Las televisoras nos amparen

Por Purificación Carpinteyro
Periódico REFORMA

"Si no toleramos a un rey como poder político, no debemos tolerar a un rey de la producción, el transporte o la venta de cualquier necesidad de vida".
-John Sherman, senador de EU-

Si de todos los problemas que aquejan a México fuese necesario escoger cuál privilegiar para resolverlo, me inclinaría por la concentración de poder: concentración de poder político o concentración de poder económico, que, desde cualquier óptica, están estrechamente vinculados y son interdependientes.

México se ha forjado sobre la base de concentración de poder. Aprendimos desde la Colonia a aceptar poderes políticos absolutos impuestos por un rey; incorporamos como inevitable el derecho del soberano a otorgar concesiones a unos cuantos, en cuyas manos quedaba el desarrollo de las actividades económicas, con exclusión del resto. Desde entonces poco ha cambiado.

En política, presidentes-dictadores, partidos hegemónicos y políticos sexenales han marcado la historia; en economía, afortunados privilegiados a quienes el "Estado" confirió concesiones o prebendas para explotar, en exclusiva o con protección, distintas actividades económicas del país.

Al menos, la alternancia del 2000 allanó el camino para el traspaso del poder ilimitado del Presidente a los gobernadores de los estados, quienes, en muchos casos, se han aprovechado de sus cargos y se convierten en omnipotentes y reacios a someterse a las más básicas reglas de transparencia y responsabilidad pública. Pero en materia de economía, y pese a las promesas de candidatos que llegaron a presidentes, la alternancia no cambió nada. En algunos casos, hasta reforzó el control de las empresas sobre el sector en el que operan.

Y si en política hoy tenemos un oligopolio de partidos que, a través de reformas que ellos mismos aprobaron con el voto de "sus representantes" en el Congreso, se arrogaron el derecho exclusivo a designar candidatos a los distintos cargos de representación popular, restringiendo el mandato constitucional que garantiza que todo ciudadano mexicano tiene derecho a "votar y ser votado"; en los más importantes sectores económicos y de desarrollo, seguimos sometidos a los reyes del maíz y la tortilla, el cemento, los bancos, el cobre, la educación, el pan en caja o similares, las telecomunicaciones y la televisión, por dar unos ejemplos.

No es justificación, para ningún gobernante o legislador, el que los monopolios y los oligopolios establecidos se hubieran formado con anterioridad a su gobierno o encargo. Siguiendo los principios establecidos en nuestra Constitución, están obligados a evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público. Esto significa actuar, a pesar de que conlleve a la confrontación con los poderes económicos con los que están estrechamente vinculados, o de los que dependen.

Existen numerosos precedentes en distintos países, incluso en Estados Unidos, cuya filosofía nacional está cimentada en los principios del libre mercado, en los que se han adoptado medidas determinantes para la conformación de mercados y el fomento de la competencia.

Casos como el de DuPont, declarado monopolio en el negocio de los explosivos 1912, y de cuya división surgieron dos nuevos grupos; el de Standard Oil, que partió a la petrolera en 34 empresas separadas y competidoras; el de AT&T en telecomunicaciones, de cuyo rompimiento surgieron siete empresas de telefonía local y una de larga distancia, son claros ejemplos de cómo la acción contundente del Estado, la de la justicia americana, permitió la reconfiguración de mercados monopolizados por empresas preexistentes.

Pero en México hablar de medidas equivalentes para crear mercados competitivos es tanto como discutir la "confiscación" o, peor, la "expropiación". Para cualquier político mexicano, mencionar la posibilidad de revocar concesiones como consecuencia de la práctica reiterada de acciones en contra de la competencia es anatema.

Y es que, si no para todas las industrias, sí para algunos casos muy evidentes, poder económico equivale a poder político y viceversa.

Si no ¿cómo explicar las candidaturas propuestas por la alianza PRI/PVEM de 13 personajes tan allegados a las televisoras como la hija de Ricardo Salinas Pliego, la hermana de Leopoldo Gómez -quien por cierto también fue propuesta por el PRI para ocupar el cargo de consejera del Instituto Federal Electoral-, o a una de las abogadas que desde 2009 trabaja temas electorales ante el IFE para un funcionario de Televisa, entre otros?

Ojalá que los intereses de la sociedad mexicana queden tan bien representados como lo serán los de las televisoras. Y si la verdadera representación popular no fuese equivalente en términos numéricos, ojalá que quienes nos defiendan tengan calidad moral.

pcarpinteyro@gmail.com

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El "nuevo Estado"

Luis Javier Garrido

El rechazo nacional a las políticas de Felipe Calderón en su quinto año es el más elevado en casi medio siglo, el desprestigio personal del titular del Ejecutivo de facto y de los principales miembros de su gabinete no tiene parangón, su guerra “contra el narco” –que es el eje de su proyecto– es repudiada por todos los sectores y el desastre institucional es cada vez mayor, pero la derecha en el poder no quiere ceder y él sigue echado para adelante.

1. El caso del desfase de Felipe Calderón de la realidad no podría explicarse, sin embargo, si no se analiza la prepotencia, impunidad y fanatismo de las fuerzas de la extrema derecha que gobiernan a México. El gobernante de facto no oculta que todavía sueña con trascender como el hombre que liquidó al Estado surgido de la Revolución Mexicana, para lo que le urge acelerar las contrarreformas e imponer a un sucesor que garantice los intereses de sus aliados y protectores y al mismo tiempo le cubra las espaldas, de ahí que en el marco del no tan novedoso “tapadismo blanquiazul” haya lanzado a Ernesto Cordero, su titular de Hacienda, para ver si logra el respaldo del capital financiero.

2. El proyecto de la ultraderecha mexicana tiene en su desmesura rasgos que muy pocos han querido advertir, aunque no se hayan ocultado. El desprecio de los gobernantes actuales al orden constitucional de la República y su descalificación de todos los regímenes del pasado ha ido acompañado en los últimos meses por la pretensión de edificar no un nuevo régimen sino otro Estado, y la jerigonza que utilizan es por ello preocupante, por sus resonancias mussolinianas. Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, afirmó por ejemplo sin ambages, en un acto en el PAN capitalino el sábado 25, que un objetivo central del gobierno es edificar un nuevo Estado.

3. Las fuerzas económicas neoliberales han ido delineando a través de la experiencia de los últimos 30 años el modelo político que buscan imponer a los estados nacionales, sin que haya todavía un consenso en todos sus aspectos, pues dicho modelo, como se ha visto, supone el desmantelamiento de dichos estados para reducirlos a su mínima expresión: subordinando su orden jurídico interno a un derecho supranacional, cancelando los derechos originarios de las naciones a sus recursos estratégicos, desapareciendo en aras del mercado las entidades públicas, y reduciendo la vida democrática a una elección entre candidatos con propuestas similares funcionales al capitalismo neoliberal.

4. En el caso de México los panistas han sido más neoliberales que los miembros del PRI, a) porque en las condiciones de ilegitimidad en las que asumieron el gobierno, han estado más subordinados que ellos a los organismos financieros y al gobierno de Washington; b) porque a su vocación derechista, antinacional y entreguista se agrega el odio patológico que históricamente han tenido por las instituciones en que se apoyaron los regímenes priístas: la reforma agraria, el petróleo nacionalizado, las garantías laborales y el derecho del trabajo, los sindicatos; y, en fin, c) porque han resultado tanto o más voraces para los negocios con las trasnacionales que aquellos. A lo que se agrega otro factor: d) su vinculación con el sector más retrógrado de la jerarquía eclesiástica, cuyo activismo político es ya una preocupación nacional. De ahí la confusión entre lo público y lo privado que deliberadamente Calderón y sus amigos han impulsado con actitud patrimonialista buscando seguir prevaleciendo.

5. El supuesto éxito de Calderón en 2012 lo niega sin embargo la realidad, pues con toda seguridad Acción Nacional va a perder todas las elecciones estatales de este año, empezando por la mexiquense –que se dirimirá el 3 de julio entre Alejandro Encinas, vencedor de los debates, y el priísta Eruviel Ávila–, por lo que el gobierno panista tendría que recurrir el año que entra a una violencia extrema para salirse con la suya.

6. La “guerra contra el narco”, concebida en 2006 para hacer prevalecer los intereses estadunidenses en México y para enquistar en el poder a la ultraderecha mexicana con un costo de decenas de miles de muertos, se podría muy bien terminar al llevarse a Calderón ante los tribunales.

7. El gobierno del PAN y el Yunque cree sin embargo después de Chapultepec que tiene la vía libre para proseguir con su estrategia de guerra, y no advierte la creciente oposición nacional a sus políticas. Es cierto que Javier Sicilia y sus compañeros no plantearon en el encuentro las que se suponía eran demandas centrales del movimiento y no presentaron las exigencias nacionales de que el gobierno panista respete el orden constitucional y se termine con el estado de excepción que hay en el país poniéndose un alto a la guerra criminal, como tampoco hicieron mención de los acuerdos de Ciudad Juárez que demandaron el fin de la Iniciativa Mérida y de la injerencia estadunidense en asuntos nacionales, no pidieron la renuncia de Genaro García Luna y de otros funcionarios, ni mucho menos hicieron mención del acuerdo de someter a Calderón a juicio político. Al carecer de una estrategia para la paz, no tuvieron argumentos ni disposición para refutarle al gobierno sus falacias, limitándose a demandar solución a casos particulares para terminar en un aparente entendimiento con el gobierno criminal empeñado en mostrarlos como sus aliados.

8. El desastre institucional lo sigue ilustrando mejor que ningún otro el caso del priísta Jorge Hank Rhon, detenido por un operativo militar ilegal que allanó su domicilio el 4 de junio y liberado 10 días después por orden de una juez, que el propio Calderón ha seguido mencionando: negando en Chapultepec el 23 de junio y luego en entrevista con Ciro Gómez Leyva de Milenio Televisión el 27 haber conocido dicho operativo. De manera que si fue así, según Calderón el Ejército es una fuerza autónoma que actúa en la ilegalidad por motivos políticos y él un inepto que lo tolera. Las acusaciones que lanzó entonces a Hank criminalizándolo bastarían por otra parte para que cualquier juez lo dejara en libertad ante cualquier acusación por la intervención del Ejecutivo federal en un asunto judicial.

9. El gobierno panista no tiene fuerza moral para imponer sus políticas y a fin de hacerlas valer sólo se puede apoyar en los medios que manipula de manera cada vez más obvia y en la jerarquía católica, pero sobre todo en la fuerza material de ese Estado que pretende desmantelar. El arma fundamental que tiene para seguirse imponiendo no es otra que la capacidad represiva de las fuerzas armadas y de las bandas y grupos paramilitares que ha creado en estos años, que le permitirían imponer un clima de amedrentamiento, de ahí la peligrosidad de lo que acontece. El proyecto del nuevo Estado no está, a pesar de todo, muerto.

10. La exigencia de los sectores conscientes de la nación para terminar con este desastre debe hacerse valer por lo mismo en los meses que le resten a este gobierno cada vez con mayor fuerza, diciéndole una y otra vez: ¡Ya basta!

Ademas de ineptos, humoristas en el gabinete?...

Reconocimiento-Magú

Se le ve madera-Hernández

El caso se complica-Fisgón

Anónimo sinónimo-Rocha

Empresa líder en ineficiencias

• Denuncian ola de hostigamientos contra quienes no pagan

La CFE acumula unas 66 mil quejas por cobros excesivos

• Los llamados recibos locos disparan los supuestos consumos hasta 2 mil por ciento

De un bimestre a otro, Yamilet Ríos, vecina de la delegación Miguel Hidalgo y usuaria del servicio doméstico de energía eléctrica, vio incrementado el cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 564 pesos a 11 mil 751. Ella es una de las decenas de miles de afectados por los exhorbitantes cobros, los llamados recibos locos de la paraestatal, que han motivado a más de 65 mil 800 usuarios a presentar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las cifras no cuadran, ni en los requerimientos de pago ni en en el número de denuncias que se han levantado ante la Profeco. Jesús Luna, quien encabeza un grupo de abogados que apoyan la presentación de denuncias de los consumidores contra la CFE, señala que desde la desaparición del Luz y Fuerza del Centro (LFC) se han acumulado casi 66 mil quejas presentadas ante las autoridades del Consumidor y de este total, 90 por ciento se refieren a cobros excesivos, que llegan en algunos casos hasta 2 mil por ciento.

Desde la parte oficial, la Profeco maneja datos muy diferentes. Su más reciente reporte sobre quejas y denuncias contra prestadores de servicios, indica que entre enero y abril del 2011 se presentaron 3 mil 988 quejas contra la CFE por tres razones principales: negativa de la empresa a corregir errores; cálculos mal hechos y aplicación indebida de cuotas extraordinarias. Según estas cifras, el número de quejas va en aumento, ya que en 2010, el promedio por cuatrimestre fue de 2 mil 789.

A partir de la declaratoria de extinción de LFC, el nuevo proveedor de energía eléctrica en la zona centro del país, CFE, se hizo acreedor a multas por parte de esta procuraduría por más de 2 millones 372 mil pesos. Incluso la Profeco inició en los primeros cuatro meses de este año 183 procedimientos por infracciones a la ley en contra de la paraestatal.

La información que da el abogado Luna puntualiza que la Profeco no ha sentado a la empresa a resolver de fondo el problema. Del total de quejas, a la fecha sólo se han iniciado 75 juicios, ya que la dependencia argumenta que únicamente puede atender un promedio de 5 a 7 audiencias por día. Los representantes de la CFE, afirma, ni siquiera hacen acto de presencia, sólo les llaman por teléfono para que declaren por esta vía. Esta Procuraduría no cumple con su tarea de defensa de los usuarios de luz, dice.

Paralelo al proceso legal, en los hechos la CFE tiene su peculiar forma de presionar a los usuarios, y ya inició en las últimas semanas el envío masivo de requerimientos de pago a los habitantes del Distrito Federal, con la amenaza de interponer la acciones legales penales a que haya lugar contra los que no paguen.

Una muestra de estos requerimiento es el que se remitió a Benito Bahena Lomé, líder de la Alianza de Tranviarios. El pasado 24 de mayo, este dirigente recibió el requerimiento NAV/05/012, firmado por el licenciado Christian Guzmán Rasgado, jefe de la oficina comercial agencia Narvarte, notificándole que tiene un adeudo de 26 mil 761 pesos y que tenía como plazo para el pago el 27 de mayo –le concedían tres días para efectuarlo–, o de lo contrario le suspenderían el suministro de energía eléctrica.

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Empresa líder en ineficiencias

Palabras que no valen nada

A la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LFC), decretada el 11 de octubre de 2009, el gobierno federal determinó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sería la encargada de otorgar el servicio en la zona centro del país, es decir, el Distrito Federal, el estado de México y diversas zonas de Hidalgo, Morelos y Puebla.

En las declaraciones que hicieron los secretarios del Trabajo, Javier Lozano; de Energía, Georgina Kessell, y el director de CFE, Alfredo Elías Ayub, en las primeras conferencias que se sucedieron a la extinción de LFC –de las cuales dan cuenta los periódicos de la segunda quincena de octubre de 2009–, los funcionarios aseguraron que se contrataría en la CFE a los trabajadores que primero se liquidaran; que el costo de la luz incluso podía bajar, dado que LFC tenía un enorme costo laboral, y representaba una carga fiscal que se ahorraría el gobierno. Además, argumentaron que mejoraría el servicio. Tres ofrecimientos –entre muchos otros– que no se cumplieron.

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• El prepago permitirá desaparecer las tarifas de bajo costo

La comisión invita a que los usuarios generen energía eléctrica

Al asumir la operación de la zona centro del país en octubre de 2009, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) modificó de tajo la política de tarifas para el Distrito Federal y estados circunvecinos; prácticamente desapareció las de bajo costo. Inició además el cambio de medidores por digitales y de prepago, para que los consumidores paguen por anticipado, y ahora empuja a usuarios residenciales e industriales a que mejor instalen sus propios plantas generadoras de luz.

Ahora puedes instalar en tu domicilio o negocio tu propia fuente de energía renovable o sistema de cogeneración en pequeña o mediana escala y realizar un contrato de interconexión con CFE. Al hacerlo, además de ahorrar en tu gasto por concepto de consumo de energía, contribuirás en la utilización de tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica, en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y por ende, en la conservación del medio ambiente, invita la paraestatal a sus clientes, de acuerdo con mensajes difundidos por medio de Internet y cartas a los domicilios.

Es la nueva política de CFE, en la que ofrece contratos de manera indefinida para quienes opten por producir o generar su propia electricidad, así sea para una casahabitación. Un sinnúmero de grandes y medianos usuarios industriales y comerciales, así como prestadores de servicios, ya le tomaron la palabra, aunque de momento sólo empresas han instalado equipos propios.

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• El grupo Al Consumidor organiza a muchos de los descontentos

Indefensos ante saldos injustificados

Ante las arbitrariedades y cobros injustificados de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), los usuarios están desprotegidos. A quienes inician un trámite de reclamo en las oficinas que ha creado la empresa únicamente les dicen que primero paguen, que tenían saldos acumulados; son juez y parte y siempre fallan en contra de los ciudadanos, planteó Daniel Gershenson, integrante de la agrupación Al Consumidor, organismo civil que encabeza la defensoría de una queja colectiva de más de cientos de usuarios del servicio eléctrico.

Empresas con el tamaño de esta paraestatal regularmente abusan de los consumidores y no mejoran sus prácticas pese a las protestas, pues la impunidad las protege, señala, luego de sostener que la CFE aplica los cobros de manera discrecional y, cuando se le llega a sancionar con una multa, ésta es irrisoria por su monto y regularmente las impugna.

Para dar una idea del daño económico en el que se traducen los abusos contra los usuarios del servicio eléctrico, Al Consumidor realizó un ejercicio matemático para calcular la afectación al bolsillo de los clientes de la paraestatal.

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• Vida plena con 6 mil pesos al mes, fin de la pobreza en el país y recuperación salarial, tres perlas

En el México ideal de Cordero sus dichos duran un día y son rectificados al siguiente

• Millones de familias, en desacuerdo con las anecdóticas declaraciones del titular de Hacienda
• Desde 2009, como secretario de Desarrollo Social, ofrecía grandes beneficios a las familias

Víctor Cardoso

Las declaraciones sobre la recuperación del poder adquisitivo del salario en México completaron este lunes las expresiones del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, en las que pinta un México que no corresponde con la realidad de millones de familias.

Primero, el alto funcionario calculó que con un ingreso de 6 mil pesos al mes una familia puede enviar a sus hijos a escuelas privadas, pagar un crédito hipotecario y hasta uno automotriz. Luego, el funcionario fue más allá y afirmó que México había dejado de ser un país de pobres, opinión que no comparten más de 40 millones de habitantes.

Las declaraciones de Ernesto Cordero son ya anecdóticas y las sigue expresando pese al revuelo que provoca cada vez que se refiere al bienestar social en el país. Todavía como secretario de Desarrollo Social prometió, en septiembre de 2009, que las familias pobres del país recibirían mucho más con el paquete de política social de lo que gastarían con el pago del impuesto generalizado de 2 por ciento propuesto por el gobierno federal ese año.

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Canasta inalcanzable

Para 5 millones 862 mil mexicanos que se estima ganan un salario mínimo al día, el fortalecimiento de su poder adquisitivo es tema aparte. Sólo les alcanza –en zonas urbanas– para cubrir poco más de 41 por ciento de los productos que integran el indicador conocido como canasta básica.

“Si consideramos que más de 16 millones de mexicanos tienen ingresos de entre uno y tres salarios mínimos –36 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país–, y eso representa el único ingreso de igual número de familias integradas por cuatro miembros cada una, tenemos a 64 millones de mexicanos sin posibilidades de cubrir los requerimientos mínimos de alimentación, vivienda, vestido, calzado, recreación, etcétera”, afirmó el presidente de la firma Consultores Internacionales, Julio A. Millán.

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El operativo, acto de intimidación que debe esclarecerse, señalan ONG

Ciudad Juárez, Chih., 6 de junio. Organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales exigieron a autoridades estatales y federales esclarecer el cateo realizado por la Policía Federal (PF) a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, y calificaron el operativo de acto de intimidación para los organizadores de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia y llegará a esta frontera el viernes próximo.

El sacerdote católico Óscar Enríquez, director del centro, dijo que por tratarse de un “operativo anticonstitucional”, para amedrentar a los defensores de las garantías individuales, presentó quejas ante las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por abuso de autoridad, allanamiento de morada y daños.

La ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, demandó a la fiscalía mexicana realizar una investigación exhaustiva e imparcial, luego de que a las 20:30 horas del domingo unos 20 agentes irrumpieron en las instalaciones del centro, el cual se caracteriza por su férrea defensa de las garantías de personas detenidas por militares durante operativos anticrimen.

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• Culpan de los hechos al presidente Calderón; no responderemos con violencia: Sicilia

Acusa Caravana por la Paz que policías allanaron inmueble de centro de derechos

Zacatecas, Zac., 6 de junio. El allanamiento de las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte por la Policía Federal, el domingo por la noche en Ciudad Juárez, provocó indignación y enojo entre los miembros de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, quienes en un pronunciamiento leído por el poeta Javier Sicilia, en la plaza central de esta urbe, culparon de los hechos al presidente Felipe Calderón.

¿Qué busca Felipe Calderón en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte? ¿El expediente de dolor e injusticia? ¿Las pruebas irrefutables de su incapacidad para garantizar paz y legalidad? ¿Qué guerra pretende ganar instruyendo a su gente a comportarse como delincuentes?, expresó Sicilia, quien comentó que dicho centro, dirigido por el sacerdote Óscar Enríquez, es el organismo de la sociedad civil que participa en la recepción de la caravana en Ciudad Juárez.

Esta vez la mención del Presidente no causó mentadas de madre. Sólo silencio y el aval colectivo al pronunciamiento leído por Sicilia. Parte del mensaje fue: Si con esta agresión se pretende que perdamos los estribos y respondamos con violencia, manifestamos desde esta tierra, que vio nacer al poeta Ramón López Velarde, que no vamos a cooperar con la espiral de violencia, que no cuenten con nosotros, que sus juegos de guerra nos lastiman y nos indignan, y que vamos a desobedecer todo mandato de guerra e inhumanidad.

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Se sumaron decenas a la campaña Un minuto por no más sangre

• Exigen al gobierno poner fin a la guerra contra el crimen organizado

En la ceremonia Un minuto por no más sangre, académicos, defensores de los derechos humanos, investigadores, periodistas, moneros, artistas, intelectuales y familiares de víctimas exigieron al gobierno federal poner fin a la guerra contra el crimen organizado, abatir la impunidad, justicia y el retorno de los militares a sus cuarteles.

Los participantes llenaron el Museo de la Ciudad de México. Hubo más de 120 oradores, y todos coincidieron en la demanda de poner fin a la violencia en el país.

Eduardo del Río, Rius, se dijo sorprendido. “No pensé que viniera tanta gente. Como me consideran el padre de la criatura, a mis años sólo puedo ser padre de ideas. Ya me hice la vasectomía. La campaña empezó el 10 de enero con la aparición, en más de 30 periódicos y revistas, de caricaturas alusivas al tema.

“Ese día, en la revista Proceso, por la solidaridad de Julio Scherer, aparecieron varios artículos hablando de la campaña. Lo mismo ocurrió en el periódico La Jornada, que por cortesía de nuestra amiga Carmen Lira se sumó a la campaña. Excelente cortesía. Los únicos que se hicieron rosca y se negaron a publicar fueron Televisa y su calca malísima Tv Azteca. Ellos se fueron del lado del gobierno diciendo que la campaña era de mala fe, porque estaba destinada a hablar mal del gobierno y a proteger a los delincuentes".

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El combate al crimen no se contrapone al respeto a las garantías: Silva Meza

• Ejército y policía deben actuar bajo el control civil: ex ministra de Defensa colombiana

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, advirtió que en el combate al crimen organizado hay un falso dilema sobre seguridad o derechos; combate a la inseguridad o vigencia de la Constitución; convivencia pacífica o libertades, y que la existencia de fenómenos extraordinarios no deslegitima el pacto social por el que se establecen límites al poder del Estado en el respeto de las garantías constitucionales previstas para la protección de los individuos.

Al participar en la Conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia, que organiza la UNAM, Silva Meza agregó: es urgente lograr en el país un balance armónico entre consolidación de un régimen democrático que conduzca paulatinamente al desarrollo económico y a la superación de las desigualdades sociales y a la recuperación de la tranquilidad en la vida social, pues la confianza en las instituciones del Estado se está deteriorando.

Ante el rector de la UNAM, José Narro, y especialistas nacionales e internacionales que analizarán durante cinco días temas de seguridad, el ministro presidente sostuvo que democracia sin derechos es simple regla de mayoría, aritmética vacía de sentido.

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Los juicios orales no resolverán la inseguridad, coinciden expertos

Con la aplicación del sistema penal acusatorio (juicios orales) no se resolverán los problemas de inseguridad que enfrenta el país, advirtieron especialistas en la Conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia. Actualmente sólo en siete estados se aplica la reforma en la materia que se elaboró en 2008.

La delincuencia organizada quedaría excluida de este tipo de procesos porque hace tres años, al tiempo que se aprobaron los juicios orales, se hizo otra reforma constitucional en la que se alude en 12 ocasiones a la delincuencia organizada; algunos de sus planteamientos contradicen al sistema penal acusatorio. Tantas menciones deben prender un foco para ver cuál es el mensaje, aseveró Miguel Ángel Mancera, procurador general de Justicia del Distrito Federal.

En la conferencia organizada por la UNAM, enumeró algunos de esos cambios. Se establece algo que me parece inusitado, la descripción del tipo penal de delincuencia organizada en el texto constitucional.

Se menciona, detalló, que en estos casos criminales el Ministerio Público puede obtener la información de carácter reservado, el juez ordenará prisión preventiva oficiosamente –mientras el sistema acusatorio la elimina– y se plantea el resguardo de la identidad de datos personales cuando son menores de edad; es decir, cuando hay un acusador se puede guardar su identidad en caso de delincuencia organizada. Esto va todavía más allá del debate del testigo protegido".

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La inseguridad es peor ahora que en 2010, estima 58% de la población: Inegi

• Según el sondeo, 48% de los entrevistados sienten más desprotección que hace 12 meses

Juan Antonio Zúñiga M.

Casi 58 por ciento de la población urbana consideró, en el pasado mes de mayo, que la situación de la seguridad pública en México se encuentra peor de la que prevaleció hace un año, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (Ecosep) aplicada en mayo, el organismo indicó que 48.4 por ciento de los entrevistados dijo sentirse más inseguro en lo personal que hace 12 meses; 50.39 por ciento consideró que dentro de un año su seguridad individual se mantendrá igual que ahora; mientras que 42.38 por ciento percibe que la situación de la seguridad pública en el país permanecerá sin cambios en mayo de 2012, respecto de la situación actual.

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• La SSP federal habría ofrecido a EU información de seguridad

Exhortaría Congreso a Calderón que informe de revelaciones de Wikileaks

La primera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de este martes, analizará un dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que informe “a esta soberanía si se entregaron al gobierno de Estados Unidos informes en materia de seguridad y de combate al crimen organizado, como lo revelan los cables de Wikileaks publicados en el periódico La Jornada”.

Los senadores Ricardo Monreal, del PT, y Luis Walton, de Convergencia, presentaron, el 31 de mayo pasado, sendos puntos de acuerdo solicitando que se convocara a los responsables de seguridad pública a comparecer para informar sobre lo divulgado por Wikileaks en sus cables 98281 y 98138, difundidos por el periódico y en los que se hace referencia a que el actual secretario de Seguridad Pública federal ofreció a autoridades estadunidenses supuesto libre acceso de información nacional e inteligencia en materia de seguridad.

La comisión dictaminadora consideró que la preservación de la seguridad nacional es un asunto constante que resulta en el mantenimiento de la integridad del Estado mexicano y, por tanto, es necesario que las instituciones que lo integran trabajen de manera adecuada para asegurar aquellos elementos que le dan lugar a su existencia; es decir, que se debe actuar adecuadamente para mantener la estabilidad y asegurar las condiciones que hacen factible su permanencia en el tiempo.

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Multa el IFE a Convergencia y PT por promover el Morena

• Declara infundada queja de Acción Nacional contra López Obrador

El consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) resolvió en sesión extraordinaria imponer una multa a los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia, por la difusión de espots en los cuales se convoca a asistir a las reuniones de Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, el colegiado respaldó la propuesta de declarar infundada la queja que el PAN presentó contra López Obrador y el PRD.

Por unanimidad resolvieron sancionar a las radiodifusoras que han transmitido los espots en el lapso que va del 26 de abril al 31 de mayo de este año –aunque el PAN presentó la queja el 20 de mayo–, pero sólo con una amonestación pública.

En otro caso, el IFE resolvió un procedimiento especial contra Televisión Azteca y la revista Vértigo, del Grupo Editorial Diez, a las cuales impuso una sanción de 7 millones 551 mil 201.23 pesos, para la primera, y de 2 millones 550 mil 809.60 pesos para la revista.

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• El titular del Trabajo ocasionó enorme daño al sector laboral, expresa el líder minero

Lozano Alarcón resultó ser un peligro para México, afirma Gómez Urrutia

• Anuncia que pronto retornará al país, después de superar procesos penales en su contra

Tras asegurar que pronto estará la resolución final de las acusaciones penales en su contra, lo cual le permitiría su regreso a México, el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, es quien resultó ser un peligro para el país, ya que ocasionó un enorme daño al sector laboral mexicano.

Desde Vancouver, Canadá, vía telefónica, Gómez Urrutia indicó que es una aberración que ahora este funcionario pretenda justificar que no hizo nada en cinco años para inspeccionar y regular el trabajo en las minas de la región carbonífera, porque no se aprobó la reforma laboral. Argumento que calificó de muy infantil.

“Lozano sólo fue a Sabinas –al pozo donde murieron otros 14 mineros– a ponerse el casco de minero para la foto, por sus aspiraciones políticas, pero no quiso ver a los 10 mil trabajadores que siguen laborando en pozos en esa zona, ni a las viudas de Pasta de Conchos que están a 20 kilómetros de Sabinas, todavía en espera de que rescaten los cuerpos de sus familiares. Tampoco quiso dar a conocer que ahora Grupo México encabeza una guerra en la zona contra otros empresarios por las concesiones de gas natural”, planteó el dirigente.

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Intentan desbarrancar al PRD en Michoacán: Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, reveló que el mismo jueves que entregó las listas de sus candidatos a puestos de elección popular a la Secretaría de Gobernación (SG) para solicitar su deslinde de vínculos con el crimen organizado, reclamó al subsecretario de Gobierno, Juan Marcos Gutiérrez, la respuesta oficial a su petición.

“Fue muy grosera e insultante la declaración que la SG dio minutos después que nosotros salimos –cuando rechazó certificar directamente a los candidatos, con el argumento de que no está facultada para revelar información de las personas– y yo se lo reclamé duramente, por la noche de ese mismo día, al subsecretario Juan Marcos Gutiérrez. Le dije que me parecía una falta de respeto, porqué, ¿de dónde saca que eso significaba un salvoconducto para nuestros candidatos?

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PRD y PT felicitan a Humala por su victoria

El triunfo de Ollanta Moisés Humala en Perú fue saludado por partidos de izquierda mexicanos, porque, una vez más, en Latinoamérica se consolidan las fuerzas progresistas. A su vez, el gobierno de México envió una felicitación al político sudamericano y al hermano pueblo peruano por su vocación democrática, reflejada el día de ayer en la ejemplar jornada electoral. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso en un comunicado que nuestro partido comparte la vocación democrática del pueblo peruano que ha dado su confianza a la izquierda, al aportar con una propuesta que combata la pobreza, corrupción y fortalezca la democracia en la región en andina; que luche a lado de los pueblos indígenas amazónicos como los del movimiento por la regulación de la explotación forestal y la sierra de cultivo en Bagua, así como la condena sobre las esterilizaciones forzosas de mujeres durante la dictadura fujimorista.

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Astillero

• Aberraciones ópticas
• La inocencia de Hank
• Denuncias ciudadanas
• Felipe ayuda al PRI

Julio Hernández López

La conocida impericia política de Felipe Calderón y los gatos salvajes que le rasguñan la panza electoral han producido una aberrante ilusión óptica: Jorge Hank Rhon, un personaje que merecidamente debería estar en la cárcel a causa de las múltiples infracciones a la ley que constituyen su genealogía y orgullo, hombre de casinos con prolongado olor a mafia, grosero emblema de la transmutación priísta de riqueza pública en privada, se ha convertido hoy en una impensada pieza de denuncia de los abusos cometidos por la administración militar felipista contra sus adversarios políticos, en un lance que los atrincherados de Los Pinos pretendieron etiquetar como el arranque de una guerra de alto nivel contra el dinosaurismo encopetado, pero que podría acabar como una tragicómica pataleta de madrugada que solamente enturbia el panorama político y electoral, sin aportar aires de justicia, ni percepción de legalidad triunfante, ni victoria moral alguna, sino simple pleito callejonero por el poder.

Increíble torpeza militarizada la que llevó a armar esa historia fofa (de denuncias ciudadanas, guardaespaldas que denuncian arsenales domésticos, flagrancias durmiendo en cama, etc...), indigna de ser montada por quienes tienen poder y recursos suficientes para cuando menos ofrecer platillos decorosamente aceptables pero, al mismo tiempo, absolutamente coincidente lo que luego denunciarían los familiares del peculiar priísta, con el agresivo e ilegal comportamiento de elementos gubernamentales armados que irrumpen en domicilios particulares para cumplir órdenes superiores, sin fundamento legal alguno, allanando, atropellando, agrediendo...)

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México SA

• Se cae el paraíso clasemediero
• Pobres de ingreso mediano alto
• Hank Rhon: ¡qué casualidad!

Carlos Fernández-Vega

Desde Los Pinos, a golpe de trucos técnicos y bombardeo propagandístico, pretenden imponer una tesis por demás insostenible: México, de sólido crecimiento económico, es un país de ingreso mediano alto, y lo es porque lo dice el Banco Mundial. ¡Albricias!: los millones y millones de pobres que sobreviven en la República pueden presumir que lo son, sí, pero con un ingreso de tales características, mientras a otros millones ficticiamente los incorporan, a empujones, a las filas de clasemedieros igual de felices que de inexistentes (marca Bartola) que con 6 mil pesos pagan el teléfono, la renta y la luz, y todavía les sobra para coche y colegiatura en escuela privada.

Pues bien, entre las novedades que ofrecen las más recientes cifras oficiales (Inegi) destaca una que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas sintetiza así: en el primer trimestre de 2011, el 57.73 por ciento de la población ocupada (casi seis de cada diez) ganaba hasta tres salarios mínimos, por lo que gana menos del PIB per cápita, es decir, una cantidad inferior a la que, según la presunción oficial, hace de esta una nación de ingreso mediano alto. Para lo anterior, una cereza: la tasa de desempleo permanece alta y volvió a incrementarse, por lo que aún no recupera el nivel que mostraba antes del inicio de la crisis. En pocas palabras la República mediática es derrotada, una vez más, por la realidad.

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Dinero

• Un humorista en el gabinete
• Perú: efecto Humala pega a Larrea
• ¿El próximo es Ulises Ruiz?

Enrique Galván Ochoa

El kilo de tortilla costaba 2.50 pesos el mes de diciembre de 2000, cuando llegó el panismo a la Presidencia. El salario mínimo de la zona A (el mayor) era de $32.15. Podías comprar casi 13 kilos de tortilla. Hoy el mínimo –en la misma zona A– es de $59.82, y el kilo de tortilla cuesta 12 pesos; es decir, no alcanza para comprar cinco kilos. Si hacemos el comparativo empleando como ejemplos la gasolina, el gas doméstico, el frijol y las papas, llegaremos al mismo resultado: el poder de compra se hizo pequeño. ¿De dónde sacó el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, la conclusión contraria? A menos de que él conozca una tortillería donde le hacen un descuento sustancial, la única explicación es que está haciendo chistes de mal gusto a costillas de los consumidores mexicanos. A veces llega a una posición importante del gobierno un humorista involuntario, de humor negro; podría ser su caso. Aun los supermercados que usan la tortilla como producto gancho mantienen un precio mucho más alto al de hace una década: $6.80. Por otro lado, la situación económica personal del secretario del Humor ha mejorado notoriamente. A principios de sexenio vivía en un departamento al sur de la ciudad, pero sus amigos dicen que ahora posee una residencia de más de 5 millones de pesos. Nadie podría decir que es mal habida, le pagamos un magnífico sueldo, es un lujo que puede darse desahogadamente.

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El Zapotillo y el calderonismo como bufete empresarial

Magdalena Gómez

La crisis nacional agudizada por la estrategia de combate al crimen organizado y sus saldos de muertes impunes está colocada de manera muy explicable en el centro de nuestras preocupaciones. Sin embargo, también es tiempo de dar cuenta de otro tipo de daños colaterales que no son los de la muerte de ciudadanas y ciudadanos, como les ha señalado el ocupante de Los Pinos. Me refiero al hecho de que el gobierno practica, también impunemente, su política de otorgamiento de concesiones para megaproyectos sin considerar siquiera la opinión de las poblaciones afectadas cuyos derechos históricos adquiridos simplemente se ignoran. Los movimientos opositores a tales proyectos son invisibilizados y criminalizados con la complicidad de los grandes medios, sobre todo electrónicos, y con el muy escaso o nulo interés de los partidos políticos, para quienes la ciudadanía sólo es útil en tiempos electorales. Hoy México lamentablemente está en los medios internacionales por la muy alarmante nota roja y poco se conoce sobre el avance neoliberal en la imposición de proyectos, el arrasamiento de sus pueblos, menos aún por la persistente defensa social frente a ellos.

Un ejemplo de ello es el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que enfrenta desde hace seis años una desigual lucha frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) del gobierno de Jalisco por la oposición a la construcción de la presa El Zapotillo, cuya autorización está plagada de irregularidades (empezando por la manifestación de impacto ambiental que sirvió de base para la aprobación del proyecto), las cuales se han comprobado ante instancias judiciales (amparo otorgado por el juzgado auxiliar de distrito en el expediente 2245/2008 y su acumulado 2262/2008, que dicta instrucciones para que se cancele la obra) y la comisión estatal de derechos humanos (recomendación 35/2009), entre muchos otros resolutivos en favor de los pueblos amenazados de ser sepultados por el agua con toda su historia, cultura, monumentos históricos y que simplemente se pretende intercambiar por la promesa de un nuevo centro de población. Para refrendar la postura sobre este proyecto se organizó la consulta comunitaria de enero de 2011, donde 98 por ciento reiteró su rechazo al mismo. Ante la postura de continuar el proyecto e incumplir las resoluciones judiciales, el pasado 28 de marzo de 2011 un grupo de comuneros se estableció en plantón para impedir el avance del mismo. La solidaridad desplegada en su defensa logró que Conagua, Gobernación y la CEA abrieran unas mesas de diálogo que fueron aceptadas por los comuneros con el compromiso de retirar las denuncias penales en su contra.

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Hank es lo de menos

Pedro Miguel

Hank es lo de menos. La noticia es que la negociación entre los cárteles subió de tono. Felipe Calderón cumplió con su amenaza de emprender acciones judiciales contra priístas destacados y empezó por uno de los más indefendibles: Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, involucrado en los homicidios de dos periodistas del semanario Zeta, presunto responsable del desvío de 300 millones de pesos de las arcas municipales y, a decir de Ronald Kramer, ex cónsul estadunidense en esa ciudad, protector de narcotraficantes. Carente de originalidad, el gobernante panista siguió, paso a paso, en las formas, el guión del Quinazo, la operación lanzada en los albores del salinato para domesticar al jurásico priísta: allanamiento militar de la morada, siembra de armas, inmediato traslado de los detenidos a la capital. Pero las intenciones son distintas. En aquel entonces Salinas buscaba imponer su autoridad –emanada de un escandaloso fraude electoral– a los sectores del aparato que se sentían amenazados por su proyecto; Calderón, ahora, trata de negociar, así sea con modales bruscos, su permanencia en el poder o, cuando menos, su sobrevivencia.

A partir de este hecho pueden ocurrir varias cosas: que la cúpula priísta dé su brazo a torcer, por lo pronto, a la espera de una circunstancia en que la correlación de fuerzas le resulte más favorable, y que Eruviel Ávila reciba la instrucción superior de jugar a la pérdida (más o menos, como lo hizo Fernández de Cevallos en 1994), o algo así. Pero puede suceder también –nunca se sabe– que el PRI respingue, cierre filas, ruja, y que Calderón salga corriendo como niño asustado, mande a Blake y a alguien más a aplacar al dinosaurio y que Hank se convierta en destinatario de un usted disculpe tras la chambonada de acusación por posesión de armas.

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Con los guantes puestos

Luis Hernández Navarro

Son días de vértigo. Suena la campana. Uno, dos, tres, Felipe Calderón lanza golpes con miras a 2012. Uno: le declara la guerra a Carlos Slim. Dos: refuerza su alianza con Televisa. Tres: mete a la cárcel a Jorge Hank Rhon.

El viernes 27 de mayo el gobierno rechazó la entrada de Teléfonos de México al negocio de la televisión. La empresa –dice el gobierno– no ha ofrecido servicios de interconexión a terceros. La medida beneficia al duopolio televisivo y, muy especialmente, al negocio de Emilio Azcárraga.

El miércoles 1º de junio, la Comisión Federal de Competencia (CFC) impuso a Telmex una multa por 91.5 millones de pesos, por negarse a interconectar durante siete meses a Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas. La sanción es producto de una investigación iniciada en 2008. Es el segundo castigo a una empresa de Carlos Slim en menos de dos meses.

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La acusación

Luis Javier Garrido

El gobierno de facto de Felipe Calderón ha comprometido seriamente en cuatro años y medio la seguridad nacional de México, y es esta la acusación principal que se le hace a él en los críticos momentos actuales, sin que en su irresponsabilidad se percate de ello, y es la acusación más grave que habrá de enfrentar al dejar el cargo y la que lo situará ante el juicio de la historia: haber hundido a los mexicanos en la mayor inseguridad de su historia.

1. En una entrevista acordada a Proceso (Núm. 1803), el constitucionalista Diego Valadés, de la UNAM, señalaba esta semana que a Calderón le aguarda un proceso penal para cuando abandone Los Pinos ya que el Tribunal Electoral lo ha responsabilizado de violar sin equívocos la Constitución en materia electoral en los últimos dos años, a lo que se debería agregar, añadía, su responsabilidad por los 40 mil muertos de su equivocada guerra contra las drogas, que ha producido efectos contrarios a los pregonados. Valadés se quedó sin embargo corto, muy corto, pues a Calderón le aguardan otras acusaciones penales de enorme gravedad. Las principales: la de haberse apoderado en 2006, mediante presuntas acciones delictivas, de la Presidencia de la República, sin haber ganado las elecciones; y sobre todo: la de haber comprometido, en estos años, por intereses personales y de grupo, la seguridad nacional de México.

2. La seguridad nacional de un país entraña algo muy distinto a lo que entienden los extremistas de derecha que se hallan en el poder en México, pues es universalmente aceptado que este concepto supone la responsabilidad del gobierno de crear mecanismos para salvaguardar: a) los derechos individuales de las personas (a la vida, a la integridad domiciliaria, a las libertades básicas), y b) los derechos sociales (al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, entre otros), así como, de la misma manera, c) los derechos de la nación a su integridad soberana y a sus riquezas estratégicas (en el subsuelo, el mar territorial, el espacio aéreo), y desde luego d) la integridad de las instituciones republicanas (los Poderes de la Unión, las fuerzas armadas, la administración pública).

3. La mayor parte de los países así lo entienden en el siglo XXI, salvo México, pues incluso Estados Unidos ha construido en tiempos recientes, con instrumentos seudojurídicos como la llamada Acta Patriótica de 2001, toda su doctrina en materia de seguridad nacional sustentada en su fuerza militar (haciendo caso omiso de que ésta es violatoria del derecho internacional), con el argumento de que todos los recursos del Estado han de ser utilizados para garantizar los derechos individuales y colectivos de los estadunidenses y defender los recursos estratégicos de su nación y sus instituciones básicas.

4. El gobierno de Calderón, por el contrario, luego de sus acuerdos inconfesables de 2006 con la administración Bush, asumió que para privilegiar, por sobre los derechos de los mexicanos y de la nacion, los intereses económicos y políticos de la mafia panista-yunquista, y con un criterio servil a la potencia que lo mantenía en el cargo, debería establecerse como principio rector de su desquiciada “guerra contra el narco”, que de lo que se trataba era de hacer prevalecer los intereses estratégicos de Estados Unidos en el marco de la llamada Iniciativa Mérida, y no le importó atentar gravemente contra la seguridad individual y colectiva de los mexicanos, contra la de la nación y sus recursos estratégicos y contra la de las instituciones públicas, que se empeñó ferozmente en destruir con el argumento de que habían sido creadas durante los años del Estado benefactor priísta.

5. Los hechos de estos cuatro años y medio no dejan lugar a dudas. Al crear una parafernalia de fuerzas policiacas y militares impreparadas para su guerra privada, a las que se sumaron los grupos paramilitares oficiales, a Calderón y a los panistas no les importó la vida de los mexicanos, que fueron muriendo por cientos y luego por miles en lo que se justificó como fuego cruzado o daños colaterales, atribuyéndole siempre esas muertes, ocasionadas por fuerzas oficiales, al que se bautizó como el crimen organizado. El gobierno calderonista asumía, conforme a los manuales del Pentágono que seguía obsecuentemente, que de lo que se trataba era de generar un clima de miedo –y de terror– en el país, y especialmente entre los más pobres, para advertir a los movimientos sociales que serían criminalizados si alzaban la voz, como en efecto fue aconteciendo.

6. Las fuerzas de seguridad nacional no iban tampoco en este deplorable sexenio a velar por los derechos colectivos del pueblo, sino que por el contrario iban a garantizar su violación. Los derechos sociales de los mexicanos lejos de ser protegidos fueron violentados de continuo para hacer viable el modelo capitalista neoliberal, con el proyecto de hacer de México una gran maquila y, sobre todo, de entregar los recursos estratégicos del país a las trasnacionales aliadas al panismo, y así fueron pisoteados, con ayuda de las fuerzas de seguridad, los derechos de los maestros, de los mineros, de los electricistas, de los jóvenes y de los niños, y los del pueblo en general a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo.

7. Porque otro de los mayores despropósitos fue que el concepto panista de seguridad suponía la seguridad de los intereses de las trasnacionales y los del gobierno de Washington, y se estableció el principio aberrante de que las fuerzas mexicanas de seguridad nacional, subordinadas a las agencias estadunidenses, deberían velar en territorio mexicano por la seguridad alimenticia de Estados Unidos y no la de México, por la seguridad energética de Estados Unidos y no la de México.

8. La seguridad de las instituciones de la República fue también comprometida, como en el caso del Ejército y la Marina, que en vez de cumplir con su tarea constitucional de velar por la seguridad del país frente a las amenazas del exterior, fueron subordinados a las agencias policiales estadunidenses para servir a los intereses estratégicos de ese país, y dedicados a esta tarea. A nadie sorprendió por lo mismo que en los papeles del Departamento de Estado difundidos por Wikileaks a través de La Jornada se publicara el miércoles 25 que Genaro García Luna (titular de Seguridad Nacional) ofreció a Estados Unidos en 2007 pleno acceso a todos los datos de inteligencia de México, en un acto de abierta traición a nuestro país. ¿O qué acaso en correspondencia Washington iba a dar a los funcionarios mexicanos pleno acceso a todos sus datos de inteligencia?

9. En medio del desastre al que Calderón y los panistas han llevado a México destaca la complicidad del PRI, coadyuvando con cinismo, al menos hasta los inicios de 2011, al proceso de desmantelamiento de la nación, del Estado y de los derechos de los mexicanos operado con el respaldo de las fuerzas mexicanas de seguridad. Resulta por ello patética la imagen del senador priísta Manlio Fabio Beltrones acudiendo en 2009, no a la PGR sino a la embajada estadunidense, para que le informe sobre el operativo de la Marina en el que se asesinó al presunto capo Arturo Beltrán Leyva (cable 09MÉXICO3624).

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

El frenesí

Luis Javier Garrido

La contrarreforma oficial en materia de seguridad nacional de Felipe Calderón, tendiente a legitimar el establecimiento en México de un Estado policiaco-militar, no haría otra cosa que agudizar la escalada de la violencia y llevar a los mexicanos a una mayor inseguridad, pero no está descartada en definitiva, a pesar de los llamados a la cordura hechos al gobierno desde dentro y fuera del país, advirtiéndole que de aprobarse se hundiría a México en el más absoluto desprestigio, y sigue constituyendo una amenaza para todos los mexicanos.

1. El gobierno de facto calderonista, empeñado como se halla en este 2011 en mantener a un panista en la silla presidencial a fin de que prosiga el desmantelamiento de la nación y la entrega del control de las decisiones estratégicas del país a Washington, escucha menos que nunca a las voces del disenso y se halla inmerso en un monólogo que bien puede calificarse de fascistoide, en el que repite hasta la saciedad una misma cantaleta de barbaridades pretendiendo que está luchando contra el mal y señalando que las fuerzas armadas no retornarán a los cuarteles.

2. La marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, de Cuernavaca a la capital, tras la ejecución de su hijo Juan Francisco y otras personas el 28 de marzo (5 al 8 de mayo), lejos de ser escuchada ha suscitado por lo mismo la cólera oficial, en particular luego del fracaso de los operadores de Los Pinos para cooptar a los organizadores de este movimiento, que han rechazado someterse a la lógica de violencia del gobierno panista, y más aún al manifestar Javier Sicilia y sus compañeros su oposición al proyecto de ley de seguridad. Las demandas de la caminata-marcha de esclarecer el multihomicidio de Morelos y de poner fin a la militarización del país están siendo de tal manera respondidas por el gobierno panista de la manera más torpe: por una parte haciendo detenciones absurdas de presuntos culpables, que nadie les cree, y luego desarrollando un discurso de intolerancia, insistiendo en la sinrazón de la militarización.

4. El berrinche –y la cerrazón– de Calderón ante el movimiento que partió ayer de Cuernavaca se evidenció al lanzar un nuevo y patético mensaje televisado la noche del miércoles, en el que ya onubilado insistió presa de un frenesí de violencia en su rechazo a las demandas de la marcha, y luego al aprovechar ayer la ceremonia del 5 de mayo y acusar a Sicilia de pretender dividir a los mexicanos, como si no estuviera la gran mayoría unida en contra de sus políticas

5. Los móviles de los grupos minoritarios que respaldan la ley que busca militarizar México son facciosos, pero tienen un denominador común: avalan todos de manera irresponsable, consciente o inconscientemente, el creciente control de Washington sobre las instituciones mexicanas. Un sector de altos oficiales del Ejército exige la nueva ley pretendiendo que se hagan legales e impunes las acciones policiales que anticonstitucionalmente llevan a cabo, y al mismo tiempo exige un inadmisible papel de decisión en los asuntos de Estado, pero no parece preocuparles su subordinación al Pentágono. Los seudoempresarios o traficantes de influencias que se han apoderado de espacios privilegiados en el país creen que un Estado policiaco-militar abaratará el costo de la mano de obra, pero no se dan cuenta de que sus días estarán contados al tomar Washington el control de la situación.

6. El escollo principal para frenar la militarización del país y la puesta en vigor de algunos de los principios aberrantes de la ley lo constituyen por lo mismo los compromisos de los panistas en este sexenio, primero con Bush hijo y luego con Obama. Estados Unidos ha hecho el objetivo fundamental de sus políticas al sur de la frontera el de hacer de México un Estado policiaco-militar, ya que el incremento de la violencia y la intensificación de la guerra contra el narco justificarían, según ellos, su intervención militar abierta; de ahí que tienen a Calderón sometido en esa dirección, alentándolo a seguir destruyendo en desbocado frenesí las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana.

7. La firma de Felipe Calderón el pasado 29 de abril de un acuerdo con los gobiernos ultraderechistas de Colombia, Chile y Perú para enfrentar a la iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –con la que los gobiernos más dignos del continente están buscando romper el dominio del capitalismo neoliberal– constituye una vergüenza para México, pero es una señal de la sumisión absoluta de Calderón a Washington y de su traición a las causas de Latinoamérica.

8. Washington definió desde los años 80 este proyecto de intervención creciente en México, pero no había sido hasta ahora, con el gobierno sumiso de Calderón, que le ha brindado con particular entreguismo todas las facilidades para ello, que se instauró de manera clara el proceso intervencionista en México, que urge detener.

9. Una legislación moderna en seguridad nacional –que no es la que quiere Calderón, empeñado en colombianizar a México– tiene que sustentarse en el respeto a una serie de principios constitucionales fundamentales que son hoy de observancia universal: a) el anteponer a cualquier política los derechos de los individuos conforme al artículo primero constitucional; b) el reconocer que estos derechos no puede suspenderlos más que el Congreso mediante una ley, como lo dispone el artículo 29; c) el reconocer que las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) no pueden en ningún caso, ni siquiera como excepción, ejercer funciones policiales o de Ministerio Público, tal y como lo establecen los artículos 21 y 129; d) el respetar el principio de que las fuerzas armadas y policiales mexicanas no pueden en ningún caso subordinarse a agencias extranjeras, como Calderón las ha obligado a hacerlo, ni mucho menos integrar misiones de intervención en otros países, ni siquiera de la ONU, que está hoy subordinada a Washington; y, desde luego, e) el reconocer que la investigación y persecución de los delitos debe correr a cargo de las policías judiciales o ministeriales, federal y locales, y con respeto irrestricto al sistema federal y a las autonomías municipales.

10. La seguridad nacional del país puede garantizarse con las instituciones actuales y el marco legal vigente. Por eso el reclamo que está uniendo a los mexicanos va dirigido a todos, pero sobre todo a quien ha generado y está alentando con sus políticas esa escalada de la violencia con fines sectarios y de grupo: el gobierno entreguista de Felipe Calderón, al que el pueblo no se cansará una y otra vez de decirle: ¡Ya basta!

Con Calderón, salario pierde la mitad de su valor

En lo que va de este gobierno, el salario mínimo ha perdido 42 por ciento de su poder adquisitivo. Pese a esta merma, más del 50 por ciento de los trabajadores mexicanos gana menos de tres salarios mínimos al día, insuficientes para pagar alimento, vestido, vivienda, educación y esparcimiento. Alentada por el gobierno y aprovechada por los empresarios, la supuesta “ventaja competitiva” de los bajos salarios no fomenta el crecimiento económico y sí perjudica a la clase trabajadora.

Mayela Sánchez

En casi cinco años de gobierno calderonista, el salario mínimo ha perdido 42 por ciento de su poder de compra, lo que lo sitúa como el segundo mayor deterioro salarial de los últimos años, sólo superado por el del sexenio zedillista.

La mengua en el salario actual se traduce en la pérdida de casi la mitad del valor que tenía al inicio del sexenio y del 75 por ciento de lo que representaba en 1978, cuando tuvo su mayor poder adquisitivo, de acuerdo con cálculos del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pese a la merma progresiva que ha tenido el salario durante su administración, el pasado 29 de marzo Felipe Calderón Hinojosa presumió que los gobiernos panistas han sido los únicos en varias décadas en elevar el salario mínimo real. No mencionó, por supuesto, que este incremento ha sido apenas de 57.84 por ciento en términos nominales.

Se trata de un ínfimo crecimiento comparado con el que desde diciembre de 2006 han tenido los precios de productos básicos, como el frijol, que subió 219 por ciento; el aceite, que se incrementó 125 por ciento; o el huevo, cuyo valor es ahora 90 por ciento mayor que al inicio del gobierno calderonista.

En el marco de la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Calderón Hinojosa también aseguró que en los últimos 10 años, “aumentó el número de trabajadores que perciben mejores salarios”. La supuesta mejora salarial ha sido de sólo 22 pesos en una década de panismo.

Con todo y el marginal incremento, el valor del salario ha decaído, lo que significa que, con un salario mínimo, hoy se pueden comprar 4 kilos menos de tortilla, 1.5 litros menos de leche o 21 piezas menos de pan que en diciembre de 2000, cuando inició el sexenio de Vicente Fox Quesada.

Para entonces, el salario mínimo (de 37.89 pesos) alcanzaba para 9.47 kilos de tortilla, mientras que hoy sólo se pueden comprar 5.42 kilos; también podían adquirirse 5.83 litros de leche; hoy alcanza para 4.27 litros. De las 61.13 piezas de pan que era posible obtener hace 10 años, ahora el salario mínimo solventa la compra de únicamente 40 piezas.

Ni para comer
El artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos generales “deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Pero los 59.82 pesos del salario mínimo vigente (el más alto de los tres establecidos para igual número de regiones del país) son insuficientes para cumplir con el precepto constitucional; de hecho, ni siquiera alcanzan para satisfacer las necesidades alimentarias de una familia.

Aun así, en México existen hoy 3 millones 777 mil 907 personas cuyo ingreso diario no rebasa esta cantidad.

El CAM, adscrito a la Facultad de Economía de la UNAM, estima que son necesarios 2.86 salarios mínimos para adquirir una Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) –ponderación de 33 productos alimenticios básicos, diseñada con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán–, cuyo costo actual se calcula en 171.37 pesos.

Pero en México, una tercera parte de los trabajadores percibe un sueldo diario menor a esa cantidad, a los que se suma un 8 por ciento que no recibe ingreso alguno por su trabajo, como revelan los datos económicos del Censo de Población y Vivienda 2010. Eso se traduce en 16.5 millones de trabajadores incapaces siquiera de alimentarse adecuadamente.

El profesor Luis Lozano Arredondo, del CAM, explica que desde diciembre de 1987, cuando entró en vigor el primer pacto de estabilidad y crecimiento económico, el aumento nominal del salario mínimo ha sido inferior al de la inflación y, por tanto, al de los precios de productos y servicios.

La consecuencia de ello ha sido el deterioro progresivo del poder adquisitivo del salario, pues mientras en 1987 los 6.47 pesos de salario mínimo sufragaban el pago de la CAR (cuyo precio era de 3.95 pesos), para marzo pasado los 59.82 pesos alcanzaban para adquirir apenas una tercera parte.

Para 1994, el salario mínimo de 15.27 pesos solventaba el 60 por ciento de la CAR. Cuando Fox Quesada iniciaba su sexenio, en diciembre de 2000, el salario mínimo –de 37.89 pesos– servía para adquirir el 58 por ciento de dicha canasta.

Una de las consecuencias de este deterioro es que ha aumentado el número de horas de trabajo necesarias para adquirir la CAR. Hace 23 años, bastaba laborar 4.53 horas para pagarla; mientras que ahora son necesarias 22.55 horas, es decir 18 horas más.

Pero las casi tres jornadas laborales que calcula el CAM bastarían únicamente para sufragar los gastos de alimentación, con lo que quedarían pendientes otras necesidades, como ropa, calzado, vivienda, salud, educación y esparcimiento, insostenibles con la tasa salarial actual.

El espejismo de los salarios
A decir de Calderón Hinojosa, en la década de los gobiernos panistas la proporción de personas que ganan más de tres salarios mínimos aumentó de 25 a 33 por ciento, al tiempo que el porcentaje de quienes perciben hasta dos salarios mínimos disminuyó de 42 a 31 por ciento.

Pero aun con esta “reducción”, los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 –en los que el panista basó sus declaraciones– muestran que el 60 por ciento de los trabajadores en el país recibe actualmente máximo tres salarios mínimos al día, equivalentes a 179.5 pesos.

Además, cifras de la Encuesta nacional de ocupación y empleo, disponibles hasta septiembre de 2010, muestran que en lo que va del sexenio aumentó el número de personas que recibe menos de dos salarios mínimos en casi 1.5 millones, con lo que actualmente suman 15 millones 798 mil 418.

Pero en la lógica calderonista, el solo aumento del número de trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos –5 mil 383 pesos– significa que ha mejorado “de manera gradual y consistente el nivel de ingreso y de bienestar de las familias”.

La cifra es cercana a lo que en la óptica del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, sería suficiente para pagar los créditos de una vivienda y un coche, así como mensualidades de colegios privados, según declaró el pasado 22 de febrero y que le valió severas críticas.

Entre quienes perciben sueldos superiores a dicho rango, la mayor parte se concentra entre quienes reciben de tres a cinco salarios mínimos, que son casi 8 millones de personas y representan el 19 por ciento de la población ocupada.

Aunque Calderón Hinojosa aseguró que en la última década –es decir, la de los gobiernos panistas– “se han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las familias más pobres”, las cifras del censo muestran que el 31 por ciento de la población –13 millones 232 mil 933 personas– sigue recibiendo ingresos menores a los dos salarios mínimos.

En contraste, apenas 9.8 por ciento de las personas ocupadas –4 millones 200 mil 371– gana entre cinco y 10 salarios mínimos, y sólo el 4.2 por ciento –1 millón 791 mil 370– obtiene más de 10 salarios mínimos, equivalentes a 17 mil 550 pesos mensuales.

Entre estos privilegiados se encuentra el propio Calderón Hinojosa, quien mensualmente recibe tan sólo como sueldo el equivalente a 2 mil 478 salarios mínimos, así como los secretarios de Estado, cuyo ingreso mensual es de 2 mil 437 salarios mínimos, sin contar las otras prestaciones que el Estado les garantiza.

Minisalario, “ventaja competitiva” del país
Los salarios pagados en México son los más bajos respecto de los otros países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y son menores a los que tienen otras economías latinoamericanas, como las de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.

De acuerdo con el Informe mundial sobre salarios 2010/2011, de la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo en el país es inferior al que se paga en China, Portugal y Turquía, y está apenas por encima de lo que recibe un trabajador en India.

El maestro Alejandro López Bolaños, quien recopila estos datos en el texto “Los salarios en México y en los países de la OCDE”, publicado en el boletín Momento Económico, menciona que, de 2006 a 2009, el salario mínimo mensual real registró una tasa de variación promedio de -1.4 por ciento y que para 2010 apenas alcanzó un crecimiento de 0.1 por ciento.

A diferencia de países como Brasil, que aumentó su salario mínimo 60 por ciento para fomentar el consumo de la población, en México se mantienen salarios bajos como una forma de atraer capitales extranjeros, explica López Bolaños, colaborador del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El investigador refiere que los empresarios e inversionistas ven los salarios como un costo de producción, por lo que buscan reducirlo para obtener mayores ganancias. El gobierno, diligente, salvaguarda esta práctica con una política salarial que niega incrementos reales por encima de la inflación.

La doctora Graciela Bensusán Areous, especialista en temas laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana, agrega que, con este enfoque, los salarios se mantienen “artificialmente bajos”.

De este modo, aun cuando la productividad de algunos sectores ha crecido, se busca que los salarios sean estrechos para ofrecerlos a la inversión foránea “como principal ventaja competitiva” del país.

Los especialistas coinciden en que, para que haya un crecimiento real de la economía, debe fortalecerse el mercado interno, lo cual requiere de una mejora de los salarios de los trabajadores para que tengan mayor capacidad de compra.

Bensusán Areous considera que, simultáneo al problema de los bajos salarios, existe una “polarización salarial”, pues se concentran altos salarios entre muy pocas personas, mientras que la mayoría de los mexicanos recibe “miserias” por su trabajo.

Esto se ha acompañado de un proceso acelerado de concentración de la riqueza, como documenta el CAM.

Así, en una década de gobiernos panistas la fortuna de 24 mil 900 millones de dólares que poseían 13 personas se convirtió en un caudal de 125 mil 100 millones de dólares en manos de 11 sujetos, entre ellos el empresario Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo.

Se trata de un crecimiento de la riqueza de 402 por ciento en apenas 10 años, en tanto que el salario mínimo nominal ha crecido 57.84 por ciento en el mismo lapso, equivalente sólo a 22 pesos.

López Bolaños advierte que los bajos salarios implican también un riesgo social, pues las personas a las que no les alcanza con lo que ganan ya no sólo se emplean en el sector informal, sino que están insertándose en actividades ligadas al crimen organizado. El investigador concluye: “No tiene ninguna parte ética tener esos salarios tan bajos”.

Conasami fija salarios insuficientes
A partir del 1 de enero de 1987, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) es la instancia encargada de fijar y modificar los montos salariales mínimos en todo el país. En su última actualización, la entidad dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autorizó un aumento de 4.1 por ciento al salario mínimo para este año, equivalente a 2 pesos.

Desde 1931 y hasta entonces, los salarios eran establecidos por comisiones municipales o regionales. La modificación a la ley que facultó a la Conasami establecer los salarios mínimos también fijó tres áreas geográficas para tasarlos:

El área A, que comprende el Distrito Federal y la zona metropolitana, Baja California y Baja California Sur, así como 11 municipios de Tamaulipas, nueve de Sonora, nueve de Veracruz, tres de Chihuahua y el municipio de Acapulco de Juárez, en Guerrero. El salario mínimo general vigente en esta área es de 59. 82 pesos, el más alto de las tres.

El área B está formada por 28 municipios de Sonora, 11 de Tamaulipas, siete de Nuevo León, seis de Jalisco y tres de Veracruz, donde el salario mínimo general es de 58.13 pesos.

El área C la integran Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, así como municipios de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. El salario mínimo general para ellos es de 56.7 pesos.

Además de los salarios mínimos generales, la Conasami también tiene establecidos salarios mínimos profesionales para 72 profesiones, oficios o trabajos especiales.

Aunque éstos son superiores a los salarios generales, ninguno de ellos rebasa los dos salarios mínimos a excepción del de reportero o fotorreportero de prensa diaria, establecido en 174.5 pesos en promedio, es decir, 5 mil 235 pesos mensuales.

Trabajos como maestro de primaria particular, auxiliar de enfermería o secretario auxiliar, al igual que oficios como repostero, manicurista, joyero o empleado en tiendas de autoservicio perciben menos de ese monto, de acuerdo con los datos de la Conasami.

Eso significa que, incluso, estos salarios son insuficientes para adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable, para la cual se necesitarían 2.86 salarios mínimos generales.