En San Lázaro, la debacle de Calderón

CARLOS ACOSTA CóRDOVA

Dentro del paquete fiscal para 2010, en medio de una galopante crisis, el presidente Calderón quiso aplicar a toda costa su impuesto"contra la pobreza". Lo que consiguió dista de ser la herramienta recaudatoria de sus sueños y desató el malestar generalizado de trabajadores, empresarios y partidos. Pero debe prepararse para una decepción mayor: el paquete está en manos del PRI, cuyas facciones se lo disputan con clara intención electoral.

Si ya habían quedado con la piel muy sensible por no haber podido modificar en su esencia la propuesta económica del gobierno federal para 2010 –en materia de ingresos y sobre todo en lo que se refiere a los impuestos–, los priistas explotaron con las declaraciones del dirigente nacional del PAN, el diputado César Nava Vázquez. Al sucesor de Germán Martínez le ganó, como con frecuencia a éste, la impericia, la inmadurez y la falta de oficio político, según acusaron diversos analistas y legisladores de todos los partidos, aun del suyo: el mismo día que en la Cámara de Diputados se aprobaron la Ley de Ingresos y diversos cambios en materia tributaria, Nava responsabilizó a los diputados del PRI de que se aprobara un paquete fiscal "incompleto e insuficiente". Dijo: "Ante su negativa, su cerrazón y su rechazo a la propuesta del presidente de la República de crear una contribución antipobreza, se tuvo que recurrir a esta alternativa". Se refería al aumento del IVA a 16%, más endeudamiento y más dependencia de los recursos petroleros. Diputados, senadores y dirigentes priistas reaccionaron con virulencia. La emprendieron contra el presidente Felipe Calderón, contra el PAN, y Nava se ganó epítetos nada amables: "chamaco irresponsable", "oportunista", "llorón", "maricón", "puto", "perverso", "cobarde"… entre muchos otros. Más allá de los calificativos, Nava puso en un brete al gobierno federal, que luego de largas y tensas negociaciones con el PRI había logrado la aprobación de un paquete más o menos "aceptable" para librar las dificultades del próximo año en materia de finanzas públicas. La tarde del miércoles y toda la mañana del jueves hubo un verdadero revuelo entre diputados y senadores priistas. Expresaron abiertamente su enojo y acusaron al gobierno y al PAN de emplear un doble discurso con el ánimo de endilgarle al PRI el costo político de las alzas impositivas aprobadas.Pero los senadores fueron más allá: amagaron con modificar por completo lo aprobado por los diputados, para no dejar pasar el alza de los impuestos. El propio coordinador de los legisladores priistas, Manlio Fabio Beltrones, cabildeó con el PRD y el PVEM para que juntos echaran abajo el aumento al IVA, los cambios en el esquema de consolidación fiscal, el aumento de dos puntos a la tasa del Impuesto Sobre la Renta y el nuevo gravamen de 3% a las telecomunicaciones.Como alternativa, propuso a los senadores perredistas y a los verdes que impulsen juntos un mayor déficit fiscal (más deuda), incrementen el precio de referencia del petróleo y suban de un solo golpe el precio de las gasolinas en 20 centavos por litro. Ante la inminencia de que los senadores regresen a la Cámara de Diputados el paquete fiscal con sus modificaciones, el gobierno se vio obligado a aplicar un rápido control de daños. Los secretarios de Hacienda y de Gobernación, Agustín Carstens y Fernando Gómez Mont, tuvieron que emitir un posicionamiento oficial en el que, en pocas palabras, reconocen "el profundo espíritu de responsabilidad" y la actitud "patriótica" de los diputados del PRI, pues a pesar de que los acuerdos alcanzados puedan "generar irritación en algunos sectores", tuvieron la "valentía" de cumplir "con los deberes que exige este país".No quedó ahí. El sainete provocado por César Nava fue aprovechado por los senadores priistas, en particular por su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, para insistir en que se cancelaran las alzas de impuestos aprobadas por los diputados. "Si el señor presidente del PAN dice que el paquete aprobado es incompleto e insuficiente, estamos de acuerdo; lo vamos a cambiar", dijo Beltrones.

Pero también la febril actividad de Beltrones en buscar alianzas y apoyos para echar abajo lo acordado por los diputados, tiene encolerizada a la bancada priista de esa cámara. Primero, dicen, porque Beltrones pretende hacer creer que los senadores estuvieron al margen de los acuerdos de los diputados con el gobierno federal, cuando ellos y la dirigencia del partido estuvieron presentes en las negociaciones y avalaron los acuerdos finales. “Nos quiere hacer quedar como pendejos”, dijo un diputado priista, y lo recogieron diarios capitalinos.Y en segundo término, de acuerdo con versiones obtenidas por este semanario entre diputados del PRI, porque Beltrones es el que salió perdiendo con lo aprobado en la cámara, toda vez que desde antes de que iniciaran las discusiones formales del paquete económico, él se había comprometido con grandes empresarios –en congruencia con sus aspiraciones presidenciales– a que no habría nada en ese paquete que los dañara económicamente, o a que la afectación fuera mínima.Pero como fueron aprobadas las propuestas oficiales de incrementar en dos puntos la tasa del Impuesto Sobre la Renta (que pasaría de 28% a 30%), el nuevo impuesto a telecomunicaciones y los impuestos especiales a la cerveza, los cigarros y juegos y sorteos –así fueran en tasas menores a las propuestas por el gobierno–, los empresarios se encresparon y le reclamaron a Beltrones.Aunque el mayor enojo de los empresarios se debió a que sí pasó el cambio en el esquema de consolidación, uno de los regímenes preferenciales del ISR, que ahora obligará sobre todo a los grandes corporativos a pagar los impuestos que estaban acostumbrados a diferir hasta el infinito.De hecho, el jueves 22 el Consejo Coordinador Empresarial tuvo una reunión privada con todos sus agremiados, incluido el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que congrega a los empresarios con las mayores fortunas del país, para presentar próximamente un posicionamiento público respecto de las alzas impositivas.Y ahora, cuentan a Proceso, Beltrones quiere salvar la cara, quedar como héroe y, si no prosperan sus esfuerzos, por lo menos demostrar que lo intentó hasta el final.Pero la actividad y los cabildeos de Beltrones tienen verdaderamente preocupado al gobierno de Felipe Calderón. Hasta el viernes 23 prosperaba entre senadores del PRI, PRD, PVEM y los demás partidos, salvo el PAN, el acuerdo de echar abajo el aumento de un punto porcentual al IVA. Para el fin de semana discutirían los argumentos para eliminar el 3% en telecomunicaciones y la retroactividad en el esquema de consolidación, así como para revisar las tarifas del ISR con el fin de que el incremento en la tasa, de 28% a 30%, les pegue a los contribuyentes de más altos ingresos.Todo ello ha llevado a funcionarios de Hacienda y de Gobernación a una febril actividad de cabildeo con los gobernadores priistas y perredistas, para convencerlos de que los cambios que intentan hacer los senadores serían lesivos para las arcas estatales, toda vez que con lo que proponen aquéllos bajarían sustancialmente los recursos participables.

Sobre los cautivos otra vez
Una revisión de los principales cambios a la propuesta gubernamental que se aprobaron en la Cámara de Diputados puede ayudar a contextualizar el debate sobre los ingresos públicos para el próximo año, que tiene confrontados a los priistas, en el agobio y la desazón al gobierno federal, encolerizados a los empresarios y en el más completo encono a la sociedad.La propuesta central del gobierno fue la llamada “Contribución para el combate a la pobreza”, un impuesto de 2% generalizado a todo el consumo, incluidos alimentos y medicinas. El gobierno pensaba recaudar por esa vía 71 mil 775 millones de pesos, de los cuales 21 millones serían para los estados y el resto se etiquetaría para programas de combate a la pobreza extrema.Aunque al final el rechazo fue absoluto, no fueron pocos los gobernadores que al principio se entusiasmaron con la idea. Se interpretó de inmediato como un IVA disfrazado, que en la práctica llevaría la tasa de ese impuesto a 17%. Entre la población privó la incredulidad y la desconfianza hacia el gobierno, pues ese aumento implicaba un ataque directo a los bolsillos.Los empresarios apoyaron la idea. Entre los partidos distintos del PRI y el PAN ni se discutió: por definición, ante cualquier aumento de impuestos la respuesta fue no. El PAN tenía que defender la propuesta del gobierno. Y el PRI tuvo dificultades para decidir pero finalmente la rechazó, pues en su plataforma electoral –y así lo prometieron abiertamente sus candidatos en las campañas electorales de este año– expresamente rechaza los impuestos a alimentos y medicinas.La solución fue incrementar el IVA en un punto porcentual, para dejar la tasa general en 16%, y 11% en la frontera. La recaudación por esta vía será muy inferior a la que se esperaba con el 2% al consumo generalizado, pues se estima en poco más de 29 mil millones de pesos, contra los casi 72 mil millones que dejaría la “contribución contra la pobreza”.Sin embargo, la menor recaudación será compensada con otras fuentes. El gobierno propuso, en su marco macroeconómico para 2010, un precio del petróleo de 53.9 dólares por barril; los diputados le aumentaron 5.1 dólares al precio estimado y lo dejaron en 59 dólares, con lo que se obtendrán 63 mil 243 millones de pesos adicionales.Otra parte saldrá de un aumento del déficit público, que el gobierno propuso en 0.5% del PIB y los diputados subieron a 0.75%, con lo que el ingreso por endeudamiento pasará de los 60 mil millones de pesos previstos por el gobierno, a 90 mil millones.La propuesta oficial de subir temporalmente la tasa del ISR de 28% a 30% –que bajaría a 29% en 2013 y volvería al actual 28% en 2014– fue aceptada por los diputados, pero fue, junto con el IVA a 16%, la que más irritó a los contribuyentes, personas y empresas. Implica que, para los próximos tres años, los asalariados que ganen más de 6 mil 663 pesos brutos al mes verán incrementada su carga fiscal.En pesos, por la actualización de tarifas, quiere decir que si una persona gana 8 mil pesos brutos al mes, pagará casi 53 pesos más de impuesto; a quien tenga un salario de 10 mil, le retendrán casi 78 pesos más cada mes; para un salario de 20 mil, el ISR será de 219 pesos más; el que gane 31 mil, pagará 391 pesos más al mes; si gana 40 mil brutos, dejará para el fisco 563.48 pesos mensuales más de lo que venía pagando hasta este año. Y así, durante los años que le restan al actual gobierno.La queja generalizada fue que otra vez el fisco se recarga sobre los de siempre: los contribuyentes cautivos, asalariados y por honorarios, y las empresas. Los que siempre pagan.Los empresarios en general también manifestaron su rechazo al aumento en la tasa del ISR, porque –argumentaron– necesariamente eleva sus costos y complica sus planes de inversión. Obviamente amagan con reducir sus plantillas laborales. Aunque como dicho aumento en el ISR es temporal, no hicieron mayor ruido.Pero quienes sí armaron escándalo fueron los grandes empresarios, porque al aumento de la tasa en ISR deben sumar los cambios en el esquema de consolidación, que les permitía diferir el pago de este impuesto. Desde que presentó la iniciativa, la Secretaría de Hacienda reconoció que muchas empresas han abusado permanentemente con ese régimen tributario especial que es la consolidación fiscal, pues nunca pagan o pagan muy poco. En 2008 unos 400 grandes grupos empresariales pagaron en promedio 1.7% de sus ingresos por ISR, cuando la tasa general es de 28%.El gobierno propuso acotar a cinco años la consolidación y que a partir de 2010 pagaran el saldo de los impuestos diferidos bajo este esquema: el próximo año deberán pagar 60% del saldo de los impuestos diferidos desde 2004, y el restante 40% lo aportarán en cuatro parcialidades de 10%. Y así será en lo sucesivo: tendrán que liquidar los impuestos que no pagaron en los cinco años anteriores.Los diputados aceptaron el acotamiento en la consolidación, pero cambiaron los montos: en 2010 las empresas que consolidan pagarán 40% del saldo acumulado y las siguientes cuatro anualidades serán de 15%.La aceptación de los cambios en la consolidación fiscal por parte de los diputados es, sin duda, la que tiene más encolerizados a los grandes empresarios. En breve, anunciaron, darán una respuesta unificada de rechazo. Mientras tanto, cabildean al máximo con los senadores para echarla abajo.Quienes también expresaron un abierto descontento fueron los empresarios de las telecomunicaciones, pues finalmente se le impuso al sector un impuesto especial de 3% –el gobierno proponía que fuera de 4%– a los servicios de televisión por cable, internet y telefonía celular.En este caso, los diputados aceptaron el argumento oficial de que será la población de mayores recursos la que cargue con el mayor peso de ese gravamen, además de que es un grupo muy reducido de empresas las que prestan esos servicios, por lo que el nuevo impuesto no impactará mayor cosa en sus costos.Los diputados también aceptaron elevar las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aunque en montos menores que los propuestos por el gobierno, para las bebidas alcohólicas, la cerveza, los cigarros y los juegos con apuestas y sorteos. Pasó sin cambios, además, la propuesta de subir la tasa de 2% a 3% al Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y de bajar el límite exento, de 25 mil pesos, actual, a 15 mil pesos. El propósito es atacar más decididamente la informalidad, pues los contribuyentes que pagan correctamente sus impuestos podrán acreditar el IDE contra el ISR o bien solicitar la compensación o devolución del mismo.El miércoles 21, cuando se aprobaron la Ley de Ingresos y las modificaciones en materia de impuestos, todos los sectores empresariales manifestaron su rechazo. Y unánime fue también su crítica al gobierno federal y a los diputados. Los calificaron de “miopes”, “carentes de visión”, “incapaces que sólo pueden hacer parches y no soluciones de fondo”, “temerosos de asumir costos políticos”, entre otros. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, no escondió su enojo: “No se vayan a quejar el próximo año de que no hay inversión, empleos y oportunidades. Ni se vayan a sorprender por la cascada de amparos que habrá”.Y desde ese mismo día se volcaron hacia los senadores, priistas sobre todo, con la esperanza de que reviertan lo aprobado en la Cámara de Diputados.Esta semana será también de intenso debate y mucho jaloneo. No sólo entre diputados y senadores del PRI, sino también con un gobierno sin capacidad de decisión, con su suerte atrapada en lo que otros dispongan.

Despojarse del maquillaje mediático

Cualidad de la Historia
Ricardo Andrade Jardí

La retórica de la demagogia priísta se hunde en sus propias mentiras; las reformas que el PRIAN, en Yucatán, aprobaron al son que la jerarquía católica y la oligarquía conservadora le impusiera al gobierno, que para las vaquerías no escatima en gastos, pero voltea la espalda a los pocas pero fundamentales conquistas sociales, pueden abrir el tránsito hacia la construcción de nuevas culturas democráticas, incluyentes y respetuosas de las diferencias de todo tipo; pero la gobernadora de Yucatán, tan ocupada de su “reality show”, no tuvo la voluntad o la capacidad de ver la historia y el lugar que su gobierno ocupará en ella; la cosmética mediática no alcanzará para cubrir la política de retroceso que la mayoría priísta del congreso local, junto a los inmorales conservadores del PAN, han avalado.
Las reformas constitucionales, que en días pasados, sin discusión previa y a espaldas de sus electores, han votado los legisladores locales, con el único voto en contra del PRD, significa un retroceso en la lucha de los derechos humanos, en México y el mundo, pero también significa que bajo ninguna circunstancia, la sociedad, cuando menos la sociedad organizada, puede, ni debe, seguir dando “votos de confianza” a una clase política que responde sólo a los intereses del dinero, a los intereses de los poderes fácticos que son, a fin de cuentas, los que imponen gobiernos y compran voluntades.
Las reformas aprobadas por el Legislativo local y avaladas por el Ejecutivo yucateco, son una afrenta para las mujeres y la intensa y titánica lucha que han impulsado para que sean reconocidas como iguales, con todos los derechos, aunque el Congreso local imagine que con sus reformas pueden acabar con la historia de miles de mujeres y, muy particularmente, con la historia local, de resistencias, que las mujeres impulsaron desde esta tierra maya para México y que fueron reflejo para una buena parte del mundo. Baste como ejemplo el derecho al voto, que pronto intentarán los legisladores del PRI-PAN también negar; una de las razones por las cuales hoy es gobernadora Ivonne Ortega, aunque su conveniente amnesia política le impida saber que otras mujeres, en otros tiempos, se jugaron la vida para otorgarse la posibilidad y el derecho no sólo de votar, sino de ser incluso votadas.
Pero la afrenta, del Legislativo y Ejecutivo locales no sólo es para ellas, sino para toda la comunidad yucateca; son un retroceso para la democracia y la convivencia pacifica; son una negación a las diferencias y a las elecciones individuales; son reformas de ley que abren el camino legal al racismo y a la exclusión de las diversidades; son un retroceso también para las conquistas de las diferentes minorías y, muy particularmente, contra la comunidad homosexual, la que gracias a las reformas publicadas por el Ejecutivo, los excluye de toda posibilidad de “unión legal” y de reconocimiento al derecho de su plena sexualidad, es decir que el Estado nos impondrá con quién debemos tener sexo y con quién no, cómo y con quién casarnos, es más nos impondrán hasta la “obligación de la reproducción”, para reconocernos como “familia” con derechos.
Es claro, como lo escriben otros compañeros de este diario, que el PRI local se vendió a la reacción, a los intereses de una clase que vive de la doble moral y que pretende socializar su retrógrada visión de mundo, pero no su riqueza ¡Ni Dios lo quiera! Esa riqueza, material, la ocuparán para pagar las culpas de su doble moral y para financiar las aspiraciones de políticos mediocres, que respondan siempre a los intereses para los que son impuestos.
Pero la historia tiene la cualidad de despojarse, con el tiempo, del maquillaje mediático, despojarse del pan y circo político y ahí es donde será recordada esta Legislatura y el gobierno de Ivonne Ortega: como el sexenio en que el “Nuevo” PRI abrió las puertas a la antesala del fascismo jurídico...

Por sus leyes los conoceréis

Acentos
Ricardo Monreal Ávila

En regímenes presidencialistas las elecciones terminan casi siempre siendo una evaluación del Ejecutivo en turno. En cambio, en un sistema parlamentario, las elecciones terminan siendo una evaluación de la legislatura en funciones.
Nuestro sistema es formalmente presidencialista, pero desde hace tiempo ha ido evolucionando materialmente hacia formas semiparlamentarias de gobierno. No sólo el Congreso comparte con el Ejecutivo el poder de nombramiento en áreas crecientes de la administración pública o de los llamados organismos autónomos, sino que cada vez es más frecuente que la oposición gobierne desde el Congreso sobre el Ejecutivo. Esto último es lo que ha venido realizando sistemáticamente el PRI desde el año 2000, cuando perdió la Presidencia pero conservó la preeminencia en el Congreso federal y la mayoría de los congresos locales.
En este sentido, dado el creciente peso del Poder Legislativo en la vida del país, una elección intermedia como la del próximo 5 de julio debe someter al juicio de las urnas no sólo al gobierno de Felipe Calderón, sino también a la LX Legislatura que está por concluir. ¿Se aprobaron las leyes que el país necesita? ¿Se promovieron cambios de fondo o superficiales? ¿Se generó un nuevo consenso social o se confrontó más al país? ¿Lo que se aprobó está dando los resultados esperados? ¿Se atendió el interés de la mayoría de los ciudadanos o sólo el de un grupo económico o político? ¿Es suficiente destacar que es una de las legislaturas con mayores reformas constitucionales aprobadas, sin cuestionarse el alcance y el resultado de las mismas? ¿Se vale aprobar lo que sea, como sea, al costo que sea y por encima de lo que sea?
Una forma de evaluar el trabajo legislativo es analizar el curso que han tenido las leyes más importantes aprobadas en los últimos tres años. Destacan de manera especial dos que fueron votadas con el mayor consenso de las bancadas: la reforma electoral constitucional y la reforma energética. A pesar de haber sido aprobadas por el órgano reformador permanente, ambas están impugnadas y se revisa su constitucionalidad. La primera por el tema de la libertad de expresión y la segunda por los alcances de la propiedad inalienable de los hidrocarburos.
Sin embargo, el peor balance se lo llevan las iniciativas presentadas como “estructurales” y que tienen como marca indeleble haber sido impulsadas por la alianza parlamentaria PRI-PAN, mejor conocida como PRIAN. Hablamos de la reforma del régimen de pensiones del ISSSTE, de la implantación del IETU y de la reforma penal y de procuración de justicia.
La reforma de pensiones aún no se aplica en sus preceptos centrales y ya se habla de una revisión de la misma. Cada vez es más claro que el paradigma bajo el cual se realizó esta reforma, está siendo cuestionado en los mismos países que sirvieron de referencia al nuestro. En ninguna parte del mundo el sistema de las afore está garantizando un retiro digno y seguro a los trabajadores. Mucho menos en un país con salarios tan deprimidos como el nuestro. Salarios de hambre dan como resultado pensiones famélicas.
Diseñado para una economía en crecimiento, el IETU se convirtió en una rueda de molino para un país en crisis severa. No le redituó al gobierno los ingresos esperados y llevó a la bancarrota a miles de pequeñas y medianas empresas. Hoy se habla de reformarlo, de crear un solo impuesto en torno al ISR y hasta de promover el IVA a alimentos y medicinas.
Por último, las reformas de seguridad y justicia han tenido un “estreno” poco afortunado, aunque claramente advertido desde la oposición parlamentaria. Esas reformas resultaron ser una tentación para la criminalización de la pobreza, de la protesta y de la oposición política, más que un instrumento eficaz en el combate al narcotráfico. Con esta legislación se tiene bajo arraigo a alcaldes y funcionarios del estado de Michoacán por presuntos vínculos con el narcotráfico, en lugar de tener a criminales realmente procesados y sentenciados. La guillotina amenaza incluso a los aliados del PRIAN, tal como aconteció en la época del terror de la Revolución Francesa. Es una reforma que ha sido más eficaz en dar “golpes mediáticos electorales” que golpes certeros a los cárteles de las drogas.
A ello hay que agregar las maneras antiparlamentarias de aprobar este gran número de reformas. Hay un récord legislativo mundial: en una sola sesión de siete horas, la Cámara de Senadores aprobó 24 iniciativas de reforma y 28 puntos de acuerdo.
Muchas reformas, pocos avances y graves retrocesos. Este estilo de legislar del PRIAN, que avasalló a la LX Legislatura, también debe ser enjuiciado en las urnas el próximo 5 de julio.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Dime con quien te juntas y te dire quien eres......

Las cinco reformas Calderonistas

Jesus Cantu

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, el Congreso de la Unión aprobó ya cinco reformas que, amén de trascendentales, son controvertidas: la del régimen de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la electoral; la hacendaria; la judicial y la petrolera, aunque ésta aún no es avalada por la Cámara de Diputados.
Salvo en la primera, en las demás el gobierno panista realizó concesiones en aspectos sustantivos; la electoral y en la petrolera incluso se acercan más a los postulados perredistas que a los presidenciales.
En las dos primeras reformas, la del ISSSTE y en la electoral, por ejemplo, el mandatario no presentó formalmente una propuesta, aunque se conocía con claridad su posicionamiento al menos en los aspectos más polémicos.
El 15 de marzo de 2007, el diputado priista Samuel Aguilar presentó la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE. En su elaboración participaron el director del instituto, Miguel Ángel Yunes; la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo; y el dirigente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala. Desde el principio contó con el apoyo de las bancadas del PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Los legisladores del Frente Amplio Progresista -PRD, PT y Convergencia- se opusieron a ésta.
Los principales cambios en la legislación son: la individualización de las cuentas de ahorro para el retiro y su administración a través de una administradora pública, Pensionissste; el aumento gradual de la edad para el retiro, en un período que va de 2010 a 2028, de 48 a 58 años para las mujeres y de 50 a 60 años para los hombres; el incremento gradual de la aportación de los trabajadores de 3.25% en 2009 a 6.125 para 2012; y la inversión, por parte del gobierno federal, de 8 mil millones de pesos en el próximo trienio para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de la institución y mejorar la atención médica.
La iniciativa fue aprobada sin cambios en la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2007, una semana después de su presentación; y el 29 de marzo, otra semana después, en la Cámara de Senadores. Ese 22 de marzo el presidente Felipe Calderón declaró que era la reforma más importante del país en una década. De hecho generó el mayor litigio colectivo en la historia, pues se promovieron 223 mil amparos en su contra. El 20 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró constitucional, sin modificaciones importantes.
El Ejecutivo tampoco participó abierta y formalmente en la elaboración de la segunda reforma importante del presente sexenio: la electoral. Ésta se discutió y elaboró en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado (CENCA). Sin embargo, fue evidente que Calderón cedió a la presión del PRI y el PRD para remover anticipadamente a los consejeros electorales a cambio de que ambos partidos apoyaran la reforma fiscal.
En su libro Así lo viví, Luis Carlos Ugalde señala: "El 12 de diciembre de 2006, dos semanas después de haber tomado posesión como presidente de México (Calderón) me había asegurado en su oficina de Los Pinos que no compartía la idea de cambiar a los consejeros. Me dijo que una eventual reforma electoral no atentaría contra la independencia del IFE".
Y, en la página siguiente, al narrar un nuevo encuentro con Calderón, el 28 de agosto de 2007, escribió: "Sabía que, dadas las posturas claras de los actores, PRD y Manlio Fabio Beltrones (PRI), la decisión final para removernos dependía de él y de su partido... En contraste con la última vez que habíamos conversado, ahora lo notaba dubitativo y ambivalente. En diciembre de 2006 había platicado con él y recuerdo haberlo visto vigoroso, decidido, seguro de su papel y de su propia legitimidad. Ahora lo veía indefinido y sujeto a las presiones... Me despedí amablemente y salí convencido de que las cabezas de los consejeros habían sido cedidas. Calderón había dado luz verde para vulnerar la independencia del IFE. No era su opción preferida, pero había cedido a la presión".
Y ésta no es la única constancia de la evolución del presidente y su partido respecto de la remoción de los consejeros, pues el 29 de enero de 2007 Héctor Larios, líder de los diputados panistas, declaró al diario Reforma que el asunto era innegociable, pues "es un tema de fortaleza institucional. Nosotros no estamos defendiendo a los consejeros, lo que queremos es defender la fortaleza del IFE, la fortaleza institucional del IFE".
Sin embargo, en septiembre del mismo año, los legisladores panistas aprobaron la remoción anticipada de seis de los nueve integrantes del Consejo General del IFE con derecho a voz y voto.
El 12 de septiembre de 2007, el Senado aprobó la reforma constitucional en la que se contemplaba, además de dicha remoción, la prohibición de las llamadas campañas negativas, de la contratación de promocionales por parte de terceros y la propaganda gubernamental durante las campañas electorales, así los legisladores proscribían las tres acciones que el PRD cuestionaba de la campaña de Calderón: la "guerra sucia", la intromisión de particulares, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones patronales, así como la abundante propaganda del gobierno de Fox. Una campaña como la que le permitió a Calderón llegar a Los Pinos es irrepetible con la actual legislación.
La Cámara de Diputados aprobó, sin modificaciones, la reforma constitucional, dos días después, el 14 de septiembre, y tras la aprobación de los congresos estatales, el 13 de noviembre de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Al mismo tiempo que se discutía la reforma electoral, el Congreso revisaba el proyecto de reforma fiscal que el Ejecutivo presentó el 20 de junio de 2007. En el proyecto original se mencionaba que los estados podían aplicar un impuesto adicional a las ventas de gasolina, diesel, tabaco y cerveza; así mismo se proponía abrogar el Impuesto a la Tenencia de Automóviles en el 2014; introducir la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), con una tasa de 19% sobre los ingresos, después de deducir la inversión y la adquisición de bienes y servicios independientes; el llamado impuesto contra la informalidad, que implicaba gravar con una tasa de 2% los depósitos realizados en efectivo que excedan la cantidad acumulada de 20 mil pesos en un mes; gravar con una tasa de 20% la contraprestación que se cobre por participar en juegos con apuestas y sorteos, y gravar con una tasa de 50% a las pinturas en aerosol.
El 12 de septiembre, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos, que no venía en la iniciativa presidencial y que implicaba reducir el gravamen especial que se le cobra a la paraestatal en siete puntos porcentuales en un período de cuatro años; modificó el nombre del CETU y lo denominó Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y redujo la tasa de 19 a 16.5%, aunque aumentará anualmente para llegar a 17.5% en 2010; aprobó abrogar la tenencia, pero a partir de 2011; aprobó en sus términos la propuesta de gravar las contraprestaciones por participar en juegos con apuestas y sorteos; aumento a 25 mil pesos el monto de los depósitos mensuales en efectivo; rechazó los gravámenes estatales y, en su lugar, acordaron los legisladores aplicar un impuesto de 5.5% a las gasolinas y el diesel, el cual se establecerá en un período de 18 meses; y rechazó, también, el impuesto a las pinturas en aerosol.
Con todas estas modificaciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria el 13 de septiembre; el Senado lo hizo al día siguiente. El sábado 15 de septiembre Calderón felicitó a los diputados y senadores por haber aprobado las reformas fiscal y electoral, ya que significaban, dijo, "un paso difícil pero indispensable".
En marzo de 2007, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para dotar a las autoridades ministeriales y policiacas de instrumentos para el combate a la delincuencia organizada. La iniciativa contenía, entre otras propuestas que al final fueron suprimidas, las siguientes: que los agentes policiacos ingresaran "sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad física" de una persona; que los delitos contra la paz pública fueran considerados como graves; las órdenes de aprehensión a criterio del Ministerio Público; el decomiso de bienes sin juicio previo; y la disposición para que el Ministerio Público, con la autorización del procurador, tuviera acceso a información de carácter reservado y confidencial.
El 12 de diciembre, los diputados votaron una reforma que incluía dicha iniciativa y otra del diputado priista, César Camacho, para abrir paso a los juicios orales. La minuta ya había eliminado algunas de las propuestas contempladas en el párrafo anterior, pero permitía el acceso a la información confidencial sin necesidad de autorización judicial, así como el allanamiento de los domicilios por parte de las corporaciones policiacas.
El 13 de diciembre, los senadores enmendaron lo relativo a la información confidencial y atemperaron el allanamiento a los domicilios. Por último, el 27 de febrero pasado los diputados eliminaron completamente el párrafo que contemplaba el allanamiento. Otra vez, una iniciativa presidencial sufría enmiendas importantes y trascendentales.
La quinta iniciativa, denominada por Los Pinos "reforma energética", y por la oposición, particularmente el PRD, "reforma petrolera", fue enviada el 8 de abril de 2008. En esa ocasión, el Ejecutivo envió una iniciativa de reforma a siete leyes ordinarias; tras la toma de las tribunas y los foros de debate, el PRI presentó su iniciativa el 23 de julio; el 25 de agosto, los legisladores del FAP hicieron lo propio.
El jueves 23, en el Senado se aprobaron los siete dictámenes que dan paso a la reforma petrolera. En éstos, quedó en evidencia que la iniciativa presidencial fue severamente reformada, particularmente en lo que atañe a la participación de la iniciativa privada en los distintos procesos a cargo de Pemex y el otorgamiento de contratos a esta paraestatal.
En las reformas aprobadas el jueves 23, se eliminó la participación de la iniciativa privada en la refinación, contratos de maquila y la propiedad de los ductos; se eliminaron los denominados contratos incentivados, que en realidad eran contratos de riesgo; y se eliminó el control de Hacienda sobre el presupuesto anual de la paraestatal. Además, hubo una serie de normas que se modificaron sustancialmente, como el que los cuatro consejeros profesionales del Consejo de Administración de Pemex deben ser avalados por el Senado; se mantuvieron los bonos ciudadanos, pero se establecieron candados para que las casas de bolsa no puedan comprarlos; se estableció un nuevo régimen fiscal para la paraestatal, pero no se pueden trasladar los beneficios e incentivos a terceros; y el nuevo régimen de adquisiciones establece candados para las licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.
Así, básicamente se impidió, como lo han repetido una y otra vez los perredistas, la participación de la iniciativa privada en las actividades reservadas a Pemex; y aunque se modifican el régimen fiscal y el de adquisiciones, se establecen las debidas previsiones para evitar abusos, corrupción, discrecionalidad y traspasos de los beneficios a terceros. En los asuntos controvertidos la iniciativa aprobada es más cercana a la propuesta del FAP, que a la del presidente Calderón.
El viernes 24, el presidente Calderón reconoció el trabajo legislativo y señaló que la reforma era un cambio fundamental en materia de energéticos como no se registraba desde la expropiación petrolera en 1938.
Así, las reformas fiscal, de seguridad y petrolera fueron modificadas en todos los aspectos controvertidos y considerados en la iniciativa presidencial como fundamentales para el éxito de la misma, y en el caso de la electoral, aunque no hubo una iniciativa del Ejecutivo, es evidente que las principales disposiciones se oponen a los postulados de Calderón y el PAN. En el caso de las reformas fiscal y de seguridad, la oposición logró atemperar y depurar las propuestas; pero en la electoral y petrolera, el PRD colocó su sello.
De acuerdo con las declaraciones de Calderón, después de cada una de éstas, parece que en este sexenio lo importante es reformar, sin importar mucho el sentido de las mismas, pues todas las festina como si sus iniciativas hubiesen pasado intactas, como fue el caso de la reforma a la Ley del ISSSTE. l