El truculento enredo del caso Heaven

Conforme avanzan las indagatorias en torno a los 12 jóvenes tepiteños desaparecidos el pasado 26 de mayo, las cosas se le complican a las autoridades capitalinas. Hoy las pistas no sólo implican a las bandas criminales enquistadas en el barrio de Tepito, sino también a los propietarios de bares y antros donde se expenden drogas. Y los presuntos implicados lejos de aclarar la situación empañan el panorama para ocultar lo evidente: la presencia de los cárteles en el corazón de la Ciudad de México.

Raúl Monge

La muerte de Dax Rodríguez Ledezma –copropietario del bar Heaven After, quien apareció calcinado junto con su novia Heydi Fabiola Rodríguez Velasco y la prima de ésta– y el silencio de los detenidos despejó las dudas sobre la presunta participación del crimen organizado en la desaparición de los 12 jóvenes de Tepito en ese antro el pasado 26 de mayo.
Los cuerpos fueron abandonados en un camino de terracería en la comunidad de Tajumulco, municipio de Huitzilac, en Morelos, zona dominada por la organización Guerreros Unidos, un remanente del Cártel de los Beltrán Leyva. Estaban con las manos atadas y presentaban huellas de tortura. Los peritos no encontraron perforaciones producidas por arma de fuego en ninguno de ellos; tampoco había ningún narcomensaje.
Inmediatamente después de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) comenzó a buscarlo para pedirle su declaración sobre los hechos del 26 de mayo, Dax salió con su novia  del Distrito Federal y viajó a Acapulco. Ahí, la pareja estuvo varios días; luego se fue a Iguala a la casa de la familia de Dax.
En éste y otros municipios de la franja norte de Guerrero, se disputan el territorio los cárteles de Guerreros Unidos, con Mario Casarrubias al frente, y La Familia Michoacana-Estado de México, comandado por Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish, y José María Chávez Magaña, El Pony, así como Los Caballeros Templarios, liderados por Servando Gómez Martínez, La Tuta.
La pareja permaneció en Iguala hasta el 20 de junio. Ese día por la tarde, Dax, Heydi y su prima Diana Guadalupe Velasco Peña fueron al cine, sin percatarse de que eran vigilados por varios individuos, quienes se desplazaban en dos autos. Al salir de la función los interceptaron y se los llevaron.
La madrugada del día 22 los tres cuerpos calcinados fueron localizados cerca del ayuntamiento de Huitzilac. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos reportó el hallazgo a su par del Distrito Federal. Al día siguiente, el 23 de junio, agentes capitalinos se trasladaron a la morgue de Morelos para tomar las muestras necesarias e intercambiar información con el propósito de detectar si tenían relación con los tepiteños levantados un mes antes.
Tras cotejar las muestras recabadas con los ADN de los desaparecidos el resultado fue negativo. El 28 de junio la madre de Diana Guadalupe se presentó en la morgue morelense luego de una semana sin saber dónde estaba su hija. Ahí reconoció los cuerpos de Heydi y Diana Guadalupe.
La PGJDF cotejó el ADN de Dax con el de su hermano Mario Alberto, El ­Moshino, quien se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente desde el martes 2 por el presunto delito de secuestro agravado. Junto con él fueron consignados Gabriel Carrasco Ilizaliturri, El Diablo, y Andrés Estuart Hononet González, El Andresote, jefe de seguridad y empleado del bar Heaven, respectivamente. Los resultados fueron positivos en 99.98%.
En su declaración preparatoria ante el Juzgado 25 Penal, con sede en el Reclusorio Oriente, ninguno de los tres internos aportó datos concretos sobre lo sucedido en el antro el 26 de mayo último. Según Mario Alberto, copropietario del Heaven, supo del levantón a través de Ismael García Polo, El Polo, su gerente, y negó tener participación en ese evento.
No obstante, cuando se entregó a la justicia tras la captura de su esposa Brenda, quien ya fue liberada, sí aportó detalles: admitió la venta de drogas en su negocio porque el grupo La Unión –cuyo ámbito de operación está en Tepito– lo tenía amenazado; reveló también que Horacio Vite Ángel, El Chaparro, distribuía droga en su negocio.
Según El Andresote, también chofer del Moshino, el día de los hechos salió del bar a las ocho de la mañana y pasó el resto del día con su familia. Sólo El Diablo, el jefe de seguridad del Heaven, se reservó su derecho a declarar.
Sin embargo, cuando dio su testimonio ante el Ministerio Público sí inculpó abiertamente a los hermanos Dax y Mario Alberto, quienes, dijo, tenían problemas con Jerzy Ortiz Ponce, de 16 años y líder de Los Tepis, una organización dedicada al narcomenudeo y la extorsión.
Con base en las declaraciones ministeriales del Moshino, El Diablo y El Andresote, la PGJDF pudo capturar a otros tres presuntos implicados en el secuestro de los tepiteños, entre ellos a Armando Hernández Gómez, El Ostión, quien confesó que el plagio múltiple fue en represalia por el asesinato del Chaparro en el bar Black de la colonia Condesa el 24 de mayo, dos días antes de los hechos del Heaven.
De 34 años, El Ostión, uno de los principales distribuidores de droga en el barrio de Tepito, responsabilizó a Ernesto Espinosa Lobo, socio del Heaven, quien se encuentra arraigado; a Jesús Carmona, El Chucho, y a un sujeto identificado como El Javi. Los dos últimos –prófugos–, dijo, son los presuntos líderes de La Unión.
Junto con El Flaquito, El Camaleón, El Calabozo, El Leinad Chuta, El Hummer y Beto Broncas, según el detenido, El Chucho y El Javi secuestraron a los tepiteños.

Testigo clave

Al igual que el gerente del Heaven, Ismael García Polo, quien está prófugo, Dax Rodríguez era una pieza clave para la PGJDF. Ambos, según la dependencia, participaron de manera directa en la desaparición de los 12 jóvenes, la mayoría de los cuales pertenecen a Los Tepis. Ese día habían llegado al bar, del que eran asiduos, a las 8:30 horas. Iban en dos grupos.
Ese día Zoé Pedraza Aguilar, El Toñín –el testigo que rindió su declaración en el Centro de Atención a Personas Extraviadas– saludó a Dax, quien estaba con El Diablo, El Andresote y El Polo. Fue este último el encargado de introducirlos al bar. Incluso les asignó mesas en la parte alta del establecimiento de la calle Lancaster 27, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.
Una hora después El Polo alertó a su patrón vía telefónica, quien en ese momento desayunaba en un restaurante de la colonia Roma, de una disputa dentro del bar entre integrantes de La Unión Insurgentes –cuyo ámbito de operaciones comprende el corredor Roma-Condesa-Insurgentes y es protegido por Los Caballeros Templarios– y Los Tepis, liderado por Ortiz Ponce y Said Sánchez García.
Jerzy, de 16 años, es hijo de Jorge Ortiz Reyes, El Tanque, quien purga una condena en el penal de máxima seguridad en Hermosillo. Hasta su detención, hace 10 años, era el principal distribuidor de droga en el barrio de Tepito y otras zonas de la Ciudad de México. Actualmente, se encuentra recluido en el penal federal de Hermosillo, Sonora. Said es hijo de Alejandro Sánchez Zamudio, El Papis, también preso por delincuencia organizada y extorsión.
Dax le ordenó al Polo entretener a los tepiteños, mientras los miembros de La Unión Insurgentes pedían refuerzos. “Los Tepis están enfiestados y los pendejos no se han dado cuenta de que los de La U están entrando y saliendo. Yo creo que esto va a valer madre”, dijo un empleado del bar.
Cuando llegaron los refuerzos de La Unión Insurgentes –Chucho Carmona, El Javis, Hummer, Calabazo, Flaquito, Camaleón, Leinad Chuta y Panqué, entre otros–, El Polo ordenó al dj apagar la música y encender las luces. “Me acaban de avisar que va a haber un operativo, tenemos 20 minutos para desalojar”, justificó.
Así, sin aparente violencia de por medio, salvo porque un testigo vio que uno de los de La U llevaba una arma, la agrupación de narcomenudistas apadrinada por Los Caballeros Templarios se llevó a Alan Omar Atiencia Barranco; Eulogio Fonseca Arreola; Guadalupe Karen Morales Vargas; Gabriela Téllez Zamudio; Montserrat Loza Fernández; Rafael Rojas Marines; Jennifer Robles González, El Toñín; Zoé Alberto Osorio Sansón, El Zoé; Luis Ramón Rodríguez Morales, El Chupón; Jerzy Ortiz Ponce; José Piedra Moreno, El Chupetes; Aarón Piedra Moreno; Gabriela Ruiz Martínez, y Said Sánchez García. De ellos, 12 no aparecen aún.
El pasado 6 de junio, un presunto miembro de La Unión Insurgentes, cuya identidad no se dio a conocer, declaró a la agencia EFE que a los 12 tepiteños “se lo quebraron”. Los ejecutores, dijo, son sicarios de Los Caballeros Templarios.
El motivo, según el confidente: vengar la muerte del narcomenudista Horacio Vite, quien trabajaba para dicho grupo en el bar Black. “Lo dejaron como a un perro en un árbol con un balazo”, dijo a la agencia española. Asimismo afirmó que Los Caballeros Templarios dominan el negocio de la droga en la Zona Rosa.
Una testigo declaró a la PGJDF que durante el desalojo los tepiteños fueron heridos con arma blanca. “Alcance a escuchar al Javi y El Chucho cuando decían que el asunto del Heaven ya había valido verga”. A varios de los desaparecidos “ya los habían picado”; a dos de ellos, incluso, comentó, se los habían llevado para “darles una lección”.
Aparte de la disputa por el corredor urbano que concentra la mayoría de los antros de la Ciudad de México, donde cientos de jóvenes suelen acudir los fines de semana a “reventarse”, un presunto desencuentro entre Jerzy Ortiz y Horacio Vite por la venta de drogas derivó en la ejecución de este último la madrugada del 24 de mayo.
Horas antes Vite sacó del bar a Ortiz. Le advirtió que era él quien controlaba la venta de drogas en ese lugar. Luego del altercado, cuatro sujetos encabezados por Bryan Enrique Torres Razo, vecino de Tepito, ingresaron al bar Black con la orden de “darle piso” a Vite.
El narcomenudista no estaba en el lugar, por lo que decidieron esperarlo en la calle. Cuando llegó, Vite entró al antro, detrás de él iban Torres Razo y sus acompañantes. Lo cercaron y lo sacaron a empellones. En el forcejo uno de los agresores hurgó en sus bolsillos. Luego le ataron las manos y se lo llevaron a la calle Mexicali, donde lo tundieron a golpes y le pegaron un tiro en la nuca con una pistola .9 mm.
Al final colocaron el cuerpo junto a una jardinera y huyeron en dos autos. La policía encontró en la bolsa del pantalón de la víctima seis bolsitas de cocaína. Horacio Vite, El Chaparro, tenía su domicilio en Tultitlán, Estado de México, una de las plazas controladas por La Familia Michoacana.

El mayor tianguis

A pesar de contar con la mayor fuerza en el territorio nacional –74 mil efectivos, sin contar las corporaciones federales y militares–, las autoridades de la Ciudad de México no pudieron impedir el asentamiento de cárteles mexicanos y colombianos en el corazón político, económico y social del país.
Desde hace poco más de dos décadas, células de los cárteles de Juárez, Los Arellano Félix, Los Valencia, del Golfo, Culiacán y de Cali tienen una activa presencia en el Distrito Federal y su zona conurbada; más recientemente, Los Zetas, Los Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios también han dejado sentir su presencia.
Esos grupos criminales han dejado sus huellas por todos lados: ejecuciones, decapitaciones, introducción de todo tipo de drogas, operaciones de lavado de dinero, ajustes de cuentas, levantones y atentados contra jefes policiacos federales y locales. Su prolongada estancia en la capital, además de la creciente violencia, ha convertido el entorno y a los 17 municipios conurbados en el tianguis de estupefacientes más grande de país.
Buena parte de la droga que entra a la capital y solía tener como destino final el mercado estadunidense, ahora se comercializa en al menos 10 mil puntos de la megaurbe; 4 mil 500 son narcotienditas. La razón: en el Distrito Federal se concentra casi 50% de la población adicta del país, alrededor de 500 mil personas según datos de la Secretaría de Salud.
Y aun cuando las autoridades capitalinas niegan su existencia, el Cártel de Tepito no ha desaparecido; sólo han cambiado su denominación y sus socios.
Surgió en los ochenta, cuando integrantes de la familia Arias –David y Víctor Arias Pérez, Narciso y Ulises Arias Solorio y Héctor y Gustavo Arias Orozco– unieron fuerzas y comenzaron a comercializar cocaína, mariguana y psicotrópicos en ese cuadrante formado por 57 calles. La venta de grapas de cocaína y mariguana se extendió luego a colonias de la delegación Gustavo A. Madero, en el norte de la Ciudad de México.
La familia Arias se alió con otro grupo de Tepito dedicado a la venta de droga a gran escala liderada por el padre de Jerzy Ortiz, Jorge Ortiz Reyes, El Tanque, y Fidel Camarillo Salas, El Papirín, y Juan Carlos Rodríguez, El Colombiano. De esa fusión surgió el Cártel de Tepito.
En abril de 2001 el entonces titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, aludió a esa organización a raíz de la detención de un operador de Los Arellano Félix, quien en esa época se alió con los principales distribuidores de ese barrio.
El gobierno capitalino puso en marcha un operativo gracias al cual logró capturar al Tanque, al Papirín y al Colombiano. El Cártel de Tepito se atomizó y surgió una docena de grupos (Proceso 1274).

Alianzas tepiteñas

Según de las investigaciones derivadas del caso Heaven, Jerzy Ortiz intentaba seguir los pasos de su padre, aun cuando él aseguró la semana antepasada al diario español El País no saber a qué se dedicaba su hijo. Señaló, sin embargo, que las autoridades capitalinas saben perfectamente bien quién controla la venta de droga en Tepito.
El caso de Jerzy no es el único. De acuerdo con datos obtenidos por Proceso, una buena parte de los jóvenes desaparecidos andaba en malos pasos. Gabriela Téllez Zamudio y Jennifer Robles González, por ejemplo, tenían nexos con una persona identificada como El Grande, a quien testigos del bar Black involucran en el crimen de Horacio Vite.
De acuerdo con la PGJDF, El Grande se dedica a la extorsión (cobro de piso) en Tepito y otras zonas de la ciudad. Sus operadores son, entre otros: los hermanos Josué y Aarón Piedra Moreno, Luis Antonio González Torres y Alán Omar Atiencia Barranco –este último fungía como dealer en el corredor Condesa-Roma-Insurgentes y está casado con Guadalupe Karen Morales Vargas–.
El 26 de mayo Aarón iba acompañado de Gabriela Ruiz Martínez; González Torres mantenía una relación sentimental con Monserrat Loza Fernández. Rafael Rojas Marines, otro de los desaparecidos, dealer de Los Tepis y familiar de El Lobo y El Quick, quienes operan el centro nocturno El Deep, ubicado en el perímetro de la delegación Gustavo A. Madero.
El barrio de Tepito está formado por 57 calles, la mayoría de ellas invadidas por más de 20 mil ambulantes, quienes contravienen la ley, pues no aportan sus cuotas a la Tesorería capitalina.
La pobreza aparente que reina en ese histórico espacio urbano colindante con el Centro Histórico es pura fachada. Muchas de las vecindades construidas después de los sismos de 1985 y viviendas semiderruidas en realidad son bodegas y están repletas de mercancía, gran parte de la cual es ilegal.
El comercio formal también opera en la ilegalidad: más de 50% de los establecimientos formales no tienen permiso para operar y tres unidades habitacionales construidas en anteriores administraciones no existen legalmente pues carecen de escrituras.
Las más de 60 organizaciones de ambulantes fijos y semifijos reconocidas por las autoridades forman parte del submundo de la ilegalidad y de los negocios turbios de Tepito, cuna de grandes deportistas, convertido ahora en semillero de sicarios que se venden al mejor postor.

Cautivos en el infierno

Con el desbordamiento de la violencia del narco en el país también se potenciaron los secuestros y los levantones. Aunque las autoridades federales automáticamente dan por muertas a las víctimas de esos delitos, las familias y organizaciones que buscan a personas desaparecidas recaban cada día más testimonios de sobrevivientes de casas de reclusión o campos de trabajo esclavo. Por eso piden que, además de los restos de los muertos, las autoridades indaguen la pista de los que pueden seguir vivos.

Marcela Turati

“Mi hermano desapareció cuando tenía 19 años. Trabajaba en el pueblo, en una carpintería, y un día unos amigos le dicen que los acompañe a llevar una troca a la sierra, llegando allá con un mueble les dicen: ‘Ustedes se van a quedar aquí a trabajar’, y les dan armas poderosas y trocas y los ponen a cuidar al pueblo. Estaban bajo las órdenes de un comandante, entre la gente, matando. Porque los ponían a matar. Pero mi hermano nunca mató.”
El testimonio es de una joven de Chihuahua. No es un relato más de los que se susurran durante las reuniones de familiares dedicados a la búsqueda de uno de los suyos –extraviados, levantados, secuestrados o desaparecidos–, de esos que dan cuenta de que no todos los desaparecidos están muertos, algunos están vivos, esclavizados; esta historia contiene datos, nombres de pueblos, descripción de criminales.
“Llegaban a las casas y así nomás apuntaban con sus armas, violaban a señoras. Los trataban muy mal, duraban 15 días sin bañarse, de comida les daban puras Maruchan, los traían robando, armados, dando vueltas por el pueblo.”
–¿Y cómo sabes eso? –se le pregunta.
–Mi hermano nos lo contaba.
–¿Cómo?
–Un día logró ir a un cerro y desde arriba le llamó por teléfono a mi papá para decir que estaba bien, pero que los trataban muy mal. Otro día apareció en casa… aprovechó que hubo una balacera… Escapó.
La joven, aunque habla en voz baja, no se ve nerviosa. Parece que tiene necesidad de contar su historia. Está en un encuentro de familias de todo el país que también buscan a uno de los suyos. Aquí supo que su caso no es aislado y acaba de prometerse que nunca dejará de buscar a ese hermano mayor que regresó del infierno y se lo describió, pero tuvo que regresar a él, por su propio pie, para salvar a su familia de ser sometida a un purgatorio, lento, cruel, salvaje, en esta vida.
“Cuando escapó, ellos llamaban a mi hermano para decirle que se regresara para que no nos mataran a nosotros. Mis papás lo mandaron a Chihuahua con un tío, pero él estaba intranquilo. Duró allá unos días, regresó a la casa, creemos que para entregarse, y de inmediato vinieron por él y se lo llevaron a la sierra. La última vez que supimos de él fue un día que habló llorando, decía que no quería estar ahí, que no aguantaba, que veía cosas, que hacían muchos delitos. Llevamos dos años sin noticias.”
El infierno que ella describe es el de una prisión sin rejas. Una cárcel a campo abierto; su hermano vivía con puros jóvenes, unos reclutados a la fuerza, otros estaban ahí por su voluntad, en una casa abandonada a las afueras del pueblo. Se turnaban para dar rondines y vigilar que no llegaran otros a balear. “Ellos eran la policía del lugar”, dice.
Esos “policías” estaban armados, patrullaban en camionetas robadas, no tenían horarios de descanso, comían lo que podían, vivían “bien locos”, estimulados por mariguana o cocaína y sus excesos con frecuencia terminaban con balazos y asesinatos entre ellos. No recibían paga y tampoco podían renunciar al trabajo, ya que sus captores conocen a sus familias.
“De aquí son muchos jóvenes que los linieros (integrantes de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez) se han llevado así. A unos los llevan a trabajar a Cuauhtémoc, Guachochi, San Juanito, Creel, La Junta, Guadalupe y Calvo, Batopilas, a diferentes lugares, o andan cerca de ahí. Unos se han escapado, pero si regresan, se los llevan.”
El acuerdo para esta entrevista es no revelar datos que puedan ayudar a ubicar a la informante, quien ya vive en otra región del país. Aunque dice que son tantos los jóvenes reclutados a la fuerza, con la misma historia, que cualquiera podría haberla narrado.
La posibilidad de que algunas personas consideradas desaparecidas estén con vida, prisioneras, trabajando como esclavas, es una certeza para muchas familias que se han dedicado a investigar el paradero de los suyos y también para organizaciones de derechos humanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, la Ciudad de México y Guanajuato; personal de los albergues de migrantes y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y hasta el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.
La reportera ha constatado que las familias aportaron a los actuales titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación estos datos, que apuntan a la existencia de ranchos, casas de seguridad y bodegones donde los grupos del crimen organizado tienen esclavos, en su mayoría hombres en edad productiva. Muchos migrantes.
El procurador Jesús Murillo Karam pidió tiempo a las familias para crear una unidad especializada en búsqueda, que tuviera un área de inteligencia y otra de fuerza, para liberar a los prisioneros de los cárteles de la droga en operativos sin muertos. Las familias siguen esperando.
Raúl Vera está convencido de que las personas desaparecidas no son huesos: “Hay indicios muy fuertes de que estas personas pueden estar en campos de concentración, donde están haciendo trabajos forzados. Hemos sabido de gente que dice: ‘me escapé’ y que estuvieron en campos, los estaban preparando para usar armas. Por migrantes sabemos que estuvieron secuestrados en casas de seguridad”.
Según reportes de las organizaciones civiles, son forzados a trabajar en el halconeo, el sicariato, la pizca de mariguana, la extorsión, la construcción de túneles, la limpieza de las casas de seguridad y la alimentación de sus prisioneros, la esclavitud sexual o la instalación de equipos de comunicación. O a fungir como policías de regiones tomadas por el narcotráfico.
“Es muy probable que estén caminando entre nosotros, sueltos, pero vigilados porque tienen un trabajo que cumplir”, dice Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, albergue al que han llegado sobrevivientes de esa tragedia que la PGR ha calificado como “crisis humanitaria”.
En México el reporte preliminar de desaparecidos el sexenio pasado es de 27 mil personas y el registro se sigue engrosando en éste.
Juan López, abogado de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), estima que una tercera parte de esas personas forzadas a ausentarse pueden haber sido esclavizadas.
Los hallazgos de la Marina o del Ejército en las “casas de seguridad” atiborradas de prisioneros –la mayoría migrantes– confirman que el fenómeno va en aumento. Sólo el 4 de junio fueron rescatados 165 migrantes en un solo operativo.

Nadie contesta

El fenómeno de la desaparición de personas comenzó a evidenciarse a partir de 2007 en los lugares disputados entre bandas del crimen organizado y las fuerzas federales. Al poco tiempo, organizaciones de derechos humanos escucharon los primeros relatos sobre personas arrancadas de sus hogares y que luego fueron vistas con vida.
Uno de esos testimonios es el del mexicano-estadunidense José Esparza Cháirez, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien dijo a la periodista Carmen Aristegui que al buscar a sus tres hermanos desaparecidos en enero de 2009 en Cuencamé, Durango, varias personas le informaron que los habían visto trabajando como sicarios por la región, disfrazados con uniformes de la Policía Judicial.
Datos como ese eran difíciles de creer y los defensores los atribuían a la esperanza de las familias de que sus seres queridos estuvieran vivos. La hipótesis era que los cárteles mataban pronto a quien levantaban. Con el tiempo, conforme más familias comenzaron a agruparse y detectaron tipologías similares en los casos, la teoría cambió.
Blanca Martínez, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que cobija a la organización de familiares de Fundem/Fundec, creada en 2009 en Coahuila, señala: “Tardamos un rato para llegar a esta hipótesis del trabajo forzado. Fuimos muy cuidadosos de no fomentar una utopía. Sabíamos que las familias, en su dolor, tienen que aferrarse a cualquier esperanza, pero después tuvimos algunos indicios de que es posible”.
–¿Cómo cuáles?
–Las familias reciben llamadas telefónicas en fechas íntimas muy significativas, como el cumpleaños de la madre, algún aniversario. Suena el teléfono y nadie contesta del otro lado. Las madres comienzan a charlar, porque creen que son sus hijos que se están reportando aunque no hablen, porque los tienen de manera forzada, y lo hacen así para no arriesgar a la familia.
En varios casos algún familiar dice haber visto en la calle al pariente considerado desaparecido, con quien sólo puede hacer contacto visual para no ponerlo en peligro. A la par, la red nacional de albergues de migrantes ha tomado testimonios de personas fugadas de esos lugares.
“Decían que estuvieron en casas de seguridad, en el campo, en espacios poco urbanizados, junto a otras personas capturadas y sin permiso de hablar entre ellos. A diario los sacaban a trabajar. Unos duraron seis meses, otros un año, en un estado de terror porque cada semana juntaban a todos y asesinaban a uno. Pudieron escaparse cuando había un operativo de la Marina, en la confusión podían correr”, relata Alberto Xicoténcatl.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró testimonios similares en 2010, en su informe sobre el secuestro de migrantes. Sólo de 2009 a 2013, la Sedena liberó en 531 operativos a 2 mil 352 personas cautivas, 855 de ellos migrantes, según un reporte obtenido mediante la ley de transparencia. La mayoría de los municipios-prisiones donde se encontraron decenas de secuestrados están en Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Michoacán y principalmente en Tamaulipas.

Doblemente desaparecidos

El abogado Juan López dice que aunque han sabido de personas que “aparecen” en otros estados, no han podido entrevistar a ninguna: “La gente que escapa queda descompuesta, psicológicamente rota. Se sabe que aparecieron, pero no dónde están. Es tan estrujante la experiencia que alcanzan a llegar a sus casas, toman sus cosas y huyen. Se fuerzan a desaparecer y empezar su vida lejos”.
El sacerdote Pedro Pantoja, fundador de la Casa del Migrante de Saltillo, quien sí ha tratado con los sobrevivientes de ese infierno, los describe:
“Llegan flacos, maltratados, horrorizados porque los tuvieron ‘trabajando’. No siempre pueden hablar, y si lo hacen es con terror de lo que vivieron en esos hoteles, bodegas o almacenes donde los tienen, donde veían llegar a la policía. Algunos fueron torturados, otros llegan casi con pérdida de personalidad.”
Es tal el trauma de estos hombres y mujeres que debió crear un área de salud mental para atenderlos.
Las organizaciones de derechos humanos del país registran que la mayoría de los desaparecidos en las zonas disputadas por los cárteles son hombres en edad productiva (de 19 a 35 años) y muchos de ellos hacían un trabajo especializado. Un ejemplo son los 12 técnicos dedicados al mantenimiento e instalación de antenas de telecomunicación desaparecidos, 10 de ellos en Tamaulipas y dos en Coahuila.
“Entre los que buscamos hay ingenieros, y lo piensas cuando ves que descubrieron los llamados narcotúneles con trabajo de ingeniería. También hay veterinarios, albañiles, y varios con habilidades que los hacen susceptibles de trabajar en una gran empresa como la delincuencia organizada”, dice Blanca Martínez.
Alfonso y Lucía, padre y madre del ingeniero en sistemas defeño Alejandro Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011 tras pasar la caseta de Sabinas Hidalgo rumbo a Texas, comparten la hipótesis de muchas familias: “Ellos (los criminales) necesitan de todo tipo de gente para que la maquinaria funcione. Es por lógica. Necesitan médicos, enfermeras, ingenieros, obreros, albañiles, por eso se los llevan”.
La pareja descubrió que los tripulantes de otros cuatro autos desaparecieron en el mismo tramo carretero. Pero no fue sino hasta agosto de 2011, a partir de que dos policías federales fueron degollados en la zona, que el Ejército y la Policía Federal realizaron operativos en esos municipios nuevoleoneses colindantes con Tamaulipas y encontraron un campamento donde entrenaban unos 200 futuros sicarios, ranchos ocupados por zetas, 38 antenas en Escobedo y 43 repetidoras en Saltillo. Tuvieron un enfrentamiento en El Vallecillo, donde 20 “sicarios” fueron asesinados y 40 escaparon.
Mientras muestra esas noticias, Alfonso Moreno reflexiona: “Alguien tiene que estar operando las antenas que usa la delincuencia organizada, no sabemos si ahí traen a los jóvenes, obligados a trabajar, o si a mi hijo lo obligaron a ser sicario y es uno de los que la nota dice que escaparon”.
No lo dice, pero deja claro ese miedo que expresan muchas familias: “¿Y si uno de ellos es mi hijo y el Ejército dispara a matar sin darle tiempo de decir nada?”.
El 5 de junio pasado, tras varios meses de entrevistas con familiares de Fundec, el gobernador Rubén Moreira, quien ha reconocido que en su estado han desaparecido 2 mil personas, anunció que su gobierno busca también a los vivos. Contra la lógica nacional, no sólo busca restos.
Los indicios se manifiestan en todo el país. En el Distrito Federal, Carlos Cruz, director de la organización Cauce Ciudadano, que acompaña a jóvenes en riesgo, relata que en un tutelar de menores (se reserva la ubicación por seguridad) encontró un grupo de adolescentes de 15 años que fueron levantados de sus barrios en Nuevo Laredo y durante 90 días llevados de pueblo en pueblo hasta terminar en un campo de entrenamiento en armas de Los Zetas.
La defensora Malú García, de la organización chihuahuense Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dice que a partir de 2008, cuando el Ejército y la Policía Federal ocuparon Ciudad Juárez, los integrantes de la pandilla Los Aztecas, al ver mermado el narcomenudeo, se dedicaron también a la trata de mujeres. Al menos 30 de ellas han desaparecido y la organización presume que mientras sean negocio, las mantendrán vivas.
Teresa Ulloa, directora en México de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dice que en todas las regiones disputadas por narcotraficantes se registra la desaparición de jovencitas que probablemente sean usadas como esclavas sexuales de los capos o sus tropas.
Un defensor de derechos humanos, que pide no ser identificado, recrea el testimonio de un sobreviviente de la reclusión en Tamaulipas: “Dice que les daban camioneta y armas y los ponían a cobrar. Tenía que entregar una cantidad mensual de dinero y hacerle como pudiera si quería vivir. Entonces ellos extorsionaban a todos y obligaban a los de la gasolinera a llenarles el tanque. Y aunque traían camionetas y armas, no estaban libres, estaban en una cárcel abierta y tenían que pagar cuota al presidente municipal y la policía. La gente los consideraba parte de los malos. ¿Cómo iba a escapar?”.
Un defensor de Chihuahua consultado para este reportaje mencionó que han tenido noticias sobre jóvenes enganchados para trabajar en la pizca de legumbres en Sinaloa. Ahí mismo los hicieron prisioneros y los obligaron a sembrar mariguana. Pocos tienen la oportunidad de escapar en esos campos vigilados por matones armados.
Otro defensor que pide no ser identificado cita el relato de una persona que para buscar a su hijo entró disfrazado a una bodega en las afueras de una ciudad, también del norte, donde vio personas hacinadas (“a más de 200”), escuchó sus lamentos, respiró ese olor concentrado de orines, excrementos y sudores. Quedó traumado.
Un integrante de la red nacional de albergues de migrantes dice que este año tomaron la declaración a un hombre que dijo haber estado en un rancho en Tamaulipas donde tenían retenidas a personas en jaulas hechas con mallas “como de gallinero, donde los tenían día y noche, hiciera sol o lloviera, comiendo pan y agua una vez al día, hasta que sus familiares pagaran rescate”. Él escapó una noche que sus guardias estaban demasiado drogados.
Testimonios como esos son recibidos cada vez con más frecuencia por las organizaciones de derechos humanos, pero nadie se atreve a decir “yo estuve desaparecido” por miedo a los victimarios, que sí están protegidos.

La industria del crimen organizado que protegió Calderón

El gobierno panista de Felipe Calderón quedó marcado por la tragedia humanitaria que superó, sin lugar a dudas, los 25 años de la Guerra Sucia desarrollada por el gobierno federal en las décadas de 1960, 1970 y parte de la de 1980, en contra de la oposición, principalmente de izquierda, y de todo aquel movimiento social que se opusiera o criticara las políticas públicas.

  Miguel Badillo * / @badillo_contra

 

México vivió un sexenio sangriento: más de 100 mil civiles fueron ejecutados, otros 30 mil desaparecieron; miles de familias, se calcula 250 mil, fueron desplazadas por la violencia y otros cientos de miles más perdieron su patrimonio. Centenas de niños y niñas quedaron huérfanos, sin protección alguna, y otros cientos de personas viajan por todo el país en busca de sus familiares.

 

Otros problemas sociales se profundizaron en el gobierno anterior, como la corrupción institucionalizada y la impunidad. Ésta es la herencia que dejó Calderón, quien para protegerse huyó del país y se refugió en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hasta donde el brazo de la justicia mexicana parece ser que nunca alcanza.

 

Oficialmente, Calderón dijo que la “guerra” acabaría con el crimen organizado, pero lejos de esa “promesa” los grupos delincuenciales florecieron y se han convertido en verdaderas empresas trasnacionales, al grado de que su antecesor, el expresidente Vicente Fox, también panista, planea –como lo ha dicho– producir a gran escala mariguana.

 

En el sexenio anterior prácticamente nadie fue a parar a la cárcel. La impunidad no sólo cubrió a los delincuentes, también a quienes los protegieron y los fortalecieron, un grupo de políticos y policías corruptos encabezados por el exmandatario.

 

La consolidación de la delincuencia es tal, que ni la autoridad puede desmentirla. Y es que no es fácil ocultar la prosperidad: los negocios de los cárteles del narcotráfico llegan a más de 50 países de los cinco continentes.

En lo doméstico, la expansión de los cárteles tampoco se puede negar. El mapa de la delincuencia abarca prácticamente todo el país, tal como lo revela una importante investigación publicada en Contralínea por la reportera Nancy Flores, en la primera semana de junio (337).

 

Se trata de un mapeo hecho por la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se identifican 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos. De éstas, ocho son consideradas “grandes organizaciones del narcotráfico”, descubre el informe Células delictivas con presencia en el país, fechado el 25 de marzo de 2013.

 

Se calcula que, tan sólo por venta de drogas en Estados Unidos, esos ocho grupos criminales –Los Zetas, el Pacífico, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los Beltrán Leyva– obtienen ganancias anuales superiores a los 39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos); esto significa que las bandas delincuenciales son 15 veces más rentables que el Grupo Carso de Carlos Slim.

 

Del documento oficial destacan varios puntos. Uno de ellos plantea que el Cártel del Golfo ha dejado de existir desde el año pasado, tras la captura de quien sería su último líder, Eduardo Costilla Sánchez, el Coss (ocurrida el 12 de septiembre de 2012). De ser cierto lo que afirma la PGR, la desaparición se derivaría del debilitamiento que le causó la ruptura a fines de 2009 y el posterior enfrentamiento con su brazo armado Los Zetas.

 

Otro punto destacado es el encumbramiento del Cártel de la Barbie, a pesar de que su cabecilla, Édgar Valdez Villarreal, fue detenido el 30 de agosto de 2010. Hasta ahora, el narcotraficante conocido con el sobrenombre de la Barbie había sido identificado como un criminal de rango medio: era el jefe de los sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva.

 

Este Cártel de la Barbie cuenta con más grupos afines (23) que las otras siete grandes organizaciones. Le sigue el de los Arellano Félix, con 14; el Cártel del Pacífico, con 12; La Familia Michoacana, con cinco; Los Zetas, con tres; y los Caballeros Templarios y el Nuevo Cártel de Juárez, con dos, respectivamente. Mientras que del Cártel de los Beltrán Leyva se habrían escindido 19.

 

Aunque en términos de número el Cártel de Sinaloa ocupa el tercer lugar, éste es el que tiene a las organizaciones más relevantes a su favor: Gente Nueva, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Poniente, Cártel de la Laguna, Los Mata-Zetas, Los Cabrera, La Barredora, el Comando del Diablo o Comando Guerrero Diablo, el Aquiles, el Tigre, los Artistas Asesinos y los Mexicles.

 

El consorcio criminal que encabeza Joaquín Guzmán Loera –y que se extiende a 50 países de los cinco continentes– controla el mercado de la cocaína y las metanfetaminas. Pero sus negocios no se limitan a los llamados delitos contra la salud, al tráfico de armas y al lavado de dinero; también están involucrados en tráfico de personas, de animales en peligro de extinción, de maderas finas y piedras preciosas, trata de blancas, secuestro, robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, robo de automóviles, piratería, extorsión y cobro de piso. Es decir, es la industria delincuencial más peligrosa del país y a la cual el gobierno de Felipe Calderón rindió protección.

 

El informe de la PGR señala que Gente Nueva se ubica en Chihuahua y Sinaloa; el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz; Los Cabrera, en Durango y Chihuahua; La Barredora y el Comando del Diablo, en Guerrero; el Cártel del Poniente, en Coahuila; el Cártel de la Laguna, en Durango y Coahuila; Los Mata-Zetas, en Veracruz y Jalisco; las pandillas del Aquiles y del Tigre, en Baja California; y las de los Artistas Asesinos y los Mexicles, en Chihuahua.

 

Los Zetas, considerados como los narcotraficantes más violentos del país y cuyos negocios abarcan el continente americano y llegan hasta el europeo, tendrían bajo su control, según la PGR, a tres organizaciones de menor nivel pero igual dimensión de brutalidad: Los Talibanes, Los Legionarios y Los Hijos del Diablo.

 

No obstante, al parecer dos se han deslindado del que originalmente era el brazo armado del Cártel del Golfo, conformado en un principio por militares de elite que desertaron de los grupos Aeromóvil y Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.

 

De acuerdo con la investigación confidencial de la Procuraduría, Los Talibanes se ubican en Tamaulipas y Quintana Roo. Esta facción, sin embargo, declaró la “guerra” a Los Zetas el 1 de junio de 2012. Ese día se colocaron en Zacatecas unas mantas presuntamente de su autoría, con las fotografías impresas del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y de otros delincuentes que habían sido abatidos o capturados, bajas que entonces le achacaban a el Lazca.

 

El 20 de agosto de 2012, el líder de esta célula Iván Velázquez Caballero, el Z-40 o Talibán, rompió abiertamente su vínculo con Los Zetas tras señalar en unas mantas colocadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Miguel Treviño –el Z-50– y Heriberto Lazcano se aliaron con “los federales” y traicionaron a sus jefes para poder controlar el cártel. El Z-50 fue capturado el 28 de septiembre y el Lazca fue “abatido” el 7 de octubre de ese mismo año por elementos de la Secretaría de Marina.

 

El segundo grupo que la PGR vincula a Los Zetas –Los Legionarios– opera en San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Su objetivo, según refirieron el 20 de octubre de 2012 a través de unas mantas, es acabar con el Z-40 o Talibán. “Los Legionarios somos un grupo de Zetas renegados que fuimos traicionados por ‘Z-40’. Los Legionarios tenemos claramente la orden de exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias… ojo por ojo” (sic).

 

Los mensajes, reportados por algunos medios de información, concluían así: “Nuestro negocio es el narcotráfico, sólo y exclusivamente. Respetamos a las fuerzas federales y la lucha que hacen para terminar con el narco” (sic).

 

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, Los Hijos del Diablo se localizan en San Luis Potosí y Zacatecas. A esta célula se le vincula con el narcotraficante Miguel Treviño e incluso con miembros del supuestamente extinto Cártel del Golfo.

 

El fraccionamiento de la mafia mexicana ha derivado en el ascenso del nuevo Cártel de la Barbie, como identifica la Procuraduría General de la República a una de las “grandes organizaciones del narcotráfico” y de la cual no se tenía registro hasta ahora.

 

Dicha organización tiene vínculos con El Indio, que opera en Chiapas, el Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos y Quintana Roo; Los Canchola, El Cabezas, El Panda, El Coyote y El Banda, en Morelos; La Oficina, el Cártel Independiente de Acapulco, Los Marquina, Santana Ríos Bahena, Iguala, El Mudo y EI Yey, en Guerrero; El Güero Guetamo, en Guerrero y Morelos; el Cártel del Centro, el Comandante 8 y el JJ y/o Batman, en el Estado de México; Los Pelones, en Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Estado de México y Chiapas; el Javi, en Quintana Roo; el Pelón, en Chiapas; el Pelos, en Morelos, Distrito Federal, Estado de México y Guerrero; La Nueva Administración, en el Distrito Federal; y grupos al mando de una persona con el apellido de Solano, en Morelos y Guerrero.

 

La ubicación de las 88 organizaciones del narcotráfico es parte de un amplio diagnóstico sobre la delincuencia organizada con el cual el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha empezado a trabajar para diezmar su presencia y, por primera vez, contar con una estrategia multidisciplinaria que involucre a varias secretarías de Estado, para hacerle frente al crimen organizado e impedir que sigan ganando territorios en todo el país. Es la misión que Enrique Peña Nieto ha encomendado al procurador y a los órganos de seguridad nacional e impartición de justicia.

 

*Periodista

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Por la narcocampaña, Aristóteles Sandoval paga

Para empezar, un enigma sangriento  

Con sólo nueve días en el gobierno del estado, Aristóteles Sandoval sintió la presión de la delincuencia organizada con el asesinato, de día y en la vía pública, de su secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez. Armado el rompecabezas de testimonios, se ve a un oscuro personaje que movía dinero a raudales, que hizo aportaciones a la campaña de Sandoval y cada tanto quedaba mal con sus socios. Falta comprobar si el nuevo gobierno del viejo PRI apuesta por una investigación creíble o le gana la genética y opta por enterrar el problema.

Alberto Osorio M. Y Felipe Cobián R.

GUADALAJARA, JAL.- La tarde del sábado 9, la recién estrenada administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se cimbró con el asesinato del secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez, y puso de manifiesto el endeble método del gobernador priista para seleccionar a sus colaboradores.
Con apenas nueve días en el poder, ya enfrentaba sospechas de que un miembro de su gabinete estaba involucrado en lavado de dinero, turbios negocios inmobiliarios y casinos.
El secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, se apresuró a afirmar que los motivos del crimen “probablemente estarían ligados a sus actividades empresariales” anteriores al cargo. Esta afirmación le acarreó al exsenador fuertes críticas, sobre todo en las llamadas redes sociales.
El excandidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, señala que el asesinato de Gallegos hace obligatoria una explicación clara por parte de Sandoval Díaz, quien por cierto no apareció en actos públicos hasta el miércoles 13.
Y el penalista Fernando Espinoza de los Monteros, investigador de la Universidad de Guadalajara, dice en entrevista que con este crimen se abren interrogantes sobre la posible conexión del funcionario con el lavado de dinero.
Señala que Zamora Jiménez intentó desmarcar al gobierno del estado de cualquier revelación comprometedora de Gallegos, pero “la carga del hecho a sus actividades empresariales significa mucho; quiere decir que este hombre tenía compromisos a lo mejor no confesables y eso lo lleva a la ejecución”.
Añade: “Hace seis años lo habían baleado y eso motivó que se fuera a vivir a Houston. El antecedente nos habla de un compromiso con el crimen, esa es la verdad, con el crimen organizado… y creo que lo más cercano es el lavado de dinero”.
Comenta que con problemas como éste a dos semanas de tomar posesión, Aristóteles Sandoval tendrá que ofrecer una investigación creíble y presentarla lo más rápido posible, pues de otro modo perderá la confianza de la ciudadanía: se percibirá que si se puede tocar a las personas de alto nivel, se puede tocar a quien sea.
Por el bien de los jaliscienses, enfatiza Espinoza de los Monteros, conviene pensar que la posibilidad de riesgo de cualquier otro atentado está superada: “Sería gravísimo que ocurriera otro hecho igual, porque entonces dónde nos vamos a esconder, no podemos hacer una Guadalajara fuera de esta ciudad. Creo que sería un problema político social de orden nacional”.
Por la ejecución de Gallegos, el diputado local panista Alberto Esquer propuso que los funcionarios de primer nivel se sometan a pruebas de control de confianza.
Hasta el cierre de esta edición el fiscal central del estado, Rafael Castellanos, no ha podido determinar ni el móvil ni la autoría del asesinato.

La persecución

El cuerpo del fugaz secretario de Turismo quedó tendido a un lado de su camioneta, entre la avenida Acueducto y Josemaría Escrivá, en Colinas de San Javier (lujosa colonia ubicada en los límites de Guadalajara y Zapopan), a menos de 300 metros de la que fue residencia de Ignacio Coronel.
Gallegos Álvarez regresaba de una reu­nión de trabajo del gabinete en Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador. Se supone que desde ahí lo siguieron sus asesinos, aunque lo atacaron a pocas cuadras de llegar a su domicilio, en un edificio de su propiedad con departamentos de lujo en Puerta de Hierro, donde también tenía una agencia de autos Ferrari.
Tanto esta colonia como Colinas de San Javier están muy vigiladas con cámaras en la vía pública. Pero los agresores seguramente conocían bien el lugar porque ultimaron a Gallegos en un punto aparentemente ciego, ya que no se cuenta con videos del momento de la ejecución y sí de la persecución anterior, sólo decenas de metros atrás.
Según testigos, el crimen fue perpetrado por varios pistoleros que iban a bordo de una camioneta Blazer azul y un auto Volvo. Algunos vieron que sobre Acueducto y Loma Ancha, cerca del Centro Cultural Colinas, dichos vehículos perseguían a la camioneta Toyota Highlander con placas JHZ-1600, propiedad del gobierno de Jalisco, que utilizaba el funcionario. No es blindada.
El fiscal central, Rafael Castellanos, dijo que en el lugar del homicidio por lo común se encuentran en operación seis cámaras de vigilancia, pero ninguna enfocó las placas de las unidades de los atacantes.
Cerca del Paseo de la Noria, los asesinos empezaron a disparar. Los tres primeros balazos perforaron el cristal posterior de la Toyota, en cuyo asiento trasero viajaba al parecer Gallegos. En las inmediaciones del cruce de Acueducto y Josemaría Escrivá, la Toyota se impactó contra un Jeep verde que avanzaba entre Colinas de San Javier y Plaza Pabellón. Como la camioneta se quedó varada, el chofer corrió y alcanzó a refugiarse en un edificio aún en construcción.
De acuerdo con un testimonio, un sicario se bajó de la Blazer y le disparó a Gallegos. Después volvió a su vehículo, se abrochó el cinturón de seguridad y huyó sin prisa con rumbo a la avenida Patria.
Empleados de varios negocios y trabajadores de la construcción presenciaron la persecución desde las azoteas. La Fiscalía Central consiguió declaraciones de 40 testigos. Minutos después, la policía de Zapopan detuvo a cuatro personas que viajaban en una Blazer similar a la descrita en los testimonios, pero 24 horas después quedaron en libertad al comprobarse que eran inocentes.

Fantasma empresarial

Hasta ahora se desconoce el origen de la fortuna de Gallegos Álvarez, que a través del consorcio Jegal Project & Construction Management era dueño de grandes hoteles y condominios lujosos en Guadalajara, Puerto Vallara, Nuevo Vallarta, Nayarit, Cancún, Quintana Roo, y, presuntamente, en Texas, Estados Unidos.
La riqueza del ingeniero civil, de 47 años y egresado del ITESO, resulta aún más oscura porque de ser un supervisor de obras en la década de los ochenta y principios de los noventa, en el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri (1989-1992), pasó a ser empleado de la empresa hotelera Mayan Resorts, antes Vidafel, de la cual llegó a ser directivo hasta hace siete años, y no accionista, como aclaró el consorcio al darse a conocer el asesinato.
Mayan Resorts envió un comunicado a los medios de información: “El Consejo de Administración de Mayan Resort y Grupo Vidanta desean por este conducto manifestar que el señor Jesús Gallegos Álvarez dejó de prestar sus servicios laborales en marzo de 2006 (…) a partir de esa fecha no ha habido relación alguna con el señor Gallegos”.
No obstante, los pocos empresarios que admiten haberlo conocido aseguran que la buena suerte de Gallegos se inició cuando se asoció con Daniel Chávez Morán, principal accionista de Mayan Resorts, “aunque después se distanciaron” y cada uno por su lado partió hacia Houston, Texas.
A decir de uno de esos entrevistados, desde entonces el ingeniero Gallegos despegó fuerte, “con desarrollos muy importantes pero también muy sospechosos”.
En Jalisco era poco conocido hasta su designación como secretario de Turismo. Las esquelas del sector privado fueron escasas; se publicaron un poco más del gobierno estatal y de municipios metropolitanos.
Al día siguiente del crimen, el domingo 10, Gallegos fue despedido con una misa de cuerpo presente en el templo de San Juan Macías, cerca de su domicilio y de donde fue ejecutado. Acudieron pocos funcionarios de primer nivel. Entre las ausencias más notables estuvo la del gobernador, que permaneció un rato en el velorio, en casa de quien fue su colaborador. A la misa tampoco fueron Arturo Zamora, Ricardo Villanueva, Mauricio Gudiño ni Alberto Lamas, del círculo cercano al gobernador.
A quienes sí se les vio en la iglesia fueron los secretarios de Educación, Francisco Ayón; de Salud, Jaime Agustín González; del Trabajo, Eduardo Almaguer, y los alcaldes de la zona metropolitana Ramiro Hernández, Jorge Arana y Alfredo Barba, de Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque, respectivamente.
También asistieron el senador Jesús Casillas y el diputado local Miguel Castro, el rector electo de la UdeG, Tonatiuh Bravo, y los dirigentes Francisco Beckman, de la Canaco, y Óscar Benavides, de la Coparmex.
Cuando Gallegos fue designado secretario, Beckman declaró al diario Mural que no conocía sus antecedentes pero le daba su voto de confianza. En el mismo sentido se pronunció el presidente del Consejo Regulador del Tequila, Miguel Ángel Domínguez Morales.
Cuatro días después del asesinato de su colaborador, Aristóteles Sandoval dijo a los reporteros en un acto empresarial que Gallegos fue incluido en su gabinete en el marco de la propuesta de abrir su administración a la sociedad y después de analizar su perfil:
“A muchos los conocí recientemente, pero con amplias credenciales de experiencia en el ramo, conocimiento, título profesional y que nadie presentara antecedentes penales. No se tenía conocimiento de ningún ilícito.”
Un empresario que pidió no publicar su nombre dijo a este semanario que un ambicioso proyecto denominado La Tranquila pudo hundir al ingeniero, por lo que tuvo que irse a residir a Houston, concretamente al fraccionamiento denominado Woodlands. Sólo ocasionalmente venía Gallegos a Guadalajara.
Vivía una especie de exilio empresarial y la mayor parte del tiempo residía en Texas, mientras que su familia radicaba en Canadá, coincide el industrial Manuel Villagómez Rodríguez. “La invitación para sumarse a la administración estatal la recibió directamente del señor gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval”, precisó.
Otras personas consultadas indicaron que días antes de su nombramiento Gallegos incrementó sus visitas a la capital jalisciense. Venía en un avión privado Cessna 414 de dos motores, matrícula N325KC, valuado en 649 mil dólares (más de 8 millones de pesos).
Su meteórica incursión en la política la debió en gran parte a los recursos que aportó para la campaña de Aristóteles Sandoval, aunque oficialmente ningún integrante de su equipo lo admite.
Y aunque representantes de cúpulas empresariales y miembros del gabinete dicen que lo conocían muy poco, lo cierto es que en 2009 Jesús Gallegos y otras personas intentaron comprar el equipo de futbol Atlas. “Para convertirlo en otro Barcelona”, alardeó. La compraventa, estimada en 20 millones de dólares, no se realizó por diferencias entre los inversionistas, entre quienes estaban el futbolista Rafael Márquez, el cantante Alejandro Fernández, El Potrillo, y Guillermo Romo Jr., hijo del industrial tequilero Guillermo Romo de la Peña.
Empresarios consultados por este medio indican que, al llegar al gobierno, Gallegos traía compromisos amarrados y deudas con personas que hasta la fecha no han sido identificadas. Villagómez Rodríguez indica que en la pasada campaña Gallegos invirtió mucho dinero, aunque desconoce la forma en que lo entregó. “Queda por descubrirse si en realidad con su aporte compró la Secretaría de Turismo”, dice.
Gallegos era yerno de Agustín Espinoza, un reconocido constructor local a quien se le atribuye el crecimiento vertical en la parte norponiente de la mancha urbana. Sin embargo, tuvieron diferencias y se distanciaron.
A Villagómez le parece grave que los dirigentes de la Canaco y de la Coparmex en Guadalajara digan que casi no conocieron al funcionario asesinado: “En el primer caso, el organismo se llama Cámara Nacional de Comercio y Turismo; cómo pueden decir que no conocen o que conocía muy poco a la persona que llega para hacerse cargo del sector. También Coparmex brinca y dice que tampoco le conoce, cuando se supone que Gallegos estaba ligado a la Coparmex”.
Añade que no sabe si los empresarios y el gobierno del estado acordaron deslindarse así del crimen. Para él, Arturo Zamora mostró su habilidad política al apresurarse a declarar que el crimen no tenía nada que ver con su trabajo como funcionario, para desmarcarse de inmediato.
Otro asunto del que poco se sabe es que en la administración de Emilio González, cuando Óscar García Manzano dirigía el Instituto de Pensiones del Estado, Gallegos recibió autorización para usar un extenso predio en la zona de alta plusvalía cercano al fraccionamiento Valle Real y el Trompo Mágico, en donde pretendía construir departamentos de lujo.
Y en la avenida Francisco Medina Ascencio, de Puerto Vallarta, frente a la Marina, Gallegos construyó el edificio Deck-12,­ en cuya planta baja se instaló el casino Vallarta, propiedad del camionero regiomontano Arturo Rojas Cardona.
Por cierto, ese casino fue clausurado por Protección Civil el 15 de noviembre pasado. No obstante, el director de la Policía Municipal, Silvestre Chávez, envió de inmediato a sus uniformados a quitar los sellos. De paso, empleados de la empresa retuvieron ilegalmente durante una hora a la reportera Doraliz Terrón, de Milenio Pacífico, por cumplir con su trabajo de informar. (Con información de Miguel Ángel Infante)

Las casas de San Diego y otras propiedades de Gordillo

De las propiedades de la ex lideresa sindical, Elba Esther Gordillo, resaltan 2 casas ubicadas en un exclusivo Club de Yates de Coronado Cays, en San Diego, California.

La investigación sobre la presunta red de lavado de dinero de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo tiene una línea para indagar todos sus bienes, incluyendo los que pudieran estar registrados por familiares o prestanombres en México, Estados Unidos y Europa, de acuerdo con El Universal.

Elba Esther es dueña de un lote ubicado en el número 23 de Green Turtle Road, en el Club de Yates de Coronado Cays, en San Diego, California, según ha publicado a prensa nacional, la residencia fue adquirida desde 1991.

De acuerdo con Reforma, la casa Green Turtle 23 tiene seis recámaras, mide 440.46 metros cuadrados y tiene un valor de más de 4 millones de dólares.

Otra propiedad de la maestra se ubica en la misma calle Green Turtle, pero en el número 1, tiene cinco recámaras, mide 409 metros cuadrados y tiene un precio de más de 4 millones de dólares, según Reforma.

 Mira el video del exclusivo Club de Yates de Coronado Cays, en San Diego, California

Además, Reforma publica otras tres propiedades de la lideresa. La primera, ubicada en Edgar Allan Poe 10, una casa valuada en 10.5 millones de dólares.

Una más Dickens número 30, departamentos tres y siete. Y otra propiedad en Paseo de Ahuehuetes 501.

Además, de acuerdo con El Universal, a la maestra se le han detectado cuentas de inversión en empresas como Morgan Stanley o Merrill Lynch.

Además, los allegados a Gordillo hicieron transferencias a países como Bélgica y España, así como operaciones financieras a bancos de Suiza y el principado de Liechtenstein, apunta el diario.

Además, existen indicios de que cuenta con bienes en España o Francia, además de los inmuebles en la ciudad de México.

Ve más fotos de las residencias de Elba Esther:

 

Abrazos y no balazos: López Obrador

* Transcripción de la conferencia de prensa que ofreció esta mañana Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista

Buenos días. Hoy quiero dar a conocer nuestra propuesta para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública en el país.

La violencia junto con el desempleo es el más grave de los problemas nacionales. Tenemos claro que sin garantizar la seguridad, resulta ociosa cualquier nueva propuesta de nación.

Aquí con toda claridad sostengo que vamos a resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Hago el compromiso de serenar al país. Lo haremos con una nueva estrategia, no con medidas coercitivas, sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

La solución de fondo al problema de la inseguridad, la más eficaz y la más humana, probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo; es decir, la falta de falta de trabajo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y por ofrecer alternativas a millones de jóvenes que han sido excluidos del desarrollo y del bienestar.

Está más que demostrado que no basta con la militarización, que no basta con cárceles, con leyes más severas o con mano dura. La violencia no se resuelve con más violencia, el mal no debe enfrentarse con el mal, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo en especial a los jóvenes.

Nosotros vamos a serenar al país ofreciendo oportunidades de trabajo, creando una atmósfera de bienestar y atendiendo de manera especial a los jóvenes. Eso será lo primero. Crear –repito—una atmósfera de progreso y de justicia.

Nadie verá cancelado su futuro y siempre se mantendrán opciones y oportunidades para salir adelante y vivir con dignidad. Por ejemplo, hay decenas de miles de jóvenes que obligados por las circunstancias están a punto de tomar el camino de las conductas antisociales. A ellos, antes de que caigan en las redes de la delincuencia, antes de que sean enganchados, se les rescatará y el gobierno les ofrecerá oportunidades de estudio y de trabajo.

Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Esta nueva estrategia va a ser complementada con las siguientes medidas:

1. En materia de seguridad, como en otros asuntos de interés público, el gobierno se guiará bajo el principio de que nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. En particular señalo que no se perseguirá una banda para proteger a otra, se aplicará la ley por parejo y no habrá impunidad.

2. Los encargados de la seguridad pública y de la procuración de justicia, como ya hemos dado a conocer los nombres de quién será mi consejero jurídico, el procurador general de la República, el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Gobernación, son hombres y mujeres rectos, de inobjetable honestidad, incorruptibles. Se va a desterrar la corrupción en agencias del ministerio público y en las corporaciones policiacas.

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Cierran 169 mil empresas por narcoviolencia en 2011: Coparmex

El asesinato del comandante de la Policía Ministerial de Sinaloa, José Luis Ibarra Velázquez.

Juan Carlos Cruz Vargas

MÉXICO, D.F. (apro).- La violencia provocada por el crimen organizado ha desalentado de tal manera la inversión que en 2011 cerraron 160 mil empresas y emigraron “miles” de familias “productivas” a otras naciones, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Al rendir su mensaje semanal, el presidente de la Coparmex, Alberto Espinosa Desigaud, afirmó que “en México la inseguridad está alcanzando niveles no vistos en décadas. La percepción de los ciudadanos es que la violencia, lejos de disminuir, está aumentando”, subrayó.

En un comunicado, el líder empresarial aseguró que en todos los sectores de la sociedad hay frustración y decepción por la impunidad que predomina en el país y por la falta de responsabilidad de las autoridades.

La violencia en el país es imparable, al grado que ni el gobierno de Felipe Calderón ha logrado detenerla, pese a la “guerra” declarada a los criminales al inicio de su sexenio, que ha dejado más de 47 mil muertes, señaló la Coparmex.

“El Estado no está cumpliendo con su principal obligación: garantizar la seguridad y la integridad física y patrimonial de todos los ciudadanos. Los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes. Ni la implementación de la Plataforma México ni la inversión en equipos policiacos con tecnología de punta han logrado disminuir la delincuencia”, sostuvo Espinosa Desigaud.

Al contrario, añadió, los homicidios, el secuestro, los plagios, las extorsiones, la impunidad y las fugas en los penales se han incrementado en los últimos años.

Según el organismo, en los últimos cinco años los delitos ocurridos en el país pasaron de 1.5 a 1.8 millones. El homicidio doloso se duplicó y el secuestro se disparó 81%. Sólo en Durango, Tamaulipas y Guerrero, apuntó, el incremento en ambos delitos ha sido superior al promedio nacional.

Pero eso no es todo. Según cifras de las 32 procuradurías estatales, en 2011 se reportaron en promedio cuatro plagios y 2 mil robos cada día en todo el territorio nacional.

Ese mismo año se registraron 4 mil 600 denuncias por el delito de extorsión, con mayor afectación en los estados de Chihuahua, Baja California, Jalisco y el Distrito Federal.

Además, 98 de cada 100 delitos quedan impunes, y del total de los casos que llegan a juicio, solamente uno de cada 10 delincuentes recibe sentencia.

La Coparmex advirtió que frecuentemente se producen fugas masivas de reos, así como secuestros e incendio de vehículos para bloquear carreteras y vías primarias, además de ejecuciones, principalmente en Nuevo León, Guerrero, Coahuila, Durango, Chihuahua y Tamaulipas.

Y por supuesto, subrayó, la economía también es afectada por la inseguridad. En el norte del país, detalló, la prima de los seguros aumentó 30%, y 24 millones de viajeros fronterizos prefieren no hospedarse en México, con lo que se ha perdido una derrama económica de más de 800 millones dólares en los últimos cinco años.

Pese a que el gobierno federal mantiene un discurso “alegre” sobre la seguridad del país, Alberto Espinosa aseguró que la imagen de México está deteriorada.

“La imagen de México se ha deteriorado gravemente. Varias naciones han emitido alertas para evitar que los turistas viajen a nuestro país. En Estados Unidos se considera a Ciudad Juárez como la urbe más peligrosa del mundo. Y lo más grave es que empresarios y familias enteras se van a otros países en busca de seguridad y bienestar”, enfatizó.

La iniciativa privada consideró que se debe trabajar en la reconstrucción del tejido social mediante programas de empleo y educación en zonas de alta marginación en las que hay gran incidencia de criminalidad, además de revisar la estrategia federal contra el narcotráfico.

A los legisladores, el sector patronal demandó aprobar la Ley de Combate al Lavado de Dinero y la Ley de Seguridad Nacional antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.

El mensaje también fue para los candidatos a la presidencia de la República, a quienes exigió “compromisos claros”, pues –añadió– “no basta con criticar la política actual u ofrecer cambiar la estrategia, los ciudadanos necesitamos saber qué acciones específicas van a tomar para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y solucionar de raíz este problema. No queremos más retórica. Necesitamos soluciones concretas”.

La Coparmex pidió un cambio estructural a la actual “lucha” contra el crimen organizado, ya que 50% de los ciudadanos considera que éste va ganando la batalla al gobierno, y 40% define como un fracaso la estrategia actual, señaló.

Los soplones, base de la DEA

Braun. La lucha es contra todos los cárteles.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON (Proceso).- Las decenas de informantes que la Drug Enforcement Administration (DEA) tiene desplegados en territorio mexicano son la “espina dorsal” de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, asegura Michael Braun, quien hasta octubre de 2008 dirigió las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos.

Braun, quien dejó la DEA después de 33 años de servicio y ahora es consultor en materia de combate al terrorismo y el crimen organizado, dice que los agentes estadunidenses no protegen a ningún cártel mexicano.

En entrevista con Proceso, el especialista puntualiza: “La clave del éxito en la lucha contra el narcotráfico siempre ha sido la información de inteligencia obtenida por medio de personas; es decir, a través de los informantes confidenciales. Así es y así será siempre.

“Los informantes juegan muchos papeles importantes: toman parte en operaciones encubiertas, roban información, ayudan a colocar micrófonos y consiguen números telefónicos para rastrear a los delincuentes.”

México no es un caso excepcional, comenta, de ahí que la DEA tenga informantes infiltrados en todos los cárteles. Braun insiste en que este aspecto es “la columna vertebral” del desarrollo de la captación de información de inteligencia en las 87 oficinas que tiene la agencia antidrogas en el mundo.

El caso de los informantes de la DEA en México –entre ellos el de Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo–, exacerbó en las últimas semanas la violencia entre los cárteles, lo que mostró al gobierno de Felipe Calderón incapaz de controlar la situación. Las ejecuciones de 16 personas en Culiacán el 23 de noviembre del año pasado y de otras 26 en Guadalajara al día siguiente fueron una represalia de Los Zetas contra sus rivales porque, según los mensajes que dejaron en la capital tapatía, el gobierno de Estados Unidos protege al cártel de Sinaloa (Proceso 1830).

En sus ediciones 1823, 1826, 1832 este semanario ha informado sobre las indagatorias que se le siguen en la Corte Federal de Chicago al Vicentillo, quien será enjuiciado el próximo mes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, así como de la petición del acusado para que se le absuelva de los delitos toda vez que, alega, fue informante de la DEA en México.

Hijo de Vicente El Mayo Zambada García, número dos en el escalafón del cártel de Sinaloa, el acusado ha insistido en que su trabajo en la agencia antidrogas de Estados Unidos consistía en pasarle información sobre las operaciones de los cárteles rivales al que encabezan Joaquín El Chapo Guzmán y su propio padre.

Hasta hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos no define si El Vicentillo fue o no informante de la DEA. Sin embargo, el narcomensaje zeta que dejaron los homicidas de las 26 personas en Guadalajara alude directamente al trabajo del hijo de El Mayo con los agentes estadunidenses en México.

–¿La DEA o el gobierno de Estados Unidos protegen al cártel de Sinaloa? –se le pregunta a Braun.

–No creo que el gobierno de Estados Unidos esté protegiéndolo. ¿Por qué lo haría? De lo que sí tengo certeza es de que en varias ocasiones las autoridades de México han estado a segundos de detener a El Chapo; no tengo la menor duda de que en algún momento lo van a arrestar o a eliminar.

“Los Zetas”, desesperados

Sin rechazar la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos haya tenido o tenga infiltrados a informantes en el cártel de Sinaloa y en los demás grupos criminales de México, Braun considera que Los Zetas están desesperados porque, dice, están sufriendo las consecuencias de una fuerte presión por parte de las autoridades mexicanas y estadunidenses iniciada hace cinco años.

“Los Zetas están desesperados. De los 31 o 32 capos más importantes que ha señalado el gobierno mexicano, 21 o 22 han sido arrestados o asesinados en los últimos tres años. Los Zetas están contra la pared”, apunta Braun.

Para el cofundador de la consultora Spectre Group International, lo que ocurre en México es resultado exitoso de la lucha contra el narcotráfico: “Aun cuando a la sociedad mexicana le resulte difícil asimilarlo por los miles de muertos que arroja esta batalla, el combate al narcotráfico del presidente Calderón está teniendo éxito, los narcos se sienten acorralados; de ahí las reacciones tan irracionales de grupos como Los Zetas”.

Braun, quien durante año y medio fue encargado interino de la DEA, arguye que es “imposible” que en un sexenio se pueda acabar con el narcotráfico mexicano que durante las presidencias priistas, asegura, consolidó su poder gracias a su habilidad para corromper a las autoridades y corporaciones policiacas de su país.

Y se remite a la Colombia de hace 25 años. Expone que a las autoridades de ese país les tomó poco más de tres lustros desmantelar los cárteles de Medellín y Cali y fragmentar las operaciones de trasiego de drogas; además aun hoy combaten a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

–¿O sea que a México le faltan de nueve a 10 años para alcanzar un éxito como el de Colombia? –se le pregunta.

–Desconozco el número mágico de años que le faltan a México para consolidar su éxito. En Colombia las cosas aún no han concluido en su totalidad… las FARC siguen presentes.

Y aun cuando el gobierno de Calderón se muestra renuente a comparar lo que ocurre en México con lo que pasó en Colombia durante el periodo de apogeo y derrota de los cárteles de Medellín y de Cali, en Estados Unidos los funcionarios y exfuncionarios que aceptan la analogía aumentan cada día.

Braun considera que, igual que en Colombia, en México el aumento de la narcoviolencia comienza a marcar el camino hacia el fin del dominio de los grandes cárteles. No obstante admite que “en México hay mayor violencia criminal”; aunque matiza: no se trata de violencia terrorista ni insurgente como la colombiana.

Pero también menciona los contrastes: “En muchos aspectos México no se parece a Colombia; en algunos está peor, como en el número de muertos (60 mil según el semanario tijuanense Zeta). Aunque debe admitirse que no ha experimentado muchas de las cosas que vivió Colombia, como los cientos de ataques con carros-bomba, por ejemplo”.

Según el exfuncionario de la DEA, los logros del gobierno mexicano se deben en su mayoría a que ha entendido la necesidad de intercambiar y compartir información de inteligencia con Estados Unidos, sobre todo la proveniente de informantes confidenciales.

Aunque Braun no participa ya de las operaciones antidrogas cotidianas, mantiene contacto con sus colegas estadunidenses y extranjeros; presume incluso de ser uno de los hombres más actualizados en la materia. Para demostrarlo alude a las matanzas de las últimas semanas en México.

–¿Es cierto que la DEA tiene cientos de informantes en México?

–No son cientos, pero sí decenas.

Dice que el trabajo de los informantes de la DEA en México no es un secreto para el gobierno de Calderón. “En la mayoría de los casos”, asegura, las autoridades mexicanas saben quiénes son las fuentes de información confidencial de la DEA.

Un informante infiltrado en el narcotráfico mexicano es, de acuerdo con Braun, el encargado de proveer números telefónicos de presuntos sospechosos o criminales.

Insiste: Este aspecto es “crucial” porque los números telefónicos entregados por los informantes permiten a los gobiernos de México y Estados Unidos rastrear la ubicación de quienes los usan y grabar conversaciones que después resultan esenciales para la elaboración de operaciones de desmantelamiento de grupos criminales.

“Las intervenciones telefónicas se hacen siempre bajo la aprobación judicial de las autoridades del país donde la DEA realiza la operación… Las autoridades locales deben dar la autorización”, recalca Braun.

La definición de una estrategia de inteligencia por medio de los informantes es la misión más importante y difícil para los agentes de la DEA en países como México. El papel de un agente de la DEA en México “no es asistir a los cocteles o a las fiestas sociales” que se organizan en la embajada de Estados Unidos, dice con cierta ironía.

Aclara que la agencia “no le pide a ningún gobierno extranjero hacer el trabajo sucio; lo que hace es compartir la información. Cuando recibe tips de sus oficinas centrales, pide a sus contrapartes del país anfitrión que las corroboren o investiguen”.

Según Braun en el combate al narcotráfico mexicano los informantes son indispensables y aclara que la DEA cuenta también con decenas de infiltrados en las células de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Los Zetas, de Tijuana y de La Familia Michoacana asentadas en territorio estadunidense, sobre todo en las comunidades hispana y mexicana.

“Los inmigrantes se mueven constantemente de ida y vuelta entre Estados Unidos y México. Cuando la DEA conduce las intervenciones telefónicas con la venia de alguna corte local es fácil desarrollar sistemas de inteligencia. Con las evidencias en mano es fácil implicar (como informantes) a ciudadanos mexicanos que están involucrados en el tráfico de drogas”, indica Braun.

En este contexto, la DEA comparte información de inteligencia con la PGR y la SSP para ayudarlas a identificar números telefónicos “sospechosos” así como a personas dentro de México. “Cuando la DEA entrega la información a las contrapartes mexicanas y éstas la confirman, pueden desarrollar de manera fácil un sistema de detección de llamadas de México a Estados Unidos”.

Cazador de cucarachas

Felipe Calderón, el titular de sus cucarachas...

Denise Dresser

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Según Felipe Calderón, lleva el sexenio cazando cucarachas. Como lo dijo en un discurso reciente, la labor de su gobierno vis a vis el crimen organizado ha sido como entrar “a una casa desconocida, una casa nueva, y (…) ver por ahí cucarachas corriendo por un rincón y metiéndose por un agujero en la pared y al levantar el tapiz o la duela de esa pared, lo que se encuentra es que está infectado de esos animales y esas plagas”. En su propia percepción, el presidente ha pasado los últimos cinco años destapando el agujero, despegando el tapiz, quitando la duela. Reconstruyendo y saneando, dice. Pero al mismo tiempo afirma que el crimen organizado ha permeado la política y contaminado los procesos electorales. El cazador de cucarachas admite que en lugar de eliminarlas, ha contribuido a su expansión.

Indicador tras indicador lo demuestran. La estrategia de seguridad del gobierno federal no está funcionando. Sus cuatro objetivos –fortalecer las instituciones de procuración de justicia, reducir el consumo, debilitar a las instituciones criminales y liberar espacios públicos del control criminal– no han sido alcanzados. Más aún, las últimas dos metas han terminado por ser incompatibles entre sí. Como lo demuestra un estudio reciente del especialista Eduardo Guerrero, aunque el gobierno logra dividir a las organizaciones más grandes, un regreso al statu quo ante –con el predominio de dos cárteles dominantes– es el resultado potencial de la política federal. El esfuerzo de fumigación de cucarachas no las debilita; al contrario.

Un tema debatido es si existe una relación causal entre la cruzada del gobierno contra el crimen –mediante el arresto de los principales capos– y la epidemia de inseguridad que asuela al país. Y según Eduardo Guerrero esa relación existe: en 78.5% de 28 casos seleccionados por su estudio, la violencia en determinada región aumenta cuando se aplasta la cabeza de la cucaracha que es líder allí. En vez de disminuir, la violencia suele escalar. Un buen número de acciones gubernamentales, incluyendo la confiscación de ciertas drogas, la erradicación de ciertos cultivos, el arresto de ciertos criminales, incrementa la violencia a nivel municipal.

Por otro lado, el presidente presume el número de arrestos de criminales de alto perfil llevados a cabo en su administración. Eso –argumenta– reduce la amenaza que el narcotráfico crea para la seguridad nacional. Según la visión calderonista, la fragmentación de los cárteles reduce su peligrosidad. Pero no queda claro que el mercado trasnacional de estupefacientes hoy se encuentre menos concentrado que al principio del sexenio. Un solo gran grupo tiene el control hegemónico sobre cada una de las rutas principales: el cártel del Pacífico y Los Zetas. Claramente ambos constituyen una amenaza para la seguridad nacional pero –paradójicamente– su división podría exacerbar la violencia y el crimen en amplias franjas del territorio mexicano.

Las operaciones conjuntas entre la Sedena, la Marina y la Policía Federal ofrecen un panorama igualmente preocupante. Durante 2007-2008, siete operaciones de este tipo fueron llevadas a cabo y los resultados no han sido positivos. El despliegue de fuerzas federales ayuda a las autoridades locales a eludir su responsabilidad. Y peor aún: en términos de percepción pública, coloca toda la culpa sobre el aumento de la violencia sobre los hombros del gobierno federal. Aun en estados como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas –sitios donde se instrumentaron operativos conjuntos– el PRI gana y retiene el poder, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal.

Quizás en reacción a una política cada vez más contraproducente, la estrategia de combate al narcotráfico ha experimentado un viraje en el último año. El objetivo parecería ser –según Guerrero– centrar menos la atención en la captura de los cabecillas y más en las organizaciones de alta peligrosidad. De allí que Los Zetas se hayan convertido en las cucarachas más perseguidas, más acosadas, más asediadas. El equipo calderonista no ha admitido este reposicionamiento públicamente, porque entrañaría reconocer que el enfoque anterior –atacar a todos los cárteles al mismo tiempo– había sido erróneo. A pesar de todo lo que el gobierno federal hace y dice, la producción y la comercialización de las drogas sigue aumentando, genera ganancias entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, y ya puede observarse la ampliación de consumo en territorio mexicano. El agujero que Felipe Calderón encontró en la pared crece y la plaga dentro de él también.

Y por ello, por primera vez en lo que va del sexenio, en las encuestas los mexicanos colocan la inseguridad por encima de los temas económicos. Según el estudio más reciente llevado a cabo por Buendía y Laredo, 56% de la población piensa que el país es menos seguro debido a la estrategia gubernamental y 42% cree que narcotraficantes están ganando, 89% de la población tiene poca o ninguna confianza en la policía local y 75% tiene poca o ninguna confianza en la policía federal.

Es en este contexto que Felipe Calderón pronuncia un controvertido discurso en el cual advierte que las contiendas electorales podrían ser una nueva veta para los empresarios del crimen. Sugiere que pretenden corromper a las instituciones e infiltrar las elecciones. Augura la simbiosis del Estado criminal y el Estado constitucional. Pero si el presidente hace esos pronunciamientos como parte de una lógica electoral, que busca desacreditar al PRI, el esfuerzo se le revierte. Señala con el dedo índice a quienes ensuciaron el cuarto, cavaron el hoyo, protegieron a las cucarachas y son responsables de su presencia. Pero el señalamiento presidencial es también una admisión de derrota. Calderón se erigió a sí mismo en cazador de cucarachas, y al final de su sexenio todo indica que ha sido responsable de su multiplicación.