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jueves, marzo 22, 2012

La CFE, tarifas y corrupción al alza

Obstinados en defender lo indefendible, el presidente Felipe Calderón y sus funcionarios se encuentran contra las cuerdas en el tema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha calificado de corrupta e inoperante y, prácticamente, en quiebra.

Ahora sucede que la “empresa de clase mundial” tuvo pérdidas al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos en contrasentido de sus famélicas utilidades que apenas alcanzaron los 809 millones. Sus pasivos totales llegan casi a 600 mil millones de pesos.
Aunado a este sombrío panorama financiero hay que sumar el altísimo costo social que ha traído el ilegal y arbitrario cobro “estimado” que se ha hecho a millones de usuarios, no sólo de la zona centro sino de todo el país, ocasionándoles considerables quebrantos en su economía familiar, al ponerlos en la encrucijada de optar por comer o pagar la luz.
La tesis oficial de que con el cierre de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) habría cobros más justos, un servicio más eficiente y considerables ahorros al erario nacional, se ha desmoronado en el atril de los discursos y buenos deseos calderonistas.
En el escenario real todo está peor que antes: la ASF comprobó que por lo menos a 47 por ciento de los usuarios del Valle de México (antes atendidos por LFC) se les ha hecho cobros “estimados” del consumo eléctrico, por lo que sus recibos, antes de cientos de pesos a pagar, se dispararon a miles. Si se considera que hay aproximadamente 6 millones y medio de clientes en este rango de error de la CFE, son más de 3 millones los afectados.
A esta calamidad administrativa hay que sumarle la nula capacidad de respuesta de la CFE para atender las quejas de usuarios, ya no digamos por la inconformidad justificada en el ilegal cobro en los recibos, sino en la atención a las fallas constantes en el servicio; a diario siguen volando mufas en el Centro Histórico; es común escuchar en noticieros de radio las quejas de la gente, porque se les deja sin luz por días; o nada dicen los altos funcionarios de la Comisión ni de la Secretaría de Energía sobre el robo que se han hecho del cableado de cobre, sustituido por el de aluminio (pésimo conductor de energía eléctrica) y que imposibilita la transmisión de voz, datos e imagen a través de la fibra óptica.
La opacidad y corrupción con que se sigue manejando la CFE son tabúes para la administración de Calderón. Y la consecuencia directa de esto es la atención pésima que dan a usuarios las empresas contratistas favoritas de los funcionarios corruptos, como el exdirector operativo Néstor Moreno Díaz, que al igual que muchos otros prevaricadores se hicieron millonarios sin ser llamados a cuentas por la justicia.
Del lado sindical, la complicidad también tiene fuertes nexos de “hermandad” con funcionarios de la CFE. Por muchos años, Moreno Díaz y Arturo Hernández Álvarez (director de operaciones de la CFE hasta abril de 2007) fueron los que palomearon licitaciones y contratos en la paraestatal, con la anuencia de su jefe, Alfredo Elías Ayub. Hernández Álvarez fue por un largo tiempo el hombre de confianza del exdirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Leonardo Rodríguez Alcaine, la Güera. En 2007 Hernández se jubiló y cedió los bártulos de los negocios a Moreno Díaz. Con la llegada al relevo del SUTERM de Víctor Fuentes del Villar, nada cambió y, por el contrario, las empresas contratistas han operado a sus anchas (sobre todo tras el cierre de LFC) con la aprobación del líder que a cambio se lleva un porcentaje de manos de funcionarios de la CFE: el famoso 2 por ciento de la cláusula por desplazamiento laboral, sin importrle con esto lesionar la materia de trabajo de sus agremiados.
Cuando los medios cuestionan al presidente y al director de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, sobre los altos cobros que enfrentan los usuarios y la situación financiera de la empresa, echan mano de las más absurdas galimatías; de acuerdo con Calderón, si bien la población “paga mucho”, lo que debe hacer es disminuir su consumo “para ayudar a bajar el subsidio que paga el gobierno”. Para él si usted, yo o cualquier persona tiene un enfermo en casa que requiere un equipo de diálisis o un respirador, debe de bajar su consumo, claro, a cuenta y riesgo de que el enfermo se muera. Ya el irresponsable superintendente de la CFE (José Bernal Segura) le cortó la luz al hospital Doctor Manuel Campos, en Campeche, lo que ocasionó como “daño colateral” la muerte de un bebé (hijo de Keneth Cervera y Rosario Caamal). ¿Qué acaso no es la electricidad un derecho constitucional de todo mexicano?
Pero del lado de Vivanco también se cuecen las habas y castañas de la contradicción: de acuerdo con el director de la CFE, ésta goza de una oronda “robustez financiera”. Y ni qué decir sobre lo cobros excesivos, que a su parecer son debido a que “se está cobrando donde antes no se cobraba”. Y, “hay una mejor medición; ahora estás pagando lo que consumes”. ¿Y entonces por qué los cobros estimados?, ¿acaso millones de consumidores están equivocados o no pagaban?
Las millonarias pérdidas de la paraestatal a su cargo, también pasan para Vivanco Casamadrid como el día y la noche: de forma natural. Seguramente imagina que las cifras adversas son parte de ataques ficticios de los enemigos del Partido Acción Nacional, que quieren hacer quedar mal a la “empresa de clase mundial”, prácticamente en la quiebra, justo a donde la han llevado funcionarios corruptos como Elías Ayub, quien sueña con retornar a su cargo, de ganar Enrique Peña Nieto la Presidencia, no por algo su maestro y protector fue por años el exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo González, nada menos que tío del candidato puntero a Los Pinos.
Y otro responsable que debería ser investigado por la ASF es el exdirector de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, a quien pusiera al frente de la entidad Calderón, y que a la par de Elías Ayub también implantó una red de corrupción con sus funcionarios, ahora se sabe que con el fin de dar la puntilla a la paraestatal y de paso tratar de acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que a dos años y cuatro meses del ilegal decreto de extinción –que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores–, sigue de pie dando la lucha al lado del pueblo de México y, por supuesto, de los millones de usuarios indignados en todo el país.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

domingo, enero 23, 2011

Denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de la CFE en zona norte de Chiapas

Este Comité hace un llamado serio a las autoridades federales y del gobierno de Chiapas para que se garantice el derecho de las comunidades indígenas al servicio de energía eléctrica

Comité de derechos humanos de base de Chiapas Digna Ochoa

El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa” denuncia la actitud de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual violenta gravemente los derechos humanos de los pobladores del Ejido Nueva Esperanza del Municipio de Tila, Chiapas, al condicionar la reparación y/o reemplazo de un transformador de más de 37 años por el pago de un injusto y arbitrario adeudo de energía eléctrica de 2, 086, 773 pesos.

El día 17 de enero del 2011, el Responsable del Área Jurídica de nuestro Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, recibió de parte de Silverio Sánchez Parcero, monitor de Derechos Humanos en la zona norte, una copia del oficio que fue dirigido al Ing. Luis M. Hernández Vaquerizo, Jefe de departamento de Distribución en San Cristóbal de Las Casas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde le solicitaron la intervención de la CFE para reparar o cambiar un transformador en el Ejido Nueva Esperanza.

Ya que pobladores del ejido Nueva Esperanza señalan que desde el día 7 de enero “empezó a tener alta y baja la energía eléctrica como a esos de las 9 horas de la noche y en ese mismo día quedaron sin luz los Barrios Santa Cruz Primera y Segunda y el Barrio Liquidambar”, afectando a cerca de 400 usuarios. Estos barrios se encuentran hasta este momento sin energía eléctrica, por lo que se afecta a los alumnos de primaria, secundaria y media superior porque no pueden realizar sus actividades educativas, provoca problemas de seguridad y además es temporada de la cosecha del café lo que les permite al año contar con un pequeño ingreso económico en la familia, actividad que se dificulta realizar.
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domingo, enero 02, 2011

SME Taller de usuarios de Energía Eléctrica LYFC ¿Porqué no pagar luz?

PORQUÉ NO DEBEMOS PAGAR LA LUZ QUE CONSUMIMOS? PORQUE NO TENEMOS CONTRATO CON CFE. CUANTO CUESTA EL KILOWATT? PRIVATIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. LOS USUARIOS DEBEMOS LUCHAR POR UNA TARIFA SOCIAL.

http://www.youtube.com/watch?v=pt2NgPidbH0

martes, noviembre 17, 2009

Comisión Federal de Electricidad a la caza de deudores

En medio de la aguda crisis económica por la que atraviesa el país, la Comisión Federal de Electricidad comenzó la “cacería” de deudores, en la que promueve que se encarcele a jefes de familia por no pagar el consumo de energía, y que en diversas entidades se criminalice la protesta social en contra de los altos precios del servicio.

Los pobladores de Candelaria, en el estado de Campeche, dedicados en su mayoría a la agricultura, silvicultura, pesca, crianza de animales y pequeño comercio, se manifestaron por los altos cobros de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); de 50 pesos bimestrales en un periodo de seis meses, pasó a 4 mil y 5 mil pesos en promedio bimestral, enteramente desproporcional a sus ingresos familiares y al salario mínimo en la región que es de 49.50 pesos diarios.
Para cubrir el consumo, echaron mano del dinero destinado a los alimentos, el agua, gas y medicamentos, pero al poco tiempo no hubo dinero que alcanzara a cubrir los graduales aumentos en las tarifas, así que ante la CFE se declararon en mora de pagos, por lo cual fueron procesados y encarcelados.
En agosto de 2006, las familias de 30 comunidades se agruparon en el frente denominado “Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica”. Primero, expusieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno su problemática, y demandaron un reajuste a las tarifas, problemática que en el Congreso de la Unión han planteado en diversas ocasiones diputados federales de entidades del norte del país.
Con el lema “¡No a la privatización de la energía eléctrica!” y en demanda de “tarifas justas”, las familias de Candelaria organizaron manifestaciones, plantones, mítines, encuentros y foros en otras entidades. Infructuosamente esperaron una solución del gobierno.
La respuesta fue la represión y el encarcelamiento de varios de ellos, las primeras presas de una “cacería” de deudores que la CFE hoy extiende a, por lo menos, sietes estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua, que a excepción de Querétaro, se trata de las entidades que, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social, concentran los municipios y comunidades en mayor depauperación de todo el país.
Pobreza criminal
Ubicado a 239 kilómetros al sureste de la capital de Campeche, Candelaria es el segundo municipio con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la entidad, sólo por debajo de Calakmul, su vecino del Este. Con cerca del 20 por ciento de su población analfabeta, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio encabeza también los índices de desempleo en la región.
Antaño terruño de fincas chicleras que sucumbieron junto con su principal activo, en Candelaria, la mayoría de sus 37 mil residentes –herencia del emporio que creó la The Campeche Timber & Fruit Company– cohabita en cobachas, hacinados en dos o tres habitaciones que hacen las veces de dormitorio, cocina, comedor y estancia para familias de seis a ocho integrantes. Las mejores están construidas con block y piso de cemento o firme, aunque más del 20 por ciento aún tiene piso de tierra.
El principal bien con el que cuentan algunas familias es una televisión, un refrigerador, un ventilador y un radio. No hay lavadoras ni hornos. El consumo de energía eléctrica es relativamente bajo. Dos o tres focos son suficientes para alumbrar la vivienda, de hecho, sólo 4 mil 272 casas de las 6 mil 194 que hay en Candelaria dispone de energía eléctrica, según cifras oficiales del gobierno de Campeche.
En ese empobrecido municipio se registran los primeros casos de jefes de familia encarcelados por no poder pagar las altas tarifas de energía eléctrica de la CFE, las cuales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ubican entre las más caras del mundo.
A partir del 2004, millones de familias en todo el país vieron incrementados sus cobros en el consumo de electricidad sin un aumento significativo del consumo real, a raíz de las modificaciones a las tarifas zonales y a la reducción de los subsidios del gobierno federal. El ingeniero José Luis Apodaca, del Frente de Trabajadores de la Energía, aduce este incremento a una mera política gubernamental “de encarecimiento”.
Las detenciones
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) acreditaron que en un operativo violento, el 9 de julio de 2008, personal de CFE inició los primeros cortes masivos de energía eléctrica en Candelaria: dejó sin luz a 12 familias. La comunidad se agrupó para exigir la reinstalación.
En septiembre, la CFE ordenó suspender la energía a los morosos, particularmente a los integrantes del movimiento “Resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica”. Los cortes iniciaron a las nueve de la mañana del 25 de septiembre, en un operativo en el que participaron 20 camionetas de la CFE y tres patrullas de la policía municipal. Se cortó el suministro a 60 familias.
Los colonos iniciaron protestas pacíficas ante las oficinas de la CFE, quejándose de que su condición económica les impedía cubrir los adeudos, que, según los cálculos de la CFE, llegaban en algunos casos a 30 mil pesos. Sara López y Joaquín Aguilar, voceros del movimiento, se reunieron con el jefe del Departamento Comercial de la CFE, Leovigildo Domínguez López, quién se comprometió a respetar al grupo e informar a las instancias correspondientes sobre la situación.
Sin embargo, ese mismo día el representante legal de la paraestatal, Joel Rafael Baeza Manzanero, presentó una demanda penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Escárcega, en contra los colonos, por el delito de “obstrucción de obra o servicio público y otros que resulten contra funcionarios federales”. Se integró en la averiguación previa AP/PGR/CAMP/ESC-I/103/2008 bajo los cargos de violación al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y al artículo 185 del Código Penal Federal, “por oposición a que se ejecute una obra o trabajo determinado”.
El pasado 25 de junio se consignó la averiguación. Con los elementos aportados por el ministerio público federal, en la causa penal 45/2009, el Juez Segundo de Distrito en Campeche, Mario Toraya, liberó órdenes de aprehensión en contra de 33 personas: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Andrés Aguilar López, Guadalupe Borjas Contreras, Filiberto Reyes y/o Rigoberto Reyes Aguayo, José Alberto Villafuerte García, Víctor Díaz Andrade, Octavio Solís Cortés, Elmer Castellanos Velazquez, Guadalupe Lizcano Gómez, Miguel Félix Acopa, Salatiel Concepción de la Cruz, Emilio García de la cruz, Eduardo Pérez Oy, María del Carmen Domínguez Guzmán.
Además de Turi Ramírez Domínguez, Nicolás Arcos Guzmán, Humberto Arcos Díaz, Abigail Canal López, Héctor Alejos Jiménez, Domingo Álvarez Silvano, Ricardo Uc Canal, José Cambranis, Luis Domínguez Bautista, Miguel Domínguez Martínez, Julia Baeza Cruz, María Elena Rosario Muñoz, Rodrigo Reyes Aguayo, Manuel Aguilar Compán, Miss Salas Rosas, Manuel Rodríguez, Juana Pech y Lourdes Félix Alejo.
La madrugada del 10 de julio se cumplieron cinco aprehensiones. La Policía Ministerial Federal detuvo en sus domicilios a Sara López, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos, Guadalupe Borjas y Guadalupe Lizcano.
Amnistía Internacional acreditó numerosas irregularidades durante las detenciones:
Al filo de las 5 de la mañana, Sara López escuchó fuertes golpes en la puerta de su casa. Minutos después, policías ministeriales rompieron las puertas e ingresaron a la vivienda. No se identificaron ni presentaron orden judicial alguna.
?¡Hijo de tu puta madre, cómo te llamas!” –increparon a Joaquín.
?¿A quién buscan? –preguntó Sara. Nosotros tenemos un abogado.
?¡A tu abogado también se lo va a llevar la chingada!
Sara fue obligada a cambiarse de ropa frente a los agentes. Luego encañonaron a su hijo y esposaron a Joaquín. En tanto, en los domicilios de Guadalupe Lizcano, Elmer Castellanos y Guadalupe Borja, ocurrían detenciones similares con violencia e insultos.
Sin informar a los familiares dónde los trasladarían, a Sara y Joaquín los metieron a una camioneta. El trayecto fue aderezado con golpes en la cabeza y cuello, amenazas, y el terror perenne de sentir el cañón de las armas en la cabeza.
Los cinco detenidos fueron trasladados a la delegación de la PGR en Campeche. Hasta las once de la mañana, a Sara le permitieron telefonear a sus hijos para informarles que los ingresarían al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén. Seis días después se les dictó auto de formal prisión por los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener una persona como rehén y obstrucción o impedimento de una obra o servicio público”.
La averiguación previa PGR/CAMP/ESC-I/103/2008, a la que tuvo acceso Contralínea, integra la declaración de los ocho testigos de la CFE, todos ellos trabajadores de la paraestatal. En su testimonio, cada uno simplemente ratifica lo que dijo el testigo que le precedió en su declaración.
Una declaración ilustrativa es la de Kermitt Leonardo Bacelis Patrón, jefe de oficina de la CFE en Candelaria, quien el 15 de octubre de 2008, dijo estar “de acuerdo con la denuncia y querella interpuesta por el licenciado Joel Baeza Manzanero (apoderado legal de CFE), y con el contenido de la comparecencia del licenciado Leovigildo Domínguez López, jefe del Departamento Comercial de la CFE en Candelaria”.
Ninguno de los testigos se refirió a hechos propios, sino a los declarados por su jefe directo y por el apoderado legal de la CFE. Al respecto, David Peña Rodríguez, de la Asociación de Abogados Democráticos, representante de los inculpados, denuncia que “los testigos indebidamente fueron orientados y aleccionados por el Ministerio Público de la Federación para encuadrar las denuncias y posteriormente liberar las órdenes de aprehensión”.
Ello, explica Peña, “es una acción irregular, violatoria y dolosa por parte del representante social federal, y constituye una grave violación a los principios procesales que rigen la integración de toda averiguación previa, y constituyen una violación procesal grave que vulnera los derechos humanos de los procesados”.
Al estilo Cisen
El 7 de noviembre de 2008, cuando se integraba la averiguación previa, el Ministerio Público giró un oficio al representante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Jorge Adalberto Sánchez Aparicio, para que sus agentes investigaran “el nombre o los nombres de las personas que aparecen en las placas fotográficas que obran en la presente indagatoria, emitidas por la perito K. Paloma Sánchez Cadena”, y también “el modus vivendi y modus operandi de dichas personas”.

Para leer articulo completo AQUI.

sábado, agosto 29, 2009

Audio del Mensaje que Manda el Presidente Legítimo

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

ENCUENTRO NACIONAL POR UNA TARIFA SOCIAL Y CONTRA LOS COBROS EXCESIVOS DE LUZ

El consumo de electricidad se ha convertido en un artículo de lujo para millones de familias mexicanas, desnaturalizando la nacionalización de la industria eléctrica que en octubre de 1960 fue elevada a rango Constitucional.
El incremento desmedido del precio de la energía eléctrica en las Tarifas Doméstica y Agrícola en los últimos 8 años, golpea la economía popular y afecta a más de 29 millones de usuarios de Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, colocando prácticamente en huelga de pagos a millones de mexicanos quienes bimestralmente viven la disyuntiva de COMER O PAGAR SU RECIBO DE LUZ. Con ello el consumo de energía eléctrica ha perdido su carácter de servicio público, convirtiéndose en una mercancía generadora de ganancias para una docena de empresas eléctricas extranjeras.
De los 42 millones 916 mil mexicanos que trabajan, de acuerdo a los datos del INEGI, más de 15 millones (35%) perciben entre uno y dos salarios mínimos, ¿de dónde van a sacar recursos para pagar recibos de luz de miles de pesos? Más aún, cuando esta terrible disyuntiva se está dando frente a los terribles efectos de cierres de empresas y pérdidas de empleos, como resultado combinado de 26 años de neoliberalismo y de recesión económica mundial.


¿Cómo se originó el problema?
Este grave problema social se inició con la reforma de Carlos Salinas de Gortari a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de diciembre de 1992, que abrió las puertas al capital privado para invertir en la generación de energía eléctrica, contraviniendo el párrafo sexto del artículo 27 constitucional que establece la Exclusividad de la Nación en la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y se recrudeció con Vicente Fox cuando, en febrero de 2002, redujo drásticamente el subsidio a la Tarifa Doméstica y creó una nueva Tarifa la Doméstica de Alto Consumo (DAC), lo que provocó un incremento inmediato por arriba del 230%, y acarreando como nefasto resultado que de diciembre de 2001 a julio de 2009, el precio de la Tarifa Doméstica, en sus 7 rangos, se haya incrementado en más de 117%, mientras que los salarios mínimos apenas aumentaron 35.8% en el mismo periodo.
En el caso de las tarifas domesticas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, en las que se ubican cerca de 13 millones de familias que viven en localidades de climas extremos (con temperaturas medias mínimas en verano de 25 a 33 grados centígrados), la situación es aún más alarmante, pues en estos casos el consumo de energía eléctrica es un asunto de sobrevivencia, por el uso generalizado de ventiladores y aire acondicionado.
Adicionalmente, como resultado de la llamada Tarifa Doméstica de Alto Consumo, el precio de la energía eléctrica de diciembre de 2001 a julio de 2009 ha crecido en más de un 419%. ¿Dónde quedó la promesa de campaña de Calderón de que reduciría el precio de la energía eléctrica? Sólo ha impulsado la privatización de la industria eléctrica y la reducción de los apoyos del gobierno hacia la población.
Lo curioso es que la participación inconstitucional del capital privado en la generación de electricidad, misma que vende a la CFE, es uno de los principales factores en el incremento mensual del precio de la electricidad, pues los Productores Independientes de Energía (PIE), que hoy controlan más de un 23% de la Capacidad Instalada de generación y arriba del 32 % de la producción eléctrica, han instalado plantas de generación que utilizan gas cotizándolo a precios internacionales, que se han incrementado fuertemente en los últimos años.

¿Qué pasa con los subsidios?
La mayoría de las tarifas eléctricas reciben subsidio, sin embargo, aplicando el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el cual faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar las tarifas eléctricas, su ajuste o reestructuración, por instrucciones de Calderón, el 26 de diciembre de 2007, la Secretaría de Hacienda acordó el incremento de las tarifas de uso general en alta, media y baja tensiones, así como la tarifa de servicio doméstico de alto consumo (DAC).
El 8 de enero de 2008 el gobierno redujo en 30% el precio de las tarifas en alta y media tensión y en 5% en la comercial y en la tarifa ordinaria de media tensión. Nuevamente, el 31 de marzo de 2008, Hacienda redujo en 20% el precio de las tarifas industriales de punta y 10 % las tarifas comerciales. Y el pasado 18 de noviembre, el gobierno federal volvió a disminuir el precio de la tarifa en alta tensión. No cabe duda que Calderón sólo apoya al sector empresarial.
Pero ¿qué ha hecho para proteger los intereses del pueblo, de millones de mexicanos que dependen de un salario insuficiente y que cada mes enfrentan el dilema de pagar el costo elevado de la electricidad o atender sus necesidades más elementales? NADA. Por el contrario, se está criminalizando las luchas de los usuarios que protestan contra los cobros excesivos de energía eléctrica, como es el caso de los presos políticos de Candelaria, Campeche.
Con intenciones más propagandísticas que efectivas, el 7 de enero de 2009, el Gobierno federal anunció la reducción y congelamiento, durante 12 meses, de las tarifas industriales y comerciales en mediana y alta tensión: 20 por ciento en alta tensión, 17 por ciento en media tensión y 9 por ciento en baja tensión y comercial.
Sin embargo, en el caso de las Tarifas Domésticas las acciones oficiales son demagógicas y engañosas: entregará bonos de 1000 a 1800 pesos, por una sola vez, a unos 400 mil usuarios de electricidad, para que adquieran refrigeradores o aparatos de aire acondicionado nuevos, y se endeuden con las grandes tiendas y almacenes; así como créditos a cuatro años a tasa preferencial, que serán cobrados en los recibos de luz, dejando intactos los altísimos precios actuales.
Capítulo aparte son las Tarifas Agrícolas cuyos elevados precios golpean la economía de cientos de miles de pequeños y medianos productores del campo, que sobreviven en el marco de los nefastos efectos del Tratado de Libre Comercio. Igual suerte sufren las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen que pagar elevados precios por la energía eléctrica.
En todos estos casos se requiere no solo rechazar la insana intención de Felipe Calderón y de su Secretario de Hacienda que está cabildeando una disminución en los subsidios en las tarifas del sector energético y por ende un incremento en el precio de las tarifas eléctricas, particularmente las domésticas y agrícolas. Por el contrario se requiere, con carácter de urgente, de desaparecer la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) y el establecimiento de una TARIFA SOCIAL, elevando el subsidio y recuperando el sentido profundo de la prestación del servicio público de energía eléctrica, su carácter universal, justo y equitativo, para ponerlo al alcance del ingreso real de millones de mexicanos y por supuesto utilizarlo como una herramienta anti crisis y anti cíclica, que promueva el desarrollo y la recuperación económica.
En razón de lo anterior, convocamos al: Primer ENCUENTRO NACIONAL POR UNA TARIFA SOCIAL Y CONTRA DE LOS COBROS EXCESIVOS DE LUZ; a realizarse en el Auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Av. Insurgentes Centro No. 98, casi esquina con Antonio Caso, los días 29 y 30 de agosto de este año.

¡Abajo el precio de la electricidad!
¡Por la desaparición de la tarifa Domestica de Alto Consumo!
¡Por una Tarifa Social al servicio del pueblo!
¡Por una tarifa agrícola que apoye la recuperación del campo mexicano!

Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, Sindicato Mexicano de Electricistas.

Responsables de la publicación: Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del SME. José Antonio Almazán González, Coordinación Nacional del Movimiento

Puedes descargar el mensaje que envió el Presidente Legítimo de México Andrés Manuel López Obrador para ser leído en dicho Evento en cualquiera de estos formatos:
http://www.4shared.com/get/128697337/43c53ca5/MensajedeAMLO_29-ago-2009.html
http://www.4shared.com/file/128699252/84e872a8/MensajedeAMLO_29-ago-2009.html

Descargar el mensaje de: Fue transmitido por el radio del SME

Sindicado Mexicano de Electricistas, Jose Humberto Montes de Oca Secretario del Interior y Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas Martín Esparza Flores.

http://www.4shared.com/file/128703448/d05a87f5/UncompayMartinEsparza_29-ago-2009.html

miércoles, marzo 25, 2009

Quemarán tarjetas de crédito como protesta en Zócalo

Una organización anunció que destruiránlos plásticos bancarios para manifestarse en contra de las altas tasas de interés.
Édgar Ávila Pérez / corresponsal
El Universal Xalapa, Veracruz.

La organización civil Fundación "Vida Digna" anunció que este jueves quemaeá de manera masiva tarjetas de crédito en el zócalo del Distrito Federal, en protesta por las altas tasas de interés y el terrorismo en cobranza que efectúan las instituciones bancarias.
El presidente de dicha asociación, Alfonso Palomo Bueno, destacó que los plásticos pertenecen a créditos que ya no pueden ser cobrados en ninguna de las vías jurídicas.
"Estas acciones son para actuar de manera frontal contra la banca y contra el cobro de altos intereses, pero de igual forma también para dar a conocer los derechos de los deudores", expuso.
Precisó que en la quema participarán comisiones estatales, del sureste y del Bajío, que representaran a las entidades donde tiene presencia la Fundación.
El dirigente explicó que de manera paralela a este tipo de protestas, los deudores están solicitando la asesoría jurídica para llevar a cabo el trámite para la cancelación de las tarjetas de crédito y el finiquito de su deuda.
Explicó que la ley permite diversos beneficios a los deudores bancarios, como el seguro sobre deudas incobrables "con el que debe cumplir toda institución de crédito para poder operar en territorio nacional".
Subrayó que otro argumento jurídico debidamente reglamentado es que el deudor puede declarase insolvente para que de manera inmediata dicho beneficio pueda aplicarse a su favor.
Añadió que los dueños de la banca muestran preocupación "ya que dejaron de percibir 200 millones de pesos, cantidad que representan dichos plásticos, como resultado de las resoluciones judiciales en las cuales se ordenó que dichas tarjetas de crédito no podían ser cobradas en la vía mercantil o en otro procedimiento judicial".
cgb /fml