El gobierno de España recorta salud y educación

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Tenso encuentro entre EU y Brasil

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se quejó de la política monetaria estadunidense y no logró grandes avances en materia comercial durante el encuentro celebrado ayer en la Casa Blanca con su par Barack Obama. Las autoridades brasileñas culpan a las estrategias de países desarrollados, como bajar tasas de interés y comprar bonos de Estados Unidos y Europa, de causar un tsunami que ha inundado de liquidez al país sudamericano, provocado un alza del real y afectado las exportaciones. La reunión arrojó pocos resultados concretos .

El nuevo plan de ajuste representa 10 mil millones de euros
El gobierno de España recorta salud y educación
La medida de Rajoy, para cumplir con el déficit impuesto por la UE
Arguye que es para "conseguir mayor racionalización de recursos"
El incremento de la pobreza pega ya a 25 por ciento de la población

Crecen casos de depresión, osteoporosis, desnutrición y otros
Ssa: aumentó la longevidad, pero también sus males
Dos millones de adultos mayores sufren limitaciones en su vida diaria
Los problemas de deterioro mental, como el Alzheimer, representan 6%
Gran reto, dar viraje del enfoque curativo al preventivo: Chertorivski

MVS: desigual e injusto trato del gobierno sobre refrendos
Reclama que se le renueve la concesión en la banda de 2.5 gigahercios
"A Televisa y Tv Azteca se les da vía para que actúen como monopolios"

Reaprehenden al ex director de operaciones de la CFE
Se mantiene el cargo contra Néstor Moreno por enriquecimiento ilícito
SME: la acusación de quedarse con $30 millones es sólo punta del iceberg

*Según fuentes, la PGR solicitó a la juez negarle la libertad provisional bajo fianza

*Recapturan a Moreno Díaz, ex directivo de CFE acusado de enriquecimiento ilícito

*Mi cliente saldrá esta semana porque la imputación está basada en notas periodísticas: abogado

Néstor Moreno Díaz al recibir de Vicente Fox el Premio Nacional de Calidad y Tecnología, el 8 de febrero de 2006

AMLO Encuentro Temático sobre Salud

http://youtu.be/Ncd39sbZIE0

Karam y Gutiérrez Fragoso: acabar de hundir al IMSS

Gustavo Leal F.*

¿Por qué quiere Karam liquidar a 319 mil trabajadores del IMSS? ¿Estaba enterado Valdemar Gutiérrez Fragoso, diputado panista y archicuestionado líder del SNTSS?

Recientes estudios del actuario Carlos Soto muestran que, después de 14 años de operación de la reforma Zedillo a la Ley del IMSS (1995), las cuotas totales como porcentaje de los salarios de cotización han disminuido de 19.5 a 16.5 ¿Cómo impactan estas condiciones al IMSS?

Las cuotas patronales cayeron de 14.55 a 11.45 por ciento y las de los trabajadores bajaron de 4.125 a 1.4 por ciento, mientras la aportación del gobierno federal se elevó de 0.825 a 4.825.

Además, la ley Zedillo que privatizó el sistema de pensiones (apartado A), también ha generado una pérdida neta en el financiamiento del principal seguro del IMSS. Las cuotas al seguro de enfermedad y maternidad (SEM) pasaron –en 14 años– de 12.5 a 9.63 por ciento del salario de cotización.

¿Cómo pueden mejorar los servicios cuando se le han restado al SEM cuotas por 3.36 por ciento en 14 años? Es decir: ¡una pérdida de ingresos institucionales equivalente a 368 mil 879 millones de pesos! Respecto a 1997, los patrones aportan 1.65 por ciento menos, los trabajadores 0.66 y el Estado 1.05.

No sorprende entonces que desde 2001 la tecnocracia foxista (Santiago Levy), y después la calderonista (Molinar Horcasitas-Karam), propalaran sistemáticamente –toda una década– la crisis del SEM, a través del siempre apocalíptico Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS.

Por ejemplo en su edición 2010-2011 consigna que la situación financiera que enfrenta el instituto es compleja y que el principal problema es el desequilibrio estructural entre las aportaciones al SEM, los gastos médicos de pensionados (GMP) y las obligaciones para atender a una población con necesidades de salud cada vez más complejas y costosas (p. V1).

¡Claro! ¡Si el SEM ha sido estratégicamente desfinanciado desde 1997!

Sobre los GMP –que las autoridades del IMSS publicitan para desprestigiar a los privilegiados trabajadores– el informe afirma que: en términos relativos, el déficit que observa la cobertura de GMP es uno de los más altos, ya que en 2011 representaría 139 por ciento de los ingresos por cuotas obrero-patronales y aportaciones del gobierno federal de la cobertura y, de acuerdo con las proyecciones realizadas, podría llegar a representar 436 por ciento en 2050” (p. 96).

El informe también aclara que, para determinar el gasto futuro de la cobertura de GMP, se consideró la población pensionada por el IMSS: trabajadores de empresas afiliadas, los propios del instituto y los nuevos pensionados, con estimados de la sobrevivencia calculados con bases biométricas aplicadas por las compañías aseguradoras de fondos de pensiones.

A diciembre de 2010 se trataba de 3 millones de pensionados: 43 por ciento son mujeres con edad promedio de 62 años y 56 por ciento son hombres con edad promedio de 65.1 años. La presión que ejercerán sobre los gastos institucionales, insiste el informe, será significativa por el aumento en la esperanza de vida y porque presentan con frecuencia enfermedades crónico-degenerativas de alto costo y uso más intensivo de los servicios médicos. Los pensionados sobreviven al retiro 20 años en promedio y crecerán a una tasa constante de 2.5 por ciento anual en términos reales durante los 100 años de proyección. En 2010, el costo promedio general obtenido fue de 14 mil 736 pesos anuales (pp. 261-262).

La visión oficial del cuadro estratégico del desfinanciamiento se completa con las enfermedades de alto costo y el impacto del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP).

Respecto a las enfermedades de alto costo, el informe señala que: en 2050 el gasto médico que tendría que destinarse al tratamiento de diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia renal sería mayor al esperado para 2011 en 439, 502 y 1,224 por ciento, respectivamente. El derivado del cáncer cérvico-uterino se incrementaría entre 2011 y 2050 en 372 por ciento, mientras que el correspondiente a VIH/sida y cáncer de mama aumentaría en 316 y 347 por ciento (p. 38).

Durante más de una década, los funcionarios designados por Fox y Calderón han reiterado que, como prestador de servicios y administrador, el IMSS enfrenta como principal problema el pasivo laboral del régimen de jubilaciones y pensiones de sus propios trabajadores.

Ese pasivo, subrayan, ha crecido en los últimos 11 años a una tasa real de 13.5 por ciento en promedio anual, 9.7 por ciento del PIB (p. 170).

Así se ha fabricado mediáticamente, durante ya más de 10 años, una crisis institucional como pantalla del escandaloso fracaso de la ley Zedillo que reformó al IMSS en 1995. Los salarios de los altos funcionarios son los más altos de la historia, pero los servicios están peor que nunca.

Con 12 años de pésimas administraciones panistas a cuestas, acosado y sin salidas por el impacto desfinanciador de la ley Zedillo, ahora Karam quiere liquidar a 319 mil trabajadores. ¿Y Valdemar Gutiérrez Fragoso, también?

Con apresuramiento y sin las aclaraciones del caso, ambos se han visto obligados a comunicar que: la institución garantiza sus servicios y la permanencia de las condiciones laborales de sus trabajadores, involucrando –de paso– al Poder Legislativo con el que, según ellos, han trabajado de la mano (La Jornada, 13 de febrero).

¿Intervendrán en el asunto los candidatos a la Presidencia?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Michael Moore y las "regulaciones" de la información sobre Cuba en NBC

El cineasta narra cómo, en los 90, la NBC obligó a cambiar el resultado de una competición televisiva entre países según la atención de salud, porque el vencedor había sido Cuba.

http://youtu.be/iibsR5DT0Jc

Adoptemos un programa revolucionario para los problemas de la juvetud.

Valeria Patri

La necesidad de que el Movimiento de Regeneración Nacional y el PRD adopten un programa y una práctica auténticamente revolucionaria es apremiante. Y aunque los 50 puntos planteados por Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), significa un avance para los trabajadores debemos exigir todavía más.

Somo miles los que observamos con optimismo en los planteamientos de la izquierda: garantizar educación publica, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, 100% de inscripción en la escuela de preferencia en todos los niveles, amplios programas de becas- en el caso de bachillerato el monto seria de 900 pesos mensuales-, desayunos, útiles y uniformes gratuitos, un trabajo bien remunerado al término de nuestros estudios, abandonar la política de que la educación es una mercancía y un privilegio, garantizar cultura recreación, salud y esparcimiento, etc. Estas medidas son un paso al frente para revertir las condiciones de vida de la juventud; más ahora que con la crisis se han agravado llevando a millones a situaciones de marginilidad, delicuencia e incluso al suicido, pero no serán suficientes ante la rapaz necesidad que tienen los empresarios y la burguesía de obtener el máximo de beneficio y acrecentar sus ganancias, esta serie de iniciativas choca con sus intereses, para ellos es un despilfarro otorgarle recursos a la educación y más allá de hacerlo se opondrán decididamente.

El realizar estas medidas significará dar una batalla abierta con la burguesía y sus representantes dentro de las escuelas y empresas, sería incorrecto suponer que esta serie de consignas se podrán llevar a cabo con el paso libre de los empresarios y banqueros cuando son ellos quienes han impulsado de manera enérgica toda una serie de reformas en contra de la educación pública y quienes promueven una reforma laboral donde los jóvenes no poseamos ningún derecho laboral y sindical. La única forma de lograr esta serie de iniciativas es recuperando las tradiciones de lucha y organización del movimiento obrero y la movilización nos garantizara que estas ideas y discursos se vuelvan una acción concreta.

La realización de la cosigna educación pública y de calidad para todos, pasará necesariamente por la expropiación de los bienes de la burguesía y ponerlos bajo control de los trabajadores. Sólo mediante esta medida se garantizará la destinación de por lo menos el 10% del PIB en educación significando con ello un programa amplio de construcción de aulas dignas y bien equipadas en cada rincón del país respondiendo así a la enseñanza de cada persona en todos los grados, los centros de estudio privados serian integrados al sistema de educación pública, medida que eliminaría el lucro con la eduación, y los profesores y personal de estas escuelas serán contratados por el estado con salario digno, sindicaclización y base.

El programa de becas que propone AMLO no debe de ceñirse a apoyos económicos sino también a becas alimenticias sumando un programa de vivienda digna para los estudiantes qué están lejos de su residencia con transporte público gratuito.

En tema de empleo para la juvenud, debemos oponernos rotundamente que nos utilicen como mano de obra gratuita, nuestras prácticas académicas en el campo laboral deben ser remuneradas con forme a las necesidades, el estado debe garantizar un empleo al término de nuestros estudios. Es mentira que la sociedad ya no necesite más profesionistas, distribuir el trabajo existente en todas las manos, ajustando las jornadas laborales donde todos cubramos un turno y labor determinada en la empresa todo esto sin disminución salarial.

Estas y otra iniciativas deben de ser impulsadas y supervisadas por los consejeros escolares, integrados por los estudiantes, profesores y trabajadores, donde se nos permita el derecho a huelga, reunión, sindicalización a elegir a nuestros representantes.

Todo lo anterior y otra serie de situaciones entra en contradicción con los intereses de quienes nos mantienen en la miseria y en la explotación y harán todo lo posible porque ni en lo más mínimo se cumplan estas consignas, debemos ser conscientes que esta batalla no la ganaremos solamente haciendo exhortos o con buenas intenciones, la necesidad de una alternativa política para los problemas de la juventud es urgente. Se trata de dos intereses completamente contrarios, y nuestra respuesta debe ser una lucha seria y firme, primero adoptando un programa revolucionario, un programa, en primer lugar son ideas pero para que estas tengan efectividad tiene que transformarse en una guía para la acción, esto es lo que debemos empezar a hacer en el movimiento, debemos de confiar en la fuerza potencial de la clase obrera, no sólo para llevar a cabo estas medidas sino también extenderlas y plantearse transformar la sociedad desde sus cimientos.

Juventud. Militante. Voz marxista de los trabajadores y la juventud.

IMSS, ISSSTE, Salud… el botín de Calderón

Álvaro Cepeda Neri *

Se creía que con el priísmo (fundado sobre las ruinas del Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana) la corrupción, es decir, el saqueo a los ingresos de las secretarías y empresas descentralizadas, había llegado a su máxima expresión por las raterías de los funcionarios de la élite, más sus grupos depredadores. Y que con el arribo de los panistas, con sus proclamas de honradez (que siguen confundiendo con honestidad, que no es lo mismo) y su moral más católica que cristiana, las instituciones supuestamente entrarían en un período de manejo transparente de rendición de cuentas.

Las cosas sólo empeoraron: Calderón y los suyos llegaron al presidencialismo, a las gubernaturas, presidencias municipales, a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la Secretaría de Salud (Ssa), la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, para que nuevos y sedientos derechistas religiosos se enriquecieran a manos llenas. Roban, delinquen, abusan de su autoridad, usan indebidamente sus atribuciones y facultades, además del tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. En suma, los panistas están en la mira del Código Penal Federal y del título cuarto de la Constitución “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, y su respectiva ley reglamentaria.

El mismo Instituto Federal Electoral fue botín para investir a Calderón. Elba Esther Gordillo nombró a su presidente y éste por órdenes de ella, se adelantó para declarar vencedor a Calderón, en una maniobra que, con palabras del mismo Ugalde, fue “la corrupción política [que] es el abuso de la autoridad pública para un beneficio…” del Partido Acción Nacional (PAN)-Calderón, quien cínicamente afirmó que su triunfo reunió los requisitos del “haiga sido como haiga sido”. Si el triunfo de Salinas frente a Cárdenas en 1988 fue dudoso, más lo fue, para cargar desde entonces la ilegitimidad, la cuestionadísima victoria pírrica de Calderón sobre López Obrador. En una entrevista con León Krauze, Calderón afirmó que el ISSSTE, el IMSS y la Lotería Nacional no eran un botín.

Pero a partir del sexenio sobre todo de López Portillo hasta rematar con Calderón, éstas han sido objeto de saqueos, cajas chicas del presidente en turno y de los directores de esas instituciones, a las que ahora deben incluirse Pronósticos Deportivos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –desde Sánchez Vite a la insaciable Gordillo, la de las componendas con Fox y Calderón–. Actualmente una mafia de varios grupos de un cártel surtidor de medicinas, coludidos con funcionarios de la Ssa, el ISSSTE y el IMSS, son los saqueadores con la participación de los directores y el secretario del ramo, como es el caso de Daniel Karam, quien sólo es un adorno en el IMSS, tras el periodo de Molinar Horcasitas, cuando se descubrió el atraco de los laboratorios.

Calderón no ha tenido, por su mal gobierno y administración abandonada, cuidado en el nombramiento de sus amigos en los cargos públicos. Y permite que su cómplice Elba Esther Gordillo le designe a bribones en las instituciones que le regaló en pago por los apoyos y favores para su campaña electoral, y por continuar su mutuo encubrimiento en la rapiña. Acepta que Fox le “heredó” acuerdos políticos pactados desde entonces. “Y evidentemente hubo acuerdos. Ella planteó exigencias de participación en el gobierno que, coincido, no deben asombrar a nadie. Me parece que forma parte de la política en el sentido de preservar las posiciones afines a ésta en la administración pública […]. Yo creo que la política es para eso; no es un reparto de cuotas ni de botín”.

Obviamente Calderón no es ingenuo ni tonto, aunque lo parezca, y como trofeo para el robo es que le entregó el ISSSTE, la Lotería Nacional, Seguridad Pública, el SNTE y cientos de plazas (la de su yerno en Educación Pública) en las dependencias. Sabía Calderón de antemano que la Maestra no es una blanca paloma, sino un buitre dispuesto a llevarse a los que le pongan enfrente como despojos para su patrimonio, ya que ella es dueña de todo lo que tiene bajo su férreo y autoritario control.

Egresada de la “escuela” de Jonguitud Barrios y posgraduada con Salinas y su padrino Manuel Camacho (enlace entre López Obrador y Ebrard), supo aprovechar sus complicidades con Fox y Calderón con quienes tuvo tratos dentro de la política del PAN, consistente en dar cargos gubernamentales a cambio de apoyo. El toma y daca con Gordillo fue para que realizara sus arriendos. Pero Calderón quiere lavarse las manos con base en que el IMSS, el ISSSTE, Pronósticos Deportivos, la Ssa y la Lotería Nacional no son un botín, cuando los funcionarios y las mafias comerciales de ventas de medicinas y demás bienes saquean esas instituciones con una corrupción que ya superó a la del antiguo régimen. Los panistas, sus empresarios, sus socios –como Elba Esther Gordillo– y sus sicarios están robando como nunca antes. El PAN es el semillero del foxismo y del calderonismo.

*Periodista

Revista Contralínea 248 / 28 de agosto de 2011

Las indígenas violadas y la evasión de la Sedena

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

Obtilia Eugenio Manuel, Ines Fernández Ortega y Valentina Rosendo, víctimas de violación por militares.

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

Death By Pollution: How the Obama Administration Just Put Thousands of Lives at Risk

The Democrats and President Obama have just turned their backs on the most disenfranchised and vulnerable among us.

AlterNet / By Joshua Frank

It must be election season. Like other prominent Democrats, Environmental Protection Agency Administrator Lisa Jackson has been making the rounds. Two weeks ago she popped up on Jon Stewart's "Daily Show" and explained that regulating toxins like mercury from coal burners across the country would prevent thousands of deaths and create jobs. She even rallied people to action.

"Environmentalism is not a spectator sport," Jackson told Stewart, as if she was encouraging viewers to turn off their televisions and get busy. "You actually have to stand up and demand that we be vigilant in protecting our air and water."

It was certainly a boisterous display of support for stronger environmental statues, something Jackson happens to know a little bit about. However, just one week after Jackson's Comedy Central performance the EPA indefinitely delayed essential health protections designed to reduce public exposure to airborne toxins such as mercury, arsenic, lead, and acid gases by thousands of tons per year.

It was back in 1990 when President H.W. Bush signed Clean Air Act Amendments into law, requiring the EPA to establish emission standards limiting toxins like mercury from the largest pollution sources. One of these laws, called Boiler MACT, covers emissions from boilers that produce power, like those from large to small coal plants. In February 2011, under court order, the EPA was forced to finally issue these rules. But now the EPA has indefinitely delayed the law from going into effect.

"Two years ago the Obama administration took office vowing to protect public health and respect the law," said Earthjustice attorney James Pew shortly after the EPA's announcement. "Today's action disserves both of these principles. By the EPA's own calculations, the health protections it has elected to delay would save up to 6,500 lives each year."

In fact, according to the EPA itself, more than 4,000 non-fatal heart attacks, 1,600 cases of acute bronchitis and 313,000 missed work and school days would be avoided if the law was enacted -- not to mention upwards of 6,600 premature deaths. All these benefits, despite the fact that the proposal had been dramatically watered down after industry pushed the EPA to weaken its original draft of the rule early last summer.

"It appears that EPA has addressed many of the industry complaints while still putting out standards that would bring significant public health benefits," Frank O'Donnell of Clean Air Watch told Greenwire. "Let's hope that EPA stands its ground when industries argue for further changes."

But the EPA didn't stand its ground. It soon backed off and has now delayed the rule indefinitely.

By all accounts the action to protect human health by regulating toxic emissions is long overdue. While there are several major air pollutants at play, mercury may be the most significant. One the largest producers of airborne mercury happens to be coal plants. This pollution ends up in water, poisoning fish and the humans that eat them. And the poisoning is rampant.

In August 2009, the U.S. Geological Survey released a study of mercury contamination in fish in 291 streams around the country. The study, which is the most comprehensive to date, was conducted from 1998 to 2005 and tested over 1,000 fish. Every fish tested, including those from isolated rural waterways, contained at least trace amounts of toxic mercury. According to the researchers, the majority of mercury in the streams tested came from coal plants.

This pollution has a direct impact on human health. According to the Centers for Disease Control and Prevention, 8 percent of American women of childbearing age have unsafe levels of mercury in their blood, putting approximately 322,000 newborns at risk of neurological deficits. Mercury exposure can also lead to increased cardiovascular risk in adults.

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La acusación

Luis Javier Garrido

El gobierno de facto de Felipe Calderón ha comprometido seriamente en cuatro años y medio la seguridad nacional de México, y es esta la acusación principal que se le hace a él en los críticos momentos actuales, sin que en su irresponsabilidad se percate de ello, y es la acusación más grave que habrá de enfrentar al dejar el cargo y la que lo situará ante el juicio de la historia: haber hundido a los mexicanos en la mayor inseguridad de su historia.

1. En una entrevista acordada a Proceso (Núm. 1803), el constitucionalista Diego Valadés, de la UNAM, señalaba esta semana que a Calderón le aguarda un proceso penal para cuando abandone Los Pinos ya que el Tribunal Electoral lo ha responsabilizado de violar sin equívocos la Constitución en materia electoral en los últimos dos años, a lo que se debería agregar, añadía, su responsabilidad por los 40 mil muertos de su equivocada guerra contra las drogas, que ha producido efectos contrarios a los pregonados. Valadés se quedó sin embargo corto, muy corto, pues a Calderón le aguardan otras acusaciones penales de enorme gravedad. Las principales: la de haberse apoderado en 2006, mediante presuntas acciones delictivas, de la Presidencia de la República, sin haber ganado las elecciones; y sobre todo: la de haber comprometido, en estos años, por intereses personales y de grupo, la seguridad nacional de México.

2. La seguridad nacional de un país entraña algo muy distinto a lo que entienden los extremistas de derecha que se hallan en el poder en México, pues es universalmente aceptado que este concepto supone la responsabilidad del gobierno de crear mecanismos para salvaguardar: a) los derechos individuales de las personas (a la vida, a la integridad domiciliaria, a las libertades básicas), y b) los derechos sociales (al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, entre otros), así como, de la misma manera, c) los derechos de la nación a su integridad soberana y a sus riquezas estratégicas (en el subsuelo, el mar territorial, el espacio aéreo), y desde luego d) la integridad de las instituciones republicanas (los Poderes de la Unión, las fuerzas armadas, la administración pública).

3. La mayor parte de los países así lo entienden en el siglo XXI, salvo México, pues incluso Estados Unidos ha construido en tiempos recientes, con instrumentos seudojurídicos como la llamada Acta Patriótica de 2001, toda su doctrina en materia de seguridad nacional sustentada en su fuerza militar (haciendo caso omiso de que ésta es violatoria del derecho internacional), con el argumento de que todos los recursos del Estado han de ser utilizados para garantizar los derechos individuales y colectivos de los estadunidenses y defender los recursos estratégicos de su nación y sus instituciones básicas.

4. El gobierno de Calderón, por el contrario, luego de sus acuerdos inconfesables de 2006 con la administración Bush, asumió que para privilegiar, por sobre los derechos de los mexicanos y de la nacion, los intereses económicos y políticos de la mafia panista-yunquista, y con un criterio servil a la potencia que lo mantenía en el cargo, debería establecerse como principio rector de su desquiciada “guerra contra el narco”, que de lo que se trataba era de hacer prevalecer los intereses estratégicos de Estados Unidos en el marco de la llamada Iniciativa Mérida, y no le importó atentar gravemente contra la seguridad individual y colectiva de los mexicanos, contra la de la nación y sus recursos estratégicos y contra la de las instituciones públicas, que se empeñó ferozmente en destruir con el argumento de que habían sido creadas durante los años del Estado benefactor priísta.

5. Los hechos de estos cuatro años y medio no dejan lugar a dudas. Al crear una parafernalia de fuerzas policiacas y militares impreparadas para su guerra privada, a las que se sumaron los grupos paramilitares oficiales, a Calderón y a los panistas no les importó la vida de los mexicanos, que fueron muriendo por cientos y luego por miles en lo que se justificó como fuego cruzado o daños colaterales, atribuyéndole siempre esas muertes, ocasionadas por fuerzas oficiales, al que se bautizó como el crimen organizado. El gobierno calderonista asumía, conforme a los manuales del Pentágono que seguía obsecuentemente, que de lo que se trataba era de generar un clima de miedo –y de terror– en el país, y especialmente entre los más pobres, para advertir a los movimientos sociales que serían criminalizados si alzaban la voz, como en efecto fue aconteciendo.

6. Las fuerzas de seguridad nacional no iban tampoco en este deplorable sexenio a velar por los derechos colectivos del pueblo, sino que por el contrario iban a garantizar su violación. Los derechos sociales de los mexicanos lejos de ser protegidos fueron violentados de continuo para hacer viable el modelo capitalista neoliberal, con el proyecto de hacer de México una gran maquila y, sobre todo, de entregar los recursos estratégicos del país a las trasnacionales aliadas al panismo, y así fueron pisoteados, con ayuda de las fuerzas de seguridad, los derechos de los maestros, de los mineros, de los electricistas, de los jóvenes y de los niños, y los del pueblo en general a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo.

7. Porque otro de los mayores despropósitos fue que el concepto panista de seguridad suponía la seguridad de los intereses de las trasnacionales y los del gobierno de Washington, y se estableció el principio aberrante de que las fuerzas mexicanas de seguridad nacional, subordinadas a las agencias estadunidenses, deberían velar en territorio mexicano por la seguridad alimenticia de Estados Unidos y no la de México, por la seguridad energética de Estados Unidos y no la de México.

8. La seguridad de las instituciones de la República fue también comprometida, como en el caso del Ejército y la Marina, que en vez de cumplir con su tarea constitucional de velar por la seguridad del país frente a las amenazas del exterior, fueron subordinados a las agencias policiales estadunidenses para servir a los intereses estratégicos de ese país, y dedicados a esta tarea. A nadie sorprendió por lo mismo que en los papeles del Departamento de Estado difundidos por Wikileaks a través de La Jornada se publicara el miércoles 25 que Genaro García Luna (titular de Seguridad Nacional) ofreció a Estados Unidos en 2007 pleno acceso a todos los datos de inteligencia de México, en un acto de abierta traición a nuestro país. ¿O qué acaso en correspondencia Washington iba a dar a los funcionarios mexicanos pleno acceso a todos sus datos de inteligencia?

9. En medio del desastre al que Calderón y los panistas han llevado a México destaca la complicidad del PRI, coadyuvando con cinismo, al menos hasta los inicios de 2011, al proceso de desmantelamiento de la nación, del Estado y de los derechos de los mexicanos operado con el respaldo de las fuerzas mexicanas de seguridad. Resulta por ello patética la imagen del senador priísta Manlio Fabio Beltrones acudiendo en 2009, no a la PGR sino a la embajada estadunidense, para que le informe sobre el operativo de la Marina en el que se asesinó al presunto capo Arturo Beltrán Leyva (cable 09MÉXICO3624).

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

Aumentan a 87 millones, mexicanos en pobreza

Aumentan los mexicanos en pobreza extrema. Mientras el Estado de México es la entidad con más población en miseria, Batopilas (Chihuahua) mantiene índices de desarrollo humano inferiores a Nígeria, el país más pobre del mundo.

Isabel Argüello

Con el panismo, sólo 19 millones 530 mil mexicanos tienen “asegurado” un bienestar económico y social; esto equivale al 18.3 por ciento de la población, considerada “no pobre” y “no vulnerable” por el gobierno federal.

Los otros 87 millones 150 mil mexicanos son pobres, admite el Informe de pobreza multidimensional en México 2008, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De éstos, más de 47 millones son “pobres multidimensionales”.

El rezago en educación, vivienda, alimentación, salud y seguridad social afecta a 81.7 por ciento de mexicanos, reconoce la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

“Hay desigualdad y no hay voluntad política para transformar el panorama de la sociedad”, lamenta la doctora Araceli Damián González, investigadora de El Colegio de México.

“Es un fracaso el modelo económico que se ha seguido en nuestro país durante los últimos 30 años. Menos del 20 por ciento de la población tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades, y sólo 20 personas tienen una riqueza equivalente al 10 por ciento del producto interno bruto. En realidad, estamos en una situación crítica”, dice Damián González.

En entrevista con Contralínea, el doctor Gonzalo Hernández Licona –secretario Ejecutivo del Coneval– asegura que México no ha crecido económicamente porque no ha habido acuerdos políticos. “Se empantanan muchas veces elementos en las decisiones políticas que no permiten que hayan soluciones de crecimiento. De no ser por esto, tendríamos niveles de pobreza o de vulnerabilidad mucho menores; un reto bien importante”.

Pobreza multidimensional

Para matizar las cifras, los pobres ahora son denominados multidimensionales. Son 47 millones 190 mil personas identificadas en esa condición. De éstos, 30 millones 820 mil (65.3 por ciento) viven en el Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Jalisco, Distrito Federal, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán y Guerrero.

Hernández Licona reconoce que a esos mexicanos no les alcanza para comprar lo “mínimo necesario”. Según él, las políticas públicas de desarrollo social del Estado deben enfocarse a este sector porque es la población con más carencias sociales.

Del total de “pobres multidimensionales”, 23.73 por ciento padece pobreza extrema (11 millones 200 mil) y 76.27 (36 millones), moderada. Chiapas tiene más de 1 millón 500 mil en extrema pobreza; el Distrito Federal y Jalisco superan, cada uno, los 2 millones de pobres moderados; y el Estado de México, Puebla y Veracruz están en ambas clasificaciones.

Araceli Damián, especialista en economía urbana, asegura que el dato de “pobres multidimensionales” se duplicaría si se considera la vulnerabilidad del resto de la población. “La pobreza es de 81.7 por ciento; pero como es una cantidad que políticamente no se puede manejar, decidieron tomar otro criterio. Vamos a tener cifras maquilladas, como siempre hace el gobierno, mientras la desigualdad es cada día más lacerante”.

De los 35 millones 180 mil “vulnerables por carencia social”, más de la tercera parte habita en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Veracruz. En contraste, de los 4 millones 780 mil “vulnerables por ingreso”, cerca de 2 millones residen en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Coahuila y Nuevo León.

Para Hernández Licona, quienes se encuentran en la categorización de “vulnerabilidad por ingreso” o “carencia” están en riesgo de convertirse en “pobres multidimensionales”. “No todos ellos van a caer en pobreza. Algunos podrían caer, otros no, pero siguen siendo vulnerables”.

Indígenas, los más pobres

La pobreza multidimensional afecta a tres de cada cuatro indígenas. De este 75.7 por ciento, más de la mitad está en pobreza extrema. El Informe de pobreza multidimensional en México 2008 enumera la diferencia de carencias sociales entre la población indígena y la nacional: seguridad social, 85.8 y 64.7; educación, 49.9 y 21.7; acceso a los servicios de salud, 52.7 y 40.7; y alimentación 42.1 y 21.6, respectivamente.

“‘Pobres multidimensionales’ hay en toda la República, aunque se hace más evidente en los estados con mayor número de indígenas. Han sido sistemáticamente marginados del desarrollo; fueron sometidos y despojados de sus tierras, obligados a migrar a las zonas áridas y poco productivas. Es una cuestión histórica y ancestral; un problema que no se resolvió con la Independencia ni la Revolución”, comenta la investigadora Damián González.

Hernández Licona explica que Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, la Tarahumara y El Nayar son lugares de acceso complicado, por lo que llevar servicios lo es aún más. Muchos indígenas viven en esas zonas y sufren esa problemática. Además, “el Banco Mundial habla de elementos que generan desigualdad y discriminación hacia los indígenas en relación con los apoyos que reciben”.

David Jiménez Rumbo, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, pone como ejemplos Cochoapa El Grande, considerado el municipio más pobre de México y uno de los más pobres de América Latina, y Metlatónoc, en Guerrero: “Dos de los municipios más necesitados de este mundo, donde hay hombres y mujeres que han perdido el brillo de la inteligencia en los ojos”.

“No podemos decir que las cosas están marchando bien. Las políticas neoliberales que vienen aplicándose de manera moderada desde la época de Miguel de la Madrid, luego de manera más contundente y con más profundidad con Carlos Salinas de Gortari, y llevadas al extremo del antipatriotismo en los gobiernos panistas, han venido acentuando el fenómeno de la pobreza en el Sur del país, básicamente en las regiones indígenas”, asegura Jiménez Rumbo.

Carencias sociales

Alrededor del 10 por ciento de los residentes de cada entidad federativa no cuenta con educación básica. Significa que 23 millones a nivel nacional tienen esta carencia. El Estado de México encabeza los resultados, con 2 millones 720 mil personas; le sigue Jalisco, con 2 millones 40 mil; Chiapas y Puebla, con 3 millones 110 mil cada uno.

En materia de salud, 43 millones 380 mil personas (40.7 por ciento de la población total del país) carecen de este derecho social. El 45 por ciento del Estado de México no tiene acceso a la salud (6 millones 600 mil mexiquenses), al igual que el 40.1 por ciento del Distrito Federal (3 millones 530 mil). Más de 2 millones de poblanos y veracruzanos pasan por la misma situación.

La seguridad social es un derecho, no obstante 68 millones 990 mil mexicanos no lo tienen. En ocho estados, 38 millones 340 mil personas están excluidas de este bien: Estado de México (9 millones 970 mil), Veracruz (5 millones 190 mil), Distrito Federal (4 millones 650 mil), Puebla (4 millones 340 mil), Jalisco (4 millones 10 mil), Chiapas (3 millones 810 mil), Guanajuato (3 millones 320 mil) y Michoacán (3 millones 50 mil personas). El contar con un empleo formal no es garantía, pues 62.3 por ciento no tuvo acceso a la seguridad social.

Veracruz, el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla tienen, en conjunto, cerca de 10 millones de personas que presentan carencia por calidad y espacios de la vivienda. En México, 18 millones 620 mil (17.5 por ciento) padecen esta circunstancia.

Los servicios básicos de vivienda son otro problema que deben enfrentar los mexicanos (20 millones 130 mil, es decir 18.9 por ciento). Veracruz, el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero son las entidades con mayor incidencia y número de personas con carencia de techo, muros y pisos; además del “hacinamiento” o ubicación amontonada de los objetos dentro del hogar, según los elementos que consideró el Coneval.

El 37.9 por ciento de los individuos con carencia en los servicios básicos de la vivienda no cuenta con acceso al agua; 34.7 por ciento, al drenaje, y 0.5 por ciento, a la electricidad. Más de 3 millones de mexicanos no tienen acceso a ninguno de los tres servicios, agrega el Informe de pobreza multidimensional en México 2008.

A nivel nacional, más de 23 millones de personas no tienen acceso a la alimentación. Los estados que se repiten en esta carencia social son el Estado de México, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 14 millones 930 mil personas en total.

Finalmente, el Informe menciona el ingreso corriente per cápita en cada sistematización poblacional: 973 pesos, los “pobres multidimensionales; 4 mil 26, los “vulnerables por carencia social”; 1 mil 366, los “vulnerables por ingreso”; y 5 mil 576, los “no pobres” y “no vulnerables”. Las tres entidades con menor ingreso fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, dependiendo de la condición de género.

No obstante los resultados, el economista y representante del Coneval, Gonzalo Hernández, alardea de esta nueva metodología de pobreza multidimensional. “Hoy, cada estado sabe en dónde flaquea respecto de sus dimensiones sociales. Estamos muy orgullosos en México de tener esta metodología; somos el primer país que la tenemos, que cumplimos con la Ley General de Desarrollo Social. Queremos mostrar la realidad tal como es, y creo que así se ha entendido”.

Carlos Flores Rico, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, revela que hay 56.5 millones de pobres en México, más de 10 millones que al inicio de sexenio. “Tan sólo en dos años, aumentaron 6 millones de pobres (2006-2008). Es decir, en este momento la suma de pobreza es de 56.5 millones de pobres. En la Comisión, estamos creando una propuesta alternativa para lograr que entre 33 y 37 millones de personas, en unos 10 o 15 años más o menos”, puedan mejorar sus condiciones de vida.

Niños y adolescentes, indefensos ante la crisis económica

La “pobreza multidimensional” abarca a 53.3 por ciento de niños y adolescentes en nuestro país, es decir 20 millones 800 mil, establece el informe La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el caso de México, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

De 39 millones de jóvenes que se contemplaron para este estudio, más de la mitad se encuentra en “pobreza multidimensional”; 28.8 por ciento (11 millones 200 mil) es “vulnerable por carencia social”; 4.6 por ciento (1 millón 800 mil), “vulnerable por ingreso”, y 13.3 por ciento (5 millones 200 mil), “no pobres y no vulnerables”.

Ante la crisis económica del año pasado, la reducción del ingreso fue inminente. “En términos generales, 54 por ciento de la población declaró que en 2009 se encontraba en una situación económica peor, o mucho peor, que en 2008”. Por falta de recursos, los padres de familia tuvieron dificultades para llevar a sus hijos al doctor, comprarles el medicamento para su atención, mandarlos a la escuela, comprar artículos de uso diario e invertir en actividades de entretenimiento.

Indígenas, condenados a la marginación

En 2005, la mayoría de la población de 2 mil 32 municipios era indígena. El Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), evidenció que algunos municipios están por debajo del índice de desarrollo humano (IDH) de los países más pobres del mundo; por ejemplo, Batopilas, Chihuahua, con 0.3010, respecto del Níger (África), que tiene 0.3300.

En 2008 se contabilizaron 11 millones 300 mil indígenas, de los cuales 4 millones 300 mil pertenecía a “pobreza extrema por ingreso” y 3 millones 600 mil, en situación de “pobreza multidimensional extrema”. Este dato se ve reflejado en los estados con menor IDH: Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz.

Al analizar la distribución del gasto entre grupos, se observa que la población indígena se beneficia del 9.34 por ciento del gasto público total de desarrollo humano, mientras la población no indígena tiene el 90.7 por ciento. Para la atención de la población indígena por ramo ?20 “Desarrollo social”?, en 2009 se destinaron 10 mil 474 millones 500 mil pesos, según el Informe.

Los 20 municipios con IDH menor a 0.5 son Batopilas, Carichí, Morelos, Balleza, Urique, Uruachi, San Francisco de Borja y Nonoava (Chihuahua); Cochoapa El Grande (Guerrero); Guadalupe y Calvo, Guazapares (Chiapas); Tehuipango y Mixtla de Altamirano (Veracruz); Mezquitic (Jalisco); Coicoyán de las Flores y San Sebastián Coatlán (Oaxaca); Chilchotla (Puebla); Del Nayar (Nayarit); Topia (Durango); y Candelaria (Campeche).

Ana del Toro, asistente de Comunicación del PNUD en México, proporcionó un listado de otros 36 municipios que también están por debajo del 0.5 y tienen un IDH medio: San Martín de las Peras, San Simón Zahuatlán, Santa María la Asunción, Santo Domingo Tepuxtepec, Santiago Ixtlayuca, Santa Lucía Miahuatlán, Santiago Yaitepec, Santa María Tepantlali, San Juan Petlapa, San Miguel Ahuehuetitlán, Huautepec, Santiago Amoltepec y San José Tenango (Oaxaca); Metlatónoc, José Joaquín de Herrera, Alcozahuca de Guerrero, Atlixtac, Acatepec y Xochistlahuaca (Guerrero); Santiago el Pinar, Mitontic, Sitalá, Chamela, Aldama, San Juan Cancuc, Chalchihuitán, Chenalhó, Zinacantán y Pantelhó (Chiapas); Texcatepec, Filomeno Mata, Soledad Atzompa y Ilamatlán (Veracruz); Tahdziú (Yucatán); Guachochi (Chihuahua); y Tepetzintla (Puebla).

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

Fracasan políticas públicas contra la pobreza

Cobertura universal en educación y salud, además del crecimiento en la construcción de viviendas son los “logros” que destaca el gobierno federal en materia de combate a la pobreza. Informes oficiales y expertos en la materia aseguran que esta política ha sido un rotundo fracaso, ya que más del 80 por ciento de la población padece por lo menos alguna carencia socia.

Érika Ramírez

Son más de 82 millones de mexicanos los que tienen al menos una carencia social, es decir, que se encuentran en niveles de pobreza que no les permiten tener una vida plena respecto de sus derechos sociales, señalan expertos en la materia. Su fuente: el Informe de pobreza multidimensional en México, elaborado en 2010 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Advierten que la política social desarrollada por el gobierno de Felipe Calderón ha fracaso completamente.

No obstante, para el gobierno federal el combate a la pobreza ha tenido “logros” en materia de salud –con la cobertura universal a la que se pretende llegar el próximo año a través del Seguro Popular–, la cobertura universal en educación primaria y la construcción de hasta 3.3 millones de viviendas, asegura en entrevista con Contralínea Marco Antonio Paz Pellat, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Los datos del Coneval son contundentes. Durante 2008, el 77.2 por ciento de la población presentaba al menos una carencia social, mientras que 30.7 por ciento tenía tres o más carencias sociales; se trata de 82.4 y 32.8 millones de personas, respectivamente.

“La percepción que queda entre todos los actores y la propia población es que es insuficiente”, dice el encargado de planear, diseñar y evaluar las acciones de la Sedesol, correspondientes a los programas en materia de disminución de la pobreza.

“La pobreza en México es un tema estructural. Mientras no logremos tasas de crecimiento que nos permitan crear los empleos que se requieren, es muy difícil tener un combate a fondo”, reconoce el maestro en consultoría estratégica de organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Alerta que en las próximas mediciones se podría observar un incremento en los niveles de pobreza alimentaria, al pasar del 18.2 a 19 o 19.5, como consecuencia de la crisis económica de 2008 en el mundo, “que para el impacto tan feroz, y cómo ha afectado a otros países, nos sale bastante bien. Donde creo que se va a incrementar un poco más es en la pobreza patrimonial, porque afectó más a los habitantes de las áreas urbanas por las pérdidas de sus casas”.

Los logros, según el PAN

A finales de marzo pasado, el presidente Felipe Calderón presentó el informe Principales resultados del censo de población y vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del cual aseguró que “se han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las familias más pobres: se ha incrementado su acceso a servicios de salud, educación y vivienda”.

Bajo el mismo tenor, el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol dice que el Inegi está haciendo un esfuerzo importante para presentar la información en plataformas, como la de georreferenciación, que servirá para saber dónde están las carencias y así tener mayor control.

“Hemos podido sortear cambios de gobierno por la institucionalidad. El reto está en bajar la institucionalidad a estados y municipios donde creemos que todavía hay oportunidad”, dice Paz Pellat.

Salud, maquillada

Los “logros” que destaca el servidor público son en materia de salud, educación y vivienda. En el primero de ellos, dice, “prácticamente hemos duplicado en los últimos años el acceso a los servicios de salud.

“Estamos a punto de llegar este año o el próximo a la cobertura universal. Lo que quiere decir que ningún mexicano puede estar fuera de los servicios, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Seguro Popular. Todavía hay retos importantes, pues además de la cobertura, se debe lograr la calidad. Esta última es financiada por los gobiernos estatales”.

Según el Coneval, 40.7 por ciento de la población no tenía acceso a los servicios de salud. En tanto, los resultados del Inegi indican que entre 2000 y 2010 el porcentaje de población que declaró ser derechohabiente a servicios de salud aumentó de 40.1 por ciento a 64.6 por ciento, es decir unos 72.5 millones de mexicanos.

Los datos del informe Principales resultados del censo de población y vivienda 2010 marcan que el IMSS cuenta con el 48.8 por ciento de población afiliada, seguido del Seguro Popular y para una Nueva Generación, que en conjunto cubren al 36.2 por ciento, y el 8.7 por ciento corresponde al ISSSTE.

Gustavo Leal Fernández, investigador del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, critica los logros gubernamentales que, dice, “sólo han sido electoreros y un rotundo fracaso”.

Para el investigador de la UAM, las únicas instituciones que garantizan una atención integral a la salud son el IMSS y el ISSSTE, no obstante éstas pasan por presiones financieras que no permiten ampliar la cobertura. El Seguro Popular, dice, “es un instrumento electorero, diseñado por el foxismo, que tiene como única meta la afiliación”.

Vivienda, en crecimiento

El otro avance destacado por el subsecretario de la Sedesol, Marco Antonio Paz Pellat, es el crecimiento en la construcción de vivienda. “En estos últimos 10 años, una de cada cuatro viviendas que se han construido fue financiada por este gobierno”.

Durante la administración de Felipe Calderón, añade, “estamos hablando de 3.3 millones de viviendas construidas”. No obstante, dice, “tenemos un reto muy importante en vivienda rural”.

De acuerdo con el informe del Censo de población y vivienda 2010, el parque habitacional en el país es de 35 millones 617 mil 724 viviendas. De éstas, “el porcentaje de viviendas con piso de tierra decrece 13.3 puntos”, al pasar de 19.5 por ciento en 1990 a 6.2 por ciento en 2010.

“En 2010, poco más de la mitad de las viviendas del país (55.9 por ciento) tiene pisos de cemento o firme. El 37.3 por ciento tiene pisos de madera, mosaico u otro recubrimiento. Entre 1990 y 2010, estas últimas registran un incremento de 10.6 puntos porcentuales”, indica el Inegi.

Los datos que proporciona el Coneval indican que, en 2008, el 17.5 por ciento de la población tenía carencia por calidad y espacios de la vivienda, y 18.9 por ciento no contaba con los servicios básicos.

El Coneval –organismo público descentralizado de la administración pública federal, encargado de generar información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México– señala que en la población indígena se presentan las brechas más extremas en los indicadores de vivienda. “Prácticamente la mitad de las personas hablantes de lengua indígena era carente por calidad y espacios y por acceso a servicios básicos en la vivienda”, muestra el Informe de pobreza multidimensional en México.

Educación primaria

“Hablar de la educación en México es de los temas más controversiales porque todos hablan de que nos sentimos insatisfechos por la educación que tenemos”, dice Marco Antonio Paz.

Sin embargo, el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol asegura que “hay avances que no se pueden negar. Uno de ellos es que hemos logrado la cobertura universal en materia de educación primaria; vamos a lograr la cobertura universal en materia de secundaria y estamos avanzando fuerte en materia de preparatoria.

“En estos últimos 10 años, pasamos de 7.3 a 8.4 el promedio de escolaridad a nivel nacional. Todos podrían decir que es un grado nada más, pero es un grado que nos ha costado un esfuerzo muy importante y que les permite a todos tener acceso. Por su puesto, ahí también el tema de la calidad es un tema pendiente”, enfatiza.

Julio Boltvinik Kalinka, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993, experto en pobreza, critica la versión oficial del crecimiento en educación. “Hay muchos niños que no asisten a la escuela, no terminan la primaria, y los problemas más graves son en las zonas indígenas y en las comunidades rurales muy dispersas”.

En estas zonas, dice el académico de El Colegio de México, llega la “educación” a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que imparte una “educación de cuarta, porque los que la imparten no son profesores, sino promotores educativos. En México, la norma educativa incluye dos cosas más: la secundaria y el preescolar”.

De este último, expone Boltvinik Kalinka con datos del Censo 2010, “el 84 por ciento de los niños de tres años de edad que debería estar en primer grado de preescolar no asiste. El porcentaje baja a 44 por ciento a la edad de cuatro años que tampoco acuden, y la no asistencia en los niños de cinco años es del 12 por ciento”.

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 2, 3 y 4 de la Ley General de Educación establecen que “toda la población debe cursar la educación básica obligatoria, es decir, los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria”.

Según el Coneval, en 2008, “el 21.7 por ciento de la población total del país presentaba rezago educativo, lo que equivale aproximadamente a 23 millones de personas. Las entidades federativas con mayor incidencia fueron Chiapas, Michoacán y Oaxaca, todas con más de 30 por ciento de su población en rezago educativo”. Mientras que el Inegi asegura que el 94.7 por ciento de la población de seis a 14 años asiste a la escuela.

Bancarizar la pobreza

Uno de los objetivos que tiene la Sedesol, a cargo de Heriberto Félix Guerra, para disminuir la pobreza es “bancarizar” a los más pobres del país que están afiliados al Programa Oportunidades, para que a través de este mecanismo puedan tener un ahorro o disminuir el cobro de comisiones en el envío de remesas, explica Marco Antonio Paz Pellat.

“Hemos caminado en el tema Oportunidades: en cómo hacerlo un programa menos dependiente de la estructura que lo maneja, porque son seres humanos los que lo operan y ahí entra la coerción política. Los estamos bancarizando”, explica.

Según el funcionario, para la Secretaría de Hacienda uno de los temas más importantes es la inclusión financiera. Ésta “les permite a las personas disfrutar de todos los derechos universales que tiene un ser humano, entre ellos a ser considerado como un posible sujeto a un crédito.

“Estamos bancarizando [el Programa Oportunidades] porque a la gente le queremos dar poder, la queremos empoderar. Vamos a entregar una tarjeta relacionada con una cuenta bancaria, con un chip y su huella dactilar. Las tiendas Diconsa serán las corresponsales”, expone.

Explica que será a través de estas sucursales operadas por la Sedesol que la gente irá a recoger su dinero (correspondiente al programa); ya no habrá intermediario y, además, dice, “la gente puede ahorrar”.

“Con la bancarización, no sólo le estamos dando transparencia, sino que estamos haciendo que toda esa gente vaya generando un historial crediticio. La gente en pobreza ahorra el doble que la gente que no lo está. Digo 15, 20, 30 pesos, pero ahorra”, asegura el funcionario.

“Lo que quiere el secretario Heriberto Félix es empoderar a la gente, ciudadanizar la política, porque mientras siga dependiendo del gobierno, siempre va a existir la tentación del uso electoral y político, que es el asunto de no tener reglas en los estados.”

Con la bancarización, añade, “queremos hacer un conducto para que lleguen las remesas. Te da mucho coraje ver cómo les cobran estos baquetones a la bola de migrantes que dejan a sus familias y se están jugando el pellejo en Estados Unidos. Les llegan a cobrar hasta el 50 por ciento por el envío de remesas”.

Julio Boltvinik Kalinka critica los discursos oficiales que pretenden demostrar un bienestar entre la población. “Él tiene que decir que todo va bien, para eso le pagan”.

“Hay que quitarse de la cabeza que la pobreza se combate con programas”. La pobreza se combate con desarrollo económico y social, lo que implica instrumentar políticas que permitan un crecimiento vigoroso a través de la creación de empleos bien pagados, dice el experto.

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

No a la Torre de Luz, sí al memorial del Holocausto

Desfiladero

La lucha contra la delincuencia debe considerarse un problema social que debe combatirse con educación, trabajo, salud y deporte, En la imagen, Javier Sicilia en la marcha por la paz.

Jaime Avilés

Si se legalizara la droga, México sería un paraíso de criminales, declaró el pasado miércoles el licenciado Felipe Calderón Narcofosa, en cumplimiento de una cláusula de su contrato de trabajo que lo obliga a negar la realidad con la de todos los medios de incomunicación electrónica y a vivir con tapones de cemento en los oídos para no escuchar los gritos, ya ensordecedores, ya insoportables, del dolor social. Ese dolor que el domingo, en el Zócalo, a pesar del solazo y del calorón, produjo continuas lloviznas de lágrimas. De lágrimas que todavía no se secan y siguen quemando la garganta.

Hace cuatro sábados, una familia del estado de México disfrutaba comiendo mariscos en un restaurante de Acapulco. De pronto recibió un narcomensaje. Éste llegó bajo la forma de una botella de güisqui. La manda aquel señor, les dijo el mesero. Minutos después, el generoso que se había tomado la molestia de enviarla se acercó al padre y le pidió permiso para sacar a bailar a su hija, una niña de 15 años. El padre se negó. Óyeme bien, le advirtió el generoso: Esta mujercita es mía.

Vámonos, dijo el padre. La familia regresó al hotel donde pasaba las vacaciones. Entre todos empacaron a las carreras y salieron a bordo de un coche rumbo al DF. Al cabo de una hora, dos camionetas los obligaron a detenerse. De ellas bajaron hombres armados con rifles. El generoso encaró al padre. Te dije que esta mujercita es mía pero no me creíste. Ora me la vas a entregar o mato a toda tu familia delante de ti.

La niña está desaparecida desde entonces. El breve episodio que tal vez terminó con su breve vida –que todos los dioses y todos los diablos se confabulen para que vuelva sana y salva– no fue relatado el domingo en el Zócalo, donde al menos 57 personas de todo el país, durante más de cuatro horas, contaron a gritos, y muchas de ellas llorando, sus propias tragedias. Historias espeluznantes y abominables, en las que destacan como elementos comunes a todas ellas tanto la corrupción de las autoridades locales, estatales y federales, como la ineptitud de la policía, del Ejército y la Marina, y de los soldados azules de Genaro García Luna, la nueva estrella del canal de las estrellas.

La única voz cargada de optimismo y de esperanza, en aquella asamblea pavorosa de la que miles y miles salimos destrozados –pero también transformados por la luz de la indignación–, fue la del representante de la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero, una de las regiones más peligrosas de México hasta que los habitantes de aquellos pueblos asolados por bandidos y militares, hace 15 años decidieron encargarse de su propia seguridad y se armaron y uniformaron, como corporación civil, para restablecer la paz pública: un ejemplo que sin duda habrá que imitar a escala nacional cuando caiga este régimen asesino, que empieza a hundirse bajo el peso de sus decenas de miles de crímenes.

¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? En 1996, según el Banco de México, 75 por ciento del dinero depositado en los bancos del país estaba concentrado en sólo 2.5 por ciento de las cuentas de ahorro, mientras 97.5 por ciento de las cuentas restantes se repartían el 25 por ciento del dinero. Hoy, hoy, hoy, 0.18 por ciento de la población mexicana (alrededor de 260 mil personas) posee 42 por ciento del producto interno bruto, es decir, casi la mitad de la riqueza que generamos anualmente más de 100 millones de mexicanos.

Tamaña desigualdad, aunada a la perversidad de George WC Bush y de Hillary Clinton y a la estulticia de Fox, Calderón y el equipo gobernante, nos llevó a la narcodictadura pero empieza a mostrarnos el camino hacia la libertad. Pensemos en los volcanes. Cuando la lava no puede salir por la boca del cráter, empuja por aquí o por allá hasta que encuentra el punto débil que le permite abrirse paso a la superficie.

Las grandes reservas morales del pueblo de México –la dignidad, la bondad, la nobleza, el espíritu solidario, la decisión de luchar pacíficamente, el anhelo de cambio que ya no admitirá una nueva postergación hasta 2018, los proyectos en algunos puntos coincidentes y en otros contrapuestos, las experiencias de militancia y de conducción política– son los ingredientes de la lava que, en estado de ebullición, se organiza para brotar desde el fondo de la tierra.

La lava que acumula y multiplica el Movimiento Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, intentará subir al poder por la boca del cráter el día de las elecciones presidenciales de 2012. La otra lava, la que nutren con su dolor las familias destrozadas, y que es también mi dolor y el de millones que lloramos con y por ellas, la conduce Javier Sicilia y trata, no de llegar al poder sino de transformarlo por medio de la resistencia civil pacífica. Uno de los hechos más positivos del histórico mitin del domingo pasado es que entre ambos líderes hay coincidencias esenciales: los dos sostienen que la lucha contra la droga no provocará sino más muerte y destrucción mientras siga siendo concebida como un problema policiaco y militar, y no como un problema social que debe combatirse con educación, trabajo, salud, deporte y (agrego yo) los infinitos placeres que se derivan de la creación y la recreación artística.

La segunda coincidencia entre AMLO y Sicilia (y quizá la primera entre millones de mexicanos y millones de franceses) es la destitución de García Luna, un trofeo que Calderón de ninguna manera puede entregar porque Sarkozy de inmediato solicitaría su captura y su extradición a París. García Luna, bien lo señaló Magú, transformó la Secretaría de Seguridad Pública en un set de Televisa, y construyó el más formidable búnker subterráneo de todos los tiempos, mismo que –nos lo informó Enrique Galván Ochoa– quedó inundado e inservible tras la granizada que azotó al DF la noche de hace unos sábados.

Argelia

Serapio Bedoya, el olvidado tonto del pueblo de Tecamacharco, ahora vive en África. “Tengo un alcoholismo de Tehuantepec y vine a este país porque aquí no hay cantinas. Llevo dos años sin chupar. Además, me enamoré de Argelia desde el primer momento. Pero te escribo por otras razones. El próximo 25 de mayo se cumplirán exactamente 100 años de la renuncia de Porfirio Díaz. Por otra parte, Javier Sicilia busca un lugar para construir un muro en recuerdo del holocausto calderónico. Y supe que algunos activistas del colectivo que pinta las fuentes planean un festival artístico para el 28 de mayo, ante la narcofosa donde Calderón quiere levantar la narcotorre en memoria de Luz y Fuerza del Centro.

La idea, me cuenta un amigo pintafuentes por Facebook, es celebrar los 100 años de la caída de Díaz y pedir la de García Luna con espectáculos de teatro, pintura, escultura. Diles que además hagan una gran ofrenda de flores y serpentinas en honor de los caídos, y que haya música de jaraneros y cante el coro de la UACM. Pero, sobre todo, diles que inviten a Javier Sicilia y le pidan que, en nombre de todos los que estamos hasta la madre de la guerra estúpida, decrete que en ese lugar, en vez de una columna imbécil y pretenciosa recubierta de cuarzo brasileño pulido en Venecia (¡hazme el favor!), habrá un jardín y una lápida que guarde para siempre los nombres de los 40 mil muertos, y de los que mueran hoy, y los que mueran mañana, y pasado mañana, y luego, y más tarde, y aún después...

jamastu@gmail.com