Con bombas lacrimógenas del Perú reprimen en Honduras

Al descubierto cooperación del gobierno de Alan García con golpistas. Exigen explicación inmediata del ministro del Interior, Octavio Salazar.

Muestran bomba lacrimógena con el sello de Policía Nacional del Perú.

NOTA: Reporteros de LA PRIMERA intentaron obtener la versión del ministro Salazar sobre este grave caso, pero tenía apagado el celular. Tampoco el director de la PNP estuvo localizable ni obtuvimos respuesta a nuestras inquietudes en el departamento de prensa del Ministerio del Interior, pese a lo delicado del hecho que bombas lacrimógenas de la PNP hayan sido enviadas a Honduras para apuntalar a un régimen repudiado por la comunidad internacional.

Las fuerzas policiales y militares que reprimen con saña a los manifestantes antigolpistas de apoyo al presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, utilizan bombas lacrimógenas de la Policía Nacional del Perú, suministro del que es responsable el gobierno y que pone en situación vergonzosa al Perú, al violar el embargo impuesto por la Organización de Estados Americanos (OEA) y contradecir flagrantemente la proclamada condena de la administración de Alan García a la ruptura del orden democrático en la nación centroamericana.

Un video filmado por el Gremio de Cineastas de Honduras y difundido mediante la red Youtube de Internet, bajo la denominación “Barrios y Colonias de Tegucigalpa se rebelan contra toque de queda en Honduras” http://www.youtube.com/watch?v=YartPc2UBjI, muestra la brutalidad con la que están siendo atacadas las zonas populares de la capital de ese país, con bombas lacrimógenas, vomitivas e irritantes, sin consideración alguna por la presencia de niños, ancianos o mujeres. En un momento de la filmación, aparece en pantalla las manos de un poblador mostrando una bomba ya explotada, y se escuchan sus palabras: “Este es el tipo de bomba que usa la policía para reprimirnos. Lo mandan los Estados Unidos a la policía del Perú, y la policía del Perú la manda a Honduras. ¿Cómo es eso?, ¿qué explicación pueden darle a esto?”.

La bomba arrojada por los represores hondureños lleva un cintillo que acredita que es propiedad de la Policía Nacional del Perú. El blog “The Field” de Estados Unidos comenta sobre el punto: “También podemos ver en ese video que las bombas de gas lacrimógenas disparadas por la Policía Nacional ayer, fueron selladas como propiedad del gobierno del Perú, lo que sugiere fuertemente que el presidente peruano Alan García participa en el contrabando de armas al régimen de golpe de Estado de Honduras. Algo que ahora tendrá que responder ante la Organización de Estados Americanos, en general, y su vecino Brasil, en particular”.

El hecho es muy grave, tanto por realizarse de espaldas al Perú, que no está enterado de estas relaciones clandestinas entre un gobierno que se jacta cotidianamente de democrático y los golpistas condenados por el mundo. Se agrava la situación además porque un país de la importancia de Brasil ha tomado un protagonismo decisivo en la actual fase de la crisis hondureña, impulsando decididamente al retorno del presidente Zelaya, y el Perú aparece en el campo opuesto facilitando las armas para salvar a Micheletti.

Raúl Wiener
Redacción

El video en cuestión

Del Plan Colombia al Plan Samba

Barómetro Internacional

Desde Perú

Javier Diez Canseco

Es un tema geopolítico: parte de un plan norteamericano más amplio, en marcha desde los 90, que busca derrotar el proceso de cambios y transformaciones en curso en AL desde fines de los 90 y marcadamente durante este siglo.

La decisión colombiana de abrir 7 bases militares (aéreas, terrestres y navales) a la presencia militar directa de las fuerzas militares de EEUU, bajo la conducción del Comando Sur, no es una necesidad frente a unas FARC fuertemente golpeadas y desarticuladas. Es un tema geopolítico: parte de un plan norteamericano más amplio, en marcha desde los 90, que busca derrotar el proceso de cambios y transformaciones en curso en AL desde fines de los 90 y marcadamente durante este siglo.

La reactivación de la IV Flota Naval norteamericana, la base militar establecida en Paraguay, la expansión de planes de penetración militar –vía programas “sociales” y planes de entrenamiento y prácticas militares conjuntos–, a pesar del revés que sus proyectos han sufrido con la decisión ecuatoriana de no renovar el contrato de la base militar norteamericana de Manta y de prohibir en la nueva Constitución el establecimiento de bases militares, y el reciente golpe contra el presidente Zelaya en Honduras –con evidente respaldo militar de EEUU más allá de las condenas de Obama y Hillary Clinton al golpe– por haberse incorporado al ALBA aún siendo un liberal de origen derechista, entran hoy a una nueva fase con el acuerdo adoptado con Uribe.

El que las bases se ubiquen cerca de las fronteras colombianas con Ecuador y Venezuela ha centrado el tema en que el plan se centraría en golpear estos procesos de cambio centrales en América del Sur. Claro, este es un objetivo fundamental, dada la enorme superioridad militar colombiana con el soporte de la principal potencia militar mundial, más allá de las dificultades que enfrenta el gigante debilitado diplomáticamente y empantanado en Irak, Afganistán, Pakistán. Pero en la mira imperial hay objetivos mayores: UNASUR y Brasil como fuerza militar y económica.

Es importante resaltar, por un lado, la evidente autonomía relativa del accionar del Pentágono y del accionar del Comando Sur expresada en el golpe de Honduras y las bases militares en Colombia, mostrando que el imperio mantiene sus garras afiladas, a pesar de los discursos de Obama, la profunda crisis económica que lo afecta y los problemas que concentran la atención de su gente en lo económico, pero que no han llevado a cumplir las ofertas electorales de reducir y reorientar la presencia militar mundial de EEUU.

Por otro lado, está el proceso de cambio en curso en AL. Un proceso con diferencias de profundidad y amplitud entre los procesos andinos (Bolivia, Ecuador y Venezuela, en los que se plantea una nueva relación entre Estado y mercado, afirmar soberanía sobre el control de los recursos naturales, la plurinacionalidad y la reivindicación de una economía al servicio de la gente) y los países del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay, Chile que han buscado humanizar y regular el neoliberalismo tocando pocos aspectos centrales).

Proceso que, abierto a puertas de los 200 años de nuestros procesos independentistas en AL, tiene factores comunes: la batalla por soberanía y autonomía frente a los EEUU, la integración regional que nos abra otro espacio en el escenario internacional y que se expresa en el nacimiento de UNASUR, los proyectos del ALBA, MERCOSUR y Banco del Sur, la propuesta de Brasil del Consejo Sudamericano de Defensa (articulación de FFAA sudamericanas, al margen del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca que las ata al Pentágono). E incluye una economía que sea más incluyente y que genere menos pobreza y redistribuya –vía programas sociales– la riqueza en cierta proporción; cosa que ni Perú, con García, ni la Colombia uribista hacen.

Los EEUU y los conservadores han recuperado cierto terreno reciente: la derrota de Kirchner en las elecciones parlamentarias y regionales argentinas, la elección panameña, el golpe en Honduras. Y la decisión de Uribe va más allá de amenazar a Venezuela y Ecuador. Es un mensaje y amenaza a Brasil, verdadera potencia sudamericana que ha sido motor del grupo BRIC y el grupo de los 20 a nivel mundial, que ha mantenido una autonomía frente a los EEUU. Y manda un mensaje a UNASUR, Banco del Sur, ALBA, coordinación de FFAA sudamericanas y otros. Estos son los destinatarios: los países que llevan adelante el cambio en AL.

Las fuerzas del cambio no están en repliegue en AL. Han ganado en Paraguay y recientemente en El Salvador. ¿Pero, a qué juega el Perú hoy? García, casi solitariamente en el periplo emprendido por Uribe, ha respaldado incondicionalmente su peligrosa decisión de militarización. Peor aún, serán los dos presidentes sudamericanos ausentes de la reunión de Jefes de Estado de UNASUR a desarrollarse en Quito, este 10 de agosto, con motivo de la instalación del nuevo gobierno del presidente Correa.

¿Casualidad? No. Juego en pared con el militarismo norteamericano y Uribe que los peruanos, que no queremos más militarización ni escenarios de guerra como los ya vividos en las décadas del 80 y 90, debemos rechazar. No aceptemos que se use al Perú como ariete del militarismo imperial.

Sur Américapress

Alerta Perú: Balance del primer día del paro Andino Amazónico

El Movimiento Cumbre de los Pueblos (MCP) convoca a sus organizaciones integrantes a participar activamente en el Mitin de la Plaza Dos de Mayo que será la actividad central de Lima en el marco del Paro Andino Amazónico del 7, 8 y 9 de julio. Las bases del MCP tendremos una preconcentración a las 11 de la mañana en la Plaza Francia, para marchar organizadamente a la concentración final.

Balance del primer día del paro

Hoy, en el primer día del Paro Andino Amazónico, diversas regiones del Perú paralizaron y realizaron marchas y cierre de carreteras. En Arequipa, el paro fue total, con cierrapuertas y cortes de vías. En La Joya, los manifestantes fueron reprimidos por la Policía, resultando herido de bala Basilio Quispe.

Acciones similares de protesta se registraron en Puno, Ayacucho, Huaraz, Cusco y Huancavelica. Junín, Pasco y Huánuco desarrollarán mañana movilizaciones en el marco del Paro. Y en la selva central, paran Satipo, Pichanaki y Pangoa.

Plataforma

Las principales demandas del Paro Nacional son la inmediata renuncia del Gabinete Yehude Simon, responsable de la Masacre de Bagua del 5 de junio. Y que el nuevo Gabinete signifique un cambio de la política económica neoliberal, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reconozca al Perú como un Estado Plurinacional

Las organizaciones exigen también la derogatoria inmediata del paquete legislativo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y de los once decretos legislativos que criminalizan la protesta social.

Junto con ello, el retorno al Perú de Alberto Pizango, presidente de AIDESEP exiliado en Nicaragua, así como la Amnistía para los cientos de dirigentes populares judicializados por defender sus derechos.

Provocaciones del Gobierno

La respuesta del gobierno sigue siendo la provocación y la represión. Precisamente cuando se desarrolla el Paro Andino Amazónico, se expiden órdenes de captura contra los dirigentes nacionales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Y mañana se dará lectura a la sentencia contra cuatro ronderos Carmen de la Frontera (Huancabamba, Piura), acusados por la empresa minera Río Blanco de secuestro a dos miembros de su personal.

Estas no son coincidencias. Por ello el MCP llama a sus organizaciones y a todo el pueblo peruano a mantenerse alerta y continuar fortaleciendo su unidad en el proceso de lucha, hasta lograr el fin de la criminalización y la solución de nuestras demandas.

Comisión Política
Movimiento Cumbre de los Pueblos

Fuente: Minga Informativa de Movimientos Sociales.

Lo que nos espera en México

Dinero para la droga de EE.UU. financió la masacre de indígenas en Perú

Kristin Bricker
Narco News

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

El 5 de junio, la Policía Nacional del Perú (PNP) masacró a hasta cincuenta indígenas awajún y wampi en Bagua quienes habían bloqueado carreteras en protesta contra una serie de decretos gubernamentales que entregan vastos sectores de la Amazonía a la voracidad de corporaciones extranjeras, en relación con un acuerdo de libre comercio recientemente implementado entre EE.UU. y Perú. Testigos presenciales informan que la PNP disparó con munición de guerra desde tierra, techos y helicópteros policiales. Supuestamente hay entre 61 y 400 personas desaparecidas después del ataque.

Narco News ha descubierto que hay dinero para la guerra contra la droga a lo largo y ancho de la matanza. El gobierno de EE.UU. no sólo ha pasado las últimas dos décadas financiando los helicópteros utilizados en la masacre, también entrenó a la PNP en el “control de disturbios.”

La Policía Nacional del Perú

La Policía Nacional del Perú es una fuerza policial militarizada y la única fuerza nacional de policía del Perú, lo que quiere decir que Perú carece de una fuerza federal de policía civil. Por este motivo, la PNP militarizada realiza funciones regulares de policía en Perú, como ser mantener el orden y asegurar la seguridad pública. Además, “Las operaciones contra narcóticos en Perú son implementadas primordialmente a través del Ministerio del Interior por la Policía Nacional del Perú,” según la Oficina de Contabilidad del Gobierno de EE.UU. (GAO, conocida ahora como la Oficina de Contabilización del Gobierno). Por este motivo, la PNP recibe una parte importante de la ayuda de la guerra contra la droga de EE.UU. para Perú.

Detalles básicos de la masacre de Bagua, como ser exactamente qué departamentos de la policía participaron y cuántos manifestantes indígenas murieron, todavía no han sido divulgados dos semanas después de la masacre. El periódico La Primera de Perú, único medio noticioso que suministró información sobre departamentos específicos de la policía que participaron en la masacre, escribe: “La operación policial fue realizada por unos 600 policías de Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes), Dirección Antidrogas (DINANDRO), que dispararon frontalmente al cuerpo de los manifestantes.” Diroes y DINANDRO son dos fuerzas dentro de la Policía Nacional del Perú.

De particular interés es la participación de la fuerza de policía contra la droga, conocida como DINANDRO en su acrónimo en castellano. Entre 2002 y 2007, EE.UU. invirtió más de 79 millones de dólares en la PNP. Los fondos entre 2002 y 2004 fueron para “ejercicios de entrenamiento y en el terreno para realzar las capacidades de DINANDRO de realizar ejercicios básicos en carreteras y vías fluviales, así como para proveer seguridad para los equipos de erradicación en las áreas más alejadas. La intensificación de estos esfuerzos de mantenimiento del orden requerirá vehículos, comunicaciones, equipos de campaña, equipos de emergencia y de reacción de seguridad y perros detectores de drogas adicionales.” En 2007, el financiamiento del gobierno de EE.UU. para DINANDRO fue expandido para “reforzar las capacidades de DINANDRO para realizar interdicción avanzada de carreteras, control de disturbios, mayor seguridad para los equipos de erradicación, e interdicción en áreas recalcitrantes.” En 2007 el gobierno de EE.UU. también introdujo la primera de por lo menos cuatro “Escuelas Pre-Policía” para estudiantes del 5º año de secundaria. Los graduados pueden participar en el examen de admisión a la Escuela Técnico Superior de la PNP. Las “Escuelas de Pre-Policía” son gratuitas.

Contrainsurgencia

Mientras Perú se militarizaba con el pretexto de la guerra de la droga, el Departamento de Estado de EE.UU. justificó su asignación presupuestaria para 2008 señalando: “El mayor cambio del programa policial para el año fiscal será el requerimiento de apoyar una presencia muy ampliada de la policía contra la droga de Policía Nacional del Perú (DINANDRO) en los valles de cultivo de coca.” Aunque la región en la que ocurrió la masacre no es de ninguna manera una importante región de cultivo de coca, aparece ciertamente en el mapa de la Oficina de la ONU contra la droga y el crimen (UNODC) (archivo PDF – vea página 192).

El gobierno de EE.UU. es propenso a financiar operaciones “antinarcóticos” en territorio rebelde, que es entonces utilizado, sea abiertamente (nótese el entrenamiento suministrado a DINANDRO por EE.UU. en el control de disturbios) o de modo clandestino, para financiar operaciones de contrainsurgencia. La simple mención de la región en el mapa de cultivo de coca de UNODC combinado con la presencia de organizaciones de resistencia indígena prácticamente asegura un refuerzo militar-policial en la región. De hecho, un informe de la GAO de 1991 declaró: “La política del poder ejecutivo [peruano

] es utilizar la ayuda antinarcóticos contra narcotraficantes y grupos insurgentes vinculados al narcotráfico… creemos que la política es razonable.” El informe de la GAO sigue diciendo:

“De los 702 policías entrenados para propósitos antinarcóticos desde 1989, sólo cerca de un 56% provenían de unidades con una misión antinarcóticos. El restante 44% venía de unidades policiales con una misión primordial de contrainsurgencia. Esas unidades incluyen a los Sinchis (División de Operaciones Tácticas Antidrogas Sur) y al Departamento de Operaciones Especiales [Dinoes, que también participó en la masacre]… En diciembre de 1990, el Departamento de Estado instruyó a la embajada que no podía entrenar a ciertos tipos de unidades, incluido el Departamento de Operaciones Especiales, porque no estaban directamente involucradas en misiones antinarcóticos. A pesar de esa notificación la Sección de Asuntos de Narcóticos entrenó a 32 personas que no debieran haber sido entrenadas; esos 32 representaban casi un 14% del número total de policías entrenados después de emitida la instrucción. Según funcionarios de la sección, el entrenamiento de fuerzas de operaciones especiales ayudará a los esfuerzos de EE.UU. para obtener su apoyo en operaciones futuras… Aunque policías de los Sinchis y del Departamento de Operaciones Especiales pueden realizar algunas operaciones antinarcóticos, se reconoce que su misión primordial es la contrainsurgencia.”

Aunque el informe de la GAO es de la era de Fujimori, los presidentes derechistas que le siguieron han hecho poco por rectificar los males del pasado. Uno de los ejemplos más flagrantes de este hecho es la ley de amnistía de Perú que protege a criminales de guerra. Además, el actual presidente Alan García sirve su segundo período no consecutivo; sirvió el primero en 1985-1990, cuando la guerra sucia de Perú tenía lugar a todo vapor. El gobierno de García ha sido siempre caracterizado por masacres contra el descontento social: el actual presidente fue responsable de la masacre de Accomarca en agosto de 1985 (entre 47 y 74 campesinos muertos), la masacre de Cayara en mayo de 1988 (unos treinta muertos y más desaparecidos), y varios disturbios en las prisiones en los que fueron ejecutados más de 200 reclusos.

Por desgracia, la masacre de García de los pueblos indígenas awajún y wampi en el bloqueo de Bagua es sólo la última en toda una serie. El propio García parece totalmente impenitente respecto a la última matanza, y supuestamente ha calificado a las organizaciones indígenas que participaron en el bloqueo de Bagua de “ignorantes” y se ha basado en argumentos típicamente racistas para restar importancia al movimiento indígena. Dando a entender que la gente indígena es incapaz de pensar por sí misma y de tomar sus propias decisiones sobre su bienestar, declaró a la prensa que las organizaciones indígenas estaban siendo manipuladas por fuerzas izquierdistas extranjeras.

Helicópteros

Testigos de la masacre de Bagua afirman que la policía disparó gas lacrimógeno y munición de guerra desde helicópteros policiales. Los helicópteros, Mi-17 hechos en Rusia, no fueron comprados con dólares de EE.UU., pero el dinero de la guerra contra la droga estadounidense los ha mantenido durante años.

Como parte de la Iniciativa Andina contra la Droga (IAD), un programa de George H.W. Bush que generó el infame Plan Colombia, el gobierno de EE.UU. emprendió la tarea de actualizar la flota aérea policial de Perú. El periódico peruano La República informó que el gobierno de EE.UU. se proponía actualizar toda la flota de la PNP. EE.UU. comenzó a suministrar fondos para las aeronaves peruanos bajo los auspicios de esfuerzos contra la droga en 1988. En 2004, el gobierno de EE.UU. suministró “financiamiento para pilotos, tripulaciones, y personal de apoyo para 15 helicópteros UH-1H de propiedad del gobierno de EE.UU. y 14 helicópteros peruanos Mi-17,” estos últimos del mismo tipo de helicóptero utilizado en la masacre de Bagua. Ya que la ayuda extranjera de EE.UU. puede tardar varios años en llegar al país receptor, es posible que el gobierno de EE.UU. haya financiado a los pilotos y las tripulaciones que estaban en los Mi-17 que fueron supuestamente utilizados para asesinar a indígenas peruanos en Bagua.

En 2007, el Departamento de Estado mencionó a los Mi-17 entre otros aviones de la PNP en su justificación del presupuesto, escribiendo que “fondos del año fiscal 2007 también cubrirán el combustible, mantenimiento, hangares y almacenamiento, alquiler de aviones cuando sea necesario, y el apoyo operativo para personal de la Aviación de la PNP (DIRAVPOL).” Un año después, el Departamento de Estado escribió: “El año fiscal 2008 continuará la fuerte inversión de fondos en el entrenamiento y el desarrollo profesional de personal de aviación de la PNP aparte del presupuesto para el aumento de las horas de vuelo.”

Aparte de financiar los helicópteros Mi-17 existentes de Perú, EE.UU. ha donado unos 24 helicópteros armados Huey II (UH-II) a la PNP. Los Hueys no fueron usados en la masacre de Bagua, pero la masacre debiera hacer que el gobierno de EE.UU. lo piense dos veces antes de donar helicópteros de combate con múltiples cañones y lanzacohetes montados en toda la nave. Los Huey II donados llegaron con el sistema de armamento M16, que incluye una combinación de ametralladoras M60C de 7.62mm y dos lanzacohetes MK-40 de siete tubos de 2,75 pulgadas.

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Kristin Bricker es corresponsal basada en México de Narco News. También forma parte del colectivo Rebel Imports que vende textiles, café y miel de comercio justo de las cooperativas zapatistas. Para contactos con Kristin escriba a krisbricker@gmail.com. Su blog personal es http://mywordismyweapon.blogspot.com

http://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2009/06/us-drug-war-money-funded-peru-indigenous-massacre

Carta abierta al presidente del Perú, señor Alan García

Rigoberta Menchú Tum
World Image Press / Rebelión

Con indignación y dolor he sido testigo a distancia del giro de los acontecimientos en la República de Perú, a raíz del rechazo de los pueblos indígenas amazónicos a los acuerdos comerciales internacionales suscritos por su persona en su calidad de Presidente, violatorios de la Constitución Política, del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y las leyes de su país.
La brutal respuesta del Estado peruano en Bagua, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, a la resistencia indígena en defensa de la Madre Naturaleza (tras 56 días de movilización amazónica, fracaso del diálogo y postergación de la derogatoria de varios decretos legislativos) , ha costado la vida de numerosas personas y el desplazamiento de cientos de familias en busca de resguardo para evitar ser víctimas mortales de la acción represiva de la fuerza pública.

La supuesta ‘conspiración internacional’ denunciada por su gobierno, es una farsa. Los pueblos indígenas del Continente sólo están reclamando consulta, participación, respeto a las comunidades originarias y salvaguarda de la naturaleza. Están rechazando en forma enérgica la subordinación de la clase política y de los empresarios nacionales a los poderosos intereses de las compañías transnacionales. Muestran con dignidad su rostro y se movilizan por la identidad, las culturas ancestrales y el vínculo íntimo de ‘vida humana - Madre Naturaleza’. Emergen, se levantan y luchan en contra de una concepción de desarrollo que empobrece a la gente, mata paulatinamente al planeta Tierra y envilece los verdaderos intereses nacionales en cada país. Esa es la ‘conspiración internacional’ a la cual Usted y su gobierno aluden.

Por tal motivo, me uno al clamor de los ciudadanos y ciudadanas de mi país y del mundo y demando de Usted y su gobierno el cese de la represión en Bagua, se levante el estado de emergencia y toque de queda en la Amazonía, se detenga la persecución en contra de la población y dirigencia, y se realice una investigación internacional para una aclaración total de los hechos en los cuales se perdieron vidas humanas y lo cual condenamos enérgicamente en esa región, así como se dé paso al irrestricto respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. El ejercicio de derechos no debe criminalizarse. La represión estatal debe ceder espacio a la búsqueda racional de soluciones mediante el diálogo y la negociación con voluntad política real.

Atentamente,

Rigoberta Menchú Tum

http://www.worldimagepress.org/dperu.htm

Acusa la Fiscalía de Perú a seis dirigentes indígenas de apología de sedición y motín

El gobierno de Alan García cancela licencia de la radio que informó sobre la matanza
Los nativos no deponen su lucha contra las trasnacionales y mantienen tomadas tres carreteras

Dpa, Afp y Notimex

Lima, 13 de junio. Seis líderes de las protestas de los indígenas amazónicos peruanos, incluido el asilado Alberto Pizango, fueron denunciados por la Fiscalía de Perú por supuestos delitos de apología de sedición y motín, al tiempo que el gobierno canceló la licencia de una radio de la ciudad amazónica de Bagua a la que había acusado de instigar las protestas de las etnias.

Según la denuncia interpuesta por la fiscal Silvia Sack y hecha pública hoy por la prensa de Lima, Pizango, Marcial Mudarra, Daniel Marzano, Teresita Antazu y los hermanos Saúl y Servando Puerta Peña incurrieron en los delitos cuando, en una reunión realizada el 15 de mayo, emitieron un discurso con el fin de convulsionar el clima que hasta ese momento existía en el oriente peruano.

Los acusados ensalzaron las actividades al margen de la ley y de esa manera incitaron subliminalmente a tomar acciones violentas para que sus reclamos sean oídos y aceptados, argumentó Sack, en alusión a los hechos de violencia del 5 y 6 de junio cuando la policía desalojó un bloqueo carretero con saldo de al menos 24 policías y nueve civiles muertos, además de 155 heridos y, según organismos humanitarios, habría 61 indígenas desaparecidos.

Con esas figuras delictivas, los denunciados quedan expuestos a penas de hasta seis años de cárcel, según fuentes del ramo. Todo esto cuando el gobierno afirmó estar con la promoción y protección de los derechos humanos y refrendaba su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados, a decir de la cancillería.

Todos los denunciados forman parte de la cúpula de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, colectivo que aglutina a mil 350 comunidades y encabeza la huelga indígena amazónica iniciada hace 65 días en demanda de que se deroguen decretos que consideran perjudiciales para los pueblos originarios.

Detrás de nosotros hay más dirigentes, dijo al enterarse de la noticia la vicepresidenta de la asociación, Daysi Zapata, en referencia a que las acciones judiciales no los amedrentarán.

A raíz de esos incidentes, Pizango, presidente de esa agrupación y rostro visible de la huelga, se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima y obtuvo asilo en ese país, luego que el gobierno del presidente Alan García lo acusó de ser el principal responsable de los hechos de violencia. Actualmente está a la espera del salvoconducto para poder viajar.

Ya antes de los hechos de Bagua, contra Pizango había denuncias por sedición, rebelión conspiración y motín, entre otros delitos. Se descuenta en círculos periodísticos que a raíz de los hechos de violencia se le formularán más cargos, los que según expertos pueden ponerlo en riesgo de recibir hasta 35 años de cárcel.

En tanto, el Ministerio de Comunicaciones canceló la licencia a la radio La Voz, de la ciudad amazónica de Bagua, al noreste del país, a la que días atrás acusó de instigar a las mencionadas violentas protestas indígenas, denunciaron el sábado el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.

Las autoridades justificaron la drástica medida al alegar un informe técnico oficial, donde se señala que la radio instaló su planta transmisora en un lugar distinto al autorizado en marzo de 2007.

El periodista y directivo de radio La Voz, Carlos Flores, rechazó el cierre y lo atribuyó a la labor informativa que cumplió el 5, 6 y 7 de junio en Bagua durante el desalojo policial de indígenas que bloqueaban una carretera local.

En ningún momento hemos llamado a la población a la insurgencia o a quemar edificios, sino más bien llamamos a la pacificación y la solidaridad para que se asista a los heridos y se ayude a llevarlos hacia los hospitales, dijo Flores al rechazar la versión de la policía de haber instigado las protestas de las etnias.

El cierre de la radio es el primero de un medio de comunicación que se produce en el contexto de un movimiento de indígenas amazónicos, que se encuentran en huelga y mantienen bloqueos de carreteras desde abril pasado en contra de un paquete de leyes que, aducen, atentan contra sus territorios y afecta el medio ambiente en beneficio de las compañías petroleras trasnacionales.

Mientras, manifestantes mantenían bloqueadas hoy tres carreteras en zonas distintas a las incluidas en la huelga amazónica como muestra de solidaridad con los nativos, tomas que se registran en las provincias de Andahuaylas y Tarma, de los departamentos andinos de Apurímac y Junín, y en la provincia de Canchis, en la parte andina del departamento de Cusco.

Desde La Paz, el presidente boliviano Evo Morales dijo que la violencia desatada entre indígenas y policías en Perú fue un genocidio del Tratado de Libre Comercio por la privatización y entrega de la selva amazónica de Sudamérica y Latinoamérica a las trasnacionales, tras la suscripción de ese texto entre Lima y Estados Unidos.

Recordó que en la guerra del Chaco, que hace más de siete décadas confrontó a Bolivia y Paraguay, no se enfrentaron las fuerzas armadas de los dos países, sino que era la guerra de dos petroleras, una de Estados Unidos y otra de Inglaterra.

Gobierno peruano cierra emisora en Bagua

Lo primero que hacen los fascistas es cerrar los medios de comunicación, como cuando el golpe de estado al gobierno de Hugo Chávez, o no permitirles la entrada a los periodistas, como cuando el gobierno de Israel masacró a los palestinos en Gaza. Es un síntoma inconfundible de que están cometiendo actos criminales y no quieren que la opinión pública lo sepa.

Telesur

El gobierno peruano canceló este viernes la licencia de funcionamiento a la emisora La Voz de Bagua, ubicada en la provincia peruana de Bagua, norte del país, acción que ha sido calificada como un atentado a la libertad de expresión, por la Asociaciación Nacional de Periodistas del Perú-Filial Utcubamba.
La agrupación periodística peruana interpondrá medidas legales y cautelares que consideren oportunas, en rechazo a la medida.
El director de prensa de Radio La Voz de Bagua Grande, Carlos Flores Borja, recibió una Resolución Viceministerial Nº 211-2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con la que se deja sin efecto la autorización de funcionamiento de esta emisora.
Flores Borja denunció que la cancelación de su licencia es una forma de represalia por parte del Gobierno por la información que este medio difundió el pasado 5 de junio sobre la represión policial a la manifestación indígena que se desarrollaba en esa localidad amazónica y que concluyó con más de 40 muertos.
"Esto es por el cumplimiento de las amenazas de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas y demás autoridades apristas como Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Aurelio Pastor. Ellos anunciaron que se iba a cancelar la licencia por considerar que hacíamos apología a la violencia cuando informamos los hechos de Bagua", remarcó.
Informó que ya los abogados de la emisora radial preparan una medida cautelar para impugnar la resolución.
El director de prensa de la radioemisora Carlos Flores Borja informó que acatarán la medida que les impuso el MTC, pero resaltó que lo harán porque temen que sus equipos sean incautados.
El MTC peruano alega que se canceló la licencia de la radioemisora porque el medio de comunicación no ha presentado a tiempo su documentación de funcionamiento.
Este argumento fue desmentido por Flores Borja, quién aseguró que de ser el caso la medida se hubiera dictado con anterioridad.
"Siempre hemos cuestionado al gobernador que representa al partido aprista (APRA, en el poder), Helbert Alcántara Morales", comentó vía telefónica, con lo que insinuó que la decisión de cerrarle la emisora, lleva intrínseca una respuesta política.
Desde el pasado 9 de abril, los indígenas peruanos demandan a través de protestas, la derogación de unos decretos que consideran lesivos a sus derechos. Luego del ataque a una de las manifestaciones el pasado 5 de junio, los nativos denuncian que el Gobierno intenta criminalizar sus reclamos, tras anucniarlos como culpables de los hechos violentos de Bagua y Utcubamba, al norte del país.
Después de los incidentes a varios de los líderes de la protesta, se les dictó una orden de detención.
Lo hechos contra la comunidad étnica han tratado de ocultarse según denuncian los nativos. De hecho, el número de muertos del día 5 de junio, depende de la fuente. El Gobierno habla de nueve indígenas y 20 policías, mientras que los aborigenes indican que murieron más de 30, otros están heridos y denuncian también de desaparecidos.

En defensa de los pueblos amazónicos

Ángel Guerra Cabrera

¿No era el APRA el que se proclamaba adalid de Indoamérica? Al menos, el vocablo y su sustentación, no del todo cuestionables, fueron autoría de su célebre fundador. Pues hete aquí que el gobierno aprista de Lima ha arremetido manu militari contra los pueblos indios de la Amazonia y provocado una matanza atroz de nativos y policías. Los indígenas reclaman el derecho a la autodeterminación, a sus territorios ancestrales y a ser consultados sobre el uso de los recursos naturales que albergan, a defender el medio ambiente y al reconocimiento de su identidad, demandas consagradas en el derecho internacional y plasmadas en las nuevas constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela. La Amazonia peruana ocupa más de la mitad del territorio nacional y es ubérrima en biodiversidad, recursos hídricos y forestales, hidrocarburos y minerales. Al defenderla de la codicia del capital los nativos prestan un servicio invaluable a Perú y a la humanidad.

Los 56 pueblos amazónicos peruanos poseen una depurada cultura forjada en milenios de relación con la selva tropical. De ella surgió su eficaz estrategia de supervivencia apoyada en la horticultura, la caza, la pesca y la recolección. Su sofisticado e insustituible conocimiento de la flora y la fauna constituye un referente obligado de cualquier proyecto de desarrollo en la Amazonia. No se oponen al progreso, pero sí a que en nombre de éste se les prive de sus derechos y se agreda a la naturaleza, puesto que lo conceptúan desde una perspectiva solidaria, antagónica a la occidental, avariciosa y racista de la oligarquía limeña. Como muchos otros pueblos indígenas rechazan la propiedad privada de la tierra y batallan por no ser sacrificados al dios mercado, más voraz aún por la monumental crisis capitalista.

Los pueblos awajum y wampis, predominantes en Bagua, donde el gobierno lanzó el ataque, son indomables y no pudieron ser reducidos por la Conquista ni por los gamonales caucheros de la república colonialista. Junto con los demás pueblos de la selva enfrentan una coalición de intereses imperialistas cuyos operadores locales son de una ceguera política inaudita. Cómo será, que el neoliberal diario El Comercio, vocero del proyecto de entregar la Amazonia al capital trasnacional, se vio forzado a acusar al presidente Alan García y al Congreso de no propiciar el diálogo con los nativos. El gobierno culpa a Bolivia y Venezuela del conflicto como si los indígenas no fueran capaces de concebir y defender un proyecto de vida propio.

Los pueblos amazónicos en su resistencia han creado complejas formas organizativas muy democráticas y desarrollado un liderazgo con sólidas convicciones, inspiradas en el conocimiento ancestral, pero también en una formación política contemporánea. Este esfuerzo marcó un hito hace tres décadas con la fundación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que ha demostrado capacidad de sostener prolongadas jornadas de lucha, espíritu de diálogo con el gobierno y prudencia, pero también gran determinación.

Cuando el Ejecutivo emitió en 2008 decretos que abrían las puertas a la explotación petrolera y depredación salvaje de la selva por las trasnacionales, la Aidesep convocó protestas durante agosto y septiembre, que obligaron al Congreso a derogar uno de ellos y comprometerse a revisar dos más. Pero pasaron los meses y ni el Legislativo ni el Ejecutivo mostraron el menor interés en solucionar el conflicto. El primer ministro dialogaba con la dirigencia indígena, pero desde posiciones intransigentes. Al ver que tampoco el Parlamento cumplía su compromiso, los indígenas decretaron el 9 de abril de ese año un paro en la selva que continuaba el 6 de junio cuando la multitud que mantenía cortada la carretera transamazónica fue agredida por un gran contingente policial apoyado por helicópteros. Asesinados aproximadamente 25 de sus filas, los nativos ripostaron con los medios a su alcance, ocasionando dos decenas de muertos a los agentes.

Un misionero jesuita que convivió con los awajum y wampis escribió: “son siempre pacíficos y buenos amigos cuando se les respeta y no se abusa de ellos y ante la menor injusticia y abuso… se rebelan enseguida…” Así lo confirman numerosas crónicas ignoradas por García y su gabinete, cuya renuncia por este crimen exigen decenas de organizaciones de Perú que han llamado a una Jornada Nacional de Protesta.

aguerra_123@yahoo.com.mx

Toda la población del mundo tiene que defender al Amazonas porque es el pulmón del planeta. Venderle nuestro pulmón a las transnacionales para que lo corten en pedacitos y luego vendan éstos ocasionándonos la muerte es un suicidio. Los pueblos amazónicos están defendiendo nuestra vida en el planeta, no podemos dejarlos solos.

Etnocidio en la selva, una masacre deliberada

Carlos Angulo Rivas
Aporrea

La diferencia no es muy grande, sólo los seres humanos masacrados han cambiado. La sed de sangre de Alan García Pérez es inagotable. Repite su historia del pasado, la de ordenar matanzas humanas como las de El Frontón, Lurigancho, Los Molinos y las de las comunidades andinas. No le importa si mueren pobladores o policías. No se diga que no hubo paciencia en el pueblo. Sesenta días de huelga masiva de los pueblos nativos de la Amazonía, de protesta nacional y de apoyo global a esa justa lucha, a lo largo y ancho del país, además de la solicitud internacional, son exhortaciones más que suficientes para hacer reflexionar cualquier gobernante, excepto, para un genocida calificado que no escucha ni escuchará jamás a nadie.
La maniobra aprista en el Congreso el día de ayer, para no tratar el problema de la derogatoria de los inconstitucionales decretos legislativos depredadores de la Amazonía, los cuales no respetan el medio ambiente, ni los ríos, ni los árboles ni los animales y menos los derechos ancestrales de lo pueblos originarios, fue el preparativo indispensable para ordenar el asesinato de quienes sólo defienden su derecho a existir.

Hace apenas dos días el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, organismo asesor del Consejo Económico y Social, hizo un llamado preventivo al gobierno peruano respecto a lo que podía ocurrir en caso de seguir embromando a los nativos a través de conversaciones dilatorias y farsantes. El organismo de la ONU expresó su preocupación sobre los informes recibidos durante su octavo período de sesiones en relación a los abusos que viene cometiendo Alan García en contra de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades nativas. La Presidenta de ese organismo, Victoria Tauli Corpuz, en declaración oficial, recordó al Gobierno peruano la obligación que tiene de consultar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, tal y como lo establecen los compromisos asumidos en el Convenio 169 de la OIT. En su exposición manifestó que siendo el Perú firmante de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno está en la obligación de garantizar el pleno respeto de los derechos de las comunidades sobre las tierras tradicionales, territorios y recursos, así como el consentimiento libre, previo e informado de las mismas. También el organismo expresó su profunda preocupación por el estado de sitio decretado por el gobierno de García Pérez desde el 8 de mayo de 2009 en contra de las comunidades y organizaciones indígenas. Al respecto, la funcionaria internacional agregó: “El estado de sitio está dando lugar a la suspensión de las libertades personales y políticas de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de los líderes indígenas y de los defensores de los derechos humanos y la creciente militarización de los territorios indígenas;” en consecuencia, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas pidió al Gobierno peruano suspender de inmediato el estado de sitio.

Sin embargo, a pesar de las exhortaciones y de los reclamos, a pesar de la ilegalidad de los decretos legislativos, el gobierno de Alan García y del títere Yehude Simon ha optado por el etnocidio, pues más de 20 indígenas y 12 policías han muerto en el primer enfrentamiento de una conflagración anunciada, mientras otras 100 personas resultaron heridas, en su mayoría de bala, producto de la acción policial, desde helicópteros, ordenada por el gobierno en la Amazonía. Este crimen premeditado por el gobierno no tiene absolución alguna, ya que en un desafío a las razones legales en todos los idiomas, Alan García pretende justificar la masacre llamando “SEUDO DIRIGENTES” a los genuinos representantes de los nativos, agregando además que “cualquier estallido de violencia en la Amazonía sería responsabilidad de ellos.” Y con el cinismo que lo caracteriza, conocidos los hechos de sangre de su responsabilidad en la selva, García Pérez afirmó que los nativos estaban instigados a la violencia y utilizados como “carne de cañón” por la dirigencia de la Aidesep, encabezada por Alberto Pizango, en un intento de “jugar a la revolución.” “Cualquier hecho lamentable es absolutamente responsabilidad de los seudo dirigentes y seudos nativos que han estado instigando a personas más humildes a que tomen acciones ilegales y violentas.” Como se observa en las palabras, la pretensión de justificar el etnocidio por parte de Alan García no sólo es inconcebible sino insólita e inadmisible en una autoridad censurada por el noventa por ciento de los ciudadanos peruanos, más aún cuando piensa y vocifera que los dirigentes y los pobladores se han disfrazado de nativos, porque no de otra forma se entiende aquello de seudos nativos cuando, en realidad estamos, sin darles muchas vueltas, frente a un seudo gobierno.

La crisis del paro regional de la Amazonía que lleva sesenta días se fue agravando por las maniobras dilatorias inconsistentes del gobierno y una mesa de diálogo a cargo de un primer ministro mequetrefe, como Yehude Simon, tratando de engañar a los dirigentes nativos, lo cual llegó a desbordar los límites de la paciente espera de soluciones aceptables. Y se salió de control cuando el día de ayer el pleno del Congreso volvió a aplazar el debate sobre el decreto 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es parte de un paquete de diez leyes atentatorias al hábitat indígena y a los recursos naturales del país. ¿Cómo se explica que la Comisión la Encargada del Estudio de los Decretos Legislativos Referidos al Sector Agrario declare inconstitucional a esta legislación, para luego en una clara maniobra sin debate alguno, la mayoría congresal acuerde ponerlos de regreso a la mesa de “dialogo”? Sí señores, los decretos legislativos 997, ley de organización y funciones del Ministerio de Agricultura; 1081, que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos; 1083, que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, y 1035, Ley de adecuación al acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio de la OMC; y además, los decretos legislativos 1059, Ley General de Sanidad Agraria; 1060, que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria; 1080,que modifica la Ley Nº 27262 , Ley General de Semillas; 995, que modifica la norma de Relanzamiento del Agrobanco; 1055, que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; 1078, que modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, etc. fueron declarados ilegales por pasarse por alto el ordenamiento constitucional.

Aquí los dirigentes y los miles de nativos que se mantienen en pie de lucha contra esos decretos abusivos e ilícitos por atropellar sus derechos territoriales y sociales, por arrebatar sus tierras y los recursos naturales de ellos y del país, no son figurados ni falsos o seudos nativos como señala Alan García sino hombres de carne y hueso y familias enteras abusadas por el centralismo y la usurpación que se pretende, quienes al no ser escuchados han recurrido a la huelga y la rebeldía. Por ello también, los pueblos aborígenes han denunciado la campaña de desprestigio y persecución en su contra, diseñada desde el gobierno central. Estamos, pues, frente a una sangrienta masacre de pobladores humildes y étnicos catalogada en la legislación internacional como genocidio, siendo la única salida a la crisis creada en la Amazonía la renuncia obligada del criminal perpetrador, Alan garcía Pérez, a fin sea juzgado por este nuevo crimen de lesa humanidad. El llamado a la insurgencia popular con una paralización nacional hasta la renuncia del genocida Alan García Pérez, quien debe pasar a disposición de las autoridades judiciales por las matanzas habidas y los robos de su gobierno detectados, es el único remedio a la crisis de gobernabilidad. No cabe otra solución. Los pueblos del Perú y sus organizaciones sociales, políticas y gremiales tienen la palabra.

Alan García, el gobierno español y la masacre de indígenas peruanos

Paco Azanza Telletxiki
Rebelión

Cuando en junio de 2006 se desarrollaba la campaña electoral en Perú, todo el mundo sabía que Alan García Pérez había sido presidente del país entre 1985 y 1990; todo el mundo sabía que el aprista acabó su mandato en aquella última fecha con la economía colapsada, con el poder adquisitivo de los peruanos desaparecido por una inflación acumulada del 7.600%; todo el mundo sabía, también, que en 1986 había sido el responsable de la matanza de más de 250 presos en tres cárceles limeñas, y que en 1992 pasó a la clandestinidad, exiliándose en medio de acusaciones –fundadas- de enriquecimiento ilícito; todo el mundo sabía que había depositado fondos públicos peruanos en el Banco de Crédito y Comercio Internacional –BCCI-, dominado por el escándalo de la CIA y los grandes narcotraficantes.

Pues bien, a pesar de tan siniestra y despreciable carrera, la por aquel entonces secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Obrero Español –PSOE- y hoy flamante ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, apoyó públicamente la candidatura de Alan García, quien finalmente ganó las elecciones, aunque con escaso margen sobre Ollanta Humala; un candidato, sin duda, menos favorable a los intereses de las transnacionales españolas.

En aquellos momentos y según datos oficiales, Perú contaba con más de 14 millones de pobres -el 54% de la población-, como consecuencia de la despiadada política neoliberal, y la indigencia afectaba a más de 7 millones de personas -niños, mujeres y ancianos en su gran mayoría-. Dos años atrás, con Alejandro Toledo como presidente, la deuda externa de Perú era de 28.000 millones de dólares, y más del 20% del presupuesto peruano del Estado se dedicaba al pago de la deuda –más del 50% a intereses-. José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno, por puro interés económico de la oligarquía española -a la que, a pesar de erigirse como socialistas, ellos también pertenecen-, apoyó el continuismo neoliberal que representaba Alan García Pérez, o lo que es lo mismo, el hambre y la creciente miseria que padece la mayoría de los peruanos.

A día de hoy todo sigue parecido en Perú: ningún signo de mejoras entre su población históricamente castigada. En cuanto a Alan García, éste sigue siendo el mismo y deshumanizado individuo presentado unas líneas más arriba de este texto.

El pasado viernes, día 5 de junio, una treintena de indígenas amazónicos fueron asesinados, al parecer tiroteados por fuerzas armadas gubernamentales desde helicópteros y vehículos blindados. Los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana se manifestaban contra la destrucción y la contaminación de su espacio vital.

Se da la circunstancia de que en los últimos años han sido descubiertas, en el norte de Perú, grandes reservas petrolíferas, las cuales Alan García se empeña en poner en manos de compañías extranjeras para su explotación. Al presidente peruano no le importa las consecuencias trágicas que para las comunidades de cazadores-recolecteros, que obtienen sus recursos del bosque y de los ríos, éste hecho pudiera tener. Tampoco le importa que, desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y amparadas por las convenciones de Naciones Unidas, las comunidades indígenas tengan reconocido el derecho sobre aquel espacio. Con los mencionados cadáveres puestos sobre la mesa –también murieron algunos policías- el gobierno de Alan García ya ha dejado bien claro cual es su postura a este respecto.

A día de hoy, que yo sepa, ni Trinidad Jiménez -aunque ahora desempeñe otro cargo- ni el gobierno español se han pronunciado sobre el trágico suceso; y mucho menos todavía les ha dado por cuestionar a su aliado peruano. Resulta curioso –que no sorprendente- cómo el gobierno español, cuyo lema favorito viene a ser algo así como “con la violencia, tolerancia cero”, y que además hace tan sólo tres años apoyó de interesada manera al responsable de la masacre, guarde hoy tanto mutismo. ¿Complicidad o desdén? ¿Sería descabellado decir que, quizá, ambas cosas a la vez?

http://baragua.wordpress.com

La misma receta que España le aplicó a México en las elecciones del 2006. Queda claro que los gobiernos españoles no importa de que partido continúan con su política colonialista hacia América Latina. No les basta con los genocidios que cometieron durante la invasión desde el descubrimiento de América hasta la proclamación de la independencia de los países americanos sino que siguen siendo hasta la fecha coautores de las masacres de indígenas. Son enemigos de la democracia en nuestros países y son ¡un peligro! ¿Por qué América Latina no implementa un bloqueo a España como el que injustamente se le impuso a Cuba? Por lo menos de unos 50 años.

Indígenas acuerdan tregua; 3 mil continúan el bloqueo a carretera de la Amazonia peruana

Afp, Dpa y Reuters

Lima, 9 de junio. Unos 3 mil indígenas continuaban bloqueando este martes una carretera en la Amazonia peruana luego de pactar una tregua con las autoridades, por lo que sus líderes advirtieron que mantendremos el corte hasta que el gobierno nos escuche, en medio de una situación potencialmente explosiva tras los enfrentamientos del pasado fin de semana que dejaron decenas de muertos y heridos.

En tanto, Nicaragua confirmó haber otorgado asilo político al líder indígena peruano Alberto Pizango por considerarlo perseguido del gobierno de Alan García, mientras Bolivia rechazó acusaciones el gobierno y congresistas de Perú de que el presidente Evo Morales haya alentado indirectamente las protestas y advirtió que esto tensa aún más las difíciles relaciones bilaterales.

Hoy estamos declarando una tregua de un día en nuestra lucha, para dejar pasar vehículos y que la gente no esté desabastecida, indicó el dirigente Vladimiro Tapayuri antes de ordenar la apertura de la carretera que une las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas –unos 900 kilómetros al norte de Lima–, después de arduas negociaciones con la policía y la Defensoría del Pueblo.

No nos vamos a mover hasta que el gobierno derogue la legislación que afecta nuestro territorio, dijo Hernán Kariaja, apu (jefe máximo) de la etnia Kandozi, los grupos guerreros más respetados de la Amazonia, con comunidades desde la frontera con Ecuador hasta cerca de Cusco, en Perú.

Nosotros nos enfrentamos a los (soldados) ecuatorianos en la guerra del Cenepa y ahora nos quieren quitar nuestras tierras, agregó en referencia a una guerra fronteriza con Ecuador en 1995.

No levantaremos los bloqueos hasta que el gobierno derogue las leyes que atentan contra nuestro pueblo, advirtió a su vez Tapayuri, jefe del frente de lucha de las etnias Cocama y Cocaniche.

Sostuvo que ahora sus demandas también son por la liberación de los indígenas detenidos tras los enfrentamientos en la ciudad de Bagua el fin de semana, que según la Defensoría del Pueblo llegan a 40. Que se investigue lo sucedido en Bagua y se nos diga la verdad sobre los cientos de hermanos desaparecidos, dijo.

Tapayuri consideró al dirigente Pizango, que se asiló en Nicaragua, perseguido político y señaló que la lucha continuará hasta derogar las leyes que les afectan.

La esposa de Pizango, Sonia Huañapi, afirmó que su marido seguirá luchando por sus derechos pese a la persecución del gobierno y rechazó las acusaciones que se le hacen de responsabilizarlo de los sucesos de violencia.

El embajador nicaragüense en Perú, el líder histórico sandinista Tomás Borge, informó desde Managua que el presidente Daniel Ortega otorgó asilo a Pizango, de 44 años, al considerar que se trata de un caso estrictamente político y de un perseguido que tiene todas las características de serlo.

Indicó que su gobierno solicitará el salvoconducto a Lima para que pueda salir hacia Nicaragua.

Esto ocurre mientras se conocen muestras de solidaridad de organizaciones indígenas en Ecuador, Colombia y Bolivia, así como sendas protestas de residentes peruanos en Managua y otra ante la sede de la embajada peruana en La Paz, con pancartas en las que se responsabiliza al gobierno peruano de los desalojos violentos de campesinos e indígenas.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, rechazó en La Paz las acusaciones de parlamentarios peruanos de que Evo Morales haya tenido injerencia en el conflicto que estalló en la Amazonia peruana por la carta que envió a la cumbre indígena continental celebrada en Puno, a finales de mayo, en la que instó a los 5 mil delegados presentes a pasar de la resistencia, a la rebelión y de la rebelión a la revolución.

García Linera aseveró que las palabras y los papeles no matan, las palabras y las ideas de dignidad no asesinan, y subrayó que lo que provoca los conflictos, la violencia, la muerte o las sublevaciones no son cartas ni documentos. Son los problemas internos de cada sociedad, son las injusticias, los abusos y las discriminaciones que llevan a la gente a plantear sus luchas, sus resistencias, sus sublevaciones, reportó la corresponsal de La Jornada Rosas Rojas.

En tanto, se informó que un acercamiento entre el gobernante Partido Aprista Peruano, la Unidad Nacional y la Alianza por el Futuro –todas de derecha– abrió la posibilidad de que este miércoles se suspenda en el Congreso de Perú el decreto cuya vigencia desató los hechos de violencia entre fuerzas de seguridad e indígenas.

Mientras fuentes en el Congreso señalaron que el objetivo de esta medida se encamina a reabrir el diálogo con los nativos y buscar alternativas de consenso, el primer ministro Yehude Simón anunció que el gobierno se dispone a restablecer el diálogo y que se coordinará con la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia católica para que colaboren.

En medio de esta situación la ministra peruana de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, renunció en desacuerdo con la forma en que el gobierno de su país manejó la crisis en la Amazonia, para convertirse en la primera víctima política de estos sucesos. Además, exigieron las renuncias de Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

En Washington, Perú defendió ante la Organización de Estados Americanos su ejercicio legal en los hechos de violencia del fin de semana en la zona amazónica de Bagua, en que murieron agentes e indígenas, y dijo que realiza todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos.

Agregó que el gobierno de Alan García utilizó la fuerza del Estado ante una conspiración contra el sistema democrático.

Cancelan licencias a medios alternativos que informan sobre la represión indígena en Perú

TeleSUR

El gobierno de Perú comenzó a cancelar las licencias de funcionamiento de radios alternativas que han estado informando sobre la represión policial que el viernes pasado dejó a más de 40 muertos, denunció este martes el periodista peruano Carlos Flores.
En un contacto telefónico con la emisora venezolana YVKE Mundial, Flores, quien labora para Radio La Voz, además informó que existe la posibilidad de que el Ejecutivo de ese país intente encausar judicialmente a los periodistas que han denunciado las actuaciones policiales, que incluyeron incursiones por aire y tierra.

Flores afirmó que el gobierno de Lima pretende callar a los medios alternativos para privilegiar a las estaciones de radio y televisión vinculadas al poder económico y político, que han ocultado y manipulado la realidad sobre la mascare ocurrida en la Amazonia peruana, en la que murieron más de 40 personas.

El reportero además destacó que los indígenas exigen en su protesta, iniciada el pasado 9 de abril, respeto a la tierra, al ambiente y a sus derechos y formas de organización, todo ello vulnerado por los decretos emitidos por el Gobierno para ajustarse al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Desde Bagua Grande (norte), lugar donde ocurrió la represión policial, Flores explicó que en esa localidad se vive una tensa calma, luego de los graves hechos de violencia registrados entre el pasado viernes y sábado, y que sus habitantes intentan volver a la normalidad, con la apertura de algunos comercios, a pesar de que continúa el estado de emergencia y el toque de queda ordenado por el Ejecutivo.

Al ordenar el toque de queda, García señaló que los indígenas "no son ciudadanos de primera clase. No vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por encima de los de 28 millones de ciudadanos".

Adelantó que la Defensoría del Pueblo de su país, logró este martes que alrededor de 600 indígenas, que se habían refugiado en la iglesia local y en otras residencias por temor a la arremetida gubernamental, fuesen trasladados a buen resguardo hacia sus comunidades de origen.
La crisis de las protestas indígenas se agravó el pasado viernes debido a que el pleno del Congreso del país suramericano aplazó el debate sobre el decreto 1090 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que forma parte de una decena de leyes que los nativos reclaman al Gobierno central sean derogadas, por considerarlas lesivas a sus derechos sociales y territoriales.
Ante la arremetida del Gobierno, el líder indígena peruano Alberto Pizango se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima, tras la orden de detención en su contra.
Pizango impulsó la protesta indígena para defender derechos ancestrales de varias etnias de la Amazonia peruana.
Managua respondió favorablemente a la petición del líder aborígen y le concedió la figura del asilo político, tal como lo confirmó el embajador nicaragüense en Perú, Tomás Borge.
Borge explicó que su gobierno otorgó este beneficio al considerar que el caso de Pizango tiene todas las características de perseguido político e informó que la Organización de Estados Americanos (OEA) está estudiando la masacre cometida en la Amazonia peruana.

teleSUR-Yvke/md-MM

Manifiesto de escritores peruanos

Los escritores peruanos, consternados por la brutal represión desatada contra grupos de pobladores de las ancestrales tierras amazónicas, han redactado el siguiente:

MANIFIESTO DE ESCRITORES SOBRE MASACRE EN LA AMAZONÍA PERUANA

Nuevamente el rostro lívido de la Bestia, el fascismo, último recurso del capitalismo asesino, desesperado por mantener sus privilegios seculares, masacra impunemente al pueblo peruano. Los señores del caucho se han reencarnado horrorosamente en los gobernantes de una república bananera: Alan García Pérez, el genocida de los penales, el Gabinete Ministerial en pleno, compinches de la masacre, los congresistas del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo, mienten todos al pueblo peruano, insistiendo en que la población amazónica y sus dirigentes son los culpables de la masacre desatada con exclusiva responsabilidad de Alan García Pérez. El silencio tanto como la desidia nos vuelven cómplices del crimen y nosotros, un puñado de escritores asqueados del circo mediático racista que falsea la verdad de la matanza ordenada por Alan García Pérez, no queremos frenar nuestra lengua.

Hemos visto —no por los canales de televisión— cómo cientos de policías de la DINOES armados cual rambos cholos provocaron al pueblo amazónico. Hemos visto cómo decenas de francotiradores apostados en las azoteas de las casas tiraban a matar con fusiles de guerra iniciando así la carnicería, hemos visto y recibido informes de cómo helicópteros artillados bombardeaban al pueblo inerme, protegido tan sólo con lanzas y flechas (claro, son unos salvajes y feroces chunchos reducidores de cabezas) y si ese pueblo alzado, harto de mentiras y negociaciones estériles y mañosas, ha conseguido armas de fuego es porque en su arrojo se las arrebataron a brazo partido a policías protegidos por chalecos antibalas, expertos en debelar levantamientos, ¿o qué quiere la señora Cabanillas, que el pueblo se deje matar poniendo el pecho abierto como en tantos otros degolladeros realizados en contra de peruanos desarmados?

Encender la televisión o escuchar RPP en estos instantes provoca intensas arcadas. El cerco mediático racista tergiversa los hechos y se empeña brutalmente en demostrar que solamente son policías quienes han muerto en el genocidio. Lamentamos la muerte de esos policías manipulados por el poder corrupto. Pero, ¿quién en su sano juicio osaría defender un orden democrático pútrido en donde un policía o un maestro ganan menos de ochocientos soles y un congresista o ministro se embolsica veinte mil soles mensuales? ¿quién en su sano juicio puede creer que lanzas y flechas pueden más que fusiles de guerra, pueden más que helicópteros artillados, pueden más que granadas y bombas lacrimógenas?

Voluntarios belgas (http://catapa.be/en/north-peru-killings) y amigos presentes en el lugar de la masacre, nos envían fotos, vídeos y testimonios de la cacería desatada por el gobierno en contra de nuestros hermanos amazónicos. En emisoras de Loreto se habla de 150 pobladores asesinados y de la deserción de decenas de soldados, hijos de nativos masacrados. En estos momentos sabemos de buena fuente que las fuerzas del desorden están carbonizando los cadáveres con lanzallamas, están arrojando los cadáveres —que se niegan a devolver a los deudos— a los ríos y quebradas, están fusilando a los líderes indígenas capturados, están deteniendo a todo aquél que tenga “cara de indígena”, están amenazando a periodistas locales y regionales para que no difundan la espantosa verdad del genocidio. Luego el cerco mediático racista dirá que estos indígenas desaparecidos fueron delincuentes terroristas que se hicieron al monte, coronando así esa asociación funcional para el Estado criollo: indio, terrorista y delincuente.

Es el propio Estado criollo-burgués quien le ha declarado la guerra al pueblo alzado que reclama por el respeto de esa institucionalidad jurídica que el propio Estado dice defender cuando le conviene. El mentado DL 1090 es ANTICONSTITUCIONAL, no contempló jamás el mecanismo de consulta que manda el Convenio OIT 169 suscrito por el Estado criollo y que ahora desconoce. La tenebrosa jactancia de Yehude Simon Munaro no debería sorprendernos: “es el peor de los traidores”, dijo de él alguna vez el finado Alfonso Barrantes Lingán y muchos recuerdan su actitud servil frente al delincuente Kenya Fujimori para lograr prebendas cuando estaba preso por terrorismo. El absoluto cinismo de Alan García Pérez, Yehude Simon Munaro, Mercedes Cabanillas, Ántero Florez-Araoz, Javier Velásquez Quesquén, Rosario Fernández y el hipócrita oxapampino Antonio Brack Egg, causaría envidia a Diógenes llamado el Perro. El Estado criollo encarnado en estos miserables derrama nuevamente sangre inocente de los que sólo tienen su tierra y sus selvas y sus ríos y ni eso quieren dejar estos miserables porque todo se compra y todo se vende en esta democracia de chiquero, porque así lo demandan las transnacionales norteamericanas y chilenas, porque así queda tranquilo San Dionisio Romero Seminario, el izquierdista del Opus Dei, porque si el perro del hortelano jode, entonces Alan García ordena matar al perro del hortelano.

Hace pocos días el escritor admirador de Sancho Panza (“un ciudadano mucho más respetuoso de la ley y del prójimo que su amo”, ha dicho del buen Sancho el entrometido novelista en Venezuela), Mario Vargas Llosa, garrapateó un artículo para rechazar una expresión (“el Perú no necesita Museos de la Memoria”) de Antero Florez-Araoz, Ministro de Defensa del régimen aprista, ex-funcionario del fujimorato y conocido ultraderechista del Partido Popular Cristiano. Pues bien, las ociosas palabras de Vargas Llosa no sirvieron de nada, pues como diría cualquier muchacho listo, Alan García se caga en la memoria, la reconciliación y cualquier concepto que remita a la paz nacional. En su ordinariez Florez-Araoz dijo algo que Vargas Llosa no acepta racionalmente, pero cala en lo más profundo de su ser, como lo demuestra el Informe Uchuraccay, en el cual el novelista tipifica a los uchuraccainos de bárbaros, primitivos, violentos y tutelables. Hace pocos días Vargas Llosa apareció por televisión abrazando al genocida Alan García Pérez, a quien antes despreciaba. Al parecer fue Vargas quien convenció a García de la conveniencia ante los ojos de la comunidad internacional de aceptar la creación del Museo de la Memoria. Con esta nueva matanza, Alan García le demuestra a Mario Vargas Llosa el gran interés que le anima por un Museo de la Memoria.

Deseamos dejar patente nuestra más enérgica repulsa por este orden injusto que se ha impuesto en nuestra patria desde el fujimorato. La imposición a sangre y fuego del MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL —ese que defiende Mario Vargas Llosa— ha causado la masacre de cientos de peruanos humildes de la Amazonía, una masacre que pudo ser evitada por los “señores autoridades”, quienes tan sólo han ratificado que la agresión, el desprecio y el olvido hacia las comunidades nativas amazónicas continúa como hace 500 años. Demandamos que el Estado criollo, corrupto y genocida, derogue los decretos de la muerte y demandamos la vacancia de la Presidencia de la República así como un juicio internacional por delito de genocidio contra Alan García Pérez y sus compinches del Gabinete Ministerial.

Si Julio Ramón Ribeyro fue lo suficientemente cobarde para amarrar su lengua cuando la matanza de los penales en el 1986 y no devolver la Orden del Sol impuesta por el genocida durante su primer gobierno, ¿Vargas Llosa se hará de los cojones necesarios para enfrentar públicamente a su nuevo amigo, el genocida Alan García, y exigir la vacancia inmediata de la Presidencia de la República? Esta vez ya no bastarán cartitas porque “la manera como se ha reprimido estos motines sugiere —por segunda vez—más un arreglo de cuentas con el enemigo que una operación cuyo objetivo era restablecer el orden”.

Un gran brujo amazónico, Ino Moxo, dijo hace mucho tiempo, “cuando pienso en Fitzcarrald y en sus mercenarios, cuando pienso que esos genocidas eran hombres, me dan ganas de nacionalizarme culebra”. Dudamos que el Vargas Llosa amigo de Aznar, Bush y Tatcher demuestre su pregonado humanismo y renuncie al encargo del genocida. Dudamos que el novelista desista a presidir la Comisión de Alto Nivel que desarrollará el proyecto del Museo de la Memoria: persistirá en el empeño, persistirá en la afrenta contra los cientos de pobladores masacrados por las balas asesinas del Estado criollo. A fin de cuentas ambos, García y Vargas, pertenecen al bando neoliberal y nosotros terminaremos con Ino Moxo nacionalizándonos culebra.

7 de junio del 2009

Gobierno de Perú busca evadir su responsabilidad culpando a otros países

Ante masacre indígena

"Al mejor estilo de la época colonial ahora se quiere expulsar a los pueblos indígenas de sus territorios de la manera más inhumana", afirmó el diplomático boliviano, Jorge Alvarado / Exhortó a la comunidad internacional a condenar el genocidio indígena / Aún se desconoce la cifra de indígenas fallecidos

(VTV)

El embajador de Bolivia en Venezuela, Jorge Alvarado, manifestó que el Gobierno de Perú busca evadir su responsabilidad en la masacre indígena, culpando a otros países de estar supuestamente detrás de la protesta indígena que desde hace más de cincuenta días, lucha por la derogación de unos decretos lesivos a sus derechos.

"Al ver que el Gobierno (de Alan García) no puede controlar la situación (levantamiento indígena) quiere culpar a otros países cuando es el propio gobierno el culpable", precisó Alvarado, durante el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.

Igualmente manifestó que "al mejor estilo de la época de la colonia ahora se quiere expulsar a los pueblos indígenas de sus territorios de la manera más inhumana" y que la protesta fue reprimida de manera brutal por las fuerzas del orden.

Exhortó a la comunidad internacional a denunciar este hecho como un genocidio, pues no se puede tratar de manera discriminatoria a los pueblos indígenas y campesinos.

Sin cifras oficiales aún

En tanto, la corresponsal de TeleSUR en Lima, Verónica Insausti, informó, en contacto telefónico con Despertó Venezuela, que "la situación es muy complicada, no hay cifras oficiales (de víctimas fatales), las cifras del Gobierno indican que 9 indígenas murieron, pero cifras de organizaciones sociales y de pueblos originarios señalan más de 100 desaparecidos".

Sin embargo, "no se puede confirmar nada debido al toque de queda, es muy difícil para las familias ir en búsqueda de sus desaparecidos", destacó.

Insausti precisó que "la actitud del Gobierno peruano es de culpar a intereses foráneos", que según su tesis, "no quieren el desarrollo económico del país" y de esa manera, dijo, evade su responsabilidad.

Reseñó la corresponsal de TeleSUR que incluso los mismos familiares de los policías muertos están denunciando al gobierno de Alan García por haberlos llevado a una confrontación con los indígenas, la cual muchos predecían que terminaría en algo funesto.

Enfatiza Insausti que "ha sido una irresponsabilidad del Ejecutivo dar la orden a las Fuerzas Armadas para ingresar a la zona, donde los indígenas tenían 53 días en situación de lucha, fuera de sus casas, sin alimentos y en condiciones precarias y que sólo buscaban la anulación de dos decretos que eran lesivos a sus derechos".

Precisó que varios sectores calificaron los decretos como inconstitucionales y que el Congreso Peruano simplemente hizo caso omiso y no tocó el tema.

Condena la CIDH la violencia en la zona amazónica de Perú

Afp, Dpa y Reuters

Lima, 8 de junio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos el viernes pasado en la región peruana de la Amazonia, y recordó al Estado su obligación de esclarecer judicialmente lo sucedido en un paraje sobre la carretera transamazónica, donde murió cerca de medio centenar de personas, entre indígenas y agentes de la policía nacional.

Ya sabemos que esa "condena enérgica" no sirve para nada. En cuanto "recordarle al Estado su obligación de esclarecer judicialmente lo sucedido" es cosa de morirse de la risa.

La reacción de la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos, se produjo un día antes de que el Consejo Permanente celebre en Washington una sesión extraordinaria para ser informado oficialmente de los acontecimientos, que fueron la causa de que cientos de residentes de la zona se refugiaran en el campo y en edificaciones de la Iglesia católica.

Un día antes pero varios después del conflicto y un día después de los varios se informa al Consejo Permanente. Al fin que no urge...

La CIDH llamó a las partes en conflicto a promover un proceso de diálogo, y sugiere al Estado adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en manifestaciones de protesta.

Curiosa la forma en que siempre le llaman a las masacres: "uso excesivo de la fuerza".

El conflicto comenzó hace dos meses, cuando las 65 etnias de los pueblos originarios reclamaron su derecho a ser consultados sobre una nueva legislación que autoriza la explotación de energéticos en la región, conforme establece el convenio 167 de la Organización Internacional del Trabajo, de la que Perú es signatario.

Indígenas controlan accesos

La operación policial de desalojo de la carretera que conduce a zonas de explotación petrolera en el norte de Perú –incluida una planta de Pluspetrol, de capital argentino– desató un enfrentamiento entre campesinos y agentes, que arrojó un saldo de 33 muertos en el área de los choques.

Opositores al gobierno del presidente Alan García afirmaron que la acción policial había generado una crisis política, que según el mandatario ha sido provocada por intereses extranjeros –a los que no mencionó directamente– que pretenden inhibir el desarrollo energético de Perú.

¿Que no la crisis política estaba generada desde mucho antes? ¿A qué intereses "extranjeros" puede interesarle inhibir el desarrollo energético de Perú? Si se refiere a Venezuela, este mequetrefe no tiene idea ni de dónde vive. Nadie en el continente ha mostrado mayor interés en el desarrollo de la región que Venezuela. Según el punto de vista de García el desarrollo energético de Perú está en función de que los extranjeros exploten los recursos de su país o sea del TLC. ¡Bonito desarrollo! No importa que le den en la madre al territorio peruano y a sus habitantes.

El diario conservador El Comercio, que respalda el proyecto de explotación energética, pidió la renuncia del gabinete y acusó al Parlamento y a García de no haber propiciado el diálogo. El costo político debe ser asumido, señaló el rotativo en su editorial de este lunes.

Puede que ahora quieran quitar a su títere Alan García para poner otro y tan tan.

La zona del conflicto –donde se encuentran los poblados de Bagua Grande y Bagua Chica– continuó bajo el control del ejército, pero otro tramo carretero tomado por indígenas, entre las localidades de Yurimaguas y Tarapoto, siguió ocupado por unos 5 mil nativos, según constató la defensora del pueblo, Beatriz Merino.

Esa palabrita de "nativos" es de corte colonial, o qué ¿no todos los peruanos son "nativos" del Perú? Hasta la defensora del pueblo se expresa según la visión que por quinientos años nos han inoculado.

Representantes del gobierno central y líderes indígenas acordaron liberar el camino este martes, mientras el jefe del gabinete presidencial, Yehude Simón, informó a una comisión legislativa que recibió un documento de la embajada de Nicaragua en el que comunica que la tarde de hoy se refugió en esa misión diplomática Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, acusado por el gobierno de incitar a la violencia.

Para los gobiernos de la derecha defender sus recursos es "incitar a la violencia".

Perú: los indígenas contra el Estado y compañías petroleras

Yvon Le Bot y Jean-Patrick Razon

Enfrentamientos entre indígenas amazónicos y fuerzas armadas han dejado decenas de muertos y numerosos heridos el viernes 5 de junio en el norte de Perú. Los nativos, que bloqueaban la ruta transamazónica, retuvieron como rehenes a varios policías. Las fuerzas del orden dispararon contra los manifestantes, utilizando helicópteros para ello, según algunas fuentes.
Estos enfrentamientos son resultado de un conflicto entre indígenas de la selva y el gobierno de Alan García, a causa de la explotación de las riquezas petroleras. Inmensas reservas han sido descubiertas en años recientes en la región. Un milagro, según el presidente García, que multiplican las iniciativas favorables a su explotación por las empresas extranjeras, incluido Perenco, un grupo franco-británico. Esto tiene consecuencias trágicas para las comunidades de cazadores-recolectores que obtienen sus recursos del bosque y de los caudales de agua.

Los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana se han movilizado contra la destrucción y la contaminación de su espacio vital y, después de varias semanas, la tensión no termina. Ellos han recibido el apoyo de numerosos sectores de la población en todo el país. Antes de los acontecimientos de los últimos días, una movilización general había sido programada para el jueves 11 de junio.

El gobierno manifestó su voluntad de pasar a toda costa, de abrir la vía a las compañías, burlándose de los derechos reconocidos a las comunidades desde los años 1970 (por parte del gobierno militar progresista de Juan Velasco Alvarado), protegidos por las convenciones de Naciones Unidas.

Esto que pasa en Perú es una ilustración dramática de un problema que se ha hecho crucial en toda América Latina: la explotación del subsuelo y la devastación del medio ambiente en detrimento de los pueblos autóctonos y de la biodiversidad. En Brasil, Chile, Colombia, Guatemala... los grupos indígenas se oponen a las empresas de explotación de recursos petroleros, mineros o forestales. En Ecuador, las comunidades amazónicas abrieron un proceso histórico contra la empresa trasnacional Texaco, que ha provocado un verdadero desastre ecológico en una vasta región. No se había visto jamás que las comunidades amazónicas intentaran un proceso contra una gran multinacional y todavía menos que los tribunales se mostraran sensibles a sus argumentos (una decisión final se espera próximamente).

Varios gobiernos latinoamericanos le han tomado la medida al problema y se esfuerzan por avanzar hacia las soluciones negociadas. Ese es el caso de Bolivia, donde el presidente indígena Evo Morales ha renacionalizado las reservas de hidrocarburos y renegociado con las empresas extranjeras las condiciones de su explotación, a fin de asegurar una redistribución más equitativa de los beneficios, notablemente por medio de programas de desarrollo, de educación y de salud para las poblaciones que lo requieren. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha propuesto, en tanto, congelar la explotación de una región entera de la Amazonia por razones ecológicas y a cambio de contrapartidas financieras de parte de la comunidad internacional. En Brasil, una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia ha venido a confirmar una orden del presidente Luiz Inacio Lula da Silva que reconoce un inmenso territorio de los grupos indígenas en el norte de la Amazonia y frena así la penetración de buscadores de oro o de traficantes de madera (en total, 13 por ciento de la superficie de Brasil está hoy constituida como territorio indígena).

Los movimientos indios que se han desarrollado en América Latina en las últimas décadas han obtenido avances importantes en nombre del país y han incluido el reconocimiento de los derechos territoriales. Sin embargo, el subsuelo queda como propiedad de la nación y la mayoría de las veces su explotacion es confiada a compañías nacionales o multinacionales que pillan y saquean sin consideración de los ocupantes ni del medio ambiente.

Yvon Le Bot, director de investigacion del Centro Nacional de Investigacion Científica (CNRS, por sus siglas en francés), es autor de La grande révolte indienne, ediciones Robert Laffont, 2009.

Jean-Patrick Razon es director de Survival International (France), movimiento mundial de apoyo a los pueblos indígenas (www.survivalfrance.org).

Traducción: Guillermo García Espinosa

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/07/index.php?section=opinion&article=024a1mun

El origen del conflicto entre el gobierno de Perú y los indígenas

BBC/Rebelión

La protesta que actualmente tiene a los indígenas como protagonistas se inició el pasado 9 de abril, en rechazo a una serie de decretos legislativos dictados por el presidente peruano Alan García.

Entre las normas cuestionadas figura una que regula el manejo de los recursos hídricos y otra que establece los parámetros de gestión del patrimonio forestal.

Esos decretos fueron dictados en 2008 por el presidente, en uso de las facultades especiales que le otorgó el Congreso, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

Las comunidades indígenas sostienen que esas normas son "lesivas" a sus intereses y permiten la "privatización" de los bosques y los recursos hídricos. Bajo esos argumentos iniciaron la protesta que incluye cortes de carreteras, cierre de válvulas de gasoductos y bloqueo a la navegación en los ríos.

Desde el Gobierno, en cambio, explican que esa legislación "ordena" el manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los indígenas. También aclaran que la inversión privada es necesaria para el Perú, siempre que se respete lo establecido en las leyes.

En medio de la protesta se abrió una mesa de diálogo entre representantes del gobierno y de las comunidades originarias que hasta el momento no arrojó resultados concretos.

Los ánimos de los manifestantes comenzaron a caldearse el pasado jueves después de que el Congreso -por iniciativa del oficialismo- decidiera posponer el debate sobre la derogación del decreto forestal.

Esa decisión fue considerada como "una burla" por los indígenas quienes decidieron radicalizar las protestas.

La protesta de indígenas peruanos derivó este viernes en graves incidentes en los que murieron al menos 33 personas.

En los hechos violentos que tuvieron lugar en la provincia amazónica de Bagua perdieron la vida 11 policías y tres indígenas según informó el primer ministro, Yehude Simon. Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en tanto, denunciaron la muerte de 22 indígenas de la etnia awajún.

Esas manifestaciones forman parte de una protesta que se desarrolla en diversos departamentos del país y que se inició hace dos meses.

Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada cuando la policía intentó despejar una carretera bloqueada por miembros de las comunidades originarias de la amazonia.

Desde la organización que representa a un sector de los nativos culparon al gobierno de haber ordenado la represión.

El presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, encabezó una conferencia de prensa en la que llamó "hacer una marcha por la paz, dignidad y la soberanía nacional".
Pizango refutó la versión dada por el gobierno y denunció que "a nuestros hermanos los han matado, los han fusilado solamente por defender el derecho de todos los peruanos a vivir dignamente en el territorio".

El dirigente solicitó "una veeduría internacional" y también pidió a la Defensoría del Pueblo del Perú que ayude "a solucionar estos grandes problemas que el gobierno ha agravado".

Tras anunciar que tiene un pedido de captura, Pizango insistió: "La tranquilidad de la protesta se ha roto cuando la policía y los militares entraron a meter bala".

El dirigente indígena reiteró sus críticas a los decretos legislativos que fueron dictados en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

"El agua y los territorios son de la nación y hoy en día quieren privatizarlos", afirmó Pizango.

Perú: “Masacre de indígenas fue un operativo político encubierto”

Por: Servindi/La Haine

“Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos". Movilizaciones internacionales para el 11 de junio

Servindi, 5 de junio, 2009.- De “operativo político encubierto” calificó el líder del Partido Nacionalista Ollanta Humala a la masacre desatada por las fuerzas policiales contra indígenas amazónicos en la localidad de Bagua.

“El gobierno ha preferido la matanza de indígenas antes que derogar los decretos legislativos lesivos a los intereses de la amazonia” indicó.

“El gobierno y su bancada parlamentaria han impedido a toda costa debatir los informes que recomiendan derogar los decretos cuestionados por los indígenas amazónicos. Y no es casual que ayer hayan boicoteado el debate por tercera vez y esta madrugada se inicie la represión” indicó.

El gobierno está haciendo un tinglado
Por su parte el congresista Isaac Meckler calificó de “tinglado” la versión oficial brindada por el gobierno donde mienten acerca de la cantidad de indígenas muertos y los acusan falsamente de portar armas AKM.

“Durante 50 días los indígenas han estado protestando de manera pacífica con sus lanzas y no es creíble que el día 51 se convierten en terroristas armados. Esto no es creíble” aseveró el congresista.

En conferencia de prensa brindada por la tarde de hoy el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Defensa y del Interior informaron que el saldo del conflicto son nueve policías y tres indígenas muertos.

Tal versión se contradice con la brindada por numerosos medios informativos que indican que habría más de 20 civiles muertos y un centenar de heridos de bala. Un solo corresponsal de Radio Programas del Perú pudo constatar personalmente nueve civiles fallecidos.

Una dificultad para precisar el número exacto de víctimas es el hecho de que las fuerzas policiales y armadas mantuvieron efectuando disparos a diestra y siniestra e impidieron el recojo de los cadaveres.

Fuentes locales informaron de rumores locales acerca de que los efectivos policiales y militares estarían trasladando los cadáveres de indígenas al cuartel El Milagro para quemarlos y desaparecerlos.

El Dr. Edgar Rodas del Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande calificó de “barbarie”, parecida a Beirut, el actuar de la policía que incluso hirió a niños y transeúntes que llegaron al nosocomio, que no se daba abasto para atender a tantos heridos.

El gobierno se ha dedicado a engañar a los nativos
Ollanta Humala señaló que el gobierno ha utilizado la Mesa de Diálogo “como un elemento distractivo para evitar resolver la derogatoria de Decretos Legislativos”.

El operativo del gobierno tiene como objetivos aplicar el Tratado de Libre Comercio sin diálogo con los pueblos amazónicos y descabezar a la dirigencia amazónica, indicó Ollanta.

Un tercer objetivo es acusar al Partido Nacionalista de ser los azuzadores, de ser la mano que está moviendo las movilizaciones, lo que es una mentira grosera que repiten algunos medios, afirmó.

“Las comunidades nativas tienen toda la capacidad de tomar sus propias decisiones y nosotros defenderemos sus reclamos sociales porque se enmarcan dentro de la democracia, en defensa de la propiedad, el agua y demás recursos naturales” expresó el lider nacionalista.

“Exigimos al Gobierno, que maneja a la bancada aprista, que permita la realización de un Pleno Extraordinario en el Congreso de la República para derogar los mencionados decretos legislativos” y evaluar la situación actual.

“Hemos dispuesto que los congresistas nacionalistas viajen a las zonas de conflicto como observadores, que cumplan sus funciones parlamentarias y humanitarias para impedir la violencia, y evitar más muertos, heridos y detenidos” precisó.

Tras el asesinato de 50 indígenas en la Amazonía, el pueblo responde

Lima, 05/06/2009 (CNR / La Haine) -- Los cuerpos de los pobladores amazónicos muertos durante los enfrentamientos con la policía en la carretera Fernando Belaunde, en la zona de "La Curva del Diablo" estarían siendo quemados por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y arrojados al río Marañón en el caserío de Reposo, en Bagua (Amazonas), según denunció el dirigente amazónico Zebelio Kayap.

En diálogo con la CNR contó que siguen masacrando a indígenas, y solicitó la intervención de los organismos defensores de Derechos Humanos.

Kayap precisó que hasta el momento hay aproximadamente 20 heridos y 40 muertos, “pero pueden ser más porque la Diroes ha entrado a atacarnos con balas y todo es un alboroto”.
Una pobladora de la zona que aseguró ser testigo de los hechos confirmó la versión de Kayap. “Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos. La población pedía que se les devuelva los cuerpos de sus familiares para darles cristiana sepultura, pero la policía no hizo caso”, informó.

Narró además que los miembros del orden perseguían a población aguaruna acusándola de senderista, y precisó que unos mestizos ayudaron a trasladar a los indígenas hasta Bagua, pero otros que no fueron embarcados en los carros, fueron retenidos en una casa de adobe donde los están masacrando.

La ciudadana, de nombre María, cuyo apellido prefirió mantener en reserva, contó que en tono amenazante un policía advirtió: “Así como han matado a nuestros compañeros policías, ustedes también tienen que morir”.

Impiden recoger heridos y cadáveres

Zebelio Kayap denunció también que en el caserío Siempre Viva, en Amazonas, la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger a los heridos y trasladarlos a Jaén o a Chiclayo, y que tampoco permite que se recoja a los cadáveres desperdigados en la zona.

“La fuerza policial está entrando a la Plaza de Armas. Queremos levantar a los cadáveres y a nuestros heridos, pero no podemos hacerlo. Sigue la balacera desde el helicóptero de la Diroes”, precisó.

Reveló además que entre los heridos se encuentran niños que fueron impactados con bombas lacrimógenas en los caseríos de Reposo y Siempre Viva. Kayap informó a la CNR, además, que los hospitales están repletos de heridos, tanto indígenas como mestizos.

Por su parte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), confirmó a través de su blog, que también recibieron información de medios locales, respecto a las agresiones contra los pobladores amazónicos y de la quema de cadáveres por parte de efectivos policiales, aunque estas informaciones aún se mantienen en calidad de extraoficiales.

Estas informaciones, desmienten lo señalado hace unas horas por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien sólo mencionó que eran tres nativos los fallecidos, lo cual sería falso pues según las fotos publicadas por la CNDDHH, se trataría de más compatriotas fallecidos en la represión policial en Bagua y Jaén.

50 pobladores muertos

El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz denunció que los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar evidencia, sobre todo los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón.

Velásquez Ruiz, afirmó que hasta estas horas de la noche la cifra de nativos fallecidos serían más de cincuenta, pero que esta situación estaría siendo ocultada por los militares y policías.

Por su parte, el dirigente indígena Zevelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), solicitó a la Policía Nacional que deje de intervenir violentamente a los nativos apostados en la zona de la Curva del Diablo, en Amazonas, porque ellos no están armados.

"Sólo tenemos nuestras lanzas que son simbólicas, ¿de donde vamos a tener armamento?, los que emplean armas pesadas son ellos (los policías) por eso pedimos que nos dejen de atacar".

Los reportes de prensa comercial desde el Perú dan cuenta de la muerte de "varios nativos". Sin embargo otras informaciones más cercanas al activismo indígena muestran una lista con 35 nombres confirmados de indígenas asesinados por los represores.

La respuesta popular

Informes desde Bagua afirman que 38 policías que custodiaban la Estación N°6 de Petro-Perú (petrolera privatizada), en el distrito de Imaza, en Bagua, han sido retenidos por nativos. Al parecer, un funcionario de la empresa también estaría en calidad de rehén.

El gobierno y los medios burgueses hablan de al menos 11 policías muertos, pero medios cercanos al activismo dejan la cifra en 7 policías ejecutados por la violencia popular. También se comenta que uno de las bajas policiales habría muerto por disparos realizados desde tierra contra uno de los helicópteros que se dedicaba a masacrar a la población.

En Bagua la táctica utilizada por el pueblo en algunos momentos era rodear a un grupo de represores y esperar a que se les acabe el parque. No se les permitía salir del encierro ni la llegada de refuerzos, y cuando los policías empezaban a juntar piedras a falta de otro elemento represivo, el pueblo atacaba.

Periodistas de la zona informaron que anoche (viernes) numerosos nativos y ronderos se dirigían al local de la Policía Nacional de Bagua Grande con la intención de incendiarlo.

Las informaciones de la zona precisan que los pobladores protestaron por el bombardeo de bombas lacrimógenas realizadas desde un helicóptero, contra el poblado de El Reposo.

Asimismo un conocido periodista de Bagua Chica, aseguró que dos periodistas habrían muertos por la policía cumpliendo con su deber de informar en tanto que otros cuatro habrían sido detenidos.

Con premeditación y alevosía, la policía buscó como uno de sus primeros blancos al líder awajún Santiago Manuim, a quien asesinó en los primeros momentos de la represión.

Fotos y videos en: http://www.lahaine.org/index.php?p=38413

Impulsemos juicio internacional a Alan García y su gobierno por genocidio indígena. Jueves 11 de junio: Jornada Internacional de Solidaridad.

Los Pueblos Indígenas Amazónicos del Perú están siendo brutalmente reprimidos. Hasta el momento se sabe de treinta muertos en Bagua, Región Amazonas. Y se ha emitido orden de captura contra toda la dirigencia nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). La criminalización se agudiza y estalla con violencia precisamente hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente

La intransigencia del gobierno peruano presidido por Alan García, en alianza con los sectores más retrógrados del Congreso de la República (fujimoristas, apristas, ultraderecha), ha cerrado todas las puertas al diálogo y ha optado por el genocidio, haciendo oídos sordos a todas las instituciones nacionales, como la Defensoría del Pueblo, que ha comprobado la inconstitucionalidad de los decretos legislativos emitidos para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los mismos que vulneran además los tratados internacionales de protección de los derechos indígenas.

¿Cómo celebrar en el Perú el Día Mundial del Medio Ambiente mientras el gobierno defiende tercamente normas emitidas para el saqueo de los bienes naturales y la depredación de la Madre Tierra, llegando a emprender un genocidio contra los pueblos indígenas y encarcelando a sus líderes?

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, llama a la solidaridad urgente con los pueblos indígenas amazónicos del Perú, para respaldar las acciones de lucha que se desarrollan en todo el país y cumplir con los acuerdos de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Puno, Perú, 27 al 31 de mayo):

Desarrollar plantones permanentes frente a las embajadas y sedes diplomáticas del Perú en todos los países, hasta detener la represión y lograr la derogatoria de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos.
Impulsar el juicio internacional contra Alan García y su gobierno por genocida, entreguista y vulnerar la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Acompañar con acciones de respaldo en todos los países la Jornada Nacional de Lucha que se desarrollará en el Perú el jueves 11 de junio, en solidaridad con los pueblos indígenas amazónicos.

Lima, 05 de junio de 2009.

Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI

¿Dónde está la OEA y todas esas ONG's que "tan preocupadas" están por los derechos humanos en Cuba y Venezuela? Bola de inmorales, ocultadoras de verdaderos genocidios y creadas sólo para atacar a los únicos países que realmente defienden los derechos humanos y para hacerse cómplices de crímenes de lesa humanidad de gobiernos lacayos y asesinos de su propia gente. ¿Y la ONU? Ah, está consternada. Seguramente en mucho va a ayudar su "consternación" mientras sigue la masacre. "...esperamos que la preocupación internacional se traduzca para que en el Perú se recuperen los DDHH". ¿Entonces de qué sirve la ONU?