Capitalismo llevado al extremo....

• Abajo los privilegios, arriba los de abajo!, dice al encabezar el Grito en Salamanca

Vive México en la opresión y en un régimen corrupto, como hace 201 años, señala AMLO

• Al gobierno no le interesan las necesidades del pueblo, y eso se refleja en el presupuesto de 2012

Salamanca, Gto., 16 de septiembre. Igual que hace 201 años, el pueblo de México vive en la opresión y en un régimen de corrupción y privilegios; es necesario que despierte para que sea dueño y constructor de su destino, dijo Andrés Manuel López Obrador al dar el Grito de Independencia en esta ciudad.

El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que hoy también se padece de un régimen de injusticia, corrupción y privilegios; muchos mexicanos, mujeres y hombres en todo el país, estamos luchando por una nueva República, más justa, más humana, más igualitaria.

Ante unas 3 mil personas que se congregaron a un costado de la plazoleta Hidalgo, el político tabasqueño se comprometió a seguir luchando por los ideales de libertad, justicia, independencia y democracia.

En Guanajuato, cuna de la Independencia nacional, dijo: vamos a continuar despertando y organizando al pueblo para lograr el renacimiento de México; vamos a seguir gritando en todas las plazas públicas hasta que el pueblo despierte y decida ser dueño y constructor de su propio destino, mientras cientos coreaban “¡Obrador, Obrador…!”

El ex candidato presidencial recordó que hace más de 200 años Miguel Hidalgo y Costilla, un cura extraordinario y rebelde, llamó al pueblo a luchar contra la opresión, motivo principal que originó la guerra para liberar a México del yugo de España.

Sentimientos de la nación

Posteriormente –señaló–, el cura José María Morelos y Pavón escribió los Sentimientos de la nación, en los que con palabras sencillas, pero profundas, sostuvo que había que moderar la opulencia y la indigencia.

Tenía que haber igualdad; Morelos también decía que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendario. Proponía que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte, esa es la esencia del movimiento de Independencia, refirió el ex candidato presidencial.

Con el liderazgo de Hidalgo y Morelos –continuó–, los pobres y los indígenas tomaron conciencia y supieron que si actuaban unidos serían más fuertes que sus tiranos, porque como decía Hidalgo: el pueblo que quiere ser libre lo será.

Al terminar su discurso, el dirigente del Morena dio el Grito de Independencia: ¡arriba los de abajo, arriba los pobres, abajo los privilegios, abajo el mal gobierno, no a la corrupción y a la impunidad, no a los que traicionan entregando al extranjero los recursos naturales de la nación, no a la mafia en el poder, si a la paz con justicia y dignidad y libertad a los presos políticos!.

Además de los héroes patrios Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Ignacio Allende, Vicente Guerrero, Ignacio Aldama, Tomasa Esteves Albino García, López Obrador llamó a gritar vivas a los héroes anónimos, a los desposeídos y humillados y a la nueva República.

La nueva revolución, en las urnas: Muñoz Ledo

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal estuvo acompañado por el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quien manifestó que el país está peor que en la Colonia, por lo que se necesita una nueva revolución.

Hoy el país tiene 25 años de perder crecimiento económico, hoy el país ha visto reducido el salario de los mexicanos en tres cuartas partes, hoy el país se encuentra ensangrentado, hoy el país es víctima, no de una conspiración internacional, sino de una entrega voluntaria de las decisiones nacionales al extranjero, sostuvo.

Hoy no recorremos el país con los machetes y palos, con los fusiles de la época de Hidalgo ni con los ejércitos precarios que seguían a Juárez, hoy estamos en la primera revolución pacífica, sostuvo quien fuera candidato a gobernador de Guanajuato en 1991.

La nueva hazaña libertaria se librará en las urnas, y no con las armas, porque el pueblo no puede permitir que siga la podredumbre de la derecha en el poder, y mucho menos que se restablezca el viejo régimen.

Luego, ante medio millar de personas que se congregaron este viernes en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, López Obrador sostuvo que al régimen en el poder no le interesan las necesidades del pueblo, por lo que en el presupuesto de egresos para 2012 reduce el gasto en educación, cultura, salud y apoyos al campo.

La ausencia de una política social que atienda realmente las necesidades de los mexicanos es una de las causas de la violencia y del involucramiento de jóvenes en actividades ilícitas por falta de oportunidades, agregó el tabasqueño.

Aseguró que en el presupuesto de egresos que pretende le sea aprobado en la Cámara de Diputados, el gobierno de la guerra ni siquiera tomó previsiones para atender la problemática de los jóvenes. Se reducen apoyos a la educación, al campo, a la salud, mientras ellos, los burócratas del gobierno, se dan la gran vida con salarios que superan los 300 mil pesos, insistió.

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• Proyecto Juárez se inauguró en el centro cultural Matadero, en Madrid

Boicot del gobierno de México para impedir exposición, denuncia especialista

• Se documenta la violencia, la cotidianidad, los sonidos y el silencio de Ciudad Juárez, dice Mónica David
• Había una línea impuesta desde arriba para que no se hable mal del país, dice

Madrid, 16 de septiembre. La exposición Proyecto Juárez, inspirada en la cotidianidad de Ciudad Juárez, Chihuahua –inaugurada hoy en el centro cultural Matadero, de Madrid– fue boicoteada por las autoridades culturales de México, para impedir que saliera de ese país, afirma la curadora Mónica David.

Manifestó que les habían asegurado, por conducto del Instituto de México en la embajada mexicana en Madrid, que recibirían ayuda económica, al menos algún boleto de avión para trasladar a los artistas participantes en la exposición colectiva que tanto incomoda a las autoridades.

De última hora, y casi sin tiempo para reconducir la situación –asevera Mónica David– les explicaron que no había salido la licitación. “Nosotros hemos sabido que había una línea impuesta desde arriba para que no se hable mal de México, que no se toque el tema de Ciudad Juárez, mucho menos en exposiciones de arte que salgan del país.

Ha sido casi una hazaña montar la exposición sin depender de las ayudas públicas y a pesar de los obstáculos que nos pusieron. Ha habido momentos en los cuales sentimos que sufríamos un boicot. Y eso es muy triste, explicó la especialista.

Capitalismo llevado al extremo

En una imagen real, vista en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, está el origen de Proyecto Juárez: un anciano con el pelo raído, largo y blanco se arrastraba por las calles de la ciudad y se peleaba, sin fuerzas, con un perro por un pedazo de tortilla. Es una metáfora de la frontera. Del norte de México, de la severidad del capitalismo llevado al extremo que se contempla con nitidez en Ciudad Juárez, Chihuahua, urbe que inspira la exposición Proyecto Juárez, donde se muestra la crudeza del México fronterizo, con su violencia e intensidad, con sus sonidos y silencios.

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• Once filtros de seguridad en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución

Lluvia, temor y desencanto alejaron al público del Grito en el Zócalo

• Entre 30 mil y 35 mil personas asistieron al festejo otrora cívico y popular
• Afuera se quedaron la venta de banderas y antojitos tradicionales

La escasa asistencia de entre 30 mil y 35 mil personas al ritual celebratorio por el aniversario 201 del Grito de inicio de la Independencia, fue uno de los aspectos más destacados de la lluviosa noche del jueves pasado en el Zócalo capitalino. Una asistencia considerada histórica por algunos, pues representó la mitad de lo esperado, o más bien, del límite máximo que se permitiría ingresar.

Ahora no se impuso el avasallador y polémico festejo bicentenario del año pasado, ni hubo desfile de aspiración espectacular, ni diversos escenarios a lo largo de Reforma, ni una costosísima Estela de luz que todavía no se inaugura, ni el relumbrón mediático, técnico y pirotécnico, ni tampoco el enigmático Coloso, identificado por muchos con el traidor Benjamín Argumedo, ni mucho menos una asistencia masiva.

Ello pese a que ahora, después de que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas quitaron su plantón del Zócalo tras una negociación con autoridades federales y locales, éstas invitaron a la ciudadanía a participar en los festejos, a diferencia de los llamados de 2010 a mejor celebrar en casa y ver la ceremonia por televisión.

¿Las causas posibles de este Zócalo semivacío, o semiocupado? Quizás la lluvia persistente, el temor ante la violencia que predomina en el país y/o una forma de desplante o desencanto social al poder político.

Aunque existiría una cuarta, poco referida en las reflexiones ciudadanas en las redes sociales, de carácter cultural: el proceso de expropiación y desmantelamiento, en los últimos años, de lo que fue una verdadera fiesta cívica popular y que, a su vez, de algún modo, había logrado marcar distancia de la fiesta cívica oficial y desarrollar, en las calles y en el Zócalo, uno de los festejos fundamentales para la identidad cultural urbana, chilanga.

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• Advierten que el objetivo es imponer soluciones autoritarias

Calderón, catastrofista al decir que la democracia está en riesgo: diputados

Diputados de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y del Trabajo criticaron la advertencia de Felipe Calderón de que la democracia se encuentra en riesgo, porque aceptar esa postura implicaría darle cabida a soluciones de carácter autoritario.

Armando Ríos Piter, César Augusto Santiago y Jaime Cárdenas consideraron que las dificultades por las que atraviesa el país son producto del “pésimo desempeño de Felipe Calderón, quien está enfermo de electoralitis”.

Ríos Piter, coordinador de la bancada perredista en San Lázaro, acusó que los gobiernos panistas no lograron satisfacer los intereses de la mayoría del pueblo porque aceptaron las mismas políticas priístas.

No podemos aceptar de ninguna manera el discurso del Presidente porque implicaría darle cabida a soluciones de carácter autoritario y porque se observa que Calderón quisiera implementar soluciones que no son, de ninguna manera, aceptables en un régimen que apenas consolida su democracia, y eso puede llevar a lastimar las garantías individuales, los derechos humanos y los alcances de la sociedad.

–¿Qué pretende un discurso de esa naturaleza?

–Es catastrofista, para generar miedo y preocupación entre la población. Ya se está volviendo una especie de deporte buscar declaraciones que dibujan un país en blanco y negro, y de querer echarle la bolita a otros, entre ellos los gobernadores y el Poder Legislativo.

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Escandalosa muestra de sumisión del TEPJF ante radio y tv: Amedi

El tribunal anuló reforma del IFE que reducía los plazos para la emisión de espots partidistas

Con ese fallo, los poderes fácticos doblegan a los poderes constitucionales, señala el PRDpr

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) afirmó que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de anular la reforma al reglamento de acceso a la radio y la televisión que aprobó el Instituto Federal Electoral (IFE) da una escandalosa muestra de sumisión al poder de los concesionarios de estos medios de comunicación, al derogar una norma que disminuía los plazos para la transmisión de mensajes proselitistas.

En consecuencia, agregó, los empresarios de este sector mantienen la beligerancia que han mostrado desde 2007.

La organización destacó que la responsabilidad que tendrán en el proceso electoral que está por iniciarse exige que los magistrados del TEPJF piensen más en los intereses del país y un poco menos en los escasos minutos de fama mediática que les ofrecen las televisoras, subrayó.

En entrevista por separado, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez aseveró que la resolución del tribunal no está fundada en la ley, lo que hay son descalificaciones al instituto.

Subrayó que en la ley no hay ninguna obligación para que el Consejo General del IFE consulte a los sujetos que están regulados, pero ese es el principal argumento que está manejando el magistrado ponente (Flavio) Galván.

Agregó que esa resolución no está fundada, y un tribunal debe aplicar la ley, no puede aplicar su criterio. Los magistrados hicieron suyo el criterio de los recurrentes (la asociación de radiodifusores), lo que no puede hacer nunca un tribunal.

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Minimiza el gobierno hackeo de Anonymous a páginas oficiales

Nadie debe celebrar la supuesta independencia, argumenta el grupo

El colectivo de hackers Anonymous se adjudicó el jueves el ataque a la página web de diversas instancias gubernamentales, situación que fue negada por el Ejército, aunque después la Secretaría de Gobernación (SG) terminó por confirmar que sí hubo un intento de saturar dichas páginas para impedir su funcionamiento cotidiano.

Alrededor de las 11 de la mañana del jueves, Anonymous afirmó que había inhabilitado los sitios de Internet de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad Pública federal (SSP), además de los del Congreso de Nayarit y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios de San Luis Potosí (Cefimslp).

Como parte de la llamada Operación Independencia/15 S, los activistas cibernéticos anunciaron sus movimientos a través de la cuenta de Twitter @anonopshispano, como una manifestación de protesta en contra de la violencia, la corrupción y la desigualdad en México.

En un video titulado Anonymous Op 15 de septiembre, que subieron a la página www.youtube.com y a varias redes sociales, los hackers señalan que en los 201 años de la supuesta independencia mexicana nadie debería celebrar una fiesta llena de engaños e hipocresía del gobierno, ya que en México seguimos viendo la misma desigualdad social

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Exigen en Las Abejas cambiar la estrategia oficial para combatir al crimen organizado

La Caravana por la Paz se reúne con los deudos de la masacre de Acteal

Acteal, Chis., 16 de septiembre. Integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad sostuvieron un encuentro con sobrevivientes, familiares y compañeros de los 45 indígenas tztoziles asesinados el 22 de diciembre de 1997 en esta comunidad, en el cual exigieron al gobierno federal cambiar la estrategia de combate al crimen organizado.

Durante el acto efectuado esta madrugada, el sacerdote Miguel Concha Malo pidió a los miembros de la organización Las Abejas, vinculada con la diócesis y a la cual pertenecían las 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres asesinados por paramilitares, que recen mucho porque el gobierno federal está necio y terco en seguir distorsionado los caminos de la paz.

Añadió que a todos nos toca tratar de hacerle entender lo errado de su camino, aunque es decepcionante ver que tienen los oídos como tapias, complemente cerrados, pero eso no nos desanima, pues sabemos que tenemos que seguir resistiendo y siendo firmes, que no estamos solos

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La mayoría de armas de los grupos delictivos vienen de EU

Algunos rastreos han permitido conocer la identidad de los traficantes

Los grupos del crimen organizado que operan en México obtienen ocho de cada 10 armas en Estados Unidos. La mayoría fueron traídas a territorio mexicano por Texas y Arizona, y las investigaciones realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) ya han permitido identificar al menos 25 compradores potenciales.

Según datos del quinto Informe de labores de la PGR, se menciona que los estados donde grupos mexicanos se abastecen de armas son principalmente: Texas, Arizona, California, Connecticut, Florida, Ohio y Lousiana.

En ese contexto, el Ministerio Público Federal ha enviado a recibir cursos de capacitación a 39 agentes adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), y como parte de la Iniciativa Mérida, algunas de esas asignaturas son impartidas por elementos de la agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego (ATF) de Estados Unidos.

Asimismo se diseñó un protocolo entre autoridades de México y Estados Unidos para intercambiar información “para la judicialización de los casos (…) y por primera vez se ha podido lograr el rastreo inmediato de 60 por ciento de las armas que se encuentran bajo investigación de la UEITA”

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Respalda el Vaticano labor con gays: Vera

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, aseguró que las autoridades vaticanas con las que se reunió la semana pasada no censuraron su labor pastoral con la comunidad homosexual y, por el contrario, respaldaron su trabajo. No obstante detalló que le solicitaron redactar un escrito, una carta pastoral, especificando los principios en que basamos nuestra atención a homosexuales, y antes de que acabe este año lo tendremos; esto lo considero una medida prudente, no me parece mal. Y agregó que con esta pastoral no ha transgredido ninguna directriz de la Iglesia católica, contrariamente a lo afirmado por la agencia de noticias católica ACI Prensa.

Tengo la conciencia limpia, soy cristiano, no soy independiente, yo soy un un obispo de la Iglesia católica y trabajo en comunión con ella. La cabeza del colegio episcopal es el santo padre y tiene en torno a él los dicasterios, que son las congregaciones romanas con las cuales los obispos tenemos que estar en diálogo, y esta no será ni la primera ni la última conversación con ellas. Siempre he estado en diálogo con la Santa Sede.

Vera López también aclaró que fidelidad no significa estar viviendo en una Iglesia al estilo de la Edad Media, sino en una institución que responda a las necesidades de los fieles.

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Se incrementa riesgo de ataque contra la comunidad zapatista de San Patricio

Hermann Bellinghausen

Enviado

San Cristóbal de las Casas, Chis. 16 de septiembre. Siguen agravándose las condiciones de peligro y agresión contra la comunidad zapatista de San Patricio, en el municipio autónomo La Dignidad, en la zona chol, al norte del estado. La junta de buen gobierno (JBG) Nueva Semilla que va a Producir reiteró que el grupo armado, que mantiene sitiada la comunidad desde el pasado día 11, se incrementó de un centenar a 160 personas. Este miércoles los invasores, encapuchados, colocaron en la orilla de la comunidad una bandera nacional, tres banderas rojas y un tablero, y anunciaron su intención de permanecer allí por la fuerza.

La JBG del caracol de Roberto Barrios denunció los actos de agresión, amenazas, hostigamiento y desalojo que sufren nuestros compañeros base de apoyo de San Patricio, luego de que unas 100 personas se posesionaron en la orilla de la comunidad para desalojar a nuestros compañeros de sus tierras, en las que viven y trabajan con sus familias e hijos desde hace 15 años.

Y señala: Es una gran mentira que el gobierno está desarmando a los delincuentes, porque siguen organizando, preparando y financiando gente que todavía se deja llevar por la gran mentira. Están utilizando niños inocentes para mensajeros de un conflicto grave. La JBG reporta que los invasores, el martes, mandaron a un menor de 13 años para dejar una carta anónima en la casa de un zapatista, diciendo en ella que no van a salir nunca, que los compañeros ya no vuelvan a tocar sus tierras, que están dispuestos a levantar las uñas venga lo que venga

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Indiferencia ante ataques a periodistas

Ciudad Juárez, Chih., 16 de septiembre. Durante una protesta afuera de las instalaciones de El Diario, comunicadores de este medio y de otros denunciaron que luego de uno y tres años –respectivamente– de los homicidios de Luis Carlos Santiago Orozco y Armando Rodríguez, conocido como El Choco, sólo han encontrado ineficacia, indiferencia e impunidad en los gobiernos federal y estatal por la falta de investigaciones.

Los periodistas Pedro Torres Estrada y Luz Carmen Sosa informaron que en una revisión al expediente 23277/10, abierta por el homicidio calificado de Santiago Orozco y lesiones contra Carlos Manuel Sánchez Colunga, los agentes de la procuraduría estatal no revisaron las imágenes grabadas en la cámara que usó el victimado el 16 de septiembre de 2010 en sus últimos minutos de trabajo.

En León, Guanajuato, el secretario de Seguridad del gobierno panista Salvador Echeveste Guerrero, jaló del brazo a la periodista Evlyn Cervantes, del diario a.m., para reclamarle por qué no publicaba las notas buenas de los actos de la dependencia a su cargo.

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Dinero

• La reculada de Salinas de Gortari
• Prefirió desdecirse a enfrentar las evidencias
• Opinan que AMLO hubiera ganado el debate

Enrique Galván Ochoa

Antes de que Carlos Salinas de Gortari hubiera reculado en el proyectado debate con Andrés Manuel López Obrador, habíamos enviado por correo electrónico una encuesta con la siguiente pregunta: ¿quién crees que ganaría el debate? AMLO sería el ganador, aseguró el 87 por ciento de las respuestas. Quedarían empatados, piensa un 3 por ciento. El triunfador sería Salinas, contestó otro 3 por ciento. Y un 7 por ciento hizo distintas apreciaciones sobre el tema.

Metodología

Enviamos un cuestionario a 3 mil personas cuyos buzones electrónicos tomamos aleatoriamente entre miembros de El Foro México. Contestaron mil 659. Enseguida reproducimos fragmentos de algunas ideas que aportaron.

Opiniones

El señor Salinas ya no tiene nada que debatir. Lo que sí tiene que aclarar es por qué dejó al país en ruinas y sumergido en un mar de corrupción, endeudado, con un récord impresionante de pobres. Lo mejor sería que se fuera por siempre de México.

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México SA

• Energía y despojo
• PAN, Pemex, CFE
• Acción de exterminio

Carlos Fernández-Vega

Las cabezas visibles de los cinco sexenios neoliberales al hilo que ha padecido México desmantelaron el sector energético del Estado, y los beneficios de esta área estratégica paulatinamente trasladados al capital privado. Tres décadas después del inicio de la temporada, lo que la Constitución garantiza –en letra y espíritu– para todos los mexicanos –desde la propiedad hasta la rentabilidad–, ha sido entregado a intereses particulares por esa quinteta de gerentes de Los Pinos. A estas alturas, las dos paraestatales más relevantes del país sirven a cualquier tipo de interés, menos al que, por ley, están obligadas a garantizar, es decir, el de los mexicanos.

En este contexto, el más reciente análisis del especialista José Luis Apodaca Villarreal, fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad después de laborar 32 años en diferentes áreas de esta empresa, entre otros registros, deja en claro que la estrategia gubernamental para Petróleos Mexicanos ha sido de aniquilamiento. En la última década, la panista, exportó más crudo a Estados Unidos que el consumido por el país, agotando prematuramente a Cantarell y desperdiciando la oportunidad de desarrollar la industria petroquímica nacional.

En esa década, el gobierno federal sustrajo 5 billones de pesos de los ocho que obtuvo Pemex por ventas, y sólo le dejó para mal operar la empresa. Contrató deuda a 20 años por 1.3 billones de pesos para atender las inversiones requeridas para incrementar la extracción de crudo (dirigido al mercado estadunidense), mediante el muy caro esquema Pidiregas. Importó petrolíferos por 22 mil millones de dólares, monto suficiente para construir dos refinerías de alta tecnología, dejar de importar gasolinas, activar la economía interna, aumentar el empleo y elevar la captación de impuestos.

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La negación de la realidad

En víspera de la inauguración de la muestra artística Proyecto Juárez en el centro cultural Matadero de Madrid, España, la curadora Mónica David denunció obstáculos por parte de las autoridades mexicanas para la realización de esa exposición que documenta la vida cotidiana que se vive en la ensangrentada Ciudad Juárez, y afirmó que ha habido momentos en los cuales sentimos que sufríamos un boicot.

La percepción de la especialista no parece descabellada, por cuanto encaja con un patrón de conducta de autoridades nacionales ante la difusión en el extranjero de expresiones que denuncian o simplemente retratan la circunstancia de catástrofe que se vive en el país, particularmente en la urbe fronteriza. Cabe recordar que en noviembre del año pasado, en el contexto de una entrega de reconocimientos por parte del rotativo español El Mundo, el embajador de México en España, Jorge Zermeño, no soportó que dos de las reporteras galardonadas, Luz Sosa y Sandra Rodríguez, de El Diario de Juárez, denunciaran el clima de impunidad y de barbarie que priva en esa localidad; encaró a las comunicadoras y, tras una escaramuza verbal, abandonó indignado y en forma abrupta dicha ceremonia, provocando un revuelo entre los ahí presentes.

Según puede verse, los recurrentes llamados del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a hablar bien de México en el exterior son confundidos con un designio por ocultar o desvirtuar señalamientos que, a contrapelo del discurso oficial, no obedecen a simples problemas de imagen, sino reflejan una realidad concreta, palpable y desgarradora en el país. La perspectiva inocultable de esa molestia es un intento de suprimir la libertad de expresión para pronunciamientos o manifestaciones de diversa índole –incluso artística– que resulten incómodos para las autoridades, y ese tipo de reacciones no debieran tener cabida en un régimen que se considere democrático.

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José Angel Córdova: poco clínico y muy tecnócrata

Gustavo Leal F.*

No es claro cómo pudo el doctor José Ángel Córdova atreverse a asegurar que le interesaba tener un Seguro Social y un Issste muy fuertes, porque han sido pilar del avance de la salud, cuando sus acciones institucionales operaron justo en sentido contrario.

Aparentemente muy seguro de sí mismo, y con la mira puesta en la gubernatura de Guanajuato, en noviembre de 2010 pontificó que para que las políticas públicas funcionen hay que establecer una relación con los gobernados, así como liderazgo y gobernanza; implantar cambios, acciones y estrategias que modifiquen los aspectos sociales relacionados con la salud. Claro que, agregó, el gobernante tiene que responder a inquietudes, ideas y necesidades de los gobernados. En salud son: acceso a médicos de calidad, con calidez y sin costo.

¿Y cómo? Sencillo, para Córdova se trataba de pagar la salud con recursos fiscales eliminando las cuotas obrero-patronales a cambio de un impuesto general que financie los servicios médicos. Con ese dinero y una reforma al Seguro Popular –sostenía– se cubrirían todos los tratamientos de enfermedades de alto costo. Es decir, tal y como publicita la fórmula de Levy-Beltrones, enterrando al IMSS y al Issste.

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¿Made in Mexico? New Gold-Minera San Xavier y el blanqueo de ilícitos

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

En su reporte anual 2010, la canadiense New Gold-Minera San Xavier (NG-MSX) declaró haber producido 118 mil 708 onzas de oro, provenientes del tajo a cielo abierto que desarrolla en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. El promedio anual del precio de la onza de oro en ese mismo periodo fue de 1,262 dólares. Así, el valor total del oro extraído durante 2010 por NG-MSX (a un altísimo costo ambiental, social y jurídico para el valle de San Luis) ascendió a casi 150 millones de dólares. Tal cantidad de onzas equivale a un cubo de sólo 60 centímetros por lado con un peso de casi 4 toneladas, e implicó, en cálculos conservadores, la destrucción de más de 20 millones de toneladas de montaña y subsuelo, el uso de más de 10 mil millones de litros de agua del acuífero de San Luis y de al menos 4 mil toneladas de cianuro, la muerte de miles de animales y plantas del semidesierto, incluidas especies endémicas en peligro de extinción, así como la pérdida de un enorme territorio y sus cauces hídricos de temporal en una zona hasta hace poco protegida, entre otros daños irreversibles provocados por NG-MSX y las autoridades que le han permitido operar.

La empresa canadiense afirmó haber superado la producción de 2009 (95 mil 502 onzas de oro) no obstante el cierre temporal de la mina, y reportó que sus ganancias netas ascendieron a 85 millones de dólares gracias a los bajísimos costos de producción y al histórico aumento del precio del oro. Informó, además, haber destinado 9 millones de dólares para ampliar las camas de lixiviación y aseguró que trabajaba con todos los niveles de gobierno en México y diversos actores externos para mantener sin interrupciones la operación de la mina, no obstante haber sido declarado nulo el proyecto minero desde 2005 por tribunales federales, fallo que se confirmó en 2009 y que nunca fue acatado.

Desde esta última fecha la trasnacional desarrolló, como en 2006, una estrategia para obtener impunidad mediante la operación política de la justicia mexicana, la intervención del gobierno canadiense por conducto de su embajada en México, la inhibición de instancias de gobierno nacionales y estatales encargadas de aplicar la justicia ambiental, la dominación efectiva del territorio municipal donde se asienta el proyecto minero y, sobre todo, el desgaste de la resistencia ciudadana cuyos triunfos legales fueron ignorados por autoridades de todo tipo.

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Los derechos humanos en el estado de México

Miguel Concha

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, junto con las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Greenpeace, Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos, así como Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitieron el pasado miércoles 7 de septiembre un informe sobre las violaciones a derechos humanos en el estado de México durante la gestión de Enrique Peña Nieto.

El informe analiza la carencia durante ese gobierno de un enfoque integral para la atención de situaciones sociales, desde una perspectiva de derechos humanos. Denuncia, por tanto, el tratamiento clientelar que se dio a esos problemas, la asignación discrecional de recursos, la falta de mecanismos de rendición de cuentas y la impunidad como factores sistemáticos que dificultaron el acceso a la justicia e incrementaron la violencia contra colectivos excluidos o discriminados. Políticas que también coinciden con el Dictamen Ciudadano de Observación Electoral, a propósito de los recientes comicios en ese estado, y cuyo informe final será presentado en los próximos días a la Legislatura local.

En el primer capítulo se exponen las deficiencias del sistema de justicia penal. El caso de la criminalización de la protesta social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, reprimido violentamente durante el operativo Atenco 2006, demostró el uso faccioso de las instancias de administración y procuración de justicia. Puso en evidencia la falta de independencia del Poder Judicial, y la contribución que le brindó al Ejecutivo como medio de control del conflicto social. Este apartado presenta, además, cuatro casos de jóvenes víctimas de criminalización por su edad y condición de pobreza. Actualmente tres de ellos se encuentran injustamente presos, mientras que el cuarto fue privado de la vida.

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Esta ciudadanía tan elusiva

Gustavo Gordillo/ I

Una reunión que pareció salir del cronista de sociales quien firmaba con el seudónimo del Duque de Otranto y que en los 60 deleitaba a la gente bonita con su columna Los trescientos y más, la analiza Adolfo Sánchez Rebolledo en su colaboración del jueves pasado en estas páginas: un encuentro pensado para sentar los cimientos de un nuevo proyecto nacional, organizado por los editores de la revista Líderes Mexicanos, terminó con un franco desencuentro –atemperado por las formas– entre el presidente Calderón y los más destacados invitados.

Aunque hay varios temas que ameritarían comentarios sobre esa reunión, me quisiera detener en uno que expuso el presidente Calderón: yo quiero invitarlos, amigas y amigos, amigos de corazón, a que estas elecciones, si no les gustan los partidos políticos, hagan un partido político; si no les gustan los candidatos a diputados, sean ustedes los candidatos a diputados.

Por principios de cuentas no deja de ser un chiste cruel llamar a formar partidos cuando como se sabe que la formación de nuevos partidos está tremendamente limitada por la legislación electoral tanto por los requisitos que se exigen como por el hecho de que sólo cada seis años se abren las condiciones para registrar nuevos partidos.

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¡Aquí estoy!

Bernardo Bátiz V.

A mi modo de ver, lo peor de un político pobre, sin ideas propias, que gobierna mal, pero que a pesar de ello tiene éxito gracias a la publicidad vilmente mercantil, es el mal ejemplo que da. El gobernador (todavía cuando escribo este artículo) del estado de México, que aspira a ser presidente de nuestro país, según las encuestas, de las que siempre hay que desconfiar, es ampliamente conocido, porque su carrera política ha sido planeada y ejecutada como un espectáculo de y para la televisión.

No sólo su matrimonio con una actriz, sino cada una de sus apariciones en público, incluido su informe, está previamente programada, atendida y producida como un espectáculo para el consumo de la gente. Así, no importa que por la imprevisión de él o de su equipo se le inunden amplias zonas del estado o que sus cárceles sean infiernos todavía más aterradores que los de otras entidades o que los feminicidios y demás crímenes proliferen a lo largo y ancho del estado que gobernó, para que disminuya su aceptación; lo que importa es que se le vea jovial, bien vestido, bien peinado y retratado con propiedad. Un producto, a fin de cuentas, independientemente de méritos o deméritos.

Y reitero, lo más lamentable es que cunde el ejemplo; nuestra sufrida ciudad capital, tan admirable en muchos aspectos, es una lamentable muestra de esta imitación extralógica, es decir, inconsciente o casi inconsciente, automática. Por ello, cada mañana que los capitalinos salimos a nuestros quehaceres y trabajos, nos encontramos con centenares de carteles de diversos tamaños, colores y alturas, con mensajes diferentes, con fotos feas o bonitas, con nombres largos o cortos, pero que en el fondo nos dicen todos, en un grito desesperado, nervioso, tenso, ¡aquí estoy!, véanme, existo.

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Para los amigos, gracia y justicia.....y las nalgas !

María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 11 de mayo.- La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que exonera de responsabilidad al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por la difusión nacional de sus promocionales, establece un pésimo precedente: La excepción contenida en el párrafo 5 del artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) permite la promoción personalizada de los gobernantes, y para acreditar que se trata de mensajes que promocionan la emisión de un informe, y no de un spot con fines electorales, basta con mencionar el informe respectivo y presentar los promocionales como propaganda del gobierno.

Es un precedente positivo que el TEPJF haya establecido que la afectación de un proceso electoral no se limita a los hechos que se desarrollan cuando el mismo ya se encuentre en marcha, lo cual es importante porque es precisamente lo que permite determinar, entre otras cosas, los actos anticipados de precampaña o campaña. Sin embargo, según la magistrada ponente, en este caso no se acredita ninguna violación porque los mensajes son únicamente para promocionar el V Informe de Gobierno.

En esta resolución los magistrados también dejaron claro que se consideran expertos en comunicación política y, por lo tanto, ellos pueden definir la finalidad e intencionalidad de los mensajes que se emiten, aunque basta con cumplir unas formalidades para obviar el contenido de los mismos, pues, como literalmente asientan en la resolución, “es factible concluir que los mensajes que se analizan constituyen propaganda gubernamental sobre el Quinto Informe de Gobierno del Estado de México (…) dado que en ambos promocionales se hace referencia a la rendición del Quinto Informe de Gobierno del ciudadano Enrique Peña Nieto, y se presenta como propaganda del gobierno del Estado de México, lo que constituye la causa eficiente de la transmisión de los mensajes difundidos”.

En este caso, como se hizo en el de los infomerciales incluidos en los noticieros nacionales sobre la toma de protesta del candidato priista a la gubernatura de Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, lo lógico es solicitar el apoyo de expertos en comunicación política que definan la finalidad e intencionalidad de los mensajes, más allá del cumplimiento de algunas formalidades. Pero las autoridades electorales prefieren hacerlo únicamente bajo su criterio, porque eso les permite mantener la arbitrariedad y discrecionalidad en la aplicación de la ley.

La razón para exonerar al gobernador y a su director de Comunicación Social es la existencia de contratos mercantiles celebrados con las televisoras en las que se establece como lugar de prestación del servicio “todo el Estado de México”, y por ello “es factible concluir que la intención del contratante fue difundir la propaganda contratada ‘En el Estado de México’, dado que no existe ningún pacto o convenio firmado por las partes que tenga por demostrada la contratación de difusión a nivel nacional”.

Y aunque admiten que la difusión de los promocionales se realizó en 31 entidades federativas, con excepción de Tlaxcala, dichas transmisiones “no corresponden con lo solicitado por el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, razón por la cual no es factible imputarle a algún servidor público responsabilidad alguna por su difusión”.

Sin entrar en detalles de las órdenes de transmisión que permiten establecer responsabilidades al respecto, la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, ponente en este caso, se olvida de la resolución del expediente SUP_RAP-242/2009 y acumulados, en la que ella también fue ponente y donde señala explícitamente: “Es un principio general de derecho el que las partes contratantes de un acuerdo de voluntades velen por el estricto cumplimiento de las cláusulas pactadas, así como que el cumplimiento de lo convenido se lleve a cabo verificando que el objeto o fin sea lícito, además de que, derivado de éste, no se efectúen actos contrarios a la ley. Asimismo, las partes están vinculadas a que las obligaciones asumidas en un acuerdo de voluntades se lleven a cabo sin que su cumplimiento involucre la afectación de alguna norma de orden público”.

Y en el párrafo posterior precisa: “Es por ello que, cuando un partido político contrate un servicio publicitario destinado a difundirse a través de un medio legal (…) el propio instituto político está constreñido a vigilar que, por virtud de ese acuerdo comercial lícito, su prestatario no genere un acto posterior que derive en una ilicitud”.

Así, como señalan los magistrados Alejandro Luna Ramos, Salvador Nava y Pedro Penagos en su voto particular, “este criterio es aplicable al caso, porque los servidores públicos fueron las partes contratantes de la difusión de los promocionales, de tal manera que son responsables de lo contratado y de su ejecución, razón por la cual, si se acreditó la violación al artículo 228, párrafo 5, del código electoral federal, la consecuencia necesaria es responsabilizarlos de ello, en razón de que la propaganda relacionada con el informe de gobierno se transmitió en lugares distintos al territorio donde ejerce sus atribuciones el funcionario referido”.

En función de ello, la postura de estos magistrados es que “debe modificarse la resolución impugnada y ordenar que el Instituto Federal Electoral, en el ámbito de sus atribuciones, considere que es fundada la queja respecto de los servidores públicos y las televisoras por la transmisión de los promocionales del Quinto Informe de Gobierno del Estado de México fuera del territorio de esa entidad”.

La resolución del IFE sancionaba al gobernador y exoneraba a las televisoras; la mayoría de los magistrados consideró que es a la inversa: la responsabilidad es de las televisoras y no de los servidores públicos; pero los mismos precedentes del tribunal conducen a concluir, como lo hacen los tres magistrados que votaron en contra de la resolución, que: ambos son responsables.

Pero en el tribunal sí aplica la famosa máxima juarista: “A los amigos, gracia y justicia; a los enemigos, la ley a secas”. En esta ocasión son amigos.

Ley de APP, la última apuesta de Calderón

En unas semanas, la Cámara de Diputados discutirá la ley más polémica de los últimos años: la de las Asociaciones Público Privadas, que, según especialistas, implica la privatización de todos los sectores y servicios públicos. La iniciativa –presentada por el Ejecutivo en octubre de 2009– representa la última carta de Felipe Calderón para capitalizar el respaldo del sector empresarial a favor del PAN en las próximas elecciones

Ana Lilia Pérez

Con miras a las próximas campañas presidenciales, Felipe Calderón se juega en el Congreso de la Unión su última carta para regresarle al Partido Acción Nacional (PAN) el apoyo del sector empresarial que el blanquiazul perdió en el desempeño de su gobierno: la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), que, en términos llanos, abre a la iniciativa privada todos los sectores, bienes y servicios que por mandato constitucional controla el Estado; de allí que el politólogo e historiador Arnaldo Córdova, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), defina dicha ley como el “fin del Estado mexicano”.

La posibilidad de lucrativos negocios en áreas del sector salud, educación, seguridad pública y, sobre todo, energético llevó a las cámaras empresariales a replantear su respaldo a la continuidad del PAN en el gobierno federal, condicionado aún a la aprobación de la LAPP, que en octubre pasado fue avalada por el Senado de la República y está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados.

Aunque los empresarios tampoco están de brazos cruzados, la cabildean en público y privado. Algunos, como el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Correa, colocan en la agenda pública la “urgencia” de que la Cámara de Diputados ratifique la ley para su entrada en vigor.

En San Lázaro, la minuta actualmente se encuentra en comisiones, y se espera que sea una de las primeras en llevarse al pleno hacia febrero o marzo; sin embargo, algunos grupos parlamentarios, como el del Partido del Trabajo (PT), se preparan para combatirla “dada su agresividad sin precedente en contra de las atribuciones y potestades económicas del Estado”, dice la legisladora Ifigenia Martínez Hernández.

Una ley torcida

El 10 de noviembre de 2009, Felipe Calderón envió al Senado su proyecto para formalizar las asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la prestación de todo tipo de obras y servicios, incluidos los prohibidos por la Constitución y no contemplados tampoco en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) ni en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público (LAASP).

Asociaciones que en la práctica comenzaron a ejecutarse desde hace más de una década en sectores como el de comunicaciones y transportes con las concesiones y privatización carretera; el de salud, mediante la subrogación de infraestructura hospitalaria y servicios médicos en los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

En el sector energético, con los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas), los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), y, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el nombre ya de asociaciones público privadas, término que tampoco es novedoso, sino copia del modelo que inició Inglaterra a inicios de la década de 1990.

Que la iniciativa llegara al Senado y no a la Cámara de Diputados como correspondía, según las atribuciones de cada una, no fue casual, sino parte del cabildeo para asegurar su aprobación, revela el diputado priista César Augusto Santiago Ramírez, quien critica que en este sexenio el Senado se ha convertido en vía de aprobación de leyes a modo para Felipe Calderón.

De allí que “en los temas más delicados de la vida nacional, el presidente envíe sus iniciativas al Senado y no a la Cámara de Diputados, como corresponde de acuerdo con las atribuciones constitucionales de cada una”, refiere el político chiapaneco, que cuenta en su récord seis legislaturas federales y una local.

En efecto, pese a que en el pleno, senadores de distintos grupos parlamentarios –incluido el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– definieron la ley como el proyecto más privatizador de los últimos 50 años, el pasado 12 de octubre la aprobaron con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.

De la política de Salinas a la ley de Calderón

En la historia de México, si por algo se distingue el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es por la ola de privatizaciones de empresas estatales: monopolios privados, rescates multimillonarios y el correspondiente déficit en los ingresos. Pero ni entonces se planteó la idea de que los privados administraran áreas como la seguridad pública, incluidas las cárceles; el sector salud o las identificadas como de seguridad nacional, como si lo hace la LAPP de Felipe Calderón.

“Sólo falta que se proponga una Cámara de Diputados outsourcing o que se contraten outsourcing diputados”, critica el diputado Mario Di Costanzo.

La LAPP argumenta la imperiosa necesidad de que “la iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la APF, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos”.

La supuesta pretensión de “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.

Su aprobación en el Senado implicó la reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las malas prácticas: licitaciones dirigidas, adjudicaciones directas, contrataciones irregulares a cambio de comisiones, dádivas o sobornos son el pan de cada día en instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE, involucradas lo mismo grandes trasnacionales que las pequeñas compañías. Ahora, la LAPP legaliza este tipo de prácticas, alerta el diputado Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Los bienes materia de expropiación podrán ser tasados por valuadores externos y no únicamente por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Las escrituras tampoco requerirán del aval de la Secretaría de la Función Pública.

Sí contempla el sector energético

En noviembre, la minuta aprobada por el Senado llegó a San Lázaro. Desde la mesa directiva, se impuso un veto para que la Comisión de Energía no participara en su análisis y discusión, con el argumento de que, desde el Senado, se había excluido el sector energético de las APP. Ello azuzó la inquietud de revisar a detalle la minuta, explican a Contralínea legisladores integrantes de esa Comisión.

El análisis que de manera individual haría cada uno les develó que la ley que aprobó el Senado no tiene candados suficientes para blindar el sector energético –el más lucrativo del país– de este tipo de asociaciones, como se manejó oficialmente, denuncia Laura Itzel Castillo, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Ifigenia Martínez, exvicepresidenta de la mesa directiva del Senado, explica que, en la redacción “imprecisa”, está el truco para que la LAPP tenga posibilidad de ejecutarse “en cualquier materia”, principalmente en Pemex, y “para ello utiliza una redacción imprecisa encaminada a interpretarse como la posibilidad de participación de materia petrolera, similar a la utilizada para justificar la celebración de contratos de servicio público, ahora llamados incentivados”.

La redacción de la ley que el Senado aprobó encendió la alerta en San Lázaro. “Es imposible de aprobar esta ley si tiene resquicio para su aplicación en materia energética, es imposible de aprobarla en esa materia. Definitivamente no, allí no se puede y punto”, suelta tajante César Augusto Santiago, quien fungió como director general adjunto de Pemex en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Cabildeos oscuros

El proceso legislativo que ha tenido la LAPP está lleno de claroscuros. Cuando entró a San Lázaro, por ejemplo, la Junta de Coordinación Política “informó” a los coordinadores del interés de que se aprobara antes del 15 de diciembre, es decir se buscó que entrara como una de tantas leyes y dictámenes que en cascada se validaron previo a la tregua navideña.

Sin embargo, “algunos diputados logramos que no se desahogara sin un análisis previo y, mucho menos, se votara”, refiere Enrique Ibarra, diputado del PT por Jalisco.

En el estira y afloja, los coordinadores parlamentarios del PRI, Francisco Rojas; Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas; y del PT, Pedro Vázquez, acordaron revisar los alcances de la ley mediante algunos foros en febrero y marzo próximos, antes de que la LAPP se someta a votación.

El análisis que los legisladores del PT, principales opositores de la LAPP, expondrán ante el pleno durante la discusión de la ley deduce que la propuesta calderonista que avaló el Senado es “un mecanismo claro de facilitación privatizadora”.

Argumentos falaces

En su iniciativa, Felipe Calderón argumenta que la LAPP impulsará la competitividad económica del país y, “en general, la calidad de vida de la población con la inyección de capital para el desarrollo de obras”.

Aunque desde su nombre parecería orientada a fortalecer el régimen de economía mixta, “en esencia es todo lo contrario: significa favorecer al sector privado a toda costa, abandonando funciones primordiales y entregando para su gestión sin intervención del gobierno todo tipo de servicios públicos y la construcción de infraestructura para su operación”, explica Ifigenia Martínez, una de las economistas más prestigiadas de México, la primera connacional en obtener el grado de maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard.

“Tal intención se pretende apoyar –continúa Martínez– en la supuesta mayor eficiencia del sector privado y en la supuesta necesidad de adoptar tecnología de punta en las actividades gubernamentales para la prestación de servicios públicos. No obstante, la experiencia ha demostrado muchas veces el carácter ruinoso de esa participación privada en actividades públicas.”

El saldo de los esquemas que precedieron a las APP es contundente:

La privatización de la banca comercial y el posterior rescate a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (después llamado Instituto para la Protección de Ahorro Bancario) implicaron un costo fiscal de 1 billón 248 mil millones de pesos, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación inscritas en el informe final de la comisión de investigación sobre el IPAB. Para septiembre de 2010, el pasivo estimado era de 780 mil millones de pesos.

La privatización y posterior rescate carretero, que en 1997 tuvo un costo de 58 mil 100 millones de pesos, se triplicó una década después por los intereses generados: 98 mil 700 millones de pesos, según estimación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

El otro esquema que precedió a las APP es el de los Pidiregas, aplicados particularmente en el sector energético. El resultado: sin activos visibles, la deuda de Pemex vía Pidiregas en los sexenios panistas suma 896 mil millones de pesos; los de la CFE, 263 mil millones.

Ni una ni otra paraestatal se hicieron más competitivas y eficientes. En el caso de Pemex, de ser la sexta empresa petrolera más importante del mundo en 2000 (sólo después de Saudí Aramco, Pedevesa, Exxon Mobil y la NIOC de Irán), hoy se ubica en el número 11.

El caso de la CFE es quizá más polémico: las deudas adquiridas vía Pidiregas sirvieron para capitalizar docenas de compañías privadas, en su mayoría extranjeras. Sin una ley todavía sobre las APP, esta paraestatal tiene ya pactados compromisos de este tipo prácticamente para todas las fases de producción, y aunque cada día sus pasivos son más abultados, la CFE no ofrece a los usuarios ni mejores servicios ni tarifas más bajas, por el contrario, actualmente es la empresa que acumula más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por “tarifas y cobros abusivos”.

Respecto de los PPS, esquema más afín con las APP, su desarrollo de ninguna manera ha sido a favor del bien público. De acuerdo con diversas investigaciones de la reportera Érika Ramírez, en el ámbito federal y particularmente en el sector salud, han sido utilizados para beneficiar a empresarios vinculados al PAN y algunos claramente identificados como financieros de campaña de Felipe Calderón (Contralínea 122, 173), con proyectos que además han costado hasta cinco veces el precio original pactado.

Abultados costos

La ley de Calderón argumenta la necesidad de las APP por la inyección de capital para el desarrollo de infraestructura, pero como ha ocurrido con los PPS en el sector hospitalario, los proyectos que se desarrollen mediante estas nuevas asociaciones costarán dos y hasta tres veces más que si el proyecto lo desarrollara el gobierno, advierten economistas.

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Crímenes y TV

¿Qué es Crímenes y TV?

Es un proyecto cinematográfico de una película de ficción basada en la realidad. Un thriller de humor negro, sobre las relaciones oscuras que hay entre ciertos dirigentes de la clase política y la televisión.

Crímenes y TV es una propuesta de cine de calidad, un cine trascendente y necesario, comprometido con la sociedad. Por su temática política no cuenta con apoyo económico ni público ni privado para su realización. Por esta razón la cooperativa de cine El Principio hace un llamado a la sociedad, a todo aquel que considere importante que se haga esta película, para que dé su apoyo y se pueda realizar.

¿Cuál es la historia de Crímenes y TV?

Trata de un vicepresidente de un monopolio televisivo que, por órdenes de su empresa y con la ayuda de su amante, graba en secreto videos sexuales de conocidos políticos y empresarios. Su amante roba los videos para chantajearlo y huir con su jefe de guaruras. Este suceso detona seis historias, todas relacionadas entre sí, que configuran un entramado de traiciones y deslealtades que determinan la carrera presidencial.

Teaser Crímenes y TV from el principio on Vimeo.

elprincipio@prodigy.net.mx ·crimenesytv2011@gmail.com

Incongruencias, contradicciones, incógnitas

Diego Fernández de Cevallos ya está donde acostumbra: ante las cámaras, frente a los micrófonos, arropado en los poderes que ha sabido cultivar durante su larga trayectoria como abogado y político. Sin embargo, al concluir el silencio impuesto por Gobernación y Televisa sobre el caso, en las versiones oficiales del secuestro comienzan a saltar las incongruencias, las abiertas contradicciones, las incógnitas…

Verónica Espinosa

QUERÉTARO, QRO.- Diego Fernández de Cevallos retornó a la vida pública en las mismas circunstancias en las que desapareció de su rancho La Cabaña el viernes 14 de mayo: en medio de un mar de dudas y versiones contradictorias sobre el pago del rescate y su liberación y ante el silencio del gobierno.

En las versiones surgidas del propio Fernández de Cevallos, amigos, familiares y el gabinete de seguridad, tampoco quedan claros los términos de la negociación y el pago del rescate, ni el día y la hora precisos de la liberación.

Incluso saltan preguntas sobre las verdaderas circunstancias del secuestro. Varias horas antes del momento en que se ha dicho que ocurrió, en Los Pinos había un evidente alboroto por lo que ahí ya se sabía: que Diego Fernández de Cevallos había sido secuestrado.

Hacia las 19:00 horas del 14 de mayo, un testigo –cuya exigencia de anonimato resulta obvia– aguardaba en la sala de espera de Jorge Rodríguez Ramírez, entonces asesor de Jorge Tello Peón, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Su cita había sido retrasada una y otra vez, y finalmente se canceló con el argumento de que el funcionario estaba “en una situación de emergencia por el secuestro del Jefe Diego”.

El presidente no estaba en Los Pinos. Al recurrir a la agenda oficial, sólo se pudo saber que esa tarde de viernes Calderón tenía programadas “actividades privadas”. ¿A qué hora y en dónde ocurrió realmente el plagio del político panista, que reiteradamente se ha situado alrededor de las 22:00 horas a la entrada de uno de sus ranchos en Querétaro?

Tello Peón dejó su cargo el 19 de agosto y fue sustituido por Alejandro Poiré. El asesor Rodríguez Ramírez había llegado a esa oficina procedente del Cisen.

También prevalece la incógnita del grupo que secuestró al excandidato presidencial, que por su trayectoria política, profesional y empresarial fue escogido como víctima, según los propios argumentos de quienes primero se identificaron como “misteriosos desaparecedores” y en el desenlace del plagio se autodenominaron “Red por la Transformación Global”.

Aunque este último membrete y los tres manifiestos difundidos en la víspera de la liberación del panista fueron dados de alta en un correo grupal de yahoo.com.mx el viernes 17, mismo día en que subieron los documentos con un minuto de diferencia: a las 21:20, las 21:21 y las 21:22 horas, el grupo ya no registra más actividad.

Incluso el anuncio de la liberación parece acomodado para una espectacular reaparición del panista: no fueron su hijo Diego ni el exprocurador Antonio Lozano Gracia quienes, como únicos voceros y responsables de la negociación, difundieron el fin del secuestro. Fue Joaquín López Dóriga quien, en un enlace telefónico cerca de las nueve de la mañana, dio la información en el noticiario matutino de Televisa.

Hasta ese momento los temas principales de esa mañana eran la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan y el homicidio de la activista Marisela Escobedo y su cuñado en Chihuahua, los cuales fueron desatendidos para dar paso a la amplia cobertura informativa que se desplegó en torno a la reaparición del abogado panista.

Después del reporte de López Dóriga, la especulación continuó alimentándose. El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, comentó que “de ser verídica la versión” que ya circulaba, la dependencia reabriría la investigación sobre el secuestro.

Pasaron muchos minutos de esas primeras horas de la mañana antes de que una fuente allegada al político la confirmara. Lo hizo Lozano Gracia.

A la 1:30 de la tarde Diego Fernández –sereno, con el cabello recortado, la barba muy larga pero limpia y arreglada y con un ramo de rosas rojas– se presentó conduciendo un Mercedes Benz cuyo cláxon tocó ante las rejas de su residencia en Lomas de Virreyes, ya entre la aglomeración de reporteros, camarógrafos y fotógrafos.

“Sólo quiero decirles que me encuentro bien, gracias a Dios, y que estoy fuerte, y que mi vida seguirá siendo la misma”, declaró inicialmente. Pero más tarde sorprendió:

“Uno de los temas que será capital y lo hablé con mis plagiarios (en las muchas y fuertes discusiones que dijo haber sostenido con ellos) y está el compromiso con ellos, de pensar y de luchar por grandes causas que reclama México (es el de) su pobreza, su injusticia y su impunidad. Creo que tenemos que hacer de México un país de leyes, de instituciones, no de secuestradores, de asesinos, de ningún nivel, ni de ricos ni de pobres.”

Al hablar de sus captores, Fernández de Cevallos aseguró: “Como hombre de fe, ya perdoné; y como ciudadano creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropello, sin flagelaciones”.

Sin embargo, a lo largo de las entrevistas que fue ofreciendo al propio López Dóriga, a José Cárdenas y a Javier Alatorre, en TV Azteca, fue parco en comentarios sobre las características de sus secuestradores y la forma en que fue puesto en libertad:

“No quiero dar pormenores. Y es que para efectos del procedimiento que puedan tener las autoridades debo ser muy respetuoso. Fui sorprendido, secuestrado y ya estoy aquí”, le respondió a López Dóriga.

Sostuvo que fue liberado en la madrugada del lunes en un punto que se negó a precisar: “Me dejaron algunos kilómetros distantes de algún pueblo… Caminé algunos kilómetros y no quería dejar de caminar para darle gracias a Dios y ver el amanecer de un nuevo día”.

Ahí también comentó que durante su cautiverio se enteró “muy poco” de lo que pasaba afuera: “Prácticamente no tuve ningún contacto con la realidad en esos siete meses y días”.

Pero en otra de sus salidas a las rejas de la casa de Lomas de Virreyes, contradictoriamente, Diego habló de “muchos otros casos de dolor, de desgracia que no pueden quedar olvidados porque se trata de un político de la vida nacional… yo tengo mucho dolor por tantas noticias que he recibido de lo que está sucediendo en México en estos días”. Y mencionó el asesinato de Marisela Escobedo, cometido el viernes 17.

La táctica desinformativa

La ausencia de una versión oficial alimentó toda clase de especulaciones. Basta recordar que desde el 27 de noviembre –el día de la boda del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto– El Universal publicó que Diego ya estaba a salvo en su casa. El diario atribuyó la información a un primo de los Fernández de Cevallos perfectamente enterado de las negociaciones, y la sostuvo en días posteriores.

En la semana que empezó el lunes 20 surgieron nuevos datos y versiones extraoficiales, como la que publicaron los reporteros Gustavo Castillo y Alfredo Méndez, de La Jornada, quienes citando a “fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional” sostienen que Fernández de Cevallos fue liberado el 11 de diciembre, nueve días antes de su aparición mediática.

En la misma nota se dice que, “según las fuentes consultadas, los secuestradores cobraron 30 millones de dólares de rescate el pasado 10 de diciembre”, mismos que Diego junior y Antonio Lozano habrían entregado en un punto entre la Ciudad de México y Toluca.

“Al siguiente día, El Jefe Diego fue soltado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Querétaro, tan sólo con unos zapatos, un pantalón y una chamarra vieja que sus captores le proporcionaron. De su liberación fueron enterados primero el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, y posteriormente el presidente Felipe Calderón Hinojosa; se acordó que el tema se trataría con total hermetismo”, publicó La Jornada en su edición del jueves 23.

Otra imagen de Diego

Semanas atrás Fernández de Cevallos apareció en las fotografías de su cautiverio como un anciano desvalido, con el rostro golpeado, semidesnudo y con los ojos vendados, privado de su libertad y “no con la prepotencia ni el cinismo de los que ha hecho gala el trasnochado encomendero a lo largo de su vida personal y política, sino en la total indefensión, casi parecida a la que vivimos y a la que hemos sido sometidos la mayoría de los mexicanos”, como se dijo en el último mensaje atribuido a los plagiarios.

Fueron estas fotografías, junto con dos cartas presentadas como de su puño y letra, las pruebas de vida conocidas y divulgadas por internet en los siete meses y días de cautiverio: la primera se conoció el 20 de mayo, a casi una semana de su desaparición; en el mensaje adjunto se afirmaba que Diego gozaba “de cabal salud” y se exigía a las autoridades mantenerse al margen de la negociación con la familia.

La segunda foto apareció el 26 de julio, acompañada por una carta en la que el político parecía desesperado: “Todo lo que puedas conseguir de ayuda, asegúrales que la pagaré. He tenido varios desvanecimientos y mucho dolor en el pecho a pesar del tenormín y de la aspirina. Tú sabes que no quedé bien del corazón después de la operación… He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor (...) Es preferible un gran esfuerzo pronto que ilusionarse con lo que ya no podrá ser después…”.

La tercera circuló el 13 de septiembre, acompañada por un mensaje de los “misteriosos desaparecedores” y sonaba a advertencia:

“Dicen que sus últimas fotos sólo mostraron los restos del hombre intocable y poderoso que fue, y que sembrador de vientos y cosechador de tempestades no se supo si fue víctima de una banda del crimen organizado, o de algún grupo poderoso del gobierno, o de alguna organización guerrillera… gracias a la trayectoria personal y pública del ‘jefe Diego’ se seguirán diciendo muchas cosas y quizás todas quepan como líneas de investigación, desde que su familia lo abandonó y de que a sus propios amigos no les importó su suerte”.

Dos de esas fotografías fueron tomadas con Diego sosteniendo el ejemplar de Proceso que circuló en la semana posterior a su desaparición (el número 1751), una de la portada y otra del reportaje titulado Millonario litigio del poder con el poder, del reportero Carlos Acosta, en el cual destaca una fotografía del litigante panista y el expresidente Carlos Salinas de Gortari posando sonrientes.

Según la versión difundida el sábado 15 de mayo, la noche anterior Fernández de Cevallos hizo su rutinario recorrido desde la hacienda de La Barranca –en Jerécuaro, casi en los límites con Querétaro– por la carretera Coroneo-Querétaro y la autopista a la Ciudad de México, para entrar a sus dominios aledaños a la comunidad de San Clemente en Pedro Escobedo, a unos kilómetros de San Juan del Río.

Dormiría en La Cabaña, un rancho anteriormente conocido como La Bolsa, que adquirió y puso a nombre de su hija Claudia (Proceso 1332 y 1373). Al día siguiente viajaría al Distrito Federal para asistir a una comida con su amigo el también abogado Juan Collado y su prometida. Pero según esa versión sólo llegó a estacionar la camioneta mientras, a unos 500 metros, en su pequeña casita, el velador lo escuchó entrar y ya no se asomó.

“La verdad sí pasaron muchas horas desde que se cometió el delito, cuando menos unas siete, ocho horas; Diego así es, vivía totalmente tranquilo, con toda la seguridad de que no le iba a pasar nada. Llegaba solo a La Cabaña, entraba, se dormía y dejaba hasta la puerta abierta, era muy confiado. Era, porque yo creo que ya no lo va a ser tanto”, dice en entrevista el exgobernador queretano Ignacio Loyola Vera.

“La información fluye hasta las 6:30 (del sábado), cuando llega la gente del campo; se dan cuenta de que está la camioneta, hay cosas tiradas, parece que hubo una pelea y a mí me avisan. Yo le aviso al gobernador (José Calzada Rovirosa). Luego vino toda la desinformación, la prensa; que si lo vieron viajando para acá, que si allá”, recuerda Loyola.

La Procuraduría de Justicia del estado inició una averiguación previa, acudió al rancho el procurador Arsenio Durán con los peritos y se instaló un gabinete de seguridad en la XVII Zona Militar, al que se integraron el gobernador queretano Calzada Rovirosa, Loyola Vera y el exprocurador general Antonio Lozano; el procurador general de la República, Arturo Chávez, y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Pero la noticia no provino de ese grupo. El exprocurador Antonio Lozano Gracia hizo público un comunicado de los hijos de Diego en el que pedían a sus secuestradores que entablaran una negociación y solicitaban a las autoridades “hacerse a un lado para no obstruir” esta posibilidad, a lo cual accedieron las procuradurías.

Desde Gobernación, Gómez Mont impuso un silencio al que de inmediato accedió Televisa, que dejó de divulgar noticias sobre el secuestro. Con todo, desde varias instancias de gobierno, como la propia PGR, se estuvieron “filtrando” versiones a columnistas y reporteros de la fuente que apuntaban a un grupo de la guerrilla –una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR)– como el autor del plagio.

De hecho el 15 de mayo, cuando el comisionado antisecuestros de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Luis Cárdenas Palomino, llegó a la reunión del grupo de seguridad encabezado inicialmente por el gobernador Calzada y el comandante de la XVII Zona Militar –que ese día tuvo una encerrona de 17 horas– y posteriormente acudió a revisar personalmente el rancho, sostuvo la posibilidad de que el EPR fuera el responsable del secuestro.

Aunque el EPR se deslindó de la desaparición del excandidato, esta línea de investigación no fue eliminada, y menos después del ataque que sufrió el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien colaboraba en la investigación, precisamente en la línea de un movimiento guerrillero o del narcotráfico (Proceso 1751), como lo confirmó una fuente cercana a las investigaciones.

El sábado 15 por la noche, Cárdenas Palomino planteó la posibilidad de que, en caso de que un grupo guerrillero hubiera cometido el plagio, habría trasladado a su víctima a pie por las veredas que rodean el rancho para moverse hacia San Luis Potosí o hacia el sur. Y ya había transcurrido casi un día desde entonces.

Luego de que se conoció la primera fotografía que circuló por internet, el 21 de mayo, al día siguiente la PGR admitió que se trataba de un secuestro y a partir de entonces guardó silencio. El único integrante del círculo cercano a Fernández de Cevallos que habló de los plagiarios como “un grupo muy poderoso, con una gran organización y grandes recursos” fue el abogado y socio de Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan.

Pero incluso al exgobernador Loyola Vera este secuestro y su desenlace le plantean “muchas dudas, muchas señales encontradas, mucha revoltura”. Incógnitas que, dice, espera aclarar cuando converse con Fernández de Cevallos.

“Diego siempre decía que si lo secuestraban él iba a convencer a sus plagiarios de que lo soltaran”, comenta Loyola en su despacho de la dirección general de Agroasemex.

Aclara que nunca se le pidió que aportara dinero para reunir el rescate, y que su única contribución fue “dentro de mis posibilidades, con mi cercanía, mi amistad y mis oraciones”.

“Ignoro por qué aparezco en esa lista”, dice el exgobernador, al referirse a la relación de 23 prominentes empresarios, políticos, jerarcas católicos y dirigentes sindicales, encabezados por Carlos Salinas de Gortari y Carlos Slim, que se mencionan en el último paquete de comunicados de la “Red por la Transformación Global” y a los que Diego les habría escrito cartas para pedir ayuda y cobrar “por sus favores y los servicios prestados”.

“La verdad no sé por qué estoy ahí, creo que es un error. A ese nivel de capacidad empresarial no (estoy). Un amigo me dijo: ‘Si tú eres de los ricos, entonces hay una gran cantidad de personas pobres en este país’. No hay forma de que yo pueda estar a ese nivel y le puedo decir que no, que no fui elegido ni contactado por la familia para aportar recursos para esto”.

La tarde del anuncio oficial de su liberación, el lunes 20, en la hacienda de San Germán –la casa familiar de los Fernández de Cevallos–, luego de verlo en la televisión, su hermana Beatriz explicaba: “Es normal, por su carácter es normal…Quería demostrar que estaba bien, cuando menos lúcido”.

Para Beatriz, Helena y María Fernández de Cevallos terminaban también siete meses de incertidumbre, de impotencia. Desde todas partes les avisaban “de cuanto cuerpo encontraban, por si era él”. Acudieron a ver a los amigos poderosos de su hermano y se dirigieron públicamente a los secuestradores cuando éstos enviaron un mensaje en el que afirmaban que el panista había sido abandonado por su familia.

María Fernández de Cevallos se niega a opinar sobre la forma en que reapareció su hermano. “Sólo él sabe y sólo él dirá lo que pasó; Dios le dio un tiempo más de vida y ojalá lo aproveche; yo nada más tengo agradecimiento para todos los que pidieron por él, para ustedes los medios porque respetaron el silencio…”.

Sin embargo, Beatriz bromea: “El peor error de los que lo tuvieron fue haberle tapado los ojos, pero no la boca… A la hora de salir… pues debe haber extrañado mucho los micrófonos, ¿no?”.

“A mí no se me hace raro verlo como salió, ya sé que parece increíble… Los primeros días sí le fue mal, (pero) él no es como esos empresarios que el miedo los mina… A Diego lo podrán acusar de todo, menos de tarugo.” l

¡Pobre México, tan lejos de Argentina!

Luis Echeverría, expresidente.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 27 de diciembre.- El general Jorge R. Videla, dictador argentino de 1976 a 1981, ha sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Ya había sido sentenciado a la misma pena en 1985, pero la lenidad del presidente Carlos Saúl Menem le concedió el indulto, además de aplicar en su beneficio las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Esas medidas fueron después anuladas por el Congreso en 2003, y esas leyes, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema apenas el 31 de agosto pasado. Entonces pudo llevarse de nuevo ante los tribunales a Videla, principal integrante de la Junta Militar que desató (y en cierto modo continuó la cruzada anticomunista dejada en manos de José López Rega por la presidenta Isabelita Perón, en 1975) la más descomunal represión ejercida por poder alguno contra su propia gente en la historia de América Latina, que se resume en la cifra de 30 mil desaparecidos.

Videla fue sentenciado el miércoles 22 de diciembre por el Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba, como “autor mediato (…) penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos, agravada por la condición de perseguido político de la víctima (32 hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (29 hechos en concurso real); tormento seguido de muerte (un hecho), todo en concurso real (…) imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas (…) En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Sistema Penitenciario Federal”.

El juicio se refiere a la tortura y asesinato de 31 presos políticos recluidos en el Penal de San Martín, en la misma Córdoba donde ahora ha sido sentenciado. Los hechos ocurrieron entre el 1 de abril y el 30 de octubre de 1976, cuando Videla se estrenaba como dictador. No se le ha condenado porque se suponga que él personalmente entró en la prisión y atormentó a los presos y luego los acuchilló o disparó sobre sus cabezas. Junto con él este miércoles fueron sentenciados subordinados suyos (incluido el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, en cuya jurisdicción se cometieron los crímenes), la mayor parte de los cuales tuvieron injerencia directa en los homicidios y los tormentos mencionados.

Pero como autoridad suprema, como jefe del Estado (por más que usurpara el cargo) y como jefe del Ejército, Videla fue hallado culpable de ordenar o consentir esos delitos, tenidos como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Suerte semejante hubiera corrido su par en la Junta Militar inicial, el almirante Emilio Eduardo Massera, de no haber muerto el 8 de noviembre.

En la forma extrema de rendición de cuentas a que deben sujetarse los gobernantes, hayan sido elegidos o no, Videla pasará el resto de sus días en una prisión común. No estará allí a pesar de haber ejercido en los hechos la Presidencia de la República, sino por ello mismo, por la responsabilidad política que le corresponde al ocupante del Poder Ejecutivo.

¡Qué remota la posibilidad de que un gobernante mexicano fuera llevado a los tribunales por crímenes semejantes a los imputados a Videla! Y vaya que los ha habido, sin que el sistema judicial y la estructura política (así como sus coyunturas) permitan su enjuiciamiento.

Si a vuela pluma revisamos la historia mexicana del medio siglo reciente, encontramos hitos donde la violencia homicida del Estado contra sus enemigos (se hayan declarado así las víctimas o no) segó la vida, al margen de la ley, de innumerables ciudadanos en las más diversas circunstancias. Si hubieran sido sometidos a proceso y se les hubiera sentenciado a la pena de muerte, nadie supondría posible enjuiciar a los jefes de Estado, por más que se conociera el dominio presidencial sobre procuradores, jueces, magistrados y ministros.

Pero la represión letal ejercida por disposición directa o indirecta de los presidentes los hace responsables políticos, no ante la Constitución, sino ante la historia, de crímenes que no tendrán castigo, porque estamos lejos de poder enjuiciarlos como hicieron en Uruguay, Chile y Argentina con sus dictadores.

En una combinación de causa y efecto, muchos sucesos en que el asesinato político sería imputable al jefe del Estado son apenas conocidos, porque la lenidad social (surgida del miedo o de la inconsciencia política) pasa por alto esos crímenes. En algunos casos, como los de Luis Echeverría y Carlos Salinas, la porción de la sociedad que los detesta lo hace por su corrupción personal o por el profundo daño que infligieron a la economía, al patrimonio de la gente, a la cual suelen importarle más los bienes materiales perdidos o dejados de ganar que el respeto a la vida misma.

En 1961, a la mitad del sexenio de Adolfo López Mateos, el general Celestino Gasca, dueño de una sólida biografía de militante laborista, resolvió convocar a los Federacionistas leales a alzarse en armas. Eran una fuerza dispersa en todo el país, remanente de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (de allí su nombre) que apoyaron en 1952 la aspiración presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán. Algunos sectores, los leales entre ellos, le imputaron traición a la causa cuando el candidato opositor se acomodó al triunfo de su adversario. Con gran ingenuidad, Gasca hizo convocatorias tan abiertas que reclutó no sólo a antiguos henriquistas sino a agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que hicieron abortar el movimiento. Decenas de presuntos alzados, con Gasca a la cabeza, fueron aprehendidos en la Ciudad de México y pronto dejados en libertad, sin juicio. Pero un número indeterminado de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, aun con métodos antiguos como colgarlas de los árboles, tal como ocurrió entre otros puntos en La Ceiba, en el lindero de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La represión de Díaz Ordaz a la movilización estudiantil, y la de Echeverría contra los propios estudiantes disidentes, son bien conocidas, y de ellas se desprenden claras responsabilidades de ambos gobernantes. Se quiso hacer valer las que tocan a Echeverría, y el esfuerzo del Comité 68 –con Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi a la cabeza– consiguió la mayor aproximación de la justicia contra un presidente. A esa colocación de Echeverría en el banquillo de los acusados sirvió de modo inequívoco el papel de la fiscalía creada por Fox para investigar los crímenes de la guerra sucia, la mayor parte de los cuales ocurrieron en los años setenta, principalmente los primeros seis. Justamente el riesgo de que ahondar en las averiguaciones dejara claras responsabilidades directas de Echeverría provocó el asedio al fiscal Ignacio Carrillo Prieto y la campaña de desprestigio en medio de la cual concluyó sus funciones.

Una dependencia de esa índole debería abrirse para indagar los crímenes políticos cometidos durante el periodo presidencial de Carlos Salinas. Si bien los protomártires de esa época, Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez, cayeron en julio de 1988, antes aun de que Salinas fuera elegido, su asesinato puede ser inscrito en la represión salinista porque fueron ultimados en vísperas de los comicios. Salinas fue formalmente elegido luego de que con esos homicidios se inhabilitó la defensa legal del voto.

Creado en 1989, como resultado y concreción partidaria del Frente Democrático Nacional que había sacado avante la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el Partido de la Revolución Democrática vio marcados con sangre su nacimiento y su vida incipiente. Especialmente en Michoacán y Guerrero, donde se efectuaron las primeras elecciones locales, la represión más cruel pareció destinada a exterminar el partido que suscitó el rencor presidencial con su permanente crítica al fraude que le permitió ser investido con la máxima autoridad del Estado.

Por supuesto, no fue Salinas quien directamente apretara el gatillo para eliminar a sus enemigos, pero permite atribuirle responsabilidad en los crímenes de esos años la impunidad de que disfrutaron los asesinos, ninguno de los cuales fue llevado ante la justicia, ni la federal que dependía directamente del presidente, ni la del fuero común, a cargo de gobernadores sujetos en los hechos a la autoridad presidencial. Quien quiera ser benévolo con Salinas y ahorrarle la acusación de autoría de 250 asesinatos de perredistas documentados por la Secretaría de Derechos Humanos de ese partido, tendrá que convenir en que fue al menos un encubridor y en que debiera ser sujeto por lo tanto a juicios como el que mantendrá para siempre en la cárcel al general Jorge R. Videla.

Ahora que la memoria histórica se adelgaza y hasta tiende a disminuir por mero olvido, no por exculpación, la crítica a Salinas, causada por su corrupción y los daños que infirió a la economía de los mexicanos (que se evidenciaron al comenzar el gobierno de su heredero Ernesto Zedillo), es hora de que la sociedad le recuerde que, llevado a tribunales internacionales, podría ser considerado perpetrador de delitos de lesa humanidad, como Videla