hizo la ASF a la Cuenta Pública 2007 de las direcciones generales de Asuntos Jurídicos, de Programación, Organización y Presupuesto y la de Contabilidad de la SRE reveló que, de enero a junio de ese año, esa dependencia otorgó 2 mil 545 permisos cada uno con una tarifa de 4 mil 595 pesos, lo que dio un total para ese semestre de 11 millones 694 mil 300 pesos.
Del universo de 121 millones 63 mil pesos que la cancillería reportó en el Estado analítico de ingresos de la cuenta pública al mes de junio de 2007, la ASF auditó 54 millones 282 mil 200 pesos. De esa suma, el órgano fiscalizador federal determinó que 42 millones 586 mil 900 pesos provinieron de la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones, y 11 millones 694 mil 300 pesos procedieron de la recepción y estudio del escrito de convenio de renuncia para la adquisición de inmuebles fuera de zona restringida u obtención de concesiones para la exploración y explotación de minas o aguas en el territorio nacional.
En la auditoría 07-0-05100-02-0053, respecto de la recaudación de ingresos por permisos y concesiones, la ASF observa que “la Ley Federal de Derechos no establece el límite de permisos y concesiones que se pueden otorgar a un ciudadano extranjero, por lo que se considera necesario que las leyes sean congruentes entre sí”.
Al respecto, la cancillería informó a la ASF, por medio del oficio ASJ-300 del 8 de enero de 2008, que en el artículo 1, párrafos primero y tercero de la Constitución, no se establecen restricciones a las personas extranjeras en cuanto al número de permisos y concesiones que se les pueden otorgar, por lo que “sería violatorio del principio de igualdad establecido en dicho ordenamiento”.
Tendencia a acotar
La apertura a los extranjeros tiene su antecedente en el auge de la desregulación y simplificación administrativa del gobierno mexicano que tuvo su mayor expresión en el último lustro del siglo XX y que se amparó en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Éste privilegió la desregulación para “mejorar la eficiencia” y “eliminar la discrecionalidad de la autoridad”, así como el exceso de trámites burocráticos.
No obstante, la tendencia internacional actual corre en sentido contrario a esa desregulación estatal mexicana, tanto respecto de la adquisición de bienes inmuebles por los extranjeros como de la obtención de concesiones para explotar los recursos minerales e hidrológicos. En otros países del continente americano, así como en Europa y Asia, se registran políticas gubernamentales contrarias a otorgar esos permisos indiscriminadamente.
Por ejemplo, el proyecto de ley que ingresó al Senado de la República de Argentina el 8 de mayo de 2009 propone que una persona física o jurídica extranjera no puede obtener más del 2 por ciento de territorio de una provincia o del 10 por ciento de una comuna. “El objetivo de la presente ley no es prohibir que los extranjeros que inviertan en nuestro país, sino ponerles límites y condiciones razonables”, sostiene la iniciativa.
Limitaciones semejantes existen en Brasil, donde un extranjero no puede poseer más del 25 por ciento de las tierras municipales, o en El Salvador, donde el artículo 109 de la Carta Fundamental establece que la propiedad de los bienes raíces “rústicos” no podrá ser adquirida por extranjeros en cuyos países de origen los salvadoreños no tengan iguales derechos, excepto cuando se trate de tierras para establecimientos comerciales.
El artículo 122 de la Constitución de Guatemala determina que los extranjeros requieren autorización del Estado para adquirir la propiedad de los bienes inmuebles, pues éstos son reserva territorial del país. Canadá aplica la Investment Canadá de 1985, que prevé que las inversiones extranjeras directas no deben superar los 5 millones de dólares y menos de 50 mil millones de dólares para las inversiones extranjeras indirectas sin autorización legal. El permiso del Estado será necesario cuando, por razones de interés público, el Ministerio de Industria así lo recomiende, aunque será examinada por el Consejo de Ministros.
Estados Unidos aplica la Ley de Revelación de Inversión Extranjera en la Agricultura de 1976, que establece que los extranjeros que adquieran tierras agrícolas con una extensión mayor a 10 acres (4.04 hectáreas) deberán registrar su adquisición dentro de los 90 días siguientes. El estado de Indiana, en aquel país, aplica una restricción para los extranjeros que no tienen intención de naturalizarse como ciudadanos estadunidenses, pues no pueden conservar tierras de más de 320 acres (129.28 hectáreas) por más de cinco años.
Una normatividad similar aplica el estado de Missouri con respecto de los extranjeros y empresas foráneas que buscan adquirir tierras agrícolas. Los propietarios de esos predios que residan en aquel estado están obligados a vender el inmueble en el lapso de dos años si pierden su calidad de residentes. El fértil Iowa, situado en la región centro-oeste de Estados Unidos, permite a los extranjeros adquirir el dominio de todo tipo de tierras bajo el Iowa Code, sin embargo, no los autoriza a poseer tierras para uso agrícola.
La legislación de Corea del Sur prohíbe a los extranjeros comprar tierras, aunque permite a las compañías foráneas adquirir bienes raíces que necesiten para concretar sus operaciones. Las leyes de Dinamarca exigen a los extranjeros autorización previa del Ministerio de Justicia cuando pretenden comprar bienes raíces; y la Land Act de 1965 de Irlanda exige a los extranjeros el permiso de la Comisión de Tierras para comprar o arrendar tierras agrícolas, aunque exime de esa norma a los extranjeros con siete años de residencia continua.
Noruega, por medio de la Norway Concession Act de 1917 –modificada en 1974–, establece que los extranjeros que deseen adquirir tierras requieren autorización del Ministerio de Agricultura e Industria. Finalmente, el caso suizo tiene relieve particular, pues la Ley Federal Suiza sobre Adquisición de Bienes Raíces por Extranjeros (denominada Lex Friedrich) fue objeto de un intento desde el gobierno para derogarla; sin embargo, un referéndum ciudadano votó en contra y, ante la persistencia por modificarla, fue enmendada en 1997.
Con esa modificación, los extranjeros sin permiso de residencia en Suiza que pretendan adquirir inmuebles deberán tener la autorización gubernamental. No obstante, la enmienda incorporada exime a las personas naturales con permiso de residencia por un periodo mayor a un año de la obligación de contar con autorización del gobierno para comprar los bienes raíces que ocupan. Bajo la Lex Friedrich, las autorizaciones de compra o arriendo de no residentes y empresas extranjeras deben solicitarse a las autoridades locales.
Esta transformación en las legislaciones internacionales para acotar el acceso de extranjeros a sus tierras y recursos permite concluir a Raúl Carrancá y Rivas que, si bien la Constitución establece ciertos principios, “acatarlos depende del patriotismo, de la buena fe, de la buena voluntad del Estado y de los propios extranjeros”.
Sin embargo, cuando se detectan abusos del derecho constitucional, el Congreso debe reaccionar inmediatamente –en concreto, la Cámara de Diputados– para presentar una iniciativa de ley que puntualice que, ante un abuso, debe eliminarse la discrecionalidad, indica.
“Es urgentísimo, porque de lo contrario se está solapando la acción que criticamos, y considero que estamos en presencia de un abuso sin discusión del Poder Ejecutivo y corresponde tomar conciencia de esto a la Cámara de Diputados”, concluye el doctor en derecho Raúl Carrancá, merecedor a la Medalla de Oro al Mérito Académico.

Diputados corruptos

* La Auditoría Superior de la Federación halla irregularidades en la compra de boletos para diputados y discrecionalidad en su venta por parte de las siete agencias que operan en San Lázaro con contratos de asignación directa, que los cobraron hasta en 107% por arriba de su valor comercial
* Cuando no utilizan todos los bonos, los entregan a las agencias para que éstas, mediante el cobro de una comisión, les reintegren dinero en efectivo a los legisladores, pues finalmente el cupón es cargado a la Cámara
MEXICO, D.F., 9 de abril (LA JORNADA).- La Cámara de Diputados gastó 231 millones 326 mil 300 pesos en 2007 para la compra de boletos de avión, en México y el extranjero de los legisladores, y de ese monto 33.3 millones se destinaron a los viajes y viáticos de 217 diputados que viajaron por todo el mundo en ese año en clase turista superior y ejecutiva, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Además, el órgano fiscalizador encontró irregularidades en la compra de boletos y discrecionalidad en la venta de éstos por parte de las siete agencias que operan en San Lázaro con contratos de asignación directa, que los cobraron hasta en 107 por ciento por arriba de su valor comercial.También, cuestionó que a pesar de ser un apoyo recurrente y ordinario, la Cámara no los acumule a los ingresos por dieta de los diputados, por lo que no pagan el ISR, “en contravención del artículo 110 de la ley” de dicho gravamen, el cual establece que serán gravadas “las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación…”.En las conclusiones de la revisión al concepto Pasajes y viáticos de los diputados, como parte de la auditoría a la cuenta pública 2007, la ASF reveló que sólo por pasajes internacionales para cumplir con viajes oficiales, la Cámara gastó 24 millones 565 mil 300 pesos, esto es un promedio de 113 mil 623 pesos por cada legislador que fue comisionado al extranjero.Asimismo, la revisión se centró en la subpartida 3811-01, Pasajes nacionales en el desempeño de comisiones y fuentes oficiales. Boletos-bonos de diputados, que se entregan a los diputados que viven a más de 300 kilómetros del Distrito Federal, como apoyo para que puedan viajar cada semana desde y hacia sus estados, que ascendió a 151 millones 623 mil 800 pesos.En este punto, la ASF encontró que no existe una norma que obligue a los diputados que reciben esos recursos para comprobar que en realidad utilizaron los bonos que se les entregan, canjeables por boletos en las agencias, para viajar, pues sólo deben firmar para recibirlos.Desde hace 10 años, la Junta de Coordinación Política de la 57 Legislatura, suscribió un acuerdo para establecer que “los cupones deben contener los elementos que garanticen las mejores condiciones de flexibilidad en cuando al uso que los diputados dispongan para el mejor desempeño de su función”.Este hecho, señala la auditoría, permitió que personas distintas a los diputados tramiten el canje de los bonos por boletos ante las agencias, y que “se obtengan beneficios económicos en especie o en efectivo por favorecer con su canje a determinadas agencias involucradas en la operación, estableciéndose tendencias de canje con determinadas agencias que propicien opacidad en la prestación de los servicios”.También refiere que si bien los cupones cuentan con la leyenda “No son canjeables por título, valor o dinero en efectivo”, no existe un mecanismo de control que permita verificar que eso no es así.Esto ha propiciado que cuando los diputados no utilizan todos los bonos, lo entregan a las agencias para que éstas, mediante el cobro de una comisión, les reintegren dinero en efectivo a los legisladores, pues finalmente el cupón es cargado a la Cámara de Diputados.Y es que, explica la ASF, la Dirección de Servicios a Diputados, que depende del secretario general, Guillermo Haro Bélchez, no cuenta con elementos para verificar quién realizó los vuelos en relación con la dotación de cupones entregados a los diputados cada mes, además que en los contratos con las agencias, éstas no tienen la obligación de comprobar quién realizó el canje y a nombre de quién se expidió el boleto de avión, la cantidad de vuelos por persona, la línea aérea que prestó el servicio y el número de vuelo.Agrega: “en ese sentido, el pago de facturas que realiza la Dirección General de Finanzas no cuenta con los elementos para corroborar que los diputados hayan efectuado el viaje”.Respecto del gasto registrado en las subpartidas 3811-02 y 3812-03, se encontró que la Dirección de Servicios a Diputados, área que entrega los cupones y tramita los viáticos de los diputados, no cuenta con un sistema integral que le permita controlar estos apoyos.Además, antes de entregarse, los boletos no se cotizan previamente por esa dirección, por lo cual “existe un alto margen de discrecionalidad, propicia que los cupones se canjeen con las diferentes agencias y para cualquier línea aérea y que su precio sea diferente”.Durante 2007, y sin que esta práctica se haya modificado, advierte, las agencias de viaje ofrecieron diferentes costos de adquisición para los boletos de avión con el mismo destino, con variaciones en los precios desde 4.7 por ciento hasta 107 por ciento.