Informa López Obrador que retornará el próximo año el tianguis turístico en Acapulco

Acapulco, Guerrero a 20 de abril de 2012

* Firman 10 compromisos por el Turismo de México.

* Hace el compromiso de trabajar de manera coordinada con empresarios, trabajadores, prestadores de servicios y con los gobiernos estatal y municipal.

Desde este importante puerto, Andrés Manuel López Obrador informó que retornará, a partir del próximo año, el tianguis turístico a este centro, en caso de triunfar en la contienda presidencial.

Durante el acto de firma de 10 Compromisos por el Turismo de México manifestó que será “prioritario para el nuevo gobierno el relanzamiento turístico de Acapulco para recuperar la importancia que tuvo como uno de los principales centros turísticos del mundo”.

Ante empresarios de la industria hotelera y prestadores de servicios turísticos el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista hizo el compromiso de trabajar de manera coordinada con empresarios, trabajadores, prestadores de servicios y con los gobiernos estatal y municipal.

El relanzamiento de uno de los principales polos de atracción turística a nivel mundial Este “contará con el apoyo del gobierno federal para la construcción de modernas vialidades, el abasto de agua, drenaje, limpieza, acciones para enfrentar la contaminación, ordenamiento urbano, un programa de desarrollo social integral y combate a la inseguridad y a violencia”, abundó.

Antes de que López Obrador firmara los documentos correspondientes, Miguel Torruco Marqués, propuesto para ocupar el cargo de secretario de Turismo, expresó que se emitirá una Declaratoria de Prioridad del Turismo, “porque sé de las riquezas de México, de sus necesidades y de sus potencialidades. Lo haremos para que se hagan bien las cosas, con honestidad y con sentido de urgencia, porque nuestro principal compromiso es crear empleo y con el turismo se puede lograr”.

Como segundo punto destacó el establecimiento de la “Norma de Prioridad Turística que significa que todas las secretarías, entidades y empresas públicas articulen y dediquen su esfuerzo, capacidad y talento a favor del turismo, e invitaremos al Congreso de la Unión, a los Congresos Estatales, a los Gobiernos estatales y Municipales a unirse a este esfuerzo”.

Ante el incumpliendo de promesas, dijo que se consolidarán los siguientes Centros Integralmente Planeados: Loreto Nopolo, en Baja California Sur; Ixtapa-Zihuatanejo, en Guerrero y Huatulco, en Oaxaca, “porque estoy convencido que constituyen un importante esfuerzo y para que retomen una nueva dinámica de oportunidades”.

De igual forma, subrayó, se impulsará para su desarrollo 50 Plazas de Vocación Turística de Alto Potencial, para que encuentren un nuevo camino de progreso social, desarrollen sus vocaciones productivas, se relacionen con el mundo y fortalezcan su identidad.

 

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AMLO: gobierno federal debe apoyar más a pequeñas y medianas empresas

Reiteró que uno de sus propósitos es terminar con las prácticas monopólicas, pero que no está contra los empresarios, “porque para sacar adelante al país también es fundamental la iniciativa privada”.


http://youtu.be/5LU7rqAcbzg

Enrique Méndez

México, DF. Andrés Manuel López Obrador planteó que los créditos y apoyos del gobierno federal deben enfocarse a las pequeñas y medianas empresas que, expuso, son las que más generan empleo en el país.

En su mensaje semanal, López Obrador refirió que durante su gobierno en el DF se apoyó a los pequeños comerciantes y prestadores de servicios y que durante sus administración no se extorsionó a ningún empresario que pretendía invertir en la capital.

Reiteró que uno de sus propósitos es terminar con las prácticas monopólicas en el país, pero reiteró que no está en contra de los empresarios, “porque para sacar adelante al país también es fundamental contar con la iniciativa privada”.

Anticipó que una de las propuestas es la protección de los comercios ante al competencia desleal. Refirió, por ejemplo, que desde que se inició el gobierno de Vicente Fox se abrió el mercado de zapatos a las importaciones de China y los productores están amenazados de que a partir del 12 de diciembre se abrirá por completo la comercialización de calzado desde ese país.

Trasnacionales se benefician del fondo para microempresas

Distribuidores de las trasnacionales Chevrolet, General Motors, Ford, Volkswagen, Nissan, así como tiendas departamentales son beneficiarios del programa gubernamental que financia a micros, pequeñas y medianas empresas del país. El Fondo Pyme carece de mecanismos de operación y control a pesar de ejercer 5 mil 300 millones de pesos anuales, advierte el máximo órgano de fiscalización en México. En duda, la conservación de empleos formales en las compañías subsidiadas.

Érika Ramírez

La Secretaría de Economía (SE) entrega casi el 40 por ciento de los recursos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) a las grandes empresas del país, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre los beneficiarios, se encuentran distribuidores de las marcas Chevrolet, General Motors, Ford, Volkswagen y Nissan, muestran los kárdex correspondientes a 2010 de la SE, encabezada por Bruno Ferrari García de Alba.

Sin metas definidas ni indicadores que permitieran medir la cobertura del programa, la dependencia encargada de coordinar las estrategias económicas del país le destinó más de 5 mil 300 millones de pesos en 2009, según el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 elaborado por la ASF.

Con una disminución en el número de proyectos financiados, el año pasado le fueron asignados 5 mil 290 millones de pesos. En 2011, opera con más de 6 mil 700 millones de pesos, indica el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de los distribuidores de la industria automotriz, el Fondo Pyme financia 475 empresas pertenecientes a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) de Jalisco, a través del Proyecto Pabellón Hecho en México en el Marco de Expo ANTAD, con un ejercicio de 9.5 millones de pesos.

En marzo de 2010, Contralínea reveló que General Motors y Ford Motor Company –trasnacionales de origen estadunidense– han sido incentivadas con más de 3 mil millones de pesos mediante subsidios del Fondo Pyme y exenciones en el pago de impuestos, desde el inicio de las administraciones panistas, mediante la SE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Sin mecanismos de control

Con la auditoría de desempeño 09-0-10100-07-0040, el máximo órgano de fiscalización del país determina que el Fondo no dispone de “la evidencia documental de practicar estudios y formular planes y proyectos en los que se establecieran prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como un diagnóstico de las necesidades de apoyo de las Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)”.

La SE, resalta el informe, “no cuantificó en las Reglas de Operación del Fondo PYME 2009 la población objetivo por atender; tampoco identificó el número de empresas que requieren ser apoyadas con recursos por cada una de las categorías de apoyo, ni por región del país, entidad federativa y municipio, lo que limita el direccionamiento de los recursos”.

Fue a través de la auditoría que la ASF determinó que hay 5 millones 144 mil 56 unidades económicas. De las cuales, 4 millones 877 mil 70 son micreoempresas y representan el 94.8 por ciento de la “población potencial susceptible de ser apoyada por el Fondo Pyme”. Otras 214 mil 956 fueron clasificadas como pequeñas empresas y representan el 4.2 por ciento; 42 mil 415 medianas, 0.8 por ciento, y apenas 9 mil 615, que son el 0.2 por ciento, entran en el rubro de las grandes compañías.

El documento indica que de las más de 5 millones de unidades, 10 mil 782 empresas fueron atendidas a través del Fondo, el 0.2 por ciento del total; de ellas, “no fue posible comprobar la cobertura de atención de las pequeñas y de las medianas empresas respecto del total existente en el país, debido a que la SE las reportó en un solo rubro”. En tanto, la mayor cobertura por tamaño correspondió a las grandes empresas, con el 39 por ciento.

Los beneficiarios

De acuerdo con la lista de beneficiarios del Fondo Pyme de la SE, en 2009 se apoyaron a 170 Organismos Intermedios (OI) –encargados de facilitar su acceso al financiamiento y proporcionar servicios de capacitación, comercialización, gestión empresarial y desarrollo tecnológico.

Los proyectos de este ejercicio llegaron a 390 e implicaron un importe de 3 mil 337 millones 686 mil 700 pesos. El principal grupo de OI apoyado correspondió a las asociaciones civiles y mercantiles, con 101 organismos y 205 proyectos, seguido por las cámaras nacionales de Industria y Comercio, con 29 organismos y 70 proyectos.

Sin embargo, la Secretaría de Economía “no estableció criterios y parámetros para determinar en qué medida se deberían canalizar los apoyos a cada uno de los OI, por lo que no fue posible evaluar la eficacia en el cumplimiento de estas acciones”.

Según el kárdex de 2009, entre los primeros cinco beneficiarios, se encuentran el Programa Nacional de Incubadoras Fase 2009, con 4 mil 959 empresas; Semana Regional Pyme Puebla, 2 mil 577; Programa Nacional de Consultoría Moderniza, 2 mil 459; Programa de Apoyo Emergente para la Reactivación Económica, 2 mil 263, y la Cruzada por los Negocios y el Autoempleo, 2 mil.

Durante 2010, la lista es encabezada por el proyecto Fortalecer la Red de Distribuidores del Sector Automotor, autorizado a través de tres folios (FP2010-485, FP2010-1120, FP2010-1155), que implica el subsidio a 1 mil 983 agencias distribuidoras de las marcas Chevrolet, General Motors, Ford, Volkswagen y Nissan, entre otras.

Falta de impulso

Entre las observaciones realizadas, la ASF destaca que durante 2009 no se le asignaron recursos a empresas localizadas en 13 estados del país: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Además, dice el informe, la SE “no estableció metas de las empresas por desarrollar y consolidar por cada una de las categorías previstas con los recursos del Fondo Pyme”, como se tiene previsto en las Reglas de Operación del Fondo Pyme.

Entre los incisos de las Reglas de Operación –publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008–, se ordena la generación y conservación de empleos, creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, así como la contribución al desarrollo regional, sectorial, económico y sustentable, entre otras.

La dependencia que encabeza Bruno Ferrari no estableció metas y parámetros ni contó con la evidencia documental de las empresas que se integraron a las cadenas productivas, lo que impidió evaluar el cumplimiento del propósito establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que señala como “prioridad nacional” la generación de empleos.

Se solicitó entrevista con el titular de la Secretaría de Economía, a través de Joaquín Álvarez, director de Prensa, sin que al cierre de la edición se haya obtenido respuesta.

Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011

La poda del presidente

Vega Casillas y Calderón Hinojosa.

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 19 de agosto.- Frente a su incapacidad para lograr transformaciones de fondo en el país, Felipe Calderón alardea con acciones menores esperanzado en que éstas distraigan a ciudadanos y críticos. En materia de combate a la corrupción, en lugar de atrapar “peces gordos” e implementar medidas estructurales de prevención e investigación, el presidente se limita a emprender una “tala regulatoria” y envía a la basura una serie de normas que de todas formas eran inservibles. Aprovecha también esta limpieza como el pretexto perfecto para “liberar” a los empresarios de la acción reguladora del Estado.

El lunes 9 de agosto, Calderón y su secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informaron sobre la eliminación de más de 12 mil disposiciones y normas. Asimismo, establecieron de plazo el 10 de septiembre próximo para que cada secretaría de Estado reduzca al mínimo las normas necesarias para funcionar, su “equipaje de mano”, de acuerdo con la desafortunada metáfora del presidente. También, con el fin de homologar los procedimientos del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido una serie de “manuales” que buscan poner orden en algunos ámbitos estratégicos (adquisiciones, transparencia, auditoría gubernamental, etcétera) donde han predominado la confusión y la diversidad de procedimientos entre diferentes partes del gobierno. Finalmente, en un acuerdo publicado el 10 de agosto, Calderón declara una “veda regulatoria” que prohíbe la creación de nuevos reglamentos, normas y trámites a menos que sean estrictamente necesarios, en caso de emergencia o en cumplimiento de algún compromiso internacional.

El esfuerzo es plausible en principio, pero no implica de ninguna manera una transformación de fondo en la administración pública federal. Vega Casillas se engaña a sí mismo, o de plano miente, cuando señala que con estas acciones se busca “pasar de la lógica de los cambios graduales y posibles a los cambios de fondo que México realmente necesita”.

Una gran parte de los acuerdos y disposiciones eliminadas datan de hace muchos años, algunos incluso de décadas, y por lo tanto ya no eran aplicados dado que referían a oficinas, cargos, leyes y procesos hoy inexistentes. Además, los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional son los principales culpables del actual laberinto regulatorio en el interior del gobierno. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en numerosas ocasiones cómo el número de trámites se ha multiplicado exponencialmente bajo las gestiones de Vicente Fox y Calderón. La presente iniciativa, entonces, llega tarde y después de 10 años de total descuido en la materia.

Esta lógica de “tala regulatoria” también cae en una serie de confusiones y contradicciones sumamente peligrosas. Por ejemplo, mete en un solo costal las normas internas de la administración pública, los trámites que tienen que realizar los ciudadanos ante el gobierno, y los esfuerzos de regulación estatal de la economía. Todo mundo sabe que estos tres son ámbitos radicalmente distintos. Una cosa es hacer más sencillo que el ciudadano tramite un pasaporte, y otra cosa completamente diferente es eliminar importantes reglas para las compras y adquisiciones gubernamentales o, en su caso, para “flexibilizar” la supervisión del cumplimiento de las empresas con normas ambientales o de salud pública, por ejemplo.

En su discurso, Vega Casillas citó un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), encabezado por el antiguo secretario de Hacienda José Ángel Gurría. De acuerdo con Vega Casillas, este informe señala que México es víctima de una “profunda tradición legalista que subraya la adhesión a las leyes y disposiciones y castiga a las personas que no lo hacen”. La respuesta del gobierno de Calderón es, entonces, la “desregulación” y el achicamiento del Estado en todos los ámbitos. “Estamos, en pocas palabras, construyendo un gobierno más moderno, más ágil, más eficaz... Un gobierno que cueste menos, un gobierno que haga más, un gobierno que con menos reglas tenga mejores resultados”, pronunció Calderón el lunes 9 de agosto.

No es gratuito por ello que la iniciativa privada haya sido la primera en felicitar al presidente. “Es parte de lo que nosotros solicitábamos, que se abrieran las paraestatales, sobre todo Pemex, que está casi 100% cerrada, no sólo a las Pymes, sino a las empresas nacionales”, afirmó Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llama la atención, por ejemplo, que la instancia gubernamental que ha eliminado más normas supuestamente innecesarias sea precisamente Pemex, con una cuarta parte de los trámites eliminados: 2 mil 962 de 12 mil, una cifra dos veces más grande que el segundo lugar, el SAT, y 15 veces mayor que la de los otros organismos gubernamentales.

Sin embrago, tanto el diagnóstico como la medicina están equivocados. De ninguna manera podemos hablar de una “tradición” de “castigar” a las personas que no cumplen con la ley en México. Todo lo contrario. La historia nos habla de una clara impunidad que ha generado ciclos viciosos de corrupción e ilegalidad. En consecuencia, en lugar de “liberarnos” de la “profunda tradición legalista”, habría que fortalecer la regulación y hacerla más eficaz y contundente.

El lunes 9, el mismo Vega Casillas confesó que la existencia de mucha chatarra normativa no es el único problema que aqueja al gobierno: “Gran parte de los casos de corrupción que ha detectado la SFP se originaron por deficiencias normativas, por la discrecionalidad en la aplicación de la norma, pero sobre todo por la complejidad de la regulación”. Es evidente que reglas más claras y sencillas beneficiarían a todos, pero una simple “tala”, combinada con una “veda”, de ninguna manera resolverá los otros problemas más profundos de “deficiencia normativa” y exceso de “discrecionalidad”. Hace falta, por ejemplo, tomar medidas contundentes para dotar de mayor credibilidad, independencia y fuerza a las instituciones de fiscalización y control en todo el país, así como para facilit0ar la denuncia, tanto ciudadana como interna, entre otras reformas.

Tal y como hemos visto con las recientes acusaciones de corrupción y abuso de autoridad en la Policía Federal, y en general en las tareas de seguridad pública, el cáncer de la corrupción no se resolverá simplemente con buenos deseos y “limpias” superficiales. La poda de algunas ramas muertas es una acción rescatable, pero no afecta en absoluto la raíz torcida del árbol de la corrupción que cada día rinde más frutos podridos.

www.johnackerman.blogspot.com

Volver a crecer

Acentos
Ricardo Monreal Ávila

La crisis llegó del exterior, pero pronto se naturalizó mexicana por una serie de debilidades, insuficiencias y carencias internas.
Los indicadores nos colocan como uno de los damnificados más notables del sismo económico y social registrado el año pasado y que, a pesar de haber tocado fondo, aún no concluye.
Mientras nuestros socios comerciales (Estados Unidos y Canadá) perderán 2 puntos de su PIB en promedio, nosotros rebasaremos 8 por ciento al finalizar el año. Economías similares o inferiores a las nuestra, como Argentina, Brasil, Chile o Venezuela, registrarán pérdidas de 1.5 a 2.5 por ciento, tres veces menos que México.
El Banco Mundial, por su parte, tiene un cálculo preliminar de los nuevos menesterosos de la crisis global (quienes sobreviven con menos de dos dólares al mes): 90 millones de nuevos pobres el año pasado. De ellos, cinco millones (5.5 por ciento) son mexicanos. Falta el corte de 2009, cuando se da lo más fuerte del desempleo y la quiebra de empresas. Sin embargo, el castigo electoral al PAN en las pasadas elecciones, que dejó de gobernar a más de 10 millones de mexicanos de un día para otro, nos revela la magnitud del daño.
El antecedente de hace 14 años para salir de una crisis menos profunda que la actual, no es de gran utilidad. Para superar el Efecto tequila, Ernesto Zedillo endeudó al país con el aval de las reservas petroleras (25 mil mdd); incrementó el IVA, las gasolinas y los servicios públicos; y recortó el gasto en infraestructura y programas sociales. Después de haber caído 6 por ciento, dos años más tarde el país volvía a crecer a 3 por ciento, para promediar un sexenio de 2.4 por ciento.
Esto no se debió a las medidas antipopulares adoptadas, sino al impulso que vino de fuera: una economía estadunidense creciendo a 6 por ciento y un repunte sostenido de los precios del petróleo, que permitió a Zedillo hacer pagos por adelantado de la deuda contraída. Zedillo, que parecía condenado a ser el Presidente más antipopular de la historia reciente por la megacrisis de 1994, es recordado ahora como “el Presidente de la transición”, al entregar el poder por primera vez en 70 años a un partido opositor al PRI.
El gobierno actual no dispone de ninguno de aquellos arneses para escalar la empinada cuesta de los próximo tres años (2009 al 2012). Sin el Congreso de su lado, con una rebelión en su partido, con el fin de la era de los precios altos del petróleo, con la locomotora de la economía estadunidense descompuesta y sin un auténtico plan anticíclico, el gobierno insiste en recetarnos nuevamente las medidas que nos debilitaron como país y nos colocaron como uno de los principales damnificados del vendaval financiero y comercial.
El anuncio de un nuevo recorte al gasto público (con posibilidades reales de un tercero dentro de unos meses) es recesivo por donde quiera que se vea. Los 85 mil millones de pesos que el gobierno suma en recortes (35 mil mdp en mayo pasado, más 50 mil mdp en julio) implican en la práctica la cancelación de los programas económicos de recuperación anunciados en los últimos 12 meses, los cuales involucraban un gasto de 120 mil mdp en inversión pública intensiva en carreteras, estímulos financieros a las Pyme y ampliación de los programas sociales. El recorte al gasto en estos rubros significa en la práctica más contracción y más desaceleración económica.
Es importante hacer notar que mientras se recorta el gasto destinado a infraestructura y se contiene el combate a la pobreza, se mantienen intocados o en crecimiento los rubros de seguridad y defensa. Esto significa que sólo habrá trabajo en el gobierno como policía o soldado, pero no como maestro, médico, ingeniero o juez. Se da prioridad al Estado policial y no a un Estado de equidad social.
El gobierno confirmó también que analiza nuevos impuestos. Es decir, prepara un nuevo golpe a la economía familiar para el próximo año. No es difícil deducir cuáles serían estas medidas: IVA en alimentos y medicinas; encarecimiento de la gasolina, diésel, gas y electricidad; e incluso una mayor devaluación del peso. Nada dice sobre los grandes evasores fiscales ni el régimen de beneficios tributarios corporativos. Prefiere afectar al contribuyente cautivo que revisar a fondo el régimen de protección y elusión fiscal.
Una nueva política económica debe tener como prioridad hacer crecer al país, no hundirlo más en la recesión. Sin regresar al proteccionismo, la prioridad debe ser la reconfiguración del mercado interno, no su desmantelamiento. Invertir en el campo en lugar de importar más alimentos. Dar valor agregado al petróleo en lugar de venderlo barato e importar caro sus derivados.
Revisar el modelo económico en lugar de recortar la inversión pública y constreñir el gasto social, es lo que el país necesita en estos momentos críticos.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Planes anticrisis, ¿a quién benefician?

Ricardo Monreal Avila

Si usted es de los ciudadanos que aún no recibe en su bolsillo, ni en la mesa de su casa, ni en su empleo ni en su empresa pequeña o mediana los beneficios de los diversos planes anticrisis que el gobierno federal ha puesto en marcha desde el año pasado, es por una sencilla razón. Estos planes están diseñados para beneficiar predominantemente a un grupo de grandes empresas y empresarios. Tenemos cinco ejemplos concretos.Las reservas del Banco de México: Desde octubre del año pasado, el banco central ha destinado más de 22 mil millones de dólares para fortalecer el peso y anunció que a partir de marzo y hasta el próximo mes de junio destinaría hasta 100 millones de dólares al día con el mismo propósito.En realidad, es un subsidio directo al peso mexicano que, sin esta intervención del banco central, ya se hubiera devaluado más. Las preguntas pertinentes son: ¿quiénes necesitan en este país comprar con urgencia dólares baratos? En una economía altamente dependiente como la nuestra, donde importamos desde la comida hasta los zapatos, todos deberíamos resultar beneficiados. Pero no es así.¿Quiénes necesitan esos dólares de las reservas? ¿Los millones de trabajadores que ganan el salario mínimo o un puñado de empresarios que buscan especular contra el peso? ¿Los pocos mexicanos que todavía ahorran o invierten en pesos, o la banca extranjera que necesita sacar del país las altísimas ganancias que obtiene en México? ¿Los empobrecidos productores del campo o las grandes tiendas de autoservicio que importan la mitad o más de lo que venden? ¿Por qué se destinan 5 mil millones de dólares al mes para mantener el dólar barato y no se quiere congelar o reducir el precio del diesel, que beneficiaría de manera directa a millones de mexicanos y el costo económico es mucho menor que la utilización de las divisas? Pero lo más importante, ¿por qué el gobierno anuncia que mantendrá el dólar barato hasta junio y no hasta que la crisis económica termine? Por una sencilla razón: porque en el mes de julio habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados y no quiere ver cómo su partido, el PAN, pierde posiciones en el palacio de San Lázaro.
En suma, el gobierno está dilapidando las divisas con dos fines: para rescatar a unos cuantos dueños del país y para apuntalar a su partido, el PAN, frente a una debacle electoral anunciada.Los apoyos de Nacional Financiera: en octubre del año pasado, el gobierno anunció un programa de 180 mil millones de pesos para salvar a las pequeñas y medianas empresas, las llamadas PYMES. Pues bien, el Poder Legislativo tiene un estudio que revela que de 147 mil millones que ya se han asignado, el 80% se ha destinado a rescatar a grandes consorcios endeudados, como Soriana, Ford Credit, Paccar, Cementos Mexicanos, Almacenes Coppel, Tiendas Chedraui, Navistar, Banregio, Unifin, Famsa, Vitro y Ferromex, entre otras “pequeñas o micro empresas”. En el fondo se trata de otro Fobaproa empresarial, porque el gobierno lo que está haciendo a través de Nacional Financiera, es comprar la deuda de estos grandes consorcios y ser su aval.Así paga el gobierno sus compromisos de la pasada campaña presidencial, ya que la mayor parte de todos estos consorcios, especialmente los de Monterrey, hicieron campaña sucia entre sus empleados en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador y a favor del entonces candidato del PAN, Felipe Calderón. Tampoco es una simple coincidencia que el personaje que encabezó la guerra sucia electoral en el 2006, desde el Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Rangel Domene, ahora esté despachando como director de Nacional Financiera, el banco del gobierno desde el cual se está rescatando con recursos públicos a las empresas que apoyaron al PAN en la pasada campaña presidencial. Esto no es producto de la casualidad, sino de la complicidad. Las tasas de interés: los mexicanos pagamos las tasas y las comisiones más altas en todo el mundo, en tarjetas de crédito y otros servicios bancarios. El viernes pasado, en la Convención Nacional Bancaria realizada en Acapulco, el dirigente de los banqueros preguntó que de qué nos quejábamos, “si los agiotistas y prestamistas de los pueblos cobran más caro”. Esa es la mentalidad de la banca mexicana, esos son sus referentes, los agiotistas de pueblo, porque también el negocio de ellos es la usura, no el servicio; el agio, no el crédito; y la especulación, no la producción. En medio de la crisis mundial, la banca en México es la única que reporta ganancias a sus casas matrices en el extranjero. Cobran comisiones por todo, hasta por no tener dinero o cancelar una cuenta. La banca regula a su favor el más mínimo detalle de su relación con los clientes, pero no quiere que nadie la regule a ella. El organismo encargado de defender a los usuarios de la banca, la Condusef, es la tapadera y la principal defensora de la banca. De esta forma, las altas tasas de interés se han convertido en el principal escollo para salir de la crisis, para crecer y para generar empleos en el país, tal como lo señaló hace unas semanas alguien que sabe de estos temas como el empresario Carlos Slim.En diciembre pasado, el grupo parlamentario del PT en el Senado presentó una iniciativa para fijar topes a las tasas y comisiones que cobran los bancos en las tarjetas de crédito. Hace unas semanas, el PRI presentó también una iniciativa similar. Pero esta iniciativa del PRI es sólo para acalambrar a los banqueros y para fintar a los ciudadanos en este año electoral. Con su iniciativa, lo que busca realmente el PRI es que los banqueros se sienten a negociar con él y no con el gobierno. Esa iniciativa es una moneda de cambio: busca intercambiar iniciativas de ley por favores y apoyos electorales de los banqueros. El tiempo nos dará la razón. En el fondo, ni el PRI ni el PAN quieren legislar en serio las tasas de interés. Y es que ambos tienen, cada uno por su lado, sus bancos y banqueros favoritos, como lo evidenció el caso Banamex.
El caso Banamex: Mediante un rescate multimillonario, que equivale a una nacionalizacion de facto, el gobierno norteamericano es ahora el principal accionista de citigroup y su filial en México, Banamex. Esto lo prohíbe claramente la legislación mexicana y el mismo tratado de libre comercio, que establece que ningún gobierno podrá manejar instituciones financieras en nuestro país. El artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito señala a la letra: “no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”. (Continuará).

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx