183 mil millones de pesos para Repsol, cortesía de Peña y Calderón. ¡Despierten!

He aqui la causal por la que subiran las tarifas electicas en todo el pais.....

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Inconsistente y contradictorio plan de reforma energética: CIDE

Académicos demandan evitar que la renta de Pemex sea transferida al sector privado.
Israel Rodríguez y Juan Carlos Miranda

México, DF. De inconsistente y contradictorio calificaron expertos en materia energética el esbozo de la reforma que el gobierno federal pretende impulsar mediante mayor participación privada en la industria petrolera nacional, de acuerdo con lo anunciado el domingo por el presidente Enrique Peña Nieto en el contexto de la conmemoración de la expropiación del crudo.
Míriam Grunstein, catedrática del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (Cide), expresó su desconcierto porque primero hay un planteamiento de restructurar el sector energético de forma radical, y lo dicho por Peña Nieto fue una afirmación de carácter político que no va a ser consistente con la propuesta que se está elaborando.
La víspera el jefe del Ejecutivo dio a conocer seis grandes directrices: primera, crear una nueva estructura organizacional; segunda, alentar la ética corporativa y la responsabilidad social; tercera, promover el crecimiento verde; cuarta, potenciar la industria nacional; quinta, orientar las inversiones hacia las actividades de mayor valor agregado y rentabilidad para el país, y sexta, fortalecer la capacidad de inversión y desarrollo tecnológico.
José Luis Calva, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, aseveró que en principio son objetivos válidos, “pero el problema es que el diablo y Dios están en los detalles”.
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Cazador de cucarachas

Felipe Calderón, el titular de sus cucarachas...

Denise Dresser

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Según Felipe Calderón, lleva el sexenio cazando cucarachas. Como lo dijo en un discurso reciente, la labor de su gobierno vis a vis el crimen organizado ha sido como entrar “a una casa desconocida, una casa nueva, y (…) ver por ahí cucarachas corriendo por un rincón y metiéndose por un agujero en la pared y al levantar el tapiz o la duela de esa pared, lo que se encuentra es que está infectado de esos animales y esas plagas”. En su propia percepción, el presidente ha pasado los últimos cinco años destapando el agujero, despegando el tapiz, quitando la duela. Reconstruyendo y saneando, dice. Pero al mismo tiempo afirma que el crimen organizado ha permeado la política y contaminado los procesos electorales. El cazador de cucarachas admite que en lugar de eliminarlas, ha contribuido a su expansión.

Indicador tras indicador lo demuestran. La estrategia de seguridad del gobierno federal no está funcionando. Sus cuatro objetivos –fortalecer las instituciones de procuración de justicia, reducir el consumo, debilitar a las instituciones criminales y liberar espacios públicos del control criminal– no han sido alcanzados. Más aún, las últimas dos metas han terminado por ser incompatibles entre sí. Como lo demuestra un estudio reciente del especialista Eduardo Guerrero, aunque el gobierno logra dividir a las organizaciones más grandes, un regreso al statu quo ante –con el predominio de dos cárteles dominantes– es el resultado potencial de la política federal. El esfuerzo de fumigación de cucarachas no las debilita; al contrario.

Un tema debatido es si existe una relación causal entre la cruzada del gobierno contra el crimen –mediante el arresto de los principales capos– y la epidemia de inseguridad que asuela al país. Y según Eduardo Guerrero esa relación existe: en 78.5% de 28 casos seleccionados por su estudio, la violencia en determinada región aumenta cuando se aplasta la cabeza de la cucaracha que es líder allí. En vez de disminuir, la violencia suele escalar. Un buen número de acciones gubernamentales, incluyendo la confiscación de ciertas drogas, la erradicación de ciertos cultivos, el arresto de ciertos criminales, incrementa la violencia a nivel municipal.

Por otro lado, el presidente presume el número de arrestos de criminales de alto perfil llevados a cabo en su administración. Eso –argumenta– reduce la amenaza que el narcotráfico crea para la seguridad nacional. Según la visión calderonista, la fragmentación de los cárteles reduce su peligrosidad. Pero no queda claro que el mercado trasnacional de estupefacientes hoy se encuentre menos concentrado que al principio del sexenio. Un solo gran grupo tiene el control hegemónico sobre cada una de las rutas principales: el cártel del Pacífico y Los Zetas. Claramente ambos constituyen una amenaza para la seguridad nacional pero –paradójicamente– su división podría exacerbar la violencia y el crimen en amplias franjas del territorio mexicano.

Las operaciones conjuntas entre la Sedena, la Marina y la Policía Federal ofrecen un panorama igualmente preocupante. Durante 2007-2008, siete operaciones de este tipo fueron llevadas a cabo y los resultados no han sido positivos. El despliegue de fuerzas federales ayuda a las autoridades locales a eludir su responsabilidad. Y peor aún: en términos de percepción pública, coloca toda la culpa sobre el aumento de la violencia sobre los hombros del gobierno federal. Aun en estados como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas –sitios donde se instrumentaron operativos conjuntos– el PRI gana y retiene el poder, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal.

Quizás en reacción a una política cada vez más contraproducente, la estrategia de combate al narcotráfico ha experimentado un viraje en el último año. El objetivo parecería ser –según Guerrero– centrar menos la atención en la captura de los cabecillas y más en las organizaciones de alta peligrosidad. De allí que Los Zetas se hayan convertido en las cucarachas más perseguidas, más acosadas, más asediadas. El equipo calderonista no ha admitido este reposicionamiento públicamente, porque entrañaría reconocer que el enfoque anterior –atacar a todos los cárteles al mismo tiempo– había sido erróneo. A pesar de todo lo que el gobierno federal hace y dice, la producción y la comercialización de las drogas sigue aumentando, genera ganancias entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, y ya puede observarse la ampliación de consumo en territorio mexicano. El agujero que Felipe Calderón encontró en la pared crece y la plaga dentro de él también.

Y por ello, por primera vez en lo que va del sexenio, en las encuestas los mexicanos colocan la inseguridad por encima de los temas económicos. Según el estudio más reciente llevado a cabo por Buendía y Laredo, 56% de la población piensa que el país es menos seguro debido a la estrategia gubernamental y 42% cree que narcotraficantes están ganando, 89% de la población tiene poca o ninguna confianza en la policía local y 75% tiene poca o ninguna confianza en la policía federal.

Es en este contexto que Felipe Calderón pronuncia un controvertido discurso en el cual advierte que las contiendas electorales podrían ser una nueva veta para los empresarios del crimen. Sugiere que pretenden corromper a las instituciones e infiltrar las elecciones. Augura la simbiosis del Estado criminal y el Estado constitucional. Pero si el presidente hace esos pronunciamientos como parte de una lógica electoral, que busca desacreditar al PRI, el esfuerzo se le revierte. Señala con el dedo índice a quienes ensuciaron el cuarto, cavaron el hoyo, protegieron a las cucarachas y son responsables de su presencia. Pero el señalamiento presidencial es también una admisión de derrota. Calderón se erigió a sí mismo en cazador de cucarachas, y al final de su sexenio todo indica que ha sido responsable de su multiplicación.

La acusación

Luis Javier Garrido

El gobierno de facto de Felipe Calderón ha comprometido seriamente en cuatro años y medio la seguridad nacional de México, y es esta la acusación principal que se le hace a él en los críticos momentos actuales, sin que en su irresponsabilidad se percate de ello, y es la acusación más grave que habrá de enfrentar al dejar el cargo y la que lo situará ante el juicio de la historia: haber hundido a los mexicanos en la mayor inseguridad de su historia.

1. En una entrevista acordada a Proceso (Núm. 1803), el constitucionalista Diego Valadés, de la UNAM, señalaba esta semana que a Calderón le aguarda un proceso penal para cuando abandone Los Pinos ya que el Tribunal Electoral lo ha responsabilizado de violar sin equívocos la Constitución en materia electoral en los últimos dos años, a lo que se debería agregar, añadía, su responsabilidad por los 40 mil muertos de su equivocada guerra contra las drogas, que ha producido efectos contrarios a los pregonados. Valadés se quedó sin embargo corto, muy corto, pues a Calderón le aguardan otras acusaciones penales de enorme gravedad. Las principales: la de haberse apoderado en 2006, mediante presuntas acciones delictivas, de la Presidencia de la República, sin haber ganado las elecciones; y sobre todo: la de haber comprometido, en estos años, por intereses personales y de grupo, la seguridad nacional de México.

2. La seguridad nacional de un país entraña algo muy distinto a lo que entienden los extremistas de derecha que se hallan en el poder en México, pues es universalmente aceptado que este concepto supone la responsabilidad del gobierno de crear mecanismos para salvaguardar: a) los derechos individuales de las personas (a la vida, a la integridad domiciliaria, a las libertades básicas), y b) los derechos sociales (al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, entre otros), así como, de la misma manera, c) los derechos de la nación a su integridad soberana y a sus riquezas estratégicas (en el subsuelo, el mar territorial, el espacio aéreo), y desde luego d) la integridad de las instituciones republicanas (los Poderes de la Unión, las fuerzas armadas, la administración pública).

3. La mayor parte de los países así lo entienden en el siglo XXI, salvo México, pues incluso Estados Unidos ha construido en tiempos recientes, con instrumentos seudojurídicos como la llamada Acta Patriótica de 2001, toda su doctrina en materia de seguridad nacional sustentada en su fuerza militar (haciendo caso omiso de que ésta es violatoria del derecho internacional), con el argumento de que todos los recursos del Estado han de ser utilizados para garantizar los derechos individuales y colectivos de los estadunidenses y defender los recursos estratégicos de su nación y sus instituciones básicas.

4. El gobierno de Calderón, por el contrario, luego de sus acuerdos inconfesables de 2006 con la administración Bush, asumió que para privilegiar, por sobre los derechos de los mexicanos y de la nacion, los intereses económicos y políticos de la mafia panista-yunquista, y con un criterio servil a la potencia que lo mantenía en el cargo, debería establecerse como principio rector de su desquiciada “guerra contra el narco”, que de lo que se trataba era de hacer prevalecer los intereses estratégicos de Estados Unidos en el marco de la llamada Iniciativa Mérida, y no le importó atentar gravemente contra la seguridad individual y colectiva de los mexicanos, contra la de la nación y sus recursos estratégicos y contra la de las instituciones públicas, que se empeñó ferozmente en destruir con el argumento de que habían sido creadas durante los años del Estado benefactor priísta.

5. Los hechos de estos cuatro años y medio no dejan lugar a dudas. Al crear una parafernalia de fuerzas policiacas y militares impreparadas para su guerra privada, a las que se sumaron los grupos paramilitares oficiales, a Calderón y a los panistas no les importó la vida de los mexicanos, que fueron muriendo por cientos y luego por miles en lo que se justificó como fuego cruzado o daños colaterales, atribuyéndole siempre esas muertes, ocasionadas por fuerzas oficiales, al que se bautizó como el crimen organizado. El gobierno calderonista asumía, conforme a los manuales del Pentágono que seguía obsecuentemente, que de lo que se trataba era de generar un clima de miedo –y de terror– en el país, y especialmente entre los más pobres, para advertir a los movimientos sociales que serían criminalizados si alzaban la voz, como en efecto fue aconteciendo.

6. Las fuerzas de seguridad nacional no iban tampoco en este deplorable sexenio a velar por los derechos colectivos del pueblo, sino que por el contrario iban a garantizar su violación. Los derechos sociales de los mexicanos lejos de ser protegidos fueron violentados de continuo para hacer viable el modelo capitalista neoliberal, con el proyecto de hacer de México una gran maquila y, sobre todo, de entregar los recursos estratégicos del país a las trasnacionales aliadas al panismo, y así fueron pisoteados, con ayuda de las fuerzas de seguridad, los derechos de los maestros, de los mineros, de los electricistas, de los jóvenes y de los niños, y los del pueblo en general a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo.

7. Porque otro de los mayores despropósitos fue que el concepto panista de seguridad suponía la seguridad de los intereses de las trasnacionales y los del gobierno de Washington, y se estableció el principio aberrante de que las fuerzas mexicanas de seguridad nacional, subordinadas a las agencias estadunidenses, deberían velar en territorio mexicano por la seguridad alimenticia de Estados Unidos y no la de México, por la seguridad energética de Estados Unidos y no la de México.

8. La seguridad de las instituciones de la República fue también comprometida, como en el caso del Ejército y la Marina, que en vez de cumplir con su tarea constitucional de velar por la seguridad del país frente a las amenazas del exterior, fueron subordinados a las agencias policiales estadunidenses para servir a los intereses estratégicos de ese país, y dedicados a esta tarea. A nadie sorprendió por lo mismo que en los papeles del Departamento de Estado difundidos por Wikileaks a través de La Jornada se publicara el miércoles 25 que Genaro García Luna (titular de Seguridad Nacional) ofreció a Estados Unidos en 2007 pleno acceso a todos los datos de inteligencia de México, en un acto de abierta traición a nuestro país. ¿O qué acaso en correspondencia Washington iba a dar a los funcionarios mexicanos pleno acceso a todos sus datos de inteligencia?

9. En medio del desastre al que Calderón y los panistas han llevado a México destaca la complicidad del PRI, coadyuvando con cinismo, al menos hasta los inicios de 2011, al proceso de desmantelamiento de la nación, del Estado y de los derechos de los mexicanos operado con el respaldo de las fuerzas mexicanas de seguridad. Resulta por ello patética la imagen del senador priísta Manlio Fabio Beltrones acudiendo en 2009, no a la PGR sino a la embajada estadunidense, para que le informe sobre el operativo de la Marina en el que se asesinó al presunto capo Arturo Beltrán Leyva (cable 09MÉXICO3624).

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

A Calderón lo esperan una condena política y un juicio penal

Con la Constitución en la mano, en entrevista con Proceso, el jurista Diego Valadés abre con bisturí al sistema político mexicano y pone en el banquillo al presidente Calderón y a su gobierno:

• Calderón puede y debe ser enjuiciado penalmente por violación a la Ley Electoral en 2009.

• Él y su gabinete de seguridad tienen la responsabilidad política de una guerra con resultados nefastos.

• Quiso para él todos los lauros de la victoria; tendrá todo el acíbar de la derrota.

• El Congreso debe crear una gran comisión nacional de investigación de la violencia.

• En una democracia consolidada, García Luna hace tiempo que estaría fuera del gobierno.

• Hoy, el eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes....

• “No queremos ser gobernados por delincuentes ni tener expresidentes en la cárcel, pero...."

Jorge Carrasco Araizaga

A Felipe Calderón lo aguarda un proceso judicial para cuando abandone la Presidencia de la República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la Constitución en materia electoral.

A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución política durante el proceso electoral del año pasado.

La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual legislatura en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetos perseguidos”.

Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional o de la Marina, ni el presidente podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.

Incluso la declaratoria de guerra que Calderón le hizo al narcotráfico, comenta, fue una expresión coloquial que no tiene implicaciones jurídicas. “Pero lo que no podrá hacerse es que todo lo ocurrido quede sin investigarse y sin dictamen oficial, independientemente de que sea la verdad histórica”. Por ello, Valadés propone que desde el Congreso se cree “una gran comisión nacional de investigación de la violencia”.

Esta instancia, dice, realizaría el diagnóstico “de las formas de ejercicio de la violencia por parte de los delincuentes y de las fuerzas del Estado, para que sobre éstas no caiga la sombra de la duda de que pudieron haber delinquido. Y para que si alguien como miembro de las mismas delinquió, que no ensombrezca la imagen del Estado en general, sino que responda quien deba hacerlo por los delitos que pudiera haber cometido”.

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdiputado federal y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Valadés señala que “la democracia a medio construir” de México impide la censura y consecuente salida de un secretario de Estado, como la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En el “sistema semidemocrático” que prevalece en México la responsabilidad política no se puede traducir en sanciones, dice en entrevista con Proceso, efectuada en medio de la discusión pública desatada a raíz de la demanda de que renuncie García Luna, planteada por el poeta Javier Sicilia al final de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.

Doctor en derecho constitucional cuyas investigaciones abordan temas como el control del poder, el también exdirector del IIJ advierte sobre la falta de mecanismos para procesar ese tipo de exigencias.

“Esto denota la insuficiencia de nuestro sistema constitucional en materia de consolidación democrática, porque si bien tenemos libertades públicas, como se expresó el domingo (8 de mayo), cuando todos los ciudadanos que lo desearon pudieron participar (en la marcha) en los términos más libres posibles, no tenemos el complemento de las libertades públicas, que son las responsabilidades políticas”, apunta.

Inmunidad temporal

La Constitución establece con claridad las responsabilidades jurídicas de los servidores públicos, incluido el presidente de la República. El TEPJF refrendó este precepto el 25 de agosto pasado al emitir su fallo en el juicio promovido por el PRI en contra de Calderón por hacer propaganda ilegal en el proceso electoral de 2010.

La resolución fue adoptada por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a propuesta de su presidenta, María del Carmen Alanís, quien en 2006, debido a su cercanía con Margarita Zavala, fue una de las impulsoras de la candidatura presidencial de Calderón.

Los magistrados determinaron que el titular del Ejecutivo federal violó el artículo 41 constitucional, “que se refiere nada menos que al ejercicio de la soberanía popular”, apunta el constitucionalista, quien desde febrero de 2007 es miembro de El Colegio Nacional.

Explica que aunque el título IV de la Constitución, que alude a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, no establece responsabilidades específicas para el presidente, el TEPJF determinó que Calderón “sí puede ser sujeto a un procedimiento administrativo sancionador en materia electoral”, a pesar de lo establecido en el artículo 108 de la Constitución.

De acuerdo con ese precepto, durante el tiempo de su encargo el presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

“Sin embargo –sentenció el tribunal– ello no descarta la posibilidad de que a la conclusión del mandato pueda ser juzgado de manera ordinaria por cualquier otro delito cometido durante el periodo de su gestión, puesto que la inmunidad de la que goza sólo se hace efectiva durante el tiempo que funge como presidente de la República.”

En su dictamen, los magistrados electorales advirtieron: “La inmunidad constitucional establecida a favor del presidente de la República no tiene alcances de eximirlo de responsabilidad por una violación a normas constitucionales y legales en materia electoral”.

Asimismo, el tribunal determinó que Calderón violó la Constitución “al difundir propaganda gubernamental” los días 15 y 30 de junio y 1 de julio, en vísperas de las elecciones del 4 de julio de 2010. Entre otras, Calderón hizo alarde de sus acciones en materia de seguridad.

Los magistrados le imputaron al mandatario “la violación directa” al segundo párrafo del apartado C, base III, del artículo 41 de la Constitución. Según esa disposición, durante el tiempo que duren las campañas electorales federales y estatales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, salvo que se trate de una emergencia.

Con su conducta, plantea Valadés, Calderón violó el artículo 87 constitucional “que contiene el juramento que hizo el 1 de diciembre de 2006 de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y que termina: ‘y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande’”.

Afina su argumentación: El artículo 51 de la Carta Magna dice que para efectos de representación de la nación está la Cámara de Diputados. Así es que en función de ambos artículos, ésta “debía presentar una denuncia a la brevedad ante la PGR en contra del ciudadano Felipe Calderón para que la averiguación proceda cuando deje de ser presidente de la República”.

Considera que esa acción debe ser emprendida de inmediato por la actual legislatura. Dejarlo para la siguiente “parecería un acto de venganza política y no debe ser entendido así, sino como observación de una obligación, la que tienen los representantes de defender los intereses de la nación”. Además, “actuarían apoyados en una resolución que tiene fuerza de ley”, como lo es la sentencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.

Respecto de una eventual sanción contra Calderón, dice que le es aplicable el artículo 407, fracción III, del Código Penal Federal, que establece de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, como es el aparato propagandístico gubernamental.

La prescripción del delito, equivalente al término medio de la pena, se empezaría a contar a partir de que haya una denuncia contra Calderón. “Por eso considero que la actual legislatura debe poner en conocimiento del Ministerio Público lo que ya resolvió el Tribunal Electoral”, indica el jurista.

Reincidencia

Una conducta similar a la de Calderón le atribuyó el propio Tribunal Electoral al expresidente Vicente Fox. En su dictamen del 8 de septiembre de 2006, en el que declaró presidente a Calderón, el TEPJF matizó su imputación al decir que si bien Fox “puso en grave riesgo la elección” al operar en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, su interferencia no se podía medir electoralmente.

Miembro de institutos y academias de derecho en América Latina y Europa, Valadés habla de las implicaciones de la violación cometida por Calderón:

“Hubo impunidad para el presidente en 2006. En 2009, el presidente reiteró los hechos, y si de nueva cuenta hay impunidad, entonces quiere decir que muy bien podrá reiterar los hechos en 2012. Es decir, si ya violó la Constitución en 2009 y no hay nada ni nadie que se lo impida, podemos presumir y temer que puede hacer lo mismo en 2012.”

Admite que una denuncia de la Cámara de Diputados generaría tensión en el país, “pero si el año que entra hubiera otra vez violación de la Constitución por parte del presidente, la tensión también sería inevitable. De manera que estamos lamentablemente condenados a vivir un periodo de tensión política mientras no resolvamos la estructura de nuestro sistema constitucional, por lo que se refiere al régimen de gobierno”.

Y añade: “No queremos ser gobernados por delincuentes y tener expresidentes en la cárcel; pero para evitarlo tenemos que mandarles a los presidentes mensajes firmes, claros, precisos y basados en derecho para que se abstengan de violar la ley y cumplan con la obligación a la que se comprometieron cuando tomaron posesión conforme al artículo 87 de la Constitución”.

–¿Es un asunto de equilibrios?

–No, es un asunto de control del poder.

Explica: “El gobierno no está controlado ni por lo que respecta a sus actos ni a sus omisiones”. Y cita el caso del obsequio de entre 13 mil y 17 mil millones de pesos –mediante deducciones impositivas– al sistema educativo privado decretado este año por Calderón, y apoyado a su vez en un decreto de 1977 del entonces presidente José López Portillo. La medida, dice Valadés, se tomó en un momento de restricciones presupuestales en que la educación pública presenta muchas carencias.

“No tenemos formas de fincar responsabilidades. Esto quiere decir que nuestros controles son los que están fallando”, en particular el del Legislativo. “No puede ser que el Congreso establezca los impuestos y que el presidente decida quiénes no los pagan”, expone.

Autor, entre otros, de textos acerca del sistema representativo, asegura que esa ausencia de controles demuestra que el Estado mexicano es “altamente deficitario”. En el caso del gobierno de Calderón, dice, este hecho se expresa en su actuación ante el problema de la inseguridad.

Valadés considera que no obstante estar apoyada en el derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional, la solicitud de renuncia de García Luna “carece de instrumentos constitucionales para procesarla”.

En cambio, en un sistema democrático consolidado, esa demanda tendría un gran respaldo al permitir la censura de los integrantes del gabinete, formulada fundamentalmente por los congresos o los parlamentos.

“Si ese fuera el caso, el secretario García Luna habría dejado hace tiempo de formar parte del gabinete presidencial. Pero en las democracias a medio construir, como la mexicana, en la que todavía padecemos los efectos de un presidencialismo autoritario, altamente concentrador del poder, lo que planteen la sociedad y el Congreso, así sea de manera mayoritaria, puede ser ignorado por el presidente de la República. Es un signo más de la caduquez de nuestro sistema presidencial”, lamenta.

Anacronismo

Aunque en México no se establece la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, “lo que no podemos entender es que la irresponsabilidad del jefe de Estado trascienda y beneficie a todos los que colaboran con él”.

Y apunta: “En México no se equivocan el presidente ni el secretario de Seguridad Pública o el de Gobernación ni ningún otro secretario de Estado, aunque todos los mexicanos estemos enterados y seamos conscientes de los múltiples errores en que incurren.

“Los fracasos de los secretarios de Estado son palmarios y los estamos pagando todos. Tenemos una pluralidad de secretarios fallidos que fracasaron hace mucho tiempo y que demuestran que el problema va más allá del narcotráfico. El eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.”

Modificado el sistema en el que el titular del Ejecutivo concentraba el poder, ahora “el presidente ocupa el vértice de poder, pero sin los instrumentos del mismo. En esas circunstancias, ni hace ni deja hacer.

“Ser jefe de Estado en México –puntualiza– es ser el protagonista de un sistema que ya falleció y del que sólo nos queda la representación fantasmagórica de una autoridad que carece de instrumentos para alcanzar resultados objetivos.”

Y si, además, “llevado por ese falso principio de autoridad de que sus decisiones son perfectas y por lo tanto irrevocables, como en el tema de la seguridad, entonces puede sostener a quien se le ocurre y antoje”, dice en relación con el apoyo de Calderón a García Luna.

En una entrevista con Julio Scherer García, publicada en el libro Historias de muerte y corrupción, escrito por el fundador de Proceso y cuyo adelanto apareció en la edición 1790 del semanario, el general retirado del Ejército Luis Garfias Magaña insistió en que Calderón debió haber procedido a la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 constitucional para actuar contra el narcotráfico.

Valadés coincide: “Los actos de gobierno habrían sido controlados por el Congreso y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tendría el apoyo de todos los partidos. Se habría construido una política de Estado. Pero el presidente quiso tener todos los lauros de la victoria; pero también va a recibir todo el acíbar de la derrota”.

A la violencia exacerbada, detalla, se suma la lenidad en la PGR; es decir, el incumplimiento de su deber de investigar los delitos, sobre todo de aquellos emblemáticos, como los que se relacionan con el caso de los niños que murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora; el de las fosas clandestinas en estados norteños, o el de la situación de los inmigrantes centroamericanos, quienes son asesinados y sometidos a toda clase de vejaciones en su paso por México hacia Estados Unidos.

“Esto habla de que el país está viviendo una dilución institucional como no conocíamos desde el siglo XIX. Y, o tenemos una respuesta rápida, constructiva, de una reforma institucional muy profunda en el tiempo más breve posible, o bien lo que estamos viviendo hoy nos lleve a situaciones peores, y muy bien podría ocurrir que en 2015 digamos: ‘qué bien estábamos en 2011’”, sentencia.

Documenta periodista "la cercanía de la CIA con el poder en México"

Luis Echeverria y Gustavo Diaz Ordaz

Jefferson Morley durante la entrevista

*La profunda colaboración podría continuar, expresa Jefferson Morley a La Jornada
*López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría, tres presidentes que fueron agentes pagados, dice
*No sólo proveían información, sino que eran amigos del jefe de esa central aquí, sostiene

El frenesí

Luis Javier Garrido

La contrarreforma oficial en materia de seguridad nacional de Felipe Calderón, tendiente a legitimar el establecimiento en México de un Estado policiaco-militar, no haría otra cosa que agudizar la escalada de la violencia y llevar a los mexicanos a una mayor inseguridad, pero no está descartada en definitiva, a pesar de los llamados a la cordura hechos al gobierno desde dentro y fuera del país, advirtiéndole que de aprobarse se hundiría a México en el más absoluto desprestigio, y sigue constituyendo una amenaza para todos los mexicanos.

1. El gobierno de facto calderonista, empeñado como se halla en este 2011 en mantener a un panista en la silla presidencial a fin de que prosiga el desmantelamiento de la nación y la entrega del control de las decisiones estratégicas del país a Washington, escucha menos que nunca a las voces del disenso y se halla inmerso en un monólogo que bien puede calificarse de fascistoide, en el que repite hasta la saciedad una misma cantaleta de barbaridades pretendiendo que está luchando contra el mal y señalando que las fuerzas armadas no retornarán a los cuarteles.

2. La marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, de Cuernavaca a la capital, tras la ejecución de su hijo Juan Francisco y otras personas el 28 de marzo (5 al 8 de mayo), lejos de ser escuchada ha suscitado por lo mismo la cólera oficial, en particular luego del fracaso de los operadores de Los Pinos para cooptar a los organizadores de este movimiento, que han rechazado someterse a la lógica de violencia del gobierno panista, y más aún al manifestar Javier Sicilia y sus compañeros su oposición al proyecto de ley de seguridad. Las demandas de la caminata-marcha de esclarecer el multihomicidio de Morelos y de poner fin a la militarización del país están siendo de tal manera respondidas por el gobierno panista de la manera más torpe: por una parte haciendo detenciones absurdas de presuntos culpables, que nadie les cree, y luego desarrollando un discurso de intolerancia, insistiendo en la sinrazón de la militarización.

4. El berrinche –y la cerrazón– de Calderón ante el movimiento que partió ayer de Cuernavaca se evidenció al lanzar un nuevo y patético mensaje televisado la noche del miércoles, en el que ya onubilado insistió presa de un frenesí de violencia en su rechazo a las demandas de la marcha, y luego al aprovechar ayer la ceremonia del 5 de mayo y acusar a Sicilia de pretender dividir a los mexicanos, como si no estuviera la gran mayoría unida en contra de sus políticas

5. Los móviles de los grupos minoritarios que respaldan la ley que busca militarizar México son facciosos, pero tienen un denominador común: avalan todos de manera irresponsable, consciente o inconscientemente, el creciente control de Washington sobre las instituciones mexicanas. Un sector de altos oficiales del Ejército exige la nueva ley pretendiendo que se hagan legales e impunes las acciones policiales que anticonstitucionalmente llevan a cabo, y al mismo tiempo exige un inadmisible papel de decisión en los asuntos de Estado, pero no parece preocuparles su subordinación al Pentágono. Los seudoempresarios o traficantes de influencias que se han apoderado de espacios privilegiados en el país creen que un Estado policiaco-militar abaratará el costo de la mano de obra, pero no se dan cuenta de que sus días estarán contados al tomar Washington el control de la situación.

6. El escollo principal para frenar la militarización del país y la puesta en vigor de algunos de los principios aberrantes de la ley lo constituyen por lo mismo los compromisos de los panistas en este sexenio, primero con Bush hijo y luego con Obama. Estados Unidos ha hecho el objetivo fundamental de sus políticas al sur de la frontera el de hacer de México un Estado policiaco-militar, ya que el incremento de la violencia y la intensificación de la guerra contra el narco justificarían, según ellos, su intervención militar abierta; de ahí que tienen a Calderón sometido en esa dirección, alentándolo a seguir destruyendo en desbocado frenesí las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana.

7. La firma de Felipe Calderón el pasado 29 de abril de un acuerdo con los gobiernos ultraderechistas de Colombia, Chile y Perú para enfrentar a la iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –con la que los gobiernos más dignos del continente están buscando romper el dominio del capitalismo neoliberal– constituye una vergüenza para México, pero es una señal de la sumisión absoluta de Calderón a Washington y de su traición a las causas de Latinoamérica.

8. Washington definió desde los años 80 este proyecto de intervención creciente en México, pero no había sido hasta ahora, con el gobierno sumiso de Calderón, que le ha brindado con particular entreguismo todas las facilidades para ello, que se instauró de manera clara el proceso intervencionista en México, que urge detener.

9. Una legislación moderna en seguridad nacional –que no es la que quiere Calderón, empeñado en colombianizar a México– tiene que sustentarse en el respeto a una serie de principios constitucionales fundamentales que son hoy de observancia universal: a) el anteponer a cualquier política los derechos de los individuos conforme al artículo primero constitucional; b) el reconocer que estos derechos no puede suspenderlos más que el Congreso mediante una ley, como lo dispone el artículo 29; c) el reconocer que las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) no pueden en ningún caso, ni siquiera como excepción, ejercer funciones policiales o de Ministerio Público, tal y como lo establecen los artículos 21 y 129; d) el respetar el principio de que las fuerzas armadas y policiales mexicanas no pueden en ningún caso subordinarse a agencias extranjeras, como Calderón las ha obligado a hacerlo, ni mucho menos integrar misiones de intervención en otros países, ni siquiera de la ONU, que está hoy subordinada a Washington; y, desde luego, e) el reconocer que la investigación y persecución de los delitos debe correr a cargo de las policías judiciales o ministeriales, federal y locales, y con respeto irrestricto al sistema federal y a las autonomías municipales.

10. La seguridad nacional del país puede garantizarse con las instituciones actuales y el marco legal vigente. Por eso el reclamo que está uniendo a los mexicanos va dirigido a todos, pero sobre todo a quien ha generado y está alentando con sus políticas esa escalada de la violencia con fines sectarios y de grupo: el gobierno entreguista de Felipe Calderón, al que el pueblo no se cansará una y otra vez de decirle: ¡Ya basta!

Carta al marqués de Vargas Llosa

Desfiladero

Jaime Avilés

Su excelencia: la triple w persigue a Felipe Calderón de la Parca, no sólo en el ámbito de Internet, donde Wikileaks se ha convertido en su peor pesadilla, sino incluso en sitios que le brindan un trato más suave, como el que recibió anteayer en el Instituto Woodrow Wilson de Washington (IWWW), donde al hablar de su guerra contra el narcotráfico, que es la mayor de sus hipocresías, contó una fábula siniestra.

Sintetizó: un médico joven llega a un pueblo, un paciente lo consulta porque le duele el estómago, y le dice que ha intentado curarse con remedios caseros pero que ya no le sirven. El médico le extirpa un tumor y le informa que necesitará radiaciones y quimioterapia. Dos meses después, lo que sigue es textual: el paciente dice no, pero el problema es el médico. ¿Por qué? Porque yo estaba sano antes de que llegara el médico al pueblo y ahora se me cayó el cabello, tengo mucho dolor, así que el problema es el médico... [¿Así es como?] nosotros estamos combatiendo el cáncer en México.

Aunque a los miembros del IWWW que lo escuchaban, esta deliciosa comparación los mató de risa (plugo a su alteza que lea la crónica de Alonso Urrutia en La Jornada de ayer), la verdad, señor marqués, es muy otra. Ese médico joven no era joven y tampoco médico: era y sigue siendo un charlatán.

Cuando llegó al pueblo, entró al consultorio por la puerta de atrás y sacó al Ejército a las calles para atemorizar a quienes lo repudiaban. El paciente nunca fue a verlo: se lo llevaron a rastras. Tampoco le pidió que lo operara, pues desde 1982 tomaba medicinas amargas pero necesarias que sólo habían empeorado su salud y quería algo distinto.

Para que el infeliz le tuviera respeto, el charlatán compró todas las televisiones del pueblo y difundió mensajes grabados las 24 horas del día a fin de aturdirlo. Y de pronto, lo ató a la mesa del quirófano, le aplicó sanguijuelas en brazos y piernas y lo abrió en canal. Sin diagnóstico ni pronóstico, le metió el bisturí, le sacó un tumor y le causó una metástasis, que sigue extendiéndose por todas partes.

Cuando sus familiares corrieron a visitarlo, quedaron atrapados en una balacera entre militares y paramilitares, y murieron acribillados. Al exhibir sus cuerpos como trofeos de caza, la policía afirmó que eran sicarios del crimen organizado. Miles y miles de hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes estudiantes y deportistas, abuelas y abuelos, ricos y pobres, policías y ladrones, migrantes y despedidos, señor marqués, han caído asesinados de las maneras más atroces, y cada día con mayor crueldad, en este infierno que su alteza describe como una democracia imperfecta.

Lo más terrible de todo es que más de la tercera parte de la economía nacional depende de la industria de la droga, así como los charlatanes viven del cáncer que supuestamente combaten cercenando a sus pacientes. ¿Conque democracia imperfecta, señor marqués? Veamos...

Dos juguetes de hule

El pasado primero de enero, la Secretaría de Marina (Semar) compró dos juguetes de hule (sic) en 8 millones 573 mil 792 pesos con 80 centavos. Por el primero pagó 3 millones 229 mil 87 pesos; por el segundo, 5 millones 344 mil 705 pesos y 80 centavos. La información está disponible en una página electrónica oficial llamada Compranet.

Ahí consta que el 01/01/2011, la dirección general adjunta de Adquisiciones de la Semar, mediante el contrato 13-SCN/091-2010, compró al señor Eduardo Heredia Hermida (Registro Federal de Causantes HEHE-680311-P15), con domicilio en avenida Insurgentes Sur 953, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez, juguetes de hule, en la cantidad de 1 (sic), por 3 millones 229 mil 87 pesos.

Ante la magnitud de la suma económica erogada, surge una duda razonable: ¿se trata de un solo juguete de hule, como indica la palabra cantidad encima del número uno, o estamos hablando de un lote? La sospecha se agudiza porque, en Internet, Eduardo Heredia Hermida aparece como director comercial de Imanart, empresa dedicada a la fabricación de etiquetas e imanes publicitarios. En Compranet, su teléfono es el 5523-5383, pero la persona que lo descolgó ayer cuando llamé dijo que ahí no vive nadie con ese nombre. En Internet, la firma de Heredia tiene el 5546-233650, pero una grabación de Telmex asegura que está fuera de servicio.

En cuanto a la segunda operación, en Compranet consta que el 01/01/2011, la misma dependencia de la Semar, mediante el contrato 13-SCN/092-2010, adquirió en la Juguetería Coloso SA de CV, sita en Fray Servando Teresa de Mier 396, colonia Merced Balbuena, teléfono 5768-4357, juguetes de hule, en la cantidad nuevamente de 1, por 5 millones 344 mil 705 pesos con 80 centavos.

En Internet, la dirección de Juguetería Coloso es Fray Servando Teresa de Mier 376, no 396. Y en el teléfono citado nadie responde. ¿Por qué los datos que Semar publicó en Compranet adolecen de tantas inexactitudes? ¿Por qué los contratos tienen terminación 2010 si se refieren a operaciones de 2011? ¿Por qué otro de ellos, el 13-SCN/089-2010, es anterior al 091 y al 092, pero reporta una compra efectuada el primero de febrero de este año?

¿Hay transparencia en México, señor marqués? Aparentemente sí. ¿Para qué sirve? Lo ignoro. El sábado pasado este espacio denunció que, siempre según Compranet, en 2009 la Secretaría de la Defensa Nacional pagó 86 millones de pesos por 600 sarapes afelpados. Ninguna autoridad se tomó, ni siquiera y valga la redundancia, la molestia de molestarse.

Estamos en guerra contra lo que da empleo, alimento y ocupación a millones de personas en México y en Estados Unidos. Vuestro condecorador, su alteza, el joven médico que acaba de entregarle la orden del Águila Azteca, voló el jueves a Washington para hablar con Obama. Hillary no se mostró en público, para acallar las sospechas de que ella es la verdadera presidenta y Barack su mayordomo.

Como vuescencia bien sabe, en toda visita de Estado se pactan las actividades de los participantes. Ante las rebeliones del mundo árabe, y para impedir que el precio del crudo se dispare más allá de los 150 dólares por barril si cae Kadafi, la Casa Blanca le pidió un favor a Calderón. Este lo aceptó gustoso y el director general de Pemex, Suárez Coppel, anunció que pondrá a subasta, entre las mayores empresas petroleras privadas que en el mundo son, nuestros yacimientos del Golfo de México.

A cambio, Calderón solicitó y obtuvo permiso para despotricar contra el embajador Carlos Pascual, quien en múltiples cables filtrados por Julian Assange a través de Wikileaks y publicados por La Jornada, externa su comprensible desconfianza ante la incapacidad de las fuerzas armadas mexicanas –que compran sarapes y juguetes a precios inverosímiles– para combatir al crimen organizado.

Así, pues, para hablar pestes de Pascual, Calderón ofreció los yacimientos del Golfo en una pataleta que será recordada como el berrinche más caro del mundo. Washington, por supuesto, no retirará a su embajador, señor marqués. Su excelencia puede tener plena seguridad de ello.

Cuando todos éramos muy jóvenes y vuestro precoz talento ganó el premio literario de Casa de las Américas, su alteza no vaciló en rechazarlo. ¿Por qué, después de llevarse el Nobel, permitió que la reina doña Sofía lo ridiculizara tan impíamente al otorgarle el título nobiliario de marqués? ¿Para joder a García Márquez?

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

jamastu@gmail.com

Felipe regresa a Casa (Blanca)

Astillero

Felipe regresa a Casa (Blanca)

Personalidades múltiples

Dólares y baile canino

250 blindados antinarco

PROYECTO DE LEY MIGRATORIA. El priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva del Senado, en la sesión de ayer. Esa cámara exhortó a congresistas de Arizona, Estados Unidos, a no aprobar ningún proyecto de ley en el que se atente contra los derechos y la dignidad de los migrantesFoto María Meléndrez

Julio Hernández López

Es probable que ni siquiera el propio Felipe Calderón sepa bien a cuál de sus múltiples y encontradas personalidades habrá de privilegiar este jueves, cuando concurra a la Casa Blanca para una cita de última hora que le fue programada en función del creciente descontrol en México a causa del narcotráfico y en especial por el asesinato de un agente del espionaje diplomático acreditado aquí.

En la mayor debilidad política posible en 2006, según valoraciones hechas por el entonces embajador Tony Garza y de acuerdo a las filtraciones de Wikileaks que fueron entregadas a La Jornada, Calderón dedicó sus mejores esfuerzos posteriores a la tarea de agradecer el apuntalamiento estadunidense, convirtiéndose en el ocupante de Los Pinos que en términos concretos y medibles mayor sometimiento ha mostrado hacia Estados Unidos (presea de entreguismo ni siquiera alcanzada por el orgullosamente proyanqui Vicente Fox, cuyas limitaciones personales le impidieron hacer peores cosas). Pero, a pesar de todo lo que ha hecho para tratar de conseguir un trato de socio, de cómplice, de servicial contraparte, el poder estadunidense nunca ha mostrado el reconocimiento que Felipe cree merecer, ni ha dado ayuda económica suficiente a través de la Iniciativa Mérida siempre en regateo, ni ha hecho guiños creíbles de atención a las peticiones de freno al tráfico de armas, ni ha hecho homenajes ni festejos a quien ha hecho correr ríos de sangre, al sur, para que en el norte fumen, ingieran o se inyecten las mercancías que allí son de virtual libre tránsito.

Calderón, pues, se ha enojado con los desdeñosos estadunidenses, y en especial con el embajador del momento, Carlos Pascual, especialista en estados fallidos a quien no soporta el comandante mexicano en jefe que en materia política está actualmente disparando en redondo, cuidadoso de no verse frente a un espejo y soltar una metralla retórica en contra. Felipe trágicamente peleonero, a quien disminuyen y atosigan las constantes declaraciones intervencionistas de altos funcionarios estadunidenses, no solamente la Napolitano destapada, sino también la precursora Hillary Clinton que ayer deploró ante congresistas de su país que en ese ámbito no se ponga la suficiente atención y cuidado a lo que pasa cruzando la frontera sur. La secretaria de Estado mencionó, entre otras cosas, para tranquilizar a los legisladores deseosos de saber que los intereses de las barras y las estrellas son bien defendidos en el extranjero, que no se han podido entregar con la rapidez deseada los fondos de la Iniciativa Mérida porque las complejidades, negociaciones, requerimientos técnicos con México, lo que esperamos a cambio de nuestro dinero, lo que esperamos cuando les damos nuestro dinero y la necesidad de aumentar nuestro personal para un programa de esta magnitud, han tomado tiempo. Con dinero baila el perro, pero ese can debe precisar qué pieza musical utilizará, la duración en escena y las gracias dancísticas que habrá de ejecutar.

Danzas macabras e injustas, pues puede asegurarse que para el gobierno gringo la paridad cambiaria en materia de preocupación por asesinatos es de casi 40 mil a uno: nunca antes se había producido en las cúpulas del poder imperial una declaración de pesadumbre y desasosiego por el uso criminal de las armas libremente compradas en Estados Unidos y luego introducidas ilegalmente a México, más que ahora que un agente, sólo uno, uno nada más, fue asesinado en San Luis Potosí. Por ello, el procurador federal de justicia, Eric Holder, ha dicho sin recato que su preocupación es por el riesgo de que el creciente número de agentes de la DEA que tenemos en México, de ATF y de la FBI (...) estas armas que son compradas en Estados Unidos y llevadas ilegalmente a México sean usadas contra ellos, y esa es una tragedia que espero podamos evitar.

Para efectos domésticos, sin embargo, Felipe no cede. Está a punto de lograr que el Senado autorice a la Sedena a habilitar sin trabas a personal administrativo para que se convierta súbitamente en combatiente: del quirófano, la oficina o la ingeniería, por ejemplo, al cambo de batalla, sin escalas ni tardanza. Y esa propia secretaría ha anunciado su propósito de comprar 250 unidades blindadas y equipadas para patrullajes urbanos y suburbanos, en una confesa aceptación de que realiza tareas propias de la policía y no de la milicia, sobre todo con la vista puesta en los narcobloqueos y otras expresiones de lo que es llamado delincuencia organizada (las unidades podrán librar o remover obstáculos de hasta cinco toneladas). El gasto de la Sedena será de 649.6 millones de pesos y los vehículos especiales serán colocados en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Michoacán y Sinaloa, pero podrán ser movidos a cualquier parte de la República. Pareciera que a las protestas de ciudadanos convocadas por moneros y organizaciones sociales el poder felipista estuviera respondiendo, con el fast track combatiente y el presupuesto patrullador: sí más sangre. Ah, pero eso sí: en junio está programado Calderón como orador en la ceremonia de fin de cursos de la Universidad de Stanford, y ya empezaron las críticas y protestas de una parte de esa comunidad, como puede verse directamente en http://bit.ly/g72XIL, que es el periódico oficial de la mencionada universidad, o en http://bit.ly/fnlUNE, que es una versión en español de esa noticia.

Y, mientras se ha caído uno más de los movimientos con que ciertos inversionistas de control remoto y fondos inexistentes o dudosos o triangulados han querido quedarse con Mexicana de Aviación, y al mismo tiempo aparecen otros tiradores, en una suerte de ruleta empresarial en que la casa gerencial en turno siempre se garantiza el ganar, ¡hasta mañana, con Pemex dando inicio al acariciado proyecto de asignar contratos incentivados a firmas privadas para que le entren al gran negocio siempre dispuesto a salpicar!

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Los cables sobre México en WikiLeaks

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La traición

Luis Javier Garrido

La crisis nacional se ha ahondado al iniciar 2011 por las revelaciones de los actos indignos cometidos por Felipe Calderón que tipifican claramente el delito de traición a la patria.

1. Las nuevas filtraciones de papeles del Departamento de Estado estadunidense hechas por Wikileaks, y difundidas el lunes 24 por el diario español El País, revelan que Felipe Calderón, abdicando de sus responsabilidades y violando abiertamente la Constitución General de la República, autorizó, por un lado, a agentes de la FBI estadunidense a actuar en México interrogando a detenidos, y que por el otro solicitó en 2010 al gobierno de Barack H. Obama una intervención armada de Estados Unidos para pacificar Ciudad Juárez, decisiones que configuran una serie de abiertas violaciones a la Carta Magna, que lo ponen frente a la posibilidad de ser destituido bajo las más graves acusaciones.

2. Un presidente de la República, aun siendo espurio, no tiene facultad alguna para permitir a agentes de un Estado extranjero actuar en su territorio porque ello supone cancelar de un plumazo la soberanía nacional, de ahí el escándalo que se ha ido generando en nuestro país, ahondando la crisis nacional y las burlas a Calderón –y a México– en el extranjero. El País, que de manera continua lo ha encubierto, publica el lunes 24: El FBI interroga a sus anchas a los inmigrantes en territorio de México. A sus anchas, sí, se mueven los agentes de esa y de otras múltiples agencias estadunidenses, y los escándalos que están por venir son impredecibles.

3. Las revelaciones sitúan muy claramente a Felipe Calderón, mucho más que en casos precedentes, ante la posibilidad de ser acusado, en términos de los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, para destituirlo y procesarlo penalmente por el delito gravísimo de traición a la patria, como han empezado a señalar múltiples juristas, y no podrá salvarse de ello si no es por el apoyo de los legisladores del PRI, quienes hasta la fecha han actuado como sus cómplices. La desastrosa gestión de facto de Calderón lo ha hecho actuar en una forma indigna y servil ante los poderes del exterior, que no puede excusarse por haber llegado de manera ilegítima y con extrema debilidad a la Presidencia de la República, y que tiene pocos antecedentes en la historia nacional, pues está generando a México una situación cada vez más complicada, hundiéndolo en un desastre de enormes dimensiones.

4. La llamada “guerra contra el narco” de Calderón, que con propósitos electorales ahora busca traer con una serie de operativos insensatos al Distrito Federal, es ya repudiada por todos los sectores del país, pues ha generado una violencia de extrema gravedad, conduciendo a un baño de sangre que viola garantías individuales y sociales de los mexicanos y lesiona no sólo la vida social y la economía de México, sino que compromete el futuro del país, por lo que resulta urgente ponerle un alto de inmediato.

5. El delito de traición a la patria no es definido por la Constitución General de la República, pero es claro que un gobernante que viola abiertamente el mandato de la misma, abdica de sus responsabilidades para servir a intereses del exterior, autoriza a agentes policiacos y militares de otro país a actuar en su territorio y a asumir funciones del Estado mexicano buscando hacer de su país un Protectorado, lo ha cometido.

6. La aterrada reacción del gobierno de facto ante las evidencias presentadas por Wikileaks sobre su nueva violación al orden constitucional de la nación dio cuenta, sin embargo, una vez más, del desprecio de la gente de Acción Nacional y El Yunque a las leyes y a la soberanía de México, pero también de su ineptitud, pues los subordinados de Calderón se enredaron en una serie de mentiras. Francisco Blake (secretario de Gobernación) aceptó en Tijuana el día 24 que agentes de la FBI interrogan a migrantes centroamericanos en oficinas del gobierno mexicano, pero trató de minimizar esa intervención sentenciando que se trataba de una práctica normal y legal, como confirmó el día 26 Cecilia Romero (ex comisionada del Instituto Nacional de Migración), dando múltiples detalles de la forma en que se produce la intervención estadunidense, pero ese mismo día su sucesor, Salvador Beltrán del Río Jr., negó los hechos y calificó de falsa la información de Wikileaks (La Jornada, 27/01/11).

7. El presidente Obama ha asumido que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso estadunidense tras las elecciones de 2010 lo obliga a una completa derechización de su gobierno abandonando todas sus promesas de campaña, y así ha entregado el manejo directo de la economía estadunidense (y mundial) a los ejecutivos de la banca privada, que hace un año criticaba, y se ha sometido en lo relativo a las políticas con México a las tesis de los halcones republicanos, por lo que ha perdido toda noción de respeto a las formas. La visita de Hillary Clinton (secretaria de Estado) el miércoles 23, dos días después de la divulgación de la información de Wikileaks, llamó la atención, sin embargo, no por ser el colmo del intervencionismo, sino por la docilidad con que Calderón y sus colaboradores aceptaron todas las expresiones de injerencia de la esposa de Bill Clinton, asumiendo que había venido a respaldarlos tras el escándalo de las filtraciones y más aún: a anunciar que Washington respaldaría en 2012 el continuismo panista.

8. Hillary Clinton asumió el lunes 24 su papel de defensora del régimen espurio de Calderón y de sus acciones atroces contra el pueblo de México, pero con muy poco éxito, pues cometió múltiples deslices intervencionistas en sus discursos al dictarle prácticamente al gobierno las políticas que ha de seguir en la supuesta guerra contra el narco, diciendo que no hay otra alternativa y al insistir en hablar en plural para subrayar que tales políticas son las de Washington, como también al declarar a la CNN que quien gane en 2012 debe seguir en la misma línea, dictando así a México su programa para los próximos años. Nada diferente a lo que hizo en su anterior viaje a Afganistán el año pasado, donde igualmente colmó de elogios al también presidente espurio Hamid Karzai y, para no variar, anunció que las políticas impuestas ahí por el Pentágono proseguirían muchos años.

9. La carta dirigida el pasado lunes 24 a Hillary Clinton por Andrés Manuel López Obrador, quien es la principal voz de oposición en México, le recordaba que la inseguridad y violencia que padecemos los mexicanos tiene su origen en las políticas económica y social de elite que han impuesto los gobiernos del PRI y el PAN en los años recientes, y le demandaba un viraje de las políticas actuales de Washington, a fin de fincarla en lo sucesivo en el respeto a la soberanía, la cooperación económica y la solidaridad entre pueblos.

10. El futuro de México se está jugando en este 2011, pues el país requiere entrar a la legalidad para salvar su destino, lo que no es factible con la extrema derecha entreguista y traidora en el poder.

¿Año nuevo? Más de lo mismo

México SA

¿Año nuevo? Más de lo mismo

Cambios para no cambiar nada

Amigos y lealtad, no eficiencia

Carlos Fernández-Vega

Desde la izquierda, el nuevo secretario particular de la presidencia, Roberto Gil; el ex secretario particular de la Presidencia, Luis Felipe Bravo Mena; el ex secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas; en nuevo secretario de Energía, Juan Antonio Meade; el presidente Felipe Calderón; el nuevo secretario de Comunicaciones, Dionisio Pérez Jácome; la nueva directora de Banobras, Georgina Kessel, y el ex director de ese banco, Alonso Pascual García, durante la presentación de los nuevos integrantes al gabinete en Los PinosFoto Guillermo Sologuren

Y ahora con ustedes el año nuevo, que de nuevo nada tiene: las mismas promesas, los mismos discursos, los mismos aumentos de precios, el mismo escenario de deterioro social y económico, el mismo modelito, el mismo burro con idénticas vueltas a la noria y, en fin, para colmo, la misma clase política. Año nuevo con infladas cifras históricas en empleo y cambios en el gabinetazo para no cambiar nada, y no es déjà vu; simplemente la confirmación de que aquí nunca pasa nada.

¡Felicidades!, mexicanos silenciosos, que el año nuevo arranca movidísimo, con brutal escalada de precios o, si prefieren, constante pérdida del poder adquisitivo, aunque nunca mayor al número de discursos del inquilino de Los Pinos y jilgueros que le hacen coro sobre la sólida recuperación, la abundancia y lo bien que hacen las cosas, sin olvidar el futuro venturoso que, ahora sí, tomará forma en este 2011 de más de lo mismo (léase masoquismo ciudadano), en el que como nunca antes la clase política dejará a un lado las urgencias nacionales para atender las propias disfrazadas de democráticos procesos electorales.

Año nuevo con discursos viejos. Por ejemplo, el del inquilino de Los Pinos: “hoy estamos en mejores condiciones para que 2011 sea un año de realizaciones, un año en el que avancen los proyectos personales de cada mexicana y de cada mexicano… El año que inicia será tiempo de cristalizar todos esos planes. Hoy en lo económico estamos ya en la senda del crecimiento… Seguiremos combatiendo con firmeza y determinación a los criminales… Es necesario limpiar a México de la delincuencia, la impunidad y la corrupción, que se habían enraizado en nuestra sociedad y en nuestras instituciones… Puedo asegurarles que estamos avanzando por la ruta correcta y que vamos a derrotar a los criminales, para construir finalmente un México de paz, un México seguro, un México donde nadie esté al margen de la ley y donde nadie viva con temor”.

Año nuevo con maquillaje viejo. La aritmética del secretario del Trabajo y sus cifras históricas, por ejemplo: entre enero de 2007 y diciembre de 2010 se crearon un millón 36 mil 928 puestos de trabajo netos en el sector formal de la economía, anunció emocionado por el logro. Pero no, no es así: se le olvidó que el sexenio calderonista comenzó el primero de diciembre de 2006, no en enero de 2007, de tal suerte que el número correcto es de 757 mil 469 plazas, lo que quiere decir que en el mejor de los casos sólo 18 de cada cien mexicanos en edad y condición de trabajar pudieron colarse al mercado laboral del sector formal de la economía en los 49 meses del presidente del empleo.

Año nuevo con cambios que no cambian nada. En el gabinetazo, por ejemplo: el inquilino de Los Pinos removió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a su impune compadre Juan Molinar Horcasitas, un funcionario marca pato salvaje (a cada paso una deposición) que del tema nada sabía al tomar posesión, lo mismo que cuando lo dejó. Para cambiar el panorama en su lugar decidió nombrar a otro amigazo que de las comunicaciones y el transporte tampoco tiene la menor idea, pero que de entrada le juró lealtad, no eficiencia. Paralelamente le pidió a otro inexperto que se hiciera cargo de la Secretaría de Energía, clave para la economía y las finanzas nacionales, y a la que hasta el pasado jueves ocupaba esa silla, la inefable señora Kessel –que de manejos financieros no tiene la más pútrida noción–, la mandó a dirigir un banco del Estado, el de Obras y Servicios Públicos. Eso sí, todos se manifestaron leales, pero no a las causas del país, sino a las del señor de los nombramientos, y de paso a su delfín disfrazado de Cordero (hay que engordar el cochinito para la campaña).

Para rematar, cambió de secretario particular. A partir del pasado jueves Roberto Gil Zuarth se encarga del teléfono en Los Pinos, y a cambio del caramelo recibido, el perdidoso candidato a dirigir el blanquiazul se echó un rollo igual de empalagoso que de prescindible: “me une (al susodicho) la admiración personal, la lealtad al proyecto de país que él representa y, sobre todo, el patrimonio ético que define y orienta su acción política y la de su gobierno… Para la administración de Felipe Calderón son tiempos de cosechas y de nuevas siembras, de reconocer lo que se ha logrado con una gestión responsable de los asuntos públicos, pero también de convencer a la sociedad que debemos continuar en la senda de la transformación de México… Es para mí un inmerecido honor servir a México, acompañando al Presidente de la República en esta altísima misión”.

Cambios y más cambios, en este México donde nada cambia. Por ejemplo, ¿cómo arrancó 2007? De entrada con la noticia de que en diciembre de 2006 perdieron su empleo más de 302 mil mexicanos, y en los primeros días del año nuevo aumentó el precio del gas doméstico; estalló la crisis de la tortilla, con 15 pesos por kilogramo, amén de alzas en tarifas eléctricas, el gasolinazo, los peajes, los alimentos y demás productos impactados por el incremento a los energéticos.

Y ¿cómo empezó 2008?: con la noticia de que en diciembre de 2007 perdieron su empleo casi 332 mil mexicanos, con avalancha de alzas en precios, el acostumbrado gasolinazo, el aumento masivo de precios por el incremento en los energéticos y con la novedad de que a 27 millones de campesinos no les alcanzaba para adquirir una canasta básica. ¿Y 2009? Con la consabida información de que en diciembre 2008 perdieron su empleo más de 327 mil mexicanos, con un paro pesquero en protesta por alzas en el diesel marino (Hacienda no tiene madre, señaló el líder de pescadores), con 30 mil millones de pesos en pérdidas en el ahorro de los trabajadores inscritos en Afores, con el discurso calderonista de siempre (la economía de México más sana que la de naciones ricas), con una perspectiva oficial de cero crecimiento en el año (lo dijo el doctor catarrito, y en los hechos se reportó un desplome de 6.5 por ciento del PIB, el mayor en ocho décadas) y con un crecimiento de 50 por ciento en la importación de cereales. ¿Y 2010? Con la ya clásica noticia de que en diciembre de 2009 perdieron su empleo casi 186 mil mexicanos, el precio del gas licuado al alza, igual que el de otros energéticos, y por el mismo camino el de los alimentos y los servicios, y con el mismo discurso calderonista (“vamos por el camino correcto), sin olvidar el creciente número de muertos por la goliza de Calderón al crimen organizado. ¿Cómo comienza 2011? Exactamente igual: año nuevo y cambios.

Las rebanadas del pastel

Tras unos días de obligado asueto, México SA reinicia hostilidades. Un abrazo para todos.

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Creció 114% la deuda externa en 4 años del gobierno de Calderón

*Según reporte de Hacienda, al 30 de noviembre llegó a casi 102 mil millones de dólares
*Se usó para financiar al sector público, cuyo débito es de 4 billones 450 mil millones de pesos

Cualquier apreciación del yuan es buena para la economía china, dijo ayer un funcionario del banco central del país asiático.

Juan Antonio Zúñiga

En el contexto de una recuperación económica que no se refleja aún en los bolsillos de la mayor parte de la población, la deuda total bruta del sector público mexicano ascendió a más de 4 billones 450 mil millones de pesos al término de noviembre de 2010, lo que representa un incremento de 90.7 por ciento durante los cuatro años de la segunda administración federal panista.

Según informes difundidos ayer por la Secretaría de Hacienda, el saldo bruto de la deuda pública interna llegó a 3 billones 179 mil millones de pesos, nivel que significa un crecimiento de 82.5 por ciento desde diciembre de 2006, cuando era de un billón 741 mil 400 millones.

En tanto, el monto de la deuda externa en moneda nacional se elevó casi 102 mil millones de dólares, que equivalen a un billón 270 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 114 por ciento en los últimos cuatro años, de acuerdo con los reportes gubernamentales.

Emisión de bonos

Utilizada como fuente principal para financiar los desequilibrios presupuestarios del sector público, la contratación de deuda interna mediante la emisión de bonos gubernamentales denominados en pesos fue de un billón 437 mil 600 millones en los últimos cuatro años, en los que también se observa un inusitado aumento en la participación de extranjeros en la compra de valores emitidos por el gobierno federal.

El Banco de México indicó que el monto de los recursos amparados por los bonos gubernamentales en poder de extranjeros pasó de 129 mil 600 millones –al inicio de esta administración– a 565 mil 300 millones de pesos al 30 de noviembre de 2010, lo que representa un incremento de 336.2 por ciento en este periodo y una participación mayor en los intereses que cubre el gobierno federal por este endeudamiento.

Ese capital llega al mercado local de dinero atraído por las tasas de interés, más elevadas que las existentes en su país de origen. El pago de estos rendimientos implica un costo para las finanzas públicas –incluido el de la deuda externa–, por el cual absorbió 172 mil 822 millones de pesos en recursos presupuestarios en los 11 meses considerados de 2010. Más de dos terceras partes de esta cantidad correspondieron al pago de intereses, comisiones y otros gastos generados por el endeudamiento público interno.

La importancia del capital de extranjeros en el financiamiento de los desequilibrios de las finanzas públicas ha ido en aumento en los últimos cuatros años, pero en 2010 se disparó.

Al término de noviembre de 2006, la inversión foránea en valores del gobierno federal denominados en pesos representaba 7.8 por ciento del total de bonos en circulación. A la misma fecha de 2010 significaba 19.1 por ciento de la deuda interna total, después de un incremento de 251 mil 866.3 millones de pesos en sólo 11 meses del año que termina. Con esos recursos se financió un déficit de 225 mil 100 millones de pesos alcanzado en dicho periodo, según el reporte dado a conocer ayer por Hacienda.

Por el lado de la deuda externa bruta del sector público, el débito con el exterior en moneda extranjera ascendió a 101 mil 953.4 millones de dólares, se indica en el reporte de la dependencia. En moneda nacional, a un tipo de cambio de 12.4664 pesos por dólar, esa cantidad representó un billón 270 mil 992 millones de pesos, 114 por ciento superior a la registrada al inicio de esta administración.

Hace cuatro años, el saldo del débito externo bruto del sector público se ubicaba en 54 mil 766.3 millones de dólares. En moneda nacional, con una paridad Fix de 10.8116 pesos por dólares, era equivalente a 592 mil 112 millones de pesos, menor a la mitad del monto actual. Su crecimiento se debió principalmente a la incorporación como deuda pública de 28 mil 957 millones de dólares en débitos de Pemex, contratados mediante los proyectos de infraestructura de largo plazo, mejor conocidos como Pidiregas, los cuales, por su opacidad, han sido puntualmente criticados por la Auditoría Superior de la Federación.

Así, el endeudamiento bruto del sector público, que en diciembre de 2008 era de 56 mil 939.2 millones de dólares, se elevó a 85 mil 897 millones en mayo de 2009, y cerró ese año en 96 mil 353.7 millones de dólares.

Sin embargo, en los últimos dos años, la segunda administración surgida del PAN ha mostrado más proclividad que su predecesora a endeudar el país con el exterior. Entre 2009 y 2010 se obtuvieron más de 16 mil millones de dólares de deuda externa a través de dos modalidades: emisión de bonos en el exterior y contratación de créditos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.