Un gobierno paralelo, objetivo de Los Zetas

Como nunca en la historia reciente del país, la contienda electoral que arrancó formalmente el viernes 30 de marzo estará permeada no sólo por la tensión política, sino por el activismo inédito de los grupos criminales. Dos prestigiados académicos estadunidenses, George W. Grayson y Samuel Logan, advierten –en El verdugo de hombres, libro de publicación inminente- acerca del fracaso de la guerra calderonista contra el narcotráfico y alertan sobre el actual propósito del más violento de esos grupos, Los Zetas: establecer un “gobierno paralelo” en México, lo que de hecho ya lograron en varias regiones.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Los sanguinarios métodos de operación del cártel de Los Zetas reflejan el fracaso de la lucha militarizada de Felipe Calderón contra el narcotráfico y amenazan al estado de derecho en México.

“No tiene precedente ni forma ni razón el reguero de sangre que hay en México, pero afecta directamente el panorama político”, sostienen los analistas estadunidenses George W. Grayson y Samuel Logan en su libro El verdugo de hombres, que saldrá a la venta en Estados Unidos en los próximos días bajo el sello editorial Transaction Publishers, cuando en México estén en pleno desarrollo las campañas electorales más profusas de los últimos tiempos.

La obra es resultado de una amplia y minuciosa investigación sobre el origen y comportamiento de la organización criminal mexicana más violenta y peligrosa en la historia del trasiego de drogas, personas y armas en México y otros países.

Según los académicos Grayson y Logan, ni “Los Zetas ni ningún otro cártel desean el fracaso del estado de derecho en México. Al contrario, están ansiosos de llevar a cabo sus actividades con total impunidad; esto es, establecer un gobierno paralelo junto con rutas clave para el trasiego de drogas”.

Es más: los autores afirman que “dicha soberanía compartida ya existe en regiones como Tierra Caliente y el Triángulo Dorado (conformado por Chihuahua, Sinaloa y Durango), en Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así como en sectores del norte del país, como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo”.

A Los Zetas les atribuyen gran parte de los secuestros y otros delitos que ocurren en los territorios donde operan, así como actividades de lavado de dinero. Hoy, subrayan, los sicarios y dirigentes de ese cártel son los más temidos del hemisferio. “Es difícil persuadir a cualquier persona en México, Estados Unidos o Centroamérica para que hable sobre Los Zetas de manera abierta y franca”.

En 257 páginas Grayson y Logan no sólo indagan sobre la “zetanización de México”; también hacen un balance de la estrategia de Calderón para combatir a ese grupo y a sus organizaciones rivales: los cárteles del Golfo, de Sinaloa, Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, e incluso rastrean su expansión a otros países, incluido Estados Unidos.

Los académicos ubican 1999 como el año en que se conformó ese grupo como brazo armado de Cártel del Golfo, liderado entonces por Osiel Cárdenas Guillén. Temeroso y desconfiado, el capo contrató a Arturo Guzmán Decena (Z-1), un exmilitar mexicano de élite, para crear un escuadrón de sicarios que garantizara su seguridad personal y eliminara o neutralizara a sus enemigos en Tamaulipas.

En El verdugo de hombres, Grayson, quien imparte la materia de gobierno en la Universidad de William and Mary, en el estado de Virginia, y Logan, un investigador especializado en temas de seguridad y crimen organizado, ofrecen un panorama aterrador del ambiente de inseguridad que priva en México.

Ambos observan que la violencia generada por el trasiego de las drogas se exacerbó a raíz de la guerra militarizada que desató Calderón contra los grupos del narcotráfico, y también por la disputa entre las bandas criminales por el dominio de rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Los reacomodos

Para su investigación, Grayson y Logan consultaron reportajes publicados en medios de comunicación mexicanos, incluido Proceso, estadunidenses y centroamericanos, así como análisis gubernamentales y expedientes de testigos protegidos, para conocer la pirámide de poder del cártel y los nombres de sus dirigentes.

Según la edición que Transaction Publishers adelantó a Proceso, tras la muerte del Z-1 el 21 de noviembre de 2002, la dirigencia se concentró en Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Verdugo, y Miguel Ángel Treviño Morales, El 40. Luego vienen 16 integrantes más, algunos identificados sólo por sus apodos. Ellos son los jefes de plaza.

La región norte, concentrada en Monterrey y Saltillo, es controlada por Francisco El Quemado Medina Mejía y Omar Treviño Morales, El 42, hermano de El 40. Piedras Negras y Nogales son custodiados por Raúl El Lucky Hernández Lechuga.

La región del noroeste, en Tamaulipas, es territorio de Salvador Alfonso Martínez Escobar, La Ardilla; de Jorge López, El Chuta; de Gustavo González Castro, El Erótico, y de Alberto José González Xalate, El Paisa.

En Durango el lugarteniente de El Lazca y El 40 es José Luis Sarabia, El Pepito 1; en Zacatecas el líder zeta es Iván Velázquez Caballero, El Talibán; en San Luis Potosí, una persona identificada como Alemán; en el Estado de México, Emilio Chamorro Almazán, El TJ o El Tejón”; en Guerrero, Víctor Nazario Castrejón Pena; en Chiapas, El Comandante Lobo, y en Guatemala, El Z-200 y Carlos Guízar.

Dicen Grayson y Logan: Los continuos cambios en la estructura original de la organización sobre la asignación de operaciones impiden a las autoridades “identificar a los criminales que están a cargo de una plaza, ciudad o estado, lo que complica los planes para rastrear, emboscar y capturar a jefes de medio pelo”.

En México, la ola de crímenes que se asocian o atribuyen a Los Zetas no necesariamente los cometen sus sicarios. Muchos corren a cargo de simples delincuentes que se hacen pasar por integrantes de ese cártel para infundir miedo a la población.

“Algunos zetas que son jefes de plaza dejan en paz a las familias después de que cooperan o pagan el monto del rescate o de la extorsión que han exigido por la libertad de secuestrados. En contraste, los zetas falsos repiten la extorsión contra la familia o negocio afectado”, escriben los autores.

Y acotan a renglón seguido: “Los Zetas genuinos llevan a cabo venganzas muy rápidas contra sus imitadores”.

La presunta alianza entre los cárteles del Golfo, Sinaloa y La Familia Michoacana para eliminar a Los Zetas, que desde 2010 se transformó en organismo independiente, es tema recurrente a lo largo de los 12 capítulos de El verdugo de hombres.

“Los Zetas es el único cártel del narcotráfico mexicano que tiene un importante componente femenino: Las Panteras, cuya estructura se concentra en el estado de Nuevo León, aunque tienen representación en otras áreas del país.

“Las Panteras son mujeres habilidosas que se encargan de negociar los acuerdos con los policías, políticos y oficiales militares u otros que pueden apoyar a Los Zetas en sus objetivos. Si no resulta el acuerdo, una pantera puede matar a su interlocutor”, indican Grayson y Logan.

Dicen también que como toda organización criminal, Los Zetas tienen personal dedicado al manejo del dinero que les deja la diversidad de sus actividades criminales, en particular el trasiego y venta de droga en Estados Unidos.

“El encargado de las finanzas de Los Zetas es El Comandante Sol, de quien se desconoce su verdadera identidad. Él es quien maneja los fondos de Los Zetas y se reporta directamente con El 40 y con su hermano Omar”, acota el libro.

Proyección hemisférica

La organización del Lazca y El 40 se distingue también por su apoyo irrestricto a quienes se muestran identificados con ellos, pues nunca abandonan a su compañeros caídos. Los familiares de zetas asesinados o encarcelados reciben mil dólares cada dos semanas, señalan Grayson y Logan. Por lo que respecta a los desertores, añaden, los sicarios los persiguen hasta aniquilarlos, al tiempo que hostigan a sus familiares.

Para ingresar a las filas de Los Zetas, los aspirantes son sometidos a rigurosos entrenamientos en centros que incluso El Verdugo y El 40 han instalado en Estados Unidos.

“Presuntamente Los Zetas dirigen cursos de adiestramiento que usualmente duran seis meses. Los entrenamientos se realizan en campos ubicados al suroeste de Matamoros, frente a la ciudad fronteriza de Brownsville; al norte del aeropuerto de Nuevo Laredo, cerca de Abasolo, entre Matamoros y Ciudad Victoria; y en el rancho Las Amarillas, en las orillas del pueblo de China, cerca de la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas”, destaca el libro.

También consigna que “el FBI reportó que una célula de Los Zetas tenía un rancho en un condado aislado en el estado de Texas donde entrenaba a su personal y neutralizaba a la competencia (por medio del asesinato y tortura)”. Entre los “instructores” se encuentran Luis Alberto, Z-5, y el teniente Carlos Hau Castañeda, según el relato de un testigo protegido que se incluye en el libro de Grayson y Logan.

Dos de esos centros de adiestramiento zetas ubicados en Tamaulipas tienen incluso pistas de aterrizaje, anotan los autores de El verdugo de hombres, y explican que los ingresos por actividades ilícitas son divididos porcentualmente.

Analistas que hablaron off the record para la integración del trabajo, Grayson y Logan indican que el tráfico de cocaína constituye 50% de los ingresos de Los Zetas; de 10 a 15%, el tráfico de metanfetaminas y heroína; otro tanto las extorsiones; 5% el tráfico de indocumentados y contrabando, y entre 10 y 15%, otras actividades.

Los dos investigadores dedican un importante espacio de su obra a destacar la presencia y dominio de Los Zetas en Honduras, El Salvador y Guatemala. Revelan también una alianza trasatlántica de El Verdugo y El 40, según los reportes de diversos medios de comunicación de México y América Central.

“Nicola Gratteri, el jefe de las operaciones antinarcóticos del gobierno de Italia, sostiene que en los últimos dos años Los Zetas han colaborado con la mafia de Calabria, con la ‘N’drangheta’.

“Esta relación se estableció en razón del bajo costo de la cocaína que ofrecen Los Zetas y el Cártel del Golfo a los consumidores de Italia. Los narcotraficantes mexicanos venden el kilo a 25 mil dólares y los italianos la venden a sus clientes europeos a 45 mil dólares el kilo”, casi al doble, explica el libro.

Las operaciones de tráfico de droga y de inmigrantes, secuestros y piratería de Los Zetas se sustentan en la compra de funcionarios públicos locales, según se desprende de El verdugo de hombres.

Con base en las declaraciones de un testigo protegido, Grayson y Logan afirman que “un presidente municipal que trabaja para La Familia Michoacana y al mismo tiempo pasa información a Los Zetas recibe un salario mensual de unos 15 mil dólares”.

También afirman que integrantes de esa organización son especialmente sádicos, y describen sus métodos para levantar, torturar, asesinar y eliminar los cuerpos de sus víctimas.

Dentro de Estados Unidos

En Estados Unidos, Los Zetas cuentan con una red de colaboradores.

Grayson y Logan aluden al proceso judicial de James Bostic, un narcotraficante confeso que compró cocaína a Los Zetas de 2005 al 2 de febrero de 2010 para traficar. En su declaración, Bostic aseguró haber pagado 589 mil dólares a un distribuidor de drogas de Los Zetas en un hotel en White Marsh, Maryland.

Desde mediados de 2007, investigadores federales admitieron que los narcos de esa organización tenían actividad en Tennessee y Oklahoma, donde también realizaban secuestros y extorsionaban a los ciudadanos. En Atlanta incluso negociaron con el grupo de Los Tolles para operar en esa ciudad y tener a su disposición las rutas del trasiego de narcóticos que llega a Chicago.

Al año siguiente llegaron a Memphis y dominaban los corredores de droga que cruzan Texas, en particular las ciudades de Dallas y Houston. En octubre de 2008 el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió un boletín de inteligencia en el cual asentó que el alcance y presencia de Los Zetas se había extendido al suroeste y medioeste de Estados Unidos.

Asimismo, dicen Grayson y Logan, por medio de informantes y de un integrante de la pandilla Pistoleros Latinos, agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza confirmaron que Los Zetas contrataron a pandilleros locales para que protegieran los cargamentos de droga en territorio estadunidense y perpetraran asesinatos o secuestros.

Las conclusiones de Grayson y Logan sobre el problema que representan Los Zetas para México y la región son alarmantes. Y su dictamen en torno de la estrategia militarizada de Calderón para contener al narcotráfico es devastador:

“El gobierno de México asesta golpes solamente contra individuos del crimen organizado o grupos pequeños, pero tiende a concentrarse en atrapar a uno por uno de los capos. Esta estrategia hace que aumente la violencia porque los subalternos, quienes son menos habilidosos que sus jefes destronados, buscan remplazar al capo y otros cárteles sacan provecho del grupo decapitado.

“(…) Su relación con la organización de los Beltrán Leyva permitió la expansión de Los Zetas en Monterrey y Zacatecas, y posiblemente los relaciona con La Línea –el grupo de sicarios del Cártel de Juárez– que les abrió las puertas de esa ciudad”.

Advierten también que, de acuerdo con reportes de inteligencia, La Línea se encarga de las operaciones del debilitado Cártel de Juárez. Ante el posible retiro de Vicente Carrillo Fuentes y el arresto de sus socios, puntualizan, esta despiadada pandilla podría unirse a la causa común de Los Zetas por medio del intercambio de tácticas de apoyo y permitiendo que tengan acceso al lucrativo corredor de Juárez.

“Si se materializa su supuesta alianza con La Línea –insisten–, Los Zetas se beneficiarán de los servicios y experiencia de expolicías en la región Ciudad Juárez-El Paso, en lugar de depender de las labores de criminales neófitos.”

LIBRO "El Cártel Negro" de Ana Lilia Pérez

http://youtu.be/isA1TQlc1WM

Toda la estructura de seguridad, infiltrada por Los Zetas

La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y hasta como sicarios...

Elementos de la Marina en Veracruz.

Arturo Rodríguez García

La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.
A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.
La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.
Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.
En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.
En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.
La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.
El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier nivel (que sean corruptos)”.
Morales adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.
En cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.
Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería, radicado en Saltillo.

Poder corruptor

Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.
Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de Los Zetas”.
En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.
Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.
Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.
Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.
Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un teniente de apellido Hoyos.
A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.
En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.
“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.
Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.
El martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.
Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.

Narcosueldazos

Las declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y Nuevo León.
Ante el Ministerio Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se integró a “la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los Zetas, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en Cuernavaca.
En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quienes responden al mando de Nuevo Laredo.
En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.
Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López.
Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.
En febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron con Sarabia y El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble cabina.
Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconómina, se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la colonia Topochico.
Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está implicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los policías asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.
Además, los elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.
No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo ocurrido y liberar el soborno retenido.

El capitán Valbuena

Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De acuerdo con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.
Escorpión afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.
El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estancia en los dos estados.
Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.
El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.
Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos federales en la zona.
El capitán también “resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.
Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.
La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.
Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

Los Torres Charles

Por la información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el “Licenciado Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.
En Coahuila el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008 fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.
El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales.
Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su “jefe moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.
Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.
Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.
Otro implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hijo de 12 años.
Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.
El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el cargo desde 2010.
Pese a estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia.

Los cárteles, infiltrados en Pemex

Durante las administraciones panistas –sobre todo en la de Felipe Calderón– los cárteles de la droga diversificaron sus negocios ilícitos al punto de infiltrarse en Pemex mediante una compleja trama de complicidades y corruptelas; en ésta participan directivos, contratistas y trabajadores que permiten el robo, el saqueo y la impunidad. Así lo documenta la reportera Ana Lilia Pérez en El cártel negro, que comenzó a circular recientemente. Con autorización de la autora y de Editorial Grijalbo se publican aquí fragmentos de la obra.

El cártel negro, de Ana Lilia Pérez.

Ana Lilia Pérez

CUENCA DE BURGOS (Proceso).- Cerca de la medianoche del 2 de agosto de 2006, en la estación de recolección de gas Cuitláhuac, la número tres de las 150 estaciones del Proyecto Integral Cuenca de Burgos, Rogelio Gutiérrez, empleado del Departamento de Operación de Pozos de Pemex Exploración y Producción (PEP), terminó de llenar la pipa color blanco Freightliner de la compañía Intertrans­ports.

El autotanque número 2135 con placas de circulación 169-DS-9 era conducido por Lenin López, de 35 años de edad, oriun­do de Huimanguillo, Tabasco, avecindado en Reynosa desde que ingresó a trabajar para Manuel Gómez García, el expresidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que en enero de 2003, después de desempeñarse du­rante varios años como gerente del Grupo Gor, fundó su propia compañía.

–Ya están 30 mil litros. ¿Cuántos viajes te faltan?

–No sé todavía –respondió Lenin.

Las pipas contratadas por Pemex para llevar agua a las estacio­nes de recolección de gas ingresaban en el Activo de Producción Burgos Reynosa, con la autorización previa del jefe de turno, quien les recibía la carga y las despachaba hasta la salida. El viaje era relativamente tardado: 30 mil litros de volumen hacían que la pipa se desplazara lento entre las brechas; el regreso debía ser mu­cho más rápido, con el tanque completamente vacío. Era un traji­nar cotidiano de día y de noche, porque en el área entraban pipas que abastecían de agua y salían otras contratadas para transportar el condensado, subproducto de la extracción de gas natural, para llevarlo al centro procesador de Pemex Gas.

(…) Como encargado de la operación de pozos, la función de Ro­gelio Gutiérrez consistía en recibir y registrar en bitácoras las des­cargas de los autotanques, y bombear el condensado de la estación de recolección a los ductos. Ese trabajo lo hacía desde 1996, año en que ingresó a laborar en Pemex asignado, precisamente, al Ac­tivo de Producción Burgos Reynosa, de manera que conocía el área y los procedimientos como la palma de su mano.

Aquella noche parecía que todo funcionaba según los procedi­mientos cotidianos, pero en realidad no era así. En la bolsa dere­cha de su pantalón, el empleado de Pemex traía una pistola Raven Arms modelo P25, número de serie 467829, pavón cromado con cachas de madera, cuatro cartuchos útiles en el cargador y uno en la recámara. Estaba armado en su horario de trabajo porque lo que aquella noche hacía Rogelio era abastecer uno de los cargamentos de condensado que ilegalmente se sacaban de Burgos para traficarse a Estados Unidos, donde los contrabandistas lo vendían a grandes y prestigiadas compañías petroleras, como la BASF alema­na y la Murphy, de origen estadunidense, las cuales empleaban el hidrocarburo para la formulación de gasolinas. Por lo menos desde 2006, en la Unión Americana muchos consumidores adquirieron gasolinas formuladas con materia prima robada a Pemex y trafica­da con la protección de los cárteles de la droga mexicanos.­

La Compañía entra en el negocio

Con la implicación de empleados de Pemex y de sus contratistas se inició la sustracción de condensado de la Cuenca de Burgos, que a partir de 2006 comenzó a introducirse de contrabando en te­rritorio estadunidense, a manos de redes internacionales en las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) descubrió la participación de la dupla que formaban el cártel del Golfo y Los Zetas, llamada La Compañía.

La Compañía era dirigida por un “triunvirato” integrado por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, el Do­ble X o Dos Equis, y Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca, el Verdu­go, el Licenciado, o Zeta-3, quien asumió el liderazgo de Los Zetas tras la caída de su jefe fundador Arturo Guzmán Decena, Zeta-1, ocurrida en noviembre de 2002 en Matamoros.­

La incursión del cártel en el negocio de los hidrocarburos le sumó considerables ingresos para sostener la costosa estructura con la que entonces controlaba el tráfico de drogas desde Colom­bia y Venezuela hacia México y Estados Unidos. Administraban redes de narcomenudeo, giros negros, tráfico de indocumentados y piratería en casi la mitad del país, todos los estados del Golfo, más Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, parte de Michoacán y el Distrito Federal. E incluso, más allá del territorio mexicano, en los departamentos fronterizos de Guatemala en el sur, y en el norte, en estados como Texas y ciudades importantes como Atlan­ta, Georgia, la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó como epicentro de las operaciones del cártel en el ve­cino país del norte.

(…) Desde 2006, cuando se registraron los primeros robos y las importaciones ilegales a Estados Unidos, el gobierno mexicano tuvo conocimiento de ello. Los directivos de Pemex fueron informados de lo que ocurría en el activo de producción más importante del noreste mexicano. El área de inteligencia de la paraestatal se los notificó, pero ellos callaron y decidieron clasificar cada uno de los hurtos como información reservada por 12 años.

(…) Se supo que no se trataba de robos aislados ni cometidos por la delincuencia común, sino que los cár­teles de la droga estaban detrás del negocio, un hecho que ya se había puesto de manifiesto en las primeras confrontaciones entre elementos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) y miembros del cártel del Golfo.

(…) En las pocas ocasiones que llegaron a instancias judiciales los flete­ros argumentaron que sus choferes actuaban de forma individual; sin embargo, esos conductores tenían el respaldo jurídico de un abogado que los ponía en la calle en menos de 24 horas. Incluso, a veces, el defensor que representaba al chofer era el mismo que defendía a los empleados de Pemex detenidos infraganti en la sus­tracción ilícita. Uno de esos casos fue precisamente el del carga­mento que cerca de la medianoche del 2 de agosto de 2006 salió en una pipa de Intertransports.

(…) En una espiral de corrupción y complicidades, los robos se hicieron cada día más frecuentes y a cualquier hora del día. En sólo unos meses el mercado exigía tanto producto, que no era suficiente el personal de Pemex que surtía los pedidos. Entonces comenzaron a asaltar las pipas propiedad de la paraestatal y las que esta dependencia contrataba con terceros, para llevar el conden­sado de los tanques de almacenamiento a las terminales y centros de producción.

Desde la llamada frontera chica o ribereña, en Tamaulipas, y hasta Piedras Negras, en Coahuila, a lo largo de caminos y brechas de toda la Cuenca de Burgos los comandos armados, vestidos de negro y encapuchados, permanecían apostados, prestos al atraco, en cuanto el halcón les notificara que el cargamento iba en camino. Los informantes usaban la red de comunicación interna de Pe­mex, que funciona vía radio trunking, un sistema móvil para un grupo privado de usuarios, quienes pueden compartir datos de forma automática y organizada. Para conectarse a esa red interna no basta con tener los aparatos, sino que se requieren los códigos de llamada; los comandos criminales los obtuvieron.

(…) A partir de que comenzaron las primeras sustracciones y envíos a Estados Unidos, el contrabando de condensado creció rápida­mente. Alcanzó tal nivel, que ya en 2007, según cifras internas de Pemex, 40% de todo el hidrocarburo que producía la Cuenca de Burgos se sustraía ilegalmente y se vendía en el merca­do negro, básicamente en territorio estadounidense.

Epílogo

En 2007, el primer año de gobierno de Felipe Calderón, las to­mas clandestinas montadas dentro de la red de ductos de Pemex alcanzaron el mayor número registrado en la historia de la petro­lera: 323, casi una diaria. Cuatro años después, la cifra se multipli­caba a más de tres tomas en promedio por día. Para 2011, sólo por esa vía el robo de hidrocarburos se había incrementado 300% y quizá mucho más, si consideramos que sólo se contabili­zan las tomas detectadas, mientras que hay otras que no están ubicadas y se ordeñan permanentemente sin posibilidad de ser clausuradas.

Así, el volumen de los hidrocarburos sustraídos a través de esas tomas clandestinas alcanzó niveles exorbitantes. Los núme­ros oficiales que Pemex dio a conocer en septiembre de 2011 revelan que los ordeñadores de ductos (que incluyen oleoductos, poliductos y gasoductos) sustraen en promedio 20 mil barriles de hidrocarburos diariamente. La cifra equivale a más de 3 millo­nes de litros de petrolíferos. Dicho de otra manera, el promedio de la sustracción clandestina asciende a 200 pipas diarias. Se trata particularmente de gasolina, aunque el robo de petróleo crudo –documentado en este libro– también va al alza; son pérdidas patrimoniales que la Comisión de Justicia de la Cámara de Dipu­tados ha calculado en mil 300 millones de pesos mensuales.

(…) En relación con la información que proporciona la paraesta­tal sobre este escabroso tema, hay un dato que llama la atención: la administración de Pemex identifica a Sinaloa como la entidad que a partir de 2010 registró la mayor sustracción de refinados me­diante tomas clandestinas, en municipios como Navolato, Culiacán, Ahome, Mocorito, Mazatlán, Guamúchil, Salvador Alvarado y Los Mochis, entre otros, con una incidencia de 28% en pro­medio de las tomas clandestinas de todo el país.

Como se sabe, Sinaloa es tierra controlada por el cártel del mis­mo nombre y sus grupos afines; curiosamente ésta es la organiza­ción a la que, según las interpretaciones de algunos especialistas de México y Estados Unidos, favorece la guerra de Felipe Calderón.

Otra guerra perdida

También en septiembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Dipu­tados aprobó endurecer las penas por el robo o aprovechamiento de petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados y sus deri­vados de ductos, equipos o instalaciones de Pemex. Así, mediante reformas al Código Penal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, se esta­bleció como delincuencia organizada el robo a ductos de Pemex.

Considerado ya como delito grave, se aprobaron sanciones de ocho a 12 años de prisión y de mil a 12 mil días de salario míni­mo de multa a quien sustraiga hidrocarburos propiedad de Pemex, y penas de dos años de cárcel y hasta 500 días de salario mínimo de multa a quien posea o resguarde de manera ilícita cualquier hidrocarburo. La penalidad aumenta a 18 años cuando los impli­cados sean trabajadores o funcionarios de la paraestatal.

(…) En realidad, hace mucho que el problema rebasó a las autori­dades. En México hasta las leyes más avanzadas son letra muerta cuando lo que impera es la corrupción. Considérese, por ejemplo, la efectividad real de la PGR en los casos abiertos por robo o sus­tracción de hidrocarburos: sólo cuatro de cada cien han derivado en auto de formal prisión.

Para desfalcar a Pemex con su oro negro, no siempre es necesario mancharse las manos, por lo menos no literalmente. Así lo demostró la directora general de PMI Comercio Internacional –la subsidiaria encargada de las ventas de Pemex en Estados Unidos, Europa y Asia–, Rocío Cárdenas Zubieta, una de las funcionarias de mayor nivel en la paraestatal. Junto con otros tres funcionarios (el sub­director comercial de Gasolinas y Componentes, Alberto Olimón Salgado; el gerente comercial de Gasolinas y Componentes, Alejan­dro Tello Winniczuk; y el encargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados, César Elías Covarrubias Prieto), Cárdenas Zubieta operaba una red de corrupción que mediante “descuentos” le vendían gasolina cóquer mexicana a precio de ganga a las trans­nacionales Trafigura y Gunvor, las compañías de compra-venta de hidrocarburos más grandes del mundo.

La SFP auditó las ventas que le hizo la representante de la pa­raestatal a las dos compañías de enero de 2008 a enero de 2009, y encontró que esos “descuentos excesivos e injustificados” causa­ron un daño patrimonial de 1.75 millones de dólares y un perjui­cio de 23.3 millones de dólares, calculado el primero a partir de la diferencia entre los ingresos por la venta y los costos del combus­tible; y el segundo a partir del monto que Pemex hubiera recibido de haber vendido la gasolina a un precio adecuado.

Por lo demás, en octubre de 2011 Cárdenas Zubieta fue inhabilitada para servir en la administración pública por 10 años y obli­gada a pagar una multa de 284 millones de pesos.

Esa misma funcionaria participó en otras cuestionadas opera­ciones de los directivos de Pemex, como la operación de compra de acciones de Repsol para aumentar la participación de Pemex, aunque no fue la responsable de aprobarla. Operación que en 2011 puso en jaque al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, al evidenciarse el nivel de discrecionalidad en operaciones de tal magnitud.

Las demoledoras cifras que Pemex hizo públicas en septiembre de 2011 pusieron en evidencia, oficialmente, que el combate al robo de combustibles es otra batalla perdida por Felipe Calderón, una batalla donde lo que está en juego es una gran parte del gasto público del país, 40% del PIB nacional.

Las reformas a la ley apenas se están aprobando, cuando hace tiempo que la mafia se fusionó al quehacer cotidiano de la indus­tria petrolera. La verdad es que el cártel negro despacha la gasolina para nuestros automóviles, el combustóleo con que las ladrilleras cuecen los ladrillos, el asfalto que pavimenta nuestras calles, el die­sel que mueve barcos, la turbosina que impulsa las hélices de los aviones, la industria que crea químicos, hasta el diesel que mueve los tractores con los cuales los campesinos cultivan la caña que lle­va a la mesa el azúcar para endulzar la taza de café de las mañanas.

Entre la acción gubernamental y la situación real hay una dis­tancia de años luz. Los legisladores endurecen penas sin esclarecer primero la maraña de complicidades que hicieron del cártel negro una criatura invencible, que emergió desde las entrañas mismas de la industria del petróleo.

Hasta hace unos años, Pemex era el escaparate del nacionalismo mexicano, de la dedicación de sus trabajadores, del amor a la ca­miseta. La ambición por el dinero fácil lo degradó todo. Hoy son negocios, sólo negocios. Bajo la lógica del business, prácticamente desde el más alto funcionario hasta el más modesto de los obreros está dispuesto a venderle su alma al diablo, o de manera más simple y directa: a alinearse con la maña.

Actualmente, las operaciones ilegales en Pemex alcanzan tal nivel, que cuesta trabajo saber en cuántos de los negocios que oficialmente hace la paraestatal están presentes las operaciones fi­nancieras del crimen organizado.

La ofensiva “zeta”

Las masacres perpetradas en Culiacán y Guadalajara la semana pasada indican que Los Zetas han lanzado una ofensiva a gran escala contra sus enemigos, en particular el cártel de Sinaloa. Sus acciones, sin embargo, rebasan lo que podría llamarse una venganza. En el trasfondo yacen asuntos de envergadura binacional: la incapacidad del gobierno mexicano para sacar adelante su guerra contra el narcotráfico y las crecientes sospechas acerca de la protección y colaboración que parece recibir el cártel de Sinaloa por parte de autoridades de Washington, incluida la escandalosa entrega de armamento de alto poder a través de la operación Rápido y furioso. No en balde el proceso contra el hijo del Mayo Zambada, en Chicago, ha sido declarado un asunto de “seguridad nacional”.

Mundo árabe: incertidumbre democrática y ascenso del fundamentalismo islámico

Bajo la lupa

Egipcios protestan en la plaza Tahrir, punto focal del levantamiento contra el depuesto régimen, contra la decisión de los militares que gobiernan el país de mantener la ley de emergencia, utilizada en la gestión de Hosni Mubarak y que da a la policía amplios poderes para operar.

Alfredo Jalife-Rahme

Más allá de la lineal visión maniquea, Las Revoluciones Árabes en Curso (título de mi próximo libro que será presentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara el 3 de diciembre,y de subtítulo: El Detonador Alimentario Global), cerca de un año después de su estallido imprevisto en Túnez, han tenido, al corte de caja de hoy, resultados dramáticos cuan inesperados y, más que nada, trágicos, que las colocan en una profunda incertidumbre sobre su destino en el mediano y largo plazos.

En su inmediatez, a menos de un año del estallido de la revolución árabe, las tendencias son hoy muy claras, aunque no sean necesariamente definitivas, en medio de sus vertiginosas evoluciones e involuciones.

Se han escenificado tres defenestraciones, curiosamente en el norte de África (Túnez, Egipto y Libia): las tres dictaduras republicanas, aunque en Libia el sistema imperante que sucedió a la monarquía había sido una oclocracia –el gobierno de las masas, la famosa jamahiriya del asesinado Muammar Kadafi a sus 69 años de edad.

Cosas de la vida: la OTAN asesinó a su recién adquirido socio petrolero y financiero Kadafi, pero ha preservado las vidas de sus dos anteriores aliados: el tunecino Ben Alí y el egipcio Mubarak.

Sea lo que fuere, tres repúblicas dictatoriales de la subregión norafricana del mundo árabe han sufrido dramáticos (trágico en el caso de Libia) cambios de régimen, mientras que, guste o disguste, las seis petromonarquías del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG-6) –los más ricos de todos y quienes han hecho sentir su poder financiero para redireccionar algunas revueltas en varios sitios desde Bahrein pasando por Yemen hasta Siria (que incluye a su esfera de influencia en Líbano)– se han consolidado hasta cierto punto, con la notable excepción de Bahrein, donde aún no amaina la revuelta de la mayoría chiíta.

Sería un grave error de juicio escudriñar a los 22 países miembros de la Liga Árabe como un todo homogéneo.

A pesar de las apariencias epifenomenológicas, desde el punto de vista de las grandes ligas geopolíticas, el CCEAG-6 ha sufrido dos severos descalabros con los derrocamientos de dos bastiones militares sunitas: Irak (con Saddam Hussein) –lo cual en última instancia favoreció a Irán (su competidor por el liderazgo panislámico y por la hegemonía en el Golfo Pérsico)– y, sobre todo, Egipto –quien después de la caída de Bagdad le proveía su cobertura militar que ahora se reduce volátilmente a las bombas nucleares de Pakistán, hoy atribulada por el caos bélico que ha provocado la OTAN (en particular, EU) en Afganistán.

Sin contar el epílogo de Yemen (sensible frontera con Arabia Saudita), ¿podrá compensar el CCEAG-6, sumado de sus dos otras aliadas monarquías relativamente vulnerables (Jordania y Marruecos), sus dos severos descalabros geopolíticos con el derrocamiento de Kadafi en Libia y el ascenso tanto de los Hermanos Musulmanes como de los salafistas, sus aliados en varios países (desde Siria hasta Líbano)?

La erupción regional atrapa a la monarquía de Arabia Saudita en un delicada fase de transición sucesoria cuando el príncipe heredero Sultán, de 87 años, acaba de fallecer en un hospital neoyorquino de un cáncer terminal, mientras el Rey Abdalá, de 87 años, sufre de un padecimiento en la columna vertebral.

Sin turbulencias sucesorias, el viceprimer ministro y ministro del interior Nayef, de 78 años, se posiciona como nuevo príncipe heredero y la prensa occidental lo baña con singulares atributos: perteneciente al ala dura del reino, autor de la invasión militar a Bahrein, proclive a contener a Irán, e impulsor de los Hermanos Musulmanes.

Las tensiones entre la sunita Arabia Saudita y la chiíta Irán se encuentran al borde de una guerra fría en el Golfo Pérsico, la cual ha sido salpicada con extraños eventos que han involucrado a EU y a México (v.gr. el asunto de Los Zetas).

¿A quién le conviene la confrontación entre Irán, una superpotencia gasera, y Arabia Saudita, una superpotencia petrolera?

¿A quién le asienta una guerra civil teológica entre chiítas y sunitas en la vastedad geográfica del mundo islámico?

Hay que esperar para ver, porque quizá los tres países aludidos (Túnez, Egipto y Libia) pasan por la fase más peligrosa de la revolución que suele devorar a sus hijos.

Tampoco se puede soslayar que las revoluciones en Túnez, Egipto y Libia han impulsado el vigoroso ascenso de los Hermanos Musulmanes, carta que parecen estar jugando EU y Gran Bretaña con el fin de imponer el modelo turco (un gobierno islámico moderado y prooccidental que accede al poder por la vía democrática, quien además goza la gracia de pertenecer a la OTAN).

La parte más grotesca de la propaganda occidentaloide consiste en pretender que los islámicos del mundo árabe van a cesar de ser religiosamente islámicos por decreto.

En las primeras elecciones democráticas para una Asamblea Constituyente en Túnez, un país comparativamente moderado y pacífico con un fuerte componente laico prooccidental, el partido Nahda de los Hermanos Musulmanes obtuvo alrededor de 40 por ciento de los votos.

¿Accederán también los Hermanos Musulmanes al Poder Ejecutivo en Túnez, Egipto y Libia por la vía democrática, un trayecto poco socorrido en el mundo árabe con la excepción de Líbano y Palestina?

¿Los Hermanos Musulmanes, en la generalidad del mundo árabe (desde Siria pasando por Jordania hasta Argelia), seguirán el modelo turco o su competencia teogeopolítica del jomeinismo iraní?

¿Qué tan homogénea será la política teológica de los Hermanos Musulmanes en la mayoría de los 22 miembros de la Liga Árabe, sin contar a la RASD (República Árabe Saharaui Democrática)?

La narrativa occidentaloide es proclive a vender la idea maniquea y lineal de una división religiosa entre los moderados Hermanos Musulmanes y los radicales salafistas (quienes sostienen la teología jihadista de Al-Qaeda). Precisamente ésta es una de las partes fundamentales de la incertidumbre en la región que oscila sus preferencias entre dos polos del espectro teológico de los moderados Hermanos Musulmanes y los radicales salafistas.

¿Qué tan moderados serán los muy respetables Hermanos Musulmanes cuando detenten el poder, en referencia y reverencia al respeto a sus minorías chiítas y cristianas (estas de Siria, Líbano y Egipto)?

Por lo pronto, durante la declaración de la liberación oficial de Libia, Mustafa Abdul-Jalil, quien jefatura el Consejo Nacional de Transición, prometió que las futuras leyes se basarán como fuente primaria en la Sharia, el código islámico.

No se puede soslayar que Las Revoluciones Árabes en Curso se escenifican en el contexto de las dos humillantes derrotas de la OTAN, tanto en Irak como en Afganistán.

El retiro oficial del ejército de EU en Irak, a finales de 2011, significa(rá) el inicio del trazado de una nueva cartografía del mundo árabe en su colindancia oriental con Irán como en la región del virtual Kurdistán (en sus fronteras incandescentes con Siria, Turquía, Irak, Irán y Armenia).

Esto apenas empieza...

México-EU: ¿New deal con AMLO o marines en Chapultepec?

Desfiladero

El presidente Felipe Calderón, a su arribo a la capital de Paraguay para participar en la Cumbre Iberoamericana, se reunió previamente con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el rey Juan Carlos I de España.

Jaime Avilés

¿Qué tienen en común el PAN y el Partido Demócrata de Estados Unidos? Ambos saben que son nulas sus posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en 2012, a menos que den un golpe superespectacular que cimbre al mundo. Obama resultó un fiasco en lo político, en lo económico, en lo social y en lo militar. Para tratar de quedarse cuatro años más en la Casa Blanca se echó a los pies de Israel, de Wall Street y de Hillary (valga la redundancia).

Nada sugiere, sin embargo, que tanta obsecuencia le haya servido de nada. La gente que votó por él lo detesta. Los fascistas del Tea Party lo desprecian y cuentan los meses que faltan para pasarle por encima. Obama, pues, necesita desesperadamente hacer algo en grande. No pudo ganar la guerra en Irak ni en Afganistán, así que mejor sacará a sus tropas de esos desiertos. ¿Para mandarlas a dónde?

A lo largo de esta semana, el New York Times (NYT) y el Washington Post (WP) dedicaron sus principales noticias de primera plana a México. El WP descubrió que durante el sexenio de Felipe Calderón se duplicó la producción de mariguana, y la de amapola alcanzó un auge tal que México es ya el segundo exportador mundial de heroína, sólo por debajo de Afganistán. (Recuerden que cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán, la amapola fue erradicada casi por completo, pero las cosechas volvieron a normalizarse en cuanto llegaron los marines).

A su vez, el NYT confirmó que todos los órganos de seguridad de Estados Unidos se mueven a su antojo por territorio mexicano, y que han establecido estaciones (¿eso significa centros de espionaje y de mando?) en todo el país. Sendos rotativos quieren suponer que la heroica decisión tomada por Calderón al declarar la guerra contra (jaja) el narco en 2006, obligó a las fuerzas armadas mexicanas a concentrar sus esfuerzos en las ciudades, pero descuidó el campo, y por eso los cultivos de mariguana y amapola crecieron exponencialmente.

Los dos influyentes periódicos recalcaron la “amenaza contra la seguridad interna de Estados Unidos que representa la alianza de Los Zetas con los terroristas islámicos”. Y, al respecto, sacaron a relucir el recién desmantelado complot entre un iraní-gringo y ese cártel fundado y dirigido por paramilitares, que antes fueron militares y recibieron adiestramiento del Pentágono y de los kaibiles de Guatemala.

En ese contexto reapareció mediáticamente el caso del ciudadano somalí que, según esto, almacenaba explosivos en una casa de la colonia Cuauhtémoc para atentar contra la embajada de Estados Unidos en México. Anteayer, en Washington, al comparecer ante un comité que investiga el operativo Rápido y furioso, Hillary rectificó, según ella, a solicitud de Calderón, su opinión sobre los cárteles mexicanos: no son insurgentes, son terroristas, afirmó, en sintonía con la campaña del NYT y el WP, o sea, de ella misma.

Y ayer, de nuevo, en primera plana, el WP aseguró que Calderón mandó a la Marina, el Ejército y la Policía Federal a detener vivo o muerto a El Chapo Guzmán, lo que es más falso que un Rólex chino. Por su parte, desde Veracruz, la propia Marina afirmó que Los Zetas tuvieron que salir corriendo de esa entidad (lo que de ser cierto, nada bueno augura para Tabasco y Puebla).

¿Vienen las tropas de Obama a salvarnos? Si la decisión ya se tomó, debemos, como dice Galeano, dormir con un ojo abierto, porque la violencia se recrudecerá como nunca, para que los televidentes del otro lado de la frontera se horroricen hasta que estén listos para aplaudir el histórico anuncio de la operación militar (¿Cómo se llamará: Tormenta en la taquería?) que supuestamente restablecerá el respeto a los derechos humanos de nosotros, luego de bombardearnos y hacernos pinole.

Para que el plan siga su marcha, Calderón tendrá que volver a repetir, una y otra vez, lo que por enésima declaró el jueves: el Ejército se mantendrá en las calles el tiempo que sea necesario. Y en entrevista con La Jornada, su mínimo y fiel Ernesto Cordero, que no logra ni quiere disimular su parecido con Mister Bean, baló así: “debemos mantener la estrategia actual contra el narco” .

Según NYT, Cordero, el gallo calderónico para 2012 va a la cola de todos los precandidatos del país. Pero si el plan del hombrecito de Los Pinos se lleva a cabo, como lo anticipó Desfiladero hace cuatro sábados, en el proceso interno del PAN ganará la nominación por dedazo, a pesar del berrinche que ya está haciendo desde ahora la señora Vázquez Mota, cuyo apellido materno no casa con la guerra contra (jajaja) el narco.

Mientras el destape de Cordero aguarda la hora de la verdad, la gente de Marcelo Ebrard, con el delegado de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, a la cabeza, persiste en su empeño de anular las elecciones internas de dirigentes del PRD, meta que, en caso de ser alcanzada, dejará a ese partido fuera de los comicios presidenciales de 2012, pero no a Ebrard. Porque si éste saca de la cancha al instituto creado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, alegará que ya no tendrá caso que compita con Andrés Manuel López Obrador, para que las encuestas determinen cuál de los dos es el mejor posicionado, en un partido que prácticamente habrá dejado de existir.

Y si eso llegara a suceder, lo que no es imposible, sino al contrario, ¿qué hará Ebrard con toda la simpatía que por él siente, y todos los millones de votos que quiere darle, la profesora Elba Esther Gordillo? Obvio: irse al PAN, en lugar de Cordero. En todas partes en donde se hace oír, la cacique chiapaneca repite que podría apoyar a Peña Nieto, pero que anhela irse con Ebrard, su adorado güerito.

México, hay que volver a decirlo, sólo tiene una salida para seguir existiendo como país, y no como protectorado de Estados Unidos: impulsar un modesto pero irreversible proceso revolucionario, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien después de ganar las elecciones, el próximo primero de julio, tiene previsto poner en marcha un programa de emergencia para dar empleo a dos millones de personas en las primeras nueve semanas de su gobierno, y luego a cinco millones más. ¿Aplicando un modelo que inventó quién? ¿Hitler? ¿Mao? ¿Stalin? ¿Kadafi? ¿Sadam Hussein? No. El presidente Franklin D. Roosevelt, al inaugurar el New deal –o nuevo pacto social– en Estados Unidos.

El New deal, dice Wikipedia, es el programa que Roosevelt desarrolló entre 1933 y 1938 para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929, con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar la economía estadunidense, herida por el desempleo y las quiebras en cadena.

Por eso, esta columna ha leído atónita la declaración que el excelentísimo señor presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gerardo Gutiérrez Candiani, emitió de viva voz el pasado miércoles en Oaxaca: AMLO debe demostrar que no está contra la iniciativa privada. ¿Cómo, cómo? ¿No será más bien la iniciativa privada, o más concretamente esa iniciativa privada es –la que forma el pequeño club de los dueños de todo– la que debe demostrar que no está en contra de más de 100 millones de mexicanos hartos de soportar sus abusos? ¿O qué pretendió decir realmente el vocero de esos señoritingos de nariz quirúrgicamente respingada? ¿Que el máximo dirigente opositor del país les jure de rodillas, como lo hizo Enrique Pelo Tieso en Querétaro, que está dispuesto a entregarles Pemex?

jamastu@gmail.com http://twitter.com/@emiajseliva

El caso del “Vicentillo”: infiltraciones, complicidades, traiciones

Plagado de acusaciones entre sus defensores y la fiscalía del Departamento de Justicia, el caso de Vicente Zambada Niebla se vuelve cada vez más tortuoso en la Corte Federal de Chicago. Parece seguir un guión en el que se entrecruzan acusaciones de traición entre las autoridades de Estados Unidos –en especial la DEA–, sus informantes en México y los líderes de alto nivel de cárteles mexicanos, específicamente del de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Obligados por el juez, los fiscales se verán obligados a entregar documentos clasificados que, durante los próximos meses, arrojarán luces sobre la maraña de complicidades que envuelve el caso.

La detención de Vicente Zambada Niebla.

J. Jesús Esquivel

CHICAGO.- Ante los insistentes testimonios en la Corte Federal de Illinois en el sentido de que el cártel de Sinaloa y sus principales líderes han gozado de protección en ambos lados de la frontera, los gobiernos de México y de Estados Unidos aseguran que Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el capo más protegido en los últimos 10 años, pronto caerá, vivo o muerto.

En vísperas de una audiencia preparatoria del juicio que se sigue a Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo –hijo de Ismael El Mayo Zambada–, la semana pasada The New York Times informó que Estados Unidos tiene agentes infiltrados en los cárteles mexicanos y se alista a detener a sus principales líderes; a su vez, The Washington Post destacó que el gobierno mexicano dispone de tres unidades de tiempo completo para la captura o asesinato de El Chapo.Ante los comicios de 2012 en ambos países, El Chapo se ha convertido para los gobiernos de Barack Obama y Felipe Calderón en un manjar electoral (Proceso 1825), pero antes debe aclararse la presunta protección que ha recibido el capo, según se desprende de las audiencias en el caso que se le sigue a El Vicentillo.En lo que pareciera ser una traición a la organización de tráfico de drogas que lideran El Chapo y El Mayo Zambada, el acusado instruyó a sus cuatro abogados para que insistan en que hay acuerdos directos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Estados Unidos.La defensa del Vicentillo sostiene que los compromisos entre Washington y el narcotraficante mexicano más buscado en el mundo se lograron por medio de los oficios de la Drug Enforcement Administration (DEA) e intermediarios.“El gobierno (estadunidense) está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes bajo el acuerdo que tienen firmado con el informante de la DEA Humberto Loya Castro”, declaró el abogado Edward Panzer ante el juez federal Rubén Castillo.En la audiencia del jueves 27 en la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois, los abogados acusaron al gobierno de Estados Unidos de haber traicionado a su cliente, quien fue reclutado por Loya Castro, un informante de la DEA.El lunes 24, Panzer y sus colegas George L. Santangelo, Alvin S. Michaelson y Fernando X. Gaxiola entregaron a la Corte varios documentos, incluida una “petición de inmunidad” para Zambada Niebla. En él arguyen que su cliente proporcionó información a la DEA relativa a las actividades de grupos del narcotráfico de México enemigos del cártel de Sinaloa.En la audiencia del jueves 27 el acusado no estuvo presente en la audiencia, toda vez que “se encuentra en una prisión federal en la población de Milan, en el estado de Michigan”.Uno de los abogados comenta a Proceso que El Vicentillo fue transferido a ese lugar hace 10 días o hace una semana. “Lo supimos apenas el día de la audiencia”. El hijo de El Mayo fue transferido de Chicago a Milan a petición del gobierno de Estados Unidos con el argumento de que corre peligro de ser asesinado.Panzer exigió al juez anular los cargos por delito de narcotráfico que se le imputan a su cliente y concederle la inmunidad que presuntamente le prometió la DEA.En la Corte Federal en Chicago se estableció como atenuante que Loya Castro, presunto asesor legal del cártel de Sinaloa desde finales de los ochenta, fue encausado legalmente por el gobierno de Estados Unidos en los noventa por delitos relacionados con el narcotráfico, pero fue perdonado de los cargos que se le imputaban por ser informante de la DEA. La defensa reclama el mismo trato para su cliente.Según los documentos radicados en la Corte, Loya Castro “se niega a testificar en el juicio de El Vicentillo como testigo de la defensa”. El pretexto que esgrime es que el gobierno estadunidense lo amenazó con exhibir los acuerdos de Washington con el narcotráfico, lo que pondría en riesgo su seguridad, la de su familia, así como la de El Chapo y El Mayo.La defensa reitera que el agente de la DEA Manuel Manny Castanon, quien enganchó a Loya Castro como informante, es quien lo presiona para que se desista como testigo:“Castanon le dijo que si salía a la luz su relación y la del cártel con el gobierno de Estados Unidos, no solamente sería malo para él, sino también para el gobierno de Estados Unidos”, indica la solicitud de inmunidad que entregó la defensa al juez Castillo.Asimismo denuncia que su cliente fue convencido por Loya Castro para convertirse en informante de la DEA y luego fue traicionado por Castanon y altos mandos de la administración antinarcóticos estadunidense.Los señalamientos incluyen a otros agentes de la DEA, entre ellos David Herrod, quien actúa en México; Carlos Mitchem, subdirector regional de la misma agencia; Steven Fraga, agente especial y jefe de la oficina en Tijuana, y a la fiscalía especial a cargo de la investigación de El Vicentillo en el Departamento de Justicia.

Los expedientes

De acuerdo con los documentos presentados ante la Corte Federal en Chicago, en enero de 2009 los agentes mencionados y el funcionario del Departamento de Justicia dijeron a Loya Castro que se había “aprobado el acuerdo de otorgarle inmunidad” a El Vicentillo a cambio de su trabajo como informante.En uno de los documentos se hace un recuento detallado de las entrevistas de Loya Castro con los cuatro abogados de El Vicentillo el 9 de marzo y el 14 de julio de 2010 en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.Ellos insisten en que en esos encuentros Loya Castro no sólo reiteró que sí existía el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Zambada Niebla, también manifestó su disposición a testificar en el juicio que se le sigue al hijo de El Mayo, que se iniciará formalmente en febrero de 2012.El expediente anota que para darle seguimiento al compromiso de Loya Castro con la defensa se acordó otra reunión para el 26 de octubre de 2010 en la Ciudad de México, pero ya no se hizo.“Loya Castro estableció que Castanon se había enterado de que se reuniría con la defensa (de El Vicentillo) y le dijo que no podría presentarse a testificar ante la Corte como testigo”, indica el documento.Panzer subrayó al juez Castillo que los cambios de opinión de Loya, quien ahora ni siquiera contesta las llamadas telefónicas, indican que él “sigue en contacto con la DEA de manera regular y le proporciona información sobre los cárteles rivales al de Sinaloa”.Los abogados aseguran que entregaron el expediente a la Corte el 18 de agosto último. En él comentan que Castanon se volvió a poner en contacto con Loya Castro y, además de pedirle que desistiera de su idea de ser testigo en el juicio, le propuso un encuentro con gente involucrada en el caso para el 30 de agosto en San Diego, California. Castanon le pidió también desplazarse a Chicago para reunirse con los agentes de la DEA.Según el expediente, “Loya Castro estaba aterrado por lo que le dijo Castanon, por lo que decidió no testificar en el juicio… De hacerlo, expondría la seguridad de muchas personas, incluidos los jefes del cártel de Sinaloa”.Por ello, en la audiencia del jueves 27 los abogados reiteraron al juez Castillo que “Loya Castro es un agente del cártel de Sinaloa, quien en sus acuerdos con la DEA pasa información directa al gobierno de Estados Unidos de lo que le dicen El Chapo y El Mayo, y a la inversa”.La parte acusadora, integrada por los fiscales del Departamento de Justicia, que encabeza Thomas D. Shakeshaft y Gal Pissetzky, niegan que la DEA haya establecido un acuerdo de inmunidad con Zambada Niebla. Alegan que los agentes con quienes Loya tiene presuntos contactos carecen de autoridad jurídica.A su vez, el defensor Michaelson replicó que aun cuando ese fuera el caso, su cliente tiene derecho a la inmunidad con base en un precedente legal que existe en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, según el cual el extranjero que coopere con el gobierno “no necesariamente está excluido de inmunidad” por desconocer las leyes de otro país cuyas autoridades hacen un compromiso.La fiscalía no refutó a los abogados de El Vicentillo la relación de Loya Castro con los agentes de la DEA; sólo expuso ante el juez Castillo que la relación de aquél con los agentes antinarcóticos data de 2005.No obstante la defensa le exige al Departamento de Justicia que entregue toda la información que tenga en su poder, “aun la que esté catalogada como clasificada o top secret”, sobre los contactos de sus distintas agencias con Loya Castro. También insisten en que desde hace más de 20 años comenzó la relación de protección al cártel de Sinaloa por parte de Washington.“El gobierno no rebate el hecho de que los agentes de la DEA sabían que Loya estaba en contacto directo con los líderes del cártel de Sinaloa, y aparentemente no hicieron ningún intento por seguirlo para poder capturar a los jefes de la organización”, señala uno de los documentos de la defensa.

Nuevo plazo

Según sus abogados, El Vicentillo sostiene que el gobierno de Estados Unidos debe tener información concerniente a “cientos o miles” de llamadas telefónicas que sostuvo Loya Castro con agentes de la DEA antes de 2005.Ellos aseguran que también debe haber correos electrónicos y reseñas de las reuniones del abogado del cártel de Sinaloa con representantes de la agencia antidrogas.Luego de escuchar los argumentos de la defensa y de cerciorarse de que El Vicentillo entendió todo lo que se dijo en la audiencia del jueves 27, gracias a la traductora que le comunicó los pormenores durante la videoconferencia, ya que él no pudo asistir, el juez Castillo definió las fechas para la entrega de información concerniente a la relación de Loya Castro y el gobierno de Estados Unidos.Castillo ordenó que el próximo 10 de noviembre la defensa y la fiscalía aporten más información sobre el caso. El 28 de noviembre, el Departamento de Justicia deberá entregar por escrito la lista de expertos y testigos que hablarán en el juicio.El 1 de diciembre el gobierno de Estados Unidos deberá presentar ante la Corte los 3 mil 500 documentos relacionados con el caso de El Vicentillo que supuestamente tiene en su poder. El día 12 de ese mes vence la fecha límite para proporcionar información adicional al caso.El 3 de enero de 2012 el Departamento de Justicia tiene que entregar a la Corte toda la información relacionada con Jesús Vicente Zambada Niebla que tengan en su poder las agencias de Estados Unidos con presencia en México, como la DEA, el FBI, la CIA y el ICE, entre otras.Finalmente, el 17 de enero siguiente deberán entregarse las respuestas a las peticiones que hagan tanto la defensa como la fiscalía en el caso de El Vicentillo. “Toda la información que se entregue a la Corte debe ser desclasificada”, expuso el juez a la fiscalía.Tras escuchar la orden del juez Castillo, el fiscal Pissetzky argumentó que el gobierno debería contar con más tiempo en lo que concierne a los nombres de sus testigos, incluso arguyó que se deben hacer los arreglos necesarios para garantizar su integridad personal:“Es muy peligroso para los testigos y sus familias venir a esta Corte. Por ejemplo, hace poco desapareció el padre de los hermanos Flores, quienes podrían ser testigos; y esto ocurrió después de que la defensa del señor Zambada se opusiera a que ellos se presenten ante usted.”Según la defensa, los hermanos Margarito y Pedro Flores son operadores del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, lo mismo que su padre. Todos tienen un largo historial criminal en el país. “Su padre ha desaparecido y aparecido muchas veces. Lo que dice el fiscal no tiene sustento”, argumentó el abogado Michaelson.El juez aclaró que el gobierno de Estados Unidos tiene el tiempo suficiente para hacer todos los arreglos necesarios que garanticen la seguridad de sus testigos.En jueves 27 no estuvo en la audiencia el joven que regularmente acude a la sala judicial y que, según la defensa, es familiar de El Vicentillo. Ese día estuvo otro joven que se identificó como Javier Díaz y dijo ser “sobrino” del acusado y tener su residencia en Los Ángeles. A su lado estuvo otro adolescente.De acuerdo con el expediente de Zambada Niebla, en estos momentos “Loya Castro es un informante desactivado de la DEA”, aunque tiene un acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos que vence el 18 de diciembre de 2011.El martes 25 The New York Times publicó en primera plana una nota según la cual la red de informantes infiltrados por la DEA y otras agencias federales en los cárteles de la droga mexicanos va en aumento.De manera significativa el gobierno de Estados Unidos “ha construido redes de informantes mexicanos que le han permitido infiltrar algunas de las organizaciones más peligrosas del país (México)”, destaca el rotativo.Y añade que gracias a esos informantes, el gobierno de México ha logrado atrapar o eliminar a unas dos docenas de capos. También aclara que las agencias estadunidenses “mantienen en la oscuridad (al gobierno de Calderón) sobre la red de informantes por temor a que por la corrupción se filtre la información a las organizaciones dedicadas al trasiego de drogas”.Por su parte, el viernes 28, en un amplio reportaje de primera plana The Washington Post subraya las sospechas de que Guzmán Loera es el capo protegido de los gobiernos de México y de Estados Unidos.Y aun cuando el gobierno de Calderón cuenta con tres grupos especiales dedicados a atraparlo o asesinarlo, subraya el periódico, Calderón “es perseguido por la percepción de muchos mexicanos de que su gobierno, especialmente el Ejército, ha sido muy complaciente con el cártel de Guzmán”.Respecto al caso de la presunta protección que ofrece Estados Unidos a la organización que encabeza el sinaloense, The Washington Post cita los argumentos presentados en el caso de El Vicentillo que se ventila en la Corte de Chicago.

“Él (Zambada Niebla) clama que funcionarios de la DEA han dado mano libre al cártel de Sinaloa para el tráfico de narcóticos a cambio de información sobre sus rivales”, informa el Post.

El Chapo, manjar político para Obama y Calderón

“El Chapo”, manjar electoral

Las presiones políticas internas que actualmente experimentan los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama condujeron a sus gobiernos al diseño de una estrategia para detener al Chapo Guzmán o pactar con él una captura negociada. De acuerdo con fuentes de inteligencia y un par de acreditados expertos consultados por Proceso, la pronta aprehensión del líder del cártel de Sinaloa se ha convertido en un apetecible manjar político-mediático para los dos mandatarios, en cuyos países habrá procesos electorales el próximo año.

Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

Ricardo Ravelo y Patricia Dávila

Una serie de hechos, reportes de inteligencia y análisis de expertos coinciden en que los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos tienen entre sus planes prioritarios la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, jefe del cártel de Sinaloa, pues los presidentes de ambos países apetecen ese manjar político-mediático que tendría dividendos electorales en 2012.
La captura del capo, uno de los más poderosos del mundo, se convirtió en un tema de “emergencia electoral” para los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, quien busca la reelección, mientras que aquél desea que su partido mantenga el poder, afirma el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y asesor de la ONU, Edgardo Buscaglia.
Ambos mandatarios, según Buscaglia, cargan con fuertes sospechas de brindarle protección a El Chapo Guzmán y a los “brazos operativos de Sinaloa”.
–¿Por qué existen tantas presiones políticas sobre los dos presidentes respecto de la figura de este narcotraficante? –se le pregunta al también profesor de la Universidad de Stanford.
–Obama enfrenta las presiones de los republicanos. Si bien el problema en Estados Unidos es económico, la figura de El Chapo perturba a Obama porque sobre su gobierno pesan fuertes sospechas de brindarle apoyo. Pesa mucho el caso Rápido y furioso y las armas que llegaron a las manos de Guzmán Loera; también pesa y mucho el cuestionamiento de que en Estados Unidos los capos mexicanos no son molestados.
“Este escenario hace posible que Obama esté empeñado en la captura de Guzmán Loera por cualquier vía: ya por una captura directa o mediante una entrega negociada, que no está descartada. Estados Unidos siempre juega dos cartas y así lo hizo con el jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden, de suerte que para Felipe Calderón el caso de la reelección de Obama le mete muchísima presión y casi lo obliga a tomar medidas contra Sinaloa, pues la presión internacional ya es fuerte y será peor conforme pasen los meses y se acerquen las elecciones presidenciales de México y de Estados Unidos.”
En opinión del estudioso del fenómeno de la delincuencia organizada, cuando llegan momentos políticos tan sensibles como los que enfrentan Obama y Calderón, El Chapo deja de ser un caso de seguridad nacional y se convierte en un tema de campaña electoral. “Para Obama, El Chapo es el Osama Bin Laden no en el sentido de perturbación psicosocial, sino por la necesidad de asegurar la reelección y dar muestras de autolimpieza en su gobierno, lo que han puesto en duda los republicanos”.
Y ante esta emergencia, explica, no se descarta que el gobierno de Estados Unidos ya busque a Guzmán para detenerlo o negociar su entrega ofreciéndole no tocar sus bienes y proteger su vida y la de su familia.

Variantes con un mismo objetivo

Con dominio en buena parte de América Latina y presencia en 48 países, el cártel de Sinaloa es la organización criminal más boyante en el continente y su afianzamiento se logró en 10 años, los mismos que lleva el PAN en el poder. Según Buscaglia, actualmente el gobierno de Estados Unidos considera a El Chapo Guzmán un delincuente tan peligroso para el mundo como lo fue Osama Bin Laden y eso explica que Washington ofrezca 5 millones de dólares por su cabeza.
Con base en la información que Buscaglia dice tener y en distintas fuentes consultadas en Estados Unidos, el investigador insiste en que el gobierno de Estados Unidos echó a andar su estrategia para localizar a El Chapo Guzmán, objetivo para el cual, dice, no se descarta que ya estén trabajando decenas de agentes de la CIA, el Pentágono y la DEA.
El equipo estaría trabajando con un plan que, según el consultor de la ONU, es propio de la justicia estadunidense: no golpear la estructura financiera del cártel de Sinaloa, ofrecerle a El Chapo garantías para poner a salvo sus capitales. Buscaglia dice que es de llamar la atención que el gobierno de Calderón combata a los grupos criminales que le estorban al de Sinaloa en sus planes de expansión.
El supuesto plan de Washington coincide con el reporte que emitió a principios de este año la consultora estadunidense Stratfor; ésta asegura que los gobiernos de México y Estados Unidos persiguen la consolidación del cártel de Sinaloa en el territorio mexicano.
Buscaglia añade: “El cártel de Sinaloa es más que El Chapo, más que El Mayo Zambada y más que El Azul Esparragoza. La caída de Guzmán Loera no significa nada para el grupo criminal, pero sería mucho para el gobierno de Felipe Calderón de cara a las elecciones presidenciales de 2012. El presidente está desesperado porque el país se le despedaza entre muertos y balaceras.
“Apoyando la estrategia de Obama, Calderón busca un poco de oxígeno político para su partido en 2012 y es claro que no tiene en lo inmediato otra estrategia más que seguir el camino de Vladimir Putin, quien como presidente de Rusia se sentó a negociar con los delincuentes y así prohijó un Estado mafioso.”
–¿En qué beneficia a México seguir la estrategia de Rusia?
–Consolidar a un solo cártel, en este caso el de Sinaloa, según los asesores de Calderón, equivale a bajar los niveles de violencia. Seguramente lo logren, pero sería pan de hoy y hambre de mañana pues México se consolidaría también como un Estado mafioso donde los intereses de un solo cártel se mantienen a salvo.
Entre tanto, es un hecho que los estadunidenses operan con el apoyo del gobierno mexicano y están infiltrados en enclaves de inteligencia, empresas y en grupos de élite del Ejército y de la Policía Federal, en tanto que otros más están dispersos en Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, Sonora y el Distrito Federal, donde se mueve el líder del cártel de Sinaloa.

El factor político

A su vez, en entrevista con la reportera Patricia Dávila, el integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM Raúl Benítez coincide en que sería de interés electoral una eventual captura de El Chapo Guzmán.
–¿Se ha privilegiado a El Chapo?
–Eso se dice, no me consta… ¡Qué tal si lo capturan en enero o febrero, de acuerdo con un calendario más político! Se dice que ya está desahuciado, que está transmitiendo muchos de sus poderes a El Mayo Zambada: El Chapo sabe que está rodeado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que los aviones no tripulados están volando por toda la sierra de Durango, Chihuahua y Sinaloa; sabe que no puede salir del Triángulo Dorado. La última información que se le filtró a la prensa fue hace seis meses, cuando estuvo en Veracruz dos días.
Explica las implicaciones de una eventual detención del jefe sinaloense del narcotráfico: “Incluso se habla de que de acuerdo con un calendario político-electoral pudieran capturarlo o matarlo en enero o febrero de 2012. Pareciera que si se da un golpe mediático de esta naturaleza podría cambiar la imagen de la guerra contra los cárteles y parecería que el gobierno va ganándola.
“De esta manera beneficiará a algún candidato oficial en la contienda de 2012. Mantener la Presidencia no gravita al 100% en su captura, pero sí es uno de los factores para ganarla. Capturar a El Chapo no es una broma, es muy difícil, se dice que tiene un sistema de defensa fortificado con misiles antiaéreos, que si lo cercan helicópteros militares se los va a bajar y que la Fuerza Aérea no se atreve a eso, si fuera el caso.”
–¿Que sería necesario para detenerlo si la Fuerza Aérea no se atreve?
–Tendrían que aplicar una estrategia de fuerzas combinadas o algo así… he escuchado cuatro o cinco planes. Como está metido en la sierra, hasta un comando estadunidense puede entrar y sacarlo, pero sin que lo vean los mexicanos.
“Si es un trabajo por tierra, tiene que ser el Ejército el que entre, pero el traslado de El Chapo de un poblado a otro tiene que ser un operativo combinado de fuerzas de mar, tierra y aire. También se dice que hay seis bloques de búsqueda de El Chapo, como los que había con Pablo Escobar en Colombia: uno lo encabeza la Marina, dos el Ejército y dos la Policía Federal. Es lo que se dice.
“En una nota publicada en enero de 2010 por The Economist se afirma que el jefe del cártel de Sinaloa se refugia en un territorio serrano de unos 60 mil kilómetros cuadrados y que para capturarlo se necesitarían unos 100 mil soldados.”

Hechos e indicios confirmatorios

Proceso confirmó con varias fuentes que una pieza clave para el objetivo mexicano-estadunidense en relación con El Chapo es Anthony Wayne, embajador en México y proclive a las negociaciones, característica que mostró en los más duros conflictos que trató a su paso por Afganistán.
Por lo demás, la supuesta protección desde Estados Unidos al cártel de Sinaloa y a sus principales operadores no es un señalamiento nuevo. Apenas en mayo de este año Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada –principal aliado de Guzmán Loera–, reveló en aquel país que en 1998 se inició un plan de negociación con la DEA para brindarle protección al cártel de Sinaloa a cambio de que aportara información sobre otras organizaciones delictivas mexicanas.
Zambada Niebla fue capturado en el Distrito Federal y arraigado por lavado de dinero y tráfico de drogas. Luego fue extraditado a petición del gobierno estadunidense. En mayo de este año, en una declaración rendida ante una corte federal en Illinois, dijo que la DEA selló un “pacto de inmunidad” con el cártel de Sinaloa.
En su testimonio El Vicentillo expuso que el enlace entre la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos fue el narcotraficante Humberto Loya, quien –dijo Zambada Niebla– fue asesor y confidente de El Mayo y de El Chapo.
“Zambada Niebla fue parte de ese arreglo entre el gobierno de Estados Unidos a través de sus oficiales de la DEA, y el cártel de Sinaloa a través de Loya. El acusado proporcionó información que Loya transmitió al gobierno (de Estados Unidos)”, se asienta en uno de los documentos presentados ante la corte federal por la defensa de Zambada Niebla.
A El Vicentillo se le acusa en Estados Unidos de conspiración y tráfico de drogas. Trabajaba para el cártel de Sinaloa, organización de la que su padre es socio. La PGR averiguó que operaba en el aeropuerto de la Ciudad de México con la protección de agentes federales, funcionarios de la SIEDO y agentes de la Interpol.
Con base en el llamado “pacto de inmunidad”, Zambada Niebla afirma en otro de sus testimonios que el gobierno de Estados Unidos no puede juzgarlo y debe ponerlo en libertad porque ese pacto lo ampara “gracias a la valiosa información” que ofreció.
Mientras la DEA empezó a proteger al cártel de Sinaloa a partir de 2004 –según Zambada Niebla–, en México se comenzó a golpear a las organizaciones rivales de los sinaloenses.
Vicente Fox emprendió la lucha contra el narcotráfico con el programa México Seguro, que asestó duros golpes a los cárteles de Tijuana y del Golfo; pero 50 días después de que el guanajuatense tomó posesión de la Presidencia, El Chapo Guzmán se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco. Y durante el sexenio foxista el cártel de Sinaloa expandió sus tentáculos en buena parte del territorio nacional.
Al arrancar el sexenio de Calderón, El Chapo Guzmán extendió sus redes hacia Centro y Sudamérica, y hay ejemplos de la impunidad que ha cobijado al capo sinaloense y a sus familiares: En mayo de este año, durante cateos en una zona residencial de Culiacán, Sinaloa –muchos de ellos señalados como refugios de El Chapo– fue detenida Griselda López Pérez, exesposa de Guzmán Loera y quien dijo llamarse Karla Pérez Rojo. Pero horas después fue dejada en libertad.
Desde 2009 Guzmán Loera comenzó a ser visto como el gran jefe del cártel de Sinaloa dispuesto a dominar el tráfico de drogas en Latinoamérica. Ese año Bruce Bagley, presidente de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, habló así de él: “El Chapo es claramente un psicópata dispuesto a involucrarse en elevados niveles de violencia, pero también es muy hábil para manejar esas turbulentas aguas”.
A principios de este año la consultora estadunidense Stratfor Inteligencia Global colocó a El Chapo Guzmán como “el amo y señor” del narcotráfico en América Latina, y en un estudio sobre el crecimiento del cártel de Sinaloa expuso que el narcotraficante sinaloense consolidaría su organización criminal durante 2011.
“En el transcurso de 2011 estaremos viendo signos de que la Federación de Sinaloa y sus nuevos amigos podrían convertirse en la entidad del crimen organizado dominante en México”, dice Stratfor. “La nueva federación, encabezada por el cártel de Sinaloa, es una alianza entre grupos criminales que tienen como enemigo común a Los Zetas, pero cada uno de sus miembros sigue operando sus respectivas rutas.”
Stratfor establece también que en el cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, “acusan a la organización de Joaquín Guzmán Loera de recibir favores del gobierno”.
Y añade: “La Federación de Sinaloa ha extendido e incrementado su influencia de Tijuana hasta algunas partes de Río Grande, en Texas, y tiene los mayores recursos a su disposición, lo que la convierte en el cártel más capaz de las organizaciones criminales de México y en la más idónea para encabezar una alianza que pueda consolidar el poder en regiones volátiles y convertirlas en estables”.
No es todo: En marzo de este año, un cable difundido por WikiLeaks reveló que en 2009 el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez envió a Washington un informe detallado sobre la narcoviolencia, según el cual existe la visión de que el Ejército Mexicano “está cómodo” con dejar que los cárteles de Sinaloa y de Juárez se debiliten mutuamente.
El cable fue enviado el 23 de enero de 2009 por el entonces cónsul Raymond McGrath y está catalogado como “sensible”.

La entrevista con el “Times”

El tema de El Chapo y la necesidad de capturarlo fueron abordados por Felipe Calderón en una entrevista cuya versión resumida fue publicada por The New York Times el domingo 16; la transcripción completa en español se difundió un día después en su sitio de internet.
Calderón afirmó que el jefe del cártel de Sinaloa vive en territorio estadunidense. A la pregunta de cómo la esposa de Guzmán (Emma Coronel, quien el pasado 15 de agosto parió mellizas en el hospital Antelope Valley de Lancaster, California) pudo viajar a territorio estadunidense sin ser perseguida y regresar a México, Calderón respondió:
“Eso habría que preguntárselo a las autoridades aduanales norteamericanas. Porque la aduana que tiene que cruzar para ir a Los Ángeles es la de Estados Unidos, no la de México. Y si El Chapo estuvo en Los Ángeles yo me pregunto: los americanos, por qué no lo atraparon. (…) Si la señora hubiera dado a luz en el hospital Ángeles… pues otra cosa sería.”
En la entrevista Calderón afirmó categóricamente que El Chapo Guzmán no está en territorio mexicano. Y añadió: “Aquí lo sorprendente es que él o su esposa están tan tranquilos en Estados Unidos, lo cual me lleva a preguntarme: ¿cuántas familias o cuántos capos mexicanos estarán más tranquilos en el lado norte de la frontera que en el lado sur? ¿Qué lleva a El Chapo Guzmán a tener a su familia en Estados Unidos?”.
Luego reconoció que El Chapo Guzmán como Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas, entre otros, “es gente que está muy protegida y gente que tiene redes de cobertura muy complejas. En el caso concreto de El Chapo sospechamos que tiene un área de influencia, que es la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, que le permite una gran movilidad y que cualquier operativo que hacemos para capturarlo, él tiene manera de detectarlo a decenas de kilómetros de distancia, a horas de distancia”.
–¿Lo quiere vivo o muerto? –le preguntó The New York Times; Calderón respondió: “Yo no le deseo la muerte a nadie…”.