Vulnerables

La detención de los 11 alcaldes michoacanos.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 4 de octubre.- En la guerra contra el crimen organizado los alcaldes mexicanos quedaron en medio del fuego cruzado; o caen por los disparos de los criminales o son detenidos por las autoridades federales. Desde el inicio del sexenio 18 de ellos han sido asesinados presuntamente por miembros de las bandas delictivas. Además, para dar una idea de su vulnerabilidad ante las averiguaciones previas que les inicia la PGR, sólo en el fallido michoacanzo fueron detenidos 12 alcaldes, acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada.

El lunes 27 sacudió a la opinión pública el hallazgo del cuerpo lapidado del alcalde interino de Tancítaro, Michoacán, junto a uno de los concejales, Rafael Equihua. Ellos habían sido designados por el Congreso para ese cargo luego de que en diciembre del año pasado el presidente municipal y su cabildo renunciaron por presiones del crimen organizado y por considerar que no había condiciones para hacer su trabajo.

Los alcaldes no son los únicos funcionarios vulnerables en los ayuntamientos; los ataques también alcanzan a los policías: de acuerdo con las cifras que ofrece el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en lo que va del presente sexenio han sido ejecutados 915 policías municipales, de los 2 mil 76 efectivos policiacos abatidos por las bandas criminales.

El riesgo se extiende a los mandos medios de la administración municipal, como el secretario de Tránsito y Vialidad de Monterrey, Enrique Barrios, secuestrado en mayo pasado al parecer por grupos vinculados con el crimen organizado. Barrios fue dejado en libertad por sus captores unos días después, tras ser torturado, y renunció a su cargo. Son numerosos también los casos de secretarios o directores de Seguridad Pública municipal que han caído por el fuego de la delincuencia organizada.

Pero los funcionarios municipales no sólo están expuestos al acoso de la delincuencia organizada: también padecen los embates de las autoridades. En mayo de 2009 las fuerzas federales detuvieron a 38 funcionarios y jefes policiacos de Michoacán acusados de servir a la delincuencia organizada, particularmente al cártel de La Familia. Entre los funcionarios había 12 alcaldes, tres directores municipales, un síndico del ayuntamiento y dos policías. Así, casi la tercera parte de los detenidos eran alcaldes, la sexta parte eran funcionarios o policías municipales y en total representaban 47% de los 38 detenidos.

Aunque no hay estadísticas que permitan ubicar el total de integrantes de la fuerza pública municipal que han sido consignados ante la justicia, también son blanco preferido de los ministerios públicos. Un recuento publicado por el diario regiomontano El Norte en su edición del 26 de septiembre de 2009 señala que en los primeros siete meses de ese año habían detenido a 357 policías, de los cuales 319 pertenecían a las corporaciones municipales.

Y en marzo de este año elementos de la Marina detuvieron al director de alcoholes del mismo municipio, Rogelio González, también por presuntos nexos con el crimen organizado. Hasta el momento no ha sido liberado.

Así los funcionarios municipales son el blanco ideal del crimen organizado, pues realizan tareas cruciales para la buena marcha de “su negocio”. Normalmente están mal pagados y no tienen los instrumentos adecuados para cumplir con sus responsabilidades. Aquí los policías muestran esta realidad: de acuerdo con García Luna 61% de ellos ganan menos de 4 mil pesos mensuales, y al menos en el caso de Nuevo León, por disposición legal no pueden portar armas largas.

En cuanto a los mandos medios y los alcaldes quizá la única diferencia es el salario – y no en todos los casos pues seguramente muchos de ellos (en los más de 2 mil 500 municipios) reciben remuneraciones miserables– pero son igualmente vulnerables a los embates del crimen organizado, como mostró claramente el secuestro y asesinato del presidente municipal de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos.

De acuerdo con datos publicados en medios informativos, en sus diez meses de gestión éste había reducido el número de sus policías de 60 a 10 como consecuencia de los asesinatos (este año la delincuencia organizada mató a 12 agentes), despidos y renuncias. De los diez que estaban en servicio en esos momentos, siete fueron vinculados con su asesinato.

Los municipios son el núcleo básico de la organización política y administrativa de México. Las funciones que realizan sus autoridades son cruciales para que los mexicanos gocen de una mejor calidad de vida; pero desgraciadamente esta operación estratégica no se corresponde con el diseño institucional, y eso es lo que los vuelve muy vulnerables, como indican las estadísticas y los casos señalados en los párrafos anteriores.

Las explicaciones de los asesinatos y detenciones de los funcionarios municipales son múltiples: algunos cayeron por las balas del crimen organizado porque osaron combatirlo, pero seguramente también hay quien fue victimado por haberse aliado a uno de los grupos en pugna, por haber incumplido sus promesas o haber intentado abusar de su autoridad, entre otras posibles razones. Lo mismo sucede en el caso de las detenciones, en las que existen culpables e inocentes.

Lo cierto es que los funcionarios públicos municipales no gozan de las condiciones adecuadas para cumplir con sus responsabilidades y eso lo aprovecha el crimen organizado para comprarlos, maniatarlos o eliminarlos. No son los únicos servidores públicos vulnerables pero sí son el eslabón más débil y eso los vuelve también blanco de las mismas autoridades.

Para combatir dicha debilidad lo primero que hay que reconocer es la gran heterogeneidad y diversidad de los municipios mexicanos, lo que necesariamente cancela las respuestas únicas; los remedios no pueden aplicarse indiscriminadamente a todo lo largo y ancho del país. La generalización ni siquiera es concebible a nivel de las entidades federativas, pues incluso dentro de ellas las diferencias son abismales. Las alarmas están encendidas, hay que atenderlas so pena de seguir sufriendo las consecuencias.

El estilo Sabines: argucias, trampas, mentiras

En contravención del calendario electoral de 2010, según el cual en Chiapas deberá votarse por la renovación del Congreso local y de los 118 ayuntamientos, el gobernador, Juan Sabines Guerrero, maniobra para posponer hasta 2012 los comicios para designar a los presidentes municipales. En su empecinamiento por controlar al Poder Legislativo no sólo convierte a los diputados en sus comparsas; también miente al asegurar que sus reformas son avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Jorge Carrasco Araizaga e Isaín Mandujano

El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, no se detiene en sus afanes de poder. Aunque se tuvo que echar para atrás en su pretensión de reelegir por decreto a los actuales diputados estatales, se empeña en cancelar las elecciones para la renovación de los 118 ayuntamientos del estado previstas para el primer domingo de julio próximo.
Con el aval del Congreso estatal, Sabines operó durante el último tercio de 2009 una reforma constitucional que tiene en la incertidumbre el proceso electoral, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que en esa entidad deberán renovarse el Congreso y los ayuntamientos este 2010.
El primer intento del gobernante chiapaneco fue en septiembre último, cuando emitió un primer decreto de reforma a la Constitución local para suspender ambas elecciones y posponerlas hasta el primer domingo de julio de 2012.
En esa propuesta, que mantuvo oculta durante semanas, Sabines argumentó que el calendario electoral de Chiapas debe homologarse con el federal y reducir, de paso, el gasto electoral en una entidad con graves problemas de pobreza.
Su intención inicial era que la actual Legislatura –la LXIII, que tiene bajo su control– se extendiera hasta el 30 septiembre de 2012, un año y 10 meses más del periodo que les corresponde. Y en esa condición, los actuales diputados designarían a los concejos municipales en sustitución de los ayuntamientos que concluyen en diciembre próximo.
El plan estaba previsto en la reforma electoral que Sabines envío al Congreso y que fue aprobada por los diputados locales el 11 septiembre en una sesión extraordinaria simulada, 48 horas después de que el mandatario la presentó. Sin embargo, su iniciativa se vino abajo debido a las violaciones a la Constitución federal que implicaba la prolongación del mandato de la actual Legislatura. Al servir de comparsas, los diputados se reelegían a sí mismos.
Esa reforma fue impugnada por diputados del PRI y el PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una acción de inconstitucionalidad. Aunque el recurso aún no se resuelve, Sabines emitió un nuevo decreto el 25 de noviembre pasado en el que aun cuando repone las elecciones para diputados en este año, mantiene la cancelación de las municipales.
El cambio de parecer ocurrió luego de que el gobernador acudiera a la SCJN, donde se entrevistó con el ministro Sergio Valls Hernández, padre del actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y excolaborador del gobernante, Jaime Valls Esponda, aspirante a suceder al propio Sabines (Proceso 1725).
A pesar de esa cercanía, Valls Hernández no se declaró impedido de conocer el caso y le dio entrada al recurso. Pero antes de que la Corte declarara inconstitucional su decreto, fechado el 12 de septiembre, Sabines se adelantó y en noviembre publicó otro para modificar su reforma.
En su primer decreto sostuvo que la Constitución federal “no contempla prohibición alguna para modificar, prorrogar periodos de congresos locales o ayuntamientos o, en su caso, de estos últimos designar consejos (sic) municipales”.
Después del encuentro con Valls, en el segundo decreto el mandatario de Chiapas señaló: “El Ejecutivo del estado no puede soslayar la existencia de criterios definidos de la SCJN (sic) que consideran inconstitucionales las prórrogas de mandatos a las autoridades electas mediante el voto popular, como lo ha determinado al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas, en fecha reciente, las relativas al estado de Guerrero, y antes, incluso, respecto a nuestro propio estado”.

Propuestas desaseadas

Impugnado el primer decreto, Sabines no vaciló tampoco en manipular al Poder Judicial de la federación. A sus maniobras en el Congreso chiapaneco para suspender las elecciones, siguieron las verdades a medias que su gobierno, a través del consejero jurídico, Carlos Octavio Castellanos Mijares, declaró en el Juzgado Séptimo de Distrito en Chiapas.
En una comunicación oficial al juzgado, que intervino ante una demanda interpuesta por el ocultamiento del contenido de la primera reforma constitucional, el gobierno de Sabines negó haber ordenado la cancelación de los comicios y menos aun que lo hubiera publicado en un decreto. El gobernador, en efecto, no ordenó la cancelación de las elecciones, pero con el Congreso en la bolsa, maniobró para imponer su iniciativa.
Sabines respondió así a la demanda de amparo interpuesta por el exdiputado priista Horacio Culebro Borrayas, quien acudió a la justicia federal ante la negativa del gobierno y el Congreso de Chiapas para que le dieran copia de los decretos emitidos por ambos para anular los comicios.
Durante semanas, los ejemplares del Periódico Oficial del estado en los que se publicaron los decretos del Congreso y del gobierno chiapaneco sobre esa reforma estuvieron inaccesibles.
El ocultamiento fue parte de la maniobra en la que los diputados del PAN jugaron un papel central. Durante más de 40 días, el Congreso guardó hermetismo. En el estado sólo corría el rumor de que los diputados se habían reelecto y en lugar de terminar en noviembre de 2010, lo harían hasta septiembre de 2012.
La ejecución de la maniobra comenzó el 9 de septiembre de 2009, cuando la Comisión Permanente del Congreso convocó a los 40 diputados para sesionar el día 11 a las 20:00 horas.
El objetivo, dijeron, era “analizar y votar 12 iniciativas remitidas por el secretario general de Gobierno”. Las propuestas de ley habían sido dadas a conocer en la sesión ordinaria de ese mismo 9 de septiembre y de inmediato fueron turnadas a comisiones legislativas para su estudio y dictamen.
Entre las 12 propuestas de Sabines estaba la “Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del estado de Chiapas”.
Los diputados empezaron a sesionar poco después de las 10 de la noche del 12 de septiembre. Se saltaron los primeros dos puntos del orden del día y siguieron con el tercero. La reforma, que debía discutirse como prioritaria, estaba en el segundo punto del orden del día. El debate nunca ocurrió, al menos públicamente.
Los diputados estaban nerviosos esa noche. No todos llegaron, al menos 10 faltaron. Los que sí asistieron entraban y salían de sus cubículos, iban y regresaban de su curul. Hablaban por celular sin parar. Fue tal el desorden de esa sesión extraordinaria, que ni siquiera se realizó el acto protocolario para su instalación.
Se aprobó casi todo el paquete de iniciativas, y poco antes de la medianoche, sin precisar el motivo, la presidenta de la LXIII Legislatura local, Ana Elisa López Coello, del PAN, declaró un receso para reiniciar la sesión entre 30 y 40 minutos después.
Sandra de los Santos, reportera del diario local El Heraldo de Chiapas, hizo guardia esa noche en el palacio legislativo, pero nunca vio que en la sala de sesiones los diputados aprobaran reforma constitucional alguna en materia electoral. Pasada la medianoche, los diputados cerraron la sesión y se despidieron.

Una reforma hechiza

De haber aprobado esa noche la reforma constitucional, los diputados debieron de enviarla a los ayuntamientos para su validación y esperar que al menos 50% más uno de los cabildos la regresaran ratificada. Sólo después de ese trámite, el Ejecutivo local la podría publicar en el Periódico Oficial. Pero el día 12 (sábado), Sabines publicó la reforma con la supuesta recepción de 67 actas de cabildo de igual número de ayuntamientos.
Ese mismo fin de semana operadores políticos del gobierno estatal estuvieron en los ayuntamientos para que los cabildos firmaran actas de acuerdo para validar la reforma. La versión fue confirmada a Proceso por un presidente municipal que por temor a represalias pide omitir su nombre.
Pero toda confirmación oficial sobre las reformas se diluyó y ningún diputado se atrevió a hablar del tema; mucho menos los alcaldes, ni Juan Sabines, ni su secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, exministro de la SCJN.
En el expendio oficial del periódico del estado, que depende de Castañón, los empleados confirmaron la inexistencia de tales publicaciones. En la página del Periódico Oficial, los ejemplares tampoco aparecían, a pesar de referir que estaba actualizada al 30 de septiembre.
El Congreso también coadyuvó al ocultamiento de esa información. En su página oficial, el registro de las actividades legislativas se saltó de la sesión de la Comisión Permanente del día 9 al 23 de septiembre, por lo que omitió la del día 11 y las subsecuentes.
El exdiputado priista Mario Carlos Culebro Velasco, líder de la Agrupación Política Nacional Renovación, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso.
Cuando todo era rumor todavía, fue el mismo gobernador quien el 15 de septiembre rompió el silencio y confirmó la reforma, pero se la endosó al PRI. La dirigente local del partido, Arely Madrid Tovilla, quien en ese momento participaba en una reunión con Sabines, guardó silencio, a pesar de que en el Congreso se presentó como una propuesta enviada por la secretaría general de Gobierno.
En el marco del Foro Internacional de la Mujer Rural en Chiapas, Sabines aseguró que la reforma fue respaldada de forma unánime en el Congreso y calificó de “positivo” posponer la elección de diputados y ayuntamientos para el 2012. Precisó que los alcaldes serían sustituidos por concejos municipales formados y avalados por el Legislativo local.
Expuso que al menos 40% de esos concejos deberían de estar reservados para mujeres, lo que le ganó el aplauso de sus oyentes. Madrid Tovilla salió del encuentro a toda prisa y no quiso responder al deslinde hecho por Sabines, quien tampoco encaró a la prensa.
Luego del gobernador, el 21 de septiembre, el Congreso también confirmó la reelección a través de una comunicación oficial firmada por la presidenta del Congreso y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Pedrero Rodríguez. Pero para entonces aún no se sabía en qué fecha había sido publicada la reforma en el Periódico Oficial.
Los diputados panistas deslindaron a Sabines y señalaron que “la decisión de homologar las elecciones fue propuesta por los 40 diputados”.
Según su versión, al cancelar las elecciones se ahorrarían 815 millones de pesos. Aseguraron que “por acuerdo de todos los diputados, (esos recursos) se destinarán a atender distintos rezagos y pendientes, como la conclusión de la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso del huracán Stan”, que afectó a Chiapas en 2005.
Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, las elecciones de 2007 en las cuales se votó por los alcaldes y diputados actuales costaron 374 millones 236 mil 551 pesos con 59 centavos. Además, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marco Antonio Ruiz Guillén, ya había asegurado que no pediría más de 400 millones de pesos para el proceso electoral que inicia el 1 de marzo próximo.

Información tardía

Fue hasta finales de octubre cuando estuvieron disponibles los ejemplares del Periódico Oficial con la reforma. En el número 186, del 11 de septiembre, se publicó la minuta proyecto del decreto de reforma aprobada por el Congreso. En el número 187, del día siguiente, Sabines publicó el decreto 328 con la reforma “aprobada” por 67 ayuntamientos.
De acuerdo con esas fechas, cuando los diputados cerraron la “sesión” la madrugada del 12 de septiembre, el decreto del gobernador ya se estaba imprimiendo en los Talleres Gráficos del gobierno del estado.
Abordada por Proceso, la diputada López Coello justificó la reforma con el argumento del ahorro de recursos en tiempos de crisis económica.
–Los chiapanecos no supieron nada de tales reformas –se le dijo.
–Si la gente de la calle no lo sabe es porque no ha encendido la televisión.
–¿Por qué no se consultó a la sociedad?
–Yo creo que todas las voces fueron escuchadas. La gente está harta de tantas contiendas, están hartos de tanto pleito entre partidos, están hartos que se tire el dinero en campañas y eso lo han dicho toda la vida.
Pese a la defensa de la reforma hecha por Sabines y los panistas, el gobernador tuvo que echarse para atrás debido a que su propuesta violaba la Constitución federal. Así lo hizo ver el exdiputado Horacio Culebro Borrayas en una demanda que interpuso contra Sabines en la PGR.
El exdiputado considera que Sabines, a través de su consejero jurídico, engañó al juez séptimo de Distrito en Chiapas al declarar que no había ordenado la cancelación de las elecciones y mucho menos que esa disposición había sido publicada en el Periódico Oficial.
Culebro acusa al gobernador de “falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, coalición de servidores públicos y los que resulten”. Además de Sabines, implica a Castañón y a los diputados de la LXIII Legislatura del estado.
En su demanda, el exdiputado –quien asegura haber sufrido persecución a raíz de la demanda– refiere que la cancelación de elecciones como lo hizo Sabines contravienen varias tesis de la SCJN. Una de ellas, la 47/2006, señala que es inconstitucional “el sistema normativo establecido en una Constitución local para dar operatividad a la intención de homologar tiempos de los comicios locales con los federales”.
Añade que de esa manera se amplía el mandato de la Legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentran en ese momento en curso, más allá del periodo para el cual han sido electos de manera directa y democrática.
Esa ampliación, precisa, equivale a que esos órganos representativos se coloquen, de facto, como los únicos votantes y ciudadanos elegibles, privando de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, colocándose como triunfadores de una tácita elección.
A pesar de que ese criterio de la Corte incluye tanto al Congreso como a los ayuntamientos, Sabines sólo rectificó en la suspensión de las elecciones para diputados y mantuvo la prórroga en los 118 ayuntamientos.
En su decreto, publicado el 25 de noviembre con el número 11, establece que las elecciones para el Congreso se realizarán como estaban previstas originalmente, el 4 de julio próximo, pero que los diputados durarán en encargo hasta el 30 de septiembre de 2012. De esa manera, ese año se empatarán las elecciones para el Congreso estatal con las federales.
Respecto a los ayuntamientos, insiste en que una vez que concluya la gestión de las actuales administraciones, los nuevos diputados “por única ocasión y de manera excepcional”, dentro de los 30 días siguientes al inicio de sus funciones –el 16 de noviembre próximo–, elegirán a los concejos municipales que ejercerán entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2012.
En ese lapso media la conclusión de los actuales ayuntamientos y el primer domingo de julio de 2012, cuando se elegirá a nuevos presidentes de los 118 municipios que entrarán en funciones el 1 de octubre de ese año. El decreto también precisa que, en lo que atañe a los concejos municipales, la próxima Legislatura –la LXIV– deberá respetar la actual representación política en los ayuntamientos.
Asimismo, sostiene que ese tipo de designación ha sido avalada por el TEPJF y por la PGR ante la Suprema Corte. El tribunal federal, sin embargo, en su calendario electoral para este año señala que además de las elecciones para diputados, en Chiapas siguen programados los comicios para renovar los ayuntamientos.

El Decálogo

Luis Javier Garrido

La supuesta reforma política” de Felipe Calderón, anunciada hace tres meses, que ahora envía en 10 puntos al Poder Legislativo exigiendo se le apruebe “al vapor”, es un bodrio que entraña gravísimos retrocesos para la vida democrática –en especial con vistas a 2012–, y que no logra ocultar sus pretensiones con su mañosa presentación como un paquete “progresista” o inocuo.

1. El paquete de 10 modificaciones constitucionales y legales en materia político-electoral, que el gobierno calderonista envió al Senado el 15 de diciembre, y que sería la decimonovena “reforma electoral” desde que Salinas de Gortari y el PAN pactaron en 1988 la que sería la “reforma electoral definitiva”, constituye una nueva regresión en materia de instituciones políticas, de partidos y de elecciones, que cancela múltiples derechos a los ciudadanos en aras de consolidar el modelo económico –y político– del neoliberalismo, pues busca establecer en vistas a las elecciones presidenciales de 2012 nuevos “candados” a los procesos electorales para hacer más difícil la expresión de la voluntad ciudadana.
2. El Decálogo de Calderón, como lo llaman los medios, pretende a) obstaculizar en 2012 la elección de un candidato presidencial que no sea del PRI o del PAN con la llamada “segunda vuelta”; b) consolidar el poder de la televisión al establecer el referendo y el plebiscito en un marco jurídico que permite impunemente a medios y a grandes empresarios manipular consultas y procesos, c) dar satisfacción al capital trasnacional que reclama desde hace años la relección indefinida como vía para consolidar una “clase política” estable funcional a sus intereses, d) consolidar un sistema de partidos políticos más restringido, controlado y menos representativo de la ciudadanía; e) hacer casi imposible candidaturas ciudadanas al permitírselas sólo a aquellos respaldados por los grandes poderes económicos, y f) fortalecer el presidencialismo despótico al pretender que se confiera al Ejecutivo preminencia absoluta sobre el Congreso para aprobar leyes a su antojo.
3. Las llamadas “reformas políticas” o “electorales” no han tenido nunca la aspiración real de instaurar en México una democracia política, como tampoco es el caso de ésta, elaborada al parecer por la parejita de asesores de Calderón en materia de elecciones, Juan Molinar Horcasitas (titular de la SCT) y Leonardo Valdés Zurita (presidente del IFE). Todas las aprobadas desde 1988 se han limitado a dar al régimen una apariencia de “modernidad” con el fin de legitimar el ejercicio del poder público por una minoría de mafiosos que se apoderaron del aparato estatal desde 1982 y evitar que éstos pierdan el control de los mecanismos electorales y la posibilidad de seguirle imponiendo a México el modelo neoliberal, que supone el desmantelamiento del régimen surgido de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, en un proceso de reconversión no democrática del Estado, que ha agravado el empobrecimiento del pueblo y ahondado la crisis de ilegitimidad del poder.
4. Las “reformas electorales”, por ejemplo, han tendido en México de manera sistemática a limitar el sistema de partidos a fin de impedir que sea representativo de las fuerzas políticas y sociales que se manifiestan en el país, y ésta no es la excepción, pues ahora se pretende obstaculizar aún más la existencia de partidos independientes del Estado para favorecer a las fuerzas políticas oficiales con un sistema más restringido y controlado y menos representativo.
5. Las candidaturas ciudadanas, propuestas en los años 80 desde una perspectiva democrática, son viables en un sistema de campañas cortas que no esté fundado en el derroche del dinero, para que no haya un desfase enorme entre éstas y las provenientes de los partidos, pues de lo contrario sólo serían viables –como acontece con la propuesta calderonesca– para candidatos respaldados por los grandes poderes económicos o por recursos oscuros: que puedan gastar cientos de millones de pesos primero para reunir casi un millón de firmas que se les exige y luego para competir contra los partidos financiados por el Estado y respaldados por los medios.
6. La “segunda vuelta” tiene a su vez sentido en un régimen plural y democrático donde se busca sean electos candidatos respaldados con una mayoría absoluta, asumiéndose que no hay ahí partidos que prevalezcan por sobre los demás por su vinculación con el poder público, como es el caso en México del PAN y el PRI –el llamado PRIAN–, que con ella estarían obligados a aliarse aún más estrechamente. El actual bipartidismo oficial podría vencer las resistencias internas para presentar un candidato común en una onerosa segunda vuelta en 2012, con los panistas apoyando a Peña Nieto para tratar de cerrar el paso a López Obrador.
7. El plebiscito y el referendo son viables, de la misma manera, sólo en un régimen democrático, donde el pueblo puede estar bien informado, lo que no es el caso de México, ya que aquí el poder del duopolio televisivo manipularía a su antojo estos mecanismos de participación ciudadana, como lo hace con las elecciones, y consolidaría de esta manera su poder.
8. La defensa del principio de la “no relección” suscitó innumerables levantamientos en el siglo XIX, la Revolución Mexicana de 1910 y el asesinato de Obregón en 1928, y por ello el PRI de Carlos A. Madrazo se opuso en 1965 a que se le suprimiera, pero Calderón y la derecha mexicana, yendo contra la Historia, como vulgares provocadores, quieren satisfacer a los organismos financieros internacionales ansiosos de vincular a los integrantes de una “clase política” mexicana estable a los intereses del capital trasnacional, como acontece en Estados Unidos.
9. El fortalecimiento del presidencialismo despótico es, en fin, una broma de mal gusto de esta contrarreforma que festejan ya Héctor Aguilar Camín, Luis Carlos Ugalde y Jorge G. Castañeda, pues pretende se le confiera una preminencia absoluta al Presidente sobre el Congreso al dársele el privilegio de presentar iniciativas, llamadas “preferentes”, que de no ser dictaminadas serían consideradas “aprobadas” y que de dictaminarse en contra podrían ser presentadas vía un referendo promovido (y desde luego manipulado) por las televisoras a la ciudadanía, como de poder modificar las iniciativas vetadas que el Congreso insista en mantener.
10. En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI se han producido en México decenas de contrarreformas político-electorales, pero hace falta que el pueblo empuje una: someter al Ejecutivo federal a la legalidad constitucional para impedirle viole las libertades electorales de los mexicanos, pues de lo contrario seguiremos teniendo en Los Pinos mapaches electorales que se sienten reformadores.

“¿Reelegir a estos?”

Denise Dresser

En México comienza a debatirse un tema tabú: la reelección de legisladores y presidentes municipales. En aras de contribuir a la reflexión sobre el tema he agrupado los principales argumentos en contra, y ante ellos presento mis contra-argumentos a favor.

Argumento 1:

“¿Para qué reelegir a los legisladores si son realmente pocos los comprometidos con el pueblo que los eligió?”.
Esa falta de compromiso es producto natural del modelo actual. La ausencia de reelección produce diputados cuyo destino depende más de los dirigentes de sus partidos que del voto popular. La falta de reelección engendra congresistas que carecen de incentivos para escuchar a sus supuestos representados. México rota élites pero no representa ciudadanos. México asegura la competencia entre partidos pero no los obliga a rendir cuentas. Y esto sólo se consigue con la reelección –una medida que no es suficiente en sí misma para remediar todos los males de la democracia mexicana, pero es una condición necesaria para comenzar a encararlos.
Argumento 2:

“Los congresistas mexicanos son soldados de los partidos políticos, no representantes populares”.
Sin reelección, los legisladores continuarán actuando sin atender a sus representados, sin calibrar las consecuencias de sus actos, sin medir el volumen de sus gastos, sin recibir sanción por sus abusos. El Congreso –tal y como funciona hoy– no representa los intereses de los mexicanos, sino los intereses de las cúpulas partidistas o los poderes fácticos precisamente porque no hay reelección. La reelección ataría a los legisladores a las agendas ciudadanas. La reelección –con límites establecidos– serviría como un mecanismo democrático de supervisión.
Argumento 3:

“El Congreso no asume un papel constructivo; reelegirlo sería perpetuar la ineficiencia”.
La consigna del pasado “Sufragio Efectivo, No Reelección” ha producido un panorama perverso en el cual el sufragio lleva a un diputado al Congreso sin que después pueda vigilarse lo que hace allí. Al no haber reelección, no existe la posibilidad de profesionalización. Al no haber reelección, los amateurs dominan la discusión. Al no haber reelección, quienes llegan al Congreso no lo hacen para quedarse, para crecer, para aprender. Llegan como bonsáis y se van del mismo tamaño.
Argumento 4: “Nos regresaría a tiempos porfiristas. La Revolución Mexicana se libró bajo el principio de ‘Sufragio Efectivo, No Reelección”.
Hay demasiados mexicanos indoctrinados con sus libros de texto gratuito, a los cuales generación tras generación se les ha enseñado a creer que la Revolución se libró bajo el principio de “No Reelección”. Pero era la no reelección de Porfirio Díaz. La Constitución de 1917 permitía la reelección, pero el PRI después la eliminó precisamente para instaurar el sistema que tenemos hoy a pesar de la alternancia. Un andamiaje creado para permitir la rotación de élites impunes. Para preservar las parcelas de poder de las élites. Para recompensar la lealtad. Y poco a poco se ha convertido en una cleptocracia rotativa que la democracia ha hecho poco para desmantelar. Como nadie tiene que pelear para reelegirse, nadie tiene que mantener las manos limpias.
Argumento 5: “Al no haber reelección nos aseguramos de que sólo se queden en el puesto –y roben en él– tres o seis años”.
En México no hay reelección pero sí hay trampolín. Cada tres años, entran diputados y salen otros; cada seis años, entran senadores y salen otros. Aterrizan en el presupuesto público, viven de las partidas de los partidos, hacen como que legislan y después se van. Saltan de la Cámara de Diputados al Senado y de allí a una presidencia municipal o a una diputación local, para regresar eventualmente al Congreso. Hacen todo eso sin haber rendido cuentas jamás porque no existe un mecanismo para castigarlos si no cumplen.
Argumento 6: “Más que la rendición de cuentas, la reelección sería la rendición ante las cuotas de representación”.
Con demasiada frecuencia la democracia mexicana termina capturada por poderes fácticos porque no cuenta con el contrapeso de la ciudadanía. Como la supervivencia política de un diputado no depende de la reelección en la urnas, sino de la disciplina partidista y la buena relación con Televisa y TV Azteca, los partidos acaban embolsados. Este comportamiento condenable existe y persiste, pero no porque la clase política mexicana tenga una propensión genética a la corrupción descubierta al descifrar el genoma mexicano. El problema no es cultural, sino institucional; los políticos en México se comportan así porque pueden. Porque no hay suficientes mecanismos institucionales para acotar el poder de los partidos –o de sus dueños– y aumentar el poder de quienes, con su voto, los eligieron.
Argumento 7: “La reelección de alcaldes sería una invitación abierta para el desvío del presupuesto con fines electorales, políticos y personales”.
Esos desvíos ya ocurren, y sin sanción. Todos gastan y nadie vigila. Hay pocos puestos mejores sobre el planeta que el de un político mexicano, ya sea diputado, senador o presidente municipal. No tiene que trabajar para cobrar su sueldo ni tiene que rendir cuentas para conservarlo. No tiene que explicar el sentido de su voto en el Congreso ni tiene que estar presente para otorgarlo. No tiene que responder a las necesidades del electorado ni establecer una relación con él. Puede ser abogado privado y político, boxeador y político, playboy y político, personaje de Big Brother y político, incompetente y político. Saltará a otro puesto al final de su periodo, independientemente de lo que haga allí.
Argumento 8: “Nuestra democracia no es lo suficientemente buena para adoptar la reelección; no estamos listos”.
Esta lógica perpetúa el excepcionalismo contraproducente del “Como México no hay dos”. ¿Para qué emular a los demás? ¿Para qué aspirar a ser mejores? ¿Para qué renunciar al orgullo de la extravagancia? ¿Para qué ser como esos países que dan derechos a sus ciudadanos y les rinden cuentas? ¿Para qué ser como esos gobiernos que generan el crecimiento económico y combaten la corrupción y promueven el interés público? Si México es tan excepcional gracias a la no reelección…
Argumento 9: “La reelección es un argumento ‘políticamente correcto’ y México no tiene por qué apoyarlo”.
En efecto, la reelección es un instrumento ‘políticamente correcto” que ha durado más de 200 años; una moda de las democracias parlamentarias que decidieron empoderar a sus ciudadanos y erigir instituciones que los representaran; una moda con razón de ser, tan universal como la ropa interior y los zapatos. Una moda que 187 países –con la excepción de México y Costa Rica– han adoptado. Un derecho esencial que el sistema político priista quitó a los mexicanos que ahora creen que no lo necesitan.
Argumento 10: “Con la reelección, el narcotráfico y los poderes fácticos se infiltrarían en las elecciones”.
Ese no es un argumento suficiente para desacreditar la reelección. Si lo fuera, la reelección no existiría en ninguna parte y existe en todas excepto en Costa Rica y aquí. Junto con ella habría que instituir mecanismos para controlar el influjo del dinero en las campañas, tal y como lo hacen otros países. Junto con ella habría que crear reglas para que no vuelva a repetirse lo que México ya padeció: los Amigos de Fox y el Pemexgate y la Ley Televisa y tantos otros ejemplos de compra y captura e infiltración. Hoy los poderosos ya han capturado a los políticos; hoy el dinero privado ya compra funcionarios públicos. Y eso ocurre sin la reelección legislativa, lo cual coloca al país en el peor de los mundos: una clase política al servicio de intereses económicos poderosos y sin rendición de cuentas.
Argumento 11: “No se debe promover la reelección porque la población se opone a ella”.
Pero a veces es imperativo mostrar un poco de liderazgo. Tomar decisiones impopulares por el bien de la democracia. Hacer lo que han hecho otros líderes en contra de la opinión pública prevaleciente en sus países: abolir la esclavitud, otorgar el sufragio a las mujeres, reconocer los derechos civiles de los afroamericanos, eliminar el apartheid. Gobernar para la historia y no para el partido.
Argumento 12: “La reelección no resolvería los múltiples problemas de la democracia mexicana”.
Es cierto, la reelección legislativa no resuelve el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo; no resuelve la falta de acuerdos. Tampoco cura el acné o previene la caída del cabello. La reelección no es una panacea para todos los males ni busca serlo. Es un instrumento diseñado para acotar el poder de los partidos y aumentar el poder de los ciudadanos. Es un mecanismo que permite castigar a los legisladores que aumentan los impuestos, a quienes otorgan exenciones fiscales a Televisa, a quienes eliminan candados a la fiscalización del gasto, a quienes ejercen el poder de manera impune.
Quienes se oponen a la reelección legislativa quieren desviar la atención de un problema central. El poder en México está concentrado en un manojo de partidos corruptos. El poder está en manos de un grupo de políticos que se rehúsan a ser juzgados. Los partidos corruptos y los políticos opacos producen malos gobiernos. Los malos gobiernos no proveen bienes públicos para su población. No producen empleo ni garantizan la seguridad ni respetan los derechos civiles. Por ello México no cambia aunque sus habitantes quieren que lo haga.
Y no cambiará mientras su clase política siga imponiendo la voluntad de algunos sobre el destino de muchos. Mientras haya tantos que no quieren someterse al escrutinio de los electores, que no quieren enfrentarse a quienes votaron por ellos, que no quieren regresar a sus distritos para explicar lo que hicieron con su tiempo y con el dinero de los contribuyentes. Porque viven muy bien así. Porque cobran muy bien así. Porque saltan de un puesto a otro muy bien así. Porque controlan al país muy bien así. Porque mantienen maniatados a sus habitantes muy bien así.
Esa seguirá siendo la situación mientras el sistema político funcione para rotar a cuadros partidistas en vez de representar a ciudadanos. Mientras los partidos rechacen la reelección legislativa porque no quieren perder el control ni compartir el poder. Mientras los legisladores se rehúsen a ser juzgados. Mientras los “representantes populares” prefieran quedar bien con Manlio Fabio Beltrones o con Beatriz Paredes o con Elba Esther Gordillo o con Televisa o con Carlos Slim o con Enrique Peña Nieto antes que quedar bien con quienes los eligieron.

Rotundo no a la relección

Dinero
*Rotundo no a la relección
*Ya es suficiente el daño con un solo periodo
*Faltan diputados y senadores honorables, no eternos

Enrique Galván Ochoa

La pregunta: ¿relección de diputados, senadores y presidentes municipales? No está de acuerdo 83 por ciento de las 2 mil 256 personas de diversas partes de la República que participaron en la encuesta. Ocho por ciento opina que habrá más eficacia y menos corrupción”, y 9 por ciento expresó ideas diversas.
Metodología
Esta semana enviamos 2 mil 500 cuestionarios vía correo electrónico a un número igual de miembros de El Foro México. Contestó 90 por ciento. Algunos foristas enviaron sus opiniones. En las líneas que siguen aparecen fragmentos y el texto completo está en: www.elforomexico.com
Opiniones
El principio de “sufragio efectivo, no relección”, fue la base de la Revolución Mexicana de 1910. Nuestros abuelos pelearon, lucharon y muchos murieron para cumplir ese lema. No permitamos que regresemos en la historia, a menos que estemos buscando que el pueblo vuelva a tomar las armas.
Enrique Gómez de la Rosa / Distrito Federal
Es una aberración pensar que podríamos tener por más de un periodo a una rémora que sólo ha utilizado el sistema para enriquecerse. Lo que se debe hacer es obligar a la rendición de cuentas.
Ricardo Grostieta García / Distrito Federal
“Lo perdimos, Houston...” Felipillo ya no sabe qué hacer para evitar las evaluaciones de su desgobierno, y que conste que se las maquillan. Además, no necesitan relección, pues se la viven brincando de diputados a senadores o gobernadores o secretarios de Estado o alcaldes, y de un partido a otro, así que, ¿para qué la relección?
Eduardo Valdés Hernández / Distrito Federal
¿Relección? Es vergonzoso que quienes han “dirigido” el rumbo del país den muestras de anticonstitucionalidad. Para muestra, dos botones: Fox contra Benito Juárez, y ahora Calderón contra Francisco I. Madero. Que les pongan orejas de burro y los castiguen en un rincón.
Angélica Matla Gutiérrez / Veracruz
No rotundo a esta propuesta; si ya es un tormento soportar a corruptazos como Fernández de Cevallos, Beltrones y demás mafiosos y traficantes de influencias por un sexenio, imaginen que sea el doble de tiempo. ¡Qué horror!
Javier Pérez Gutiérrez / Colima
Darles la relección sería como un premio. Lo que necesitamos es un Congreso y gobernadores honorables, no narcotraficantes y delincuentes, como diputados, senadores y alcaldes.
Gabriel Machargo Vixtha / Distrito Federal
Creo que mejor deberían hacer una selección más estricta para la nominación de los políticos que nos representan. Es absurdo que para un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional u otra instancia de investigación científica, le pongan tantos escalafones para que termine ganando 20 o 30 por ciento de lo que gana un político, que a veces no sabe ni decir bien su nombre.
Miguel Ángel Ortega / Distrito Federal
Por supuesto que no estoy de acuerdo. Es el primer paso para que el presidente pueda relegirse también. Más bien se les hace poco un periodo y quieren alargarlo para seguir robando.
Ángeles Hernández Cárdenas / Querétaro
Antes de pensar en la relección se requiere que diputados y senadores cumplan con su mandato constitucional: representar los intereses de las mayorías. Mientras ello no ocurra, todo seguirá siendo simulación.
Luis F. Gutiérrez / Puebla
Todos sabemos que la relección partiría al país por la mitad, pues los políticos en lista de espera de ninguna manera aceptarán que algunos se apropien ad infinitum de los huesos, perdón, de los puestos de elección popular y, por consiguiente, del presupuesto, las estructuras burocráticas relacionadas y negocios afines.
Alfonso Hickman Sandoval / Distrito Federal
No estoy de acuerdo porque los daños y perjuicios que ocasionan en un periodo son terribles. ¡Imaginen repitiendo periodo!
Pedro González Mondragón / Distrito Federal
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://www.elforomexico.com/