Calderón, un peligro para Michoacán

No se necesita decir quien esta MIERDOTA verdad?....

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 15 de octubre (apro).- Muy a su estilo generador de odio, Felipe Calderón ya inició el proceso de sucesión en Michoacán. Sabedor de que su estado se podría convertir en escenario de una eventual narcoinsurgencia, apostó, con estrechez, por agudizar la descomposición con tal de no dejar pasar su última oportunidad para instalar al PAN en el gobierno.

Con el uso faccioso del aparato de justicia y el escándalo mediático logró que el diputado 500, el perredista Julio César Godoy Toscano, ya fuera condenado ante la opinión pública por su supuesta estrecha relación con Servando Gómez, La Tuta, uno de los jefes regionales de La Familia Michoacana.

El impacto en la población fue el mismo que logró Vicente Fox en el 2005 cuando, a través de una celada televisiva, exhibió la corrupción perredista con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada.

La diferencia esta vez es que el uso político de la procuración de justicia ocurre en condiciones de la extrema violencia causada por el narcotráfico, particularmente en Michoacán.

En lo que va del sexenio calderonista, que coincide con el surgimiento de La Familia Michoacana, en el estado se han registrado cuando menos entre dos mil y dos mil 500 muertes relacionadas con el narcotráfico, incluidas decenas de efectivos de la Policía Federal del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el gran aliado y protegido de Calderón.

La peculiaridad de Michoacán es que ese cartel ha hecho de sus actividades delictivas una peligrosa mezcla de reclamo social y justificación religiosa.

Desde hace meses, en Morelia se han distribuido en zonas de concentración popular volantes en los que se advierte a la población que habrá acciones de violencia encaminadas al aparato estatal y no a la población civil.

Los más recientes empezaron a circular hace poco más de una semana, firmado por una organización que se hace llamar Pelotones Omega. En un lenguaje muy parecido al que usó La Familia Michoacana cuando se presentó ante la opinión pública en noviembre de 2006, los supuestos comandos advierten sobre una limpieza de delincuentes –incluidos funcionarios protectores– en el estado.

Pero con un peligroso componente más allá de la justicia por mano propia: “la justicia divina”. En el panfleto firmado por un supuesto comandante Miguel, se asegura: “Los estamos vigilando y cuando los tengamos a tiro, serán ajusticiados. No merecen perdón de Dios. Según la Biblia, no merecen el nuestro”.

Aún cuando se trate de una expresión más de La Familia, la decisión de Calderón de exhibir al ahora diputado federal Godoy Toscano marcó ya el proceso electoral del próximo año para elegir al sucesor de Godoy Rangel en el gobierno.

El diputado perredista, que hace unas semanas se burlaba de la Policía Federal por colarse a la Cámara de Diputados para alcanzar el fuero constitucional, está más que nunca obligado a demostrar su inocencia.

Serán meses en los que tendrá que ir contra la corriente y de linchamiento mediático. Suficiente tiempo para desacreditar la campaña electoral del PRD, que de por sí no tiene mucho de dónde sacar del gobierno de Leonel Godoy para repetir en la gubernatura.

Si el diputado 500 es desaforado por la Cámara de Diputados, Calderón habrá ganado la partida, pero también confirmado que tiene el aparato de justicia al servicio de la venganza política. De otra manera no se explica la protección que la PGR le da a otros políticos, incluidos de su partido y del PRI, que también están señalados por sus relaciones con el narcotráfico.

Nadie cree que en caso de ser cierto, Godoy Toscano sea el único legislador comprometido con la delincuencia organizada. Pero sí quien le habría dado a Calderón la posibilidad de hacer del michoacanazo una oportunidad para seguir sembrando odios en el país.

jcarrasco@proceso.com.mx

¿Rumbo a una narcopresidencia?

Godoy Toscano y Alejandro Encinas, líder del PRD en San Lázaro.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 15 de octubre (apro).- De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, “en México se lavan 25 mil millones de dólares al año, esta cantidad nos habla de la capacidad que tiene el crimen organizado para comprar carros, casas, aviones y ahora para involucrarse en campañas electorales, para buscar compromisos con candidatos y posteriormente con diputados, con alcaldes, con senadores, con gobernadores”.

La declaración no es del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, ni del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. El personaje que habló sobre el tema, sobre la narcopolítica, fue justamente un diputado federal, el panista José Luis Ovando Patrón, actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Por supuesto que se refería al caso del perredista Julio César Godoy Toscano, quien es acusado por la PGR de mantener vínculos con el grupo delictivo La Familia michoacana.

Este viernes, Ovando no descartó que el crimen organizado busque establecer compromisos con políticos, lo que lo llevó a pensar que “ante esta realidad, yo no dudo que en dos años alguna banda de criminales quiera también poner a un Presidente de la República que no le dé la pelea, que no le dé la batalla, que no los combata”.

¿Graves las declaraciones del panista? No. Se tratan de un simple reflejo de lo que ocurre en el país y que muchos niegan: que el narcotráfico ha permeado en los círculos del poder, aunque aún no sabemos en qué grado.

Quizá por eso el mismo diputado del PAN habla de “la necesidad de revisar los discursos políticos, sobre todo aquellos que se oponen al combate del crimen organizado”

Cuando Proceso realizó justo eso, revisar parte del historial de los políticos y de integrantes del Congreso de la Unión, e incluso lo publicó el 12 de junio pasado bajo el título, “El narco en el Congreso”, todos reclamaron el atrevimiento.

La Junta de Coordinación Política, integrada por PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia y Panal, acusó a la revista de “demeritar” al Congreso de la Unión.

Más todavía, los señalados en Proceso, tanto de PRI como de PAN y PRD, enviaron cartas aclaratorias en las que sostienen que nunca han realizado actividades ilícitas. Incluso se llegó a decir que todo era una estrategia publicitaria para vender más.

Ahora que el propio Congreso se encuentra inmerso en una discusión y análisis de documentos para determinar si uno de sus miembros, si un diputado federal, tiene vínculos o no con el narcotráfico, van más allá y aceptan que el narco puede llegar hasta a imponer gobernadores, e incluso no descartan que en unos años pueda imponer al Presidente de la
República.

Aquel 12 de junio, Proceso en ningún momento acusó a legislador alguno de ser narcotraficante o de tener vínculos con cárteles, sólo se limitó a detallar averiguaciones previas en donde se les mencionaba; en otros casos, cuando se les había mandado llamar para testificar y, en algunos más, cuando incluso han sido amenazados por grupos criminales.

De aquello han pasado apenas cuatro meses y ahora el tema está de nuevo instalado en el Congreso, abordado por sus propios miembros, quienes ahora sí tienen dudas y quieren indagar sobre algunas acciones o discursos de los legisladores.

Desde hace varios sexenios, la relación narco-política ha sido tema en círculos de poder y en medios de información. Sin embargo, pocos casos han llegado hasta los juzgados, como por ejemplo, el del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien hoy está preso en Estados Unidos.

Recientemente, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, aceptó que temas como la narcopolítica o los narcoempresarios ya no son novedosos.

Y es cierto. Ahora, en la lucha por el poder, ante la falta de un control y de alianzas diversas, y entre niveles políticos distintos, hay cabos que han quedado sueltos.

Es difícil pensar qué grupos de narcotraficantes logren tal lavado de dinero, adquieran tantas propiedades, abran tantos negocios lícitos o diversifiquen a tal grado su actividad con el simple poder de las armas.

Sin duda, el poder del Estado, a distintos niveles, ha acudido en su auxilio en algunos momentos, o incluso han convivido juntos por conveniencias mutuas, aunque no necesariamente sean socios.

En el Ejército lo saben, incluso sostienen como hipótesis que los partidos los quieren fuera de las calles en su lucha contra el crimen organizado, pero no porque les interese realmente la protección de los derechos humanos o evitar abusos contra la población civil, sino más bien porque no quieren seguir siendo descubiertos. No quieren que los militares interfieran en sus negociaciones con grupos delictivos.

Hay quien piensa en el sector castrense que los que los políticos no quieren que los militares investiguen y combatan el crimen organizado porque las cabezas a las que han llegado han sido justamente personajes de la política.

Y esté vinculado o no el diputado Julio César Godoy Toscano con el crimen organizado, o se trate de una treta del gobierno calderonista con fuertes impactos mediáticos y manipulaciones de parte de la PGR, la verdad es que el caso ha generado preocupación entre algunos políticos, al grado de que ya buscan revisar la actuación de sus colegas.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Narcodesafuero

Julio César Godoy Toscano, diputado.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- La solicitud de desafuero del diputado del PRD por Michoacán, Julio César Godoy Toscano, hecha por la PGR a la Cámara de Diputados, es la demostración más clara hasta ahora de cómo el crecimiento y expansión del narcotráfico en México no se pueden explicar sin la actividad política, ya por complicidad o manipulación del aparato de procuración de justicia.

Si la mayoría del PRI avala en la comisión instructora el procedimiento de desafuero, la PGR de Felipe Calderón tendrá que demostrar que el medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, forma parte o ha sido colaborador del cartel de La Familia Michoacana.

El expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, a su vez, tendrá que desacreditar el cargo y demostrar que el Ministerio Público federal está al servicio de los intereses políticos del también michoacano Calderón.

La peculiaridad es que ambas posiciones habrán de ventilarse no por ahora más en tribunales, sino en el principal escenario de la representación política del país: la Cámara de Diputados. De ese modo, no es equivocado decir que el narco llegó al Congreso.

Y aquí empiezan las suspicacias. ¿Por qué hasta ahora la PGR decide ir contra un legislador por delitos relacionados con la delincuencia organizada si Julio César Godoy, en caso de que se compruebe, no sería el único diputado que antes o durante el ejercicio de ese cargo habría tenido relaciones con el narcotráfico?

En los diez años de gobierno del PAN, la PGR no ha hecho nada contra aquellos legisladores –diputados y senadores– cuya historia incluye probados nexos con el narcotráfico.

En el caso de legisladores panistas implicados en lo mismo que de lo que se acusa a Godoy, el gobierno federal los ha protegido. Los ha hecho diplomáticos. Han salido del país con inmunidad diplomática.

A otros no le ha dado tal protección, pero simplemente no ha actuado contra ellos por gracia presidencial, pues es de conocimiento público que el encargado del Ministerio Público federal, el titular de la PGR, es un empleado más del presidente que obedece a las órdenes de su jefe.

Tal obediencia, precisamente, es la que está en el centro de la defensa de Godoy Toscano, quien asegura que las acusaciones que le ha enderezado el Ministerio Público al servicio de Calderón actúa por consigna, como en una primera instancia indicaría la liberación de prácticamente todos los exfuncionarios locales y estatales de Michoacán detenidos en el operativo policiaco militar conocido como el michoacanazo.

Puede que ambos tengan razón: que haya indicios de colaboración con el narcotráfico y que Calderón tenga motivaciones políticas. Y es ahí donde éste lleva ventaja, aunque con riesgos.

Un eventual desafuero del diputado perredista sería un factor fundamental en la campaña para gobernador de Michoacán el próximo año. Calderón no quiere dejar la presidencia de la República sin hacerse del control político de Michoacán, su estado.

Si demuestra sus acusaciones, el ocupante de Los Pinos estará, por fin, en la posibilidad de alcanzar lo que sus paisanos siempre le han negado: el triunfo electoral. Primero lo desdeñaron cuando fue candidato a gobernador y luego le han escatimado apoyo a su partido en las presidencias municipales y en el Congreso local. Incluso, en las elecciones federales intermedias de 2009, que estuvieron enmarcadas, precisamente, por el michoacanazo, tampoco alcanzó la ansiada mayoría.

En contraparte, si Godoy desacredita la acusación, el fracaso será monumental para Calderón. No sólo político, sino en su llamada estrategia contra el narcotráfico.

Del PRI, que tiene su propia historia de políticos relacionados con el narcotráfico, dependerá el alcance de la solicitud de la PGR.

Con la petición de desafuero se le abrió un escenario favorable: apoyar a la PGR de Calderón a cambio de bloquear la alianza del PAN con el PRD en el estado de México, y de paso minar al PRD en Michoacán para allanar su regreso a la gubernatura.

Si los intereses políticos de corto plazo se imponen sobre la posibilidad de investigar no sólo las relaciones de la política mexicana con el narcotráfico, sino del uso autoritario del aparato represivo para fines políticos, dos de los Poderes del Estado mexicano –el Ejecutivo y el Legislativo– no sólo estarán ratificando su simulación, sino habrán demostrado que están en franco servicio de lo que dicen atacar.

jcarrasco@proceso.com.mx

Amenazas de muerte contra Godoy

Morelia, MICH.- 26 de septiembre (apro) En un comunicado supuestamente del grupo armado Los Zetas, y que se publica hoy en el diario local Sol de Morelia, el exbrazo armado de La Familia advierte que "está próxima la muerte del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel".

En el supuesto comunicado de Los Zetas, se pide también el retiro del Ejército de la entidad, o, advierten, irán matando "uno a uno" a los militares.

En su edición impresa de este viernes, el Sol de Morelia da a conocer una versión sintetizada del presunto mensaje de Los Zetas, pero la versión digital del diario Cambio de Michoacán difunde el texto íntegro.

Apro reproduce dicho texto respetando la sintaxis y gramática:

"Mas vale que esto sea publicado, de lo contrario sufrirán como se hizo en Cancún, ataques sorpresa, y esto es para todos aquellos que quieran unirse al cartel de Sinaloa, jajajajajajaja no crean que somos pendejos los estaremos esperando al momento que lo quieran caerán así como todos los traidores que han muerto en su pendejo intento por tratar de robar lo que ahora es nuestro solo le digo al pinche gobernadorsito pendejo que esto es apenas el comienzo y que ya pare al puto ejército que no mas nos esta calentando los huevos y tendremos que chingar soldados de uno por uno".

" Y a ese pendejo de Bautista que chingue a su madre pinche directorsito vale madre y a todos los michoacanos en general se les dice que el problema no es con la sociedad ni con ningún inocente, el problema es con este pinche gobernadorsito tan pendejo que hay, que por cierto esta mas proxima su muerte asi como de todos los que le siguen"

La Familia Y Los Zetas no tememos a ningun farsante hijo de puta sinaloense bola de culeros de mierda.

Atentamente El PELON Z-19".

El comunicado hace referencia a un Bautista. El director de la Policía y Tránsito del Estado de Michoacán se llama Mario Bautista Rodríguez.

Proceso publicó en su número 1664: "Una de las líneas de investigación del gobierno federal sobre el ataque del 15 de septiembre contra civiles en Morelia -según reportes de inteligencia civil y militar- es que el atentado estaba dirigido contra el gobernador Leonel Godoy, presuntamente en represalia por acuerdos incumplidos con el crimen organizado en Michoacán".

http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=62551

¿Nadie sabe, nadie supo...?

Julio Hernández López

1. Los pasos dados por la administración calderónica, a más de una semana del estallido de granadas en Morelia, muestran a un puñado de funcionarios disperso, equívoco y notablemente incapaz de suministrar a la sociedad una explicación más o menos aceptable de lo que sucedió esa noche del Grito michoacano. Los altos mandos del autodenominado gobierno federal se valieron de la primera hipótesis que tuvieron a la mano y luego han ido cambiando sus versiones y miras, llegando ayer a la máxima conclusión científica e histórica, casi inefablemente papal, de que los responsables del atentado podrían haber sido melón o sandía, blanco o negro, La Familia o los Zetas, los dos bandos principales que se pelean la plaza caliente.

2. A la zaga, reducido a una condición latente, el gobierno local de coalición cardenista con el calderonismo, formalmente encabezado por Leonel Godoy, se ha sumido también en el pantano de las especulaciones, con señalamientos cada vez más insistentes de que policías estatales habrían participado en los hechos. Dominada ampliamente la entidad por el narcotráfico durante administraciones priístas, las correspondientes al sol azteca también han hecho negociaciones para contar con recursos económicos destinados a campañas electorales y, posteriormente, al relleno de ejecutivas arcas personales. Godoy ni se mueve (como tampoco lo hizo Batel Lazca) porque, diría algún genial investigador gubernamental… no se puede mover: coopelas, haciendo como que haces, o cuello, en purépecha.

3. En ese contexto, Felipe y Leonel no están gobernando ni pueden gobernar (con independencia del origen electoral fraudulento del primero y de la condición subordinada del segundo, producto de un arreglo con el calderonismo para mantener en el poder a la Otra Familia Michoacana). El ocupante de Los Pinos ya ni siquiera puede cumplir compromisos con los factores de poder que adulteraron los comicios de 2006, e incluso muchos de quienes gozaron imponiendo a un panista inviable ahora sufren, irónicamente, el autoexilio que jugaban a augurarse en caso de que se hubiera respetado el triunfo de López Obrador (recuérdese el chistecito de los juniors que querían que ganara el tabasqueño para que sus padres se los llevaran al extranjero). Hoy, más que nunca, queda claro el sentido de reformismo necesario: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

4. Si se toma en cuenta que siguen en sus cargos Mario Marín y Ulises Ruiz (por citar casos de máximo escándalo, no porque en los demás estados no haya especímenes muy parecidos), ha de aceptarse que Leonel Godoy podrá mantenerse en la gubernatura de Michoacán. Pero todos los días surgen datos de tragicomedia que muestran grave irresponsabilidad del gobernante “de izquierda”: su jefe de seguridad pública y modelo de retratos hablados (Mario Bautista, padre del escolta del secretario de Seguridad Pública asesinado tres años atrás) estuvo a unos pasos (50 metros, ha dicho) del primer estallido y no pudo detener a nadie ni perseguir o sospechar de nadie ni mantener a salvo el escenario del crimen para los obligados trabajos criminalísticos (mejor pudo el sacerdote de Creel, en Chihuahua, a viva voz y con su pura autoridad moral, evitar durante horas que los desgarrados familiares de 13 ejecutados movieran cuerpos o alteraran detalles; tragedia esta que, por cierto, ha caído en el olvido social, pues a un hecho grave sigue otro, que es desplazado por otro, que…). Y ayer se conoció una grabación radiofónica en la que a una línea de emergencia del gobierno michoacano se anunciaba que en el desfile del 16 habría atentados contra los militares y los policías porque, a pesar de haber recibido pagos, no habían cumplido compromisos. Algunas de las frases: “El problema lo tenemos con los militares, no con los civiles”, “díganles a los de las escuelas que no se acerquen mucho a los militares ese día”, “no junten a las personas con los militares”. Pero no se hizo nada la noche del 15 ni se tenían prevenciones para el desfile del 16.

5. El vacío de poder político e informativo ha abierto el paso a insólitos nuevos gobernantes confesos, los propios cárteles acusados de narcoterrorismo. De manera audaz lo ha hecho La Familia, con todo y cercos militares, instalando narcomantas, enviando mensajes a teléfonos celulares, e incluso volanteando mediante niños de la calle. Con una credibilidad que ha de envidiar el Cártel de los Pinos, y un notable sentido ejecutivo, La Familia Michoacana negó tener responsabilidad en los sucesos del 15, anunció el inicio de una investigación (¡y convocó a los gobiernos federal, estatal y municipal a hacer las propias, pero que fueran “pertinentes y reales”!) y prometió castigo para los verdaderos responsables que, según su visión e intereses, son sus adversarios directos, los Zetas.

6. Ayer, mientras los administradores oficiales del negocio jugaban a las comparecencias ante diputados federales, con el tradicional espectáculo perredista de las pancartas y las consignas en contra, hubo voces de Internet que sin comprobación alguna de su autenticidad son adjudicadas al EPR y al cártel de Sinaloa o, más específicamente, a “gente” del Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. En esos textos, entre las consideraciones propias de sus específicos intereses, acaban señalando al calderonismo como corresponsable de lo sucedido en Morelia.

Mientras tanto, Calderón está en Nueva York, listo para conmocionar al mundo mediante un discurso en Naciones Unidas e increíblemente programado para participar en rituales optimistas de la Bolsa de Valores de Nueva York (mejor momento no pudieron encontrar); Mouriño se manifiesta con desparpajo de presunto inocente contra la “posibilidad” de que el narco infiltre campañas y ponga candidatos (¿en 2009 o tres años atrás?); Transparencia Internacional informa que según sus cálculos México sigue igual de corrupto que hace tres años y, en el fondo, tras todas las historias, como tema central en espera de definiciones, el petróleo y los apetitos privatizadores. ¡Hasta mañana, con los maestros tomando la SEP y los inmediatos amagos represivos!