PGR omite investigar lasmuertes de la “guerra”

La purga al interior de la PGR no ha sido suficiente para que su titular, Marisela Morales, corrija una de las negligencias que más preocupa al presidente Calderón Hinojosa: investigar cada uno de los más de 40 mil asesinatos de civiles cometidos en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico. En este sexenio, sólo se han abierto 1 mil 778 averiguaciones previas, acepta la Procuraduría. La pifia no sólo le habría costado el puesto a Chávez Chávez, sino que podría derivar en el futuro fincamiento de responsabilidades penales contra él y el propio titular del Poder Ejecutivo. Los delitos del crimen organizado se encontrarían en la misma situación: sólo hay 6 mil 196 indagatorias por delincuencia organizada.

Isabel Argüello

Con la renuncia de Arturo Chávez Chávez al cargo de procurador General de la República, a fines de marzo pasado, se destapó una de las más graves negligencias de esta administración, relacionada con la “guerra” contra el narcotráfico. En los más de cuatro años y medio, el abogado de la nación ha abierto solamente el 4.4 por ciento de las investigaciones que le manda la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanospor cada uno de los más de 40 mil civiles ejecutados.

A cuatro meses de su nombramientocomo procuradora, Marisela Morales Ibáñez aún no habría corregido esta situación, revelan informes proporcionados a Contralínea por la dependencia. Ello, a pesar de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa le habría encomendado hacer todos los esfuerzos para remediar la pifia en el menor tiempo posible.

Por este hecho, a los exprocuradores Eduardo Medina-Mora, Chávez Chávez, a la procuradora Morales Ibáñez y al presidente de la República se les podrían fincar responsabilidades, como lo informó Contralínea (edición 227, 3 de abril de 2011).

De acuerdo con la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Penales, ninguno de los asesinatos puede dejar de investigarse, y para ello debe existir cooperación entre las autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR), como Ministerio Público federal.

Por ello, entre las anomalías que actualmente investiga la Visitaduría General de la PGR se encuentra la “irregular integración de averiguaciones previas”. De acuerdo con elvisitador César Alejandro Chávez Flores, se revisa la actuación de unos 700 servidores públicos de la institución, no sólo por esos casos, también por la presumible comisión de fraude, robo, abuso de autoridad, cohecho, peculado y práctica indebida de cateos. Otros 400 ya fueron cesados, aunque no se ha aclarado cuántos de ellos tendrían responsabilidad por no abrir las investigaciones de los ejecutados.

Y es que de los más de 40 mil civiles asesinados en lo que va de la “guerra” contra el narcotráfico,la PGR sólo ha abierto 1 mil 778 averiguaciones previas, indicala respuesta a la solicitud de información 0001700045511 hecha por este semanario. Se trata, apenas, del 4.4 por ciento del total.

Bajo la tipificacación del delito de homicidio, previsto en el Código Penal Federal,la institución informaque en diciembre de 2006 se iniciaron 19 investigaciones; en 2007, 322; en 2008, 376; en 2009, 436; en 2010, 496; y en enero y febrero de 2011, 79.

En contraste, en la Base de datos de estados y municipios sobre homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada del gobierno federal,se indicaque en diciembre de 2006fueron asesinadas 62 personas; en 2007, 2 mil 826; 2008, 6 mil 837; 2009, 9 mil 614; y en 2010, 15 mil 273.

Al responder un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados –en el cual se le exhortó a informar la situación de los, entonces, más de 34 mil asesinatos de civiles–, la PGR argumentó que el homicidio es un delito del fuero común y que sólo atrae los casos que, debido a sus características, representan un problema para la integración por parte de las procuradurías generales de Justicia de los estados o a petición expresa de éstas. Agregó que la excepción son los casos en los que están involucrados servidores públicos o empleados federales, indica el boletín 3574.

En enero pasado, la senadora priísta María Elena Orantes López aseguró que la mayor parte de las víctimas (migrantes, transmigrantes, niños, jóvenes y mujeres) han muerto en fuego cruzado por integrantes del crimen organizado y las fuerzas armadas. “Más del 95 por ciento de esas muertes no se han investigado y sólo el 1 por ciento de los crímenes llega a ser procesado penalmente ante un juzgado”, indicó en la iniciativa con punto de acuerdo para exhortar al gobierno a rendir un informe puntual sobre las investigaciones.

Responsabilidades incumplidas

“La Procuraduría tenía el deber de abrir los expedientes de las casi 35 mil muertes[ahora más de 40 mil], si no lo ha hecho evidentemente hay responsabilidad legal. Si la omisión fue de los agentes, alcanza a quien es titular de la PGR porque éste tiene la obligación y la competencia legal de proceder. En el caso delexprocurador [Arturo Chávez Chávez], no hace falta la declaración de procedencia que se establece en el artículo 111 constitucional porque ya no tiene fuero, por lo cual se podría iniciar un juicio político”, explica el doctor Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Un juicio político, así como sanciones administrativas y legales, se inicia cuando los servidores públicos incurren en actos u omisiones que afectan el interés público (artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Márquez Gómez expone que cualquier ciudadano o funcionario con “evidencia” de la falta de indagaciones en torno a los homicidios en esta “guerra”,podría acudir ante los diputados y senadores para que éstos determinen la destitución o inhabilitación de quienes resulten responsables.

“Se ha venido discutiendo la responsabilidad que tiene el presidente de la República, sobre todo lo que tiene que ver con la muerte de los 35 mil civiles que ellos han llamado víctimas colaterales”, indica Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Aunque, aclara que no existe un marco jurídico para que Felipe Calderón Hinojosa, a corto plazo, sea objeto de un juicio político, pues él se respalda en el artículo 89 de la Constitución que le permite disponer de las Fuerzas Armadas en caso de que esté en peligro la seguridad nacional.

El panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, considera que delitos como el narcotráfico y el secuestro se tienen que perseguir con toda la fuerza del Estado. “La lucha no es porque ya no trafiquen, es porque no acaben con nuestra juventud. ¿Cómo decimos si ha fallado o ha sido buena la estrategia del presidente Calderón si no le han ayudado a ponerla en práctica? La estrategia del Estado mexicano, porque son muchas personas las involucradas, no se ha puesto en práctica”.

En cambio, el senador priísta Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, secretario de la Comisión de Justicia, asegura que el número de muertes se incrementa día a día y el crimen organizado no disminuye. “Nuestro grupo parlamentario ha venido diciendo, desde que comenzó esta lucha, que hay que enfrentar de manera dura y con la fuerza del Estado al crimen organizado; de eso no nos queda duda. Sin embargo, la estrategia no da los resultados que la población necesita y que el gobierno prometía”.

A julio de 2011, los crímenes mortales de la “guerra” contra las drogas rebasan los 40 mil. Según la Base de datos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, hubo 30 mil 913 ejecuciones, 3 mil 153 fallecidos por enfrentamientos y 546 por agresiones. Los estados con mayor concentración de homicidios son Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, 4 mil 387; Guerrero, 2 mil 739; Baja California, 2 mil 19; Durango, 1 mil 892; Michoacán, 1 mil 751; Estado de México, 1 mil 538; Tamaulipas, 1 mil 457; Sonora, 1 mil 258; y Jalisco, 1 mil 73.

“Los homicidios no se dan por la presencia del gobierno federal. La presencia del gobierno federal se da por los homicidios”, dijo Felipe Calderón en su segunda intervención en los “Diálogos por la seguridad, hacia una política del Estado”, el pasado 12 de enero de 2011. Enfatizó en que el mayor número de las muertes en el país deriva de la alta conflictividad entre los criminales que se disputan un territorio.

La Constitución, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGR fundamentan cuáles son las actividades del Ministerio Público en la averiguación previa ?recibir denuncias o querellas; investigar; solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, arraigo u otras medidas cautelares; y determinar incompetencia y “remitir” a la autoridad correspondiente?.

La Procuraduría tiene la facultad de “atracción” con la cual daría seguimiento a procesos iniciados en los estados, pero continúa argumentando que el homicidio es competencia del fuero común, salvo en los casos en que se encuentre involucrado un servidor público o empleado federal. No obstante, comunica que está trabajando de forma coordinada y permanente con las procuradurías estatales y con la Procuraduría General de Justicia Militar (boletín 3574 de la Cámara de Diputados).

“Los homicidios son del fuero común, entonces le tocarían a los ministerios locales. Aparte del procurador General de Justicia serían responsables todos los procuradores de justicia de las entidades. Ojalá que el nuevo gobernante en 2012 diera un giro, y una de las cosas fundamentales con las que se va a tener que enfrentar va a ser con estos saldos de la violencia”, comenta la diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública.

Para Daniel Márquez no se ve a corto plazo una voluntad de rectificación, a pesar de que existe la necesidad de hacer un alto en esta “guerra”. “Las instituciones se cerraron a un sólo discurso. No se está dando en los posibles precandidatos para la Presidencia de la República el debate de qué hacemos con esta lucha. La única propuesta es reactiva: frente a la violencia, la violencia del Estado”.

En la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, del pasado 30 de junio, Calderón indicó que se deben cambiar los “procesos” para reducir los delitos más comunes como robo, extorsión, secuestro y trata de personas. “También revisaremos la estrategia a fin de proteger a las víctimas, preservar la memoria de los fallecidos y reducir la impunidad”, agregó vía twitter.

Uno de los objetivos plasmados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ?publicado en el Diario oficial de la federación el 25 de agosto de 2008 y firmado por el presidente, secretarios de Estado, gobernadores y presidentes municipales, medios de comunicación, organizaciones sociales y líderes religiosos? era fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público federal. La PGR se comprometió a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para la obtención de sentencias condenatorias. Para ello, el lapso de ejecución era de seis meses; al presente no se ha cumplido.

Opacidad, la característica

El Instituto Federal de Acceso a la Información Públicasolicitó a la Procuraduría que proporcione información sobre el número de muertos y desaparecidos a causa de la “guerra” contra la delincuencia. Carlos Alberto Pérez Cuevas, Esthela Damián Peralta y Mario Di Costanzo (diputados del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente) coincidieron en que se estreguen los datos de acuerdo con la Ley de Transparencia.

El investigador Márquez comenta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe abrir un expediente para analizar las irregularidades dentro de la PGR, concretamente la falta de averiguaciones. “No es un tema de agenda, es una competencia legal. Salvador Vega Casillas tiene una responsabilidad asignada en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Si ellos incumplen la ley, ¿ante quién los denunciamos? No es una cuestión política”.

Contralínea solicitó entrevista a la PGR y a la SFP. Rocío Cabrera, vocera de la Procuraduría, informa que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y por ende su titular Patricia Bugarín Gutiérrez, no está ofreciendo declaraciones. Moisés Ciriaco Salvador, director de Análisis de Prensa y Publicidad, dice que la facultad de la Secretaría es “bastante” limitada y que por el momento no es tema al interior.

Delincuencia organizada, en la impunidad

La Procuraduría no sólo habría fallado en investigar los homicidios supuestamente vinculados con la “guerra” contra el narcotráfico; también, en la persecución de los delitos del crimen organizado, que sí son del fuero federal, revelan los informes entregados a este semanario por la dependencia.

De acuerdo con la respuesta a la solicitud 0001700045411, hay sólo 6 mil 196 averiguaciones previas por violaciones previstas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (delitos contra la salud, delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita, privación de la libertad y robo de vehículos, principalmente). En diciembre de 2006, 44 investigaciones; en 2007, 1 mil 217; en 2008, 1 mil 165; en 2009, 1 mil 505; en 2010, 1 mil 950; enero y febrero de 2011, 315.

Con Calderón, 22 mil mdd anuales........

Economía mexicana-Fisgón

Patadas debajo de la mesa-Rocha

Catapulta-Hernández

• Hay que evitar otro fraude electoral como el de 2006, afirma el político tabasqueño

Llama AMLO a fortalecer el Morena para llegar con fuerza a los comicios

• Pide olvidar el voto nulo, inducido desde arriba para quitar el entusiasmo a la gente

Andrés Manuel López Obrador convocó a fortalecer el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para llegar con fuerza a las elecciones de julio de 2012. Es decir, que se tenga mucha organización para que no se pueda cometer otro fraude electoral como en 2006, y lograr que en México haya un nuevo pacto social para conseguir la transformación del país.

En su mensaje semanal en tiempos oficiales del Partido del Trabajo, asentó que los cambios se tienen que dar por la vía pacífica y electoral. “Nada de estar pensando en el voto nulo, en no participar, en todo esto que está también inducido desde arriba para quitar el entusiasmo a la gente.

“Nosotros –agregó el ex candidato presidencial– debemos pensar en participar y hay que utilizar la vía electoral. Hay que prepararnos para que se den los cambios en 2012.”

Recordó que el movimiento que encabeza es, ha sido y seguirá siendo pacífico. Consideramos que la violencia no nos conduce a nada nuevo.

Llamó a hombres y mujeres “de buena voluntad a que participen. Nosotros –agregó– no excluimos. En nuestro movimiento hay ciudadanos de todas las clases sociales, de todas las religiones y de todas las corrientes de pensamiento.

Es para ayudar a los pobres, a los necesitados, pero también para mejorar la situación económica, social, de integrantes de clases medias, a quienes hizo un llamado especial para que hagan un análisis sereno de su triste realidad, de cómo afectó su nivel de vida el proyecto neoliberal.

Apuntó: Es indignante que 92 por ciento de mexicanos gane menos de 8 mil pesos mensuales, mientras sólo unos cuantos lo tienen todo: residencias, aviones, helicópteros, yates. “Hay magnates mexicanos que tienen yates hasta de 150 millones de dólares, que ya ni siquiera navegan en los mares de México; están anclados en los puertos de Europa para cuando llegan con alguna frecuencia sus dueños y van a pasear al Mediterráneo, al Mar del Norte u otros.

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Wikileaks en La Jornada

EU sospechaba que Chávez Chávez ayudó a narcos en Chihuahua

• Criticó la negligencia con que el ex procurador atendió feminicidios en Juárez

Estados Unidos sospechaba que durante su desempeño como procurador de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez ofreció una “‘mano de ayuda’ a ciertas figuras de un cártel”.

En un cable enviado el 21 de septiembre de 2009, cuatro días antes de la ratificación de Chávez Chávez como procurador general de la República, el embajador Carlos Pascual firmó el despacho que se refiere a la cuestionada actuación del funcionario frente a los asesinatos de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez:

“El difícil entorno local que enfrentó en los años noventa (en Chihuahua) pone los cargos en contexto –algunos de nuestros informes de ‘fuentes no públicas’ en ese momento también relatan un episodio en el que Chávez ofrece una ‘mano de ayuda’ a ciertas figuras de un cártel–, pero nada de eso refuta las acusaciones de errores graves” (cable 09MEXICO2759).

Una semana antes, en el despacho 09MEXICO2701, el mismo Pascual había calificado a Chávez de soldado de a pie, y en la nueva entrega insistía en que, aun con los votos suficientes en el Senado mexicano, la reacción (a su nombramiento) de las comunidades de derechos humanos de Estados Unidos y México será negativa.

Cualquiera fuese el resultado, Pascual estaba seguro de que el nuevo abogado de la nación tendría un margen de acción estrecho: No hay manera de que Calderón permita a cualquier procurador general retroceder en la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente cuando necesita nuestra ayuda para obtener resultados.

Cuando el presidente Felipe Calderón propuso a Chávez como remplazo de Eduardo Medina Mora, la embajada realizó, según se desprende del cable, una búsqueda en los archivos de varias agencias de seguridad de EU. El resultado fue una impresión general positiva de Chávez durante su periodo como procurador de Chihuahua a principios de los noventa (1993-1996).

Los detalles: en ese entonces, Chávez trabajó en estrecha colaboración con las autoridades de EU y fue uno de los preferidos de la FBI, la DEA y otros en El Paso y en el EPIC (El Paso Intelligence Center)".

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Wikileaks en La Jornada

“La presión del gobierno contra los cárteles engendró más violencia”: García Luna

• El titular de SSP hizo la afirmación en una reunión con Negroponte, dice un cable

¿Se cree al gobierno de México cuando habla en público o cuando lo hace en privado?

Habla Alejandro Poiré, alguna vez asesor de Elba Esther Gordillo y ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional: Se rechaza categóricamente la apreciación de que en México, por definición, un mayor esfuerzo en la aplicación de la ley por parte de la autoridad tendrá como resultado un incremento en la violencia de los narcotraficantes.

Toma la palabra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública: “La presión del gobierno de Calderón contra los cárteles al principio de este año (2007) engendró más violencia” (cable 07MEXICO6043 de la embajada de Estados Unidos en México).

La airada arenga de Poiré fue lanzada apenas el 31 de mayo pasado, ante cámaras y micrófonos. García Luna habló en una reunión a puerta cerrada, cuando se cumplían 11 meses del gobierno de Felipe Calderón, ante un embajador estadunidense muy conocido en América Latina: John Dimitri Negroponte.

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Wikileaks en La Jornada

Embajada niega que mexicanos entrenados por el Pentágono se unan a Los Zetas

Blanche Petrich

Entre los cerca de 5 mil militares mexicanos entrenados por el ejército de Estados Unidos de 1996 a agosto de 2009, un proceso de revisión y cruce de datos exhaustivo detectó que sólo uno de esos becarios, el ex teniente de infantería de tropas especiales Rogelio López Villafaña, desertó para incorporarse a la organización delictiva de Los Zetas. Su nombre apareció en investigaciones judiciales relacionadas con un intento de asesinato, en enero de 2008, del entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos. López Villafaña fue arrestado en ese tiempo.

(En noviembre de ese año Santiago Vasconcelos murió en el accidente aéreo en que también falleció el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.)

Según el cable diplomático 09MEXICO2473, clasificado secreto y sólo para uso interno, filtrado por Wikileaks a La Jornada, este ex militar se retiró del Ejército luego de cumplir 20 años y ocho meses de servicios; perteneció a una unidad de tropas especiales y recibió entrenamiento para operativos antinarcóticos en la base del Pentágono en Fort Bragg. “Es posible –reconoce este despacho, redactado y firmado por el entonces encargado de negocios de la embajada en México, John Feeley– que este desertor hubiera participado en algún otro programa de entrenamiento en Estados Unidos previo a su ingreso en la base de datos de la Oficina de Coordinación con el Departamento de Defensa de la embajada o de Fort Bragg".

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Wikileaks en La Jornada

Perturbó a EU pasividad militar ante atentados en la frontera

Febrero de 2007. Felipe Calderón ensaya su estrategia contra el crimen organizado con un fuerte ingrediente militar. A las ciudades norteñas de Monterrey, Nuevo Laredo y Matamoros llega una fuerza combinada de 3 mil 300 soldados y policías federales. Es la Operación Conjunta Noroeste. El narco de la región, donde reinaba en ese momento el cártel del Golfo, con Los Zetas operando como su brazo armado, contrataca: dos días después del arribo de la tropa –19 de febrero– un comando de sicarios ataca el vehículo del diputado federal y ex alcalde de Nuevo Laredo Horacio Garza Garza y mata a su chofer. El legislador sobrevivió.

Es el principio de la contraofensiva. Al consulado estadunidense en Monterrey no le cabe duda.

Los despachos que se envían desde los consulados de Estados Unidos en la franja fronteriza tamaulipeca –Nuevo Laredo y Matamoros, principalmente– son pocos y, a diferencia de la nutrida información que genera la misión consular en Monterrey, los textos son escuetos en información y pobres en análisis.

Desde la capital regia, precisamente, llega al Departamento de Estado la primera reacción de lo ocurrido en Nuevo Laredo, en un cable en el que se destaca la pasividad de las fuerzas del orden ante los golpes de las organizaciones criminales. Particularmente a partir de la contraofensiva del cártel del Golfo y Los Zetas ante el incremento de presencia militar, de lo que se habla es de impunidad. Nos preocupa que los responsables de estos asesinatos no sean arrestados ni perseguidos, expresa el ex cónsul en Monterrey Luis Moreno en el cable 07MONTERREY130 (97717).
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Ordena la Corte a la STPS no interferir en los procesos internos de los sindicatos

• Pendiente, la solicitud de amparo presentada por el sindicato de mineros

En votación dividida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que la toma de nota de los sindicatos por parte de las autoridades laborales debe limitarse a la verificación de los requisitos estatutarios, sin revisar lo que haya resuelto la asamblea sindical, por lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo podrá negar el registro o toma de nota a una dirigencia sindical sin hacer pronunciamiento sobre la validez, cuando falte alguno de los requisitos indicados en los estatutos de los sindicatos.

De esta manera, con el apoyo de la mayoría de ministros (seis votos a cinco) el pleno aplazó la revisión del amparo presentado por el sindicato minero, en el que impugna la decisión de la STPS de negar la toma de nota a la dirigencia sindical que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Como lo adelantó este medio, el proyecto de dictamen elaborado por Sergio Aguirre Anguiano planteaba negar el amparo al sindicato minero ante la negativa de la autoridad laboral a entregar la toma de nota. Fuentes judiciales consultadas dieron por un hecho que igualmemnte su nuevo documento negará el amparo.

Fernando Franco, quien fue subsecretario del Trabajo del 8 de diciembre de 2000 a 15 de enero de 2005, se declaró impedido para conocer del amparo –o cual fue avalado por el pleno.

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• Productores alertan sobre el brote de hambrunas entre indígenas

Pese a la grave sequía, la Sagarpa dice que todo va como estaba planeado

La sequía que enfrenta el país es ya comparable a la ocurrida en 1998, cuando se presentaron más de 14 mil incendios forestales y amplias zonas fueron devastadas, tanto que aún se encuentran en recuperación.

Según Javier Espinosa, director de Proyectos de Estadística Climatológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los pasados nueve meses las lluvias han sido menos de una tercera parte de lo normal.

Esto anticipa retrasos en la siembra de maíz y daños a la ganadería. Ya son nueve meses, a partir de octubre, con lluvias por debajo del promedio, apuntó.

Pero el subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Mariano Ruiz Funes, afirmó que habrá abasto suficiente de maíz y de otros granos básicos pese a la escasez de agua. Sostuvo que los pronósticos científicos aseguran que se normalizarán las lluvias en el país; hay que esperar hasta el 15 de julio para tener certeza al respecto.

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Denuncia relator de la ONU que ricos acaparan los recursos de Procampo

• Lamenta la situación de México, que enfrenta altos niveles de pobreza y a la vez de obesidad

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, hizo un llamado al gobierno mexicano para reformar Procampo, ya que actualmente 10 por ciento de los productores más ricos reciben 45 por ciento de los apoyos del programa, y pidió llevar a cabo una tercera reforma agraria, que no significa nueva distribución de tierra, sino acceso al crédito y reorientación del gasto público agrícola hacia los más pobres.

De Schutter demandó al gobierno mexicano que declare una moratoria sobre los ensayos de campo de maíz transgénico y renuncie a introducir ese cultivo en el país, pues su introducción en México plantea una grave amenaza para la biodiversidad agrícola, recurso crucial en el futuro frente a las amenazas y cambios impredecibles causados por el cambio climático. Al finalizar una visita al país, el relator advirtió que México enfrenta una epidemia preocupante de sobrepeso y obesidad, por lo que debería declararse un estado de emergencia al respecto, ya que siete de cada 10 personas padecen obesidad. Esta gente vivirá enferma, en promedio, 18.5 años de su vida, y los costos en salud en 2008 para ese sector ascendieron a 67 mil millones de pesos.

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Peligroso, defender derechos humanos en México, denuncia el Centro Digna Ochoa

• Señala que en México existe una guerra contra la gente y sus luchas por una vida digna

Hermann Bellinghausen

Enviado

San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de junio. La defensa de los derechos humanos es hoy en nuestro país un trabajo peligroso, sostuvo el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO). Los que trabajan en asuntos relacionados con el medio ambiente, los derechos de mujeres, campesinos, periodistas, migrantes e indígenas, diariamente reciben amenazas a su integridad física y sicológica, y la de sus familias. La situación cada día va empeorando.

El centro, que labora en la costeña ciudad de Tonalá, anunció hoy una campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y criminalización a defensores y luchadores sociales en México, que se iniciará el próximo jueves 23. Demandó también cese a la persecución contra su director, Nataniel Hernández Núñez, debida principalmente al acompañamiento del organismo a las protestas del Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa, adherente de la otra campaña.

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Astillero

• Tentaciones familiares
• La señora Margarita
• Hank, listo para BC
• Más golpes a periodistas

Julio Hernández López

La más que evidente carencia de cuadros panistas con potencia electoral, y el sabido gusto extremo de Felipe Calderón por las sorpresas y torcimientos, ha hecho resaltar a últimas fechas la eventual condición competitiva de su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, como una carta falsamente oculta que por necesidades del servicio se pudiese ver impelida a pelear por un cargo en los próximos comicios, ya fuera para mantener el ajuar familiar por seis años más en los armarios de Los Pinos o para fortalecer el muy acariciado proyecto felipista de terminar con la hegemonía perredista en el Distrito Federal.

A las especulaciones sobre esa maniobra conyugal dio cuerpo Jacobo Zabludovsky en días pasados en su columna de El Universal, al hacer un recuento de las ventajas de una candidatura de la señora Zavala a la Presidencia de la República y mencionar con fundamentos ajedrecísticos que, como en las grandes partidas, el rey tiene su mejor defensa y ataque en la reina. A juicio del periodista, la postulación de la esposa de Calderón es, para ser exactos, la más sólida posiblidad, tal vez la única, de que el PAN retenga la Presidencia. El texto cierra con una petición directa: Dele permiso, don Felipe.

Además de la sabida y reiterada vocación de las familias Calderón y Zavala para ocupar puestos públicos y encontrar acomodo en las listas partidistas de candidaturas a cargos de representación popular, la hipótesis de una postulación de la señora Margarita tiene sustento en el hecho cierto de que los panistas no parecen contar con un aspirante no familiar para la máxima contienda de 2012, pues el presunto delfín felipista, el secretario de Hacienda, no solamente no crece en términos políticos, sino además se ha especializado en producir declaraciones torpes y desmedidas que acaban lesionando su de por sí escuálido capital político.

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México SA

• Capitales: crece la exportación
• Con Calderón, 22 mil mdd anuales
• Inversión creciente (fuera del país)

Carlos Fernández-Vega

A los tecnócratas del Banco de México no les gusta llamarle pan al pan (el que se come), ni vino al vino. Mucho menos fuga de capitales a la fuga de capitales, porque esta última ellos la denominan exportación de recursos, aunque se supone que cuando alguien exporta algo es para obtener un beneficio concreto (dinero, por ejemplo), y en el caso documentado ayer por La Jornada de plano no se ve por dónde el país pueda concretar cualquier ganancia, por mínima que sea.

Es la institucionalizada política del avestruz, pero por mucho que le den vueltas a uno u otro tema los hechos siempre son mucho más drásticos que la jerigonza tecnocrática. Resulta que la exportación de capitales mexicanos crece a paso veloz, y en este sentido los mexicanos con mayor capacidad económica enviaron más de 93 mil millones de dólares al exterior durante el gobierno en curso para ser depositados en bancos, como inversión directa o para su colocación en otros activos en diversos países, indican informes del Banco de México. El envío de recursos al exterior bajo estas tres formas significó que 94 de cada 100 dólares que ingresaron a México por las remesas de mexicanos que trabajan en el exterior volvieron a salir del país en el mismo periodo. El monto de las remesas fue de 98 mil 801.6 millones de dólares en los 17 trimestres transcurridos entre 2007 y 2011 (La Jornada, Juan Antonio Zúñiga).

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Dinero

• Hank no tiene ni idea de por qué lo detuvieron
• No comparte la idea de la conspiración panista
• Las reformas que vienen

Enrique Galván Ochoa

Carlos Hank Rhon dice que no tiene ni idea de por qué fue detenido –primero por el gobierno federal y luego por el de Baja California. Pero lo trataron muy bien, tanto sus aprehensores como los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Contra tal afirmación cuenta esta confesión: perdió ocho kilos de peso durante la prisión que comenzó la madrugada del día 4 de junio y duró 10 días. Y se le borró el casete. Según sus propias palabras, no recuerda los detalles. Primero lo aprehendió un comando armado de soldados, un juez lo liberó, y cuando se suponía que sería entregado a su familia, fue reaprehendido por agentes de la Procuraduría de Baja California. Esta semana va a reunirse con sus abogados para que le expliquen cuál fue el fundamento jurídico de su detención. ¿Tuvo su encarcelamiento la finalidad del gobierno panista de acalambrar a políticos priístas? Hank Rhon no lo cree, piensa que todos somos mexicanos y hubiera sido una bajeza usar de ese modo a un partido contra otro. En cuanto a las armas que encontraron en su casa asegura que no eran de su propiedad. Él tiene contratados los servicios de una corporación de seguridad municipal, en todo caso, las armas son de su responsabilidad. Si alguna persona fue asesinada con alguna de ellas, es completamente ajeno. En una rueda de prensa en el casino del Hipódromo Aguacaliente, de Tijuana, ayer a mediodía, el empresario de los juegos de azar atendió todas las preguntas que le hicieron. Unas las esquivó, otras las contestó con sarcasmo, y algunas con un toque de cinismo. Estuvieron presentes su esposa, María Elvia Amaya –que acaba de librar una grave enfermedad–, a quien no dejó de agradecer su solidaridad. No mencionó a políticos priístas de alta jerarquía, al parecer lo abandonaron a su suerte; sin embargo, dijo que estuvo en frecuente contacto con su hermano Carlos, presidente del grupo financiero Interacciones. También asistieron dos de sus numerosos hijos. ¿Y qué sigue? ¿Piensa participar en la elección de gobernador en 2013, un año después de la presidencial? Si lo invita el PRI está más que dispuesto, porque seguirá viviendo en Baja California. Me quedé con la impresión de que varias preguntas que le hicieron algunos representantes de la prensa local fueron preparadas con anticipación para su lucimiento. No todas: una compañera le preguntó si tenía miedo de volver a la cárcel. Repuso que se dedica a un negocio de alto riesgo, todo puede suceder. Al final, hasta con un aplauso lo despidieron.

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El opaco bicentenario

Ayer, la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Esthela Damián Peralta, informó que permanecen abiertos los expedientes por el probable desvío de fondos en los festejos oficiales por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, así como en torno a los dudosos manejos gubernamentales en el caso de la llamada licitación 21 y la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

A reserva de abordar en otro momento los temas del otorgamiento de concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de las implicaciones y consecuencias del decreto presidencial del 11 de octubre de 2009, que extinguió la paraestatal y dejó en el desempleo a unos 44 mil trabajadores, es pertinente recordar ahora el extremo desaseo con el que se administraron los recursos correspondientes a la conmemoración histórica, hasta el punto de que nadie, fuera del gobierno, tiene una idea precisa de cuánto dinero público se gastó.

Sólo en los festejos del 15 y 16 de septiembre del año pasado, según cifras oficiales proporcionadas por Alonso Lujambio, responsable general de los festejos, fueron invertidos 667 millones de pesos; los costos de la estela de luz que aún se construye en Paseo de la Reforma y Lieja –y debió ser inaugurada en septiembre del año pasado– han pasado de los 393 millones de pesos inicialmente presupuestados a cerca de 800 millones, y aún no se concluye la fase de cimentación del cuestionado monumento, en tanto la Expo Guanajuato Bicentenario consumió mil 100 millones de pesos de dinero público.

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De la movilización al movimiento: ¿cuestión de agendas?

Magdalena Gómez

La trascendencia de la Caravana del Consuelo ha sido ampliamente analizada: el enorme acierto de colocar la mirada en las víctimas y sus familias, que también lo son. Las voces de los sin voz que se escucharon en el amplio recorrido en ruta hacia Ciudad Juárez, el epicentro del dolor, como bien lo han definido. En todo ello Javier Sicilia se convirtió en el emblema al fundir su duelo en el de todas y todos a quienes de manera directa les ha golpeado la brutal e irresponsable guerra, porque los verdaderos daños colaterales los está sufriendo la sociedad entera. La caravana, por tanto, vale por sí misma y forma parte ya de la historia social de nuestro país. Importa dejar clara esta valoración incuestionable porque parece necesario ahora colocar la reflexión en los desafíos e incluso contradicciones y riesgos que se perfilan al transitar hacia la construcción de un movimiento. ¿Con qué alcances? Cual parteaguas premonitorio, la reunión organizada el pasado 10 de junio en Ciudad Juárez concluyó con una serie de planteamientos que provocaron el desconcierto primero y rechazo explícito después por parte de Javier Sicilia y los copromotores más cercanos. Los puntos divergentes más fuertes se centraron en la petición del retiro inmediato del Ejército, el juicio político a Felipe Calderón, elemento que daba cuenta de una posición de no diálogo. Con ello se desató una campaña de ciertos medios descalificando a los supuestos duros, radicales, fundamentalistas.

Es ciertamente preocupante el argumento de que el plan que se firmaría, el verdadero, era el anunciado en el Zócalo el pasado 8 de mayo, con seis puntos que ahora vemos que eran no negociables. Y lo es porque ese mismo día se informó que eran la base para que se diera una amplia discusión. En esa lógica la Asamblea Juarense por la Paz con Justicia y Dignidad se pronunció, entre otros puntos, por: 4. Que la desmilitarización del país sea una demanda que no tenga margen de negociación. De eso depende el alto al derramamiento de sangre que atestiguamos cotidianamente 5. Que las seis exigencias que el Movimiento Nacional Ciudadano propone sirvan para dar sustento a los debates e intercambios en Juárez y a los cuales puedan agregarse otra serie de demandas (30 de mayo de 2011).

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La diferencia se llama Encinas

Pedro Miguel

Hace 11 años el Partido Revolucionario Institucional tuvo una oportunidad irrepetible para dejar de ser una excrecencia mafiosa del poder público y convertirse en un partido político. Ante un gobierno legítimo, pero bisoño, torpe y abiertamente reaccionario, el PRI habría podido redefinirse como una fuerza opositora socialdemócrata, dejar las cadenas de complicidad y corrupción en las oficinas públicas federales que se veía obligado a abandonar, romper con el modelo neoliberal que él mismo había impuesto 12 años antes y erigirse en defensor de instituciones forjadas bajo su reinado, sí, pero como resultado de movilizaciones, presiones y reivindicaciones populares: Pemex, la CFE, el IMSS y el ISSSTE, Luz y Fuerza. Semejante transformación habría dado lugar a una verdadera transición democrática en el país y habría obligado al foxismo a gobernar con un mínimo respeto a la legalidad vigente.

No se pudo o no se quiso. Los líderes priístas en sus diversas vertientes optaron, en cambio, por consolidar sus alianzas oscuras con los poderes fácticos locales, nacionales y transnacionales y por refrendar, sobre la base de la impunidad, el cogobierno de hecho con el panismo, forjado durante el salinato y consolidado en el zedillato. Quienes en 2000 decían buscar una versión mexicana del Pacto de la Moncloa omitían el hecho de que el equivalente ya se había generado: fue el consenso transpartidista entre el Revolucionario Institucional y Acción Nacional para mantener, contra viento y marea, el modelo económico de la Revolución Conservadora, agravado por tres componentes locales: el caudillismo mafioso, la corrupción endémica y la inveterada violencia de Estado contra la población. El foxismo aprovechó la revuelta electoral ciudadana contra el régimen no para transformarlo, sino para perpetuarlo. Seis años más tarde, la ciudadanía volvió a rebelarse contra el poder público, y como para entonces ya no hubo forma de engatusarla con un candidato del cambio, se recurrió al fraude simple y brutal.

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PGR, bajo la lupa de Seguridad Pública

Acusaciones de soborno y extorsión habrían desatado un operativo de espionaje al interior de la Procuraduría General de la República, revelan fuentes del gobierno federal. Por órdenes directas de Felipe Calderón, el secretario García Luna habría intervenido las comunicaciones de subprocuradores, fiscales, ministerios públicos y reconocidos despachos de abogados en busca de pruebas que acreditaran los supuestos hechos de corrupción. En el conflicto se vieron inmiscuidas dos secretarías de Estado, la PGR y la Presidencia.

Nancy Flores

A solicitud del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de Seguridad Pública federal habría intervenido las comunicaciones de subprocuradores, fiscales y ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de reconocidos despachos de abogados, en busca de evidencias que confirmaran presuntos hechos de corrupción.

La orden presidencial para ejecutar una “labor de inteligencia” de alto nivel se habría dado a mediados de 2010 y se derivaría de un conflicto interinstitucional que involucraba a la PGR, entonces encabezada por Arturo Chávez Chávez, y a la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Salvador Vega Casillas.

La pugna implicaba no sólo acusaciones mutuas de sobornos y extorsiones, sino expedientes de investigación abiertos en ambas dependencias en contra de servidores públicos de primer orden en activo, incluyendo al secretario de Estado.

Fuentes de la Función Pública confirman que la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores todos los estados financieros de Vega Casillas y de su cónyuge, Gladis López Blanco (recientemente acusada en varios medios de comunicación de, supuestamente, haber participado en una extorsión a gasolineros).

Aunque dicen que el secretario no ha sido llamado a declarar por ningún caso, afirman que “todos los funcionarios del gabinete tienen expedientes abiertos en la PGR”.

Y no obstante que los informantes aseguran desconocer el conflicto que habrían protagonizado con la PGR, reconocen que la Secretaría de la Función Pública sí investiga los supuestos fraudes en los que estarían involucrados los subprocuradores, fiscales y ministerios públicos de la Procuraduría, blancos del espionaje orquestado desde la Secretaría de Seguridad Pública. También admiten que el Órgano Interno de Control mantiene los expedientes abiertos que implican a más de 60 funcionarios y exfuncionarios.

A su vez y desde 2009, la Procuraduría General investigaba al secretario Vega Casillas. Ello, derivado de una denuncia de empresarios gasolineros en contra de su esposa, extitular de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y de otros funcionarios supuestamente coludidos en una red de corrupción que los habrían extorsionado.

Y es que Gladis López Blanco se desempeñó como titular de esa Subprocuraduría de diciembre de 2006 a marzo de 2008, el mismo lapso en el que habrían sucedido los supuestos cobros ilegales de cuotas de hasta 50 mil pesos mensuales por cada estación de servicio.

Ese mismo caso fue denunciado ante la Función Pública, expediente DE/026/2008. La institución, sin embargo, determinó que no había elementos para fincar responsabilidades. Según las fuentes de la dependencia, en el caso de López Blanco no hubo conflicto de intereses: ella renunció a la Subprocuraduría de Verificación de la Profeco dos meses después de que Vega Casillas dejara el cargo de subsecretario para asumir la titularidad de la Secretaría de la Función Pública; mientras que este último se excusó de conocer la indagatoria en contra de su esposa que resolvieron sus subordinados. “De eso hay documentos firmados por el secretario que lo prueban. Él nunca pidió que se resolviera en ningún sentido”, afirman.

Intervención presidencial

El nivel de confrontación entre las dos dependencias llegó a tal punto que se necesitó la intervención del presidente para no poner en riesgo las principales estrategias de su administración, aseguran fuentes del gobierno federal consultadas por Contralínea que solicitan el anonimato por temor a represalias.

Por diferentes vías, Calderón Hinojosa habría recibido pruebas de las investigaciones que se llevaban tanto en la PGR como en la Función Pública por supuestas extorsiones, intentos de sobornos, fraudes contra el erario, entre otros actos de corrupción.

El uso de las instituciones para “atacarse” entre sí aunado a la falta de colaboración entre ambas dependencias para resolver problemas prioritarios del país fueron los detonantes de la participación del presidente, quien habría ordenado a García Luna la “labor de inteligencia” en la PGR. Al tiempo, habría solicitado a Chávez Chávez realizar una investigación interna.

En los meses siguientes, mientras Calderón Hinojosa afianzaba su relación con Vega Casillas, ahondaba sus diferencias con el entonces abogado de la nación.

La “labor de inteligencia”

El operativo coordinado por García Luna inició a mediados del año pasado, y aunque su primer objetivo fue el entonces titular de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, Samuel Hernández de Alba, pronto se extendió.

La intervención de las comunicaciones –hecha con la tecnología de la Plataforma México– habría alcanzado al entonces subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel; a Juan Carlos Rincón, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; al ahora exfiscal de Delitos Financieros, Julio Alejandro Oliva Saldaña, y a todos los subordinados de éstos.

Poco a poco, los servidores públicos fueron cayendo. Con la llegada de la procuradora Marisela Morales Ibáñez, el pasado 28 de abril Germán Rangel presentó su “renuncia”.

No obstante, el cisma en la Procuraduría ya se había hecho visible a fines de 2010: el 16 de diciembre, Oliva Saldaña fue detenido y remitido al Reclusorio Norte del Distrito Federal “por falsificar documentos para obtener un crédito hipotecario del Fovissste [Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado]”. De acuerdo con las fuentes de la Función Pública, Oliva Saldaña obtuvo su libertad bajo fianza y actualmente es considerado prófugo de la justicia.

Juan Carlos Rincón y Hernández de Alba, actualmente sujetos a investigaciones ministeriales por presuntos hechos de corrupción, fueron cesados de sus cargos el 9 de marzo por “no acreditar los exámenes de confianza” que se aplican constantemente a los servidores públicos. Veintidós días después, Arturo Chávez Chávez presentaba su renuncia como procurador General, tras un largo periodo de alejamiento del presidente.

En marzo, la prensa nacional –destacadamente el diario La Jornada– empezaba a revelar algunas de las indagatorias que derivaron en esa crisis. De acuerdo con los reporteros Alfredo Méndez y Gustavo Castillo (24 de marzo de 2011), la visitaduría de la propia PGR investiga a los exfuncionarios “por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho y otras conductas que violan normas penales y administrativas, derivado del ejercicio de sus funciones”.

Aunque la información que trascendió a los medios se centró en unos supuestos fraudes y quebrantos patrimoniales contra la Sociedad Hipotecaria Federal –cometido por constructoras y sociedades financieras de objeto limitado– y contra el Fovissste, el fondo era el conflicto interinstitucional, que ya estaba mermando en las principales políticas de la administración federal, explican las fuentes del gobierno federal.

Espionaje contra abogados

De acuerdo con los informantes consultados por Contralínea, las conversaciones de los exfuncionarios de la PGR sí habrían acreditado actos de supuesta corrupción.

Con estas “pruebas”, el presidente Calderón habría ordenado la purga al interior de la Procuraduría General, que tendría su clímax con la salida de Chávez Chávez el pasado 31 de marzo. Las investigaciones abiertas podrían alcanzar al propio exprocurador.

Aunque el cisma en la PGR se ha tratado de encubrir con asuntos menores, el secretario García Luna y un reducido círculo cercano al presidente conservarían los testigos de las intervenciones de comunicaciones. En uno de ellos se evidenciaría, incluso, un intento de soborno a la esposa del secretario Vega Casillas, para frenar “la investigación [que] estaba muy caliente”.

Además, indican las fuentes consultadas, constarían conversaciones acerca de supuestos negocios extralegales entre los exfuncionarios Hernández de Alba y Juan Carlos Rincón y representantes de despachos de abogados. En la PGR, se investigan ya a algunos bufetes, entre ellos los de Francisco Riquelme, Alonso Aguilar Zinser, José Zapata y Felipe Gómez Mont, Carlos Requena y Rodolfo Pérez.

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

Negligencia en la PGR podría alcanzar a Felipe Calderón

Al ahora extitular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, se le podrían fincar responsabilidades penales por dejar de abrir investigaciones de cada uno de los miles de homicidios vinculados con la delincuencia organizada, aseguran legisladores. Incluso, el propio titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, podría enfrentar juicio político y ser denunciado ante la Corte Penal Internacional, explican especialistas. Las decenas de miles de asesinatos cometidos con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y relacionadas con delitos contra la salud, deberían ser investigadas de oficio –como establecen las leyes– por el Ministerio Público federal, algo que se dejó de hacer por negligencia e incapacidad.

Isabel Argüello

La “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico había provocado la muerte de 34 mil 612 personas hasta diciembre de 2010. A la cifra oficial habrán de sumarse los más de 3 mil casos ocurridos en lo que va del año.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales, ninguno de los asesinatos puede dejar de investigarse, y para ello debe existir cooperación entre las autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR), como Ministerio Público Federal.

Sin embargo, el órgano de procuración de justicia no ha tenido la capacidad de administrativa de hacer frente a las decenas de miles de asesinatos cometidos durante los más de cuatro años de gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con el legislador panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, la PGR ha levantado averiguaciones previas de apenas el 7 por ciento de los casos (alrededor de 2 mil 600). El senador justifica la cifra, pues, considera, los demás casos deben ser abordados por las autoridades locales.

Sin embargo, legisladores de oposición y abogados consideran que por estas “omisiones” se le podrían fincar responsabilidades penales a los titulares de la Procuraduría durante lo que va del calderonismo: Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez.

En junio de 2010, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y la PGR dieron, de manera conjunta, las cifras de muertos del combate contra el crimen organizado ocurridas hasta esa fecha. Los datos oscilaron entre los 28 mil y 31 mil.

Entonces, la PGR buscó “justificarse”. Argumentó que la “presunción” de que los homicidios están relacionados con el crimen organizado ?boletín 740/10? no basta para que intervenga en la investigación; tampoco, si se relacionan jurídicamente con delitos federales. Los artículos 73 constitucional y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen la facultad de la PGR para atraer los casos en los que existe un homicidio de personal diplomático, servidores públicos federales, policías o elementos de las Fuerzas Armadas; pero no es aplicable para el resto de la población, interpretó. “Cuando se trata de civiles inocentes, la facultad de investigación corresponde a las autoridades locales”, justifica el boletín de junio de 2010.

Sin embargo, el abogado Sergio Méndez Silva, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), indica que sí correspondería a la PGR las investigaciones de los cerca de 35 mil ejecutados. Agrega que, de no integrarse las averiguaciones, los servidores públicos sí tienen responsabilidad administrativa, política, civil y penal, “incluyendo al propio presidente de la República”.

El legislador panista Santiago Creel Miranda, integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, reconoce que cada caso debe evaluarse porque, “en algunos, no se actúa como lo marca la Constitución”.

Desde enero de 2011, en la página de la Presidencia de la República se presenta la Base de datos de estados y municipios sobre homicidios presuntamente relacionados a la delincuencia organizada, en la cual se cuantifica la muerte de 34 mil 612 personas (546 agresiones, 3 mil 153 enfrentamientos y 30 mil 913 ejecuciones).

Los estados que concentran el mayor número de homicidios son Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, 4 mil 387; Guerrero, 2 mil 739; Baja California, 2 mil 19; Durango, 1 mil 892; Michoacán, 1 mil 751; Estado de México, 1 mil 538; Tamaulipas, 1 mil 457; Sonora, 1 mil 258; y Jalisco, 1 mil 73.

Las estadísticas nacionales que proporciona la PGR en su página electrónica muestran que se iniciaron 514 mil 591 averiguaciones previas, entre 2007 y 2010, de las cuales 248 mil 367 son por delitos contra la salud (producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión, consumo y otros). No se detalla el número de casos por homicidios.

El artículo 4 de la Ley Orgánica de la PRG señala que a la Procuraduría le corresponde investigar y perseguir los delitos de orden federal, en la averiguación previa y ante los órganos jurisdiccionales. En el artículo 11, se indica que debe contar con unidades administrativas que atiendan las diferentes manifestaciones de la delincuencia organizada.

“El homicidio es un delito del fuero común. La primera responsable de hacer la investigación es la Procuraduría estatal; pero como tiene sus propios tiempos, va a depender de las características sociales o políticas de ese momento para que se ocupe de los casos o para que la PGR pueda atraerlos. El problema de los homicidios que estamos viendo producto de toda la violencia del narcotráfico es responsabilidad de las autoridades estatales, y en segunda instancia, sí de la Procuraduría federal”, expone Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en tiempos de paz, el Ejército sólo puede realizar actividades que tengan exacta conexión con la disciplina militar. No obstante, la Suprema Corte ha interpretado que es posible que el Ejército esté en las calles en circunstancias como las actuales.

“No existe la imparcialidad en el derecho, pues quienes interpretan las normas pueden llegar a concluir en función de sus intereses específicos y políticos. Hay impunidad absoluta. El Estado hace lo que le viene en gana: investiga sólo si quiere; no existe ningún tipo de control legal y queda en la impunidad la muerte de los civiles”, puntualiza Méndez Silva.

Al tratarse de delitos graves, corresponde a las autoridades ministeriales integrar las investigaciones de manera oficiosa y se toma en cuenta el contexto. Para el senador por el Partido de la Revolución Democrática René Arce Islas, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, “habrá que ver si en algún momento los casos han sido archivados sin ninguna averiguación al respecto. Hay que ver si lo están tomando como una especie de estadística. Eso sí sería muy delicado porque va en contra de la posibilidad de que aquí se persiga el delito, y eso habla de la impunidad que existe en el país”.

Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, calcula que el 93 por ciento de los homicidios es del fuero común. El legislador integrante de la bancada del Partido Acción Nacional se apresura a señalar que “el Estado mexicano no ha fallado”. Pero, reconoce, “han fallado leyes que no se cumplen”.

Agrega que la “guerra” contra el narcotráfico ha beneficiado también a los gobiernos de los estados. “La única estrategia que le funciona a los gobernadores es pedir Ejército y Policía Federal cuando se les aprieta con los criminales. Ése fue el acuerdo con el presidente”.

El priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, dice que no cuestiona que se haya decidido enfrentar al crimen organizado con la fuerza del Estado; pero sí, la manera en que se ha hecho.

Santiago Creel, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, indica que es necesario que tras la salida de Arturo Chávez Chávez de la PGR, “llegue un tipo que eche para fuera toda la escoria y meta personal nuevo para que funcione. No es el procurador el que falla, pero sí tiene que llegar un individuo que se dé cuenta de que no está caminando la Procuraduría”.

Antes de que presentara su renuncia, Contralínea solicitó entrevista con el entonces procurador Chávez Chávez a través de la Dirección General de Comunicación Social. Elisa Torres y Rocío Cabrera dijeron que, por cuestiones de “agenda”, quien daría la entrevista sería Ricardo Celso Nájera Herrera, titular del área. Sin embargo, hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

Juicio político, una opción

Para la diputada por el Partido de la Revolución Democrática Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo y a las instancias encargadas de la seguridad pública y nacional podrían enfrentar un juicio político por los muertos en “esta guerra absurda”.

“Al gobierno federal le ha faltado hacer un planteamiento integral de combate a la delincuencia organizada. No hay una estrategia; es un ataque con tintes políticos que sirvió para legitimar la estadía de Calderón en la Presidencia de la República. Pero como no se ha podido consolidar como un auténtico presidente de los mexicanos, ha tenido que utilizar al Ejército y a las Fuerzas Armadas para poder tener trato con los civiles.”

El título cuarto de la Constitución y el título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen el procedimiento ante el Congreso de la Unión para iniciar un juicio político y la declaración de procedencia. Este proceso sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el funcionario desempeñe su cargo y un año después de que concluya. El presidente goza de inmunidad y sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, pues se estima peligroso para la seguridad nacional el darle trato igualitario a quien representa el Estado nacional.

“Tendríamos que llevar al presidente de la República a un juicio político. Consideramos que habría que realizar la petición para que se le procese, pero por la composición de los grupos parlamentarios en el Congreso (237 diputados del Partido Revolucionario Institucional, 142 de Acción Nacional y 69 de la Revolución Democrática) no sería tan factible”, reconoce la legisladora Dolores de los Ángeles Nazares.

La perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero explica que el presidente de la República y su Procuraduría “se han metido en un gran lío” que podría derivar en una denuncia ante la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional, organismo multilateral, se creó luego de la Segunda Guerra Mundial. Su función es enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. El Estatuto Roma de 2002 establece responsabilidad penal a jefes de Estado, en forma individual, cuando se den violaciones graves a los derechos humanos. El fiscal de la Corte puede iniciar una investigación, siempre y cuando cuente con información previa y el testimonio de la víctima, su familia o una organización no gubernamental.

En el actual contexto de la “guerra” en México, suceden delitos que la Corte Penal Internacional investiga: asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, privación de la libertad física, tortura, desaparición forzada. En los crímenes de guerra, cometidos en conflictos armados internacionales e internos, se anexa el dirigir ataques contra la sociedad civil y causar daños a personas indefensas.

“En circunstancias como las nuestras, existe una guerra por la vía de los hechos porque hay grupos claramente diferenciados (bandas del crimen organizado, el Ejército Mexicano y la Policía Federal) que están en conflicto. Eso implica que no solamente Calderón tendría responsabilidad penal por crímenes de guerra, sino también los jefes de los cárteles del narcotráfico, porque nadie puede atentar en contra de civiles. En realidad, existe una guerra civil en este país y el crimen organizado es una insurgencia que controla políticamente amplias zonas del territorio nacional. Eso es gravísimo e implicaría que los grupos contendientes sean juzgados”, señala Sergio Méndez.

Para el abogado de la CMDPDH, existen candados porque México acepta la competencia de la Corte Penal Internacional sólo en casos específicos. Quienes tienen el poder mundialmente y respaldan a Calderón en esta guerra ilícita, agrega, no admitirán una intervención judicial de este tipo porque no les conviene a sus intereses. Así, lo que se ha denominado “daños colaterales” no ha sido sometido a investigación federal y tampoco se han fincado responsabilidades.

ASF reprueba a la PGR

En la auditoría de desempeño realizada a la PGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo fiscalizador de la Cuenta Pública encontró que de las 178 mil 409 averiguaciones previas levantadas durante 2009, apenas en el 21 por ciento (38 mil 724) se consignó un supuesto responsable

En la auditoría 09-0-17100-07-1086, se establece que “la ASF estimó que, de cada 10 casos, dos llegan a consignarse y uno recibe sentencia”.

“El proceso de investigación del delito es complicado. Los propios ministerios públicos se quejan porque tienen 48 horas para integrar una averiguación previa y eso es tiempo insuficiente; por eso, las figuras del arraigo para poder investigar. No todas las denuncias que se presentan por delito necesariamente proceden. Quien determina si se procede o no es el juez, no el Ministerio Público”, detalla el investigador Martín Barrón.

Según la Auditoría Superior, la Procuraduría no determinó el número de consignados y sentenciados; no evaluó la calidad en la integración de las averiguaciones previas ni la profesionalización de su personal. Tampoco dispuso de estrategias y metas para atender las “debilidades detectadas” en las visitas de supervisión y evaluación de las averiguaciones previas.

Fuente: Contralínea 227 / 3 de abril de 2011

"En su momento presentaré las pruebas del ofrecimiento de Calderón a Encinas":AMLO

Naucalpan estado de México, 31 de marzo. Andrés Manuel López Obrador reiteró que tiene pruebas de que Felipe Calderón "fraguó desde Los Pinos" la eventual alianza (entre PRD y PAN) y "estuvo de acuerdo en que Alejandro Encinas Rodríguez fuera candidato" de esa coalición, pero "las pruebas las voy a dar a conocer cuando lo considere necesario, porque tampoco le voy a hacer el juego al PRI, donde son igual de cochinos que el PAN".

En el segundo día de la gira que realiza por los 40 distritos electorales mexiquenses, se le mencionó en entrevista que Encinas afirmó que nunca tuvo contacto directo con Calderón, sólo con los panistas, a lo que López Obrador respondió: “Sí, pero desde luego que Calderón es el que está operando desde Los Pinos todo esto de la alianza… es el principal operador”.

Ante la insistencia de los reporteros para que hablara de las pruebas con las que cuenta, al término del mitin que encabezó en el distrito electoral 24 de la colonia Valle Dorado, de Naucalpan, manifestó: “Ya ustedes saben cómo son estas cosas; lo que puedo decirles es que tengo pruebas… Ya las van a conocer en su momento, cuando sea necesario.

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Marisela Morales, con el voto de EU: Wikileaks

• “Tiene excelentes relaciones con sus contrapartes de EU”, revelan cables en poder de La Jornada.

México, DF. Aunque todavía necesita pasar por la aprobación de la Cámara de Senadores, la abogada Marisela Morales Ibáñez ya tiene un voto: el de sus contrapartes en Estados Unidos. A finales de agosto de 2009, Morales fue incluida en la “lista corta” de posibles remplazantes de Eduardo Medina Mora, su nombre seguido de un solo comentario: “Tiene excelentes relaciones con sus interlocutores del gobierno de Estados Unidos”.

Propuesta por el presidente Felipe Calderón para ocupar el lugar que deja Arturo Chávez Chávez (el “soldado de a pie”) en la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales aparece mencionada así en el cable 09MEXICO2556, enviado por la embajada estadunidense al Departamento de Estado, con la clasificación de confidencial.

Además de analizar escuetamente sus cualidades (en realidad una: sus “excelentes relaciones” con los estadunidenses), Morales aparece en el cable como una funcionaria que entrega a sus contrapartes información de primera mano.

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• Exigen que Calderón aclare por qué removió del cargo al procurador Chávez

No ratificaremos de inmediato el nombramiento, advierten senadores de PRI, PRD y PT

Las principales fuerzas políticas en la Cámara de Senadores advirtieron que no ratificarán el nombramiento de Marisela Morales como nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR) mientras el gobierno de Felipe Calderón no aclare el porqué de la salida del hasta ayer procurador Arturo Chávez Chávez.

En tribuna, el coordinador del PT, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que el Senado no puede permitir que el jefe del Ejecutivo convierta a la PGR en una agencia de persecución político-electoral.

Por otra parte, en entrevista, el senador Fernando Castro Trenti, del PRI, advirtió que se requiere que Calderón precise si removió a Chávez Chávez porque no se prestó al manipuleo político-electoral en las recientes campañas para gobernador en Guerrero y otras entidades.

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Wikileaks en La Jornada

• "Tiene excelentes relaciones con sus contrapartes de EU", revela cable confidencial

Falta el aval del Senado, pero ya votó Washington por Marisela Morales

Aunque todavía necesita pasar por la aprobación de la Cámara de Senadores, la abogada Marisela Morales Ibáñez ya tiene un voto: el de sus contrapartes en Estados Unidos. A finales de agosto de 2009, Morales fue incluida en la "lista corta" de posibles remplazantes de Eduardo Medina Mora, su nombre seguido de un solo comentario: "Tiene excelentes relaciones con sus interlocutores del gobierno de Estados Unidos".

Propuesta por el presidente Felipe Calderón para ocupar el lugar que deja Arturo Chávez Chávez (el "soldado de a pie") en la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales aparece mencionada así en el cable 09MEXICO2556, enviado por la embajada estadunidense al Departamento de Estado, con la clasificación de confidencial.

Además de analizar escuetamente sus cualidades (en realidad una: sus "excelentes relaciones" con los estadunidenses), Morales aparece en el cable como una funcionaria que entrega a sus contrapartes información de primera mano.

El cable, fechado el 28 de agosto de 2009, contiene un análisis de la inminente renuncia del procurador Eduardo Medina Mora. Al menos dos de sus cercanos colaboradores confirman a la embajada estadunidense la renuncia. Una de ellas es Marisela Morales Ibáñez, cabeza de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

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• También participó en los casos del general Gutiérrez Rebollo y de El señor de los cielos

La Operación Limpieza y el michoacanazo, cartas de presentación de la funcionaria

En caso de ser ratificada por la Cámara de Senadores, la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, se convertiría en la primera procuradora general de la República en los 110 años de existencia de esa institución. Será también la tercera persona en ocupar ese cargo en la actual administración, que emprendió una guerra contra el narcotráfico que ha dejado más de 30 mil muertos y que a partir de la gestión de Arturo Chávez mantiene a la PGR con bajo perfil.

El valor de las mujeres

Recién galardonada (8 de marzo) con el premio de reconocimiento al valor de las mujeres en Estados Unidos, que le entregaron la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y Michelle Obama –hecho que posiblemente sentenció el futuro de Chávez, pues se dice que desde entonces le pidieron la renuncia–, Morales Ibáñez ha atendido, entre otros, casos como el encarcelamiento del general Jesús Gutiérrez Rebollo y las acusaciones contra más de 30 funcionarios de Michoacán acusados de tener vínculos con el cártel de La Familia Michoacana.

Con el tiempo, el denominado michoacanazo se fue desinflando conforme se desvanecieron las acusaciones y se liberó prácticamente a todos los implicados, con excepción de Armando Medina, alcalde de Múgica.

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Retirar al Ejército de las calles, recomienda la ONU a México

• El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas considera que los militares no están facultados para realizar labores de seguridad pública
• El acceso a la justicia, otro gran pendiente, señalan

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomendó al gobierno de México que considere a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública, toda vez que no está facultado para dicha labor, y por el contrario, su actuación se ha relacionado con el aumento de la criminalidad.

Durante la presentación del informe que la comisión elaboró tras visitar cuatro entidades del país –Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero y Coahuila–, del 18 al 31 de marzo, sus miembros hicieron un recuento pormenorizado de las actuales actividades de lla institución castrense.

Un elemento analizado, dijeron, es la utilización de las fuerzas armadas como eje de la "guerra" contra el crimen organizado, puesto que los militares no recibieron entrenamiento para lidiar con civiles y patrullar las calles, sino para combatir a fuerzas extranjeras enemigas.

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Con alianza o sin ella, Encinas debe ser candidato en Edomex, señala Zambrano

En una comida de diputados perredistas para despedir a Alejandro Encinas, quien obtuvo licencia para ausentarse del cargo, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, se refirió a éste como "el mejor posicionado de todos, incluidos los que propone el PAN", por lo que "tengo la convicción de que debemos cerrar filas en torno a él con o sin alianza". Pidió a todo el perredismo sumar esfuerzos más allá de filias, fobias o inclinaciones aliancistas.

El proyecto para integrar una alianza PRD-PAN en el estado de México concluirá este fin de semana tras la sesión del consejo estatal del sol azteca y, horas después, con una reunión de la comisión política nacional perredista, órgano que definirá la estrategia para la contienda del 3 de julio en la entidad, con base en la candidatura de Encinas.

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Demandan calidad a los medios

Integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) anunciaron que la próxima semana tendrá lugar el primer Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación.

Los días 5 y 6 de abril en el Antiguo Hospital Concepción Béistegui tendrá lugar una discusión "incluyente, plural, diversa" para "establecer el modelo de medios de comunicación que queremos", señaló Aleida Calleja, coordinadora del Comité de Relaciones Internacionales de la Amedi, institución convocante junto con 50 organizaciones más.

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Diputados citarán a ex funcionarios para aclarar presunta corrupción en Pemex

La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga la presunta corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) acordó citar a los directores de la paraestatal en el sexenio de Vicente Fox y al legislador panista César Nava Vázquez, ex abogado de la empresa, para que expliquen por qué otorgaron a trasnacionales contratos de servicios múltiples con los que "cedieron la explotación y exploración de pozos".

Ante el rechazo del PAN, que reclamó la comparecencia de ex directores de Pemex en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, la comisión acordó convocar a Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, así como solicitar a Pemex Producción y Exploración (PEP) los expedientes de licitación de 2003, cuando se dividió la cuenca de Burgos y se entregó a las trasnacionales Repsol, Petrobras, Lewis Energy Group, Teikoku Oil Co y Techint.

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Responsabilizan a ex agentes ministeriales por muerte del joven Sicilia y 6 personas más

• Miles de estudiantes exigen el cese de la violencia en las calles de Cuernavaca

Cuernavaca, Mor., 31 de marzo. El titular de la Procuraduría de Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez, afirmó que ex policías ministeriales habrían sido responsables de los asesinatos de siete personas halladas en un automóvil el pasado 28 de marzo, entre ellas Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor y periodista Javier Sicilia.

El procurador dio a conocer en entrevista colectiva que un juez penal emitió la madrugada de este jueves órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, que incluiría a servidores públicos, e indicó que para las investigaciones que se realizan en coordinación con la Procuraduría General de la República, se cuenta con datos de vehículos, nombres, datos y huellas de los supuestos homicidas.

"Puede haber entre las órdenes de aprehensión personal que estuvo involucrado en instituciones públicas, no las puedo precisar porque ustedes deben de comprenderme, afectaría el trabajo de la policía y pondría en riesgo también a elementos del Ejército, que están también trabajando en el tema", dijo.

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Sindicatos, dispuestos a impedir la "crucifixión" de trabajadores

• Analizan plantón en San Lázaro y endurecer protestas para detener a PRI y PAN

Los gremios que integran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano –encabezado por los electricistas– y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmaron ayer estar dispuestos a ponerse en plantón permanente en la Cámara de Diputados, llamar a huelga general, subir el tono de las movilizaciones y realizar más marchas en el centro del país y otros estados, a fin de impedir la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) propuesta por PRI-PAN y que "crucifiquen a los trabajadores en Semana Santa".

En el contexto de la marcha que ayer protagonizaron del Zócalo a la Cámara de Diputados, la cual fue nutrida y estuvo acompañada por múltiples grupos estudiantiles, la centrales repudiaron la iniciativa de reforma priísta porque que "es una traición para los trabajadores de México"; lograron que se suspendiera la sesión en San Lázaro, paralizaron avenida Congreso de la Unión y dijeron que volverán a tomar la calle el próximo 7 de abril, en una mayor concentración contra la imposición de este proyecto.

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Denuncia el SME anomalías de la JFCA para "desgastar" la lucha de electricistas

El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, anunció ayer que el próximo 8 de abril quedará conformado el Frente Nacional en Defensa de los Trabajadores, al que se unirán diversos gremios y organizaciones sociales, con el objetivo de unificar diversas luchas por la reivindicación de los derechos laborales de los mexicanos.

Esparza encabezó ayer un mitin afuera de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), donde desde la semana pasada los integrantes del SME están en plantón en demanda de que se reanude la audiencia para revisar los amparos promovidos por los electricistas, la cual fue suspendida unilateralmente por la presidenta de la junta especial número 5, María Adriana Mayo Río.

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"Amenaza" empresa a mineros de Coahuila

Hay enojo e inconformidad entre los familiares de los mineros muertos en la mina siete de Barroterán, Coahuila, así como entre los trabajadores que sobrevivieron a esta tragedia y que también sufrieron múltiples lesiones, ya que la empresa los ha amenazado para que guarden absoluto silencio sobre el incidente o, de lo contrario, no les pagará reparto de utilidades. Denunció lo anterior el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, en un mensaje enviado a los integrantes de la sección de Coahuila, en el 42 aniversario de otra tragedia similar que ocurrió en Barroterán y que en aquel entonces cobró la vida de 153 trabajadores. El dirigente señaló que desde que ocurrió el siniestro, la empresa Grupo Acerero del Norte les ha escondido información, y "lo más grave, les ha pedido que no digan nada sobre este suceso".

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Oportunista y retrógrada: juristas

Como iniciativa "espejo" de la propuesta del PAN de 2010 catalogaron diversas organizaciones sindicales y de juristas el proyecto de reforma laboral presentado en marzo pasado por el PRI a la Cámara de Diputados.

Por tal motivo, llamaron a rechazar dicha iniciativa, que representa una "involución" para los derechos de los trabajadores mexicanos.

Durante el foro Todos contra la reforma laboral, organizado por la Unión de Juristas de México (UJM) y la Alianza de Tranviarios, César de León, integrante de la presidencia colegiada de la UJM, precisó que luego de un análisis comparativo de ambas iniciativas, se llega a la conclusión de que las propuestas son prácticamente idénticas; sólo poseen leves matices.

En entrevista, citó como ejemplo el pago de salarios caídos. "Mientras la del PAN sugería cortarlos a los seis meses; la del PRI propone que sea al año, cuando actualmente la patronal debe liquidar todo el tiempo que corresponda, así sean muchos años". De León señaló que otro aspecto evidente es que tanto una como otra significan un "retroceso" para los trabajadores.

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No habrá debate fast track en el Senado para la reforma laboral, prometen partidos a la UNT

En el Senado “no habrá fast track en la reforma laboral”, se comprometieron los coordinadores de PRI, PRD, PT y Convergencia con la dirigencia de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

"Espero que las preocupaciones que hoy tienen sean tomadas en cuenta en la cámara de origen", pero estén seguros de que cualquier minuta de la colegisladora que llegue al Senado tendrá que vivir un proceso de revisión responsable y, sobe todo, profesional”, respondió el priísta Manlio Fabio Beltrones a representantes de la UNT –entre ellos Francisco Hernández Juárez–, quienes denunciaron las prisas con que se pretende aprobar en San Lázaro una reforma laboral que lesiona a los trabajadores.

Hernández Juárez, también secretario general del Sindicato de Telefonistas y diputado del PRD, advirtió que no van a quedarse con los brazos cruzados ante ese intento de acabar con las conquistas obreras. Habló de la caída del poder adquisitivo de los trabajadores y preguntó: "¿Qué más quieren? Ya se llevaron el salario; por esa vía no va a resolverse el problema".

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Denunciar a delincuentes, casi "sentencia de muerte"

Denunciar a la delincuencia organizada en México es "prácticamente una sentencia de muerte", los delincuentes se han infiltrado de tal manera en las instituciones gubernamentales –federales y locales– que si un ciudadano denuncia lo puede estar haciendo frente a un capo, señalaron investigadores universitarios.

Enfatizaron que el Estado está "completamente rebasado por el crimen organizado y no existe ninguna seguridad para quien de buena fe atiende la convocatoria de las autoridades federales para llamar y alertar sobre el paradero o las actividades de criminales".

Guillermo Garduño Valero, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, y especialista en narcotráfico y seguridad nacional, afirmó que el crimen organizado no sólo ha penetrado las instituciones de seguridad del Estado, sino que cuenta con "mejor armamento, mayor movilidad y capacidad de inteligencia que le dan una enorme ventaja frente a estrategias fallidas del gobierno federal, como el incentivar la denuncia ciudadana en un entorno de absoluta inseguridad".

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Diputados toman tribuna en San Lázaro contra la iniciativa Lozano

Aprueban cambios a ley del presupuesto; favorecen al campo y a mujeres

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales consolidan la perspectiva de género en materia presupuestal y garantizan incrementos a sectores como el campo, siempre que se cumpla con los programas comprometidos.

El dictamen busca proporcionar seguridad jurídica a los beneficiarios de dichos programas y a las inversiones que se destinen a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, atención a grupos vulnerables y fortalecimiento del campo.

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Astillero

• Ejército, ¡al cuartel!
• En "corto plazo", pide ONU
• PGR: Marisela Michoacanazo
• "Pruebas" y equívocos en Edomex

Julio Hernández López

alta importancia para el país, como el que ayer emitieron los integrantes de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha solicitado a la administración calderonista que retire de actividades policiacas al Ejército "en el corto plazo", pues el embate verde olivo ha hecho crecer las violaciones a los derechos humanos y las mantiene impunes, en particular las relacionadas con desapariciones forzadas o involuntarias.

Luego de dos semanas de recopilar información en nuestro país, el mencionado grupo de trabajo ha elaborado un reporte que será dado a conocer oficialmente en marzo de 2012 en sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para entonces, miles de mexicanos habrán muerto y otros tantos habrán sufrido secuestro, tortura e incriminaciones dudosas a cargo del aparato nacional de confrontación bélica al narcotráfico, que paso a paso va siendo controlado por mandos militares y que entre algunas de sus definiciones no escritas tiene la de exterminar de manera sumaria a los presuntos delincuentes.

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Dinero

• Vive la banca un buen momento
• PGR: el menos malo resultó peor
• Una mexicana atrapada en Angola

Enrique Galván Ochoa

La banca privada en México vive un buen momento. De acuerdo con el presidente la Asociación de Bancos, Ignacio Deschamps, la cartera vencida se mantiene estable en 2.6%, muy lejos del 28 que alcanzó en los años que siguieron a la devaluación de 1984. El número de tarjetas de crédito creció 47% en los pasados cinco años para llegar a 22 millones en 2010. Otra señal de buena salud financiera es que entre 2003 y 2010 la banca logró incrementar el número de clientes en más de 18 millones y al cierre del año anterior tenía 43 millones. No lo mencionó el señor Deschamps, pero vale la pena recordarlo: el espectacular desarrollo de la banca se debe a que fue rescatada por el Fobaproa. El pueblo mexicano heredó una deuda de 120 mil millones de dólares. Por cierto, en Estados Unidos los bancos que fueron rescatados de 2007 a 2010 ya pagaron sus deudas al gobierno, y hubo una utilidad para los contribuyentes. Una diferencia enorme entre el Fobaproa estadunidense y el mexicano.

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México SA

• Deuda pública: 114% más
• Millón de pesos por minuto
• Casi 38 mil pesos por mexicano

Carlos Fernández-Vega

Con una velocidad verdaderamente preocupante crece el endeudamiento interno y externo del sector público federal, con lo que en sus 51 meses de estancia en Los Pinos (hasta febrero pasado) el gobierno calderonista ha tenido la cortesía de duplicar la deuda per cápita de los mexicanos –incluidos los recién nacidos–, al pasar de 18 mil 912 pesos en diciembre de 2006, a 37 mil 876 pesos al cierre del segundo mes de 2011, sin considerar otros "pasivos contingentes" (como le llaman al débito gubernamental no reconocido como tal, pero igualmente pagado por quienes habitan este país –como los Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad, el Fobaproa y el "rescate" carretero, entre otros–, más la deuda de los estados, con lo que al saldo por cabeza hay que aumentarle alrededor de 10 mil pesos adicionales, cuando menos).

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PGR: relevo y debacle

En un mensaje transmitido en cadena nacional, el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció ayer la renuncia de Arturo Chávez Chávez a la Procuraduría General de la República (PGR), cuya titularidad ejercía desde septiembre de 2009, y postuló para ese cargo a la actual subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Marisela Morales Ibáñez, quien tendrá que ser ratificada por el Senado.

La dimisión comentada es en sí misma una buena noticia, toda vez que el hasta ayer procurador federal carecía de la talla política y los atributos necesarios para encabezar la PGR –algo que incluso fue detectado por la legación diplomática estadunidense en nuestro país, que lo defionió como "soldado de a pie" en uno de los cables filtrados por Wikileaks y reseñados por La Jornada–, y habida cuenta de que su arribo a Reforma 211 estuvo precedido por duros cuestionamientos sobre su trayectoria como procurador de Chihuahua, entre 1996 y 1998, durante el gobierno estatal del panista Francisco Barrio. Como señalaron en su momento representantes de la oposición, organizaciones humanitarias y activistas sociales, el desempeño de Chávez Chávez en la procuraduría estatal estuvo marcado por la negligencia, la insensibilidad y la omisión, particularmente grave, ante la ola de feminicidios que ya por entonces se abatía sobre Ciudad Juárez. Tales antecedentes, si bien no inhabilitaban legalmente al hoy ex procurador, sí lo incapacitaban política y moralmente para encabezar una dependencia federal que demanda profesionalismo, probidad y respeto al marco legal, y cuyo titular debe gozar de credibilidad, de respaldo social y de consenso.

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Los drones de Patricia Espinosa

Jorge Camil

Admiro a funcionarios como Patricia Espinosa. Miren que por amor a la camiseta, por ignorancia, o por temor al jefe, se plantan con desparpajo frente al Senado de la República a sostener lo que sea en televisión nacional. Dijo que los sobrevuelos del Pentágono son "controlados" por el gobierno mexicano. ¿Y cómo, señora secretaria, ejercemos ese inverosímil "control"? ¿Ellos, los gringos, vienen acá, o nosotros vamos al Pentágono? Y una vez allí, en el sancta sanctorum de la tecnología militar, ¿nos despachamos con la cuchara grande?

¿Intervenimos sus computadoras o nos sentamos calladitos al lado del gringo que las "controla"? Y al despegar el drone (abejorro), con el zumbido característico de estos misteriosos aparatos no tripulados, ¿nos limitamos a admirar lo que aparece en pantalla, o hacemos comentarios respetuosos mientras van apareciendo pedazos del territorio nacional? “Mira, John –interrumpimos quizá al operador–, desde aquí puedo ver mi casa”.

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Derecho a la alimentación: ¿cuestión de Estado o de partido?

Víctor M. Quintana S.

Hay tsunamis más letales que los del océano Pacífico. Porque matan de hambre, lentamente. Son los tsunamis de la especulación y lucro con los alimentos... El solo incremento de los granos básicos durante la oleada alcista de 2006-2008 aumentó el número de personas en pobreza alimentaria en México en 5 millones, afectando a uno de cada cinco mexicanos. A nivel mundial, la misma oleada produjo 147 millones de nuevos pobres tan sólo de 2006 a 2009.

La gente podrá trabajar duro para obtener sus alimentos básicos; podrá haber capacidad productiva en el planeta para nutrirnos a todos, pero cuatro factores se conjugan para que haya hambre: a) el salario aumenta menos que los alimentos; b) los alimentos son el nuevo y más rentable negocio trasnacional, c) el gobierno mexicano mantiene una política agroalimentaria que nos hace importar 42 por ciento de lo que nos comemos y, d) el propio gobierno no cuenta con reservas de alimentos básicos controladas por él para los tiempos de escasez.

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La alianza en el Edomex, al basurero de la historia: AMLO

• Se enderezó el rumbo que había tomado la dirigencia del PRD, dice

Ecatepec, Méx., 30 de marzo. La alianza entre PRD y PAN para la gubernatura de la entidad "ya pasó a la historia, pero al basurero de la historia", a pesar de que, "desde Los Pinos, (Felipe) Calderón estaba operando para que se diera y desde allá estaba haciendo proposiciones indecorosas para que Alejandro Encinas aceptara" la candidatura de ese acuerdo, incluso antes de la consulta ciudadana, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

Tengo pruebas de lo que digo, retó, y destacó que Encinas “asumió una actitud muy digna y dijo: ‘no voy con el PAN porque por encima de todo están mis principios y mis ideales’”.

Así que, señaló López Obrador, "es muy probable que ya Alejandro Encinas sea nuestro candidato del movimiento (Regeneración Nacional, Morena), de PRD, PT y Convergencia" para los comicios del 3 de julio.

En el inicio del tercer recorrido de la llamada "gira de la lealtad" por el estado de México, ahora por los 40 distritos electorales, López Obrador expresó que se siente muy contento porque la alianza PRD-PAN "ya no transitó", cuando se le preguntó en entrevista si esa coalición ya estaba muerta.

Antes, en su discurso, sostuvo, entre gritos de apoyo de miles de personas que se congregaron para escucharlo: "ya se logró, no tengo la menor duda que se enderezó el rumbo que estaba tomando la dirigencia del PRD, que quería una alianza con el PAN".

Además de que, resaltó, los del blanquiazul ya sacaron a su propio candidato –en referencia a Luis Felipe Bravo Mena–. Así que nosotros vamos por un cambio, "no por el engaño y la simulación". Con Encinas "se tiene un candidato de primera" y una propuesta de gobierno para el estado de México, indicó.

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Las armas de Rápido y furioso pudieron haber pasado por aduanas mexicanas: SAT

• Diputados de la Comisión de Defensa se reúnen con Gutiérrez Ortiz Mena
• A pregunta específica el funcionario dice que se enteró de ese operativo por los noticieros de la televisión

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconoció ante diputados de la Comisión de Defensa que las armas de alto poder que Estados Unidos envió a México como parte de la operación Rápido y furioso pudieron haber pasado por alguna instalación de la Administración General de Aduanas.

Durante una reunión que los diputados tuvieron con el funcionario en sus oficinas, Alfredo Gutiérrez aseguró que el SAT está a la espera de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) proporcione los videos de las aduanas para determinar si efectivamente las armas se internaron al país sin que nadie pareciera percatarse.

A las preguntas de los legisladores sobre cómo se enteró que Estados Unidos había aplicado el operativo Rápido y furioso, Gutiérrez Ortiz Mena respondió que por las noticias de la televisión.

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Marcha nocturna clama justicia por el multihomicidio en Cuernavaca

Cuernavaca, Mor., 30 de marzo. Más de medio millar de integrantes de la comunidad intelectual de Morelos realizaron una marcha nocturna y aseguraron que la muerte de Juan Francisco Sicilia y de otras seis personas, a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico que impuso el presidente Felipe Calderón, será la punta de lanza para que desde Morelos se reproduzca un movimiento a escala nacional que acabe con el "terrorismo de Estado en que viven actualmente los mexicanos".

Asimismo, se manifestaron por que Calderón Hinojosa renuncie a su cargo "por la muerte de 40 mil mexicanos", y el gobernador de Morelos por la de miles de morelenses.

"Esto acaba de prender la mecha en toda la República; históricamente en Morelos ha sucedido esto siempre; los hechos jurídicos y sociales se reproducen en todo el país porque aquí tenemos organización, hay trascendencia histórica y contamos con una ideología libertaria. Al suceder algo así (la muerte de las siete personas) nos indigna, este movimiento comienza, pero se va a ir haciendo cada vez más grande y esperamos que todo el país reaccione", dijo el cineasta Óscar Menéndez Zavala, en su discurso al final de la marcha.

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Zambrano: "aún no está dicha la última palabra" sobre la coalición PRD-PAN

No declinaré en favor de Encinas, afirma el precandidato del blanquiazul Bravo Mena

“Todavía no está decidido qué pasará con la coalición (PRD-PAN) en el estado de México… la última palabra aún no está dicha, yo no cierro ningún escenario”, manifestó Jesús Zambrano, presidente del PRD. En tanto, Camilo Valenzuela, presidente del Consejo Nacional perredista, declaró que la posible alianza "está moribunda".

En días pasados, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, y el senador Carlos Navarrete manifestaron su apoyo a Alejandro Encinas como candidato del PRD a la gubernatura mexiquense, mientras en el PAN se registró a Luis Felipe Bravo Mena como precandidato único.

El panista advirtió ayer que no declinará en favor de Encinas. "Ese escenario yo no lo contemplo. Ya está descartado", dijo. Sin embargo, dejó abierta una posibilidad de unión en caso de que se presenten otros aspirantes perredistas y este partido adopte una decisión, porque de lo contrario, afirmó, no será abanderado de un PRD dividido.

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Más de $18 mil 880 millones, el gasto del gobierno en publicidad desde 2006

El gobierno federal ha gastado en lo que va del sexenio más de 18 mil 800 millones de pesos en publicidad, más del doble de lo que se aprobó oficialmente, sin que hasta el momento existan reglas claras para la asignación de esos recursos.

Así lo advirtieron los creadores de la página de Internet www.publicidadoficial.com, quienes señalaron que el presidente Felipe Calderón ha dedicado una cantidad exorbitante de dinero, superior a mil 120 millones de pesos, para promover los resultados de la "guerra" contra el crimen organizado, por ejemplo.

Omar Rábago, oficial adjunto de la organización Artículo 19, subrayó la necesidad de saber con exactitud cómo se manejan los recursos de la publicidad oficial, ya que hasta el momento ese rubro no está controlado por ninguna legislación en particular ni es susceptible de ser investigado.

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Comisión especial de diputados irá a BC a inspeccionar instalaciones de Sempra

La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el desempeño de la trasnacional Sempra en Baja California realizará el viernes próximo una inspección a la empresa y analizará la documentación relativa a los permisos oficiales para instalar una planta regasificadora en un área de protección ecológica.

A su vez, Norma Sánchez, hija de Eugenio Sánchez Richie, propietario de los terrenos donde se instaló la planta regasificadora, denunció que Antonio Lozano Gracia, asesor jurídico de Sempra Energy, la amenazó el martes en cuatro ocasiones para que su familia se retracte de la acusación penal por despojo contra la trasnacional, porque "si no lo hacen habrá graves consecuencias contra ustedes".

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No pasará la reforma laboral, advierte Muñoz Ledo a PRI-AN

La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, en acuerdo con Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde, anunció que el 18 de abril próximo culminará la labor de dictaminación de las iniciativas de reforma laboral, con el fin de llevar un documento consensuado entre esas fuerzas al pleno de San Lázaro para modificar la Ley Federal del Trabajo.

El petista Porfirio Muñoz Ledo, integrante de la Comisión del Trabajo y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, denunció que la mancuerna PRI-PAN "pretende aplastarnos en el proceso de dictamen; es una burla y ya comenzó a funcionar la aplanadora".

Con enojo, recriminó a Armando Neyra –líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado de México– haber anunciado que el 18 de abril finalizarán las labores en la comisión encargada de dictaminar más de cien iniciativas, y que será la última presentada por el PRI la que prevalezca como eje de la nueva propuesta de ley.

"En la reunión de esta mañana (ayer), que no fue televisada y transcurrió en el sigilo de un encuentro privado, le pregunté a priístas y panistas si el 18 de abril no coincidía con la fecha que el secretario del Trabajo (Javier Lozano) ubicó como plazo perentorio para aprobar la reforma, y simplemente me dijeron que era una coincidencia. Es inadmisible que pretendan engañarnos de una forma tan burda."

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Cué desahoga ante la CIDH temas de derechos humanos

En un hecho histórico, Gabino Cué Monteagudo se convirtió en el primer gobernador oaxaqueño en comparecer en Washington, DC, ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual expuso problemas y prioridades de su gobierno para la procuración de justicia en los casos de violaciones a las garantías individuales. Asimismo, acudió para desahogar medidas cautelares a favor de las comunidades de San Juan Copala, Santo Domingo Ixcatlán y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.

En ese contexto, firmó como testigo de honor el Reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón que el Estado mexicano ofreció a familiares del indígena loxicha Celerino Jiménez Almaraz, quien fue privado de la vida en 1997.

Cué expresó que el Estado asume plenamente la responsabilidad de cooperar con la CIDH y otros actores para fortalecer las instituciones y la atención a necesidades básicas como elemento principal para la reconciliación, la paz y la reconstrucción del tejido social oaxaqueño.

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Marcharán hoy contra la iniciativa

Sindicatos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), así como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marcharán hoy por la tarde del Zócalo a la Cámara de Diputados en demanda de que el Poder Legislativo rechace las iniciativas de reforma laboral propuestas por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en tanto que la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) empezó a distribuir un tríptico para difundir "las 26 principales afectaciones que contempla la iniciativa" del tricolor.

El documento de la ANAD destaca que la propuesta priísta provocaría, entre otros perjuicios, la anulación de la estabilidad en el empleo, el fomento a la contratación temporal, el abaratamiento del libre despido, la desaparición de la responsabilidad solidaria y el fraude laboral, por medio del outsourcing.

Los sindicatos también se reunirán hoy con el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones.

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Reprueba la ASF al gobierno federal en su deber de mejorar la economía

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Cámara de Diputados que el gobierno federal no ha consolidado una economía competitiva que ofrezca condiciones favorables para las inversiones y creación de empleos.

Durante la tercera reunión de análisis del informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 se enunciaron las dificultades que impiden a México el crecimiento a tasas sostenidas: estrecha correlación entre producción industrial de México y Estados Unidos, con la particularidad de que México crece con menos dinamismo que su vecino, y su economía se contrae fácilmente; debilidad del mercado interno; desigualdad e ineficiencia en la asignación de recursos; bajos niveles de inversión pública; economía concentrada con predominio de monopolios y oligopolios, y reducido apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a pesar de que concentran más de 70 por ciento de la fuerza de trabajo y aporta la mitad del producto interno bruto.

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Juárez, a la cabeza en recomendaciones recibidas por abusos y asesinatos de mujeres

Ciudad Juárez, Chih., 30 de marzo. Organismos no gubernamentales (ONG) internacionales que defienden los derechos humanos han emitido 141 recomendaciones para las autoridades de Ciudad Juárez, dio a conocer la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez. Indicó que muchos de estos documentos tienen relación con los feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres, y que para el total de las autoridades mexicanas se han emitido unas 300 recomendaciones, es decir, Juárez recibió casi la mitad de los escritos relacionados con abusos contra mujeres.

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Revelan que 390 agentes protegen a ex presidentes

Cada uno de los cinco ex mandatarios de la República tiene a su disposición a 78 elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) para su seguridad, lo que da un total de 390, de acuerdo con cifras del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

Durante su sesión pública de ayer, el organismo de transparencia discutió una solicitud de información sobre el número general de elementos de dicho cuerpo de elite que cuidan al titular del Ejecutivo y a otros funcionarios de alto nivel.

La Presidencia rechazó la petición, al argumentar que esos datos pueden poner en riesgo a los agentes que cuidan la seguridad del mandatario, al dar elementos a posibles agresores sobre el estado de fuerza de este grupo, argumento que fue avalado por la comisionada Sigrid Arzt.

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Astillero

• Rápido y furioso (aquí sí)
• Calderón se exculpa
• Romero y AMLO lo exhiben
• Quiso entrarle en persona

Julio Hernández López

El propio Felipe Calderón hubo de salir a defenderse del doble señalamiento de estarse metiendo a fondo en el asunto partidista y electoral del estado de México que le hicieron tanto la yunquista secretaria general del PAN, Cecilia Romero, como el perredista con licencia Andrés Manuel López Obrador.

Un reparo de última hora hizo al principal ocupante de Los Pinos evitarse la pena de dar la cara para entonar su exculpación (lo que en términos políticos podría haberse entendido como una aceptación de que lo negado era tan fuerte y sugestivo que él por sí mismo necesitara exculparse), así que envió a hacer aclaraciones y precisiones a su representante directo e inequívoco, el secretario particular Roberto Gil, al que Calderón, en sus cada vez más frecuentes enojos con su equipo, ha elevado a la categoría de virtual secretario de Gobernación en lugar del opaco titular formal de Bucareli, el fantasmal José Francisco Blake Mora.

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México SA

• Solicitud a Ernesto Cordero
• Urge asilo político-económico
• DF: caos vial en el sur-poniente

Carlos Fernández-Vega

Con carácter de urgente, al escritorio de Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, llegó una solicitud firmada por millones de mexicanos, que a la letra dice: "exigimos vivir en su país; llévenos a esa nación en la que no hay inflación, se vive de maravilla con 6 mil pesos (coche incluido), el salario real crece constantemente, el alza de precios en alimentos no existe, el optimismo es rebosante por toda la información positiva que hay en la parte interna (que no es infundado, sino producto de señales tangibles de recuperación), el empleo formal crece a paso veloz, la tasa de avance económico es muy buena, y muy sólida la política económica, entre tantas otras gracias. Entonces, es de vida o muerte que nos otorgue asilo político-económico".

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Navegaciones

• Compendio mínimo de sabiduría neoliberal

Pedro Miguel

La religión ha muerto. La cultura ha muerto. El deporte ha muerto. El amor ha muerto. La política ha muerto. La información ha muerto. La única relación social que sobrevive es el comercio, y eso demuestra la validez del postulado sobre la supervivencia del más apto.

De la física

Premisa (A): Todo lo cuantificable es intercambiable.

Premisa (B): Cualquier fenómeno natural es susceptible de expresarse en números, dólares, euros o libras esterlinas.

Conclusión (C): Cuanto existe en el cosmos es intercambiable en el mercado.

Si Newton volviera a nacer, agregaría a sus leyes la de la expansión infinita de las corporaciones y eliminaría, de esa forma, el molesto horizonte de la entropía.

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Dinero

• ¿Por qué Salinas de Gortari no aparece en Forbes?
• El Renaut resultó un millonario fracaso
• Los ahorros de la vida

Enrique Galván Ochoa

Algunos mexicanos me preguntan –dice Kerry A. Dolan, de la revista Forbes– por qué no he incluido al ex presidente Carlos Salinas de Gortari en la lista de los más ricos del mundo. Se rumoraba –y se sigue rumorando– que había obtenido grandes beneficios de la privatización de empresas estatales. Es complicado. No es igual seguir la pista de la riqueza a un empresario que tiene su fortuna en las bolsas de valores, que a un político que la oculta en algún paraíso fiscal o tras la fachada de prestanombres. Miss Dolan invita a todos a que le envíen datos de personajes que tengan los atributos –mil millones de dólares– para figurar en la clasificación. Mientras tanto, añadió a tres familias que están emparentadas con algunos de los actuales Forbes mexicanos. Este es el buzón de la periodista:

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Ciudad Perdida

• Marcelo ya arrancó
• Más que cabezas del PRD, en el encuentro se cerraron filas en torno del jefe de Gobierno

Miguel Ángel Velázquez

Anoche, ya pasadas las nueve, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, hizo oficial a miembros del PRD y funcionarios del gabinete su deseo de convertirse en el candidato de ese partido para la Presidencia de la República, y les pidió su apoyo total.

La reunión fue citada con urgencia y con la advertencia de que sólo sería una junta de carácter político. En el salón Señorial de las calles de Hamburgo, en la Zona Rosa, se dispusieron 20 mesas para ocho personas cada una, y el primero en hablar, poco después de las 21 horas fue Jesús Valencia, segundo en la cartera del PRD en el DF.

El impacto de las palabras del principal operador de Ebrard dejó con las mandíbulas flojas a varios de los citados: el sentido de esta reunión –palabras más o menos–, dijo Valencia, es para proponer de manera clara y contundente a Marcelo Ebrard para la Presidencia de la República.

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Telecomunicaciones, por la libre competencia

En el contexto de su comparecencia en la Cámara de Diputados, el titular de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Mota, ponderó "los problemas de competencia en los mercados de telecomunicaciones" en el país, dijo que la actual coyuntura representa "una oportunidad histórica para resolver estos problemas en beneficio de los consumidores" y se pronunció por elaborar una nueva ley federal del ramo, que "otorgue mejores instrumentos de regulación a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)". De su lado, el titular de este último organismo, Mony de Swaan, afirmó que México tiene una de las concentraciones más altas de mercados de telecomunicaciones en el mundo y, al ser cuestionado sobre la aplicación de prácticas monopólicas por las principales empresas del sector, dijo que "nadie se salva".

Los señalamientos de los funcionarios tienen como telón de fondo la confrontación actual entre los principales empresas de telecomunicaciones en el país: el duopolio televisivo que integran las empresas de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, por un lado, y las compañías propiedad de Carlos Slim, por el otro. Un saldo colateral de ese episodio ha sido, en efecto, la exhibición del elevado nivel de concentración que prevalece en ese sector en nuestro país, lo cual es incompatible con los principios más elementales de la libre competencia: mientras Televisa y Tv Azteca ejercen un control casi hegemónico en la televisión abierta y restringida, Telmex y Telcel predominan en la telefonía fija y móvil, si bien en condiciones más competidas y abiertas que las que gozan las televisoras de Chapultepec y del Ajusco.

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A favor de la vida

Adolfo Sánchez Rebolledo

El asesinato de un grupo de personas, entre ellas el hijo del poeta Javier Sicilia, puso al desnudo la indefensión de la sociedad ante la guerra contra el crimen organizado, pero también las responsabilidades últimas de quienes la dirigen. Hay miedo, irritación, incertidumbre, cuando no cólera cada vez menos contenida. Las víctimas inocentes se multiplican sin que se castigue a los culpables y esa impunidad rampante magnifica la sensación de abandono, la desesperanza de la ciudadanía. Como en otras partes del país asoladas por la violencia, en Morelos no hay día sin noticias aterradoras. Apenas la semana pasada se halló el cadáver del líder de la CTM en el estado; hoy nos estremece la matanza colectiva, a sangre fría, de los jóvenes abandonados en Temixco.

La inseguridad creciente no es una percepción errónea de la sociedad: existe y se extiende, sin importar lo que diga o deje de decir la prensa o los pactos entre las empresas mediáticas. Las demostraciones de poder de la delincuencia desbordan todos los cálculos. Hace un tiempo paralizaron la ciudad de Cuernavaca usando las redes sociales ante la absoluta ineptitud de las autoridades para defenderla. La gente sabe de qué son capaces y se cuida de ellos como Dios le da a entender. Desconfía de los discursos triunfalistas del gobierno porque tiene a la vista los hechos, las complicidades, los contubernios que explican la inseguridad, la escasa participación de la gente común en las tareas de denuncia debido a muy justificados temores.

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¿Clase media?

Orlando Delgado Selley

Hace apenas unas semanas el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dijo en una muy desafortunada conferencia de prensa que México era un país de clase media, que los hogares con ingresos de 15 mil pesos estaban en el 10 por ciento rico de la población, y remató con su célebre recuento de lo que podía pagar una familia con ingresos de 6 mil pesos. Al dar a conocer los resultados definitivos del Censo de 2010 Calderón ha planteado que somos un país de clase media y ha retado a que se discuta el tema.

Hay muchas formas de discutir este asunto. Hagámoslo con datos ofrecidos por Calderón, extraídos del propio censo, relativos a las remuneraciones en términos de salarios mínimos. Con esta información es posible construir una imagen nacional simple: en 2010 el 31 por ciento de las familias mexicanas ganaron menos de dos salarios mínimos; 36 por ciento obtuvieron entre dos y tres salarios mínimos, y 33 por ciento más de tres salarios mínimos. En pesos y centavos esto quiere decir que 67 por ciento de la población ganó en 2010 menos de 5 mil pesos, mientras solamente 33 por ciento ganó más de esos 5 mil pesos.

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