Reforma migratoria

Las carreteras torcidas de Peña Nieto

Una vía que arrasa ejidos

Enrique Peña Nieto la promueve como la autopista más importante de México. Y lo es... para la constructora española OHL y para los empresarios nacionales que se beneficiarán con la tierra aledaña al Circuito Exterior Mexiquense. Y lo es también para el gobernador del Estado de México, que pretende usarla como vía rápida a sus objetivos político-electorales, toda vez que las campañas en la entidad comienzan este lunes 16. Sin embargo, para los campesinos de la entidad el proyecto condena a la desaparición a muchos ejidos y mutila municipios cuyos habitantes no recibirán ningún beneficio.

Rodrigo Vera

TOLUCA, MÉX.- Julio Sánchez Durán, presidente del comisariado ejidal de Tultepec, observa desde una loma la planicie de las más de 500 hectáreas del ejido ubicado en el municipio del mismo nombre.

“¡Mire la autopista! Echó a perder todas las tierras de nuestro ejido, arruinó nuestras cosechas. Fue como una maldición que nos cayó”, se lamenta don Julio y señala la brillante franja de asfalto de tres kilómetros que cruza raquíticos maizales y alfalfares.

Este es sólo un pequeño tramo del Circuito Exterior Mexiquense (CEM), la autopista de cuota que circunda el norte de la Ciudad de México del poniente al suroriente, hasta los límites con Morelos. La construye el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, quien la publicita como la obra más importante del país.

Don Julio prosigue: “Al principio vino gente del gobierno del estado y de la constructora. Nos avisaron que iban a tender una autopista por nuestro ejido, que nos iban a indemnizar y a pagar todos los daños, pero pasó el tiempo… y nada. Sólo nos decían: ‘Ya mero les pagamos, ya mero’. Construyeron su tramo de autopista, después vino el gobernador Peña Nieto a inaugurarlo y a pararse el cuello. Pero a los ejidatarios nunca nos pagaron por tanto perjuicio que nos trajo”.

–¿Qué daños les ocasionó?

–Vino a cambiar la vida de la comunidad porque cortó nuestros caminos internos. Es una barrera que no podemos cruzar. Además los desechos de la obra los tiraron a nuestro ejido, lo convirtieron en basurero.

Acompañado por otros ejidatarios, don Julio desciende la loma y muestra al reportero las tierras ejidales. Hay montones de cascajo, arena, piedra y varilla que dejó la obra. Los desechos obstruyeron varios canales que llevaban agua a los sembradíos.

La cinta de asfalto quedó más elevada que las tierras ejidales y está flanqueada por empinados taludes de cuatro metros de altura. Hay que escalarlos para ver los cuatro carriles de la vía, protegida con malla ciclónica y retenes de concreto.

Los automóviles pasan a toda velocidad. Se escucha el ruido de los motores y la fricción de las llantas sobre el pavimento.

“¿Usted cree que los ejidatarios podemos cruzar al otro lado o que podemos llevar a pastar allá nuestras vacas y borregos? ¡Pues claro que no!”, se lamenta don Julio.

–Pero esa autopista dejó bien comunicado al ejido.

–No. Para nosotros es como una barda, un muro muy alto al que uno no puede treparse. A quienes dejó bien comunicados es a los automovilistas que pueden pagar las carísimas casetas de cobro. A ellos les fue bien; esta carretera entronca con las de Querétaro, Pachuca y Puebla sin pasar por la Ciudad de México.

Don Julio relata que por tradición Tultepec es un municipio de coheteros; familias enteras se sostienen de trabajar la pólvora y elaborar juegos pirotécnicos. Sus talleres los tenían diseminados en áreas que hoy ocupa la autopista, pero los constructores de la obra, afirma, concentraron arbitrariamente esos talleres en más de 100 hectáreas que también pertenecen al ejido.

“Nos metieron a los coheteros. Ahora tenemos en el ejido 350 talleres de cohetes que arrojan a nuestras milpas sus desechos químicos: azufre, aluminio y tanta porquería. La tierra se contaminó y echó a perder nuestras cosechas”, explica el ejidatario y señala hacia unas construcciones de tabique diseminadas en un amplio y árido terreno.

Algunos son almacenes de pólvora en cuyas fachadas hay carteles de advertencia: “¡Cuidado!” “¡Polvorín!” “¡No fumar!” Otras son bodegas de “productos terminados” que guardan luces de bengala, cohetes de vara, chinampinas, palomas de todos los tamaños…

Don Julio comenta: “Esta es un área muy peligrosa. Los polvorines estallan de pronto matando a quien se le pone enfrente. Estallan con el puro calor del sol. Es una lástima, convirtieron el ejido en una zona minada. Esa autopista fue nuestra desgracia... la construyeron a la brava”.

–¿No hubo una asamblea ejidal que permitiera su construcción?

–¡Nada! ¡Nada! Se aprovecharon de la buena fe de los ejidatarios que creímos en promesas que nunca se cumplieron. Ahora nosotros salimos estorbando, ya no le importamos a nadie.

–¿Qué van a hacer?

–Pedimos que nos regresen nuestras tierras invadidas, que dejen el ejido tal como estaba.

El ejido Tultepec –que aglutina a 214 ejidatarios– ya demandó al gobierno de Peña Nieto y a la constructora de la autopista, la española OHL, mediante un juicio de restitución de tierras radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con el número de expediente 152/2010.

Todo en la ilegalidad

El abogado Manuel Andrade, asesor de los ejidatarios, asegura a Proceso: “Estamos ante el delito de despojo, debido a que la empresa OHL literalmente despojó a los ejidatarios de una parte de sus tierras”.

Indica que empresa y ejidatarios únicamente firmaron “convenios de indemnización”, pero ni siquiera se inició un proceso expropiatorio en forma.

–¿Hay necesidad de decreto expropiatorio?

–Por supuesto. Los ejidos están protegidos por el artículo 27 constitucional, el proceso expropiatorio debe realizarlo la Presidencia de la República y toda expropiación debe quedar asentada en el Diario Oficial de la Federación. Aquí no se hizo nada de eso. Hubo un atropello, una ilegalidad total.

–¿Puede argumentarse que la autopista es de utilidad pública?

–No, porque es de cuota. Y muy costosa, por cierto. Es un negocio privado que, en concesión, le entregó el gobierno mexiquense a la empresa OHL. Sería de utilidad pública sólo si fuera gratuita.

Andrade agrega que el de Tultepec es sólo uno de los ejidos afectados por el CEM. Hasta donde tiene entendido, dice, tampoco se han llevado procesos expropiatorios con otros ejidos que la autopista cruza, como Huehuetoca, Coyotepec, Zumpango, Melchor Ocampo, Jaltenco y Nextlalpan, entre otros.

Además, dice, muchas propiedades privadas sufrieron los mismos atropellos.

También municipios enteros fueron cercenados e incomunicados por el CEM, como Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán. En este último, la población ha estado en resistencia civil encabezada por su alcalde, el priista Jesús Tolentino Román, al grado de que ya bloquearon la autopista en una ocasión.

Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, comenta a este semanario: “El Circuito Exterior Mexiquense es un claro ejemplo de abuso del poder. Es el negocio de unos cuantos empresarios y políticos a costa de los ejidatarios, pequeños propietarios y de millones de pobladores de la zona”.

Indica que los 113 kilómetros que tendrá el CEM –al que sólo le falta un pequeño tramo en el suroriente para terminar de construirse– fueron concesionados a OHL por un periodo de 25 años que podría ampliarse a 40 o más. En este momento, OHL cobra dos pesos por kilómetro recorrido a cada automovilista. “Es un negocio redondo puesto en bandeja”, dice.

Y recalca: “Es un megafraude, viola toda la normatividad, genera una alta especulación de la tierra y provocará una brutal expansión de espacios urbano-habitacionales, con lo que se destruirán reservas naturales y mantos acuíferos del valle de México.

“Pero eso sí, representa ganancias multimillonarias para el gobernador en turno y para un pequeño grupo de empresarios mexicanos ligados en sociedad con OHL. Todos ellos ya le pusieron el ojo a los terrenos aledaños a la autopista, cuyo valor aumentó muchísimo.”

–¿Quiénes son esos empresarios?

–Entre ellos están Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean, Miguel Alemán Magnani y Carlos Hank Rhon. Éste último, por representar al grupo Atlacomulco, es la bisagra articuladora para que todos hagan negocios y un gran saqueo en el Estado de México.

–¿Qué papel juega Peña Nieto?

–Por su juventud e inexperiencia Peña Nieto es sólo un títere que manejan a su antojo todos estos empresarios sin escrúpulos. Sin embargo, en su afán por llegar a la Presidencia, él se adjudica todas las obras bajo el slogan “compromisos cumplidos”. Deberían investigarlo para saber con exactitud a qué grupos monopólicos les está entregando las concesiones y la obra pública.

“Al servicio del capital”

Fermín Carreño Meléndez, profesor-investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, dice a Proceso: “Peña Nieto está al servicio del gran capital. El pueblo no le interesa. Imagíneselo como presidente de la República; es capaz de entregarlo todo… hay que andarnos con mucho cuidado”.

Carreño pone como ejemplo la venta de 35 hectáreas que el gobierno mexiquense le hizo a Carlos Slim en Ciudad Nezahualcóyotl, precisamente en un área por donde pasa el CEM.

“Es mucha casualidad, ¿no cree? Hemos pedido información para saber en cuánto compró Slim ese terreno que anteriormente era un tiradero, cómo le hicieron para venderle a un particular, pero no hemos tenido respuesta. Slim dijo que ahí construirá un parque tecnológico… pero el gobierno asegura que será un área ecológica.”

–¿Nada queda claro?

–¡Nada! Hay negocios muy turbios detrás de cada tramo del Circuito Exterior Mexiquense. Debería investigarse tramo por tramo, ya que las tierras por donde pasa fueron propiedad de alguien. ¿Se vendieron o expropiaron legalmente? No lo sabemos. Sólo conocemos una mínima parte del problema.

“Lo cierto es que el gobierno mexiquense proporcionó información privilegiada a los empresarios y desarrolladores inmobiliarios sobre este proyecto de construcción para que éstos hagan sus negocios y especulen con el suelo, comprándolo a muy bajo precio.

“El circuito también está pensado para disminuir los tiempos en el traslado de las mercancías, pues conecta con las autopistas de Querétaro, Pachuca y Puebla, donde hay puntos industriales y comerciales. En economía es clásica la visión de disminuir los tiempos de rotación de capital para maximizar ganancias.”

–¿Qué problemas ocasionó esta visión empresarial?

–En primer lugar no se tomó en cuenta a los millones de habitantes de la zona. Les bloqueó la movilidad a sus hogares, centros de trabajo, educativos o de recreo. El circuito lo que provocó fue tenderles grandes barreras, no ejes articuladores que integraran a la comunidad. Perjudicó a las clases más desprotegidas que no pueden usar esa autopista.

“En segundo lugar tampoco creó lo que los urbanistas llamamos áreas de amortiguamiento, espacios destinados a la protección del medio ambiente. Toda obra genera daños ecológicos, la clave está en cómo resarcirlos mediante estas áreas que no deben tocarse.

“El circuito se construye sin planeación urbana ni ambiental. En pocos años provocará que la mancha urbana crezca en forma desmedida y anárquica. El valle de México padecerá una catástrofe ecológica. Pero eso no le importa a los políticos mexiquenses ni a los empresarios, cuyo único interés es urbanizar y urbanizar para obtener jugosas ganancias.”

Arturo Chavarría y Fermín Carreño aclaran que no están “contra el desarrollo sino contra su falta de planeación”, como hoy ocurre con el CEM, obra que depende del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México dirigido por el ingeniero Manuel Ortiz García.

Proceso solicitó una entrevista al ingeniero Ortiz, pero no se la concedió.

“Ortiz García no tiene ningún poder de decisión. Está totalmente a las órdenes de los empresarios. Su función es darle atole con el dedo a los afectados”, aseguran los urbanistas.

Señalan que el gobierno mexiquense ni siquiera presentó el estudio de impacto ambiental y regional del CEM, como lo exige la legislación estatal, concretamente el llamado Libro quinto del Código Administrativo del Estado de México. “Se violentó toda la normatividad en la materia”, dicen.

–¿Y es realmente la obra vial más importante del país, como lo pregona Peña Nieto?

–Sí. Es la obra más importante que en este momento se realiza en una entidad federativa. La dividieron en tres etapas de construcción que juntas costarán unos 24 mil millones de pesos. Pero no calcularon el enorme costo social que acarrea.

Hasta ahora son los habitantes y el alcalde de Chimalhuacán quienes encabezan la protesta social más numerosa contra el CEM, pues partió en dos su municipio.

El alcalde Tolentino Román comenta indignado: “Nos mutilaron el municipio y ni siquiera nos dejaron un acceso para la autopista”.

A lo largo de más de siete kilómetros el CEM cruza las resecas tierras de Chimalhuacán, poblado de precarias casas construidas con lámina, cartón y bloques desnudos de concreto. Se alinean en calles sin pavimento, opacas por el polvo de las constantes ventiscas.

Chimalhuacán se asienta en el lecho seco del lago de Texcoco. A la escasa población nativa, de origen nahua, se le sumaron oleadas de migrantes pobres que llegaron de provincia buscando trabajo en la capital del país. Hoy es una “ciudad dormitorio” de 1 millón de habitantes. Su fuerza laboral, sus brazos jóvenes, salen de madrugada y regresan al anochecer.

Ellos se sintieron agredidos al ver que la moderna autopista los había incomunicado y aprisionado. Hoy tienen que ir hasta Texcoco o Neza –lo que implica dar un enorme rodeo– para pasar de un lado al otro de su municipio.

Por eso, enardecidos, durante más de un mes –del 25 de marzo al 27 de abril pasado– bloquearon un tramo del CEM exigiendo que les construyan puentes vehiculares y peatonales que comuniquen ambos lados del municipio, saltando la autopista y entroncando con ella. Una de las organizaciones más aguerridas fue la de Los Tlateles de Chimalhuacán, de raigambre nahua y cuyo líder, Felipe Castillo, advierte:

“No nos gusta el ninguneo con que nos tratan los empresarios. Primero llegaron y convencieron a nuestros pequeños propietarios, dueños del espacio por donde hoy pasa la autopista, de malvender sus tierras. Les pagaron a 50 o 60 pesos el metro cuadrado. Hoy en una caseta cobran más por el peaje de un solo automóvil. Eso es una injusticia. Y para colmo nos partieron el municipio. Nosotros seguiremos luchando.”

A Tolentino Román, correligionario de Peña Nieto, se le presentó la disyuntiva de apoyar a los empresarios o la lucha de su pueblo.

“No tuve ninguna duda ni vacilación. Tomé partido por la parte débil, por los menesterosos que no tienen poder económico ni político”, dice a este semanario en sus oficinas del Palacio Municipal.

–¿Qué consiguieron?

–Después de quitar nuestro plantón y realizar varias negociaciones, OHL se comprometió, en un lapso de tres meses, a construirnos dos puentes vehiculares. La mula no era arisca, la hicieron los palos, por eso estaremos vigilantes de que cumpla su compromiso.

–Puede ser que no lo haga.

–Entonces volveremos a sacar el hacha de guerra y a taparle su autopista

San Lázaro, la desvergüenza política

Una de las muchas sesiones en San Lázaro

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 29 de octubre (apro).- Cada vez que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, comparece ante los legisladores federales, más de uno lo acusa de “cínico”, pero lo ocurrido la noche del jueves pasado en la Cámara de Diputados no puede ser más que un gran monumento a la desfachatez, en donde los diputados, quienes hacen las leyes del país, recurrieron a una “chicanada” jurídica para violar la ley.

Tan cínicos han sido varios de lo secretarios de Estado del actual gobierno panista cuando comparecen ante senadores y diputados, como los propios legisladores que ayer, al no llegar a un acuerdo para “agandallarse” espacios en el Instituto Federal Electoral (IFE), como ha ocurrido desde 2003, decidieron no respetar la ley.

De los doce meses del año, la Cámara de Diputados sesiona solamente seis, tiempo más que suficiente para buscar consensos entre los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, ante la falta de conciencia política de muchos de los legisladores, su desinterés por lo que el país requiere y el centrarse en sus propios beneficios o los de su partido durante los procesos electorales, todo lo dejan para el último momento.

Esto ocurrió, como en dos ocasiones anteriores (2003 y 2007), sólo que ahora con otros agregados: cinismo, irresponsabilidad y desvergüenza política.

De acuerdo con la ley, tres de los nueve consejeros del IFE deben dejar el cargo a la medianoche del 30 de octubre, por lo tanto, y es de lógica elemental, quienes los han de sustituir deben ser designados cuando menos un minuto antes.

Pero como la ley no lo dice expresamente, los diputados federales decidieron recurrir a una “chicanada leguleya” y considerar que lo que no está prohibido esté permitido. Es decir, si no está prohibido rebasar el día 30 de octubre para nombrar a los tres nuevos consejeros, pues está permitido elegirlos cualquier día del año, cuando a los diputados se les antoje, cuando “lleguen a un acuerdo”, a “un consenso”.

Incluso, justifican su actuación invocando “la responsabilidad” para “el diálogo” y la “construcción de acuerdos”.

Nada más grotesco que argumentar que como la ley sólo dice que el 30 de octubre deben dejar el cargo los consejeros a relevar, los diputados no están obligados a elegir a quienes habrán de sustituirlos. Lo absurdo proviene de que, en derecho, ante este tipo de circunstancias que el legislador no previó cuando realizó los cambios a la ley, debe hacerse una interpretación a contrario censu, es decir, al dejar el cargo --por ley-- un integrante de un órgano colegiado, se debe prever el nombramiento de quien lo habrá de sustituir por lo menos unos minutos antes.

El Poder Legislativo está obligado a mantener la conformación de un órgano colegiado con todos sus integrantes, no sólo con dos terceras partes.

Uno de los legisladores, el vicecoordinador panista Carlos Pérez Cuevas, dijo que no había problema en que el IFE se quedara con seis y no los nueve consejeros que lo integran, primero “porque son días de asueto, no trabajará el instituto”; y no sólo eso, justificó el actuar de los diputados que aprobaron la suspensión de la elección de los funcionarios electorales al exponer que si hubiera necesidad de reunirse, el IFE cuenta en este momento con seis integrantes, suficientes para hacer quórum.

No se trata de tomar decisiones de última hora ni de establecer que se está de vacaciones, que el IFE no va a trabajar, o decir, “qué importa, si hay quórum”. Lo destacable aquí es la falta de cumplimiento del marco legal de quienes hacen las leyes en el país, las salidas fáciles, la distribución de cuotas, la utilización del IFE como si fuera propiedad de los partidos políticos y no de una institución que tuvo como preámbulo marchas, muertes, abusos y robos de elecciones. Es, en síntesis, una bofetada a uno de los órganos clave para avanzar hacia una democracia efectiva, no sólo formal.

El cinismo con que actuaron los diputados no es menor que el que exhibieron los secretarios de Estado en sus comparecencias ante los legisladores. En suma, cayeron en lo mismo que tanto le han criticado al gobierno en turno.

Esa falta de respeto a sí mismo aumenta más cuando los partidos políticos dicen ante la ciudadanía que ya no quieren caer en los mismos errores de las dos últimas elecciones, el reparto de cuotas, y que ha dado como consecuencia la falta de credibilidad del IFE, e incluso su burla.

En esto momento, según encuestas diversas que se han publicado, la percepción de la gente es que el IFE dejó de ser “autónomo”. La actuación de los diputados del pasado jueves lleva a suponer que esto continuará.

Así, los diputados no sólo violentaron sus propias leyes, sino que además evidenciaron las luchas internas que tienen en sus partidos; por ejemplo, el PRI que pretendió nombrar a dos de los tres consejeros, uno de ellos respondería a los deseos del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y el otro a los del senador sonorense Manlio Fabio Beltrones, ambos posibles aspirantes a la candidatura priista a la Presidencia.

Pero al interior del PRI surgió un tercer bloque, el que dijo no a ese reparto sin que se les incluya a ellos. Se trata de quienes tienen simpatías con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Esos diputados de Veracruz, Oaxaca y Puebla también actuaron por intereses partidarios y no por un afán de “democratizar” al IFE. Incluso amenazaron con votar en contra si se les dejaba fuera.

Por esto también es que se suspendió la elección: por desacuerdos al interior del PRI, por desacuerdos entre uno y otro partido.

Meses tuvieron los diputados para ir preparando la elección, meses para hacer un proceso limpio que no creará suspicacias entre la población o, ya de perdida, entre la clase política, pero las prioridades electorales hicieron de los legisladores actuar sin ética, hicieron que mostraran su incapacidad política.

Bien pudieran decir que convocarían a sesión extraordinaria para tratar de llegar a un acuerdo, lograr consensos al interior de sus partidos y luego hacia fuera, y consumarla elección el 30 de octubre. Pero en lugar de eso prefirieron, además de todo, irse de “puente” y elegirlos cuatro días después. La falta de tacto político, de todos por aceptar este retraso, lo único que logró fue minar aún más la credibilidad el IFE.

Y el tema no es si los 17 que acordó la Comisión de Gobernación son buenos o malos para ocupar este cargo, no, el asunto es la evidencia con que actuaron quienes elegirán a los próximos tres nuevos consejeros que saldrán de esa lista. Bastante trabajo tendrán a quienes elijan para remontar el estigma con el que llegarán a un ya de por sí desvencijado instituto. Y en esto, todos los partidos que votaron a favor y los que se abstuvieron tienen ya responsabilidad.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

CONDENA MUNDIAL A LA BRITISH PETROLEUM

http://www.youtube.com/watch?v=yxoIZIG7IZY

BP Deepwater Disaster and Gulf Oil Spill
United States — The Deepwater Horizon accident and oil spill in the Gulf of Mexico is a disaster unfolding before our eyes. Eleven lives were lost in the initial explosion, and that incalculable loss is compounded daily as oil continues to flow.
Greenpeace welcomed President Obama's sensible and encouraging first step in ensuring that the BP oil spill disaster can never happen again - but the "never" will only last for the next six months while his commission reaches a conclusion.

PREVENTING THE NEXT DISASTER

The President's six month suspensions of new drilling are a welcome reprieve for the communities and animals that rely on those pristine waters, but we need a permanent ban on all new offshore drilling, not just in the Arctic but in all US waters. A ban on all new oil drilling is the only way to avoid another spill disaster.

Mujeres vs mujeres

Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán.

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 13 de mayo (apro).- Este domingo 16 arranca la definición de autoridades en procesos electorales que abarcan a casi la mitad del país. La primera elección será en Yucatán, donde se renueva el Congreso local, con 25 diputaciones, así como autoridades de 106 municipios.

Yucatán es el primer laboratorio donde se pondrá a prueba la temida vuelta del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hasta el momento de escribir esta columna, la situación era tensa y las acusaciones incluían la preparación de un fraude.

En el centro del escenario, como seguro sucederá en otros espacios electorales de 2010, están varias mujeres: la gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco; dos candidatas para el gobierno de Mérida: Angélica Araujo Aragón, por el PRI, y Beatriz Zavala Peniche, por el PAN, además de la presidenta estatal de Acción Nacional, Magaly Cruz Nucamendi.

En Mérida, capital del estado de Yucatán, el análisis político habla de “pugna encarnizada”. Van y vienen las acusaciones de la probable manipulación de los votantes. A 40 grados de temperatura, se habla de un gobierno estatal lleno de descaro, cinismo, impunidad, frivolidad y terror. Preside una mujer gobernadora, la primera que, a pesar de todas las demandas y tradiciones, promovió el cambio constitucional para dar capacidad jurídica al feto.

En Yucatán, dicen los analistas, se juega el futuro del país. Y fue en esa entidad donde anidó el avance histórico de las mujeres, donde se legalizó el aborto por razones económicas en 1923, donde floreció el proyecto del partido Socialista del Sureste, donde las mujeres se reunían todos los lunes para aprender cómo controlar sus cuerpos y sus vidas, donde hubo la primera diputada local del país –Elvia Carrillo Puerto– y, en esa península mexicana, Alma Reed llevó a las mujeres el libro de Margaret Langer, relativo a los métodos anticonceptivos.

Ivonne Ortega Pacheco, sobrina de un cacique político, está al frente para garantizar lo que la dirigencia del PRI considera “ganar de todas”, como declaró el 10 de mayo la dirigente priista Beatriz Paredes Rangel.

Estas mujeres, en estos escenarios de la realpolitik, son la viva prueba de la degradación de la política en México, de cómo hombres y mujeres se vuelven, por el poder, espejos y reflejos del deterioro que vive México.

Las mujeres políticas, algunas promotoras de diversas iniciativas, que hablan de las mujeres como víctimas, que retratan su ternura y su “debilidad”, quieren estar en el centro del “chiquero político”; otras inocentes, acompañadas de las primeras, creen que en esta terrible crisis aún vale la pena luchar, ellas luchan por la paridad, es decir, porque en los procesos políticos se considere a mujeres en la misma medida que a los hombres, han comenzado una campaña por el 50%.

En Yucatán se verá hasta dónde las mujeres, arrastradas por el deseo de poder, pueden llegar a acciones y ofensas, a respuestas políticas tan antidemocráticas como lo hacen los hombres. Las mujeres en el poder son capaces de admitir todos los tamices, adoptar acciones contra todas las otras mujeres, como el caso de la gobernadora de Yucatán. Pero lo más grave es que las mujeres, en un sistema político de fraude y trampa, se enlodan como cualquier otra persona.

Lo más terrible es que en Yucatán, para las elecciones del domingo, se usará el hambre, la tristeza, la desgracia nacional de los migrantes para engordar las listas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que los utilizaría para generar más votos a su favor. La “estrategia” fue cambiar sus domicilios en las credenciales de elector, y se les llevará el próximo fin de semana para que voten, luego volverán a los campos de cultivo o a los peligros de los desiertos, a arriesgar sus vidas en Estados Unidos.

Esta pérdida total de valores no sé donde la aprendió Ivonne, tal vez, dicen, de su tío el cacique de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco.

Recuerdo que Ivonne fue entrenada por algunas de las políticas que quieren regresar al escenario, cuando Rosario Robles y otras mujeres crearon una empresa llamada El Sostén; lo que es claro es que Ivonne no fue capaz de aprehender la tradición de su propio partido, de su tierra liberal, de sus ancestros socialistas.

En Mérida, Josefina Vázquez Mota, diputada federal y exsecretaria de Educación, dijo que el 16 de mayo “se juega no sólo esa ciudad, el municipio de Mérida, sino el destino de muchos territorios del país”.

En Mérida, dos señoras, de las que eran de antes, con honorabilidad y no sólo pragmatismo, Dulce María Sauri Riancho, otrora gobernadora y también dirigente nacional del PRI, y Ana Rosa Payán, dos veces alcaldesa de la capital yucateca, lograron diálogo plural y respetaron las elecciones. Ahora la alumna de El Sostén, doña Ivonne, está dispuesta a violar todas las leyes para que el PRI regrese al poder, a pesar de que no gobierna Mérida hace 20 años.

Así las cosas y las mujeres, confundidas entre las feministas, quieren entrar a este juego y arrastrar a inocentes y a interesadas. La transformación hoy es más clara que nunca, no viene a través de los procesos políticos tradicionales en México, mientras no haya democracia y reforma del Estado o una nueva Constituyente.

saralovera@yahoo.com.mx

Movimiento Sindical y Social de Sonora repudia la política del mandatario nacional, quien pulveriza las leyes laborales

Hermosillo, Sonora

Texto íntegro del comunicado emitido por el Movimiento Sindical de Sonora:
"El Movimiento Sindical y Social de Sonora repudia y rechaza enérgicamente las determinaciones y acciones del Gobierno Federal que preside el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, y de los tribunales en materia del trabajo y de justicia, que han hecho añicos la Constitución Mexicana y las leyes laborales y de procuración de la justicia, al proteger por encima de los derechos fundamentales de los trabajadores mineros de Cananea al consorcio minero Grupo México, el más nefasto de nuestro país.
Responsabilizamos de toda agresión física, laboral, sindical y social en Cananea a Felipe Calderón y su aliado Germán Larrea, exigimos de la empresa y del Gobierno una actitud de diálogo y de acuerdos puntuales frente al conflicto laboral y sindical que se ha recrudecido en los últimos días.
Llamamos a todas las fuerzas políticas del país, a las instancias del Poder Legislativo Federal y del Estado, y al Gobernador Lic. Guillermo Padrés Elías a asumir con sentido de verdadero estadista y de respeto a la legalidad, la búsqueda de la solución definitiva del conflicto minero.
Consideramos que los procedimientos de terminación de la relación laboral y liquidación de los trabajadores, son muestra de la incapacidad política del Gobierno Federal para conducir y armonizar la vida social y económica del país. Lo que en este caso procede es resolver este grave problema con sentido de responsabilidad social en los términos contenidos en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los Tratados Internacionales que México suscribe en el marco de la OIT, y en el Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones laborales y sindicales entre Empresa y Sindicato.
Ante la inminente intervención de la Policía Federal y el Ejército para romper la legítima huelga, que ya lleva mas de mas de 30 meses las organizaciones sindicales y sociales de Sonora llamamos a la más amplia solidaridad con la resistencia del movimiento minero y por una solución pacífica al conflicto laboral y social de la población de Cananea. Alertamos que de no hacerlo así existe el riesgo de un estallido social con consecuencias trágicas e irreparables, donde pudiera darse el derramamiento de sangre y pérdidas de vidas en Cananea.
Por una solución justa y legal al conflicto minero de Cananea
Por el respeto irrestricto a las garantías individuales y a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y de sus familias
Respeto a la soberanía del Estado y no intervención de las fuerzas federales en el conflicto de Cananea.
Cancelación de la concesión minera al Grupo México
Responsabilizamos de toda agresión y atropello físico, moral y a la vida que pudieran sufrir los mineros y sus familias al gobierno de Felipe Calderón.
"Por la unidad y solidaridad de los trabajadores y del pueblo"
STAUS
Dr. Sergio Barraza, Sec. Gral.
Profr. Enrique Carrera Vega por el Consejo Sindical
C. Julieta Gallardo, Sec. Gral del la sec. XV del STRM
Lic. Javier Villareal, Sec. Gral adjunto de la CTM Sonora:
EL CONSEJO SINDICAL PERMANENTE DEL ESTADO DE SONORA,
EL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS SOCIALES DE SONORA
Y EL FRENTE SINDICAL CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR

Convocatoria quema de recibos de CFE

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA CONVOCA PARA EL 6 DE ENERO 2010 9:55 AM (PUNTUALES) FRENTE A PALACIO NACIONAL PARA "LA QUEMA DE RECIBOS DE CFE".

Tierra sin ley

Porfirio Muñoz Ledo

Durante los últimos días este diario publicó notas secuenciadas de primera plana que ilustran el fresco del México actual. El eje de la trama es la disolución del Estado de Derecho por el ejercicio de la violencia institucional, aunado a la pérdida de jurisdicción sobre el territorio en beneficio de una estrategia diseñada desde el exterior.
La primera reza que, en opinión de especialistas, somos hoy un frente de batalla de los Estados Unidos: “su guerra contra la droga”. En cuarenta años el consumo se ha elevado de modo imparable en ese país y el núcleo delictivo que lo promueve se ha instalado al otro lado de la frontera.
Incapaces de disminuir el uso de enervantes decidieron combatir su abastecimiento en Colombia y luego atajarlo en México, con la docilidad creciente de nuestros gobiernos. Sólo en este sexenio dicha política ha cobrado aquí más de 16 mil víctimas y allá ninguna.
No estamos ocupados militarmente como Irak, ni invadidos como Afganistán, sino sumidos en una guerra intestina por cuenta ajena. Como en otras revueltas, la mayoría de las armas para ambos bandos vienen del mismo lado. En este caso, también el dinero con que las compran los rebeldes, estimado por el Departamento de Estado en 27 mil millones de dólares.
El Plan Mérida no es una admisión de “corresponsabilidad”, sino un atenuante del desnivel de arsenales, electoralmente útil y, en la práctica, estimulante de la violencia. Es además un instrumento internacional espurio que avala las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército.
Dice el obispo Vera que el gobierno incurrió en una “ejecución extrajudicial” en el asesinato de Beltrán Leyva y volvió a prácticas centenarias, llamadas en la Revolución “ley del monte”. Lo hizo utilizando a marinos en tierra al margen de la ley y sacudiendo nuevamente el avispero del crimen.
Las noticias que nos colocan en primeros planos internacionales se refieren a nuestro potencial delictivo. En una década “los cárteles mexicanos alcanzaron la quinta posición entre los grupos criminales del mundo, expandieron sus operaciones a 47 países y se ubicaron como la mayor amenaza del continente”. Ascendieron al 90% de la venta de cocaína a Estados Unidos y están infiltrados en el 58% de los municipios mexicanos.
Ocupamos el sexto lugar mundial en asesinatos de periodistas y, según la DEA, los criminales se aprestan al ataque de “blancos civiles”, a efecto de mermar aun más los asideros del gobierno. Los servicios norteamericanos de inteligencia consideran que “la influencia corruptiva de los cárteles impide a las autoridades mexicanas gobernar algunas zonas del país”.
Carrillo Olea coincide en que “si sombreamos los estados donde reina el narcotráfico, reconoceremos las entidades donde hemos dejado de gobernar”. Echando cuentas: “ya perdimos la mitad del territorio”. En tanto que el actual director del Cisen admite que “la seguridad nacional en México está en pañales”.
Históricamente, un problema de salud pública mal tratado se convirtió en cuestión de seguridad pública, que a su vez fue transformada en crisis de seguridad nacional y regional. Como afirma Buscaglia: “la delincuencia nunca desparece, sólo se puede contener imponiendo las reglas de juego del Estado”, cuando éste existe.
Aguilar y Castañeda en su libro El narco: la guerra fallida demuestran con información concluyente el fracaso de la estrategia actual, cuyas razones fueron políticas: “lograr la legitimación perdida en la urnas y en los plantones a través de las armas”. Acudiendo a la experiencia internacional, sugieren la legalización que “no aumenta el consumo y sí disminuye la violencia”.
Estamos en los límites del golpe de Estado, entendido como entrega del poder a una autoridad al margen de la ley. Urge emprender un proceso contrario: legalizar la acción pública y acotar el delito vía el combate a la corrupción y la ampliación del bienestar.
Diputado federal (PT)
Fuente: El Universal

Gobiernos panistas: alta corrupción y baja transparencia

Desde que el Partido Acción Nacional asumió la Presidencia de la República, los índices de corrupción en México se incrementaron y la transparencia se fue a pique, señalan organismos no gubernamentales. Los mecanismos para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas no son eficaces. Por el contrario, las entidades responsables son omisas y la corrupción se convierte en un “fenómeno estructural”.

Paulina Monroy

Desde 2001, el primer año de gobierno de Vicente Fox, la corrupción en México se ha venido incrementando. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, desde que el Partido de Acción Nacional (PAN) llegó al poder, México ha reducido su puntaje de 3.7 en 2001 a 3.3 en 2009.
El estudio fue aplicado en 180 países, con una escala de 1 a 10, donde 1 es el mayor nivel de corrupción. México nunca ha alcanzado siquiera el seis. En la más reciente evaluación, el país bajó 17 lugares de la última posición que obtuvo en 2008. A nivel mundial alcanzó el lugar 89.
El IPC se elabora a partir de 13 fuentes que pertenecen a 10 instituciones independientes y que miden el alcance general de la corrupción, es decir, la frecuencia y magnitud de los sobornos en el sector público. La evaluación está a cargo de expertos y líderes empresariales. Además, se auxilia de información de instituciones financieras internacionales, consultorías y foros.
Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS), advierte que la corrupción en el panismo sí ha tenido efectos más dramáticos, toda vez que la ciudadanía cifró su esperanza en la alternancia política: “El voto contra el PRI (Partido Revolucionario Institucional) fue un voto porque la corrupción cesara; no obstante, la corrupción ominosa del sexenio de Vicente Fox, que no ha sido combatida con Calderón, ha generado mayor frustración”.
Describe que son diferentes los modus operandi de la corrupción entre el priismo y el panismo. La diferencia, subraya, son las contradicciones y el problema de diseño institucional para su combate.
Es así, y en contradicción con los resultados internacionales, que del total de investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo el 1.5 por ciento concluye que hubo actos de corrupción. A su vez, México retrocedió dos puntos en transparencia presupuestaria en un año, según Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Función Pública deficiente para atacar corrupción
El 18 de noviembre, la SFP admitió que México necesita mejores instrumentos legales para fortalecer el combate a la corrupción.
“Las calificaciones –señaló la entidad– constituyen una advertencia sobre lo mucho que se debe hacer en el gobierno federal, los poderes legislativo y judicial, estados, municipios y el sector privado para controlar la corrupción”.
Indicó que ésta es una oportunidad para cambiar las reglas en el tema del combate a la corrupción: “Si seguimos haciendo lo mismo que en años anteriores, vamos a obtener los mismos resultados”. Por lo que sugirió tener mayores atribuciones para ser más eficiente la lucha contra la corrupción, más facultades de investigación, acceso a bases de datos y a recursos que optimicen su labor.
La entidad informó que este año reestructuró más del 60 por ciento de las funciones y perfiles de servidores públicos, “a fin de privilegiar un enfoque preventivo en el combate a la corrupción y eliminar espacios que la propicien”. Aseguró que el número de servidores públicos denunciados penalmente se ha incrementado “notoriamente”.
Función Pública, entidad instalada por el panismo para vigilar la administración pública federal, “no ha sido efectiva y es omisa de las prácticas ilícitas de los servidores; sirve de trampolín político y plataforma de empuje y no la entidad de combate a la corrupción”.
Para Irma Eréndira Sandoval, es el caso de Francisco Barrio, primer secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (antigua denominación de la SFP), cargo del que se separó en 2003 para convertirse en diputado federal y coordinador de la bancada panista.
También Germán Martínez Cázares, quien fue titular de Función Pública por sólo nueve meses, durante el primer año de la administración de Felipe Calderón, para más tarde convertirse en presidente nacional del PAN.
La doctora en ciencias políticas enumera que, de 2000 a 2005, la SFP inició en promedio 89 averiguaciones previas por casos relacionados con la corrupción. La investigadora del IIS apunta que la mayoría de los casos se definen como cargos muy menores.
De este modo, el 48.8 por ciento de las investigaciones se deduce que se trata de negligencias administrativas. El 35.5 por ciento de los casos se refieren a violaciones de normativa presupuestal, y el 8.8 por ciento a violaciones de procedimientos de contratación, adquisiciones y licitación.
El 5 por ciento corresponde a abuso de autoridad y sólo el 1.5 por ciento, a corrupción: “Según la Secretaría de la Función Pública tenemos un país de 1.5 por ciento de funcionarios públicos corruptos y el 80 por ciento de funcionarios descuidados”. Califica de contradictoria esta visión frente al IPC de Transparencia Internacional.
Indicadores internacionales arrojan que una tercera parte de los mexicanos desconfían de las estrategias de combate a la corrupción, mientras que el 28 por ciento cree que el gobierno está coludido.
Corrupción en América
El reporte Índice de percepción de la corrupción 2009, de Transparencia Internacional, advierte que en el continente americano la corrupción se encuentra gravemente extendida. De los 31 países de América incluidos en la evaluación, sólo 10 obtuvieron una puntuación superior a cinco, mientras que 21 estuvieron por debajo.
Nueve países ni siquiera lograron superar la marca de los tres puntos: Argentina, Bolivia, Guayana, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Haití. El último, el más pobre de la región, mejoró su calificación de 1.4 a 1.8 en un año.
En todos los casos, con excepción de Argentina y Venezuela, hay altos niveles de pobreza y se “requieren urgentemente instituciones que faciliten su desarrollo económico. Sin embargo, respecto de la calificación de los países suramericanos, Transparencia Internacional refiere que es indicador de que la corrupción no está asociada exclusivamente a la pobreza.
Con excepción de Guatemala, ningún país de la región mostró un incremento significativo en su puntuación. Canadá, país que posee la primera posición de la lista, obtuvo una calificación de 8.7, seguido por Estados Unidos, que se mantiene en 7.5. Por arriba de los seis puntos están Barbados, Santa Lucía, Chile, Uruguay y San Vicente y las Granadinas.
Tanto como México, Brasil, Perú y Colombia tampoco superaron la puntuación de cinco. El informe explica que pese a ubicarse entre las principales economías de la región y a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se ven sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado.
“La puntuación baja de la mayoría de los países latinoamericanos –observa Transparencia Internacional– refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible”.
Por otro lado, enuncia que los periodistas de América Latina, que junto a la sociedad civil desempeñan un rol clave en la prevención de la corrupción y las medidas para combatirla, se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo: “Varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo que atenta contra la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto”. Opina que debilitarlo limita la posibilidad de alcanzar una prosperidad duradera y reducir las desigualdades.
Especialmente con la crisis financiera, sugiere la organización, los Estados de la región deben adoptar medidas que garanticen que los fondos públicos se administren con integridad.
Al respecto, la académica del Instituto de Investigaciones Sociales, Irma Eréndira Sandoval, observa que los resultados sitúan a México en un nivel por debajo de países donde hay antidemocracia, nula transparencia, autoritarismo y bajo desarrollo económico: “¿De qué sirve jactarnos de nuestros avances democráticos?”
Baja en transparencia
“El objetivo de la transparencia es combatir la corrupción”, sostiene Sandoval. Sin embargo, por un lado –observa la investigadora– se celebra que hay transparencia y acceso a la información y, por otro, existen “rotundos” fracasos en materia de combate a la corrupción.
La coordinadora del libro Corrupción y transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, publicado recientemente, considera que la transparencia per se y la normatividad sobre el acceso a la información están desligadas de ese fin último.
“La palabra transparencia se prostituye porque todos la usan para legitimarse, pero nadie la señala como herramienta que combata la corrupción”. El motivo, explica la académica, es la simulación.
Ejemplifica que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos están en la total opacidad, pues ninguna ley los obliga a divulgarlas. Bajo el argumento de tratarse de datos personales, dice, se justifica la no rendición de cuentas.
La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia observa que hay muchos recovecos legales para darle la vuelta al control y la fiscalización.
A diferencia de 2008, México retrocedió dos puntos en transparencia, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, evaluación realizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Este año recibió una calificación de 48 en una escala de uno a 100, donde uno significa nada transparente y 100, totalmente transparente. Obtuvo así el puntaje más bajo desde que el estudio se levantó por primera vez en 2001.
El diagnóstico se centró en dos aspectos: las percepciones de los usuarios y expertos de la información sobre la utilidad y la instrumentación de las normas, y el análisis del marco legal que permite identificar vacíos en las obligaciones del gobierno en la rendición de cuentas.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que el país experimentó un retroceso de dos puntos, reflejando el descontento con respecto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la información presupuestaria: “Las percepciones han retrocedido ya que en la práctica, la información crea más dudas de las que resuelve o no es útil”.
Ejemplifica que con la publicación de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se redujo el contenido del Avance de gestión, informe semestral sobre la ejecución del presupuesto: “El documento era crucial para valorar la gestión y dar inicio al proceso de fiscalización”.
Mientras que “la crisis económica develó la falta de información disponible sobre las medidas adoptadas para aminorar sus efectos”, las que, describe, son casi imposibles de seguir. De este modo, aunque se aprobó un Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, no hay información expresa que dé cuenta de sus avances.
El Índice de Transparencia Latinoamericana está formado por la evaluación de cinco variables: participación y elaboración del presupuesto, fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información.
A nivel de región, sólo la variable “participación ciudadana” obtuvo el menor porcentaje en respuestas favorables, 11 por ciento. México pasó de una evaluación positiva de 10 por ciento en 2007 a 5 por ciento en 2009.
“Aun cuando existen normas legales que consideran la participación ciudadana en la planeación de las políticas públicas, no forzosamente se trasladan al proceso presupuestario”, advierte el reporte. La Ley de Planeación prevé la participación ciudadana en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND); sin embargo, no la contempla para el proceso presupuestario.
Respecto de las atribuciones del Legislativo para modificar, discutir, analizar y evaluar el presupuesto, el porcentaje de respuestas positivas pasó de 40 a 37 por ciento de 2007 a 2009.
Sobre su capacidad de adecuar el presupuesto durante el ejercicio fiscal, los especialistas respondieron favorablemente en un 21 por ciento. En México no existe la obligación legal de autorizar cambios en el gasto durante su ejecución.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que en caso de una disminución de más del 3 por ciento, el Poder Legislativo está facultado para sugerir modificaciones para su reducción; sin embargo, no tienen carácter aprobatorio. Esa tarea recae en el Ejecutivo, que estará encargado de resolverlas.
En transparencia de la asignación de recursos, México también redujo su calificación al pasar de 20 a 16 por ciento en dos años. No obstante que la estructura programática del presupuesto es congruente con el PND, la distribución del presupuesto sigue una lógica independiente.
Aunque existe un sistema de evaluación de desempeño que fija los criterios para la asignación, el público desconoce los indicadores estratégicos y si en realidad hay un examen de resultados.
La variable fiscalización del presupuesto fue evaluada sólo con 23 por ciento. En relación con las capacidades de la contraloría externa, México redujo su puntaje de 43 al 34 por ciento, y en redición de cuentas de 22 al 18 por ciento. También en control sobre funcionarios públicos, cuya calificación se redujo de 22 a 16, y en responsabilidades de niveles de gobierno del 23 al 16 por ciento.
Además, por sí sola, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental registró un retroceso en la calificación que otorgan los expertos: “Aún existen fallas en la práctica que impiden el flujo de información. Algunos de los problemas más frecuentes al pedir o recibir información por el sistema Infomex incluyen la supuesta inexistencia de la información solicitada, respuesta que el ciudadano no puede comprobar, y que la información presentada sea incongruente con la solicitada”.
Corrupción, problema estructural
Irma Eréndira Sandoval define que la corrupción es un fenómeno estructural, por lo que es un error que las estrategias para combatirla la definan como un problema ético: “Los gobiernos panistas son fundamentalistas y la definen como un tema moral y de religiosidad, cuando se requiere estrategias institucionales que acaben con la impunidad y pongan en su lugar a quienes violan las leyes”.

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Sindicatos de Canadá y EU acusan al gobierno de violar leyes al cerrar LFC

Dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas y una comisión de líderes gremiales de Estados Unidos y Canadá, en conferencia de prensa. Asistieron, entre otros, Stanley Gacek, Benjamin Davis, Fernando Amezcua y Hassan.

Patricia Muñoz Ríos

El gobierno mexicano “rompió” con el acuerdo laboral del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) al despedir de manera ilegal a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC); asimismo, violenta convenios firmados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron líderes sindicales de la Confederación Laboral Canadiense y de la central obrera estadunidense AFL-CIO.
Los dirigentes –que se encuentran en México para conocer de cerca la problemática que viven los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– apuntaron que el gobierno del presidente Felipe Calderón no sólo violó leyes internas al determinar unilateralmente la extinción de LFC, sino también acuerdos internacionales.
Anunciaron que informarán de lo anterior a sus embajadas y gobiernos; asimismo, iniciarán acciones de denuncia en Estados Unidos y Canadá y darán apoyo económico al SME
Stanley A. Gacek, director de asuntos internacionales de la AFL- CIO –que tiene más de 11 millones de afiliados–, y Hassan Yussuff, secretario tesorero de la Confederación Laboral Canadiense –que representa a 3 millones de trabajadores–, manifestaron que es evidente el cúmulo de violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores del SME, ya que esta administración perpetró una acción que “viola todos los principios de justicia” y “rompe con el estado de derecho en este país”
Demandaron que el gobierno mexicano “rectifique y busque una salida negociada a este conflicto”. Sostuvieron que el apoyo al SME ya comenzó, pues firmaron conjuntamente con éste las quejas presentadas ante la OIT, además de que le darán respaldo legal a escala internacional.
La delegación también está integrada por la directora asociada del departamento internacional de la AFL-CIO, Sheila Katz; el vicepresidente administrativo de Ontario del Sindicato de Comunicaciones y Energía de Canadá, Barb Dolan, y la asesora jurídica del sindicato de trabajadores del acero (United Steelworkers) de Estados Unidos, Paula Turtle, entre otros.
En conferencia de prensa realizada en la sede del SME, los representantes sindicales informaron que también se reunirían ayer con autoridades de la Secretaría del Trabajo y legisladores, para conocer sus puntos de vista.
Gacek apuntó que la forma en que fueron despedidos los electricistas es “un caso grave a escala internacional” que debe ser denunciado, pues es una clara acción represiva a un sindicato que se ha caracterizado por ser democrático y militante.
A su vez, Hassan Yussuff apuntó que en su país existe la percepción de que en México no se respetan las leyes. Prueba contundente de lo anterior es el caso del SME, abundó, ya que el gobierno de Calderón nunca dio a los electricistas oportunidad de defenderse, sólo los acusó y condenó el desempleo.
Las acciones tomadas por este gobierno, en los hechos significan una violación absoluta al acuerdo laboral firmado por los tres países en el TLCAN, dijo en la sesión, en la que también estuvieron el asesor jurídico de los Steelworkers, Dan Kovalik, y Shelly Gordon, del sindicato canadiense de empleados públicos.