MÉXICO, D.F., 22 de abril.- Todo indica que nuevamente será imposible reformar el marco normativo de la radio y la televisión en el país. El líder de la mayoría priista, Manlio Fabio Beltrones, tiene comprometido su voto con los concesionarios y, en consecuencia, su iniciativa protege sus privilegios; mientras que legisladores del PAN y del PRD, de acuerdo con lo anunciado el miércoles 14, buscan impulsar una legislación moderna que responda a las nuevas realidades.
Sin embargo, si estas dos posiciones se consolidan, lo más probable es que no se logren los votos requeridos para aprobar la legislación en ambas cámaras. En el caso de la iniciativa de Beltrones, que ya logró la aprobación de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, es muy probable que ni siquiera llegue al pleno, pues todavía requiere de la aprobación del dictamen en dos comisiones del Senado, lo que no está garantizado; pero aun cuando lo consiguiera, no lograría los votos necesarios en el Pleno.
En cambio, por lo que toca a la iniciativa presentada simultáneamente en el Senado y la Cámara de Diputados por los legisladores panistas, el problema se encuentra en esta última, donde seguramente la mayoría PRI-PVEM votaría en contra, y sin su apoyo no pasa. Así, los grupos nuevamente se neutralizarán.
Son muchos los puntos en discusión, pero uno que ha acaparado la atención es la renovación de las concesiones de radio y televisión una vez que termina su vigencia. Este fue precisamente el motivo de la iniciativa presentada por Beltrones, en compañía de otros cuatro senadores priistas, el 2 de diciembre de 2008. La razón es que los concesionarios pretenden, tal como señalaron los ministros al resolver la acción de inconstitucionalidad 26/2006, con motivo de la aprobación de la llamada Ley Televisa, que se les conceda “de facto la propiedad sobre el espectro radioeléctrico”.
En aquella ocasión establecieron en el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión: “El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley”. Ahora intentan burlar la determinación de la Suprema Corte con la figura de la prórroga, que para efectos prácticos significa restablecer la práctica que la Corte descartó.
En su exposición de motivos, los cinco senadores priistas señalan que los ministros dejaron “ver que su preocupación se encontraba, más que en que el refrendo no se sometería a licitación, en que éste sería automático; en que para el otorgamiento del mismo no se contemplaba requisito alguno; y en que se generaba la posibilidad de que el Estado no recibiera contribución económica a cambio”.
Y por lo tanto, señalan, “no todo proceso de refrendo debe someterse a licitación pública, sino que para ser constitucional debe estar sujeto a diversas condiciones impuestas por la autoridad competente”. A partir de este razonamiento incluyen un procedimiento de revisión administrativo que permite a la autoridad “imponer nuevas condiciones” y “evaluar el desempeño del concesionario”, además de reconocer al Estado el derecho a recibir una contraprestación económica por la renovación. Señalan igualmente que este procedimiento es acorde con el contenido en la Ley de Telecomunicaciones.
Sin embargo, ni los senadores priistas ni Carlos Sotelo –perredista presidente de la Comisión de RTC, que defiende también la constitucionalidad de dichas disposiciones– reparan en que la sentencia de la Suprema Corte señala con todas sus letras, en la página 534: “Sin embargo, para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados…”.
Y en la siguiente página precisa: “Así, la preferencia para el concesionario con motivo del refrendo sólo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión…”. Todavía más adelante, en la página 550, apunta: “La radio y la televisión son medios masivos de comunicación que tienen importancia trascendental en la vida diaria de los individuos, por lo que el Estado, al regular el uso del bien público utilizado en esa actividad, debe garantizar la igualdad de oportunidades para su acceso y propiciar un pluralismo que asegure a la sociedad el respeto del derecho a la información y la libre manifestación de las ideas”.
Así, aunque textualmente no dice que todo procedimiento de renovación tiene que someterse a una licitación, realmente no deja alternativas y, desde luego, descarta cualquier procedimiento administrativo cerrado que no permita la igualdad de oportunidades a otros interesados. Y esta igualdad de oportunidades no existe en la iniciativa de Beltrones.
En contrapartida, la iniciativa presentada por el líder de la fracción panista en el Senado, Gustavo Madero, señala en su artículo 36 que todas las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso comercial se otorgarán mediante licitación pública; y en el 42, que “un año antes de que inicie la última quinta parte del periodo de vigencia de la concesión para uso comercial, el instituto deberá licitar las frecuencias o bandas de frecuencias objeto de la misma”. En este caso, el otorgamiento y la renovación corren la misma suerte, y simplemente la propuesta señala en el mismo artículo que, en “caso de igualdad absoluta de condiciones (…) el concesionario, por una sola vez, tendrá derecho de preferencia sobre terceros…”.
Las diferencias son evidentes: La iniciativa encabezada por Beltrones pretende otorgar de facto la propiedad del espectro a los actuales concesionarios; y la propuesta blanquiazul, brindar igualdad de oportunidades a todos los interesados.
CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 15, 2011.-El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Sotelo, y miembros de organizaciones sociales clausuraron de forma simbólica el edificio ubicado en Paseo de la Reforma 265, en donde, afirman, opera la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) del Plan Mérida.
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