Gobernador de NL regala notarías antes de dejar el cargo

LUCIANO CAMPOS GARZA

MONTERREY, N.L., 29 de septiembre (apro).- El procurador de Justicia del estado, Luis Carlos Treviño, y Humberto Medina Ainsle, padre del gobernador electo de Nuevo León, Rodrigo Medina, recibirán, como regalo de fin de sexenio, sendas notarías públicas por parte del actual mandatario, Natividad González Parás.Medina Ainsle es, además, exconsejero jurídico del gobierno del estado.González Parás señaló que entregaba las patentes de notario por un "compromiso" que había hecho previamente con los beneficiarios."Con ellos hace dos años asumí el compromiso de que al terminar la administración las tendrían y, pues, lo vamos a hacer.

En el caso del procurador es una notaría nueva; en el caso de Humberto Medina, es sustitución de una vacante", explicó González Parás.Señaló que cerrará su administración "ejerciendo responsablemente la Dirección de Notarías en el Estado". En su administración habrá ocho nuevas, incluida la que le entregará a Treviño Berchelmann, precisó."Este número de nuevas notarías, frente al crecimiento grande que ha tenido el comercio y la actividad económica, pues, es una cantidad muy razonable y, sí, efectivamente, pienso honrar de salida algunos compromisos que había asumido con algunos colaboradores", afirmó.Así mismo, González Parás descartó, como se ha rumorado, que también le entregará otra de estas patentes al tesorero Rubén Martínez Dondé."Está prácticamente cerrado ya este asunto; repito, estos fueron compromisos que asumí hace dos años y que estoy honrando al final de mi administración, independientemente de lo que la circunstancias hayan deparado para gente cercana a ellos", dijo al término de un evento de relaciones laborales.González, quien dejará su puesto el próximo 3 de octubre, dijo que hacía estas entregas dentro de la ley, pero rechazó decir si eran premios para sus colaboradores."Pues es una patente que el gobernador, en el ejercicio de sus facultades otorga. Pero repito, lo hemos hecho responsablemente porque el número de notarías otorgadas frente al crecimiento de la economía y del comercio, es muy razonable", reiteró.Finalmente, descartó que la mayoría de estos ocho nuevos despachos hayan sido asignados a allegados a él:"No. Tengo entendido que la mayoría no es así, desde luego son todas personas que tienen capacidad y formación. Hay algunos notarios prestigiados que abrieron el espacio para sus suplentes y sus hijos, y otros que son juristas, o personas que no tienen que ver con el sector gubernamental."Sin embargo, la prensa local reseñó que en el transcurso del presente año, el gobernador entregó notarías a personas cercanas a él, como sus compadres, el exalcalde de Sabinas Hidalgo, Leopoldo González González; y el exdelegado del Infonavit, Jorge González y Padrón. También a sus excompañeros de la Facultad de Derecho, José Eliseo Sepúlveda y José Eliseo Sepúlveda Infante.

El PAN y los Beltrán Leyva: una buena vecindad

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA

La élite empresarial y los más destacados políticos panistas y priistas de Nuevo León hicieron de San Pedro Garza García su refugio y con su dinero y sus influencias lo convirtieron en el municipio más rico del país. Aunque ya era sabido que ahí viven también varios capos del narcotráfico, sorprendió la sinceridad con la que Mauricio Fernández Garza, candidato panista a esta alcaldía, reconoció que él está dispuesto a pactar con los Beltrán Leyva antes que confrontarlos y quedar a merced de Los Zetas. Cuando se difundió una grabación con su “propuesta de seguridad”, el candidato hizo malabares para tratar de negar lo que debió haber sido un secreto entre vecinos.

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NL.-En medio de las campañas electorales que utilizan la seguridad como estandarte propagandístico, en esta ciudad Mauricio Fernández Garza, candidato del PAN a la alcaldía del municipio más rico del país, hizo peculiares observaciones sobre la operación de la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva y la relacionó con su propia plataforma política ante un grupo de acaudalados conciudadanos. Las palabras del político quedaron grabadas, y fueron reproducidas en la revista electrónica Reporte Índigo. Ahí se oye una voz distorsionada que le pregunta a Fernández Garza si se puede negociar para que los narcos se vayan del municipio. El candidato responde: “Mira, esos cuates no te negocian. No hay ningún lugar del que se vayan, lo único es que, a las instancias que me han llegado a ver, te buscan. Los candidatos que digan que no, son puros mentirosos. “O sea, el narcotráfico es una penetración real y te le caen a todos los candidatos, al menos a los que les vean posibilidades de ganar. En el caso mío, yo lo que sí les dejé en claro es que no quiero ninguna venta obvia”, expresó. Cuando estas confesiones se difundieron a través de la prensa escrita y de la radio, provocaron un escándalo nacional. De inmediato, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Jesús Murillo Karam, exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) abra una investigación de oficio sobre el panista. A su vez, el coordinador de los diputados federales perredistas, Javier González Garza, acusó al PAN de actuar con doble moral ante el narcotráfico, y se sumó a la exigencia de una investigación. En el transcurso del viernes 12, las palabras de Fernández Garza siguieron repercutiendo, mientras los dirigentes panistas en el estado evitaban hacer comentarios al respecto, en espera del arribo a Monterrey de su presidente nacional, Germán Martínez Cázares, programado para el sábado 13. Hijo de Alberto Fernández Ruiloba y de Margarita Garza Sada, Mauricio Fernández es miembro de la élite adinerada de Monterrey, ha pertenecido a los consejos de administración de los corporativos industriales más importantes de la ciudad, como el Grupo Alfa, y es famosos por la valiosa colección de arte que atesora en su casa, conocida como La Milarca, una construcción con techos de los siglos XIII al XVI, siete arcos góticos y miles de obras costosas, una de ellas La Lagartera, la gigantesca escultura de Francisco Toledo. Pero es incluso más famoso por sus polémicas como militante del PAN, partido del que su padre fue fundador y que lo ha hecho alcalde de San Pedro (de 1989 a 1991), senador (de 1994 a 2000) y candidato a gobernador en 2003, cuando perdió frente al priista Natividad González Parás. Es un militante peculiar: lo mismo se pronuncia por políticas de izquierda que de derecha, es crítico frecuente del PAN y sus gobiernos, a los que ha acusado de perder el rumbo. Ha mandado “al partido al carajo” (Proceso 1685) y lo mismo presume de su amistad con Fidel Castro, con los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, que con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En 2003, en plena campaña por la gubernatura, Mauricio Fernández Garza admitió haber consumido mariguana en su juventud y se pronunció por su legalización. De inmediato su ventaja electoral cayó hasta desaparecer. Y a principios de este año, cuando el PAN intentaba convencer al Partido Nueva Alianza (Panal) de que formaran una coalición, el político y empresario reprobó este acercamiento. Las negociaciones terminaron cuando Fernández Garza calificó a Elba Esther Gordillo, creadora del Panal, de “corrupta, mercenaria y traidora nata”. Ya desde el 18 de septiembre de 2008, El Universal publicó una entrevista en la que él criticó la lucha del gobierno federal contra el narcotráfico, pues, dijo, tenía que atacarse la estructura financiera de los cárteles. Agregó que él preferiría negociar con las mafias del crimen organizado a que siguieran matando y secuestrando gente. “En esos momentos se toma la decisión: o pactas o arreglas algo. Es una por otra, no es por gusto; si fuera necesario, me sentaba con el diablo. Siéntate ahí, Mefistófeles, y de algo platicaremos”, puso como ejemplo. En esta ocasión, el viernes 12, Reporte Índigo dio a conocer en su página electrónica un audio en el que se escucha a Fernández Garza afirmar que a los hermanos Beltrán Leyva les interesa la seguridad de sus familias, que viven en San Pedro, antes que vender drogas ahí, por lo que están de acuerdo con la propuesta del candidato en la materia. Una vez que se cerciora de la ausencia de reporteros, Fernández dice que los Beltrán Leyva, no los policías, han evitado que San Pedro Garza García se deteriore como el resto de la zona metropolitana de Monterrey. Para él, la razón es que a los miembros de esa organización del narcotráfico les interesan sus familias, y aventura que son los menos malos de los grupos criminales, puesto que “no les da por el secuestro ni por todas esas cosas”, como sí sucede con Los Zetas que, afirma, operan en el resto de la zona metropolitana. “Entonces hay un tiempo –señala más adelante–. O sea, o montamos todo este aparato de seguridad, que ellos tampoco están en contra porque es para sus propias familias también… No sé cómo decirte, o sea, lo que yo voy a tratar de hacer, hasta ahora me estoy dando cuenta de que no está tan complicado como yo me imaginé, porque los propios Beltrán Leyva están de acuerdo. “Si no, pues me mandan matar o por lo menos a mi jefe de policía. Entonces, no está tan complicado el tema ahorita. Digo, sí está… hay funciones complicadas acá, pero está más arreglado de lo que te puedas imaginar, si entramos rápido.”
Interés por la seguridad
La reunión en la que se grabó el audio de la polémica ocurrió hace un mes, en casa de Enrique Regules, un empresario conocido por su cercana relación con los hermanos Salinas de Gortari. Ahí, frente a un grupo de colonos de San Pedro como Eugenio Azcárraga, presidente de Televisa Monterrey, Alberto Santos, hijo del empresario Alberto Santos de Hoyos, además del anfitrión, Fernández Garza presentó su programa “Blindemos San Pedro”. Durante su campaña electoral, el aspirante a alcalde ha promovido ese eslogan para abordar el tema de la inseguridad y la violencia que ya golpean a San Pedro. También ha hecho énfasis en el tema del desarrollo urbano: promete regular las construcciones y el uso de suelo, que tantas rabietas ha provocado en los sectores pomadosos del municipio por la saturación comercial en áreas residenciales. Pero es el tema de la seguridad lo que le ayuda a captar la atención de inmediato. Desde que decidió contender por la presidencia municipal, no pierde oportunidad de hablar de sus propuestas, que según él fueron formuladas por militares y expertos en el tema. En entrevista, Fernández Garza admite que en la grabación sí se escucha su voz, aunque afirma que sus palabras se difundieron fuera de contexto después de que él presentó su proyecto de seguridad y realizó una sesión de preguntas y respuestas. Asegura que cuando empezó a planear sus propuestas en la materia pensó que su reto sería enfrentar a la delincuencia organizada, pero sus asesores, militares en retiro, le explicaron que los cárteles que operan ahí le dan mucha importancia a la seguridad, porque ahí viven sus familias. “Entonces entendí que no me iba a pelear con ellos, no por impunidad, sino que yo iba a hacer mi trabajo como alcalde, una posición en la que tienes poca información para hacerles frente. Eso sí, que iba a confrontar la droga disponible, pero en una visión realista. Expliqué que quien la buscaba la iba a encontrar”, trata de justificarse.
–Pero también dice que a los candidatos los buscan los narcos.
–Yo decía que he tenido esa temática desde hace seis años, cuando denuncié, abiertamente y a nivel nacional y todo, que me ofrecieron lana y que la había rechazado. También he dicho que me buscó la gente de los casinos, pero no en esta campaña. Además, insisto: yo no me he sentado, ni negocio ni pacto con la delincuencia ni con Ramón Alberto Garza. Y es que según Mauricio Fernández, “la gente” del director general de Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza, insistió en que comprara un paquete de publicidad por 500 mil pesos, pero el candidato se rehusó. “Fueron bajando la cantidad hasta la última visita de Guillermo Martínez, que me pidió 70 mil pesos, y luego resultó que esa persona es el de imagen en la campaña del candidato del PRI, Juan Carlos Pérez Góngora”, afirma.
Los vecinos
En las faldas de la Sierra Madre y considerado como el municipio con mayores ingresos per cápita del país, San Pedro Garza García es el lugar de residencia de las familias acaudaladas de Monterrey, los altos ejecutivos de las finanzas y de la industria, así como la élite política del PRI y del PAN. En la zona serrana de Chipinque se ven desde abajo palacetes a los que se llega por caminos de curvas. Los árboles impiden ver más allá de las bardas, altas y con caseta de vigilancia. Las calles llevan nombre de vecinos: Ricardo Margáin (el mismo apellido de Fernando, el alcalde actual); Humberto Lobo, como el dueño de Protexa... Algunas calles son Garza Sada. Sólo las avenidas más grandes se llaman José Vasconcelos y Manuel Gómez Morín. Asiento corporativo de los grandes corporativos regiomontanos, en los últimos años el municipio ha sido escenario de ejecuciones, tiroteos, persecuciones y cateos del Ejército, ya que en sus fraccionamientos viven también los jefes del hampa. Diferentes versiones de testigos protegidos han ubicado en San Pedro a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, jefe de sicarios de los hermanos Beltrán Leyva. Y se supone que fue en esta ciudad donde El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada, El Azul Esparragoza y Arturo Beltrán Leyva sostuvieron una cumbre de capos en la que planearon matar a Rodolfo Beltrán Leyva en 2004, de acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEDICS/013/2005. Incluso, hace años vivían aquí familiares del otrora líder del cártel del Golfo, Juan García Ábrego. En la grabación difundida por Reporte Índigo, Mauricio Fernández asegura que Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, vivió siete años en San Pedro. En los antros y discotecas de El Centrito, en este municipio, abundan las anécdotas sobre Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, presunto jefe de Los Zetas en Nuevo León, quien fue detenido el 20 de marzo pasado. Por aquí exhibía y vendía ostentosos vehículos, y hasta un helicóptero, Héctor Huerta Ríos, El JR o La Burra, operador de los Beltrán detenido el 24 de marzo en un lote de autos que tenía en las calles de Río Grijalva y Mississippi. Y apenas el 19 de mayo el Ejército detuvo en el Aeropuerto del Norte, en Escobedo, Nuevo León, a Rodolfo López Ibarra, El Nito, presunto jefe de la organización de los Beltrán Leyva en San Pedro. Esta captura condujo a los militares a la Torre Dataflux, la monumental sede corporativa de Televisión Azteca Noreste, propiedad de Guillermo Salinas Pliego. El piso que rentaba El Nito resultó ser propiedad del abogado Gerardo Montes, quien defiende al empresario Alejandro Garza Lagüera en el polémico juicio que sostiene contra su yerno Alfonso Romo. Montes es socio del despacho de un hijo del procurador estatal, Luis Carlos Treviño Berchelman. Durante la alocución proselitista que motivó el escándalo, Mauricio Fernández explica: “Uno de los atributos de interés entre los gremios violentos o paramilitares es su familia y su vida. Por eso a San Pedro lo han cuidado, lo han cuidado ellos, no creas que nuestros policías. “Si ahorita no entras con un sistema a fondo, de una visión de seguridad, digo, yo no sé cuánto tiempo van a estar los Beltrán Leyva aquí cuidándote el puesto, pero el día que se te vayan, en un mes tienes todo este circo para Los Zetas.” El tema de la inseguridad y el narcotráfico ha sido ampliamente discutido por los candidatos a los cargos de elección popular, que lo politizaron, sobre todo después del 1 de junio, cuando el Ejército inició los operativos en las secretarías municipales de Seguridad Pública, que derivaron en el arraigo de alrededor de 80 policías (Proceso 1701) y provocaron el enfrentamiento entre policías federales, estatales y municipales el pasado martes 9. Luego de recorrer las sedes policiacas de los municipios de la zona metropolitana, incluido el de la capital nuevoleonesa, los federales continuaron por el norte, en la ruta Monterrey-Reynosa. Y pese a los hechos violentos y las apariciones de capos en San Pedro Garza García –como la persecución y tiroteo contra mandos de la Policía Federal, el 14 de mayo–, los operativos militares no se han dirigido a este municipio que, a decir de Mauricio Fernández, es un enclave familiar de los hermanos Beltrán Leyva.

Ataca el narco a Televisa Monterrey

LUCIANO CAMPOS GARZA

MONTERREY, NL, 6 de enero (apro).- Varios sujetos armados lanzaron este martes ráfagas de arma de fuego de alto poder, así como una granada de fragmentación contra las instalaciones de Televisa Monterrey.

Más tarde, dentro de un vehículo abandonado en las inmediaciones de la televisora, fue hallado un narcomensaje que textualmente decía: "Ya dejen de transmitir nadamás a nosotros, tambien transmitan a los narcomandatarios. Es un aviso".De acuerdo con la versión de los reporteros de Televisa, quienes transmitieron en vivo las secuelas del evento, a las 8:15 de la noche se escuchó en el exterior del edificio -ubicado en el cruce de las calles de Albino Espinoza y Privada José Marroquín- una serie de detonaciones y posteriormente un fuerte estallido.El conductor Hugo Chávez y el gerente de noticias Francisco Cobos reportaron al aire que habían sido víctimas de la agresión mientras se transmitía la edición nocturna de su noticiario.Según los comunicadores, la reportera Karina Garza iba entrando a las instalaciones de la televisora cuando se escucharon los impactos y la explosión. La periodista entró en crisis de histeria.Chávez dijo que la explosión ocurrió a aproximadamente tres metros de la oficina de los camarógrafos.En esa área "quedó el boquete donde estalló la granada de fragmentación", añadió Cobos.Testigos de los hechos mencionaron que un grupo de personas que viajaba en un coche rojo dispararon contra el estacionamiento de la televisora, cuyo portón recibió al menos seis impactos de bala, al parecer calibre 45, y una granada estalló entre varios autos de los empleados. En seguida, uno de los sicarios bajó del vehículo y colocó la 'narcomanta' en la cajuela de un automóvil Volkswagen. Luego huyeron por la calle Albino Espinoza.Luego del ataque, las instalaciones fueron evacuadas para que Protección Civil hiciera una revisión del área, misma que fue acordonada para recolectar evidencias.Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Verde, elementos del Ejército, de la Policía Federal Preventiva, de la Agencia Estatal de Investigación y de la Policía Municipal de Monterrey.Alejandro Garza y Garza, subprocurador de Ministerios Públicos de la Procuraduría estatal, quien fue entrevistado por la televisora en el lugar de los hechos, informó que los recolectores de evidencias ya revisaban los casquillos encontrados en el lugar, así como las esquirlas que dejaron los artefactos explosivos.
Abundó:
"Repudiamos totalmente estos hechos porque no se puede permitir que se atente en contra de la libertad de expresión (...) Primero trataremos de no contaminar el área (para el trabajo pericial) y en la manta (cartulina) veremos si hay huellas dactilares", dijo.Garza y Garza señaló que el gobernador priista Natividad González Parás le dio instrucciones para apoyar a la televisora.

Golpiza de diputados en Congreso de Nuevo León

LUCIANO CAMPOS GARZA

MONTERREY, N.L., 15 de diciembre (apro).- Diputados locales del PRI y PT se enfrentaron a golpes con legisladores del PAN en la tribuna del Congreso del estado, durante la sesión programada para votar la cancelación del Arco Vial Sureste, que el gobierno de Natividad González Parás pretende construir en el Cerro de la Silla.Por si fuera poco, decenas de colonos del municipio de Juárez tomaron el recinto legislativo e interrumpieron la sesión antes que se votara el dictamen, ya aprobado en comisiones, con el que se cancelaba la mega obra de 19.8 kilómetros que incluía un túnel en las faldas del Cerro de la Silla.Los diputados del PAN culparon al gobernador Natividad González Parás de manipular a los colonos. Después del incidente, los 22 panistas que integran la mayoría de la Legislatura acudieron caminando al Palacio de Gobierno para entrevistarse con el mandatario.El orden en la sede del congreso de Nuevo León fue alterado desde las 10:30 de la mañana cuando 300 colonos del municipio de Juárez, encabezados por el síndico segundo Juan Antonio Alba y la regidora Mireya Salinas, bloquearon las cuatro puertas de acceso al edificio legislativo para impedir que entraran los diputados y pudiera iniciar la sesión.Los panistas Martín Alanís Villalón y Fernando Kuri Guirado tuvieron que ingresar saltando una barda de dos metros, a un costado del edificio. Alfredo Rodríguez fue el último en entrar. Requirió la ayuda de policías que se abrieron paso a empujones para permitirle el acceso.Ya adentro, se instaló la sesión sólo con los panistas presentes. Cuando hubo quórum, ingresaron los de las fracciones del PRI, PT y Nueva Alianza (Panal).Los elementos de Seguridad Pública que resguardan el Congreso permitieron el acceso de los inconformes al área de butacas para que presenciaran la sesión. De inmediato comenzaron a lanzar consignas para pedir que fuera aprobada la construcción del Arco Vial Sureste.Eran arengados por los ediles de Juárez, y por Abel Guerra Garza, titular de la Coordinación de Proyectos Estratégicos del Congreso del estado, dependencia encargada de la obra.El presidente del Congreso, Gregorio Hurtado, pidió calma pero no hubo respuesta. Los gritos seguían.En medio del escándalo, la legisladora Laura Paula Sánchez comenzó a leer el resolutivo 5261 en el que se derogaba el Decreto 75, que había creado el impuesto de mejoría específica para financiar el Arco Vial Sureste.Varios diputados del PRI se levantaron de sus curules. Por el lado derecho del acceso al estrado se apostaron los panistas Sergio Cedillo, Javier Ponce y Ricardo Vázquez. Por ese lado comenzaron a empujarlos los priistas Diego López, Francisco González y el petista Gerardo García. Comenzaron los forcejeos para tomar la tribuna.Martín Alanís, del PAN, llegó a auxiliar a sus compañeros e intercambió golpes con García Leija. López le dio un zurdazo a Cedillo en el rostro. Salvador Treviño, del PRI, se sumó a la riña y entre jaloneos subió al estrado. Lo acompañó Francisco González.En el desconcierto, decenas de colonos de Juárez se colaron al recinto, animados por los ediles juarenses.Entre los jaloneos por ingresar y la oposición de los uniformados, una mujer que se identificó como Belinda Ponce sufrió un desmayo y cayó al piso. Fue reanimada minutos después y se reintegró a las protestas.A las 3:09 de la tarde la tribuna fue tomada. El presidente del Congreso de Nuevo León pidió un receso.En conferencia de prensa posterior, Oscar Cano, coordinador de la bancada panista, responsabilizó al gobernador y a Abel Guerra por manipular a los habitantes del municipio de Juárez. Así mismo, anunció acciones penales contra los funcionarios que participaron en la toma del Congreso.Esta es la primera ocasión en que la tribuna del Congreso del estado es tomada por un grupo de ciudadanosLuego de la trifulca, los diputados panistas se desplazaron a pie al Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador. El asistente de Gobierno que los atendió dijo que González Parás no estaba en la ciudad y que, con gusto, los recibiría el martes a las 12:00 horas.El diputado Ranulfo Martínez dijo que permanecería en el lugar el tiempo que fuera necesario para que lo recibiera González Parás.Ildefonso Guajardo, coordinador de la bancada del PRI, reprochó la manera en la que fue violentado el recinto; pero responsabilizó del desaguisado a los panistas por no darles derecho de audiencia a los habitantes de Juárez que, dijo, querían saber por qué no habría Arco Vial.A las 5:30, los manifestantes dejaron la tribuna y se retiraron. Unos 10 de ellos subieron a la torre del Congreso y se entrevistaron con legisladores tricolores, quienes les explicaron cuál era la situación en torno al dictamen sobre el Arco Vial Sureste.En Palacio de Gobierno, a las 6:00 de la tarde llegó el subsecretario de Gobierno, Eduardo Bailey, para hablar con los legisladores, pero fue rechazado. Le dijeron que querían hablar con el gobernador.

El "Despacho Favorito"

José Natividad González Parás

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA

Desde el principio de su administración, el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, ha desarrollado una intensa actividad constructora, por la que se le acusa de despojos, daños ambientales, tráfico de influencias y conflictos de intereses. La causa, dicen muchos de los afectados y analistas de la entidad, es que su administración ha favorecido a empresas donde participan familiares o funcionarios de su gobierno, mientras que los litigios contra los pobladores despojados son llevados por el llamado "Despacho Favorito", el cual se ha convertido en semillero de la clase política neoleonesa y tiene entre sus socios a un hermano del mandatario. De allí, piensan algunos, saldrá en 2009 el nuevo gobernador, tanto si es priista como panista...

MONTERREY, NL.- A 11 meses de que concluya su gobierno, el mandatario estatal priista Natividad González Parás, enfrascado en febriles actividades constructoras, se ve rodeado de denuncias, litigios y protestas por despojos, daños ambientales, tráfico de influencias y conflictos de intereses. El centro de las acusaciones contra el gobernador, quien el 5 de julio de 2009 saldrá a votar por quien lo sustituya en el poder, es el llamado Despacho Favorito, del que es socio Luis González Parás, hermano del mandatario, encargado de litigar tanto asuntos oficiales como casos privados. Desde febrero de 2005, los abogados Jorge Ruiz Velasco y Baldemar Martínez Garza denunciaron que ese despacho, cuyo nombre formal es Santos, Elizondo, Cantú, Rivera, González, De la Garza, Mendoza, S.C. servía como instrumento de tráfico de influencias.Y ahora, en entrevista con Proceso, el presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León (CANL), Mariano Núñez González, manifiesta que en la actual administración estatal no sólo existe conflicto de intereses en la aplicación de la justicia, sino también tráfico de influencias, pues no se sanciona el maridaje de lo público con lo privado.En el Despacho Favorito confluyen, además de Luis González Parás, el diputado federal priista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Rivera Bedoya, y el senador panista Fernando Elizondo Barragán, quien ha asegurado que ya se separó del despacho. Pero ambos son aspirantes al gobierno de Nuevo León por sus respectivos partidos.También son socios del Despacho Favorito Napoleón Cantú Cerna -quien ha sido diputado federal y local por el PRI en dos ocasiones, procurador del estado y secretario general de Gobierno- y Luis Alonso Mendoza Garza, hermano de Jorge Mendoza, vicepresidente de TV Azteca. El abogado Mariano Núñez recuerda que ese despacho no sólo se halla vinculado a muchas de las empresas constructoras favorecidas por la administración, sino que de él han salido numerosos funcionarios públicos y candidatos a gobernador, "con la simple declaración de que ya se retiraron".En cuanto a la asignación de obra pública -rubro al que González Parás considera su "orgullo"-, Mariano Núñez advierte que ha sido ilegal porque, para empezar, jamás ha sesionado al efecto la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano a la que, por ley, corresponde aprobar los proyectos, acaparados por algunas constructoras que, mediante licitaciones a modo, han recibido cientos de millones de pesos en contratos. El caso más sonado ha sido el de la Constructora Maiz Mier, empresa dirigida por los hermanos de la esposa del gobernador, Cristina Maiz de González Parás. Debido a ese parentesco, al inicio de la administración la participación de dicha compañía en licitaciones públicas fue rechazada por el gobierno, pero pronto consiguió un amparo: el Juzgado Tercero de Distrito del Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón a la constructora el 29 de septiembre de 2004, con lo que pudo concursar en licitaciones. Ahora, la Constructora Maiz Mier tiene cuatro contratos que suman mil 306 millones 774 mil 255 pesos, entre construcciones de pasos a desnivel y puentes vehiculares. Además, acaba de obtener un nuevo contrato por mil millones de pesos, en asociación con Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. (Dycusa), para la realización de un túnel que pretende construirse en la sierra Cerro de La Silla, como parte del llamado Arco Vial Sureste, aunque el proyecto fue suspendido el pasado 28 de octubre por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y enfrenta amparos de las comunidades aledañas.Dycusa, fundada por Juan Antonio Ballí González y recientemente asociada con la Constructora Maiz Mier, no sólo dispone de otros contratos oficiales, sino que algunos de sus socios tienen vínculos familiares consanguíneos con Plácido González Salinas, actual coordinador general de Comunicación Social y Relaciones Institucionales del gobierno estatal.Los cinco contratos gubernamentales con que cuenta Dycusa suman 437 millones 206 mil pesos.Es un caso similar al de la constructora Docsa, que en abril de 2005 fue impugnada por la fracción panista en el Congreso local porque existe un parentesco político entre Javier González Parás y los accionistas de dicha firma.Así mismo, según el acta constitutiva, entre los accionistas que registraron esa compañía destaca Jorge Domene Zambrano, actual director del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, quien juega al golf con Javier González Parás. Esta compañía tiene dos contratos con la administración estatal que suman 93 millones 764 mil 721 pesos.La relación del gobernador con los constructores ha sido igualmente evidenciada en el caso del Grupo Garza Ponce, cuyo presidente y director general, José María Garza Treviño, es socio de Javier González Parás en los centros nocturnos Far West Rodeo, ubicados en San Nicolás de los Garza y en San Antonio Texas. Los dos contratos asignados por el gobierno a esa firma -uno de ellos en asociación con Bombardier y Siemens- representan, en un caso, mil 664 millones 422 mil pesos, y, en el otro, 105 millones 446 mil 957 dólares, para la ampliación de la Línea 2 del Metrorrey, que afrontó problemas con propietarios de predios y edificios afectados por la obra, la cual concluyó con un año de retraso.Peor aún, conforme a la legislación, Siemens estaba impedida para realizar esas obras, de acuerdo con la sanción derivada del expediente DS-044/2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2005.Y por si fuera poco, desde el inicio del sexenio Garza Ponce cobra 618 mil pesos mensuales por la renta del edificio que ocupa la Procuraduría de Justicia del Estado.No muy distinto es el caso de la empresa de origen mexiquense Pavimentaciones, Caminos y Compactaciones, S.A. (Paccsa), que por siete contratos otorgados ha cobrado al gobierno estatal 447 millones 586 mil 289 pesos. Debido a que Paccsa fue denunciada por despojo y se abrió la averiguación previa 436/2001/4, se acogió a la defensa y representación jurídica del Despacho Favorito.Paccsa pretendía apropiarse, con un permiso apócrifo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la piedra bola del río Pilón en Montemorelos, pero con ello afectó a decenas de vecinos que presionaron hasta que la constructora tuvo que retirarse del lugar.Desalojos, ecocidios, engañosUn mes después de la toma de protesta de Natividad González Parás como jefe del Ejecutivo, el 31 de octubre de 2003, alrededor de 250 familias -la mayoría maestros y burócratas jubilados- de la colonia agropecuaria Emiliano Zapata, en el municipio El Carmen, fueron desalojadas por un fallo judicial del cual no fueron notificados.En un video, obtenido por Proceso, se observa un despliegue policiaco que incluyó perros, cientos de policías y un helicóptero, encabezados por el asesor jurídico del gobernador, Humberto Medina Ainslei, padre del actual secretario de Gobierno, Rodrigo Medina de la Cruz.El 17 de diciembre de ese mismo año, las casas fueron dinamitadas. Las batallas legales y movilizaciones ciudadanas por los "terrenos campestres" de El Carmen, en lo que fue la colonia agropecuaria, han incluido la denuncia de que el empresario Alfredo Villarreal obtuvo la propiedad del terreno de 76 hectáreas mediante una subasta amañada que realizó Banca Serfín, además de que en un extremo se construyó la escuela de beisbol de los Sultanes de Monterrey, que pertenece a la familia Maiz Mier, mientras en el otro se erigió un fraccionamiento de la Constructora Garza Ponce.A raíz de los movimientos de protesta por estos hechos, la estudiante de medicina Nora Inés Mendoza -hija de una de las principales líderes, Teresa Ramírez- fue encarcelada y puesta en libertad caucional bajo la acusación de haber obstruido en 2004, durante actos de protesta de los colonos, la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, hasta que en febrero de este año demostró que no intervino en los mismos, pues al realizarse ella estaba en clases.Entre los múltiples litigios estatales y municipales por despojo de tierras destaca uno en el que el gobierno del estado y la minera El Diente fueron sometidos a juicio por los vecinos del poblado San Pedro y San Pablo. El problema aquí es que, en este juicio, el abogado patrono de la empresa minera El Diente es Humberto Medina de la Cruz, hermano del secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, e hijo del asesor jurídico del gobernador, Humberto Medina Ainslei. De modo que, con muy pocas esperanzas, los vecinos de San Pedro y San Pablo pelean, al mismo tiempo, contra una empresa, una familia en el poder y el gobierno del estado.Y se ha denunciado que una situación similar se presenta en el pueblo mineral de Las Ventas.Ante la proliferación de este tipo de despojos y litigios, la Unión Nacional de Trabajadores apoyó la creación de un frente popular que detectó al menos 45 casos de zonas irregulares que están siendo desalojadas. Uno de ellos corresponde al sector Vaquerías, donde los vecinos demostraron que Armando Madero Aldama, padre del alcalde panista de Monterrey, Adalberto Madero, vendió en el pasado lotes rústicos a cientos de familias, pero ahora, luego de que aumentó considerablemente la plusvalía, pretende echarlos desconociendo el trato original.Otro de los asuntos defendidos por el frente popular es el de Nueva Castilla, donde el pasado 16 de mayo un convoy de la policía estatal detuvo a 31 personas -afectados, abogados, activistas e inclusive dos niñas- cuando intentaban hacer valer un amparo (el 862/2008) que estipulaba la restitución provisional de un predio. Cerca de 50 personas esperaban al actuario cuando los mencionados fueron privados de su libertad -aunque el amparo advertía que esto no debía ocurrir en relación con el terreno-. El argumento del secretario de Seguridad Pública de Escobedo, Fernando Torre, consistió en que fueron consignados por despojo de inmueble. Más aún, el gobierno estatal encausó la denuncia y mantuvo en la cárcel hasta principios de octubre a Obed Juárez, Juan Balderas, Gabriela Bautista, Gerardo Armendáriz y Alicia Gutiérrez, consignados ante un juez penal en San Nicolás de los Garza. El activista Juan Carlos Armadillo, quien participó en diferentes marchas "por la libertad de los presos políticos de Nueva Castilla", expresa que el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, actúa en contra de los manifestantes pero es incapaz de enfrentar a los narcos.Los inconformes, que en otros proyectos denuncian daños ambientales además de desalojos, señalan que, dentro de la fiebre constructora del gobierno de Nuevo León, los casos Nueva Castilla y La Huasteca demuestran nuevamente intereses familiares y políticos. Y explican:El 5 de mayo de 2005, el gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de la Vivienda, firmó con el Infonavit un convenio para comprar el predio Nueva Castilla y desarrollar 50 mil viviendas. Con este fin se formó un fideicomiso en el que participan, entre otras inmobiliarias, el Grupo Garza Ponce y Maple Urbanizadora. A su vez, esta última, Maple Urbanizadora, adquirió terrenos en el cañón de Ballesteros, llamado La Huasteca -ubicada dentro del Parque Nacional Cumbres-, donde planea urbanizar 2 mil 400 hectáreas, con un complejo habitacional de lujo.Ahora bien, indican, la constructora Maple es encabezada por el empresario Ramiro Guzmán Barbosa, vicepresidente de Metrofinanciera, firma en la que Luis González Parás, hermano del gobernador, funge como secretario en el Consejo de Administración.Sin embargo, en La Huasteca, ubicada dentro del Parque Nacional Cumbres, el trámite de permisos no ha fructificado debido a la oposición de ambientalistas agrupados en el movimiento "La Huasteca Somos Todos".Otro caso similar es el del cañón de Santa Ana, un paraje endémico de la sierra Cerro de La Silla, donde el gobierno del estado pretende construir una vialidad para conectar la carretera a Reynosa con la nacional mediante un túnel.De acuerdo con los expertos consultados, esa obra -cuyo costo se estima en más de 2 mil millones de pesos- desplazará a los habitantes de nueve comunidades rurales, extinguirá tres especies animales y fragmentará el hábitat de otras tantas.Mientras que el titular de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos, Abel Guerra Garza, declaró a la reportera Adriana Flores que la intención es detonar la zona y generar una urbanización semejante a la del sector Valle Oriente -donde el metro cuadrado llega a costar hasta mil 500 dólares-, el biólogo Antonio Hernández se solidarizó con los vecinos de las comunidades afectadas, realizó un análisis del Estudio Técnico Justificativo y del Manifiesto de Impacto Ambiental, y encontró 23 contradicciones, omisiones y mentiras en dichos documentos. El 11 de abril, el biólogo Antonio Hernández fue asaltado y golpeado. Al ser cuestionado sobre los hechos, Abel Guerra dijo al reportero Raymundo Pérez: "Es grave, pero más grave que la violencia física es que personas de otras partes y con el cabello largo lleguen a esta ciudad a hacer activismo político adverso, y más grave aún que medios de comunicación les den juego".El pasado 19 de octubre, la dependencia de Abel Guerra dio a conocer que las licitaciones para las obras en esa área se asignarían a 20 empresas, entre las cuales aparece Paccsa, y que el túnel se adjudicó a la asociación Constructora Maíz Mier-Dycusa. No obstante, el 28 de octubre la Profepa informó que el permiso para esos trabajos estaba suspendido, pues la documentación del gobierno estatal estaba incompleta. Una encuesta preelectoral, realizada por Publicum Estrategias para medir la popularidad de los posibles candidatos a gobernador en los próximos comicios, ubica a Abel Guerra a la cabeza del PRI, empatado en 16% de intención del voto con Marcela Guerra. Dichas mediciones incluyen como posibles candidatos a gobernador por ese partido a Rodrigo Medina de la Cruz y a Francisco Rivera Bedoya, exsocio del Despacho Favorito. Por el PAN, Fernando Elizondo Barragán se halla también a la cabeza en empate técnico con el alcalde de Monterrey, Adalberto Madero (17%), quien ha bajado su popularidad por las denuncias de corrupción que publicaron empresas constructoras en desplegados de diarios de circulación nacional...