Resistencia en América: Los Pueblos frente a “Occidente”

Mario R. Fernández (especial para ARGENPRESS.info)
La invasión del Imperio Español al continente americano a fines del siglo 15 fue cruda, despiadada y criminal. Esos “civilizados” cristianos que llegaron del otro lado del mar con su séquito de ladrones y sus mentiras fueron tóxicos para los pueblos originarios del continente quienes pronto entendieron la naturaleza del invasor y sus intenciones. Por ello resistieron sacando fuerzas a pesar de las desventajas tecnológicas en términos de armas y transporte a como diera lugar. Tenemos ejemplos notables de esa resistencia, de la lucha de las primeras naciones por sus derechos y su mundo -que no era nuevo para ellos como arrogantemente lo denominaran los españoles y otros imperios europeos (denominación que continúa en nuestros días).
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Sierra Tarahumara, mexicanos en cavernas

Zósimo Camacho / David Cilia, fotos / enviados

Habitan cavernas y viven alcoholizados: es más fácil conseguir tesgüino que agua potable. En sus propias palabras, “muchas veces es lo único que hay para llevarse a la panza”. Harapientos, su patrimonio es la pila de ramas secas a la entrada de la cueva y lo que llevan puesto. Nacen y mueren sin que exista un registro oficial de ellos. No cuentan con acta de nacimiento ni saben cuántos años tienen. Son hombres, mujeres y niños rarámuris que sobreviven en el corazón de la Sierra Tarahumara , adonde los aventó hace siglos el chabochi o conquistador y, por extensión, el mestizo, de quien siguen huyendo y, despavoridos, corren aunque se les grite que son médicos o maestros quienes esporádicamente los buscan. En la profundidad de las barrancas o en la cima agreste de las montañas, arañan, con rudimentarios instrumentos, las peñas casi desnudas para arrancarles algo de sunú o maíz. Con esta entrega –de un municipio que oficialmente no se encuentra entre los más pobres del país, porque los encuestadores enviados por los gobiernos no llegan a las recónditas comunidades serranas y la cabecera municipal es “próspera”–, Contralínea concluye la publicación del reportaje, en 14 partes, de Miseria Criminal.

Batopilas, Chihuahua. El viento parece mecer a los infantes, niños, jóvenes y viejos reunidos entorno a una olla de tesgüino, bebida embriagante de maíz fermentado. Sentados en una viga carcomida o en el suelo, con la barbilla puesta en sus rodillas, divisan los enormes peñascos rosados y grisáceos de esta Sierra Tarahumara, declarada por el gobierno federal “Parque Nacional Barrancas del Cobre”. Abuelos, de alrededor de 50 años, y nietos, quienes rondan los cinco, se pasan la hueja luego de darle algunos sorbos. Todos están borrachos.

La familia de José Rodrigo Torres casi está completa: sólo sus hijas y nueras huyeron al advertir la presencia de chabochis. Convive junto a la milpa en la que han sembrado maíz, frijol y calabaza. Se trata de una pequeña ladera entre los abruptos acantilados de la cadena montañosa. De manera atropellada, y mediante intérprete o español entrecortado, señalan que no saben de edades, que no han recibido nunca atención médica y que comen sólo maíz y frijoles “cuando hay”. Generalmente se alimentan de quelites que buscan entre el monte.

Pasan años pa´que comamos carne": Entesguiñados

—¿Cuándo fue la última vez que comieron carne?

La pregunta los deja atónitos. Guardan silencio por unos segundos y luego estallan en carcajadas y en una gritería en la que todos hablan al mismo tiempo.

“¿Carne? No, pues muy a lo largo... a lo largo. Pasan años pa’ que comamos carne y solamente cuando alguien nos convida. Los bukes (niños pequeños) ni la conocen”.

Una voz gruesa irrumpe con un lamento. Es la abuela que ha comenzado a cantar “para que llueva, se dé el maicito y tengamos milpa que trabajar”. Ana María Castillo –quien dice haber tenido “como 22 hijos”, de lo cuales “no se lograron” ocho– dirige su canto al cielo y el abuelo se levanta a bailar. Sus pies descalzos golpean lenta y rítmicamente la tierra y levantan polvo rojizo. Los ojos de la mujer, hinchados y acuosos, están cubiertos de una secreción turbia. Dice: “desde hace unos meses ya casi no veo”.

Antes de que oscurezca, se trasladan a su morada: una cueva, abierta como pequeña herida en la montaña. Tambaleándose, caminan por un estrecho sendero en el que cabe una sola persona; de un lado, la roca y los arbustos espinosos; del otro, la barranca de la que apenas se escucha el rumor del río.

El acceso de la caverna mide aproximadamente un metro. Ahí han apilado ramas secas con las que encenderán la fogata. El interior es más amplio y caben alrededor de ocho personas. Su tosco metate sólo es piedra contra piedra; también se observa una botella con agua y dos cobijas. Es el patrimonio de la familia. No todos pueden dormir aquí. Sólo los abuelos, los niños y las mujeres solteras gozan de la protección de la hendidura rocosa. Los demás pernoctan bajo chozas improvisadas con ramas y tierra o a cielo descubierto.

Los niños no van a la escuela, pues “el maestro que vino nomás estuvo dos días y se fue”, dice Antonio, quien tiene cuatro hijos menores de 10 años, “más una que se me murió”.

Antonio en su cueva y junto a su "patrimonio"

José Guadalupe comenta que “doctor nunca viene. Sabemos que hay brigadas, pero nunca llegan acá. Andan de esa sierra pa’ allá” y señala, a lo lejos, una cordillera de coníferas. “Pasa lo mismo que con eso del Procampo”, añade.

Al lugar se le conoce como La Mesa de Egüis. Se encuentra, aproximadamente, a 60 kilómetros de esta cabecera municipal, que se recorren a pie por alrededor de nueve horas; o cuatro, en camioneta por una brecha accidentada.

Pero no sólo los rarámuris padecen la miseria y la ausencia de servicios. Los ranchos de los campesinos mestizos tampoco cuentan con luz eléctrica, servicios médicos ni tierras fértiles. Son casi tan pobres como los indígenas. La dieta de la familia Egüis, que levantaron sus modestas casas de adobe junto a un arroyo, es casi idéntica a la de los rarámuris; pero pueden comer queso de cabra y café, los cuales comparten algunas veces con los indios.

Munérachi

Munérachi. "Adustos e inmóviles, parecen impacibles ante la tragedia.

Cuatro pequeños montones de piedras que sostienen una lámina constituyen la “casa” de Federico y Martha. El sol se ha puesto y, como ayer, hoy tampoco comieron nada. “Yo creo que mañana sí encuentro quelites”, dice serenamente Federico, quien tiene aproximadamente 17 años. Su mujer, ligeramente menor que él, amamanta a una bebé de ocho meses. La joven madre ingiere agua de lluvia recolectada en botellas de plástico.

El cielo encapotado y el aire húmedo anuncian los aguaceros nocturnos. Saben que la lámina no les servirá de nada, pero dicen estar acostumbrados: “nomás así siempre la pasamos”.

La "casa" de Federico y Martha. La familia puede pasar dos días sin comer

Tampoco hay médico en esta comunidad, aunque las brigadas de salud llegan cada uno o dos meses. Los habitantes cuentan con un viejo internado para los niños en el que no hay maestros desde hace medio año. Perros con sarna se pasean por una abandonada cancha de basquetbol. La vieja iglesia es la única construcción que cuenta con gruesas y altas paredes. También se encuentra cerrada y, a través de los orificios de las puertas apolilladas, se advierte un templo rústico y pobre.

Vicente Rivas, el comisario policía de esta localidad, habitada aproximadamente por 600 personas, dice que “aquí lo que más falta hace es clínica con doctor”. La autoridad tradicional expresa que la gente se enferma de neumonía y los niños no están bien alimentados. Agrega que “la gente luego se muere de repente sin saber ni de qué”.

Cuando una persona de esta comunidad cae enferma, sus familiares acuden al sucurúami o curandero, quien “a veces cura la diarrea, la neumonía y la calentura con raíces y cantos”.

Munérachi se encuentra a más de siete horas, recorridas a pie, de la cabecera municipal. Para llegar al centro de salud deben atravesar dos ríos que en temporada de lluvias son imposibles de cruzar.

El agua que ingieren es “del aguaje”, es decir, de una pila dispuesta para captar el agua de lluvia.

Rodrigo Soto Gutiérrez, de alrededor de 50 años, muestra su casa: dos pequeñas habitaciones de adobe con techo de ramas y tierra. Al interior se observan dos petates, dos costales de maíz, una pala, un azadón, un bielgo y un hacha. Además, un altar a la virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo.

Desde lo alto de un peñasco, Rodrigo Soto observa caer la noche. Dice que los sacos de maíz le alcanzarán a su familia sólo para dos semanas más “y el cielo no quiere llover bien”. Erguido y de semblante duro, cruza los brazos. Pareciera estatua de bronce colocada sobre un risco. Se ha quitado la napacha o blusa. El viento le mece el isigura o taparrabos. Sólo escucha el sonido estridente de las chicharras que, luego de la puesta del sol, domina el monte.

Guamuchili

En lo profundo de la barranca, y a orillas del río Batopilas, está la cueva de José María Layo. El viejo no ve definitivamente de un ojo. Del otro, le escurre una lágrima espesa que “hace que todo se vea empañado”. Camina a pasos cortos ayudado con un bastón; pero se muestra ágil al atravesar los arroyos. Casi no entiende el español y muy pocas frases puede decir “en castilla”.

Llovió toda la noche anterior y el estruendo del río crecido hace que cualquier diálogo sea a gritos. José María no sabe cuántos años tiene, “pero ponle que como 500”, dice con seriedad. Tiene nueve años viviendo en esta cueva. Antes vivía en otra de la sierra. “Me bajé porque aquí tengo cerca el agua”, comenta y, con una mueca, señala al río.

Nunca fue a la escuela y nunca había sido atendido por un médico hasta que se acercó a esta cabecera municipal, hace dos meses, desesperado porque está a punto de perder la vista. Camina cada semana alrededor de 15 kilómetros para que sea revisado por el médico. Ha recibido el apoyo del presidente municipal. Vive con un hijo, su nuera y tres nietos.

La cueva no es profunda y ni siquiera puede resguardarlos completamente de la lluvia. María, de siete años, carga, amarrada por la espalda, a su hermana Rosita, de tres meses. Juega, junto con Juan, de dos años, con el agua verdosa encharcada en el interior de la cueva.

José María ha colocado ramas delgadas para colgar sus pertenencias y con ello evitar que se mojen: el guare o cesto de tortillas, las cobijas, el petate, la hueja o cuchara y las bolsas de ropa que les fueron entregadas en la presidencia municipal.

Guacaibo

Los niños se pasean, descalzos y silenciosos, por las milpas. Infestados de parásitos, su vientre les crece grotesco, aunque el resto de su cuerpo se observe delgado y blancuzco. Porfirio Méndez Enríquez, el comisario policía de la comunidad, sostiene entre sus manos a Óscar Diego, de dos años. El infante, débil y con un estómago de 30 centímetros, no puede sostenerse por sí mismo.

“Éste es el niño más jodidón. Está muy panzoncito. Ya está que revienta. Lo bajamos a Batopilas hace como dos meses y de ahí se lo llevaron hasta Chihuahua. Lo vieron unos doctores y hasta medicina nos dieron; pero ya se acabó y aquí cómo vamos a conseguir. Sí le había bajado su pancita pero ya le creció otra vez. Luego se enferman como de gripa y calentura, que dicen que viene siendo paludismo”, explica Porfirio.

Sin embargo, los niños no son los únicos que muestran vientre abultado. Los adultos también padecen de enormes estómagos sin que sepan cuál es la causa. Beben agua de lluvia que captan en grandes tinacos o extraen de los pozos.

Porfirio Enríquez dice: “He bajado a Batopilas a hablar con la doctora que está ahí para decirle que necesitamos doctor acá. Me dice que no hay presupuesto; pero yo le digo, no le hace que no haya presupuesto: acá hay gente. Primero hicieron que nos ilusionáramos con que sí iban a mandar. Hace como cinco años nos dijeron que era cosa de que nomás hiciéramos la casa de salud. La levantamos de adobe y hasta puertas le pusimos y todo. Nunca llegó nadie y ahora está ahí toda inservible”.

Agrega que “sí se han muerto personas porque no se les atiende. Ya nos conformamos con que viniera un doctor cada mes. Mira a esta otra chiquita: es Jesusita y no quiere crecer”. La niña, de seis años y 16 kilos, se oculta entre las piernas de Porfirio.

La comunidad se encuentra en la parte más alta del municipio. Casi en las cimas de las montañas, gozan de algunas praderas y bosques de ocotes. Sin embargo, el agua no es suficiente.

“Aquí tenemos muchas ganas de trabajar. Necesitamos una presa. Nosotros mismos la hacemos, pero necesitamos material. Con una presa, podríamos tener riego y hasta agua para bañarnos, porque ahorita casi toda es para tomar. Y, a veces ni para eso tenemos”.

El Tablón

El viejo Higinio Osorio Rentería, de 77 años, levanta cuidadosamente su pantalón y descubre su pantorrilla. Las moscas, ligeras, se apeñuscan en una masa tumefacta y sangrante. La herida nunca cicatriza y se extiende apresuradamente. Nadie sabe qué enfermedad lo aqueja ni las causas de ella.

“Me enfermé de llagas. Nomás primero me dolió el empeine; luego llegó la calentura, y a los pocos días me salieron manchas rojas. En julio, cuando estaba desyerbando una matita de maíz, me di cuenta de que ya tenía más manchas y las llagas. Mi otro pie está como adormecido.”

Osorio Rentería, enfermode "llagas". El médico más cercano, a nueve horas.

Más de 12 horas, a pie por senderos escabrosos, separan al viejo de la cabecera municipal de Batopilas, donde un médico podría atenderlo. “Nunca ha venido un doctor por acá o, por lo menos, a mí no ha tocado verlo y, la verdad, yo ya no puedo bajar”, asegura. Las brigadas médicas tampoco llegan hasta esta ranchería habitada por mestizos.

El anciano vive solo. No cuenta con familiares. Sus vecinos procuran lavarle las heridas con agua y yerbas.

Bacilio Portillo Castillo, de 57 años, lamenta la falta de servicios médicos: “Aquí sí se han muerto. Apenas llevábamos a Batopilas a un chamaquito. Lo vimos enfermo un día en la mañana; le dimos remedios y parecía que se componía. Ya en la noche se puso muy malo y por la mañana lo echamos en el lomo de un burro rumbo a Batopilas; pero como a la hora de camino, se acabó el niño. Tenía seis años”.

El campesino, de sombrero, huaraches de tres puntadas y daga en la cintura, expone que en la ranchería no llega Procampo ni Oportunidades. Tampoco los niños van a la escuela, pues el maestro se fue hace de cinco meses.

“Aquí necesitamos muchas cosas; pero comida es lo que más hace falta. Necesitamos también un puente colgante para atravesar el río, porque en temporada de lluvias no hay siquiera ni cómo ir a conseguir las cosas a otro lado.”

Cuesta abajo, rarámuris salen al paso de los forasteros. No pronuncian una sola palabra ni responden a vocablo alguno que no sea el kuira’, saludo tarahumara. Adustos e inmóviles, parecen impasibles no sólo ante los agrestes clima y orografía sino también ante el hambre, la enfermedad y la tragedia.

Desde las veredas, se observan en las laderas a otros que yacen desmayados y con el rostro sangrante. Son los entesgüinados que, solitarios, despertarán para seguir arañando peñascos y huir, sierra adentro, de la voracidad del chabochi.

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Se suicidan indígenas por hambruna en Sierra Tarahumara

http://youtu.be/tmNLa7Ws7Bc

El nivel de la pobreza en México es uno de los mayores del mundo

*Miles de jóvenes quedan en la exclusión social, sin educación ni trabajo, alerta el PNUD

*Científicamente comprobado que la base social de apoyo del narco está en los expulsados del sistema, dice experto

*Al decir ninis se oculta que no se dan oportunidades a ese sector, afirma
Alumnos y padres de familia en una escuela de Milpa Alta. No es que los llamados ninis ni estudien ni trabajen, es que no los dejan hacer ni una cosa ni la otra, afirma especialista.

Juan Carlos Miranda

Oaxaca, Oax., 30 de octubre. Los índices de pobreza en México están muy por encima del promedio de América Latina, lo que provoca la exclusión social de miles de jóvenes que no tienen acceso a la educación ni al trabajo y son presa fácil del crimen organizado, advirtió el asesor especial de la Dirección de Políticas de Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bernardo Kliksberg.

Al participar en el Encuentro Empresarial 2011, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el funcionario dijo que entre los pobres de América Latina sólo uno de cada cinco termina la secundaria, requisito sin el cual no son aceptados para trabajar en casi ningún lado.

Está comprobado científicamente que la base social de apoyo del narcotráfico está en los jóvenes expulsados del sistema. En cuanto cortemos realmente la exclusión social del sistema estaremos debilitando la posibilidad del narcotráfico de reclutar jóvenes, destacó.

El especialista argentino sostuvo que la pelea contra el narcotráfico se debe dar en todas las áreas al mismo tiempo: jurídica, legal, policial, etcétera, pero siempre con miras a profundizar la inclusión social.

Cuanto más se democratice México, cuanto más participe la gente, más las políticas van a responder a las verdaderas necesidades.

En una ponencia titulada Valores a cuidar y fortalecer en la construcción de la ciudadanía, destacó que mientras los niveles de pobreza en la región alcanzan en promedio a 30 por ciento de la población, en México llegan a 50 por ciento, uno de los mayores niveles del mundo.

Recordó que el lema de las protestas es: Somos el 99 por ciento, en referencia a que, según cifras oficiales, en Estados Unidos el uno por ciento de la población percibe la cuarta parte del ingreso de ese país, y alrededor de 400 personas poseen una fortuna superior al conjunto de la que tienen 150 millones de estadunidenses, detalló.

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Adoptemos un programa revolucionario para los problemas de la juvetud.

Valeria Patri

La necesidad de que el Movimiento de Regeneración Nacional y el PRD adopten un programa y una práctica auténticamente revolucionaria es apremiante. Y aunque los 50 puntos planteados por Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), significa un avance para los trabajadores debemos exigir todavía más.

Somo miles los que observamos con optimismo en los planteamientos de la izquierda: garantizar educación publica, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, 100% de inscripción en la escuela de preferencia en todos los niveles, amplios programas de becas- en el caso de bachillerato el monto seria de 900 pesos mensuales-, desayunos, útiles y uniformes gratuitos, un trabajo bien remunerado al término de nuestros estudios, abandonar la política de que la educación es una mercancía y un privilegio, garantizar cultura recreación, salud y esparcimiento, etc. Estas medidas son un paso al frente para revertir las condiciones de vida de la juventud; más ahora que con la crisis se han agravado llevando a millones a situaciones de marginilidad, delicuencia e incluso al suicido, pero no serán suficientes ante la rapaz necesidad que tienen los empresarios y la burguesía de obtener el máximo de beneficio y acrecentar sus ganancias, esta serie de iniciativas choca con sus intereses, para ellos es un despilfarro otorgarle recursos a la educación y más allá de hacerlo se opondrán decididamente.

El realizar estas medidas significará dar una batalla abierta con la burguesía y sus representantes dentro de las escuelas y empresas, sería incorrecto suponer que esta serie de consignas se podrán llevar a cabo con el paso libre de los empresarios y banqueros cuando son ellos quienes han impulsado de manera enérgica toda una serie de reformas en contra de la educación pública y quienes promueven una reforma laboral donde los jóvenes no poseamos ningún derecho laboral y sindical. La única forma de lograr esta serie de iniciativas es recuperando las tradiciones de lucha y organización del movimiento obrero y la movilización nos garantizara que estas ideas y discursos se vuelvan una acción concreta.

La realización de la cosigna educación pública y de calidad para todos, pasará necesariamente por la expropiación de los bienes de la burguesía y ponerlos bajo control de los trabajadores. Sólo mediante esta medida se garantizará la destinación de por lo menos el 10% del PIB en educación significando con ello un programa amplio de construcción de aulas dignas y bien equipadas en cada rincón del país respondiendo así a la enseñanza de cada persona en todos los grados, los centros de estudio privados serian integrados al sistema de educación pública, medida que eliminaría el lucro con la eduación, y los profesores y personal de estas escuelas serán contratados por el estado con salario digno, sindicaclización y base.

El programa de becas que propone AMLO no debe de ceñirse a apoyos económicos sino también a becas alimenticias sumando un programa de vivienda digna para los estudiantes qué están lejos de su residencia con transporte público gratuito.

En tema de empleo para la juvenud, debemos oponernos rotundamente que nos utilicen como mano de obra gratuita, nuestras prácticas académicas en el campo laboral deben ser remuneradas con forme a las necesidades, el estado debe garantizar un empleo al término de nuestros estudios. Es mentira que la sociedad ya no necesite más profesionistas, distribuir el trabajo existente en todas las manos, ajustando las jornadas laborales donde todos cubramos un turno y labor determinada en la empresa todo esto sin disminución salarial.

Estas y otra iniciativas deben de ser impulsadas y supervisadas por los consejeros escolares, integrados por los estudiantes, profesores y trabajadores, donde se nos permita el derecho a huelga, reunión, sindicalización a elegir a nuestros representantes.

Todo lo anterior y otra serie de situaciones entra en contradicción con los intereses de quienes nos mantienen en la miseria y en la explotación y harán todo lo posible porque ni en lo más mínimo se cumplan estas consignas, debemos ser conscientes que esta batalla no la ganaremos solamente haciendo exhortos o con buenas intenciones, la necesidad de una alternativa política para los problemas de la juventud es urgente. Se trata de dos intereses completamente contrarios, y nuestra respuesta debe ser una lucha seria y firme, primero adoptando un programa revolucionario, un programa, en primer lugar son ideas pero para que estas tengan efectividad tiene que transformarse en una guía para la acción, esto es lo que debemos empezar a hacer en el movimiento, debemos de confiar en la fuerza potencial de la clase obrera, no sólo para llevar a cabo estas medidas sino también extenderlas y plantearse transformar la sociedad desde sus cimientos.

Juventud. Militante. Voz marxista de los trabajadores y la juventud.

Las indígenas violadas y la evasión de la Sedena

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

Obtilia Eugenio Manuel, Ines Fernández Ortega y Valentina Rosendo, víctimas de violación por militares.

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

Derecho a la salud, un viacrucis

Víctimas de un endémico desabasto de médicos y medicinas, los habitantes de Xochiojca, en la sierra veracruzana de Zongolica, han solicitado por más de 15 años la construcción de un centro de salud en la localidad. Las recurrentes negativas a su petición, así como un falso compromiso de la autoridad han convertido en un viacrucis el goce de un derecho elemental consagrado en la Constitución.

Mayela Sánchez/Rubén Darío Betancourt, fotos/enviados

Xochiojca, Zongolica, Veracruz. Los habitantes de esta comunidad de la sierra están desesperados, pues llevan más de 15 años con una misma petición: que se les habilite un centro de salud.

También están decepcionados: sienten que fueron engañados por la autoridad. Y es que en 2007, afirman, la entonces encargada de la Jurisdicción Sanitaria 7 del estado, Eva Campos, se comprometió a equipar un centro de salud y dotarlo con un médico y medicinas si la comunidad se encargaba de construirlo.

Los pobladores de Xochiojca cumplieron su parte. Gestionaron ante las autoridades municipales los recursos económicos necesarios para la obra, consiguieron el terreno y los materiales para la construcción, la gente contribuyó con faenas y al cabo de siete meses habían levantado el añorado inmueble.

Con la obra prácticamente terminada, las autoridades comunitarias acudieron nuevamente a la Jurisdicción Sanitaria para comunicarle a Campos de sus avances y para que les informase qué había gestionado ella.

La respuesta los dejó pasmados: la encargada les dijo entonces que lo de la unidad médica no podía avanzar porque primero habrían tenido que gestionar el proyecto en la oficina de Planeación de la Secretaría de Salud estatal para ver si era factible.

Ni el reclamo de que ese procedimiento nunca les fue explicado ni el argumento de que el inmueble ya estaba construido persuadieron a la autoridad sanitaria para acceder a equiparlo.

La evasiva fue sencilla, pues la Jurisdicción nunca firmó con las autoridades de Xochiojca un documento que avalara el supuesto compromiso.

“Nosotros nos atrevimos a construir este edificio porque la señora Eva Campos se comprometió a equipar[lo]… Si a nosotros nos hubiera dicho desde un principio ‘saben qué, ni lo hagan porque no va a ser factible’, con eso que nos hubiera dicho”, expresa Francisco Méndez Hernández.

“Yo creo que ella imaginaba: ‘yo les pongo de traba que me hagan el edificio, ¿de dónde van a sacar para hacer el edificio?’”, concibe el exagente municipal y presidente del comité de construcción.

La presencia ocasional de un ingeniero que se hospeda en uno de los desnudos cuartos y el uso que le dan como salón de reuniones a lo que habría de servir como sala de espera es lo único que libra al inmueble del abandono.

Sin embargo, la comunidad se resiste que ése sea su desenlace. En diciembre de 2008, a través de sus autoridades comunitarias, enviaron una carta al entonces diputado federal por el distrito de Zongolica, Pedro Montalvo Gómez, exponiéndole la situación y solicitando su intervención; en mayo de 2009 hicieron lo mismo con la actual diputada federal por el mismo distrito, María Isabel Pérez Santos.

Para junio siguiente, una misiva similar llegó a la oficina del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán. Y el 4 de abril pasado, la situación fue nuevamente planteada al actual gobernador, Javier Duarte Ochoa, quien durante la campaña electoral que lo llevó a la gubernatura, prometió a los veracruzanos que el tema de la salud sería prioritario durante su gobierno.

Los pobladores refieren que en abril pasado, personal de la Secretaría de Salud local estuvo por primera vez en Xochiojca para conocer el inmueble. Nuevamente sin ningún documento de por medio, los funcionarios se comprometieron a darles una respuesta en 15 días. Han pasado ya tres meses.

Sin médicos ni medicinas

“¿De qué nos sirve tener un local si en primera no podemos tener un médico?”, reflexiona Víctor Manuel Porres, habitante de Xochiojca. El cuestionamiento es compartido por otros miembros de la comunidad, que se han congregado para hablar de la falta de atención médica que padecen con vergonzosa habitualidad.

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Telmex y SCT incumplen programa social de telecomunicaciones

La empresa del hombre más rico del mundo, Teléfonos de México, incumple el programa de cobertura social que habría de beneficiar a 10 millones de personas marginadas. Casi 267 millones de pesos se han entregado de manera puntual a la empresa de Carlos Slim Helú sin que hasta la fecha miles de comunidades reciban los servicios de telecomunicaciones contratados. Pese a las faltas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha sancionado a la empresa. Telmex es la única beneficiaria del fondo federal de cobertura social en materia de telecomunicaciones, cuyo saldo asciende a 843 millones de pesos.

Mayela Sánchez

Contrario al solícito modo con que en los últimos años ha concesionado la principal red de fibra óptica del país y parte del espectro radioeléctrico, el gobierno federal ha desdeñado durante casi una década la operación del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (Focosote), que habría de beneficiar a 10 millones de personas de escasos recursos.

Del incumplimiento es responsable la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en tanto encargada de su operación; pero también lo es la empresa Teléfonos de México (Telmex), beneficiaria de la concesión de los dos únicos proyectos que se han puesto en marcha desde 2002 para llevar servicios de telefonía a poblaciones urbanas y rurales marginadas.

Ahora mismo, la SCT y Telmex se encuentran entrampadas en el más reciente conflicto que se ha suscitado dentro del sector telecomunicaciones, luego de que el pasado 27 de mayo la Secretaría negara a la empresa de Carlos Slim Helú una concesión para ofrecer servicio de televisión restringida. Lo anterior, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación había otorgado un amparo a Telmex, en el cual reconocía que la omisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para responder en tiempo a la petición de la empresa, se traducía en una opinión favorable a ésta.

A pesar de la demora con que la dependencia informó de su negativa, ésta no ha sido mayor a la pasividad mostrada para sancionar a Telmex por el incumplimiento de los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06, conforme a los cuales para marzo de 2009 la compañía telefónica tendría que haber llevado el servicio de telefonía a, cuando menos, 6 mil 22 localidades marginadas, de las 11 mil 76 previstas por el Focosote.

En el conflicto que sostienen el gobierno federal y la empresa de Slim Helú, ésta ha argumentado que su entrada al mercado de la televisión restringida beneficiaría a los usuarios al ofrecer menores precios y mejor calidad en el servicio.

Pero al mismo tiempo, Telmex ha dejado cientos de comunidades pobres sin acceso a telefonía pública o con fallas en el servicio y ha hecho cobros indebidos a los usuarios, como consigna la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión al fideicomiso, al amparo del cual opera el programa de cobertura social de la SCT.

La auditoría, que forma parte del Informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, es la única inspección que el órgano fiscalizador ha hecho al Focosote desde su creación hace casi 10 años, a pesar de los exhortos de algunos senadores para transparentar su ejercicio.

El asunto no es menor si se considera que dicho Fondo recibió del gobierno federal 750 millones de pesos como aportación inicial para su operación, los cuales bien pudieron agotarse en el primer año de su ejercicio, dada la amplia necesidad de servicios de telecomunicaciones en el país, estima la doctora Clara Luz Álvarez González de Castilla, especialista en telecomunicaciones.

De la millonaria bolsa entregada al Focosote, hasta mayo del año pasado casi 267 millones habían ido a parar a manos de Slim Helú, de acuerdo con los saldos de sus estados financieros, cuyas copias posee Contralínea.

Datos más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que hasta marzo de 2011 el fideicomiso tenía recursos disponibles por 843 millones de pesos, sin que a la fecha existan nuevos proyectos para utilizarlos.

Telmex incumple

Aunque el Focosote se creó desde noviembre de 2002, fue hasta el 2 de febrero de 2005 y el 4 de septiembre de 2006 que se suscribieron los primeros y únicos contratos que en casi una década han aprovechado los recursos del fideicomiso. Según un comunicado de la SCT, con tan sólo esos dos proyectos se habría de beneficiar a 10 millones de personas.

La empresa de Slim Helú –cuyo título de concesión le obliga a ofrecer el servicio universal de telefonía como una contraprestación– resultó ganadora de las dos licitaciones públicas que ampararon los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06.

En éstos se lee que la empresa obtendría pagos no recuperables por máximos de 274 y 377 millones de pesos, respectivamente, así como la autorización para operar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico por 10 años.

En dichos acuerdos, Telmex se compromete a llevar el servicio público de telefonía básica local y de larga distancia tanto residencial como a través de casetas públicas a un total de 11 mil 155 localidades de escasos recursos. Un convenio modificatorio al primer contrato redujo la cifra a 11 mil 76 comunidades.

El acuerdo C-411-001-05 y su convenio modificatorio estipulan que Telmex tendría “como máximo 12 meses para instalar la infraestructura de la Red e iniciar la prestación del STB1 [Servicio Telefónico Básico Tipo 1]” en 1 mil 971 localidades previstas.

Una vez iniciada la prestación del STB1, contaría con seis meses más para iniciar la operación de un número de líneas telefónicas equivalente a la décima parte del total de viviendas electrificadas en cada comunidad.

En estas localidades el servicio sería proporcionado sin gastos de instalación, pago de renta mensual y se cobraría una tarifa máxima equivalente al promedio de las tarifas registradas de telefonía pública. Asimismo, el primer aparato telefónico sería proporcionado sin costo alguno para el usuario.

Para atender las 1 mil 880 regiones restantes, dispondría de 24 meses a partir de la firma del contrato y 12 meses más para poner en operación cuando menos el equivalente de líneas telefónicas al 5 por ciento de viviendas electrificadas. En éstas sí podría aplicar gastos de instalación, aunque mantendría las mismas características del servicio.

El segundo contrato fija plazos de 24 y 36 meses para la instalación de la infraestructura, más un semestre para la operación de líneas telefónicas en un porcentaje similar al establecido en el acuerdo anterior.

Esto significa que los trabajos de instalación y operación del primer contrato y los correspondientes a la primera etapa del segundo debieron concluir entre agosto de 2006 y marzo de 2009. Sin embargo, Telmex no cumplió con los plazos establecidos.

De acuerdo con la revisión de la ASF, para agosto del año pasado aún faltaban por instalar 7 mil 892 líneas telefónicas del contrato C-411-001-05 y 5 mil 792 de la primera fase del contrato C-411-001-06. De las líneas previstas en la segunda etapa de éste, hacían falta 32 mil 208 líneas –prácticamente la mitad de las programadas– a un mes de que venciera el plazo establecido.

Además del incumplimiento en la instalación de líneas telefónicas, se reportaron 2 mil 421 líneas que no funcionaban y 4 mil 731 que lo hacían pero con fallas técnicas, tan sólo durante 2009. También hubo 813 casos en los que el usuario había pagado por la instalación o por el aparato telefónico, en contravención con lo estipulado en los contratos.

En inspecciones físicas a comunidades de Oaxaca y Aguascalientes, (cuyas densidades de penetración del servicio de telefonía son de 7.6 y 20.5, respectivamente, por cada 100 habitantes), se detectaron 62 casos en los que no se instalaron las líneas telefónicas programadas, mientras que se reportaron 139 situaciones de cobros indebidos por la instalación o el aparato telefónico, y 62 por deficiencias en el servicio y en la instalación de las líneas.

Otro problema fue la falta de información, ya que en 103 casos a los usuarios no se les entregó el contrato formalizado con Telmex, a 152 no se les dejó el cuadro de tarifas, a 128 no se les informó que tenían acceso a internet y a 106 no se les proporcionó un número telefónico para reportar fallas.

Por si fuera poco, hubo discrepancias entre los informes entregados al Comité Técnico del fideicomiso –que preside la SCT– y los datos consignados en el Reporte del cumplimiento de la misión y fines, que se incluye en los informes trimestrales de información financiera entregados a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la misma Secretaría.

En esos informes, además, no se identifica el avance en el número de localidades atendidas, por lo que, a ojos de la ASF, no se puede medir el grado real de cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicación ofrecidos por Telmex.

SCT, responsable

A pesar del incumplimiento en que incurrió Telmex, la SCT no le ha fijado ningún tipo de sanción. De acuerdo con la Auditoría Superior, la Secretaría sólo le notificó de una falta por haber reportado líneas de 29 localidades después de la fecha establecida, por la cual la telefónica debía pagar 140 mil 800 pesos –equivalentes al 0.05 por ciento del dinero del Focosote que se le ha entregado.

Pero la empresa solicitó “dejar sin efectos” tal requerimiento, sin que para agosto del año pasado (cuando concluyó el proceso de auditoría) la SCT hubiera hecho algún pronunciamiento al respecto.

Además, la empresa tampoco ha cumplido con la entrega de reportes semestrales de índices para medir la calidad en el servicio y la SCT ha sido omisa al pedírselos.

La Auditoría advierte que aun cuando la SCT sancionara a Telmex por no cumplir con los plazos establecidos, no podría hacerlo por las fallas en el servicio ofrecido, ya que los contratos no establecen penas para ese tipo de irregularidades.

Para Clara Luz Álvarez González de Castilla lo más “grave” que evidencia la revisión al Focosote es la mala gestión que ha tenido desde su creación, y que se manifiesta en el copioso monto que sigue sin destinarse a proyectos sociales de telecomunicaciones.

Autora de los libros Derecho de las telecomunicaciones e Internet y derechos fundamentales, así como de diversos artículos en materia de telecomunicaciones, Álvarez González de Castilla imputa tal responsabilidad a todas las entidades que participan en el Comité Técnico del fideicomiso, a cuya cabeza está la SCT y su actual titular, Dionisio Pérez Jácome.

En dicho Comité también participan representantes de entidades públicas como la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, la Cofetel, la Coordinación General del Sistema Nacional e-México, la Comisión Federal de Competencia, así como representantes de la industria de las telecomunicaciones en el país.

La especialista en telecomunicaciones enfatiza que el tema de la cobertura social ha estado completamente ausente durante este sexenio, pues además de no destinársele más recursos al fideicomiso, tampoco se han elaborado nuevos proyectos para aprovechar el dinero disponible. “Es como si vieras que hay gente muriéndose de hambre y tienes comida para darle y no se la das”, equipara.

Rezago, el precio de la omisión

Desde la aparición del Focosote, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, el sector de las telecomunicaciones ha vivido episodios relevantes y controvertidos. Uno de ellos fue la modificación que se intentó hacer a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión para favorecer a las televisoras Televisa y TV Azteca con la entrega de espectro digital de frecuencias.

También lo fueron la entrega de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a Televisa-Telefónica Movistar-Megacable, en un concurso en el que el consorcio fue el único participante, y la licitación de espectro radioeléctrico para telefonía móvil, en la que resultó ganador el grupo formado por Televisa (que después desistió) y Nextel, a cambio de un pago ínfimo al gobierno.

Pero ninguno de estos sucesos, ni de otros que han suscitado reyertas entre las empresas operadoras y la autoridad, han puesto atención en el tema de la cobertura social, ni mucho menos han colocado en la agenda los pendientes del Focosote.

Aunado a ello, en lo que va del sexenio calderonista el número de poblaciones con servicio telefónico en el país no ha mostrado avance, pues desde 2007 se mantiene en 55 mil 353, de acuerdo con datos de la SCT. Lo mismo ha ocurrido con las localidades comunicadas con telefonía rural, que desde hace cuatro años se estancaron en 51 mil 396.

Mientras tanto, la densidad de penetración de servicio de telefonía en el país se redujo entre 2005 y 2010, con lo que para el año pasado se encontraba en 17.9 líneas telefónicas por cada 100 habitantes. En el estado de Chiapas la situación es más crítica, pues la penetración ahí es de 5.7, lo que significa que menos de seis personas de cada 100 cuentan con servicio de telefonía en la entidad.

En el otro extremo se sitúa el Distrito Federal con el mayor nivel de penetración. Sin embargo, éste tampoco es muy alentador, pues apenas llega a 43.9 de cada centenar de habitantes.

Eso se traduce en un nivel de penetración de telefonía fija en el país menor al que existe en Brasil y Chile, además de representar la tercera parte de la penetración que tienen Alemania, Francia y Reino Unido.

Ramiro Tovar Landa, consultor en regulación y competencia económica, considera que en México no sólo ha faltado una cobertura universal en telecomunicaciones, sino que la ausencia de ésta ha dejado al país rezagado respecto de otras naciones.

En este tenor, considera que el Focosote no ha sido un instrumento utilizado por las dos últimas administraciones para cumplir con su obligación de brindar servicios de telecomunicaciones a las poblaciones marginadas. “No solamente en las cuentas se nota que no ha cumplido con sus objetivos, en los hechos también”, reprocha.

Para ejemplificar la gravedad de la brecha que persiste en cobertura de telecomunicaciones, Tovar Landa refiere datos del Censo de Población y Vivienda 2010, los cuales señalan que apenas el 16.6 por ciento de las viviendas rurales cuenta con línea telefónica, mientras que en las urbanas hay 3.5 veces más.

En servicio de internet la brecha es de 2.5 por ciento en zonas rurales contra 33 por ciento en áreas urbanas. En contraste, la penetración del servicio de televisión abierta –controlada actualmente por Televisa y TV Azteca– es de 99 por ciento en las ciudades y 97 por ciento en zonas rurales.

Dada la poca efectividad que el Focosote ha demostrado para reducir este rezago, el catedrático considera conveniente desaparecerlo y sustituirlo con un nuevo esquema que obligue a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones a ofrecer servicios de cobertura social como una contraprestación. Actualmente, el único operador que tiene estipulada esta condición es Telmex.

La propuesta de Tovar Landa sobre el futuro del fideicomiso coincide con la planteada por la ASF, que recomienda a la SCT que “evalúe la conveniencia de extinguir[lo]”.

Para Álvarez González de Castilla la solución no está en desaparecer el fideicomiso, pues dice que ello no contribuiría a que se cumpliera con el mandato de dar cobertura en telecomunicaciones a las poblaciones de menores recursos, establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Considera que “el enemigo a vencer” no es el fideicomiso, sino la forma en que se está manejando.

El diputado Francisco Hernández Juárez, integrante de la Comisión de Comunicaciones y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, resalta la relevancia que tiene el tema de la cobertura social en telecomunicaciones, sobre todo en el contexto actual de confrontaciones entre operadores y el gobierno.

“Hoy es más vigente que nunca porque todo el conflicto se está centrando en el tema de la competencia, la regulación que el gobierno debe realizar y sobre la judicialización que se ha generado en el ámbito de las telecomunicaciones.”

Para conocer la postura de la SCT y de Telmex, Contralínea solicitó entrevistas a través de sus respectivas oficinas de comunicación y relaciones públicas. La subdirectora de Comunicación de Telmex, Concepción Rivera Romero, respondió que la información relativa al Fondo “se proporciona solamente a las autoridades”. Hasta el cierre de edición, la SCT no había respondido la petición.

Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011

Aumentan a 87 millones, mexicanos en pobreza

Aumentan los mexicanos en pobreza extrema. Mientras el Estado de México es la entidad con más población en miseria, Batopilas (Chihuahua) mantiene índices de desarrollo humano inferiores a Nígeria, el país más pobre del mundo.

Isabel Argüello

Con el panismo, sólo 19 millones 530 mil mexicanos tienen “asegurado” un bienestar económico y social; esto equivale al 18.3 por ciento de la población, considerada “no pobre” y “no vulnerable” por el gobierno federal.

Los otros 87 millones 150 mil mexicanos son pobres, admite el Informe de pobreza multidimensional en México 2008, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De éstos, más de 47 millones son “pobres multidimensionales”.

El rezago en educación, vivienda, alimentación, salud y seguridad social afecta a 81.7 por ciento de mexicanos, reconoce la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

“Hay desigualdad y no hay voluntad política para transformar el panorama de la sociedad”, lamenta la doctora Araceli Damián González, investigadora de El Colegio de México.

“Es un fracaso el modelo económico que se ha seguido en nuestro país durante los últimos 30 años. Menos del 20 por ciento de la población tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades, y sólo 20 personas tienen una riqueza equivalente al 10 por ciento del producto interno bruto. En realidad, estamos en una situación crítica”, dice Damián González.

En entrevista con Contralínea, el doctor Gonzalo Hernández Licona –secretario Ejecutivo del Coneval– asegura que México no ha crecido económicamente porque no ha habido acuerdos políticos. “Se empantanan muchas veces elementos en las decisiones políticas que no permiten que hayan soluciones de crecimiento. De no ser por esto, tendríamos niveles de pobreza o de vulnerabilidad mucho menores; un reto bien importante”.

Pobreza multidimensional

Para matizar las cifras, los pobres ahora son denominados multidimensionales. Son 47 millones 190 mil personas identificadas en esa condición. De éstos, 30 millones 820 mil (65.3 por ciento) viven en el Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Jalisco, Distrito Federal, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán y Guerrero.

Hernández Licona reconoce que a esos mexicanos no les alcanza para comprar lo “mínimo necesario”. Según él, las políticas públicas de desarrollo social del Estado deben enfocarse a este sector porque es la población con más carencias sociales.

Del total de “pobres multidimensionales”, 23.73 por ciento padece pobreza extrema (11 millones 200 mil) y 76.27 (36 millones), moderada. Chiapas tiene más de 1 millón 500 mil en extrema pobreza; el Distrito Federal y Jalisco superan, cada uno, los 2 millones de pobres moderados; y el Estado de México, Puebla y Veracruz están en ambas clasificaciones.

Araceli Damián, especialista en economía urbana, asegura que el dato de “pobres multidimensionales” se duplicaría si se considera la vulnerabilidad del resto de la población. “La pobreza es de 81.7 por ciento; pero como es una cantidad que políticamente no se puede manejar, decidieron tomar otro criterio. Vamos a tener cifras maquilladas, como siempre hace el gobierno, mientras la desigualdad es cada día más lacerante”.

De los 35 millones 180 mil “vulnerables por carencia social”, más de la tercera parte habita en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Veracruz. En contraste, de los 4 millones 780 mil “vulnerables por ingreso”, cerca de 2 millones residen en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Coahuila y Nuevo León.

Para Hernández Licona, quienes se encuentran en la categorización de “vulnerabilidad por ingreso” o “carencia” están en riesgo de convertirse en “pobres multidimensionales”. “No todos ellos van a caer en pobreza. Algunos podrían caer, otros no, pero siguen siendo vulnerables”.

Indígenas, los más pobres

La pobreza multidimensional afecta a tres de cada cuatro indígenas. De este 75.7 por ciento, más de la mitad está en pobreza extrema. El Informe de pobreza multidimensional en México 2008 enumera la diferencia de carencias sociales entre la población indígena y la nacional: seguridad social, 85.8 y 64.7; educación, 49.9 y 21.7; acceso a los servicios de salud, 52.7 y 40.7; y alimentación 42.1 y 21.6, respectivamente.

“‘Pobres multidimensionales’ hay en toda la República, aunque se hace más evidente en los estados con mayor número de indígenas. Han sido sistemáticamente marginados del desarrollo; fueron sometidos y despojados de sus tierras, obligados a migrar a las zonas áridas y poco productivas. Es una cuestión histórica y ancestral; un problema que no se resolvió con la Independencia ni la Revolución”, comenta la investigadora Damián González.

Hernández Licona explica que Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, la Tarahumara y El Nayar son lugares de acceso complicado, por lo que llevar servicios lo es aún más. Muchos indígenas viven en esas zonas y sufren esa problemática. Además, “el Banco Mundial habla de elementos que generan desigualdad y discriminación hacia los indígenas en relación con los apoyos que reciben”.

David Jiménez Rumbo, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, pone como ejemplos Cochoapa El Grande, considerado el municipio más pobre de México y uno de los más pobres de América Latina, y Metlatónoc, en Guerrero: “Dos de los municipios más necesitados de este mundo, donde hay hombres y mujeres que han perdido el brillo de la inteligencia en los ojos”.

“No podemos decir que las cosas están marchando bien. Las políticas neoliberales que vienen aplicándose de manera moderada desde la época de Miguel de la Madrid, luego de manera más contundente y con más profundidad con Carlos Salinas de Gortari, y llevadas al extremo del antipatriotismo en los gobiernos panistas, han venido acentuando el fenómeno de la pobreza en el Sur del país, básicamente en las regiones indígenas”, asegura Jiménez Rumbo.

Carencias sociales

Alrededor del 10 por ciento de los residentes de cada entidad federativa no cuenta con educación básica. Significa que 23 millones a nivel nacional tienen esta carencia. El Estado de México encabeza los resultados, con 2 millones 720 mil personas; le sigue Jalisco, con 2 millones 40 mil; Chiapas y Puebla, con 3 millones 110 mil cada uno.

En materia de salud, 43 millones 380 mil personas (40.7 por ciento de la población total del país) carecen de este derecho social. El 45 por ciento del Estado de México no tiene acceso a la salud (6 millones 600 mil mexiquenses), al igual que el 40.1 por ciento del Distrito Federal (3 millones 530 mil). Más de 2 millones de poblanos y veracruzanos pasan por la misma situación.

La seguridad social es un derecho, no obstante 68 millones 990 mil mexicanos no lo tienen. En ocho estados, 38 millones 340 mil personas están excluidas de este bien: Estado de México (9 millones 970 mil), Veracruz (5 millones 190 mil), Distrito Federal (4 millones 650 mil), Puebla (4 millones 340 mil), Jalisco (4 millones 10 mil), Chiapas (3 millones 810 mil), Guanajuato (3 millones 320 mil) y Michoacán (3 millones 50 mil personas). El contar con un empleo formal no es garantía, pues 62.3 por ciento no tuvo acceso a la seguridad social.

Veracruz, el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla tienen, en conjunto, cerca de 10 millones de personas que presentan carencia por calidad y espacios de la vivienda. En México, 18 millones 620 mil (17.5 por ciento) padecen esta circunstancia.

Los servicios básicos de vivienda son otro problema que deben enfrentar los mexicanos (20 millones 130 mil, es decir 18.9 por ciento). Veracruz, el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero son las entidades con mayor incidencia y número de personas con carencia de techo, muros y pisos; además del “hacinamiento” o ubicación amontonada de los objetos dentro del hogar, según los elementos que consideró el Coneval.

El 37.9 por ciento de los individuos con carencia en los servicios básicos de la vivienda no cuenta con acceso al agua; 34.7 por ciento, al drenaje, y 0.5 por ciento, a la electricidad. Más de 3 millones de mexicanos no tienen acceso a ninguno de los tres servicios, agrega el Informe de pobreza multidimensional en México 2008.

A nivel nacional, más de 23 millones de personas no tienen acceso a la alimentación. Los estados que se repiten en esta carencia social son el Estado de México, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 14 millones 930 mil personas en total.

Finalmente, el Informe menciona el ingreso corriente per cápita en cada sistematización poblacional: 973 pesos, los “pobres multidimensionales; 4 mil 26, los “vulnerables por carencia social”; 1 mil 366, los “vulnerables por ingreso”; y 5 mil 576, los “no pobres” y “no vulnerables”. Las tres entidades con menor ingreso fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, dependiendo de la condición de género.

No obstante los resultados, el economista y representante del Coneval, Gonzalo Hernández, alardea de esta nueva metodología de pobreza multidimensional. “Hoy, cada estado sabe en dónde flaquea respecto de sus dimensiones sociales. Estamos muy orgullosos en México de tener esta metodología; somos el primer país que la tenemos, que cumplimos con la Ley General de Desarrollo Social. Queremos mostrar la realidad tal como es, y creo que así se ha entendido”.

Carlos Flores Rico, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, revela que hay 56.5 millones de pobres en México, más de 10 millones que al inicio de sexenio. “Tan sólo en dos años, aumentaron 6 millones de pobres (2006-2008). Es decir, en este momento la suma de pobreza es de 56.5 millones de pobres. En la Comisión, estamos creando una propuesta alternativa para lograr que entre 33 y 37 millones de personas, en unos 10 o 15 años más o menos”, puedan mejorar sus condiciones de vida.

Niños y adolescentes, indefensos ante la crisis económica

La “pobreza multidimensional” abarca a 53.3 por ciento de niños y adolescentes en nuestro país, es decir 20 millones 800 mil, establece el informe La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el caso de México, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

De 39 millones de jóvenes que se contemplaron para este estudio, más de la mitad se encuentra en “pobreza multidimensional”; 28.8 por ciento (11 millones 200 mil) es “vulnerable por carencia social”; 4.6 por ciento (1 millón 800 mil), “vulnerable por ingreso”, y 13.3 por ciento (5 millones 200 mil), “no pobres y no vulnerables”.

Ante la crisis económica del año pasado, la reducción del ingreso fue inminente. “En términos generales, 54 por ciento de la población declaró que en 2009 se encontraba en una situación económica peor, o mucho peor, que en 2008”. Por falta de recursos, los padres de familia tuvieron dificultades para llevar a sus hijos al doctor, comprarles el medicamento para su atención, mandarlos a la escuela, comprar artículos de uso diario e invertir en actividades de entretenimiento.

Indígenas, condenados a la marginación

En 2005, la mayoría de la población de 2 mil 32 municipios era indígena. El Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), evidenció que algunos municipios están por debajo del índice de desarrollo humano (IDH) de los países más pobres del mundo; por ejemplo, Batopilas, Chihuahua, con 0.3010, respecto del Níger (África), que tiene 0.3300.

En 2008 se contabilizaron 11 millones 300 mil indígenas, de los cuales 4 millones 300 mil pertenecía a “pobreza extrema por ingreso” y 3 millones 600 mil, en situación de “pobreza multidimensional extrema”. Este dato se ve reflejado en los estados con menor IDH: Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz.

Al analizar la distribución del gasto entre grupos, se observa que la población indígena se beneficia del 9.34 por ciento del gasto público total de desarrollo humano, mientras la población no indígena tiene el 90.7 por ciento. Para la atención de la población indígena por ramo ?20 “Desarrollo social”?, en 2009 se destinaron 10 mil 474 millones 500 mil pesos, según el Informe.

Los 20 municipios con IDH menor a 0.5 son Batopilas, Carichí, Morelos, Balleza, Urique, Uruachi, San Francisco de Borja y Nonoava (Chihuahua); Cochoapa El Grande (Guerrero); Guadalupe y Calvo, Guazapares (Chiapas); Tehuipango y Mixtla de Altamirano (Veracruz); Mezquitic (Jalisco); Coicoyán de las Flores y San Sebastián Coatlán (Oaxaca); Chilchotla (Puebla); Del Nayar (Nayarit); Topia (Durango); y Candelaria (Campeche).

Ana del Toro, asistente de Comunicación del PNUD en México, proporcionó un listado de otros 36 municipios que también están por debajo del 0.5 y tienen un IDH medio: San Martín de las Peras, San Simón Zahuatlán, Santa María la Asunción, Santo Domingo Tepuxtepec, Santiago Ixtlayuca, Santa Lucía Miahuatlán, Santiago Yaitepec, Santa María Tepantlali, San Juan Petlapa, San Miguel Ahuehuetitlán, Huautepec, Santiago Amoltepec y San José Tenango (Oaxaca); Metlatónoc, José Joaquín de Herrera, Alcozahuca de Guerrero, Atlixtac, Acatepec y Xochistlahuaca (Guerrero); Santiago el Pinar, Mitontic, Sitalá, Chamela, Aldama, San Juan Cancuc, Chalchihuitán, Chenalhó, Zinacantán y Pantelhó (Chiapas); Texcatepec, Filomeno Mata, Soledad Atzompa y Ilamatlán (Veracruz); Tahdziú (Yucatán); Guachochi (Chihuahua); y Tepetzintla (Puebla).

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

Fracasan políticas públicas contra la pobreza

Cobertura universal en educación y salud, además del crecimiento en la construcción de viviendas son los “logros” que destaca el gobierno federal en materia de combate a la pobreza. Informes oficiales y expertos en la materia aseguran que esta política ha sido un rotundo fracaso, ya que más del 80 por ciento de la población padece por lo menos alguna carencia socia.

Érika Ramírez

Son más de 82 millones de mexicanos los que tienen al menos una carencia social, es decir, que se encuentran en niveles de pobreza que no les permiten tener una vida plena respecto de sus derechos sociales, señalan expertos en la materia. Su fuente: el Informe de pobreza multidimensional en México, elaborado en 2010 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Advierten que la política social desarrollada por el gobierno de Felipe Calderón ha fracaso completamente.

No obstante, para el gobierno federal el combate a la pobreza ha tenido “logros” en materia de salud –con la cobertura universal a la que se pretende llegar el próximo año a través del Seguro Popular–, la cobertura universal en educación primaria y la construcción de hasta 3.3 millones de viviendas, asegura en entrevista con Contralínea Marco Antonio Paz Pellat, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Los datos del Coneval son contundentes. Durante 2008, el 77.2 por ciento de la población presentaba al menos una carencia social, mientras que 30.7 por ciento tenía tres o más carencias sociales; se trata de 82.4 y 32.8 millones de personas, respectivamente.

“La percepción que queda entre todos los actores y la propia población es que es insuficiente”, dice el encargado de planear, diseñar y evaluar las acciones de la Sedesol, correspondientes a los programas en materia de disminución de la pobreza.

“La pobreza en México es un tema estructural. Mientras no logremos tasas de crecimiento que nos permitan crear los empleos que se requieren, es muy difícil tener un combate a fondo”, reconoce el maestro en consultoría estratégica de organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Alerta que en las próximas mediciones se podría observar un incremento en los niveles de pobreza alimentaria, al pasar del 18.2 a 19 o 19.5, como consecuencia de la crisis económica de 2008 en el mundo, “que para el impacto tan feroz, y cómo ha afectado a otros países, nos sale bastante bien. Donde creo que se va a incrementar un poco más es en la pobreza patrimonial, porque afectó más a los habitantes de las áreas urbanas por las pérdidas de sus casas”.

Los logros, según el PAN

A finales de marzo pasado, el presidente Felipe Calderón presentó el informe Principales resultados del censo de población y vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del cual aseguró que “se han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las familias más pobres: se ha incrementado su acceso a servicios de salud, educación y vivienda”.

Bajo el mismo tenor, el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol dice que el Inegi está haciendo un esfuerzo importante para presentar la información en plataformas, como la de georreferenciación, que servirá para saber dónde están las carencias y así tener mayor control.

“Hemos podido sortear cambios de gobierno por la institucionalidad. El reto está en bajar la institucionalidad a estados y municipios donde creemos que todavía hay oportunidad”, dice Paz Pellat.

Salud, maquillada

Los “logros” que destaca el servidor público son en materia de salud, educación y vivienda. En el primero de ellos, dice, “prácticamente hemos duplicado en los últimos años el acceso a los servicios de salud.

“Estamos a punto de llegar este año o el próximo a la cobertura universal. Lo que quiere decir que ningún mexicano puede estar fuera de los servicios, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Seguro Popular. Todavía hay retos importantes, pues además de la cobertura, se debe lograr la calidad. Esta última es financiada por los gobiernos estatales”.

Según el Coneval, 40.7 por ciento de la población no tenía acceso a los servicios de salud. En tanto, los resultados del Inegi indican que entre 2000 y 2010 el porcentaje de población que declaró ser derechohabiente a servicios de salud aumentó de 40.1 por ciento a 64.6 por ciento, es decir unos 72.5 millones de mexicanos.

Los datos del informe Principales resultados del censo de población y vivienda 2010 marcan que el IMSS cuenta con el 48.8 por ciento de población afiliada, seguido del Seguro Popular y para una Nueva Generación, que en conjunto cubren al 36.2 por ciento, y el 8.7 por ciento corresponde al ISSSTE.

Gustavo Leal Fernández, investigador del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, critica los logros gubernamentales que, dice, “sólo han sido electoreros y un rotundo fracaso”.

Para el investigador de la UAM, las únicas instituciones que garantizan una atención integral a la salud son el IMSS y el ISSSTE, no obstante éstas pasan por presiones financieras que no permiten ampliar la cobertura. El Seguro Popular, dice, “es un instrumento electorero, diseñado por el foxismo, que tiene como única meta la afiliación”.

Vivienda, en crecimiento

El otro avance destacado por el subsecretario de la Sedesol, Marco Antonio Paz Pellat, es el crecimiento en la construcción de vivienda. “En estos últimos 10 años, una de cada cuatro viviendas que se han construido fue financiada por este gobierno”.

Durante la administración de Felipe Calderón, añade, “estamos hablando de 3.3 millones de viviendas construidas”. No obstante, dice, “tenemos un reto muy importante en vivienda rural”.

De acuerdo con el informe del Censo de población y vivienda 2010, el parque habitacional en el país es de 35 millones 617 mil 724 viviendas. De éstas, “el porcentaje de viviendas con piso de tierra decrece 13.3 puntos”, al pasar de 19.5 por ciento en 1990 a 6.2 por ciento en 2010.

“En 2010, poco más de la mitad de las viviendas del país (55.9 por ciento) tiene pisos de cemento o firme. El 37.3 por ciento tiene pisos de madera, mosaico u otro recubrimiento. Entre 1990 y 2010, estas últimas registran un incremento de 10.6 puntos porcentuales”, indica el Inegi.

Los datos que proporciona el Coneval indican que, en 2008, el 17.5 por ciento de la población tenía carencia por calidad y espacios de la vivienda, y 18.9 por ciento no contaba con los servicios básicos.

El Coneval –organismo público descentralizado de la administración pública federal, encargado de generar información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México– señala que en la población indígena se presentan las brechas más extremas en los indicadores de vivienda. “Prácticamente la mitad de las personas hablantes de lengua indígena era carente por calidad y espacios y por acceso a servicios básicos en la vivienda”, muestra el Informe de pobreza multidimensional en México.

Educación primaria

“Hablar de la educación en México es de los temas más controversiales porque todos hablan de que nos sentimos insatisfechos por la educación que tenemos”, dice Marco Antonio Paz.

Sin embargo, el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol asegura que “hay avances que no se pueden negar. Uno de ellos es que hemos logrado la cobertura universal en materia de educación primaria; vamos a lograr la cobertura universal en materia de secundaria y estamos avanzando fuerte en materia de preparatoria.

“En estos últimos 10 años, pasamos de 7.3 a 8.4 el promedio de escolaridad a nivel nacional. Todos podrían decir que es un grado nada más, pero es un grado que nos ha costado un esfuerzo muy importante y que les permite a todos tener acceso. Por su puesto, ahí también el tema de la calidad es un tema pendiente”, enfatiza.

Julio Boltvinik Kalinka, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993, experto en pobreza, critica la versión oficial del crecimiento en educación. “Hay muchos niños que no asisten a la escuela, no terminan la primaria, y los problemas más graves son en las zonas indígenas y en las comunidades rurales muy dispersas”.

En estas zonas, dice el académico de El Colegio de México, llega la “educación” a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que imparte una “educación de cuarta, porque los que la imparten no son profesores, sino promotores educativos. En México, la norma educativa incluye dos cosas más: la secundaria y el preescolar”.

De este último, expone Boltvinik Kalinka con datos del Censo 2010, “el 84 por ciento de los niños de tres años de edad que debería estar en primer grado de preescolar no asiste. El porcentaje baja a 44 por ciento a la edad de cuatro años que tampoco acuden, y la no asistencia en los niños de cinco años es del 12 por ciento”.

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 2, 3 y 4 de la Ley General de Educación establecen que “toda la población debe cursar la educación básica obligatoria, es decir, los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria”.

Según el Coneval, en 2008, “el 21.7 por ciento de la población total del país presentaba rezago educativo, lo que equivale aproximadamente a 23 millones de personas. Las entidades federativas con mayor incidencia fueron Chiapas, Michoacán y Oaxaca, todas con más de 30 por ciento de su población en rezago educativo”. Mientras que el Inegi asegura que el 94.7 por ciento de la población de seis a 14 años asiste a la escuela.

Bancarizar la pobreza

Uno de los objetivos que tiene la Sedesol, a cargo de Heriberto Félix Guerra, para disminuir la pobreza es “bancarizar” a los más pobres del país que están afiliados al Programa Oportunidades, para que a través de este mecanismo puedan tener un ahorro o disminuir el cobro de comisiones en el envío de remesas, explica Marco Antonio Paz Pellat.

“Hemos caminado en el tema Oportunidades: en cómo hacerlo un programa menos dependiente de la estructura que lo maneja, porque son seres humanos los que lo operan y ahí entra la coerción política. Los estamos bancarizando”, explica.

Según el funcionario, para la Secretaría de Hacienda uno de los temas más importantes es la inclusión financiera. Ésta “les permite a las personas disfrutar de todos los derechos universales que tiene un ser humano, entre ellos a ser considerado como un posible sujeto a un crédito.

“Estamos bancarizando [el Programa Oportunidades] porque a la gente le queremos dar poder, la queremos empoderar. Vamos a entregar una tarjeta relacionada con una cuenta bancaria, con un chip y su huella dactilar. Las tiendas Diconsa serán las corresponsales”, expone.

Explica que será a través de estas sucursales operadas por la Sedesol que la gente irá a recoger su dinero (correspondiente al programa); ya no habrá intermediario y, además, dice, “la gente puede ahorrar”.

“Con la bancarización, no sólo le estamos dando transparencia, sino que estamos haciendo que toda esa gente vaya generando un historial crediticio. La gente en pobreza ahorra el doble que la gente que no lo está. Digo 15, 20, 30 pesos, pero ahorra”, asegura el funcionario.

“Lo que quiere el secretario Heriberto Félix es empoderar a la gente, ciudadanizar la política, porque mientras siga dependiendo del gobierno, siempre va a existir la tentación del uso electoral y político, que es el asunto de no tener reglas en los estados.”

Con la bancarización, añade, “queremos hacer un conducto para que lleguen las remesas. Te da mucho coraje ver cómo les cobran estos baquetones a la bola de migrantes que dejan a sus familias y se están jugando el pellejo en Estados Unidos. Les llegan a cobrar hasta el 50 por ciento por el envío de remesas”.

Julio Boltvinik Kalinka critica los discursos oficiales que pretenden demostrar un bienestar entre la población. “Él tiene que decir que todo va bien, para eso le pagan”.

“Hay que quitarse de la cabeza que la pobreza se combate con programas”. La pobreza se combate con desarrollo económico y social, lo que implica instrumentar políticas que permitan un crecimiento vigoroso a través de la creación de empleos bien pagados, dice el experto.

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011