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miércoles, noviembre 30, 2011

Hallan entrada de narcotúnel cerca de la PGR

El hallazgo en San Diego.


MÉXICO, D.F., (apro).- La entrada del narcotúnel descubierto ayer por autoridades estadunidenses en la frontera con México se encontraba en una bodega continua a instalaciones militares y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Luego de que policías y soldados trabajaron toda la noche, detectaron que a 300 metros de la entrada al pasadizo, ubicado en la zona conocida como 70-76, se encuentra la Base Aérea Militar, la comandancia de la Policía Federal, la Unidad contra el Narcomenudeo de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Es una bodega de dos niveles, con un túnel de 10 metros de profundidad, con elevador, sistema de iluminación y rieles a lo largo de 800 metros para desembocar en otra bodega de San Ysidro, California.

El tránsito vehicular en el área –situada al este de la ciudad, prácticamente en la entrada de la carretera de Mexicali y a un costado del Aeropuerto Internacional de Tijuana– corresponde a unidades militares y policiacas federales.

La portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Lauren Mack, dijo ayer que el narcotúnel descubierto en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, se ubicó en un almacén en la Mesa de Otay.

De manera extraoficial se dio a conocer que el narcotúnel –en cuyo lado mexicano se encontró un cargamento superior a las dos toneladas de mariguana– pertenecía al cártel de Tijuana que lidera Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.

Este es el segundo “narcotúnel” descubierto en este mes. El anterior hallazgo ocurrió la semana pasada en la misma zona. En esa acción, las autoridades decomisaron cerca de 17 toneladas de mariguana.

sábado, noviembre 12, 2011

Diagnóstico de la emergencia nacional

La disputa por la nación-Fisgón
Matiz-Helguera

  • El aspirante a la Presidencia rechaza que pueda darse un golpe de Estado
Confía López Obrador en que no habrá violencia durante la elección de 2012
  • Sostiene que el Ejército regresará a los cuarteles, porque es pueblo uniformado
Veracruz, Ver., 10 de noviembre. Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay nada que impida la elección de 2012 ni prevé escenarios violentos en el país; dijo estar seguro de que el Ejército volverá a los cuarteles, porque es pueblo uniformado, y desechó el temor de algunos ciudadanos: No, aquí en México no, no puede haber golpe de Estado.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal sostuvo que es optimista ante el proceso electoral que se avecina y aunque en algunos sectores existe temor por posibles hechos violentos, nosotros tenemos que alentar a que la gente participe, porque es la única forma de que las cosas cambien. No hay otra vía más que la pacífica y la electoral.

Sostuvo que ha hablado con mandos militares en todo el país y se ha enterado de que existe preocupación, están fatigados y sobrexplotados. Aseguró que en 2006 muchos militares y marinos votaron por nosotros y precisó que no es con ellos con los que tenemos diferencias.

Agregó: Yo platico con ellos constantemente, con la tropa y con los mandos. Ando por todo el país. Soy mirón profesional. Estoy bien informado y no tenemos espías, como los del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), pero tenemos inteligencia.

López Obrador se disculpó con los reporteros locales que esperaron su arribo durante dos horas fuera de la sede del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, donde se reunió con simpatizantes y dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional. Explicó que no se trataba de una reunión de partidos y recordó que él goza de licencia como militante del PRD.

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Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Veracruz, donde se reunió con integrantes del Movimiento Regeneración NacionalFoto La Jornada

López Obrador se negó a anticipar los resultados de la consulta interna que definirá al candidato de la izquierda a la Presidencia de la República.

Es de mal gusto estar diciendo: hay que dejarlo a la gente; además no es una contienda contra un representante de la mafia del poder; ya no le voy a decir la mafia del poder, le voy a decir los titiriteros, dijo al negarse a responder si él encabeza las preferencias electorales.

Marcelo (Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal) es mi amigo. Sería de mal gusto anticipar triunfos. Eso quisieran (Carlos) Salinas y Televisa: ver a la izquierda dividida; no la verán. La gente en México tampoco se dejará imponer a Enrique Peña Nieto, concluyó.

A pregunta expresa, rechazó la posibilidad de formar un gobierno de coalición: No, lo que hay que buscar es la transformación de México. Una de dos: cambio de fondo o más de lo mismo, ¿ustedes, qué quieren?

—¿Michoacán, por último?

—A pesar de todo el dinero que están gastando PRI y PAN, espero que los michoacanos den un ejemplo de civismo a la nación.
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  • Consuelo Soto, confundido por las señales contrarias que da el gobierno sobre el rescate
Intereses siniestros de aerolíneas contra Mexicana, denuncia el juez
  • El gobierno busca integrar cárteles de líneas aéreas y no dejar volar, dicen trabajadores
  • Pérez-Jácome se comprometió a recibir al empresario Iván Barona, que dispone de 400 mdd
El juez encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, dijo que está confundido por las señales contrarias que envía el gobierno para el rescate de la aerolínea; aseguró que percibe intereses siniestros de las aerolíneas beneficiadas con la salida de Mexicana, y sostuvo que se sabe que algunos empresarios han sido amenazados para que no inviertan en la línea aérea. Ante estas declaraciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respondió que el juzgador debe presentar las denuncias correspondientes.

Los dirigentes sindicales de los trabajadores de Mexicana de Aviación advirtieron al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, que de no revisar todas las opciones para capitalizar a la empresa habría señales inequívocas de que lo que el gobierno busca es integrar cárteles de aerolíneas y no dejar volar a Mexicana. Durante un encuentro con el funcionario lograron el compromiso de que hoy reciba al empresario Iván Barona, quien asegura disponer de 400 millones de dólares para capitalizar a Mexicana. Adelantaron que ya promueven los recursos legales necesarios para impedir la quiebra.

A unos días de que venza el plazo para rescatar a Mexicana, el juez Consuelo Soto reveló: Me informaron personas que prefieren quedar en el anonimato que en cuanto se dio la información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del nombre de algunos inversionistas mexicanos que fondearían el fideicomiso para el grupo Med Atlántica, recibieron llamadas anónimas para intimidarlos diciéndoles que ni se les ocurriera meter dinero al fideicomiso, porque nunca los iban a dejar volar, notificó el juez en un acuerdo que se presentó en el juzgado.

La información la dio a conocer en una notificación inédita, pues los juzgadores no acostumbran hacer inferencias relacionadas con aspectos que no constan en los expedientes judiciales, y además hizo comentarios a medios de comunicación. Ante estas declaraciones, el jefe de la Unidad Jurídica de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, exhortó al juez a que haga las denuncias correspondientes.
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  • En los últimos 3 años se cuadruplicaron estas acciones contra cuentas bancarias, afirma
Embarga el SAT pensiones de ancianos y discapacitados, denuncia Prodecon

Ancianos y discapacitados han llegado a ser privados de la pensión con la que sobreviven debido a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó sus cuentas bancarias por no haber reportado algún movimiento fiscal o incumplir algún pago, denunció Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

El embargo de cuentas bancarias en general, dijo, se cuadriplicó en los recientes tres años, pero no precisó cifras porque anunció que Prodecom realiza una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Tenemos casos documentados muy difíciles, como el de una persona inválida y una señora de la tercera edad cuyo único ingreso es su pensión y a quienes les embargan sus cuentas bancarias. Estamos hablando de depósitos pequeños de entre 3 y 8 mil pesos al mes, aunque también hemos conocido créditos de millones de pesos, refirió en conferencia de prensa.

Incluso señaló que los embargos comienzan a ser un problema administrativo para la CNBV porque debe destinar una parte de su personal a atender las solicitudes de las autoridades.

Criticó que en lugar de buscar otros mecanismos para resolver omisiones tributarias, el SAT u otras autoridades que pueden solicitar el embargo imponen a los jubilados multas que rebasan el monto de su pensión, mientras a los empresarios los dejan en la quiebra económica por confiscarles sus cuentas.
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Iniciativa Mérida atizó la violencia en México: ONG
  • Desde que se implementó, se han disparado extorsión a empresas, secuestros y otros delitos, denuncia la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
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El secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza (de espaldas), y el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, durante la ceremonia en que la Armada de México recibió tres helicópteros del país vecino, el pasado 15 de septiembreFoto Carlos Cisneros

Casi cuatro años después de la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, no se han obtenido mejoras significativas en materia de seguridad. En lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas de capos del crimen organizado la ha generalizado, señaló ayer la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

En el reporte Un relato aleccionador: las lecciones del Plan Colombia para la política exterior estadunidense hacia México y otros países, WOLA afirma que “los grupos del crimen organizado, cuyo número se ha expandido de aproximadamente seis confederaciones nacionales a las 12 existentes en la actualidad, se han enfrentado al Estado y entre ellos, en una guerra de todos contra todos. La eliminación de los capos de los cárteles ha provocado la fragmentación de los grupos, desencadenando nuevas luchas por el poder que han multiplicado la violencia”.

Tras recordar que el presidente Felipe Calderón asumió el poder con mandato electoral débil, WOLA indica que desde que el gobernante “lanzó la ofensiva contra los cárteles, en diciembre de 2006, la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado ha acabado con la vida de unas 40 mil personas en México.
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  • Critican la débil postura del gobierno ante el país vecino
Senadores exigen que EU extradite a los responsables de Rápido y furioso

El Senado demandó al gobierno federal iniciar los procesos judiciales necesarios para solicitar la extradición de los funcionarios de Estados Unidos responsables de la puesta en marcha de los operativos Rápido y furioso y Receptor abierto, por los que se introdujeron a México de manera ilegal miles de armas de alto poder.

La propuesta se aprobó luego de un debate en el que el PRI criticó la débil postura del gobierno de Felipe Calderón frente a Estados Unidos.

El senador del tricolor Fernando Baeza recalcó que ni siquiera se ha integrado una averiguación previa por ese trasiego de armamento, pese a que se trata de hechos delictivos en México, que han provocado asesinatos y otros actos de violencia.

Después del reconocimiento del propio procurador de Estados Unidos, Eric Holder, y de otros funcionarios del país vecino de la responsabilidad por la puesta en marcha de esos operativos, ya es tiempo de que aquí no sólo se hubiera integrado la averiguación previa y la consignación correspondiente, sino haber pedido la extradición de los funcionarios que han vulnerado el sistema jurídico mexicano, recalcó.
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Torpeza de Calderón, descalificar el informe de HRW: legisladores
  • El documento confirma la obsesión del Presidente de conducir el país al desastre
  • Aseveran que el Ejecutivo no entiende bien lo que significan derechos humanos
Diputados, senadores y dirigentes de partidos políticos criticaron la reacción del presidente Felipe Calderón ante el contenido del informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) denominado Ni seguridad ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México.

Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) sostuvieron que dicho informe confirmó el equívoco y la obsesión de Calderón por conducir al país a un estado de desastre e inocultable descomposición.

Aparte, senadores de los mismos partidos lamentaron que el Ejecutivo no escuche los argumentos de HRW, y consideraron ridícula la afirmación de Calderón de que son los criminales los que violan los derechos humanos de los ciudadanos.

Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura presidencial panista, respaldó ese argumento de Calderón. No obstante, pidió a las autoridades federales tomar en cuenta el informe y, en su caso, dar seguimiento a las denuncias, pues hay observaciones que se deben evaluar y fincar las posibles responsabilidades.
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Aprueban en San Lázaro la Ley de Apoyo a Adultos Mayores del Campo
  • Diputados del PRD ocupan la tribuna en demanda de más recursos para comunidades indígenas
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La protesta de los legisladores del sol azteca hizo que Emilio Chuayffet decretara un recesoFoto José A. López

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Apoyo Solidario para Adultos Mayores del Campo, que beneficiará a las personas de más de 70 años de edad que viven en comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes y que ahora se encuentran al margen de apoyos y programas sociales.

La decisión camaral contempla que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012 se destinen 3 mil 200 millones de pesos para otorgar pensión vitalicia a los ancianos de las comunidades marginadas, es decir, casi 500 pesos mensuales.

La medida alcanzaría a un millón 231 mil 681 personas. Los beneficiarios también tendrían servicios de salud, un seguro de vida por 495 minisalarios a favor del cónyuge del adulto mayor que fallezca y un pago de marcha de 45 salarios mínimos para la pareja o familiares más cercanos del fallecido.

Durante la sesión, el presidente de la mesa directiva, Emilio Chuayffet Chemor, decretó un receso porque los diputados perredistas Florentina Rosario, Filemón Navarro, Luis Hernández y Domingo Rodríguez ocuparon la tribuna de San Lázaro en demanda de un mayor monto de recursos para los programas y proyectos productivos que atienden a las comunidades indígenas del país.
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Estudiantes e Indignados exigen más recursos para educación

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Jóvenes indignados marcharon hacia la Cámara de Diputados para exigir que en el presupuesto se otorgue dos por ciento del producto interno bruto a educación públicaFoto Roberto García Ortiz

Aproximadamente 600 estudiantes universitarios y activistas del movimiento de los Indignados

marcharon ayer de la Bolsa Mexicana de Valores a la Cámara de Diputados para exigir que el gobierno aumente el presupuesto educativo hasta llegar a 2 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Una comisión de los manifestantes fue atendida por un grupo de legisladores, entre ellos Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo y Mario di Costanzo.

Una forma de garantizar recursos para la educación, la salud y el campo, afirmaron los estudiantes, es gravar las transacciones bursátiles –la concida tasa Tobin–, reducir al menos 5 por ciento los gastos suntuarios de la alta burocracia y diseñar presupuestos multianuales, afirmó Arturo Guerrero, estudiante de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.
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  • El Estado asumiría responsabilidad por desaparición del activista
La familia de Rosendo Radilla no asistirá al acto ordenado por la CIDH

Familiares de Rosendo Radilla decidieron no acudir al acto público en el que el Estado mexicano reconocería su responsabilidad por la desaparición del luchador social, que se realizaría el próximo lunes en Atoyac de Álvarez, Guerrero, con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que se canceló la asistencia del titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora.

En un comunicado, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se sumaron a la determinación de los familiares de Radilla, desaparecido por elementos del Ejército el 25 de agosto de 1974.

La hija del líder campesino, Tita Radilla, señaló que la inasistencia de Blake –quien ya había acordado asistir– es una muestra más de insensibilidad y una falta de respeto a las víctimas y a los acuerdos previamente alcanzados para cumplir la sentencia. En este sentido, cualquier acto que no se ajuste a los términos a los que logró llegar por escrito con Gobernación pierde todo valor como medida de reparación
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Requiere México medidas drásticas para recuperar la paz social: Sánchez Cordero

México atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia: crisis en la seguridad nacional, altos niveles de delincuencia y la cada vez más dura y acérrima lucha contra el crimen organizado, que hacen urgente tomar decisiones para recobrar la paz social que tanto anhelamos.

Aseveró lo anterior la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero, quien consideró que se requieren medidas drásticas, pero dentro del marco de un Estado constitucional, democrático y social de derecho en el que se tutelen y protejan las garantías fundamentales de toda la población.

Al dictar ayer una conferencia en el tercer Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación, la ministra añadió que la recomposición social que necesita México no es cosa fácil, tampoco será algo a corto plazo. Se requiere –dijo– del esfuerzo y la participación de todos los actores políticos y sociales, a todos los niveles.
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Han muerto entre 400 y 1,500 menores en la guerra antinarco, señalan expertos

La crisis de violencia que se vive en México pone en jaque los derechos humanos de la población en su conjunto, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, señalaron especialistas en la defensa de garantías de la infancia.

Durante el foro Los derechos humanos de la infancia y de las juventudes en un contexto de violencia, los activistas indicaron que la situación de este sector de la sociedad se ha agravado a raíz de la guerra contra el narcotráfico declarada por el gobierno de Felipe Calderón, donde las cifras relevan que entre 400 y mil 500 menores de edad han muerto a causa de esta estrategia.

Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social y coordinadora nacional del Colectivo Infancia en Movimiento, dijo que en el país niños y adolescentes sufren violencia en su hogar, en la calle, la escuela y de parte de las instituciones.

Sumando a ello, alertó que están aún más expuestos a la violencia derivada de la estrategia federal contra el crimen organi- zado. En primer lugar, el Estado mexicano no ha cumplido con lo primero que debe de garantizar, que es la vida y protección de los civiles, en particular de niños y adolescentes
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Alemania busca evidencia de pago de sobornos para vender armas a México

Pese a prohibición, en 2005 habría hecho envíos a 4 estados mexicanos con problemas de violencia

Dpa

Oberndorf, Alemania., 10 de noviembre. Las autoridades alemanas realizaron hoy una redada en las instalaciones del fabricante de armas Heckler & Koch, ante la sospecha de que durante años pagó sobornos para conseguir contratos de envío a México.

Unos 300 agentes registraron las dependencias de la central de la compañía, en la localidad de Oberndorf, así como varias viviendas de algunos sospechosos, confirmaron la fiscalía de Stuttgart, encargada del caso, y la policía del estado federado de Baden-Württemberg, en el sur de Alemania.

Los expertos buscaban cualquier indicio que pueda demostrar que los responsables de la empresa pagaron sobornos durante varios años a funcionarios de México para conseguir contratos de envío de armas.

Además, de acuerdo con la fiscalía, existen pruebas de que también podrían haber sobornado a funcionarios alemanes.
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Apoyará INM a mujeres de CA para que hallen a sus hijos

El Instituto Nacional de Migración (INM) se comprometió a colaborar con las madres de migrantes centroamericanos desaparecidos, para buscar a sus familiares en las bases de datos de la institución.

En una reunión de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delitos con integrantes de la caravana Sigo tus huellas con la esperanza de encontrarte, conformada por 32 mujeres de Nicaragua, El Salvador y Honduras, el coordinador jurídico del INM, Jean Paul Verduzco, ofreció tener un acercamiento con las representaciones consulares de los países de origen de las madres, para agilizar las acciones de búsqueda.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que la caravana recibió apoyo de los funcionarios de las delegaciones regionales del INM en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y la ciudad de México, así como acompañamiento de los oficiales de los Grupo Beta de Protección a Migrantes en su recorrido por el país.
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Se niega Profeco a recibir quejas contra la CFE, dicen electricistas

Hay más de 100 mil quejas presentadas por usuarios contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros extraordinarios en los recibos, deficiencias del servicio y otras irregularidades, las cuales no han sido recibidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), porque esta dependencia hace tortuguismo tanto para admitir las denuncias como para darles cauce y solución, denunció ayer el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Cientos de integrantes de este sindicato y miembros de la Asamblea de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica contra altos cobros al servicio realizaron ayer una marcha y luego un mitin en las oficinas centrales de la Profeco, para denunciar las irregularidades, pues sólo está recibiendo un promedio de 80 quejas diarias contra la CFE y no admite más.

Según informó el sindicato, a la fecha se tienen entregadas ante esta procuraduría 67 mil 800 quejas contra la CFE y siguen llegando cientos más todos los días a las mesas instaladas por esta organización para recibir denuncias de usuarios.

Juan Luis González, integrante del SME y encargado de compendiar las quejas y darles trámite ante la Profeco, así como otros trabajadores, fueron recibidos ayer por funcionarios de esa dependencia.
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La JLCA huele a corrupción, denuncian telefonistas y empleados de un call center

La empresa española Telefónica manipuló proceso de titularidad por contrato colectivo, afirman

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) huele a corrupción, a componenda y a desapego a la ley, señaló Enrique Fabela, secretario del exterior del Sindicato de Telefonistas.

En una conferencia de prensa, los trabajadores de la empresa Atento –de call center– denunciaron que frente al sinnúmero de irregularidades que hubo en el recuento por la titularidad del contrato colectivo en esta firma, el cual se llevó a cabo el pasado miércoles, decidieron no participar y llevarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Los empleados de Atento han librado una lucha de más de dos años por afiliarse al Sindicato de Telefonistas y salirse del gremio blanco que detenta su contrato colectivo; sin embargo, denunciaron, la empresa filial de la empresa española Telefónica ha mantenido un constante hostigamiento para impedir este propósito.

Tras dos intentos fallidos de realizar el recuento, el pasado miércoles, a través de la JLCA, se convocó de última hora a realizar la votación.

En este proceso no se impidió votar a los trabajadores, informaron éstos; sin embargo, fueron acarreados los funcionarios de confianza para que ilegalmente sufragaran a favor del sindicato blanco, sólo se admitió el ingreso de uno de los representantes legales de los empleados de Atento,y se limitó su derecho a impugnar irregularidades.
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  • Abuso de autoridad y fraude predominan en centros laborales: estudio de Deloitte
Hostigamiento laboral, denuncia principal en empresas mexicanas

Cuidados de la salud, entre los sectores en que ocurren mayores daños al capital humano

El hostigamiento laboral es la denuncia que con mayor frecuencia se presenta en las empresas mexicanas, seguido por el abuso de autoridad y el fraude, señaló la consultora Deloitte México.

Al presentar el primer estudio sobre conductas inapropiadas en los centros laborales, Tips anónimos 2011, panorama de la denuncia anónima en las empresas mexicanas, Deloitte señaló que en diversas industrias evaluadas, el hostigamiento laboral resultó el problema con mayor incidencia; toda vez que en el sector manufacturero este fenómeno creció 8 por ciento respecto de 2010.

En el estudio, elaborado con diversas variables, del total de las denuncias, 14 por ciento fueron por hostigamiento laboral, seguido por abuso de autoridad, con 12, y fraude, con 11 por ciento.

Las industrias con mayores daños al patrimonio (relativos a conductas que generan un efecto adverso en las finanzas, de forma directa o indirecta) son: construcción, bienes raíces, energía y recursos naturales, debido a que la dinámica del negocio las hace más propensas a ese tipo de riesgos.
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Libera la SCJN a acusado falsamente

Después de que la justicia del estado de México lo sentenció a 51 años y 9 meses de prisión por dos delitos que no cometió y con base en la versión de un testigo que lo identificó siete meses después del homicidio que se le imputó, Víctor Chávez de la Torre quedó en libertad inmediata y absoluta.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el caso y consideró que el acusado de los delitos de homicidio y cohecho fue juzgado de manera inconstitucional, por lo que quedó en estado de indefensión.

Los ministros determinaron que se violaron sus garantías porque el juez validó la confesión del acusado obtenida bajo amenaza y que no fue ratificada cuando rindió su declaración preparatoria. Además, el testimonio de los policías que lo detuvieron era de oídas respecto de la acusación que en contra del quejoso formuló un desconocido.

El 31 de marzo de 2007, Víctor Chávez de la Torre fue con tres amigos a una fiesta al mercado de San Bartolo, municipio de Tultitlán, estado de México. Ahí, un sujeto lo reconoció como el responsable de un homicidio ocurrido siete meses antes en la colonia Lomas de Cartagena, y pidió a dos policías judiciales que lo detuvieran y lo remitieran al Ministerio Público.
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Astillero
  • De a muertito
  • Ironías acuáticas
  • Michoacán: viveza familiar
  • Benedicto promueve votos
Julio Hernández López

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PROTESTA EN LA PROFECO. En demanda de que se resuelvan las miles de quejas levantadas en contra de la Comisión Federal de Electricidad por cobros excesivos en los recibos, integrantes del SME y usuarios de la red se manifestaron frente a la Procuraduría Federal del ConsumidorFoto Alfredo Domínguez

A Felipe Calderón no se le dan el buen sentido del humor ni el buen manejo de las expresiones coloquiales. A diferencia de su antecesor, cuya sabida ignorancia y su diaria tarea de autodemolición le permitían soltar ocurrencias bárbaras como si nada, al personaje actualmente encaramado en el Poder Ejecutivo federal se le entrampan los intentos de parecer ingenioso y con frecuencia sus palabras acaban siendo amargas y lesivas.

Ayer, por ejemplo, estando bajo fuego político de instancias internacionales que le acusan de haber fracasado durante su sexenio en la materia a la que dedicó la gran mayoría de sus esfuerzos y recursos, la de la presunta guerra contra el narcotráfico, y de haber permitido que en múltiples casos se hayan violado gravemente los derechos humanos y las garantías constitucionales, el comandante Calderón se defendió argumentando que él, el acusado de propiciar o permitir los asesinatos de más de 50 mil personas, no nada de a muertito. Peor metáfora acuática no pudo haber escogido. Porque, en realidad, Calderón ha nadado durante su macabra administración de a algunas decenas de muertitos por día.

Las tribulaciones relacionadas con un Calderón, Felipe, se han duplicado a partir de la obsesión por colocar a una hermana, Luisa María, como gobernadora de la incendiada Michoacán. Allí tampoco quiso el ocupante de Los Pinos nadar de a muertito, sino exaltar y promover abundantemente la viveza familiar. Sin embargo, el respaldo del hermano federal a la hermana estatal ha sido tanto y tan evidente que se han congestionado las instancias estatales de atención a presuntos delitos electorales. Hasta ahora, y deseando que no haya sorpresas en estos días definitorios, las temidas explosiones de violencia se han circunscrito al asesinato del presidente municipal de La Piedad, hecho que en términos fríamente pragmáticos ha de decirse que acabó beneficiando al panismo, a tal grado que sin recato alguno la candidata Calderón Hinojosa se apropió de la imagen del caído y ha convocado a votar en función de lo que hubiera deseado el alcalde difunto. Sin embargo, el envenenamiento sistemático de las aguas michoacanas difícilmente permitirá que uno de los participantes en la riña sin reglas pueda sentarse tranquilamente a beber presuntos líquidos renovados.
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Dinero
  • ¿Quién gana con la muerte de Mexicana?
  • La defensoría del contribuyente
  • Nuevo primer ministro en Grecia
Enrique Galván Ochoa

¿Quién sale ganando si Mexicana de Aviación deja de volar definitivamente? En primer lugar, sus competidores. Aeroméxico reportó el mes pasado una utilidad neta en los primeros nueve meses del año por 1,873 millones de pesos, cifra 81% superior a la registrada en el mismo periodo de 2010. También Interjet y Volaris, así como las líneas internacionales, entre ellas United, American Airlines y Continental. Algunos destinos que por muchos años fueron de Mexicana ahora son atendidos por sus competidores. Es cierto que en la guerra, el amor y los negocios todo se vale, pero no puede pasar desapercibida la denuncia del juez encargado del concurso mercantil de Mexicana en el sentido de que personas –a las que no identificó– han venido amenazando a los interesados en echar a volar a Mexicana para que desistan de sus propósitos. No hay muchos interesados, y si espantan a los poquísimos valientes que han mostrado interés, menos posibilidad tiene la aerolínea de sobrevivir. Tampoco puede pasar desapercibido el atropello que por órdenes de Marcelo Ebrard cometieron sus granaderos contra los trabajadores que se manifestaban afuera de la Secretaría de Comunicaciones, anteayer.
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Michoacán: manejos facciosos

El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, inició ayer un juicio de legalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la retención de recursos –que ascienden a casi mil millones de pesos– practicada por el gobierno federal en las participaciones a esa entidad. Desde septiembre pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió descontar de tales participaciones las retenciones a empleados federales, lo que ha generado un grave desajuste en las finanzas públicas estatales, hasta el punto de que desde hace un mes los funcionarios de alto nivel –incluido el gobernador– no han podido cobrar sus salarios, en tanto la Comisión Federal de Electricidad ha empezado a suspender el abasto de energía a oficinas estatales y han debido suspenderse diversas obras públicas.

Cualesquiera sean los argumentos de la administración que encabeza Felipe Calderón para suspender la entrega de participaciones federales al gobierno michoacano, una mínima sensibilidad social habría debido desaconsejar tal medida, pues con ella no sólo se afecta el desempeño de las autoridades locales, sino se agrava la conflictiva social de la entidad y se contribuye a su desestabilización y, por ende, a la del país en general. Pero no puede ignorarse que esta suerte de castigo presupuestario ocurre en vísperas de un proceso electoral para renovar el gobierno estatal, y que en él participa, como abanderada de Acción Nacional, una hermana del titular del Ejecutivo federal.

En tal circunstancia, resulta inevitable interpretar la actitud de la SHCP como acto faccioso, orientado a minar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la entidad, para favorecer la candidatura de Luisa María Calderón Hinojosa.
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El Correo Ilustrado

En manos de los trabajadores, otro sería el destino de Mexicana

¿Cómo es posible que haya tanto desempleado, habiendo tanto que hacer? Mexicana de Aviación es un ejemplo vivo del fracaso de este sistema.

Los trabajadores de Mexicana de Aviación podrían operar esta línea áerea sin ningún problema y sin necesidad de un dueño (le llaman inversionista). Un inversionista especulador sólo se interesa por una empresa para exprimirla y endeudarla, para finalmente declararla en quiebra (como sucedió con Mexicana de Aviación). En cambio, para el cuerpo de trabajadores de tierra y aire que están desempleados y altamente capacitados, es su vida, y podrían operar la compañía sin ningún problema y sin necesidad de jinetes oportunistas. Ellos podrián ser los dueños, formando una cooperativa. Lo único que necesitarían es una línea de crédito para iniciar operaciones. Esto sería muy fácil si la prioridad del sistema y del gobierno federal fuera el empleo y no la especulación del capital. No hay que olvidar que el dinero que manejan los bancos no es de ellos: es nuestro y es el patrimonio social que debería estar al servicio de la sociedad. El sistema rescata fácil y generosamente la especulación y la delincuencia financiera, pero ni un centavo para rescatar al empleo.

Por eso hay tanto desempleado habiendo tanto por hacer. ¿Hasta cuándo?

Carlos Noriega Félix

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Diagnóstico de la emergencia nacional

Gilberto López y Rivas

Como uno de los resultados del primer encuentro nacional ante la situación de emergencia que vive nuestra patria, realizado en la capital mexicana el 22 de octubre de este año, está circulando un importante documento de trabajo que recoge y sintetiza las relatorías de las tres mesas de debates: 1) el diagnóstico sobre la situación; 2) hacia una agenda común, tres ejes de convergencia, y 3) hacia una estrategia unitaria desde los movimientos sociales. De acuerdo con los organizadores y dada la dificultad de las temáticas que se abordan en un sentido unitario, se trata de que las relatorías sirvan como base para una discusión abierta a todas las aportaciones y mejoras. A este primer encuentro asistieron representantes de organizaciones políticas, gremiales, religiosas, académicas y de derechos humanos, profundamente preocupados del desastre que vive el país en todos los órdenes que se considera de emergencia nacional, ocasionado por los gobiernos neoliberales que cambiaron el rumbo de México.

Distinguiendo los contextos global y nacional, la crisis mexicana –originada y derivación estructural del capitalismo mundializado– conlleva la militarización y degradación del Estado y abre paso a un proceso de recolonización en favor de la explotación irracional de nuestros recursos por parte de capitales extranjeros y nacionales. Por la importancia geopolítica que tiene para la estrategia de control y de recomposición del poder en América Latina, México es tratado y debilitado como un Estado fallido que conviene a la intervención estadunidense. El control de México, Colombia y Costa Rica por parte del imperio es indispensable, ya que estos países son los puntos estratégicos para combatir a los gobiernos progresistas de América Latina".
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Represión en Juárez: ¿Patriot Act a la mexicana?

Víctor M. Quintana S.

Parecía que el aparatoso operativo, dirigido personalmente por el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, metralleta en mano, era para enfrentar a un sanguinario grupo de sicarios. Pero lo que sucedió el martes primero en céntrico crucero juarense fue que policías municipales y de vialidad reprimieron a golpes una manifestación de jóvenes del Frente Plural Ciudadano que conmemoraban a los caídos en esta guerra contra el crimen organizado. También fueron golpeados y despojados de sus cámaras varios periodistas y reporteros gráficos.

Los jóvenes pintaban y pegaban cruces conmemorativas de los miles de asesinatos cuando fueron agredidos a golpes de macana y puntapiés por los agentes. Quince de ellos fueron esposados y conducidos a la estación Aldama de la policía municipal. Cuando horas después llegó un nutrido contingente de personas a demandar la libertad de los detenidos, otras 15 fueron recluidas ahí mismo.

A todas y todos se les mantuvo incomunicados y bajo amenazas. Al visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, se le negó la entrada a visitarlos para dar fe de su situación. Finalmente, en la tarde del día 2 se liberó a todos mediante el pago de una fianza de 500 pesos, luego de un alud de expresiones de solidaridad con los detenidos y de presiones por parte de cientos de organizaciones sociales del país y del extranjero. Se tuvo que presionar adicionalmente, pues la policía pretendía acusar y fabricar pruebas contra uno de los dirigentes de la manifestación, Gero Fong, por posesión de drogas.
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La gran muralla mexicana

Jorge Camil

Señales van y vienen, pero seguimos ciegos y sordos. Hemos perdido la capacidad de observarnos con los ojos de los demás. Vamos ganando la guerra, nos dicen, para que no obstante las apariencias compremos la inverosímil historia de Felipe Calderón, el mandatario ofuscado por la parafernalia militar, rodeado de soldados, marinos y policías federales; nublado por el fragor de la batalla, pero tercamente seguro de la victoria. El gobernante intrépido, que con un claro propósito electoral, o en un esfuerzo desesperado por revitalizar la agonizante industria turística, incursionó en cavidades subterráneas, buceó, escaló y cruzó en tirolesa abismos peligrosos.

En forma inusitada para un jefe de Estado protagonizó The Royal Tour, mostrando las bellezas de México, mientras irónicamente siete países importantes, antaño enamorados de México y su cultura, emitían alertas de peligro en 65 por ciento del país. Un total de 21 entidades, incluyendo el Distrito Federal, que esos gobiernos pusieron fuera del alcance de sus ciudadanos, por considerarlas asociadas a los riesgos de la violencia del narcotráfico. Antes conocido por sus playas paradisiacas, joyas arqueológicas, cultura milenaria, gente hospitalaria, música, artesanías y cocina que es patrimonio cultural de la humanidad, México es hoy tristemente identificado por los principales gobiernos extranjeros con la cultura del narco y de la muerte.

Según El Universal, el listado de estados y ciudades peligrosas ha ido en aumento a lo largo del año (http://bit.ly/sIqUFi). “Cada país va sumando nombres… para emitir recomendaciones de viaje conforme a los episodios de violencia registrados… como pasó con Veracruz, que se añadió después de la ola de homicidios de septiembre".
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domingo, octubre 23, 2011

Contratistas del gobierno deben 344 millones en multas


En lo que va del sexenio calderonista, el Servicio de Administración Tributaria ha recaudado menos del 7 por ciento de las multas impuestas a contratistas y proveedores del gobierno federal, que suman más de 369 millones de pesos. Las lagunas en el marco legal y los artificios de las empresas infractoras para eludir el cumplimiento de las sanciones explican el bajo porcentaje de pago, aduce la Secretaría de la Función Pública.

En los primeros 51 meses del gobierno de Felipe Calderón, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó menos de 7 centavos de cada peso impuesto como sanción a las empresas y proveedores que incumplieron contratos públicos.
De acuerdo con datos del órgano tributario, entre el 1 de diciembre de 2006 y febrero de este año, las sanciones económicas a contratistas y proveedores del gobierno federal alcanzaron los 369 millones 788 mil 690 pesos. Pero de esa millonaria bolsa, hasta febrero pasado se habían solventado 24 millones 942 mil 581 pesos, es decir, el 6.7 por ciento. De este modo, la suma de las multas adeudadas en cuatro años alcanza los 344 millones 846 mil pesos.

Una situación similar se registra al incluir los datos del SAT disponibles desde 2000: de 731 millones 740 mil pesos en sanciones, hasta febrero pasado sólo se habían retribuido 68 millones 940 mil pesos (9.4 por ciento).
Los casos concluidos por el SAT –en lo que va del sexenio– son apenas 319 de los cerca de 2 mil que registra. Y no todos ellos terminaron con el pago de la multa correspondiente: nueve se resolvieron por compensación y cuatro más por adjudicaciones a favor del fisco federal.
Entre éstos se encuentra el de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, del empresario Bernardo Quintana Isaac. Su penalización de 911 mil 586 pesos fue solventada con una compensación, según se desprende de la información del historial de multas del SAT, del cual Contralínea posee copia.
El listado ?actualizado hasta febrero de este año? revela también que entre los contratistas del gobierno federal que más sanciones económicas han recibido se encuentra la empresa Continental Serv, SA de CV, contratista de Pemex Exploración y Producción, filial de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
En lo que va de la administración de Calderón, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha establecido siete penalizaciones contra esta compañía, todas consistentes en inhabilitaciones y sanciones económicas.
Además de que no podrá participar en licitaciones gubernamentales hasta 2014, su deuda con el fisco alcanzaría los 7 millones 130 mil 556 pesos, de acuerdo con los datos del SAT.
Este consorcio ya había sido sancionado previamente. En mayo de 2004, Pemex Exploración y Producción inició un procedimiento administrativo en su contra.
El caso se resolvió hasta cuatro años después. La penalización impuesta consistió en una multa de 196 mil 794 pesos y la inhabilitación de la firma por nueve meses. Ésta promovió entonces un juicio de amparo contra tal resolución, el cual fue sobreseído en noviembre de 2008.
Hasta febrero pasado, ninguno de los procedimientos sancionatorios de Continental Serv figuraba como terminado por pago en el registro del SAT.

Las tácticas de evasión


La diputada perredista Esthela Damián Peralta explica que las empresas infractoras no pagan sus multas porque consideran que el procedimiento por el que fueron sancionadas no fue adecuado o que existen elementos que podrían permitirles ganar un litigio y no pagar.
La integrante de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados ofrece una explicación más: los contratistas consideran que la retribución es irrelevante y que pueden encontrar la manera de continuar trabajando con el gobierno sin tener que remunerar.
Lo anterior no sólo es posible, sino bastante común, a decir del director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, Rogelio Aldaz Romero. El funcionario explica que además de las sanciones económicas, en los casos de inhabilitación, ésta siempre va acompañada de una multa. Hasta hace unos años, las empresas infractoras sólo cumplían con su suspensión y al cabo de un tiempo regresaban a participar en las contrataciones públicas sin haber saldado su deuda con el fisco.
Una modificación a la ley estableció que los proveedores infractores debían pagar las sanciones para poder participar en las licitaciones gubernamentales. Sin embargo, a la fecha se mantiene un resquicio en la normatividad, pues no hay una disposición similar en los casos en que sólo se castiga pecuniariamente a una empresa.
Así, las multas por infracciones “menores” –como la no firma del contrato o la no exhibición de la garantía de cumplimiento– no impiden que las compañías penalizadas sigan siendo contratadas por el gobierno.
Al tiempo, los proveedores han encontrado la forma de darle la vuelta a las sanciones, ya sea a través de prolongados procesos jurídicos o mediante la creación de nuevas empresas, o una combinación de ambos artificios.
Aldaz Romero reconoce que es común que las corporaciones impugnen jurídicamente las resoluciones en su contra, aunque asegura que ocurre “cada vez menos”. El directivo de la SFP explica cómo funciona esta argucia: las empresas consiguen una suspensión de un tribunal y mientras éste analiza el caso (lo cual puede prolongarse por años), los efectos de la inhabilitación se hacen nugatorios, y la firma puede obtener contratos públicos.
La dilación de los procesos jurídicos –a veces promovida por los abogados de los consorcios sancionados– también es aprovechada por éstas para crear nuevas razones sociales y dotarlas de experiencia. De este modo, si el fallo del tribunal no les resulta favorable, pueden no pagar su multa y mantenerse inhabilitadas indefinidamente, pero seguir trabajando con el gobierno a través de sus empresas recién constituidas.
El año pasado, la SFP sancionó a cinco sociedades que habían presentado documentos falsos para beneficiarse con contratos de Pemex Exploración y Producción entre 2004 y 2008, por 814 millones de pesos.
De acuerdo con una nota publicada el 9 de marzo de 2010 en Reforma, una persona de nombre Elio Omar Vargas López aparecía entre los socios de cuando menos tres de las compañías escrutadas entonces por la Función Pública.
Las compañías fueron inhabilitadas y multadas. Se trata de Continental Serv, SA de CV; Marrob, SA de CV; TR del Golfo, SA de CV; Global Control de México, SA de CV, y True Services, SA de CV.
Actualmente, todas mantienen adeudos con el fisco por concepto de multas: Continental Serv por más de 7 millones de pesos; Marrob tiene cinco sanciones que suman 4 millones 855 mil 950 pesos; TR del Golfo adeuda cinco penas, cada una por 1 millón 1 mil 286 pesos; True Services fue multada con 2 millones 854 mil 566 pesos; y Global Control de México, con 1 millón 1 mil 286 pesos.
La legisladora Damián Peralta considera que hace falta revisar la normatividad para que se vigile y se dé seguimiento no sólo a las empresas sino también a las personas que las integran, a fin de evitar este tipo de fraudes “en los lugares donde muy probablemente ya tengan contubernios con la gente que se dedica al tema de las adquisiciones”.
La perredista advierte además que los actos de autoridad en los que ésta queda “con un palmo de narices” sólo propician la impunidad. En consecuencia, dice la diputada, se genera una cadena de mayor corrupción, más complicidad y un daño cada vez mayor al erario.

Función Pública, cobros pírricos

Desde el inicio del actual sexenio y hasta diciembre de 2010, la SFP sancionó económicamente a 132 proveedores del gobierno federal.
La dependencia –a la que en 2009 Calderón propuso desaparecer y trasladar sus funciones a la Presidencia de la República– es la encargada de inhibir y penalizar la comisión de prácticas corruptas en la administración pública federal, aunque no es la única instancia facultada para imponer sanciones a los proveedores del gobierno.
De acuerdo con datos proporcionados por la dependencia, a través de la solicitud de información 002700131811, las multas que estableció en los primeros cuatro años del calderonismo suman 42 millones 290 mil 525 pesos. De esa cantidad, el SAT sólo ha conseguido recaudar 1 millón 175 mil pesos, que equivalen apenas al 2.7 por ciento de lo que las empresas penalizadas tendrían que pagar.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público estipula que las sanciones a proveedores de las dependencias y entidades de la administración pública podrán ir de 50 a 1 mil veces el salario mínimo general. Conforme a la ley, las penalizaciones se determinan en función de la gravedad de la infracción, los daños o perjuicios producidos, la intención y omisión de la acción constitutiva de la infracción y las condiciones del infractor.
Para el encargado de las controversias y sanciones en contrataciones públicas, el monto de las sanciones económicas que actualmente existen “es realmente muy bajo; sobre todo considerando que ciertas licitaciones del gobierno son millonarias”.
Para ejemplificar cómo las empresas “hacen sus costes”, Aldaz Romero refiere que hay algunas que han sido penadas por presentar información falsa en las pólizas de fianza para garantizar sus contratos. Mientras éstos alcanzan los 1 mil millones de pesos, las multas apenas ascienden a 1 millón de pesos.
Por ello es que el funcionario reconoce que actualmente las sanciones no funcionan para desincentivar la comisión de infracciones por parte de las compañías contratadas por el gobierno federal.
La situación de la propia SFP es muestra de ello: de los 132 contratistas sancionados en los primeros cuatro años del sexenio, únicamente 19 han saldado su deuda con el fisco. La mayoría de éstos aparece en el listado del SAT reportados con “baja manual por pagos” y sólo cuatro casos, cuyas multas suman 320 mil 280 pesos, figuran como asuntos terminados por pago.
Pero el funcionario se muestra más preocupado por la regulación que por la liquidación de las sanciones. Aldaz Romero sostiene que hay “un vacío legal importante”, toda vez que la norma actual sólo castiga incumplimientos administrativos de las empresas, mientras que en el caso de los servidores públicos se les puede castigar penalmente por actos de corrupción.
Por ello, defiende la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con la que se darían facultades a los organismos contralores para sancionar penalmente a las personas morales.
La iniciativa de dicha ley fue aprobada en abril pasado por el Senado de la República y desde entonces se encuentra congelada en la Cámara de Diputados. Durante su discusión en el Senado, el legislador petista Ricardo Monreal Ávila rechazó la propuesta de dotar de facultades jurisdiccionales a instancias administrativas como la SFP, los órganos internos de control o las áreas de quejas y responsabilidades.
El argumento esgrimido por el senador fue que éstas “han demostrado ser inoperantes y disfuncionales al tratar de erradicar la corrupción, la ineptitud, la ineficacia y la falta de competitividad”.

Mecanismo recurrente pero poco eficaz


De acuerdo con datos de la Función Pública sobre los sancionados en la administración pública federal, desde el comienzo del gobierno calderonista y hasta diciembre de 2010 se han resuelto 1 mil 424 asuntos que han derivado en sanciones a proveedores y contratistas. De éstos, la mayoría han concluido en sanciones económicas e inhabilitaciones para participar en las contrataciones públicas.
Se trata de una proporción de 85 por cada 100 resoluciones, a las que se suma el 13 por ciento de aquellos procedimientos que han derivado en penas económicas. Pero, en los cobros, esta incidencia no se refleja, pues la recaudación se ha mantenido por debajo del 10 por ciento.
Durante los primeros cuatro años del sexenio, las dependencias en las que más se reportaron sanciones a proveedores fueron las filiales de Pemex: Exploración y Producción con 168 procedimientos; Petroquímica, con 80 procedimientos; Gas y Petroquímica Básica, 76 procedimientos; y Refinación, 54 procedimientos. A éstas se suman 28 casos del corporativo de la paraestatal. Le siguen en número de proveedores sancionados el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 192 procedimientos.
Aldaz Romero explica que estas dependencias están a la cabeza en procedimientos sancionatorios porque se encuentran entre las que más contrataciones realizan.
Otras instancias públicas con un alto número de sanciones a proveedores son la Comisión Federal de Electricidad (86), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (40), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (34) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (30).
Contralínea solicitó una entrevista con el jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para conocer por qué el porcentaje de cobro de multas ha sido tan bajo. Hasta el cierre de edición, el área de comunicación de dicho órgano no había dado respuesta.

martes, septiembre 20, 2011

La Corte también juega

En materia de sorteos y autorización para la apertura de casas de apuestas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también hace su juego. Algunas veces los fallos de sus ministros son azarosos y aun provocan división en el máximo tribunal, pero sobre todo llama la atención el sigilo con el que se conducen, amparados en sus normas de protección de datos, lo que impide que la ciudadanía sepa a quiénes benefician sus sentencias o quiénes son los empresarios afectados.
Sesión de la Corte. Sigilo y opacidad.


MÉXICO, D.F. (Proceso).- El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos facilitó la proliferación de las casas de apuestas en México y desató la evasión de impuestos por parte de los empresarios de ese ramo.

A partir de que, en enero de 2004, el supremo tribunal diera validez constitucional al reglamento elaborado durante el gobierno de Vicente Fox, comenzó a recibir decenas de solicitudes de amparo de los dueños de esos establecimientos con el propósito de evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

No sólo aprovecharon la falta de control de la Secretaría de Gobernación, sino intentaron también eludir sus obligaciones ante la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con la información pública de la propia Corte, hasta la fecha los dueños de ese tipo de negocios han interpuesto 56 recursos en busca de amparo contra los cobros hacendarios establecidos por el Congreso de la Unión.

La mayoría de las peticiones han sido negadas, pero no se sabe cuáles son las razones sociales o las personas físicas que han acudido al tribunal, toda vez que éste ha reservado los nombres de los “quejosos”, de acuerdo con sus normas de protección de datos.

En los recursos que se han tramitado ante la SCJN –en los que hay solicitudes de atracción, contradicción de tesis y asuntos penales–, apenas se identifica a empresas como Libros Foráneos, Punta Deportes, Cosmo Design, Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, Operadora Cantabria, Operadora de Espectáculos Deportivos y Juegos de la Frontera.

De los 56 amparos enlistados en la Corte en relación con los juegos y sorteos, tramitados después de su aval al reglamento, tres han sido concedidos por las dos salas del máximo tribunal.

El 9 de marzo de 2005, a propuesta del ministro Sergio Valls Hernández, la Primera Sala de la Corte concedió por unanimidad el amparo 1697/2004 a la empresa Cosmo Design en relación con las participaciones establecidas por Gobernación para las funciones de prevención social y asistencia, independientemente del pago de impuestos. La empresa estuvo representada por Luis Calvo Díaz pero la Corte no publicó más datos sobre el recurso.

Apenas el 1 de junio pasado, la Primera Sala de la Corte, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, concedió por unanimidad el amparo en el recurso de revisión 20/2011 en contra del Congreso, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la aplicación del penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La empresa impugnó las sanciones establecidas en las reglas de seguridad y requerimientos de información de los sistemas de cómputo central de apuestas, de caja y de control de efectivo que deben llevar las personas físicas o morales que se dediquen a los juegos y sorteos en establecimientos fijos.

Los ministros Zaldívar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero concedieron el amparo por considerar que el antepenúltimo párrafo del artículo 20 de la Ley del IEPS es violatorio de la Constitución.

El ordenamiento se refiere a la clausura de uno a dos meses de los establecimientos que incumplan con las obligaciones de llevar un sistema de cómputo para darle al SAT la información en línea y en tiempo real de los sistemas de registro de las apuestas en forma permanente.

“La clausura del establecimiento significa privar al contribuyente de su derecho a prestar el servicio de juegos, apuestas y sorteos, sin mediar previa audiencia de parte de la autoridad administrativa, pues ésta, de acuerdo como está redactada la norma, con la sola información obtenida a través de los sistemas de registro en línea y tiempo real procederá a la clausura del negocio”, establecieron los ministros.

Ese día, la Segunda Sala resolvió en el mismo sentido el amparo 391/2011 a propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales. En este caso, la Corte tampoco informa sobre la razón social o persona física que interpuso el recurso. Sólo indica que el tema tiene que ver con la obligación de los empresarios del juego de llevar un sistema de cómputo central de apuestas y de caja y de control de efectivo. Esa imposición está prevista en la Ley del IEPS.

En otro caso, el del 20 de mayo de 2008, Aguirre Anguiano favorecía en el pleno de ministros amparar a una empresa, de la que no se indica ni el nombre ni al representante legal, en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno y otras autoridades de la Ciudad de México.

El recurso, que el pleno de ministros devolvió a un Tribunal Colegiado, impugnaba el Código Financiero del Distrito Federal vigente para 2007 en relación con el pago del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos celebrados en el DF. El ministro favorecía el amparo con el argumento de que los gobiernos locales no están autorizados para el cobro de impuestos federales.

Las negativas

La Corte ha negado la mayoría de los amparos. Las empresas han impugnado a la propia Ley Federal de Juegos y Sorteos y la facultad de la Secretaría de Gobernación para revocar los permisos por infracciones graves o frecuentes; pero sobre todo, el pago del impuesto especial por la realización de juegos con apuestas, sorteos y concursos. Los dueños de los lugares de apuestas se han quejado de una supuesta violación a las garantías de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.

En diferentes resoluciones, los ministros han validado que se grave ese tipo de actividades de acuerdo con la Ley del IEPS, a diferencia de lo que ocurre con las instituciones de asistencia o beneficencia o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro.

También han argumentado que el impuesto grava la organización, celebración o realización de juegos con apuestas y sorteos y que puede repercutirse a los participantes o concursantes, mientras que las empresas están obligadas a pagar el Impuesto Sobre la Renta en relación con los ingresos que se obtienen de esa actividad.

La Suprema Corte ha determinado que las empresas que organizan juegos con apuestas y sorteos pueden, al final de cada mes, trasladar a los ganadores un impuesto de 20% sobre el monto obtenido. También avaló ya que el Distrito Federal y las entidades federativas cobren impuestos sobre las loterías, rifas, sorteos y concursos que se realicen en sus territorios.

Algunos de los recursos interpuestos aún están pendientes de resolución y otros han sido devueltos a tribunales colegiados. Sólo uno, que tiene que ver con una facultad de atracción, es de materia penal. Se trata del 90/2010 radicado en la Primera Sala y fue instruido por el ministro Cossío Díaz.

El caso tiene que ver con el aseguramiento, por parte de la PGR, del inmueble de una empresa de la que la Corte no proporciona nombre ni ubicación. Sólo menciona que se trata de una persona moral de Tijuana a la que se le abrió una causa penal; tampoco explica el motivo del encausamiento.

Entre los recursos figura la controversia constitucional 97/2004, presentada el 3 de noviembre de 2004 por el entonces presidente de la Cámara de Diputados y actual senador del PRI Manlio Fabio Beltrones. La Cámara controvirtió el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de ese año por el entonces presidente Vicente Fox y sus secretarios de Gobernación, Santiago Creel, y de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

La Corte tardó más de dos años en resolver la impugnación, pero terminó por darle el aval constitucional al reglamento, desestimando el principal argumento de los diputados: que Fox invadió la esfera del Legislativo al emitir un reglamento que en su consideración va más allá de la propia ley, por lo que habría asumido funciones de legislador.

En distintas votaciones los ministros desecharon las quejas planteadas en la controversia, que impugnó 74 de los 151 artículos del reglamento, así como uno de sus artículos transitorios. El reglamento superó con creces a la anterior Ley Federal de Juegos y Sorteos, aprobada en 1947, que constaba de 17 artículos y cinco transitorios.

Con una interpretación benevolente con el Ejecutivo, los ministros aprobaron todo el reglamento, confiando a la Secretaría de Gobernación el control de las empresas y los lugares de apuestas, según lo establecen la propia ley y su reglamento.

Con el aval de Corte, funcionarios de Gobernación fueron más allá del reglamento y expidieron permisos para la operación de casinos en todo el país. A pesar de ello, la Secretaría de la Función Pública descartó el miércoles 14 iniciar algún procedimiento administrativo o penal contra exfuncionarios de esa dependencia.

En distintas votaciones realizadas durante las sesiones de los días 16 y 22 de enero de 2007, en interpretación del artículo segundo de la Ley Federal sobre Juegos y Sorteos –en el que se establecen los juegos permitidos con apuestas–, los ministros avalaron la constitucionalidad de las apuestas en carreras de caballos, peleas de gallos y juego de dados.

Aunque hubo dos rondas mayoritarias de seis votos contra los juegos de naipes y la ruleta, quedaron constitucionalmente avalados porque no se alcanzó el mínimo de ocho votos necesarios para que una norma sea declarada contraria a la Constitución. Asimismo la Corte consideró constitucionales las facultades que se atribuyó Gobernación en la regulación de los sorteos de símbolos y números.

El caso de los “books”

En una de las votaciones más importantes, en la que participaron 10 de los 11 ministros, ocho estuvieron a favor del establecimiento de los books o centros de apuestas remotas; sólo se opusieron Genaro Góngora Pimentel, ahora en retiro, y Juan Silva Meza, actual presidente de la Corte. Ambos advirtieron sobre el exceso del reglamento y las consecuencias sociales de la aprobación de tales centros.

En la sesión del 22 de enero de 2007, cuando la Corte determinó darle el aval constitucional al reglamento, Góngora cuestionó que éste autorizara “aspectos que corresponde regular a la ley”, como la normatividad de juegos con apuestas y sorteos con cobertura nacional y los que se ofrezcan y concreten a través de comunicaciones cibernéticas. Pero también advirtió que “la posibilidad de realizar apuestas telefónicas a través de internet puede acarrear graves contrariedades, como el lavado de dinero (y) el enviciamiento masivo”.

Abundó: “Si el legislador hace más de 50 años reconoció que a través de este tipo de entretenimientos… sólo (se) beneficia a los tahúres profesionales; y por tales razones, antiguamente este alto tribunal reconoció la intención del legislador, contenida en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, fue la de desterrar los juegos que conducían a un lucro exorbitante e indebido o a pérdidas considerables… resultan inimaginables las consecuencias generadas por esta nueva modalidad de juego”.

Para Góngora, la autorización de los nuevos juegos de apuestas y de azar relacionados con la tecnología debía ser una decisión legitimada por el Legislativo y no por una decisión administrativa del Ejecutivo, como la promulgación del reglamento.

Silva Meza lo secundó, al asegurar que la autorización de los centros de apuestas remotas “desnaturaliza totalmente el carácter eminentemente restrictivo de la ley”, puesto que el Constituyente consideró que “esta actividad es eminentemente nociva para la sociedad”.

Añadió: “El reglamento se desborda al permitir este tipo de apuesta remota…, donde hay la eventualidad de que prolifere este tipo de actividad que el Congreso de la Unión consideró nociva para la sociedad”. Si se tiene que cambiar en función de la nueva realidad, es atribución del Congreso y no del Ejecutivo, remató.

La aprobación de los centros de apuestas remotas se encaminaba hacia el fracaso, toda vez que el ministro Valls Hernández se había sumado a esa posición. Pero cambió de opinión y se unió a la mayoría para declarar su constitucionalidad. “No cabe duda de que el debate enriquece las resoluciones de todos estos asuntos tan complejos… Tomando en cuenta que no se cambia, como lo dijo la ministra (Margarita) Luna Ramos, la sustancia de los juegos permitidos que están en el artículo segundo de la Ley… cambiaré el sentido de mi voto por la constitucionalidad de los centros de apuestas remotas”.

Lo mismo hizo su colega Fernando Franco: “Yo compartía las opiniones de varios de los ministros que han sostenido los efectos que puede tener el juego en una sociedad (pero) no es el punto, el punto es que tenemos una ley que no se ha actualizado desde 1947… No es un problema del pleno de la Corte (que) simplemente está contrastando un ordenamiento expedido en 1947 con la realidad actual”.

Además de Luna Ramos los ministros que argumentaron a favor de la constitucionalidad de esos lugares de apuestas fueron Aguirre Anguiano, Cossío Díaz y el entonces presidente del máximo tribunal, Ortiz Mayagoitia.

Aguirre destacó el “ánimo más calmo y más ponderado” de tales centros de apuestas, en comparación con un palenque en una feria de pueblo. “Entonces, lo que mortifica tanto a algunos ministros… es el espectro social dañino, que no les mortificó cuando hablábamos de las ferias de pueblo. A mí tampoco me mortifica cuando se habla de books”.

El ministro Cossío, después de remarcar la facilidad con que se puede apostar en internet, señaló: “A mí me parece mucho más razonable tener centros con apuestas remotas controlados por la Secretaría de Gobernación, con permisos expedidos y con un sistema de control respecto de juegos prohibidos”, que tener a las personas controladas en la red.

Luna Ramos completó: Es “mil veces preferible para efectos de política social el que estos centros de apuestas remotas se encuentren regulados, controlados, supervisados por la Secretaría de Gobernación, a que en realidad existan de todas maneras, sin regulación alguna”.

Ortiz Mayagoitia remachó: “No será la apertura de esos centros de apuestas remotas lo que determine por sí sola la masificación, si es que hay una vocación masiva para apostar, sino las posibilidades tecnológicas que están abiertas; y estimo también que es preferible que esto se haga bajo el control de la Secretaría de Gobernación en los centros expresamente autorizados”.

lunes, mayo 09, 2011

Beneficia gobierno a empresa ligada a primo de Margarita Zavala

La incorporación de Luis Gómez del Campo Gurza a la Dirección Financiera ha redituado al Grupo Andrade millonarios beneficios. El primo de Margarita Zavala –esposa del presidente Felipe Calderón– provee de parque vehicular a Pemex, Sedesol, Ssa, STPS, SEP, SAT, Fonhapo, Banjército, ASA, SCT, Profepa, CFE. En la Secretaría de la Función Pública, donde se le ha acusado de tráfico de influencias, despacha su hermana Teresa Gómez del Campo. Ante las contralorías internas del SAT y la CNBV, por las actividades que realiza, fueron acusados de omisión sus hermanos Antonio y Pablo Gómez del Camp.

Ana Lilia Pérez

A cuatro años de su gobierno, Felipe Calderón aún paga las facturas a los empresarios que lo respaldaron en su campaña política para la Presidencia de la República. Entre ellos, figura el Grupo Andrade, cuyas finanzas administra el primo del presidente Luis Gómez del Campo Gurza, hermano de la líder del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo.

Los millonarios contratos que desde 2007 Pemex Refinación ha adjudicado a Camiones Andrade, una de las empresas del grupo, ha provocado la inconformidad de diversos proveedores, quienes han promovido quejas y denuncias ante el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que frenen el supuesto tráfico de influencias de Luis Gómez del Campo a favor de esa compañía.

Con Gómez del Campo, los empresarios Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, directivos de Grupo Andrade, se convirtieron en los contratistas con las asignaciones más lucrativas de Pemex Refinación.

Sólo entre 2007 y 2010, mediante los contratos 4500236448, 4500298819, y 4500350033, la subsidiaria les compró más de 900 pipas para transportar hidrocarburos, cuyo costo unitario rebasa el millón de pesos; es decir, más de 1 mil millones de pesos. Es la facturación más alta en la historia de esa compañía. También les compró 57 autostanque y 91 tractocamiones mediante las licitaciones 18576178-003-10 y 18576178-004-10.

Para tales adjudicaciones, se argumentó que Grupo Andrade cumplía con los requerimientos técnicos y económicos, y que tenía la suficiente solvencia para compromisos contractuales de tal envergadura, no obstante que durante 2009 diversas cuentas bancarias le fueron embargadas por proveedores que alegaron falta de pago e incumplimientos, como Daimler Financial Services, derivado del juicio mercantil 159/2010.

Los órganos internos de Control en Pemex recibieron quejas de que las adjudicaciones responden a las gestorías e “influencias” de Gómez del Campo. Tales inconformidades también se hicieron públicas en desplegados que transportistas dirigieron a los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de Pemex.

El Grupo Andrade rechaza que existan tales influencias: “La relación de Luis Gómez del Campo con el Grupo tiene más de 15 años y sus funciones no lo vinculan en los procesos de licitación, en los que las empresas del Grupo participan”, dice a Contralínea el área de relaciones públicas del corporativo, a nombre del director general Ángel Mieres Zimmermann.

Sin embargo, fuentes internas del Grupo Andrade refieren que aunque la amistad entre Gómez del Campo y Ángel Mieres data de hace 15 años, su ingreso a la nómina fue en agosto de 2005. Antes, se desempeñaba como ejecutivo del grupo financiero Multiva, de la familia Vázquez Raña.

Explican que aunque Luis Gómez del Campo no participa directamente en los procesos de licitación gubernamental, sino a través de sus subordinados, él opera las relaciones públicas y administra los recursos económicos del consorcio, la mayoría desde 2007. Según el sistema Compranet, provienen del erario.

El Grupo Andrade se dedica a la venta de automóviles y camiones. Fue fundado en 1986 por Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, accionistas mayoritarios junto con Antonio y María Cristina Mieres Zimmermann. Agrupa las firmas Automovilística Andrade; Camiones Andrade; Autoangar, SA de CV; Camiones de Cuautitlán, SA de CV; Refacciones y Servicio Zaragoza; Angar Azcapotzalco, SA de CV; Autos Británicos Angar, SA de CV; Camiones y Refacciones El Pajarito (Carepasa); Eurocamiones, SA de CV; Autos Japoneses Angar; Italo Angar, y Velotrans.

Si bien el consorcio ya era proveedor del gobierno desde el sexenio de Vicente Fox, sus contratos eran menores –uno de ellos, matizado de irregularidades–. En 2006, la Secretaría de Salud le concedió, fuera de ley, un plazo de cuatro meses para que entregaran las compras que les hizo el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de una unidad de comando operativo para seguridad en salud y siete unidades de respuesta rápida para seguridad en salud.

Las cláusulas obligaban a Camiones Andrade a entregar las unidades el 10 de marzo de 2006; pero dos semanas antes de que se cumpliera la fecha, funcionarios del sector salud ampliaron el plazo hasta el 26 de julio mediante un convenio que la Auditoría Superior de la Federación calificó como ilegal; acusó a funcionarios de la Secretaría de Salud por violar la Ley de Adquisiciones para favorecer a la contratista y pidió al Órgano Interno de Control (OIC) fincar responsabilidades.


La bonanza

La llegada del gobierno autodenominado “de las manos limpias” impactó de manera directa al corporativo, no sólo con millonarias compras de Pemex, sino de secretarías de Estado, instituciones de salud, procuradurías, corporaciones policiacas, y lo colocó a la cabeza de los proveedores de parque vehicular.

Ya con Felipe Calderón, aun con la presencia de contralores y la incorporación de testigos sociales a los concursos de gobierno, se les ha permitido que dos, tres y hasta cuatro de sus compañías concursen en una misma licitación, un hecho que a otras contratistas les ha valido severas inhabilitaciones por simulación de competencia y por contravenir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Al respecto, Rogelio Aldaz Romero, director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, precisa que las leyes de Adquisiciones y Obra Pública prohíben que empresas de un mismo grupo participen en una misma licitación con propuestas diferentes, porque “este tipo de prácticas vulneran precisamente la libre competencia entre los servicios que se ofrecen al gobierno”.

Las sanciones, explica, promedian tres años de inhabilitación y multas económicas que “dependen del monto del contrato que se obtuvo con ese mecanismo de participación simulada. Pero, de entrada, amerita la inhabilitación severa de tres años”.

Esta pena no se ha aplicado al Grupo Andrade. En junio de 2009, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) emitió la licitación 00020043-012-09 para comprar vehículos a Liconsa, Diconsa y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares. En el proceso, se permitió que cuatro compañías del grupo –Camiones y Refacciones El Pajarito, Camiones de Cuautitlán, Autoangar y Automovilística Andrade– concursaran, y se les adjudicó la compra de vehículos por 42 millones 969 mil 800 pesos.

Al año siguiente, la Sedesol convocó a la licitación 00020043-010-10 para compra de vehículos a Liconsa, Diconsa y Oportunidades. Se permitió que concursaran Autoangar, Camiones de Cuautitlán y Camiones y Refacciones El Pajarito, todas representadas por una persona distinta. Se les adjudicó el contrato por 33 millones 200 mil pesos a Camiones de Cuautitlán, y 3 millones 227 mil pesos, a Camiones y Refacciones El Pajarito.

Rogelio Aldaz, de la SFP explica que para que se acredite la infracción debe haber coincidencia de socios entre las empresas que están participando en un mismo concurso.

En las actas constitutivas de Camiones de Cuautitlán y Autoangar, Ángel y María Cristina Mieres Zimmermann aparecen como accionistas principales. En las actas de Automovilística Andrade, ambos aparecen como miembros del Consejo de Administración.

Los llamados públicos y a través de las contralorías internas para que la SFP escrute los contratos adjudicados al consorcio camionero pondrán en una encrucijada al área encargada de vigilar la legalidad de las contrataciones gubernamentales, pues otra integrante de los Gómez del Campo, Teresa, es funcionaria de dicha Secretaría.


SAT, compras al por mayor

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es otra área de gobierno que más compras ha hecho al Grupo Andrade. Quizá sea coincidencia que Antonio Gómez del Campo, hermano de Luis, sea administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes de esa dependencia.

En septiembre pasado, el SAT compró a Autoangar 58 camionetas tipo Guayin y 35 camionetas tipo pick up, que facturaron 10 millones 558 mil pesos. A finales de ese mes, compró camionetas por 153 millones 587 mil 471 pesos con dinero del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Auditorías Aduaneras.

Vehículos de lujo para secretarios y subsecretarios, camionetas para funcionarios ejecutivos y 4 por 4 para ejecutivos junior; vehículos utilitarios, camiones de carga, pipas y tractocamiones para la industria petrolera; pipas y camiones cisterna; camiones adaptados como unidades médicas para el sector salud; camiones de carga para transportar bienes incautados; patrullas con torreta para policías; motocicletas para los federales; blindados para el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército); grúas para Comisión Federal de Electricidad, etcétera. El Grupo Andrade surte de todo al gobierno federal en licitaciones públicas o adjudicaciones directas.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares compra a Grupo Andrade autostanque para gasavión, dispensadores para suministro de combustible, vehículos de rescate y extinción de incendios. A la Comisión Nacional del Agua, vehículos y camiones tanque cisterna. Con cargo al Fondo Nacional de Desastres, el gobierno federal compra al Grupo Andrade camiones tanque cisterna, tractocamiones y camiones 6 por 4 con grúa.

En 2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) compró una flotilla de 46 automóviles sedan cuatro puertas, con dirección hidráulica y aire acondicionado, y 49 camionetas tipo pick up 4 por 4 con sistema de doble tracción.

Por adjudicación directa, también les compran la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría del Trabajo, Banjército, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y por “invitación restringida”, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública.

El SAT, además de comprar vehículos, contrata a Grupo Andrade el servicio de mantenimiento; igual que Pemex Corporativo, que en febrero de 2008 contrató el mantenimiento de los vehículos de sus ejecutivos por 590 mil pesos. También Liconsa, la Policía Federal Preventiva y la Secretaría del Trabajo.

Pemex Refinación compra a Andrade refacciones y el mantenimiento de pipas y del parque vehicular, así como de tanques de terminales del país.


Denuncias elocuentes

El pasado 30 de agosto, el SAT recibió una denuncia donde se ventilan, con santo y seña, supuestas irregularidades del corporativo Andrade. Aquí, la parte sustancial de la denuncia, a la que tuvo acceso Contralínea:

“Los trabajadores del Grupo Andrade son empleados de una administradora de personal Trasinmex, SA de CV, y/o Servicios de Contraloría, Administración y de Personal, SA de CV. Los gerentes y directivos son miembros de una cooperativa. Adicionalmente, los dueños y directivos reciben sus ingresos por medio de depósitos en efectivo de la empresa de transporte Velotrans, SA de CV, la cual factura a las distribuidoras ciertos montos con IVA [impuesto al valor agregado], los cuales son depositados a cuentas bancarias de los dueños, directivos, gerentes y empleados de las distribuidoras.

“La empresa de transporte acumula el IVA y factura como asesorías administrativas. Esto se ha llevado a cabo mensualmente por más de cinco años, abusando de las ventajas fiscales de las deducciones de las empresas de transporte. Al final, esta empresa está ‘vendiendo’ facturas y realiza operaciones fuera de su giro. A sabiendas de que este tipo de transacciones son ilegales, los directivos y dueños sacan sus ingresos adicionales de las empresas, ya que cobran una mínima porción dentro de la nómina de la empresa administradora de personal.

“Tanto propietarios como empresas no son asesorados por empresas externas como es común, sino que copian esas prácticas y las implementan por medio de sus directores de contraloría y del área legal. Además de incurrir en simulaciones contables, triangulaciones financieras, doble contabilidad, evasión de pago del ISAN, y promueven amparos para dejar de pagar contribuciones.

“Los dueños podrían ser responsables de evasión fiscal, lavado de dinero, fraude, ya que a pesar de hacer ventas importantes a Pemex de auto tanques y tener utilidades, buscan figuras para no contribuir al fisco a pesar que el mismo Estado le hace importantes compras…” (sic).

Al respecto, la Administración Regional de Evaluación Metropolitana, de la Administración General de Evaluación del SAT, integró el expediente (103-24) 331-02-02-2010-208.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió una denuncia similar.

En octubre, ambas denuncias derivaron en otras que se presentaron ante las contralorías internas del SAT y la CNBV. La razón: se acusa a Antonio Gómez del Campo, en el SAT, y Pablo Gómez del Campo, en la CNBV, de supuesta “omisión ante las actividades que realiza su hermano Luis Gómez del Campo Gurza, director financiero del Grupo Andrade”.

En la CNBV, Pablo Gómez del Campo es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV. La queja en su contra quedó integrada en el expediente AQ/DE-17/10.

La denuncia ante los órganos internos de Control detalla el supuesto encubrimiento de los Gómez del Campo a las supuestas prácticas de su hermano Luis en el Grupo Andrade.

Cita el texto:

“Denuncio las presuntas irregularidades cometidas por Pablo Gómez del Campo Gurza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la H Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Presuntas irregularidades: el servidor en cuestión ha encubierto a su hermano Luis Gómez del Campo Gurza de operaciones financieras ilícitas, ya que la empresa de la cual es el director financiero conocida como Grupo Andrade, ha sido señalada de presunta evasión fiscal, ya que utiliza diferentes mecanismos para no cumplir con sus obligaciones fiscales.

“El servidor público en cuestión podría estar actuando por omisión ante las actividades de su hermano. Puede ser también probable cómplice de su hermano al asesorarlo y/o ayudarle a él y G Andrade en cómo tramar las operaciones sospechosas, así como evadir las sospechas de las autoridades fiscales y judiciales.

“Puede también tener conflictos de intereses al serle cuestionado por las autoridades sobre el actuar de su hermano, así como de las actividades de la empresa de la que es director.

“Sobre la responsabilidades y actividades de Luis Gómez del Campo se pueden señalar, entre otras: contacto con personas o socios de las empresas en las que labora, que probablemente lavan dinero producto de negocios ilícitos o de evasión fiscal. Las personas son el exedil de Tuxpan, Michoacán, Gilberto Coria Gudiño; los propios socios de las empresas de Grupo Andrade Ángel Mieres Zimmermann, Jorge Armando Olivares de Emparan, amigos personales de Luis Gómez del Campo, así como otros directivos del grupo.

-“Ha sido ejecutor de movimientos financieros inusuales y sospechosos, en complicidad con los socios señalados.

-“A sabiendas de las actividades irregulares, no reporta ni denuncia las mismas ante las autoridades competentes, más aún, teniendo un hermano servidor público que su deber es prevenir tales actividades.

- “El mismo Luis Gómez del Campo es en lo personal evasor fiscal, ya que por diferentes mecanismos (por medio de la empresa transportadora del grupo llamada Velotrans) obtiene ingresos que no registra, haciéndolo sospechoso de enriquecimiento ilícito y desmesurado, lo cual Pablo Gómez del Campo ya debió haber notado en los últimos años.

- “Luis Gómez del Campo, junto con el contralor de las empresas Antonio Carlos Colombo son los responsables de autorizar los movimientos de efectivo por medio de Trasportadora Velotrans a los socios y directivos, abusando de los deducciones y régimen fiscal de empresas dedicadas al transporte.

-“Responsable de elaborar estados financieros y modificarlos con datos no reales, con el fin de mostrarlos a las instituciones financieras y recibir créditos, así como de falsificación de pagarés y otras obligaciones junto con el señor Ángel Mieres Zimmermann. Prueba de esto son los diversos juicios entre las financieras de las armadoras de las marcas que representan.

“La lista puede continuar, pero la idea es que consideren que este servidor público, encargado de vigilar y prevenir muchas de las actividades descritas con anterioridad, haga su encomienda, independiente de quien se trate, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente Calderón, del que, curiosamente, los hermanos Gómez del Campo se relacionan familiarmente. Parece que el enemigo a combatir está cerca de casa.

“Estas actividades descritas se han llevado a cabo al menos durante el periodo que comprende del 1 de octubre de 2005 a la fecha.

“Pido respetuosamente se dé seguimiento a esta denuncia, ya que la H CNBV tiene la capacidad de verificar la información de movimientos bancarios sospechosos y que se lleguen a aclarar todos estos inconvenientes, por el bien de Mexico y de los que lo queremos y buscamos un mejor país.”

En noviembre pasado, el OIC ordenó cerrar el caso por “improcedencia”.

Contralínea solicitó a los representantes del Grupo Andrade su postura respecto de dichas denuncias. La respuesta fue que ellos no tienen conocimiento de tales denuncias y que sus empresas “siempre se han conducido bajo la observancia y cumplimiento de las leyes. Ninguna de las empresas de Grupo Andrade ni sus funcionarios, ni sus socios se encuentran involucrados en alguna actividad ilícita y no se tiene conocimiento de investigación alguna”.

Ante los graves señalamientos que en dichas denuncias hay en su contra, se solicitó a Luis Gómez del Campo una entrevista. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. También, a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien, a través de su Secretaría Particular, dijo que no haría comentario alguno al respecto.

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011