Gobiernos panistas: alta corrupción y baja transparencia

Desde que el Partido Acción Nacional asumió la Presidencia de la República, los índices de corrupción en México se incrementaron y la transparencia se fue a pique, señalan organismos no gubernamentales. Los mecanismos para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas no son eficaces. Por el contrario, las entidades responsables son omisas y la corrupción se convierte en un “fenómeno estructural”.

Paulina Monroy

Desde 2001, el primer año de gobierno de Vicente Fox, la corrupción en México se ha venido incrementando. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, desde que el Partido de Acción Nacional (PAN) llegó al poder, México ha reducido su puntaje de 3.7 en 2001 a 3.3 en 2009.
El estudio fue aplicado en 180 países, con una escala de 1 a 10, donde 1 es el mayor nivel de corrupción. México nunca ha alcanzado siquiera el seis. En la más reciente evaluación, el país bajó 17 lugares de la última posición que obtuvo en 2008. A nivel mundial alcanzó el lugar 89.
El IPC se elabora a partir de 13 fuentes que pertenecen a 10 instituciones independientes y que miden el alcance general de la corrupción, es decir, la frecuencia y magnitud de los sobornos en el sector público. La evaluación está a cargo de expertos y líderes empresariales. Además, se auxilia de información de instituciones financieras internacionales, consultorías y foros.
Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS), advierte que la corrupción en el panismo sí ha tenido efectos más dramáticos, toda vez que la ciudadanía cifró su esperanza en la alternancia política: “El voto contra el PRI (Partido Revolucionario Institucional) fue un voto porque la corrupción cesara; no obstante, la corrupción ominosa del sexenio de Vicente Fox, que no ha sido combatida con Calderón, ha generado mayor frustración”.
Describe que son diferentes los modus operandi de la corrupción entre el priismo y el panismo. La diferencia, subraya, son las contradicciones y el problema de diseño institucional para su combate.
Es así, y en contradicción con los resultados internacionales, que del total de investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo el 1.5 por ciento concluye que hubo actos de corrupción. A su vez, México retrocedió dos puntos en transparencia presupuestaria en un año, según Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Función Pública deficiente para atacar corrupción
El 18 de noviembre, la SFP admitió que México necesita mejores instrumentos legales para fortalecer el combate a la corrupción.
“Las calificaciones –señaló la entidad– constituyen una advertencia sobre lo mucho que se debe hacer en el gobierno federal, los poderes legislativo y judicial, estados, municipios y el sector privado para controlar la corrupción”.
Indicó que ésta es una oportunidad para cambiar las reglas en el tema del combate a la corrupción: “Si seguimos haciendo lo mismo que en años anteriores, vamos a obtener los mismos resultados”. Por lo que sugirió tener mayores atribuciones para ser más eficiente la lucha contra la corrupción, más facultades de investigación, acceso a bases de datos y a recursos que optimicen su labor.
La entidad informó que este año reestructuró más del 60 por ciento de las funciones y perfiles de servidores públicos, “a fin de privilegiar un enfoque preventivo en el combate a la corrupción y eliminar espacios que la propicien”. Aseguró que el número de servidores públicos denunciados penalmente se ha incrementado “notoriamente”.
Función Pública, entidad instalada por el panismo para vigilar la administración pública federal, “no ha sido efectiva y es omisa de las prácticas ilícitas de los servidores; sirve de trampolín político y plataforma de empuje y no la entidad de combate a la corrupción”.
Para Irma Eréndira Sandoval, es el caso de Francisco Barrio, primer secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (antigua denominación de la SFP), cargo del que se separó en 2003 para convertirse en diputado federal y coordinador de la bancada panista.
También Germán Martínez Cázares, quien fue titular de Función Pública por sólo nueve meses, durante el primer año de la administración de Felipe Calderón, para más tarde convertirse en presidente nacional del PAN.
La doctora en ciencias políticas enumera que, de 2000 a 2005, la SFP inició en promedio 89 averiguaciones previas por casos relacionados con la corrupción. La investigadora del IIS apunta que la mayoría de los casos se definen como cargos muy menores.
De este modo, el 48.8 por ciento de las investigaciones se deduce que se trata de negligencias administrativas. El 35.5 por ciento de los casos se refieren a violaciones de normativa presupuestal, y el 8.8 por ciento a violaciones de procedimientos de contratación, adquisiciones y licitación.
El 5 por ciento corresponde a abuso de autoridad y sólo el 1.5 por ciento, a corrupción: “Según la Secretaría de la Función Pública tenemos un país de 1.5 por ciento de funcionarios públicos corruptos y el 80 por ciento de funcionarios descuidados”. Califica de contradictoria esta visión frente al IPC de Transparencia Internacional.
Indicadores internacionales arrojan que una tercera parte de los mexicanos desconfían de las estrategias de combate a la corrupción, mientras que el 28 por ciento cree que el gobierno está coludido.
Corrupción en América
El reporte Índice de percepción de la corrupción 2009, de Transparencia Internacional, advierte que en el continente americano la corrupción se encuentra gravemente extendida. De los 31 países de América incluidos en la evaluación, sólo 10 obtuvieron una puntuación superior a cinco, mientras que 21 estuvieron por debajo.
Nueve países ni siquiera lograron superar la marca de los tres puntos: Argentina, Bolivia, Guayana, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití. El último, el más pobre de la región, mejoró su calificación de 1.4 a 1.8 en un año.
En todos los casos, con excepción de Argentina y Venezuela, hay altos niveles de pobreza y se “requieren urgentemente instituciones que faciliten su desarrollo económico. Sin embargo, respecto de la calificación de los países suramericanos, Transparencia Internacional refiere que es indicador de que la corrupción no está asociada exclusivamente a la pobreza.
Con excepción de Guatemala, ningún país de la región mostró un incremento significativo en su puntuación. Canadá, país que posee la primera posición de la lista, obtuvo una calificación de 8.7, seguido por Estados Unidos, que se mantiene en 7.5. Por arriba de los seis puntos están Barbados, Santa Lucía, Chile, Uruguay y San Vicente y las Granadinas.
Tanto como México, Brasil, Perú y Colombia tampoco superaron la puntuación de cinco. El informe explica que pese a ubicarse entre las principales economías de la región y a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se ven sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado.
“La puntuación baja de la mayoría de los países latinoamericanos –observa Transparencia Internacional– refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”.
Por otro lado, enuncia que los periodistas de América Latina, que junto a la sociedad civil desempeñan un rol clave en la prevención de la corrupción y las medidas para combatirla, se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo: “Varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo que atenta contra la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto”. Opina que debilitarlo limita la posibilidad de alcanzar una prosperidad duradera y reducir las desigualdades.
Especialmente con la crisis financiera, sugiere la organización, los Estados de la región deben adoptar medidas que garanticen que los fondos públicos se administren con integridad.
Al respecto, la académica del Instituto de Investigaciones Sociales, Irma Eréndira Sandoval, observa que los resultados sitúan a México en un nivel por debajo de países donde hay antidemocracia, nula transparencia, autoritarismo y bajo desarrollo económico: “¿De qué sirve jactarnos de nuestros avances democráticos?”
Baja en transparencia
“El objetivo de la transparencia es combatir la corrupción”, sostiene Sandoval. Sin embargo, por un lado –observa la investigadora– se celebra que hay transparencia y acceso a la información y, por otro, existen “rotundos” fracasos en materia de combate a la corrupción.
La coordinadora del libro Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, publicado recientemente, considera que la transparencia per se y la normatividad sobre el acceso a la información están desligadas de ese fin último.
“La palabra transparencia se prostituye porque todos la usan para legitimarse, pero nadie la señala como herramienta que combata la corrupción”. El motivo, explica la académica, es la simulación.
Ejemplifica que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos están en la total opacidad, pues ninguna ley los obliga a divulgarlas. Bajo el argumento de tratarse de datos personales, dice, se justifica la no rendición de cuentas.
La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia observa que hay muchos recovecos legales para darle la vuelta al control y la fiscalización.
A diferencia de 2008, México retrocedió dos puntos en transparencia, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, evaluación realizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Este año recibió una calificación de 48 en una escala de uno a 100, donde uno significa nada transparente y 100, totalmente transparente. Obtuvo así el puntaje más bajo desde que el estudio se levantó por primera vez en 2001.
El diagnóstico se centró en dos aspectos: las percepciones de los usuarios y expertos de la información sobre la utilidad y la instrumentación de las normas, y el análisis del marco legal que permite identificar vacíos en las obligaciones del gobierno en la rendición de cuentas.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que el país experimentó un retroceso de dos puntos, reflejando el descontento con respecto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la información presupuestaria: “Las percepciones han retrocedido ya que en la práctica, la información crea más dudas de las que resuelve o no es útil”.
Ejemplifica que con la publicación de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se redujo el contenido del Avance de gestión, informe semestral sobre la ejecución del presupuesto: “El documento era crucial para valorar la gestión y dar inicio al proceso de fiscalización”.
Mientras que “la crisis económica develó la falta de información disponible sobre las medidas adoptadas para aminorar sus efectos”, las que, describe, son casi imposibles de seguir. De este modo, aunque se aprobó un Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, no hay información expresa que dé cuenta de sus avances.
El Índice de Transparencia Latinoamericana está formado por la evaluación de cinco variables: participación y elaboración del presupuesto, fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información.
A nivel de región, sólo la variable “participación ciudadana” obtuvo el menor porcentaje en respuestas favorables, 11 por ciento. México pasó de una evaluación positiva de 10 por ciento en 2007 a 5 por ciento en 2009.
“Aun cuando existen normas legales que consideran la participación ciudadana en la planeación de las políticas públicas, no forzosamente se trasladan al proceso presupuestario”, advierte el reporte. La Ley de Planeación prevé la participación ciudadana en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND); sin embargo, no la contempla para el proceso presupuestario.
Respecto de las atribuciones del Legislativo para modificar, discutir, analizar y evaluar el presupuesto, el porcentaje de respuestas positivas pasó de 40 a 37 por ciento de 2007 a 2009.
Sobre su capacidad de adecuar el presupuesto durante el ejercicio fiscal, los especialistas respondieron favorablemente en un 21 por ciento. En México no existe la obligación legal de autorizar cambios en el gasto durante su ejecución.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que en caso de una disminución de más del 3 por ciento, el Poder Legislativo está facultado para sugerir modificaciones para su reducción; sin embargo, no tienen carácter aprobatorio. Esa tarea recae en el Ejecutivo, que estará encargado de resolverlas.
En transparencia de la asignación de recursos, México también redujo su calificación al pasar de 20 a 16 por ciento en dos años. No obstante que la estructura programática del presupuesto es congruente con el PND, la distribución del presupuesto sigue una lógica independiente.
Aunque existe un sistema de evaluación de desempeño que fija los criterios para la asignación, el público desconoce los indicadores estratégicos y si en realidad hay un examen de resultados.
La variable fiscalización del presupuesto fue evaluada sólo con 23 por ciento. En relación con las capacidades de la contraloría externa, México redujo su puntaje de 43 al 34 por ciento, y en redición de cuentas de 22 al 18 por ciento. También en control sobre funcionarios públicos, cuya calificación se redujo de 22 a 16, y en responsabilidades de niveles de gobierno del 23 al 16 por ciento.
Además, por sí sola, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental registró un retroceso en la calificación que otorgan los expertos: “Aún existen fallas en la práctica que impiden el flujo de información. Algunos de los problemas más frecuentes al pedir o recibir información por el sistema Infomex incluyen la supuesta inexistencia de la información solicitada, respuesta que el ciudadano no puede comprobar, y que la información presentada sea incongruente con la solicitada”.
Corrupción, problema estructural
Irma Eréndira Sandoval define que la corrupción es un fenómeno estructural, por lo que es un error que las estrategias para combatirla la definan como un problema ético: “Los gobiernos panistas son fundamentalistas y la definen como un tema moral y de religiosidad, cuando se requiere estrategias institucionales que acaben con la impunidad y pongan en su lugar a quienes violan las leyes”.

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Pifias y manipulación del PND

BEATRIZ PEREYRA,

De nueva cuenta la elección de los ganadores del Premio Nacional de Deportes produjo una andanada de cuestionamientos. Además, exhibió las fallas de la reglamentación en la materia que, entre otras cosas, provoca confusiones e interpretaciones de los integrantes del jurado para emitir su voto. Para colmo, la SEP instruyó a la Conade –en clara violación a la ley, una semana después de que dio a conocer la lista de premiados– para que persuadiera al jurado de incluir en la lista a un atleta paralímpico y evitar con ello más vituperios.La decisión de otorgarle a Cuauhtémoc Blanco el Premio Nacional de Deportes (PND) 2009, la no elección del boxeador Óscar Valdez a pesar de que es medallista mundial y el hecho de que ningún atleta paralímpico haya sido nombrado ganador evidenció las inconsistencias de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, que mide con un mismo rasero a deportistas no profesionales, profesionales y paralímpicos.

Además, deja a la interpretación si el reconocimiento se otorga al mejor resultado del año o a quien tenga una trayectoria destacada.En un intento por corregir la plana y premiar a un paralímpico, la Secretaría de Educación Pública instruyó al titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Bernardo de la Garza, para que realizara los ajustes necesarios. El jueves 12 el subdirector de calidad para el deporte, Manuel Youshimatz, quien fungió como presidente del jurado, se comunicó con los otros ocho integrantes de éste para preguntarles si estarían dispuestos a reconsiderar el veredicto.Como se negaron, el gobierno federal no tuvo más remedio que apechugar la decisión del jurado, el mismo que De la Garza defendió a ultranza el martes 10.Por si fuera poco, este año la opacidad se apoderó del proceso de elección: a diferencia de otros, los nombres de los integrantes del jurado no fueron revelados inmediatamente después de que fueron insaculados. A ello se suma que, inexplicablemente, el gobierno federal se empecinó en dar a conocer la identidad de los galardonados hasta el viernes 20; es decir, el mismo día que de la ceremonia de premiación.Aunque con imprecisiones, los medios de comunicación se encargaron de echar a perder la sorpresa y difundieron los nombres de algunos de los ganadores. Por este motivo, el jueves 5 la Secretaría de Educación Pública (SEP) se vio obligada a informar mediante un boletín de prensa que en el rubro de deportista fueron elegidos la clavadista Paola Espinosa, el futbolista Cuauhtémoc Blanco, el exclavadista Joaquín Capilla y el marchista Eder Sánchez. En el comunicado, la SEP –y no la Conade, organismo responsable de dar esa información desde hace más de 10 años– también dio a conocer que en la categoría de entrenador se designó a Rafael Alarcón, coach de Lorena Ochoa; en tanto que en el Campo II de Fomento, Promoción e Impulso al Deporte el premiado fue el nadador de fondo, Antonio Argüelles. Hasta ahora, no se ha impugnado ninguna de estas decisiones.Sin embargo, las premiaciones en el Campo I que, de acuerdo con la ley, reconoce “la actuación y trayectoria destacada en alguna modalidad deportiva divida en dos categorías: 1.- Deportista a) no profesional, b) profesional y c) paralímpico y 2.- Entrenador” reactivaron las eternas controversias. Por esta razón, el director de la Conade anunció que enviará una propuesta a la Cámara de Diputados para que modifiquen la ley.Durante la presentación del Campeonato Nacional de Boxeo Amateur –realizada el lunes 9 en las instalaciones de la Conade–, el sancionado presidente de la Federación de ese deporte, Ricardo Contreras, lamentó que los integrantes del jurado no hayan premiado a Óscar Valdez, primer púgil en la historia en obtener una medalla (bronce) en un campeonato mundial. Este deportista, campeón juvenil y tercer lugar panamericano, apenas recibió un voto entre nueve posibles.“La elección debe ser con base en un ranking. No puede considerarse que alguien que obtuvo una actuación dentro del área de Centroamérica (refiriéndose a Blanco por su participación con la Selección Mexicana en el hexagonal de la Concacaf), aunque sea muy popular el resultado, está por encima de una medalla de bronce a nivel mundial. Óscar sabe que en el deporte se gana y se pierde.“Hoy no se tomaron sus méritos como suficientes para ganar el premio; entonces le toca superar lo que ha hecho para ganarlo y estoy seguro que lo va a ganar, pero afecta su ánimo. Aunque un atleta busca tener su mejor actuación no parar ganar premios sino para superarse a sí mismo, es lamentable que en ocasiones su esfuerzo no se vea compensado en la medida justa que merece su sacrificio y el tiempo que ocupa para su deporte”, asegura Contreras en entrevista con Proceso.

Deportistas ejemplares
Molesto porque Adrián González, pelotero de los Padres de San Diego, apenas recibió dos votos, el titular de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), Alonso Pérez, cuestiona las designaciones de Blanco –con quien González compitió en el rubro de deportista profesional– y de Capilla, a quienes descalificó por “borrachos y alcohólicos”.Y agrega: “No estoy de acuerdo. Cuando Capilla ganó le dieron casa, dinero y hasta trabajo; entonces no veo por qué después de tantos años se le premia. El reconocimiento debe ser para gente honorable, y él (Capilla) fue un adicto y borracho. Y Blanco ¿qué ha hecho?, ¿por clasificar al Mundial?”.De acuerdo con Pérez, el premio debe entregarse a quien sea un ejemplo no sólo en el deporte, sino también en su vida privada. “En Grandes Ligas, Pete Rose que ha sido uno de los mejores peloteros del mundo no puede entrar al Salón de la Fama porque apostó (cuando era manager de los Rojos de Cincinnati). También están excluidos los peloteros que como Mark McGwire usaron esteroides. Así ocurre en todo el mundo; tu conducta moral puede impedir que recibas premios”, explica el presidente de la Codeme, quien se dio tiempo para criticar a los miembros del jurado porque “no saben lo que hacen”.Para el jurado –conformado por Jesús Gómez Portugal, medallista olímpico; Rodolfo Gómez y María José Alcalá, ganadores del PND en 1979 y 1994, respectivamente; Marisol Hernández, editora de deportes del periódico El Día; Jorge Pietrasanta, director de deportes de Grupo ACIR; Antonio Rosique, de TV Azteca; Manuel Youshimatz, representante de la Conade; Eduardo Gorráez, representante del Comité Olímpico Mexicano, y Jesús Chichino Lima, representante de la Codeme– no fue difícil elegir entre Blanco y González.Este semanario pudo corroborar que, con excepción de María José Alcalá y Jesús Chichino, quienes votaron por el pelotero, los otros siete se pronunciaron por el futbolista, sin discusión de por medio. Blanco se convirtió en el primer futbolista que gana el Premio Nacional de Deportes de forma individual. Por equipos han sido distinguidas dos selecciones: la que participó en la Universiada de 1979 y la Sub 17, que le dio a México su único título mundial en 2005.Una semana después de que se difundió la lista de ganadores, la oficina de las Grandes Ligas informó que, por segunda ocasión, González fue premiado con el Guante de Oro, por ser el mejor a la defensiva de la Liga Nacional.La votación más cerrada se dio en la categoría de entrenador porque tanto Rafael Alarcón como Javier Aguirre recibieron cuatro sufragios. El voto de calidad lo emitió el presidente del jurado, Manuel Youshimatz, quien se pronunció por el entrenador de Lorena Ochoa. El único momento tenso durante la reunión realizada el miércoles 4 a la que, por cierto, no asistieron Jorge Pietrasanta ni Jesús Gómez Portugal –el primero mandó sus votos por correo electrónico y el segundo se comunicó por teléfono con Youshimatz, quien lo puso en el altavoz para que todos escucharan sus decisiones– ocurrió cuando Manuel Youshimatz y el representante de la SEP hicieron notar a los miembros del jurado que no habían elegido a ningún paralímpico (Aarón Gordián recibió un voto y Nelly Miranda otro), lo que consideraron “políticamente incorrecto”.Los integrantes del jurado revisaron de inmediato la ley y aseguraron que en ningún párrafo se establece que están obligados a premiar a un deportista paralímpico. Argumentaron que los cuatro elegidos tenían mayores méritos para ganar, que los atletas a quienes pretendían defender. Aunque sutilmente les insinuaron que recapacitaran, Eduardo Gorráez pidió que se respetara la votación.No es la primera ocasión en que las instancias gubernamentales intentan manipular la decisión del jurado. En 2005, los reporteros Ángela Sánchez, de Multivisión y Alberto Juárez, de Ovaciones acusaron al entonces director de la Conade, Nelson Vargas, de intentar convencerlos de que votaran por Hugo Sánchez en el rubro de entrenador.Cuando Rodolfo Gómez expresó que aparte de sus méritos deportivos valía la pena premiar a Joaquín Capilla porque el dinero (523 mil pesos) “le va a caer muy bien porque él y su esposa están enfermos”, sus compañeros le hicieron ver que el PND se otorga sin considerar ese tipo de aspectos.

Las hazañas de Cuauhtémoc
Tras el escándalo que provocó la elección de Blanco, en la columna que publica en el portal www.mediotiempo.com, Antonio Rosique confiesa que votó por Cuauhtémoc y explica que lo hizo para reconocer su trayectoria de 17 años, así como la trascendencia de sus logros deportivos.“Voté por Cuauhtémoc porque gracias a sus goles calificamos a los Mundiales de 2002 y 2010. Elegí al Temo porque durante 14 años ha sido el corazón de la selección, siempre ha dado la cara por nuestro país, y ganó el único título a nivel mayor que tenemos: la Copa Confederaciones. Apoyé a Blanco porque es, junto a Rafael Márquez, el futbolista más destacado de los últimos 15 años en un país donde millones de mexicanos practican el juego.“Respaldo a Cuau porque con su talento, personalidad e ingenio ha sido un poderoso promotor de su deporte. ¿Cuántos niños y jóvenes juegan hoy futbol inspirados por Cuauhtémoc Blanco? ¿Cuántos mexicanos enfrentan sus dificultades con carácter y coraje gracias al ejemplo que siempre ha dado el Temo en la cancha? ¿Cuántos chicos de barrio ven en la historia de Blanco una esperanza de vida en un país que les ofrece muy pocas? Al final, se trata sólo de mi punto de vista y mi voto fue parte de una elección democrática.“La ley estipula que los logros que acrediten ‘el merecimiento del premio deberán ser la expresión singularmente ejemplar de una actuación y trayectoria deportivas o de un compromiso con el fomento, la protección o el impulso de la práctica del deporte’. Aquí no se habla de que tengas que ser Campeón del Mundo para merecerlo, y la ley tampoco señala que los logros deportivos entre los ganadores del PND tengan que ser equiparables. Por lo tanto, Blanco no necesita igualar las hazañas de Capilla, Espinosa o Sánchez para merecer el reconocimiento”, detalla el comentarista de TV Azteca, el único integrante del jurado que se ha atrevido a hacer público por quién se pronunció.Y es que, más allá de sus incuestionables cualidades futbolísticas, el delantero de la selección nacional ha estado involucrado en varios escándalos como cuando levantó la pierna derecha y simuló ser un perro que orinaba en la portería del Celaya. Se le señala por su vida trasnochadora y supuestamente desordenada, Ha tenido que enfrentar las acusaciones de su exesposa Marisela Santoyo, quien asegura que la golpeaba, y la desaprobación de muchos por el artero coscorrón que le propinó al reportero David Faitelson.El propio entrenador Javier Aguirre le hizo un flaco favor cuando, envuelto en la euforia luego de que México consiguió el pase al Mundial, declaró que lo quiere mucho “aunque sea un pedote”.
–¿Cree que también se debería tomar en cuenta el desempeño de los atletas fuera del terreno de juego? –se le pregunta a Antonio Rosique.
–No sé si los jurados tendríamos la capacidad de evaluar esa parte. Me siento capaz de calificar a un deportista porque llevo muchos años en esto, pero no me siento capaz de juzgar a alguien como persona. Es un premio deportivo, entonces hay que medir los logros. Me declararía hasta incompetente para juzgar la vida de alguien y tendríamos que meternos en la historias de vida o en que si tuvo papá o no, o por qué fue alcohólico; es algo muy complejo.

Cambios a la ley
En entrevista con este semanario, el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, José Francisco Landero, considera que sí hay que reformar la ley por las contradicciones que presenta, por lo que se efectuará un análisis minucioso en el que se tomará la opinión de todos los interesados. El legislador estima que durante el proceso legislativo que tendrá lugar en abril del próximo año los cambios estarán listos. Entre las propuestas que ya se han planteado, destaca una de Bernardo de la Garza, quien considera que se debe legislar para impedir que el atleta que ya haya sido distinguido no pueda volver a ganar el PND. Hace cinco años, cuando Nelson Vargas dirigía la Conade, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles fue modificada justamente para que una misma persona lo reciba el número de veces que sus méritos deportivos lo permitan.“No estoy de acuerdo (con De la Garza) porque el espíritu del premio es señalar a alguien como ejemplo, reconocer a un mexicano que hace algo sobresaliente y no me parece dañino que alguien lo gane varias veces. Le hace bien a la juventud saber que Paola es un ejemplo, que ya ganó una vez y tiene tanta hambre que lo vuelve a ganar. Si así fuera, este año no lo habría ganado Paola porque ya le había tocado. Y si en unos años es medallista de oro en los Olímpicos, ¿no se lo vamos a dar?”, cuestiona Antonio Rosique. Distintas voces proponen que se debe dar un reconocimiento por trayectoria y otro para premiar los mejores resultados del año (lo que De la Garza define como “mérito deportivo”). Además, que el Campo I se debe dividir en categorías individuales para que no estén mezclados los deportistas amateurs con los profesionales y los paralímpicos.Incómodo porque los nombres de los ganadores se filtraron a los medios de comunicación, Antonio Rosique opina que en cuanto el jurado termine de votar, se tienen que dar a conocer los resultados para evitar especulaciones. “Es molesto porque los primeros sospechosos somos quienes trabajamos en los medios. Das tu palabra de no revelarlo y yo la cumplí, pero esa noche me llamaban de todos lados para preguntarme. Hubiera preferido que lo anunciaran ahí mismo porque de todas maneras se va a filtrar. Entiendo que hay un protocolo que implica que los resultados sean avalados por Presidencia de la República, que tenía la intención de anunciarlos hasta el día 20. Por otro lado, tampoco tengo problema en que la votación sea abierta y todos sepamos por quién voto cada jurado. Es un premio, no es nada malo, y hay que hacerlo muy transparente”, concluye Rosique.“Sería bueno también que inmediatamente después de la insaculación se den a conocer los nombres de los miembros del jurado porque eso es transparencia. Lo malo sería que tal vez podrían ser asediados por los promotores de los nominados para tratar de presionarlos, pero es un ejercicio transparente. También creo que por la misma razón y para evitar especulaciones se debe difundir la lista de ganadores inmediatamente después de que el jurado delibere y no esperarnos días. No sé por qué quisieron darlos a conocer hasta el día 20”, plantea el diputado Landero. Entre los cambios contemplados, el legislador panista también destaca que se asignará una fecha especial para entregar el Premio Nacional de Deportes, a fin de que ya no se empalme con el aniversario de la Revolución Mexicana ni con alguna otra celebración oficial.