
http://youtu.be/isA1TQlc1WM
Frondosos árboles y grandes palmeras enmarcan el sinuoso camino que conduce a la zona turística del municipio ubicado en la Riviera de la Laguna de Tamiahua, donde hoy los meseros y propietarios de una docena de restaurantes especializados en pescados y mariscos extrañan a los otrora asiduos visitantes.
“La clientela se redujo por lo menos un 50% en el último año”, cuenta con tristeza un hombre que por 100 pesos se dedica a pasear en lancha a los turistas por la enorme laguna, poblada de pelícanos.
El suceso más reciente, que terminó por espantar a los visitantes que saturaban el lugar los fines de semana, ocurrió el viernes 23 de diciembre. Diez cuerpos decapitados de presuntos zetas con un narcomensaje fueron abandonados sobre la carretera que cruza Tampico Alto. Según los lugareños, habían sido levantados la víspera en la región norte de Veracruz y posteriormente asesinados por sus rivales del cártel del Golfo.
Ubicado a no más de 12 kilómetros al sureste del puerto de Tampico, el poblado cuenta con 26 mil habitantes. Algunos de ellos dicen que comenzó a perder su atractivo el 12 de febrero del 2011, cuando un grupo de sicarios disparó ráfagas de fusiles de asalto contra el edificio de la Presidencia, la Comandancia de la Policía, la Biblioteca Municipal y contra el vehículo oficial del acalde Saturnino Valdés Llanos.
La huida del turismo terminó por sumir a sus habitantes en la tristeza. “Los malos sólo usan el pueblo para hacer su show, pero no radican aquí”, comenta un comerciante, en un intento por refutar el estigma que envuelve a Tampico Alto.
La región del norte de Veracruz registra desde hace dos años una situación de inseguridad y violencia que se hizo más visible en la última semana. La decapitación de los 10 presuntos zetas desencadenó una nueva matanza: dos días después aparecieron 13 cuerpos más con una manta en la que se les calificaba de “golfas”.
Los cadáveres fueron abandonados en el interior de un camión de doble rodada sobre la calle principal de Moralillo Chico, Tamaulipas, en la zona metropolitana de Tampico, a pesar de que en la ciudad pululan cientos de militares en vehículos artillados y camionetas policiacas municipales, y de que es sobrevolada continuamente por helicópteros bélicos.
Las dos matanzas son el episodio más reciente de la disputa que desde hace dos años mantienen los sicarios del cártel del Golfo y sus antiguos aliados de Los Zetas por la codiciada plaza de Tampico.
Hoy son los integrantes del cártel del Golfo los que controlan esa área, luego de sacar a sus rivales del puerto. Derrotados, Los Zetas sólo cruzaron el río Pánuco y se refugiaron en el norte de Veracruz, estado que controlan desde el pasado sexenio de Fidel Herrera Beltrán.
Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca o El Z14, fue el responsable de consolidar al grupo de la “última letra” en Veracruz, luego de comprar a jefes y agentes policiacos, corromper corporaciones completas y al ganar una serie de batallas a los del cártel Gente Nueva.
La zona que controlan Los Zetas abarca, entre otros, los municipios de Pánuco, Tempoal, El Higo y Tantoyuca. Forma parte de la Huasteca que comprende regiones de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo. Además de su vegetación tropical, se caracteriza por la marginación y el olvido en que viven los lugareños.
Sus decenas de apartadas rancherías, ejidos y comunidades, que en algunos casos apenas llegan a 100 habitantes, son conectados por la estrecha y en algunos tramos inhóspita carretera 105 que recorren autobuses de las líneas Frontera, Estrella Blanca y ADO, los cuales realizan constantes paradas para recoger pasaje.
Tantoyuca está separado de Tampico por 90 kilómetros, pero el recorrido en auto se cubre en aproximadamente dos horas debido al mal estado de la carretera. En el pequeño municipio de Tempoal, decenas de pobladores acechan insistentemente a los automovilistas que se detienen en la gasolinera local e intentan venderles sus artesanías, pero se retiran con una mueca de desconfianza y miedo cuando se les pregunta sobre los recientes acontecimientos ocurridos en las zonas aledañas.
Dominio “zeta”
En la entrada y salida de Pánuco, el municipio más grande, se pueden sentir las miradas de decenas de jóvenes que circulan en motocicletas. Son los llamados “halcones” y, según los lugareños, trabajan para Los Zetas. Y sobre la carretera continuamente aparecen retenes con camionetas bloqueándola. Pistoleros vestidos con uniformes tipo militar suelen asaltar a los conductores y en algunos casos secuestran a quienes se cruzan por su ruta.
Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a Tampico en el lugar número tres de la lista de los municipios con más plagios, sólo detrás de Ciudad Juárez y Michoacán. “Las carreteras del norte de Veracruz ahora están muy complicadas”, dice a Proceso Víctor Fuentes Salazar, vocero de la alcaldía del puerto de Tampico.
Debido a esa situación, funcionarios de los estados de Veracruz y Tamaulipas suelen advertir a los viajeros que no transiten de noche por las autopistas. Consultados al respecto, algunos de ellos comentan, bajo la condición del anonimato, que muchos asaltos, crímenes y secuestros que ocurren en esos caminos no se reportan.
Sostienen incluso que las masacres de Tampico Alto y El Moralillo Chico se derivaron de otra que sucedió entre la noche del 21 de diciembre y la madrugada del día siguiente, cuando un grupo de presuntos zetas comenzó a consumir alcohol y drogas y provocó un escándalo en las inmediaciones del poblado El Higo.
Según funcionarios consultados, eran al menos ocho hombres provistos de armas de alto poder. Se desplazaban en tres vehículos sobre la carretera Pánuco-Tempoal. Ya en la madrugada del 22 de diciembre comenzaron a disparar contra tres hombres que cargaban verduras en una camioneta.
“En otro punto de la población lanzaron una granada, provocando la muerte de una persona más”, precisó un comunicado de la VI Región Militar con sede en Veracruz.
Más tarde, los pistoleros colocaron un retén en la intersección que conecta a El Higo con la carretera Pánuco-Tempoal, en la zona conocida como “Y griega”, justo en una parada de autobús. Cuando llegó la primera unidad, los pasajeros fueron obligados a descender; dos de ellos intentaron huir pero los sicarios los acribillaron.
Kilómetros más adelante, sobre la misma carretera a la altura del poblado llamado Los Catorce, donde hay pocas viviendas, detuvieron a balazos a un segundo autobús proveniente de Nuevo León. Las ráfagas mataron a cuatro pasajeros, según el boletín de la IV Región Militar.
Originarias de Hidalgo, entre las seis víctimas había una mujer de 39 años que radicaba en Houston, Texas. Había venido a su pueblo acompañada por sus dos hijas para pasar la temporada navideña con sus familiares.
El conductor de un tercer autobús que observó el ataque se bajó para indagar qué estaba pasando. Los sicarios le dispararon también.
Los vecinos del lugar comenzaron a llamar por teléfono a las autoridades para denunciar que un grupo de hombres armados estaban asaltando autobuses. Aproximadamente a las 6:30 horas arribaron a la zona elementos del Ejército y de la Marina y se enfrentaron a los delincuentes. La refriega duró alrededor de una hora y en ella cayeron cinco de los agresores.
Ante las tres masacres de diciembre, los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y el federal decidieron reforzar aún más la seguridad en el norte de esta última entidad. La región lleva meses militarizada; los desplazamientos de soldados son cotidianos, algunos vigilan incluso desde las patrullas de los policías municipales, quienes reciben 2 mil pesos extras de compensaciones que les otorgan los gobiernos estatales.
La concentración de fuerzas federales en Veracruz y Tamaulipas convirtió a las dos entidades en la región con el mayor número de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina Armada de México.
Zona de muerte
El consulado de Estados Unidos en Matamoros también reaccionó y emitió una alerta de emergencia para advertir a sus ciudadanos abstenerse de circular de noche por la región.
Después de las masacres, la carretera 105 comenzó a ser recorrida por convoyes de hasta 10 camionetas artilladas de la Marina. Los conductores de autobuses de pasajeros se sienten seguros porque, dicen, algunas veces quedan en medio de los vehículos de los marinos.
A esos patrullajes se suman los de los militares de la IV Región; además, en territorio veracruzano, el poblado de Moralillo Grande, dividido de su vecino Moralillo Chico por el río Pánuco, se apostó un grupo de soldados. Asimismo, el 28 de diciembre, el gobierno federal envió un contingente de 700 efectivos del Ejército a Tamaulipas y decenas de camiones blindados.
Aun cuando esa medida ha demostrado su ineficacia en otras ciudades del noreste, como Monterrey, Torreón, Reynosa y algunas de Tamaulipas, donde los niveles de violencia e inseguridad no disminuyen, en el norte de Veracruz la tarea de las tropas se complicarán aún más. El motivo: En esta zona hay decenas de “guardias” y “halcones” conformadas por adolescentes que desde sus motocicletas, un medio de transporte muy popular en la región, y sus celulares en mano, vigilan las entradas y salidas de los municipios grandes. Son ellos los que informan a los sicarios de Los Zetas sobre los movimientos de los vehículos verde olivo y sus soldados, así como sobre Los Popeyes, los grises vehículos que conducen los marinos.
Por lo anterior, los lugareños consideran difícil que las pugnas entre Los Zetas y el cártel del Golfo disminuyan en ambos lados del Pánuco. Dicen que a los sicarios no los intimida la presencia de los soldados ni de los marinos. Y ponen como ejemplo Monterrey, ciudad en la que, afirman, pese a estar vigilada por tierra y aire, nadie pudo detener a la decena de zetas que a bordo de cuatro camionetas incendiaron el pasado 25 de agosto el Casino Royale.
Nancy Flores / Cuarta parte y última
La “guerra” contra el narcotráfico –que ha costado la vida de más de 40 mil civiles– no menoscaba la actividad mercantil de las drogas ni en México ni el mundo. Los cárteles estrechan sus vínculos con poderosas mafias internacionales para hacerse de la droga, los precursores y los grandes mercados de estupefacientes.
Documentos de la Unión Europea y del Departamento de Estado de Estados Unidos revelan que los criminales mexicanos penetran cada vez más el viejo continente y desplazan a los grupos criminales colombianos. Al tiempo, en la Cámara de Diputados se afirma que la mexicana es una de las tres mafias más importantes del crimen organizado trasnacional.
Las alianzas de orden mercantil se dan en, al menos, 12 países de América Latina, Europa y Asia, revelan los informes consultados por Contralínea. Los vínculos que sobresalen son los que mantienen con las mafias italiana, japonesa, hindú y peruana. Con éstas, compran y venden por toneladas cuatro tipos de drogas y dos tipos de precursores.
Además, en Panamá, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Argentina, las relaciones descubiertas son de orden logístico (países de tránsito); mientras que en España, Portugal y el Reino Unido, la presencia detectada es de venta.
A nivel mundial, el valor de mercado de la cocaína y la heroína –dos negocios en los que participan activamente los delincuentes mexicanos– asciende a 143 mil millones de dólares en conjunto (es decir, 1 billón 615 mil 900 millones de pesos anuales), calcula la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su Informe mundial sobre las drogas 2010, refiere que entre 155 millones y 250 millones de personas consumieron sustancias ilícitas en 2008, lo que representa entre 3.5 y 5.7 por ciento de la población mundial.
“Las drogas también son la economía; ¿por qué no las quieren legalizar? Pues porque alguien se queda sin dinero”, plantea el doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Problema global
Los cárteles mexicanos adquieren en Perú la cocaína que después trasiegan a Estados Unidos e Italia. Las mafias de ambos países les compran, además, decenas de toneladas de heroína, mariguana y metanfetaminas. En Japón también venden estimulantes de tipo anfetamínico, elaborados con la efedrina y la seudoefedrina que obtienen de la mafia hindú y que procesan en laboratorios clandestinos instalados a lo largo del país, descubre el International narcotics control strategy report 2011, del Departamento de Estado estadunidense.
Durante ese proceso de comercialización, otros países figuran dentro de su actuar logístico como vías de tránsito clave, donde incluso poseen estructuras operativas, revela el reporte. Tales son los casos de Paraguay, Argentina, Uruguay y Panamá. En el caso de Uruguay, el Departamento de Estado identifica que los cárteles mexicanos aprovechan su infraestructura para trasegar cocaína. Mientras que en el caso de Panamá, observa una presencia directa de narcotraficantes mexicanos sobre todo en la región de Darién.
El Consejo de la Unión Europea también ha detectado los nexos de la delincuencia mexicana. Respecto de Paraguay, indica que éste es un país clave en el tránsito especialmente de la cocaína que proviene de Bolivia, Perú y Colombia con destino a Brasil y otros mercados de Suramérica, así como a Europa, África, Oriente Medio y, en menor medida, Estados Unidos.
En su Regional report on South America, cuyo oficio se identifica con el folio 5411/1/11, señala que “las autoridades paraguayas reportaron una nueva tendencia en el tráfico de efedrina de Suramérica a México y a Estados Unidos, facilitada por la porosidad de sus extensas fronteras, la falta de control estatal en muchos puntos, la falta de presencia del Estado en una gran parte del territorio y por el alto nivel de corrupción en la policía y el sistema de justicia”.
Al crimen organizado se le debe entender como un problema global y no como un problema de México, Norteamérica o Centroamérica, dice David Ordaz, maestro en sistemas penales comparados, problemas sociales y prevención del delito por la Universidad de Barcelona e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
“Cuando hablamos del crimen organizado lo regionalizamos y el problema es que no está regionalizado. No podemos atender o solucionar problemas globales buscando soluciones locales. Las soluciones locales no sirven cuando el problema es global y cuando inicia en una población que necesita del consumo de lo que sea, no hablo solamente de drogas: el crimen organizado es de armas, de tráfico de personas, de mujeres, de niños, de información, de material radiactivo, que no se da en América pero sí en Europa del Este. Ese tráfico que implica una serie de circunstancias que son parte de la globalización. Existe una demanda y alguien tiene que ofertar, sin entrar en términos de lo legal, que es muy discutible.”
La mafia italiana
A diferencia del baño de sangre que padece la sociedad mexicana, por la supuesta “guerra” contra el narcotráfico –que ya supera los 40 mil civiles asesinados–, los enlaces internacionales funcionan de manera discreta.
En esos esquemas de comercialización, las relaciones de los cárteles mexicanos con la mafia italiana son las que más han logrado documentar los carabineros y la representación de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Roma.
Sus investigaciones bilaterales han descubierto que el cártel del Golfo mantiene vínculos con la ‘Ndrangheta, organización criminal que controla la región de Calabria y, en el ámbito internacional, trafica estupefacientes a Nueva York, Estados Unidos, y a Europa.
La operación binacional Reckoning fue el primer antecedente para las autoridades estadunidenses e italianas respecto de los enlaces del tráfico de drogas entre el país europeo y México. La pesquisa descubrió que los narcotraficantes mexicanos exportan cocaína, heroína, mentanfetaminas y mariguana en grandes cantidades a Italia.
La ‘Ndrangheta –considerada la mafia más importante de Italia tras desplazar a la Cosa Nostra– trafica la droga en Calabria, en el continente europeo y en Nueva York, indica el “Volume I: drug and chemical control” del International narcotics control strategy report 2011, publicado en marzo pasado.
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, las mafias colombiana y serbia también trasiegan cargamentos de cocaína a Italia. Para los criminales, la principal ruta del tráfico es el Océano Atlántico. Los cargamentos de droga entran a los puertos italianos ocultos en cargas comerciales legales y en embarcaciones privadas, indica el reporte.
El papel de ese país no se reduce al de potencial mercado de drogas, sino que también figura como un centro de lavado de dinero. “En 2010, las investigaciones bilaterales en Italia revelaron que las organizaciones criminales que trafican cocaína desde América del Sur están utilizando ese país como un punto de tránsito para la repatriación de las ganancias de la droga, a través de envíos de divisas a granel con destino a Colombia y México”.
Aunado a ello, en el informe Europe Union organised crime threat assessment 2011 (OCTA 2011), la Europol asegura que los grupos colombianos siguen desempeñando un papel fundamental en el suministro de la cocaína a los países que integran la Unión Europea, pero también la mafia italiana ‘Ndrangheta.
India, origen de los precursores
De acuerdo con el Departamento de Estado, la India ocupa el primer lugar en materia de exportación de efedrina y seudoefedrina, precursores utilizados en la elaboración de estimulantes de tipo anfetamínico.
En su más reciente informe, asegura que a pesar de los operativos antinarcóticos aplicados por el gobierno hindú, hay evidencias de que la fuente de los precursores utilizados en laboratorios ilícitos de producción de metanfetaminas en México es ese país asiático.
El Informe mundial sobre las drogas 2010, elaborado por la Oficina para la Droga y el Delito de la ONU, indica que la fabricación clandestina de metanfetaminas que antes se hacía en Estados Unidos se trasladó a México, tras las restricciones legales impuestas a los precursores químicos en el país vecino.
Agrega que los narcotraficantes mexicanos suministran casi al ciento por ciento el mercado estadunidense, donde cada gramo puro se comercializa en unos 127 dólares. “La sofisticación, el número y el tamaño de los laboratorios en México aumentó dramáticamente desde 2005, al igual que la cantidad de tráfico de metanfetaminas”.
Para David Ordaz, el crimen organizado se tiene que atender de manera global. El investigador admite que la guerra contra el narcotráfico que libra el gobierno de Felipe Calderón es local. “Parece ser que [la guerra en] México, por su posición geográfica, responde a ciertas circunstancias políticas dentro del hemisferio. Colombia, Bolivia y Perú, como principales productores, están alejados del conflicto y Centroamérica se convierte ya en un puente muy importante previo a tocar la puerta a la invasión territorial. Parece que el país vive esta circunstancia por estar junto a la frontera Sur de Estados Unidos”.
Japón, comprador de metanfetaminas
En Asia, Japón es uno de los mercados más grandes y más lucrativos de las metanfetaminas, “lo que representa una fuente importante de ingresos para los sindicatos del crimen organizado de ese país”, considera el Departamento de Estado.
A ese mercado también han accedido los cárteles mexicanos, revela el International narcotics control strategy report 2011. El informe describe que casi todas las drogas ilegales que se consumen en Japón son importadas, tanto por los grupos del crimen organizado local como por mafias extranjeras.
Con base en información de las autoridades japonesas, el reporte indica que “la metanfetamina se introduce de contrabando principalmente de Irán, México y África. Los países de origen primario de la mariguana son Canadá y Estados Unidos, mientras que el cultivo nacional de cannabis va en aumento, pero en pequeña escala”.
Agrega que más del 80 por ciento de los arrestos por narcotráfico están relacionados con las metanfetaminas, mercado que sigue siendo el mayor reto para los esfuerzos antidrogas del gobierno japonés.
El investigador Daniel Márquez señala que el narcotráfico internacional “es un negocio de 400 mil millones de dólares anuales”. Ante el fenómeno de la globalización del crimen, plantea dos hipótesis vinculadas con el papel de las agencias de inteligencia en el manejo de la droga y el papel que cumplen los recursos ilícitos en la compra de conciencias:
“Si se mueve todo este dinero, evidentemente alguien debe controlarlo y quizás no sean esos grandes cárteles o esos grandes grupos delictivos: Los Zetas, los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, los Valencia Valencia, el Golfo, sino que quizás hay un nivel de toma de decisiones más elevado.”
Por ello, pregunta, “¿qué pasa en Estados Unidos?, ¿hasta dónde Estados Unidos no se toma con seriedad el problema de las drogas? El narcotráfico es un delito fuente porque se le asocia con el tráfico de armas, la prostitución, la corrupción, el tráfico de influencias. Es un ilícito fuente de ilícitos, entonces, ¿por qué a partir de la convención de 1966 [Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, firmada el 22 de octubre de 1966] se adopta la decisión de hacer ilegales las drogas por recomendación del gobierno estadunidense? ¿Por qué se genera después todo este impacto superlativo? La única respuesta es que alguien se está beneficiando con esto y es alguien dentro de los aparatos de poder, no es alguien que está afuera. Los grandes capos no son más que empleados de alguien y ese alguien está dentro de las estructuras formales”.
Perú, proveedor de cocaína
Las autoridades estadunidenses ubican a Perú como el segundo mayor productor mundial de cocaína y como un gran importador de precursores químicos utilizados para la producción de esa droga. Se calcula que, a lo largo de ese país, unas 40 mil hectáreas se destinan al cultivo de coca.
Al tiempo, identifican a los narcotraficantes mexicanos como unos de sus principales clientes. Según las indagatorias estadunidenses, los nexos detectados hasta ahora involucran a la mafia peruana con los cárteles de Sinaloa y Los Zetas.
No obstante, el Consejo de la Unión Europea señala que la anterior hegemonía de los cárteles colombianos en el negocio de la droga en Perú es actualmente compartida con los cárteles de Tijuana, Sinaloa, Juárez y Guadalajara (sic).
En el Regional report on South America refiere que, aunque su presencia en las zonas de producción es mínima, esos cárteles centralizan sus operaciones en Lima y otras grandes ciudades costeras desde donde gestionan sus negocios y acumulan grandes cantidades de drogas para su envío al extranjero, principalmente por vía marítima.
“Según las cifras facilitadas por las autoridades peruanas –confirmadas por análisis químicos realizados en cooperación con la DEA y por controles in situ de los contenedores de carga en el puerto del Callao– aproximadamente el 80 por ciento de la cocaína peruana se destina a Europa.”
La información del Departamento de Estado estadunidense coincide respecto de los medios de transporte: “La cocaína se transporta por tierra a los países vecinos, mientras que a Europa, al Lejano Oriente, a México, al Caribe y a Estados Unidos se trasiega por las vías marítima y aérea (vuelos comerciales)”.
Mercados en la mira
Junto con la rusa y las triadas chinas, la mexicana es una de las tres principales mafias del crimen organizado trasnacional, señaló la diputada priista María de Jesús Aguirre Maldonado el pasado 6 de marzo, al presentar una iniciativa para considerar la actividad del crimen organizado como una amenaza a la seguridad nacional.
Para la Europol, la presencia de los cárteles mexicanos en los mercados europeos es creciente. “Destaca el incremento del tráfico de cocaína desde México hasta Portugal y España. Esto puede indicar una nueva tendencia de la importancia que tiene la Unión Europea, teniendo en cuenta el predominio de los cárteles mexicanos en el mercado de drogas ilícitas en América y los niveles de violencia ligados a sus actividades”.
En la OCTA 2011, el cuerpo policiaco regional señala que aunque en Portugal y España ha habido una reducción considerable de los inmigrantes ilegales de África del Norte, el área sigue siendo afectada por los flujos migratorios de América Latina, “que albergan amenazas adicionales vinculadas con los cárteles mexicanos de la droga y las pandillas de América Central”.
En la evaluación Mid term review and regional indicative programme 2011-2013 for Latin America, la Unión Europea alerta que los cárteles mexicanos empiezan a sustituir a los colombianos en el tráfico de drogas, principalmente para el mercado mundial de la cocaína, “al parecer, como resultado de las acciones exitosas contra la mafia en Colombia”.
Según el “Anexo 6” del informe, “Centroamérica y el Caribe son dos de las principales regiones de tránsito de cocaína. Tan sólo en 2008 representaron el 15 por ciento de las incautaciones mundiales”.
Agrega que en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay ha aumentado la producción de cocaína. “Esto refleja la importancia creciente de estos países en el tráfico de esa droga, para satisfacer sus demandas internas y para exportar la droga a Europa (principalmente a través de África Occidental), África y a la región del Pacífico”.
Tráfico marítimo
El crimen organizado trasnacional continúa utilizando el tráfico marítimo para transferir grandes cantidades de drogas ilícitas. Barcazas, lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras son los transportes más usados por los delincuentes, señala el Consejo de la Unión Europea.
De acuerdo con su oficio 5411/1/11, Regional report on South America, “los envíos de drogas vienen [a la Unión Europea] desde las costas del Sur de Colombia, el Norte de Perú y Ecuador. Las rutas comienzan frente a la costa ecuatoriana y continúan por las aguas internacionales (aproximadamente 2 mil 200 millas náuticas) hasta las costas de México y Estados Unidos. También, a través del Canal de Panamá, el enrutamiento directo a Europa o haciendo escala en el África subsahariana. Cabe destacar el uso, o al menos el intento de uso, de submarinos cada vez más sofisticados y con mayor capacidad”.
Cárteles trafican especies en extinción: Europol
El informe Europe Union organised crime threat assessment 2011 (OCTA 2011), elaborado por la Europol, revela que los cárteles mexicanos de la droga también participan en el mercado ilegal de especies en peligro de extinción.
“Grupos involucrados en el tráfico de drogas de alto nivel en Brasil, Colombia y México tienen un notable papel en el suministro ilegal de especies en peligro de extinción a los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos”.
La Europol asegura que algunos de los métodos de ocultamiento desarrollados para trasegar drogas ahora se utilizan en el tráfico de animales. “En la Unión Europea, los grupos del crimen organizado que participan en el tráfico de drogas, de personas, en fraudes y en la distribución de productos falsificados también son activos en el tráfico de especies en peligro de extinción, como aves de rapiña y productos para la medicina tradicional china. Para ello, utilizan las rutas establecidas para mover otros tipos de mercancías ilícitas”.
El informe de la Europol agrega que, “a menudo, los criminales explotan las estructuras legítimas de los negocios para facilitar la importación y venta de los animales. Grupos ubicados en el Noroeste de Europa, por ejemplo, cooperan con los criadores de otros Estados miembros para ‘legalizar’ los ejemplares, mediante el uso de documentos falsos para el comercio. Los presentan como especies criadas en cautiverio en el mercado legal”.
La Europol afirma tener dificultades para determinar la autenticidad de los certificados extranjeros, por lo cual, dice, se frustran los esfuerzos de aplicación de las leyes.
CIUDAD DE GUATEMALA, 5 de junio (apro).- La “guerra a las drogas” de Felipe Calderón y la expansión de los cárteles mexicanos como empresas delictivas transnacionales está causando estragos en la imagen de México en el exterior.
La matanza de 27 campesinos en la comunidad de La Libertad, en el Departamento del Petén, Guatemala, a manos de un grupo de sicarios mexicanos y guatemaltecos pertenecientes al cartel de Los Zetas ha servido para inflamar el antimexicanismo en Guatemala.
Agraviados de por sí por el maltrato a sus connacionales que pasan por México en su migración hacia Estados Unidos, los guatemaltecos tienen más motivos para mirar con desconfianza hacia los mexicanos desde la masacre ocurrida el 15 de mayo en la frontera con México.
Los medios de comunicación desplegaron una intensa campaña para insistir en los efectos de la presencia de los narcotraficantes mexicanos en Guatemala. La prensa escrita, la radio y la televisión mencionan insistentemente a los “zetas mexicanos”, a la “violencia mexicana” y, en el extremo, “la invasión” mexicana a Guatemala.
Más preocupante aún es la presencia que Brasil está adquiriendo en esta frontera. Los brasileños están construyendo una carretera que llegará a las puertas de México, por donde dicen en esta nación les entra la violencia.
Ese discurso es alimentado por la clase política en medio de la campaña de la elección presidencial del próximo 11 de septiembre. Aunque se trata de mensajes para el consumo interno, “el narco mexicano en Guatemala” es un tema entre los candidatos presidenciales.
El propio presidente Álvaro Colom ha intentado chantajear al Congreso en un intento de obtener más recursos para seguridad, pues dice que si Calderón no ha podido con el narco en México, qué se puede esperar en Guatemala.
En el contexto de la “guerra de Calderón”, el discurso maniqueo subraya que la violencia asociada al narcotráfico en Guatemala es resultado del “efecto cucaracha” de las acciones emprendidas por México, cuando en realidad la expansión del narcotráfico responde a una dinámica económica en la que se disputan los ingresos ilegales del tráfico de estupefacientes y de otras actividades de delincuencia organizada.
Más allá de la utilización política, en algunos sectores de este país hay una auténtica preocupación y temor por la expansión del narcotráfico mexicano, particularmente de Los Zetas y sus enfrentamientos con los grupos locales aliados al cartel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.
Además de algunas poblaciones que han sido controladas por el narcotráfico, el terror es manifiesto entre los fiscales o ministerios públicos, luego de que uno de ellos, Allan Stowlinsky fuera descuartizado en la ciudad de Cobán, al día siguiente de la matanza de la vecina Petén, en represalia por participar en varias acciones contra el narcotráfico.
Al igual que en muchas comunidades de México, la sociedad guatemalteca ha convivido por años con narcotraficantes sacando provecho del tráfico ilícito de drogas, ante las condiciones de pobreza y la ausencia institucional. La violencia extrema no es nueva en Guatemala. Los 36 años de guerra civil dejaron miles de muertos, desaparecidos y torturados y dejaron como herencia una sociedad armada en extremo.
El cese del conflicto armado también dejó una “infraestructura de la violencia” aglutinada en fuerzas privadas de seguridad en manos de militares retirados que suman más de 150 mil hombres, casi cinco veces superior a la fuerza combinada del Ejército y las Fuerzas Armadas.
En el contexto de extrema debilidad institucional en el que la propia Fiscal General del Estado, Claudia Paz, reconoce la ausencia del Estado en vastas zonas del territorio guatemalteco, no sorprende la presencia de los narcotraficantes mexicanos, que de por sí llevan varios lustros protegidos por autoridades locales.
Como una actividad transnacional, los narcotraficantes mexicanos necesitan socios locales y en Guatemala los tienen en todo el territorio. La presencia del Chapo, los Zetas y el Cartel del Golfo no se explica sin esa protección y connivencia.
Pero la imagen de violencia que México le ha dado al mundo durante el gobierno de Calderón ha causado estragos en la consideración hacia lo mexicano en el extranjero.
Durante los conflictos armados que padecidó en el último tercio del siglo pasado, Centroamérica tuvo a México como un referente en la búsqueda de la paz. Hoy México es sinónimo de violencia, y sus vecinos, que tienen incluso una historia más sangrienta, lo ven de menos y voltean cada vez más hacia el sur, en particular a Brasil.
Durante una investigación de 22 meses realizada por la agencia antidrogas (DEA), el Servicio de Recaudación de Impuestos y otras dependencias gubernamentales de Estados Unidos, afloró que los traficantes de cocaína habían comprado el avión con dinero lavado a través de uno de los mayores bancos estadunidenses: Wachovia, ahora integrante del gigante Wells Fargo (WFC).
Las autoridades descubrieron miles de millones de dólares depositados en cuentas de Wachovia a través de transferencias bancarias, cheques de viajero y montos en efectivo tramitados por casas de cambio mexicanas.
De inmediato Wachovia fue puesto bajo investigación por no cumplir con un programa eficaz de control de lavado de dinero. Pero lo más significativo era que el periodo de referencia de los movimientos se había iniciado en 2004, coincidiendo con la primera escalada de violencia a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que luego detonaría las actuales guerras del narcotráfico.
Cargos criminales fueron levantados contra Wachovia pero no contra algún individuo en particular; de cualquier modo el caso nunca llegó a la corte. En marzo de 2010, a través de la Corte de Distrito de Miami, Wachovia hizo el mayor acuerdo realizado bajo la Ley de Secrecía Bancaria de Estados Unidos.
Ahora que expiró el año de “aplazamiento” del juicio, el banco está expuesto al escrutinio público. Pagó a las autoridades federales 110 millones de dólares por permitir transacciones que posteriormente se demostraron relacionadas con el tráfico de drogas, y recibió una multa de 50 millones de dólares por no monitorear el efectivo que se usó para transportar 22 toneladas de cocaína.
Pero más escandaloso y más importante todavía es que Wachovia haya sido sancionado por no aplicar las disposiciones correctas contra el lavado de dinero a la transferencia de 378.4 mil millones de dólares –suma equivalente a un tercio del Producto Interno Bruto de México– a las cuentas de las llamadas casas de cambio (CDC) en México con las que el banco realizaba negocios.
“El flagrante desprecio de Wachovia hacia nuestras leyes bancarias le dio a los cárteles internacionales de la cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones”, dijo Jeffrey Sloman, el fiscal federal. No obstante la multa total significó menos de 2% de los 12.3 mil millones de dólares en ganancias que el banco obtuvo en 2009. El 24 de marzo de 2010 las acciones de Wells Fargo se cotizaron en 30.86 dólares, 1% más que durante la semana en que se saldó la demanda en la corte.
La conclusión del caso es sólo la punta de un iceberg que muestra el papel del sector bancario “legal” en el lavado de cientos de miles de millones de dólares –el dinero sucio del tráfico asesino de drogas en México y otras partes del mundo– a través de sus operaciones globales, y cuya fianza han tenido que pagar los contribuyentes.
Durante el pico de la crisis bancaria de 2008, Antonio María Costa, entonces jefe de la oficina para las drogas y el crimen de las Naciones Unidas, dijo que tenía evidencia para sugerir que el dinero proveniente de esas actividades ilícitas era “el único capital de inversión líquido” disponible para los bancos a punto del colapso. “Los créditos interbancarios fueron financiados con dinero derivado del tráfico de drogas”, dijo. “Hay indicios de que algunos bancos fueron rescatados de esa forma”.
Durante el crack de 2008 Wachovia fue adquirido por Wells Fargo, justamente en el momento en que este último se hizo beneficiario de unos 25 mil millones de dólares en dinero de los contribuyentes (…)
Instinto de policía
Durante la investigación del caso mexicano de Wachovia, The Observer obtuvo documentos previamente proporcionados a reguladores financieros. De éstos se desprende que la alarma (sobre posible lavado de dinero) que fue ignorada provino, entre otras partes, de Londres, como resultado de la diligencia de uno de los denunciantes internos más importantes de nuestra época. Un hombre que, en una serie de entrevistas con The Observer, agrega detalles a los documentos, desnudando la historia de cómo Wachovia estuvo en el centro de una de la operaciones de lavado de dinero más grandes del mundo.
Martin Woods, un cuarentón oriundo de Liverpool, ingresó en febrero de 2005 a la oficina londinense del Wachovia Bank como oficial de alto rango para el combate del lavado de dinero. Previamente había prestado sus servicios en la brigada antidrogas de la Policía Metropolitana. Como detective también participó en el equipo de investigación de lavado de dinero de la Brigada Nacional Anticrimen, donde trabajó en el lado británico del escándalo de lavado de dinero del Banco de Nueva York, a finales de los noventa.
Woods habla como un oficial de policía, en el mejor sentido del término: puntilloso, exacto, con un humor lleno de picardía, pero moral hasta el tuétano (…) Tenía el ojo y el instinto de un oficial de policía, no los de un banquero. Y esto influía no sólo en sus métodos, sino en su mentalidad (…)
Cuando Woods hizo una revisión de Wachovia, lo primero que notó fue una deficiente información sobre sus clientes (…) Hacia agosto de 2006 Woods había identificado una serie de transacciones sospechosas relacionadas con clientes de casas de cambio en México. Estas incluían, sobre todo, depósitos de cheques de viajero en euros. Tenían números secuenciados y los depósitos eran por montos muy superiores a los que cualquier viajero inocente podría necesitar; la información que proporcionaban sobre los clientes era inadecuada o nula y las firmas resultaban dudosas para un ojo entrenado.
“Era un trabajo elemental”, afirma. “No respondían a las preguntas obvias: ‘¿La transacción es real o parece artificial? ¿Cubre el cheque de viajero todos los protocolos? ¿Está todo lo que debe ahí y, si no, por qué?’”
Woods discutió el asunto con la jefatura global de Wachovia para lavado de dinero en sistemas bancarios correspondientes, que opinó que los cheques podían significar evasión de impuestos. Luego emprendió lo que los bancos llaman una “retrospectiva” de transacciones previas y consideró que había elementos suficientes para presentar una serie de reportes de actividades sospechosas (RAS) a las autoridades del banco en el Reino Unido y a sus superiores en Charlotte, instando al bloqueo de las firmas mencionadas y de grandes series de cheques de viajero con números secuenciados procedentes de México.
En 2006 elaboró una considerable cantidad de RAS de los cuales 50 se referían a casas de cambio mexicanas. Para su sorpresa, la oficina de Wachovia en Miami, el centro de los negocios con América Latina, fue todo menos un apoyo; más bien, sintió él, fue todo lo contrario.
Sin embargo, como salió a relucir más tarde, Woods estaba sobre la pista correcta. Los negocios de Wachovia en México eran sometidos por las agencias federales de seguridad de Estados Unidos a un escrutinio cada vez más estrecho. Wachovia recibió una serie de citatorios para que informara sobre sus operaciones en México. Posteriormente Woods fue informado de que Wachovia había recibido de 6 mil a 7 mil citatorios. “Éste es un número absurdo”, opina, “¿entonces hasta qué punto se necesita llegar para que alguien del más alto nivel se percate de que algo anda mal, pero muy mal?”.
La punta del “iceberg”
En abril y mayo de 2007, como resultado del creciente interés y la creciente presión de la procuraduría federal estadunidense, Wachovia empezó a cancelar su relación con algunas de las casas de cambio. Pero en lugar de emprender una investigación interna sobre las alertas enviadas por Woods en relación con México, éste alega que Wachovia puso a su propio experto en lavado de dinero en la congeladora. Los registros muestran que durante 2007 Woods “continuó presentando RAS relacionados con las casas de cambio”.
De pronto, en julio de 2007 las 10 restantes casas de cambio mexicanas clientes de Wachovia que operaban a través de Londres, dejaron de hacerlo. Más adelante ese mismo año, cuando la investigación sobre Wachovia trascendió a los medios financieros de Estados Unidos, el banco decidió dar por terminadas todas sus relaciones con las casas de cambio mexicanas a escala global.
En ese momento Woods sintió que su situación personal dentro del banco era insostenible; mientras, por un lado, el banco actuaba para protegerse de las investigaciones federales sobre sus deficiencias, por el otro, se volteaba contra el hombre que había estado entre los primeros en detectarlas.
El 16 de julio la jefatura de regulación interna del banco dijo a Woods que su último RAS no debía haber sido presentado, que él no tenía atribuciones legales para investigar un caso del otro lado del Atlántico y que tampoco tenía derecho a tener acceso a los documentos conservados fuera de Gran Bretaña, aun si eran detentados por Wachovia.
La vida de Woods entró en caída libre. Fue a dar al hospital con una hernia discal, se reportó enfermo y el banco le dijo que no lo había hecho de manera correcta, tal como lo estipulaba el manual de empleados. Estuvo ausente durante tres semanas y regresó al trabajo en agosto de 2007 para encontrarse con una carta del director ejecutivo de regulación interna del banco, que era implacable en su tono y expresiones amenazantes (…) Woods, al borde del colapso, fue puesto bajo licencia por enfermedad por su médico; después se le dio un tratamiento psiquiátrico, se le incorporó a un curso de manejo de stress y se le medicó.
A finales de 2007 Woods (…) buscó a un representante de la DEA y le contó sobre las casas de cambio, los reportes de actividades sospechosas y la reacción de sus empleadores. Después de eso, la Reserva Federal y funcionarios de la oficina de control de divisas en Washington “pasaron un buen rato examinando los RAS” que Woods había enviado a Charlotte desde Londres. “Un tiempo después volvieron a entrar en contacto conmigo y empezamos a juntar las piezas del rompecabezas”, rememora Woods.
Lo que encontraron –como dijo Costa– fue sólo la punta del iceberg de lo que estaba pasando con el dinero de la droga dentro de la industria bancaria; pero por lo menos era visible y tenía un nombre: Wachovia.
En junio de 2005 la DEA, la división criminal del Servicio de Recaudación de Impuestos y la oficina de la procuraduría federal en el sur de Florida empezaron a investigar las transferencias bancarias de México a Estados Unidos. Estas remitieron a cuentas de banco sostenidas por casas de cambio en Wachovia. Las cuentas de las CDC eran supervisadas y manejadas por una unidad de negocios del banco en sus oficinas de Miami.
“A través de las CDC”, señalaba el documento de la corte, “las personas en México pueden utilizar divisas duras (…) y transferir el valor de éstas a cuentas de banco estadunidenses para adquirir bienes en Estados Unidos u otros países”. La naturaleza del negocio de las CDC da a quienes lavan dinero la oportunidad de mover los dólares del comercio de drogas que están en México a las casas de cambio y, en última instancia, al sistema bancario de Estados Unidos.
“En numerosas ocasiones”, dicen los papeles de la Corte, “diversas cantidades de dinero fueron depositadas en las CDC directamente por organizaciones del narcotráfico. Luego, utilizando identidades falsas, las CDC transfirieron el dinero a través de sus correspondientes cuentas bancarias en Wachovia para adquirir aviones para los narcotraficantes”.
El acuerdo alcanzado en la Corte en 2010 detallaría que “cerca de 13 millones de dólares pasaron por las correspondientes cuentas bancarias de Wachovia para la adquisición de aeronaves que serían utilizadas en el tráfico ilegal de drogas. En estas aeronaves se confiscaron más de 20 mil kilogramos de cocaína” (…)
Perdón judicial
“Desde 2004”, se lee en el acuerdo de la Corte, “Wachovia entendía el riesgo que conllevaba hacer negocios con las CDC mexicanas (…) Desde julio de 2005 Wachovia sabía que otros grandes bancos de Estados Unidos se estaban retirando del negocio con las CDC, motivados por las preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero… a pesar de estas advertencias Wachovia permaneció en el negocio”.
Los documentos muestran a Wachovia proporcionando tres tipos de servicios a las casas de cambio en México: transferencias bancarias, un “servicio para grandes cantidades en efectivo” y un “servicio de depósito en caja” para instrumentos emitidos por bancos estadunidenses, por ejemplo cheques comunes o cheques de viajero”, tal como lo detectó Woods.
“En el periodo que comprende del 1 de mayo de 2004 al 31 de mayo de 2007, Wachovia procesó por lo menos 373.6 mil millones de dólares en CDC y 4.7 mil millones en grandes cantidades de efectivo”, un total de 378.3 mil millones de dólares, cantidad que empequeñece los presupuestos que debaten las autoridades locales de Estados Unidos y el Reino Unido para proporcionar servicios públicos a sus ciudadanos.
El documento de la corte ofrece una fascinante oportunidad de observar cómo funciona por dentro el lavado de dinero proveniente de la droga. Detalla cómo los investigadores “encontraron fácilmente evidencias identificables de focos rojos correspondientes a un lavado de dinero en gran escala”. Había “transferencias bancarias estructuradas” por lo que “era común encontrar en las cuentas de las CDC transferencias en números redondos hechas el mismo día o en una sucesión de días cercanos, por los mismos remitentes y (…) a las mismas cuentas”.
A lo largo de 10 días, 10 transferencias hechas por cuatro individuos “pasaron por Wachovia para ser depositadas en la cuenta de un agente de aeronaves. Todas estas transferencias estaban en números redondos. Ninguno de los individuos que hicieron la transferencia tenía relación alguna con la aeronave o con la entidad que presuntamente era su propietaria. La investigación reveló posteriormente que todas las identidades de los individuos que enviaron el dinero eran falsas y que la empresa era una entidad encubierta. Ese avión posteriormente fue confiscado con aproximadamente 2 mil kilos de cocaína a bordo”.
Muchos de los cheques de viajero numéricamente secuenciales, del tipo que identificó Woods, mostraban “marcas inusuales” o “carecían de una firma legible”. Por otra parte, “muchas de las CDC que utilizaron el servicio para grandes montos en efectivo de Wachovia enviaron cantidades superiores a lo que el mismo banco hubiera esperado; más específicamente, muchas de las CDC excedieron su actividad mensual en por lo menos 50%”.
Según reseña el documento, “las violaciones encontradas fueron serias y sistemáticas, y permitieron a ciertos clientes lavar millones de dólares procedentes de la venta de drogas ilegales a través de las cuentas de Wachovia, durante un periodo prolongado. La investigación identificó que por lo menos 110 millones de dólares provenientes del narcotráfico fueron canalizados a través de las cuentas que las CDC tenían en Wachovia”.
El acuerdo termina con la discusión sobre “la considerable cooperación y las acciones de remedio” de Wachovia desde que se inició el proceso, luego de que el banco fue comprado por Wells Fargo. “En consideración a las acciones de remedio emprendidas por Wachovia”, concluye el fiscal, “Estados Unidos recomienda a la corte que (...) sobre la base de la información recogida, el juicio de Wachovia (...) sea aplazado 12 meses”.
Lo que se llama “aplazamiento del juicio” en el documento de Miami es una forma de libertad condicional a través de la cual, si el banco acata la ley durante un año, los cargos son abandonados. Por lo tanto, este marzo el banco ya no estaba bajo sospecha.
Woods destaca que estas sumas millonarias “son el producto de los asesinatos y la miseria en México, y de las drogas que se venden alrededor del todo el mundo”. Según él, toda la gente encargada de aplicar la ley quería que el caso llegara a tribunales, pero nadie va a la cárcel. “¿En qué contribuye el acuerdo para combatir a los cárteles? En nada. No facilita las tareas de seguridad y alienta a los cárteles o a cualquiera que quiera hacer dinero a lavar sus dólares sucios. ¿Dónde está el riesgo? No hay ninguno”.
Y concluye: “¿Es del interés del pueblo estadunidense alentar tanto a los cárteles como a los bancos de esta forma? ¿Es del interés del pueblo mexicano? En realidad es sencillo: si no ves una correlación entre el lavado de dinero por parte de los bancos y las 30 mil personas asesinadas en México no estás entendiendo nada”. (Traducción: Lucía Luna)
Monterrey, México.- Un cable diplomático del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey, filtrado por WikiLeaks, revela el trabajo que agencias estadounidenses como el FBI y la DEA realizan en la Ciudad.
Según el informe "MONTERREY 000066", difundido anoche por The New York Times, el desarrollo de la violencia y el ataque simultáneo con granadas del 27 de febrero pasado contra cinco Policías municipales obligó a reuniones del Comité de Acción de Emergencia.
"Antes de los ataques con granada, el Comité de Acción de Emergencia del Consulado General de Monterrey se reunió el 26 de febrero del 2010 para hablar de la actual ola de violencia relacionada con el narco y su impacto potencial sobre las operaciones y la seguridad del Consulado", dice el texto.
"El comité fue presidido por el Cónsul General con la presencia de las diversas dependencias de MGT, RSO, CONS, POL, CLO, FBI, ATF, DEA, ICE, PD y OPAD", señala.
El comunicado revela que, tras los ataques, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) estaba en el proceso de obtener acceso a la evidencia física recuperada en Monterrey .
"En una sesión de seguimiento del 28 de febrero, del Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley, miembros del comité hablaron de las probabilidades de más represalias del Cártel del Golfo contra los departamentos de policía controlados por los Zetas en el área de Monterrey".
El comunicado, del 28 de febrero del 2010 a las 21:46 horas, se le atribuye a Bruce Williamson, ex Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey.
Fue elaborado un día después del ataque simultáneo contra las Policías de Guadalupe, San Nicolás, Cadereyta, Escobedo y Apodaca.
El reporte describe como "poco persuasiva" la explicación de Javier Treviño, Secretario General de Gobierno, quien atribuyó los ataques a una reacción del crimen por los esfuerzos del Gobierno del Estado.
"Esta explicación no es convincente ya que los programas estatales aún son teóricos, en el mejor de los casos", indica el cable.
La comunicación oficial sostiene también que hay informes que señalan que el jefe de los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, "El Lazca", se esconde en Monterrey preparando una ofensiva en contra del Cártel del Golfo.
La nota consular también se refiere a que, entre las élites de Monterrey, había corrido "a la velocidad de la luz" el rumor de que el Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, había sido secuestrado.
"En comparación, el silencio de Rodrigo Medina, Gobernador de Nuevo León, sobre cuestiones de seguridad en general, sólo ha aumentado las sospechas", deduce Williamson en el texto.