Diego, el general y Amado Carrillo

Ambos tienen gran influencia en sus ámbitos, el político y el militar. Diego Fernández de Cevallos y Arturo Acosta Chaparro han sido acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez y se movieron con recobrada fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. Sus destinos se cruzaron a raíz del secuestro del exsenador el viernes 14, y para el martes 18 ya los unía otra circunstancia: el pez gordo de la política seguía desaparecido y el general era baleado.

Cevallos, Acosta y Carrillo.

J. Cervantes, J. Carrasco y J.G. Olmos

MÉXICO, D.F., 24 de mayo (Proceso).- Las investigaciones para localizar al exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes 14, están a cargo del general Arturo Acosta Chaparro, quien hace tres años fue exonerado por el Ejército de las acusaciones que lo implicaban con el narcotráfico y actualmente permanece en el Hospital Central Militar después de que un hombre lo baleó la noche del martes 18.

A los dos se les han atribuido, en distintos momentos, relaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Juárez y quien fuera su líder, Amado Carrillo Fuentes. Ambos fueron blanco de agresiones en menos de una semana.

Consultadas por Proceso, fuentes que han estado cerca de la indagatoria que se sigue en Querétaro y otras cercanas al general afirman que éste fue “contratado” por “un despacho” ligado a Diego Fernández de Cevallos y a Lozano Gracia.

Este semanario también recabó versiones en el sentido de que los servicios de Acosta los solicitó directamente la familia del político y de que el militar había comenzado a trabajar en algunas hipótesis iniciales:

Una de ellas es que el plagio habría sido motivado por asuntos que involucran a Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego.

De hecho, uno de los hijos de Miguel –dice una de las fuentes– aseguró en sus primeras declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el viernes 14 iba en su auto por la carretera federal cuando vio a su tío Diego en el asiento trasero de una camioneta, custodiado por dos hombres vestidos de blanco; declaración que no fue creíble para las autoridades.

Otras hipótesis que presuntamente verificaba Acosta Chaparro son las del narcosecuestro y la guerrilla.

Uno de sus primeros objetivos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por su supuesta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dicen a Proceso fuentes cercanas al militar.

Con un destacado historial en la represión de la guerrilla entre los años sesenta y ochenta, y ahora en su condición de asesor de primera línea de la Sedena, Acosta Chaparro se concentró en la información sobre la alegada relación de las FARC con grupos guerrilleros y del narcotráfico en México.

Desarrollaba esa línea de investigación cuando, la noche del martes 18, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue atacado por un sujeto que le disparó con un arma de fuego al momento de que el militar salía de la empresa de seguridad privada Elim.

Apenas unas horas antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado de la desaparición de Fernández de Cevallos.

“Se están deslindando, pero no les creas. Ese deslinde no quiere decir nada”, le comentó Acosta Chaparro a uno de sus hermanos con quien estaba llevando la investigación, según refieren las fuentes, y advirtió: “La agresión en su contra no fue un accidente. Fue un aviso para que no se meta”.

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Guillermo Garduño Valero, especializado en fuerzas armadas y seguridad nacional, coincide: “Por el sistema de información que manejó por décadas y gracias a las puertas que le abrió el actual gobierno para seguir manejando información sobre grupos guerrilleros, se puede focalizar por dónde pudo venir el ataque”.

En esa línea, señala: “El atacante sabía quién era, que no debía matarlo sino dejarlo fuera de la investigación. Eso explicaría que a pesar de haber ingresado por su propio pie al Hospital Central Militar lo hayan declarado grave”.

Quienes informaron a Proceso de la participación de Acosta Chaparro en la indagatoria corroboran que desde su exoneración y liberación el general empezó a prestar servicios a la Presidencia de la República.

Incluso, afirman, entrenó a un grupo de élite del Ejército para constituir la avanzada en operativos contra el crimen organizado, específicamente en el estado de Chihuahua. No obstante, aclaran que el militar ya no trabaja para la Presidencia y únicamente brinda asesoría a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al cierre de esta edición su estado de salud aún era grave, porque el único proyectil que hizo blanco en su cuerpo lo hizo por el abdomen y salió por un costado.

La certeza sobre la relación entre el atentado contra el general y la desaparición de Diego Fernández está en manos del Ejército, porque el primer delito fue denunciado ante el Ministerio Público Militar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal únicamente es coadyuvante en el caso y hasta el momento no cuenta con la declaración de Acosta.

Las medallas del general

Como resultado de una investigación que la PGR abrió en enero de 1996 –justo cuando su hasta entonces titular, Antonio Lozano Gracia, iba de salida–, la dependencia dio a conocer al año siguiente que se había detectado que el general Acosta Chaparro, junto con otro militar, protegía a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.

También el Ejército lo investigaba. Uno de los reportes de la Subjefatura de Inteligencia de la Sección Segunda del Ejército, fechado el 4 de abril de 1997 y dirigido a un general de apellido Sánchez, refiere una reunión del general Acosta Chaparro con Amado Carrillo. “Esta reunión –dice el informe– se realizó en una casa, en Jalisco, del exlíder nacional del PRI Javier García Paniagua”.

Tres meses después de ese encuentro, en julio de 1997, Amado Carrillo murió en el hospital Santa Mónica.

Al año siguiente, como parte del llamado Maxiproceso que realizó la PGR, Acosta Chaparro fue nuevamente investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo.

Ambos fueron señalados por tres testigos protegidos: Carlos Colín Padilla, operador financiero del cártel de Juárez; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Tomás Colsa MacGregor, un joyero que fue proveedor de varios narcotraficantes.

Las indagaciones sobre Acosta Chaparro continuaron hasta 2000. En septiembre de ese año fue detenido y procesado por sus presuntos vínculos con El Señor de los Cielos. El procurador militar que inició las indagaciones en su contra y determinó que era culpable fue Rafael Macedo de la Concha, quien meses más tarde, el 1 de diciembre, fue nombrado procurador general de la República por Vicente Fox, el primer presidente panista.

Tras el consejo de guerra al que fue sometido Acosta Chaparro en 2002, el general Tomás Ángeles Dahuajare lo condenó también a perder el grado y todos sus derechos.

Al iniciarse ese proceso, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas por la desaparición de activistas sociales de Guerrero durante la guerra sucia de los años setenta interpusieron denuncias en su contra. Lo responsabilizaron de la desaparición y asesinato de varios líderes sociales. Estos cargos se sumaron al proceso por vínculos con el narcotráfico.

Poco antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006 Acosta fue absuelto por el Juzgado Cuarto Militar de la acusación de homicidio calificado, relacionada con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros.

Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, la suerte de Acosta Chaparro cambió por completo: el “máximo jefe de las fuerzas armadas” lo exoneró siete meses después de su accidentada toma de posesión. El 29 de junio de 2007 Acosta Chaparro abandonó el Campo Militar número 1; y el 23 de abril de 2008, en la ceremonia de retiro de 23 generales del Ejército, se le devolvieron todas las condecoraciones que en 2002 le quitó el general Ángeles Dahuajare (actualmente en retiro).

No sólo eso: Acosta Chaparro recibió una nueva condecoración por 45 años de servicio con “patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.

LA MAFIOCRACIA

"Voy a aprovechar el primer año de mi gobierno para tomar las decisiones que impliquen una mayor inversión de capital político". Esto fue lo que le comentó el candidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón, a la periodista Carmen Aristegui en 2006.
"¿La reforma política famosa?", preguntó Carmen a Calderón.
El candidato albiazul respondió: "Puede ser. Pero, ¿cuál es la reforma del Estado? Para mí, en todo caso, en lo político, implicaría la reelección de legisladores y alcaldes, la segunda vuelta electoral, parlamentaria, no sólo del Ejecutivo...".
La historia que siguió la conocemos todos.

Felipe Calderón ganó la elección en un proceso muy cuestionado y disputado.
Si en 2006 hubiera habido segunda vuelta, seguramente le habría resultado más complicado llegar a la Presidencia. Pero de haber ocurrido así, no lo habría acosado el fantasma de la ilegitimidad.
Tampoco habría tenido que batallar, como hasta ahora lo ha hecho, con la composición del Congreso. De existir la segunda vuelta parlamentaria, hubiera sido posible conformar una mayoría para la gobernabilidad.

La muerte de 'El Jefe de Jefes' no significa el fin del cártel de los Beltrán Leyva. Aunque 'La Barbie' y 'Z-14' están reagrupando a sus fuerzas, "por derecho de sangre", el bastón de mando le corresponde a...
EL TERCER CABALLERO

Un ex capo del narcotráfico que acusa a funcionarios policiacos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari de haber repartido entre sus propios socios sus territorios.
Un presidente municipal de San Pedro Garza García, el ayuntamiento más rico de México, que narra sus encuentros con miembros de un cártel y acusa a las amas de casa de ser las principales narcomenudistas.
Un comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en Guerrero que muere de cuatro balazos en tierra caliente después de que afirma que el gobierno y los narcos obligan a la gente a sembrar la "mala yerba".
Y un abogado que "abre puertas de tribunales y prisiones de máxima seguridad".
Son los protagonistas del nuevo libro del periodista Diego Enrique Osorno, "El Cártel de Sinaloa", del sello Grijalbo de la editorial Random House Mondadori, que hace unas semanas salió a la venta.
En este trabajo, el también autor de "Oaxaca Sitiada. La Primera Insurrección del Siglo XXI" se adentra en la historia de cómo y por qué Sinaloa es la mata del narcotráfico en México. También narra cómo el Cártel de Sinaloa y las demás organizaciones criminales se han formado en el resto del país.
En entrevista exclusiva con Reporte Índigo, Osorno habla de los demonios que lo empujaron a escribir esta historia.

Para él, el mejor escondite es el bosque. Tiene 18 años, mide 1.96 de estatura, es el ladrón más famoso en Washington y anda descalzo. Conoce la historia de Colton Harris-Moore, el fugitivo y antihéroe más buscado (y querido) en Estados Unidos.

PARA VER REPORTE ÍNDIGO AQUI.

Comunicado del ERPI

COMUNICADO # 40
AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
A LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS:
A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Ya no vamos a permitir que sigan matando gente, vamos a investigar y actuaremos con toda la fuerza armada del pueblo, porque es un delito grave. Nosotros hemos respetado a la gente, pero si no nos respetan ya saben a lo que se atiene esta gente que manda matarnos, secuestrarnos y robar en las comunidades. Nosotros invitamos a la población a la autodefensa armada y a no permitir que sus hijos se integren a los cárteles de la droga, que los vuelven bestias, ya no son humanos, y a que se unan en contra de eso, y que no por traer dinero, auto nuevo se la crean, porque eso es falso y se termina.
Comandante Ramiro, entrevista al periódico La Jornada el 9 de mayo de 2009.
Con la mano del pueblo organizado en nuestro corazón y la mira en alto de nuestros fusiles, rendimos homenaje al compañero Comandante Insurgente Ramiro de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, caído a manos del asesino a sueldo que el Estado mexicano, conducido por la mafia de narco políticos y narco empresarios que gobierna. Denunciamos que fue el Estado por medio de sus órganos de inteligencia militar y política, quien pagó y planeó para que un sicario, Cayetano Alvarado Palacios alias “el cuche blanco”, coludido y pistolero sirviente de los caciques más famosos de Guerrero, como Rogaciano Alba, ametrallara con 4 impactos de rifle AK 47 el cuerpo del joven líder social, el ex preso político, representante de los presos políticos y de conciencia del penal de Acapulco, libre por su propia decisión, audacia y habilidad táctica, combatiente entregado, miembro de nuestra Dirección Estatal en Guerrero y jefe decidido de nuestras fuerzas guerrilleras en la Región de Tierra Caliente del estado de Guerrero.
Avisamos al pueblo que hasta ahora el avance de nuestras investigaciones conduce a reconocer en la muerte de Ramiro el costo de la lucha que hemos emprendido en lo político, social y militar al lado del pueblo mexicano y guerrerense por construir desde abajo, a la izquierda y hasta las últimas consecuencias el poder del pueblo y contribuir para que el pueblo organizado resista, se rebele, y rompa con el poder de caciques, transnacionales, capitales financieros que hoy dominan a México. Es esa oligarquía la que impone sus decisiones a través de un régimen con la cara de cualquiera de los partidos de Estado, su proyecto es capitalista, su sumisión al imperio de los yanquis, su complicidad con el crimen organizado y su destructiva labor contra los recursos de la nación, las vidas de sus pobladores, la cultura y la autonomía de los pueblos y comunidades y la misma riqueza natural. Los asesinos de Ramiro son todos los vende patrias de siempre, los liquidadores de empresas estatales y de los contratos y conquistas laborales del pueblo trabajador.
Son los mismos feminicidas, son los que despojan campesinos, indígenas y migrantes. Son los que masacran a pueblos enteros en Aguas Blancas, Acteal, El Charco o el Bosque; son los que persiguieron, desaparecieron, torturaron, encarcelaron y mantienen como rehenes a presos y desaparecidos políticos como los zapatistas, los eperristas, los erpistas, los luchadores sociales de Atenco, de Campeche, de Morelos, de Guerrero, de Veracruz y Chiapas. Sus métodos de ejecución son las mismas cobardes emboscadas, la ocupación de comunidades, el allanamiento de las casas, el rastreo aéreo y de comunicaciones. Son la derecha de todo tipo que en Guerrero es tan panista, como priísta y perredista. Son los fascistas neoporfiristas que nos tocó combatir junto al pueblo en estos días, son los grupos del narco enraizados en los distintos niveles de gobierno que hemos denunciado por sus crímenes contra luchadores sociales. Pero son también parte de los mismos militares que en otras zonas de la tierra caliente y de costa grande persiguen, encarcelan, asesinan a jóvenes y agravian a las comunidades como lo hace el ejército de la mano de los caciques y con el apoyo del gobernador en las comunidades de Las Ollas y en tantas otras. Les ha dolido que rompamos el silencio y que combatamos a sus mafias. Les duele que crezcamos con el pueblo en su autonomía y en la auto solución de sus problemas. Así lo hizo el compa Ramiro, en su caso encabezando además una batida contra esos paramilitares y narco sicarios, ligados a las fuerzas del gobierno que infestan Guerrero y todo el país. Cayó Ramiro en condiciones que aún necesitamos investigar y que van mas allá de los asesinos materiales para decírselas con la mayor precisión y cautela al pueblo, para que esté alerta y preparado a defenderse. Su muerte fue confirmada a la Dirección Nacional y estatal de Guerrero desde el día siguiente de su muerte, se realizo todo lo necesario para darle sepultura de acuerdo con las tradiciones familiares decidiendo mantener con discreción su caída mientras se aplicaban medidas de seguridad necesarias y obligadas para el caso, sabíamos que era cuestión de tiempo el que lo localizaran, las bestias criminales del ejercito y la policía decidieron no respetar su cuerpo y lo mancillaron exhibiendo como trofeo su cuerpo en descomposición consumando mas agravio a ese pueblo y comunidades que lo amaron y que apoyaron -así fuera con su discreción y silencio- sus humildes tareas de guerrillero, como se quiere a uno de sus hijos. Hasta ahora, lo que se ha podido determinar es que a las 7:20 de la mañana del martes 4 de noviembre, siete narcoparamilitares liderados por el “cuche blanco” Palacios, le tendieron una emboscada en la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán del Progreso. En días anteriores, se encontraba en los alrededores de dicha comunidad en cumplimiento de una comisión pero, al parecer, el enemigo maniobró para que durara más tiempo de lo esperado allí sin el despliegue defensivo acostumbrado. En estas circunstancias, fue llamado a un encuentro el martes 4, en la que el enemigo lo emboscó a quemarropa –el rifle en ráfaga- y ya no hubo oportunidad de responder. A su paso por comunidades de Ajuchitlán del Progreso ha sido ejecutado Ramiro por un sicario del narco gobierno. Pero su andar sigue en los pasos de su columna y de sus compañeros del ERPI y de las organizaciones hermanas donde quiera que nos encontremos. Recibiremos en su nombre con el mayor de los gustos y respeto el abrazo y los consejos del pueblo organizado que sean dedicados a la muerte de su líder natural, tan sólo uno de los muchos combatientes revolucionarios que han sido sembrados por la rebelión del pueblo. A unos días de conmemorar la caída en combate de nuestro comandante Lucio Cabañas Barrientos, Ramiro se une a cabalgar con él, con Genaro, Jaramillo y tantos luchadores del pueblo guerrerense y mexicano, como un ejemplo de que nuestra vida está para servir al pueblo, como una flor que dará frutos en la construcción del poder del pueblo, hasta ser tan libres, justos y democráticos, como nos lo orienta el sueño popular por una vida digna.

A SU FAMILIA LE DECIMOS QUE LA CAÍDA DEL COMPA RAMIRO NO HA SIDO EN VANO PUES SU EJEMPLO DE LUCHA, DE HUMANIDAD, DE SENCILLEZ, DE ENTREGA, Y DE COMPROMISO PERMANECE EN CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS DEL ERPI Y MAS ALLA. DESDE NUESTRAS TRINCHERAS, LES MANDAMOS UN CARIÑOSO Y FUERTE ABRAZO. SIENTANSE ORGULLOSOS Y ORGULLOSAS DE UN GRAN LUCHADOR Y COMPAÑERO, CUYA LUCHA FUE, ES Y SERÁ UNA INSPIRACIÓN PARA GENERACIONES ACTUALES Y FUTURAS. CON SU MUERTE REFRENDAMOS NUESTRO COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL MEXICO REVOLUCIONARIO CON EL QUE EL COMPAÑERO RAMIRO SIEMPRE SOÑO. SOLICITAMOS AL PUEBLO ORGANIZADO TANTO DEL ESTADO DE GUERRERO COMO DE OTRAS PARTES DEL PAIS A QUE SE SUME A LA INICIATIVA DE LAS Y LOS HERMANOS DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE EXIGEN AL GOBIERNO EL CUERPO DEL NUESTRO COMPAÑERO COMANDANTE INSURGENTE RAMIRO PARA DARLE HONROSA SEPULTURA. TRANSMITIMOS LOS DESEOS DE LA FAMILIA Y DE TODOS LOS COMPAÑEROS DE NUESTRO QUERIDO ERPI: DEPOSITAMOS EL CUERPO DE RAMIRO EN LA VOLUNTAD DEL PUEBLO ORGANIZADO Y SE DEMUESTRE QUE TAMBIEN ASI, HASTA EL CUERPO INANIMADO DE NUESTRO CAMARADA SEGUIRA LUCHANDO CONTRA EL PODER DE LA OLIGARQUIA , HAGASE DE SU CUERPO LO NECESARIO PARA QUE TENGA EL LUGAR QUE SOLO LOS GRANDES DEBEN TENER.

Les pedimos a los periodistas honestos y a las organizaciones populares y no gubernamentales que se exija el respeto a las comunidades, pueblos organizaciones y familiares de la región donde mataron al comandante Ramiro. Nuestra justicia irá contra los asesinos de Ramiro, considerando siempre la voluntad y la seguridad del pueblo al que servimos. Señalamos de antemano que los nombres y el origen del Comandante Ramiro son por el momento algo que se dará a conocer en su momento, para nuestro pueblo y para nosotros es simplemente Comandante Insurgente Ramiro.

¡ PRESENTE !
¡¡ HONOR Y GLORIA ETERNA AL COMANDANTE RAMIRO !!
¡¡ CON EL PODER POPULAR, EL PUEBLO UNIDO VENCERA !!
DIRECCION NACIONAL DEL EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE
Republica Mexicana a 23 de Noviembre de 2009.

Guerrilla, entre los objetivos militares de Calderón

Entre 2010 y 2012, el gobierno de Felipe Calderón intensificará su proyecto castrense de “recuperación” de territorios controlados por el narcotráfico y por la guerrilla, revela el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). A pesar de que México carece de una política de defensa, el plan tiene como prioridad el uso de la fuerza contra la delincuencia organizada y los grupos rebeldes. Expertos consultados prevén más controles sociales derivados del “espionaje” gubernamental.

Nancy Flores

En los tres años que le restan, la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se propone “anular” cinco amenazas a la seguridad nacional: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras. Para ello, sus herramientas principales serán el “espionaje” y el uso de la fuerza castrense, se desprende del Programa para la seguridad nacional (2009-2012).
De acuerdo con el documento, del cual Contralínea posee copia, en México tanto los narcotraficantes como los guerrilleros controlan espacios territoriales. Por ello, las prioridades del gobierno son “recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas” y “recuperar aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros subvirtiendo el orden constitucional”.

”A pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado mexicano le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el programa lo está admitiendo”: Sierra
Jorge Luis Sierra, especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, explica que “a pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el documento lo está admitiendo. Está planteando como objetivo la recuperación de espacios perdidos a manos de la delincuencia organizada”.
La “recuperación” tendría distintas etapas e involucraría “el gran activo del país” en materia de seguridad nacional: los funcionarios y las instituciones que tienen a su cargo su preservación, indica el programa. Es decir, la Presidencia de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Gobernación.
El documento, de 60 páginas, indica que las líneas estratégicas comienzan con un trabajo coordinado de inteligencia y contrainteligencia, “activa y pasiva”. En el primer caso, para “profundizar el conocimiento en torno a amenazas y riesgos específicos”; en el segundo, para “anticiparlos” y “limitarlos”.
El programa que entró en vigor el 20 de agosto de 2009, cuando fue parcialmente publicado en el Diario Oficial de la Federación, advierte que “a la generación y provisión de inteligencia (…) le debe seguir la oportuna toma de decisiones estratégicas que detonen, con la debida congruencia y contundencia, aquellas acciones gubernamentales necesarias para enfrentar el peligro detectado”.
Es entonces, en esa segunda etapa, cuando vendría el uso de la violencia institucional para “anular” las amenazas a la seguridad nacional, pues, a decir del gobierno federal en su propio documento, éstas “obligan” a “emplear recursos extraordinarios de la fuerza del Estado para su atención”.
Territorios controlados
El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) “será recordado por enfatizar el tema de la recuperación de los espacios que está controlando la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico”, dice Jorge Luis Sierra.
Al respecto, el documento detalla: “En la vertiente de seguridad nacional, el factor esencial de todas las expresiones de la delincuencia organizada es su alta capacidad económica, que le permite penetrar las instituciones públicas y la estructura social. De este modo, la amenaza concreta consiste en el debilitamiento de la economía, la sociedad y las instituciones de gobierno, factores cuya combinación y persistencia menguan el control territorial del Estado”.
Información de la Procuraduría General de la República indica que al menos siete grandes organizaciones que trafican drogas se mantienen vigentes en México (Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Guzmán Loera-Palma Salazar, Osiel Cárdenas Guillén, Díaz Parada, Valencia Valencia, Amezcua Contreras). A éstas, la administración federal les atribuye la violencia que padece el país, y que ha cobrado la vida de más de 16 mil 500 personas en lo que va del sexenio calderonista.
Según el programa, “las acciones emprendidas por este gobierno para combatir al narcotráfico marcan un punto de inflexión en la presión del Estado sobre las organizaciones criminales, que han reaccionado escalando la violencia ejercida entre ellos, contra la población civil y contra la autoridad como una forma de desafiar al Estado”.
El mismo documento revela que el gobierno no sólo tendría por objeto la “anulación” de los narcotraficantes, sino también de los guerrilleros, a quienes considera como la tercera amenaza a la seguridad nacional. Además, plantearía la “recuperación” de los territorios controlados por los rebeldes.
Las labores contrainsurgentes han sido confirmadas ya por el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en dos entrevistas con Contralínea (publicadas el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2009). El grupo armado reconoció haberse enfrentado con el Ejército Mexicano en una zona cercana a la comunidad Puerto Las Ollas, Coyuca de Catalán, Guerrero.
“La defensa de las ideas por la vía de las armas es una acción que quebranta el orden constitucional. La amenaza a la seguridad nacional implica actos violentos que ejercen dichos grupos, y que causan severos daños al desarrollo del país, especialmente por lo que se refiere a los ataques en instalaciones estratégicas de las que depende la planta productiva”, expresa el programa gubernamental.
En la actualidad, en el país podrían existir más de 40 grupos rebeldes, refieren datos publicados por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados. Entre ellos, el Ejército Popular Revolucionario que en julio y septiembre de 2007 hizo explotar “los ductos de gas (…) mejor controlados y los que tenían mejor mantenimiento en todo el sistema” de Pemex Refinación, ubicados en Guanajuato, Querétaro y Veracruz (Contralínea 120).
Los actos de sabotaje, que afectaron a más de 2 mil 500 empresas, fueron parte de una “campaña nacional de hostigamiento contra el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón” para exigir la presentación con vida de los militantes Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de ese año “por el Estado mexicano”, señaló el grupo guerrillero en un comunicado.
Para la Secretaría Técnica del Gabinete de Seguridad Nacional, esos actos tuvieron el carácter de “atentados” e implicaron “la comisión de delitos” que, “dada su naturaleza”, pusieron en “peligro la seguridad del Estado”, dice la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0210000152207.
Contrainsurgencia militar
En sus líneas de acción, el programa indica que para “acotar la actuación de grupos armados” se tomarán como medidas, “entre otras”: “Mantener abiertas las vías del diálogo entre los grupos armados y el gobierno federal de cara a la sociedad civil, con la única limitación de hacer valer el estado de derecho en la totalidad del territorio nacional; (y) mantener una presencia disuasiva apoyada por el intercambio de información e inteligencia entre las instituciones nacionales”.
Advierte que el gobierno “efectuará las gestiones para que tenga lugar el fincamiento de las responsabilidades penales que en cada caso correspondan, conforme a derecho”, contra los mexicanos que se mantienen en rebelión.

La estrategia gubernamental privilegiará, sobre todo, el uso de la fuerza. Jorge Luis Sierra indica que, al igual que el narcotráfico, la guerrilla será combatida por la vía de las armas: “Lo único que veo que no sea el uso de la fuerza es el desarrollo de los programas de inversión en las comunidades donde hay movimientos armados. Pero nada más. Eso es lo único que dice el documento de cómo afrontar a los movimientos armados que no sea el uso de la inteligencia y la fuerza: hay un consenso clásico que está pensado más en términos de fuerza y no de desarrollo integral de las zonas, con el fin de evitar que la población simpatice con grupos insurgentes y pase a apoyarlos. No hay esa perspectiva de manera clara. En el documento está de manera tangencial”.
En su página 49, el programa hace la única y magra referencia: “Invertir en infraestructura para dotar de servicios básicos y promover actividades productivas en comunidades ubicadas en el área de influencia de grupos armados”.
Para Sierra, a pesar de que la guerrilla es la tercera amenaza en importancia de la agenda nacional de riesgos, “no hay un desarrollo integral de cómo afrontar el problema con otras vías que no sean la contrainsurgencia clásica”.
Lo que sí hay, en la práctica, son las acciones contrainsurgentes. Tan sólo la Secretaría de Marina cuenta con “fuerzas elites de infantería de marina orientadas a realizar operaciones de contraguerrilla”, reconoce la institución encabezada por el almirante Francisco Saynez Mendoza.
Datos publicados por la dependencia federal indican que dichas fuerzas son capaces de “incursionar y efectuar reconocimientos en áreas bajo control del enemigo (sic), desorientar sus actividades mediante operaciones de combate y sicológicas, estableciendo un perímetro de seguridad del área objetivo, negando la entrada y salida de los transgresores de la ley, así como dar cobertura y seguridad al ingreso del equipo de intervención”. Esas capacidades son desarrolladas en el Curso de Contraguerrilla, que imparte la propia institución.
Sierra indica que al apostar a la fuerza, las autoridades federales “estarán fallando, como fallaron hace 30 años y también hace 80 años. El país no ha logrado desarrollar el sur, que sigue estancado en la miseria, en la violencia de los caciques, en la injusticia, en el asesinato de los líderes y ahora con la presencia de la delincuencia organizada. Eso trae nuevos periodos: pasan 10 o 20 años y la violencia vuelve a surgir. Nuevas células, nuevos movimientos armados, nuevos enfrentamientos, en una espiral que se va desarrollando. La violencia no va retrocediendo: las zonas afectadas son cada vez mayores, los sabotajes que se hacen son cada vez más dañinos, más extensos, afectan más a la economía, y todo eso no ha terminado de resolverse”.
Agrega que “se ha pensado que por la vía de la fuerza, con la desaparición de los militantes de los movimientos armados de las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980 se había eliminado el problema, pero no fue así. Las condiciones para el desarrollo de grupos armados ahí están todavía, el potencial ahí está. El hecho de que el Ejército y el gobierno estén tratando de combatir al ERPI en Guerrero demuestra que ahí sigue habiendo movimientos armados”.
Sin política de defensa
La destacada participación del sector castrense en la preservación de la seguridad nacional y sobre todo en la seguridad pública, se da a pesar de que México carece de una política de defensa que regule la actuación del Ejército y la Marina en labores concretas, como por ejemplo los operativos y los retenes.

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A construir el poder popular: Jacobo Silva y Gloria Arenas

Las condiciones que los llevaron a levantarse en armas “se han agudizado” bajo el calderonismo, dicen Jacobo Silva y Gloria Arenas al alcanzar la libertad luego de 10 años de prisión. En entrevista con Contralínea, el excomandante Antonio y la excoronela Aurora, antiguos integrantes de la Dirección Nacional del ERPI, señalan que ahora su lugar está en la lucha social. Consideran que el movimiento de López Obrador “es limitado” y, de ganar la Presidencia, sería como el triunfo de Fox sobre el PRI. El cambio, aseguran, no será por la vía institucional. Llaman a construir “poder popular”, autonomías y a romper de manera radical con la clase política mediante “esfuerzos” como La Otra Campaña.

Zósimo Camacho

“Valió la pena la cárcel. No tenemos por qué avergonzarnos; por el contrario, todo lo que pasamos antes y en ella nos hace sentir orgullosos”, dice sereno pero con firmeza Jacobo Silva Nogales. Su esposa, Gloria Arenas Agís, asiente y sonríe.
Antes de la cárcel, fue la lucha social y la lucha armada. Nunca negaron que, al momento de su detención, pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), uno de los movimientos guerrilleros más importantes del país. Él tenía el grado de comandante. Ella, de coronela. Ambos formaban parte de la Dirección Nacional de la guerrilla más fuerte en el estado de Guerrero, escindida en 1998 del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Antonio era el nombre de guerra de Jacobo. Aurora, el de Gloria. La detención de los insurgentes fue calificada por el ERPI como “el más fuerte golpe que el enemigo ha propinado a nuestro proyecto revolucionario después de la masacre de El Charco”.
—Después de 10 años de máxima seguridad, salir a un patio más grande ya hubiera sido quizás libertad para mí –dice Jacobo: playera azul tipo polo, chamarra negra, aún casquete corto de un cabello que empieza a encanecer.
Seis días después de su aprehensión, ocurrida el 19 de octubre de 1999 en un restaurante de comida china en la ciudad de México, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, entonces conocido como Almoloya, más tarde como La Palma y después como El Altiplano. Fueron nueve años con siete meses bajo el más estricto régimen carcelario de México. A partir del 24 de mayo y hasta su liberación, estuvo recluido en el Cefereso 4 Noroeste, ubicado en El Rincón, Tepic, Nayarit, donde pudo “tocar el pasto y ver algunos niños”.
El México que encuentra “es muy diferente”. Considera que las condiciones de pobreza, desigualdad y represión son “más extremas” que cuando decidió levantarse en armas. “La situación de la gente ha cambiado, pero para empeorar”.
Ataja: “Nosotros actualmente nos encontramos en la lucha social. Es nuestro campo ahora. Antes fue la lucha armada”.
En la conferencia de prensa realizada el 30 de octubre en el Club de Periodistas de la ciudad de México, Jacobo había dicho: “Estoy en la lucha social, pero mi corazón está con la guerrilla, con el ERPI, con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)”.
—Es válida cualquier vía o forma de lucha porque no depende de nuestra voluntad; no depende de lo que yo prefiera, sino de las condiciones que existan –dice Gloria Arenas, de chamarra afelpada cerrada hasta el cuello, aretes discretos, cabello recogido.
Agrega: “Quien favorece el paso de la lucha pacífica a la lucha armada es el mismo Estado y la represión. Entonces no depende de nuestra voluntad; depende de las condiciones del país el que se dé una u otra o todas las formas de lucha de manera simultánea”.
Gloria fue detenida el 22 de octubre de 1999 en San Luis Potosí, en su domicilio particular. Fue recluida en el Cefereso 1 por dos años. Luego de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue trasladada al estatal Centro de Readaptación Social (Cereso) Neza Bordo, en el Estado de México, prisión en la que permaneció tres años. Finalmente, estuvo recluida en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Sergio García Ramírez, de Chiconautla, Estado de México, desde 2004 y hasta el pasado 28 de octubre.
Tampoco tiene dudas: “Entramos a la cárcel ya cuando el país estaba en crisis; había represión, y existía el narcotráfico, los cárteles y la violencia. Pero todo se ha agudizado. Y además, ahora esta violencia es utilizada para reprimir al movimiento social”.
Al momento de su detención, en el sexenio de Ernesto Zedillo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cumplía 70 años ininterrumpidos en la Presidencia de la República. Y no sólo controlaba el Poder Ejecutivo: su dominio en el Legislativo era casi absoluto.
Jacobo concede: “Antes había un monopartidismo y ahora hay competencia electoral. Y el pueblo se hizo ilusiones. Pero ahora hay desencanto. Ya sabe que esperar un cambio por la vía electoral o por las instituciones es una ilusión más”.
Gloria sonríe. Cruza los brazos. Comienza a hablar en voz baja.
­—Hay quienes creen que la democracia es poder ir a las urnas cada tres años, o cada seis, y votar por un partido, cuando la democracia sería que los que estamos abajo tomemos las decisiones importantes de este país, las que nos afectan y las que afectan a la nación.
Agrega que mientras las personas no puedan decidir sobre sus destinos no habrá democracia. No es un asunto de si gobierna el Partido Acción Nacional (PAN) o vuelve a ganar el PRI. “O podría ganar el PRD (Partido de la Revolución Democrática). Es una clase política parásita. No puede ser que la democracia sea elegir entre estos miembros de la clase política tan corruptos y desprestigiados. No puede ser que la democracia sea elegir forzosamente de ellos a nuestros gobernantes”.
Jacobo arruga la frente hasta formar dos caños entre sus cejas. Mantiene sus puños sobre la mesa. Va más allá: “No debe haber esperanza en las instituciones; el cambio va a ser incluso a contrapelo del movimiento que sí crea en la instituciones”.
—¿Un movimiento como el de López Obrador? –se le pregunta.
—Ése es un movimiento muy limitado que puede llegar, en un momento dado, al poder. Pero no va a hacer el cambio. Sería una situación bastante parecida a la que ocurrió con la llegada del PAN al poder: una gran alegría, una gran esperanza; pero que se derrumba en menos de 15 minutos. Así ocurriría con un gobierno perredista.
—De qué manera se garantiza que la gente incida en los destinos del país.
Ahora quien responde es Gloria.
—Necesitamos romper completamente con la clase política y con las instituciones. Son un engaño. Tenemos que construir desde abajo algo nuevo: autonomías, poder popular. Necesitamos construir lo que va a sustituir a lo que rompemos: cuando las comunidades hacen radios comunitarias están construyendo lo que sustituirá a Televisa y Tv Azteca, y cuando los zapatistas construyen caracoles están haciendo gobiernos distintos a los que estaban. El reto es que toda esa construcción se haga a nivel nacional. Todavía no se tiene la receta de cómo hacerlo.
—¿La propuesta de La Otra Campaña?
—Es un esfuerzo que da en el clavo de las necesidades del país en este momento. Que la gente y las organizaciones de izquierda, pero la izquierda de abajo, nos conozcamos, nos reconozcamos, nos relacionemos y nos coordinemos; pero respetando las formas y los modos de cada quien.
Por su parte, Jacobo reconoce como uno de los méritos de La Otra Campaña el lograr unificar movimientos sociales y sectores que parecía que no podían conciliarse.
—Nosotros mismos, en otro momento, pudimos haber pensado que no teníamos por qué incorporarnos a una iniciativa de esta naturaleza; pero lo hicimos desde prisión. Este movimiento ha logrado avances importantes sin que implique la generación de expectativas de tipo partidista tradicional.
Agrega que una de las lecciones del zapatismo es que, “cuando parece que todo está en calma, hay una corriente subterránea que puede irrumpir en cualquier momento.
La otra “gran lección”, señala, la dio Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, porque demostró que “se puede generar una fuerza tan explosiva que puede llegar a contraponerse exitosamente a un proyecto internacional; y basado en qué: en la fuerza del pueblo, ese pueblo al que el día anterior podría habérsele golpeado, humillado”.
Gloria destaca el ejemplo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, “de la gente que tal vez sintió miedo cuando escuchaba que venían escuadrones de la muerte; pero que salían a proteger las antenas de las radiodifusoras”.
Jacobo, puesto en libertad un día después que Gloria, confiesa que luego del sometimiento por 10 años a las condiciones de los penales de máxima seguridad, no sabía ni usar el dinero ni hablar por teléfono. Al momento de salir de prisión le preocupó cómo se desenvolvería en un ambiente donde las personas no fueran o presos o custodios.

Para leer articulo compelto AQUI.

Comunicado: Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente

Reciban un cordial saludo y de antemano el agradecimiento
por la difusión de los siguientes documentos:

Comunicado # 38.
Elementos para el análisis de la Situación Actual.
Primera Parte.
· La verdad detrás de la guerra contra el narco
· La Militarización va contra el Pueblo
· La deshumanización: Pueblo dividido y debilitado

Por su atención, gracias.
Dirección Nacional del ERPI

Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI.
COMUNICADO # 38

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA

La militarización de México es consecuencia de la política contrainsurgente del régimen panista en obediencia al mandato del Imperio. La criminalización de la protesta y del movimiento social ha ido en aumento durante los dos periodos de gobierno del Partido Acción Nacional, PAN, en tan sólo 18 meses del gobierno espurio de Felipe Calderón, 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido desaparecidas. Las condenas a los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, de San Salvador Atenco son la prueba de la venganza de la oligarquía y la clase política (de todos los partidos) por haber evitado que concretaran el proyecto de Aeropuerto en la tierra de sus ancestros. Esto se evidencia, además, con los cientos de presos políticos en este periodo y las desapariciones forzadas de luchadores sociales, todo en un clima de miedo impuesto a la población para que se confunda lucha social con la delincuencia.

El Estado mexicano, al que caracterizamos de "Mafioso", en su guerra contra el narcotráfico (uno de los grandes negocios de las redes del Poder) ha involucrado a la población civil, al convertirla en víctima principal y en culpable indirecta de los crímenes y ajustes de cuentas con sus operadores –quienes además sirven de chivos expiatorios- y por la competencia por las jugosas ganancias del tráfico de drogas. Esta guerra de "los cerebros" contra los "operadores", la causa el que estos últimos se han ido apropiando de buena parte del negocio, de rutas, contactos, zonas de producción y canales para el lavado del dinero, con lo cual han desplazado a los "dueños legítimos", la oligarquía. Algunos hablan de "Narcoestado", olvidando que la corrupción y los negocios sucios están en todos y cada uno de los ámbitos del Estado y sus relaciones con empresas transnacionales y del capital financiero. Su carácter "mafioso" incorpora a los poderes fácticos, tanto a los cárteles internacionales de la droga como a las transnacionales de la energía, la automotriz, química y a los grandes especuladores financieros.

Ello explica la exagerada impunidad que existe en muchos ámbitos, como lo muestra la violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la ejecución de Contratos de Servicios Múltiples, CSM, y la entrega de recursos de carácter estratégico como la energía eléctrica principalmente a empresas españolas, ya ni qué decir de los jugosos contratos, vía tráfico de influencias del hoy fallecido Juan Camilo Mouriño -qué decir de la intención de concretar una "Reforma Estructural" lesiva para el pueblo de México- y cómo desde funcionarios menores, hasta miembros destacados de los tres poderes de gobierno garantizan IMPUNIDAD total para los delincuentes de cuello blanco y amigos que los acompañan, con lo cual podemos redondear la caracterizació n del Estado Mafioso.

Los niveles de violencia y su intensidad en esta guerra reflejan la descomposició n del sistema político y la deshumanizació n neoliberal, la cual culpa a los padres cada vez que las fuerzas del orden detienen a jóvenes; culpa a los vecinos en cada aseguramiento de casas de narcos y culpa a comunidades enteras de la siembra y comercio de enervantes o trasiego y almacenamiento de armas.

La Militarizació n va contra el Pueblo

La militarizació n del país crece, sobretodo por el temor de levantamientos sociales, de insurrecciones, de conflictos "locales" de carácter económico, político y social. Los fines del régimen (no es la primera vez que lo decimos) son de carácter contrainsurgente; "persuasivo", coercitivo, punitivo, al extremo de seguir la "guerra sucia" del régimen anterior –priísta-, confirmándose que es otra cara de la misma moneda. El actual fenómeno de militarizació n que sufre el pueblo mexicano es una extensión de la que existe en regiones del país donde la insurgencia armada revolucionaria tiene presencia; en el caso del estado de Guerrero dicho fenómeno lleva décadas.

Para muchos compañeros, se vive pues una ofensiva guerrerista. En los retenes del ejército y la policía federal, presuntamente colocados para detectar estupefacientes, algunos luchadores sociales y población civil inerme han sido hostigados y hasta detenidos y torturados. Además, las corporaciones policíacas (o comandos creados ex profeso vinculados a ellas) han cateado casas de activistas y ciudadanos en general de manera ilegal. Estos fenómenos ya han ocurrido en los estados de Guerrero y Oaxaca, Chiapas, Michoacán entre otros.

Hoy se siembra un terror de Estado que lleva la consigna de "guerra al narco"; en realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que tiene en la violencia y la impunidad su norma. Ante la poca legitimidad y la falta de credibilidad de que goza, el gobierno panista busca controlar a su favor (no desaparecer) el mercado de las drogas, dentro de un contexto de crisis económica aguda. Para esto criminaliza e intimida a las organizaciones sociales y formaliza las estructuras y prácticas mafiosas (incluso renovando su personal) ya existentes en muchos cuerpos policíacos y crea códigos judiciales (verdaderos códigos de guerra que consideran enemigo a cualquiera que quiera acusar de delincuente) para imponer su terror.

Frente a las atrocidades ya cometidas en esta narcoguerra, como decapitaciones, desapariciones, torturas y asesinatos de civiles, entre ellos decenas de profesionales de los medios de comunicación, no podemos quedar callados como organización revolucionaria.

Primero: Nos deslindamos de las prácticas de terror que por el uso irresponsable y criminal de armamento explosivo tienen como objetivo dañar a la población civil y que como parte del pueblo mexicano hemos hecho nuestro el agravio cometido en Morelia la noche del 15 de septiembre y, por lo tanto, como parte del pueblo organizado e insurgente, nos reservamos el derecho a la autodefensa armada contra quien o quienes resulten responsables por dichos actos.

Segundo: Ante la actual campaña de Terror de Estado, pedimos a la población afectada levante la voz y se organice por la defensa de sus Derechos Humanos para denunciar y exigir al Estado el respeto a las libertades civiles y el cese de las prácticas de tortura, desaparición forzada (aun cuando esta no sea por motivos políticos, tal cual es el caso de los compañeros eperristas y erpistas desaparecidos) y ejecuciones sumarias por parte de los bandos en pugna. Si por ejemplo, las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez han señalado las casas, fábricas, oficinas de criminales; si también otros pueblos en el mundo han sabido señalar, marcar, escrachar a los asesinos y a la mano terrorista del Estado, todos y todas podemos crear formas novedosas para hacer lo propio y romper el silencio.

Tercero: Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y a las organizaciones político-militares a desarrollar nuestros mejores esfuerzos para denunciar y combatir a las mafias en el Estado y en los partidos políticos y a sus grupos de sicarios que actúan como bandas paramilitares en contra del pueblo mexicano.

¡¡A ORGANIZARSE CONTRA LA GUERRA DE TERROR!!
¡¡CON EL PODER POPULAR!!
¡¡EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!!
Dirección Nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
ERPI

República Mexicana a 15 de Noviembre del 2008.