El Ejército contra el Ejército

Detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, violaciones a los derechos humanos, agresiones de todo tipo –entre ellas las sexuales–, asesinatos y aun ejecuciones contra civiles han aumentado el descrédito de las Fuerzas Armadas del país, principalmente en los últimos años, si bien la impunidad por esos actos sigue siendo una constante histórica. Es más: ni los propios militares consiguen librarse de los abusos de los militares. En las instalaciones castrenses, decenas de ellos que se encuentran en calidad de indiciados esperan la resolución de sus procesos, que en ocasiones involucran acusaciones ridículas…

El Ejército en Acapulco.

Arturo Rodríguez García

Cada mañana, en la puerta 8 del Campo Militar Número 1, decenas de soldados y marinos vestidos de civil se van juntando hasta que, en punto de las 7:00 horas, un toque de corneta llama a formación y un oficial cuartelero pasa lista con potente voz de mando.

Al trasponer el arco de acceso, luego de sortear exhaustivas revisiones, se llega a la base de la Policía Militar, que destina uno de sus patios a la formación. El campo es enorme, con sus espaciosos edificios, extensiones arboladas, limpias avenidas y explanadas ociosas… pero el Agrupamiento de Militares Libres Bajo Caución de la Primera Región tiene bien delimitadas sus zonas y salir de ellas, así sea para buscar la sombra de un árbol, puede ser motivo de castigo.

Estas descripciones respecto de la situación que impera en la instalación castrense son hechas por los propios prisioneros, quienes refieren que aun oficiales y personal de tropa son despojados ahí de uniformes, insignias y todo distintivo, salvo el gafete de acceso que los iguala con el estigma de ser indiciados. No hay ningún general, almirante ni otros oficiales superiores; sólo mandos medios, grumetes y soldados rasos.

Una vez que pasaron lista, deben tomar un desayuno insalubre, en trastes de plástico manchados por no lavarse en varios días, rellenos una y otra vez del potaje extraído de la llamada “cazuela del perro”.

Luego se les ordena permanecer en un lugar para el adiestramiento, que no les dan, pero rompen filas hasta que algún oficial lo decide. Los originarios del Distrito Federal van con sus familias, pero la mayoría, sin ingresos y venidos de lejos, permanecen inactivos, esperando por años que se resuelva su caso.

Están ahí en cumplimiento del artículo 6 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados (RGMPS), norma que no reglamenta ninguna ley.

Los motivos por los que cumplen esa prisión a medias no son claros para alrededor de 2 mil efectivos indiciados por la justicia castrense que están repartidos en las regiones militares. No fueron sentenciados por un tribunal ni se les acredita aún ningún delito, pero en general fue por “sospechosos” que perdieron la libertad, sus derechos laborales y su patrimonio, además de que no cuentan con seguridad jurídica.

“Dando una interpretación mezquina a la Constitución, nos convierten en víctimas de un código de justicia militar que es ambiguo, confuso, arcaico. Estamos indefensos, marginados, percibiendo el 10% de nuestro salario, muchas veces acusados por encontrarnos en la parte inferior de la cadena de mando”, explica el capitán segundo Manuel Contreras Marqueda.

A ello se suma la cancelación de créditos hipotecarios y la confiscación de bienes facultada por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Banjército.

Desde enero de 2011, un grupo de oficiales que forma parte del agrupamiento emprendió una serie de acciones para exigir la derogación del fuero de guerra, que consideran injusto para los propios militares y en el que, dicen, se basa la impunidad en violaciones a los derechos humanos de civiles. Incluso señalan que orilla a soldados a suicidarse o bien desertar o enrolarse en grupos criminales, con tal de “subsistir a cualquier costo”.

De acuerdo al párrafo segundo del artículo 13 constitucional, en México “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Además, el artículo 123, en la fracción XIII de su apartado B, establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.

A juicio de los denunciantes, entrevistados por Proceso, lo anterior posibilita la subsistencia del RGMPS y que el Código de Justicia Militar (CJM) sea el marco jurídico por el que ministerios públicos y juzgados militares carecen de autonomía y siguen al servicio del mando militar, con lo que se viola la división de poderes estipulada en el artículo 49 constitucional. Es decir, en última instancia el presidente es comandante en jefe, legislador, acusador y juez.

El capitán Contreras explica que los defensores de oficio no suelen representar a los acusados en la justicia militar y los que tienen posibilidades de hacerlo son designados fiscales. Así, los peores abogados militares son defensores de oficio, y los mejores, ministerios públicos. Ellos, como los jueces, responden a la misma cadena de mando y a la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por lo general, el defensor aconseja al “cliente” que se declare culpable.

“El espíritu de nuestra denuncia contra el fuero de guerra se funda en la exigencia legítima al Estado mexicano de que propicie la igualdad ante la ley. Como integrantes de las Fuerzas Armadas, reclamamos que se nos reconozca como seres humanos y como ciudadanos”, añade el oficial.

Sus compañeros condicionan el encuentro con el reportero: “Aceptamos hablar, pero que quede claro: hacemos responsable a nuestro comandante en jefe, el presidente Felipe Calderón, y a los secretarios de Defensa y de Marina, de nuestra integridad y la de nuestras familias”.

Excesos

–¿A qué se refiere con “verle los calcetines” a su superior?

–¿Le suena absurdo, verdad? Esa es una de las acusaciones: la falsedad de haberle visto los calcetines a un oficial.

“También me acusaron de que algunos elementos me llaman por mi nombre y otros por mi grado; del delito de que mi hermano sea yerno del contralmirante Marco Antonio Peyrot (que fue secretario de Marina en el sexenio de Fox); además, de ser estricta en las limpiezas bucales, de haber dejado un resto reticular y de que mi consultorio se contaminó de influenza. Contra todas las pruebas que aporté, el Consejo de Honor me declaró culpable”, explica la teniente de fragata y odontóloga Elvia Emilia Eguileta Arias.

Una veintena de soldados, de civil y encapuchados, se presentó en las instalaciones sanitarias de la Primera Región Naval, en Tampico, Tamaulipas, el 18 de febrero de 2010. Descendieron de tres vehículos y con violencia se llevaron a la teniente Eguileta al hospital militar de esa ciudad portuaria.

La oficial es alta, rubia y atlética. Los soldados le ordenaron desvestirse y le tomaron fotografías y video. De ahí la llevaron a la base militar de Tancol, en el mismo estado.

“Me dijeron que me trasladarían. Ellos iban de civil, yo uniformada; entonces supe que me querían matar. En la central camionera de Tampico me querían aplicar la ley fuga, porque de repente abrieron la puerta y me aventaron. Gracias a Dios, me les escapé a los judas.”

La teniente se escondió. Mandó publicar un desplegado denunciando los hechos el 19 de febrero de 2010 en El Sol de Tampico, pero no encontró protección, sino al contrario: un comando ingresó a su domicilio particular y sustrajo equipos de cómputo, documentos y objetos personales. Con miedo, viajó a la Ciudad de México y se entregó a la justicia militar.

“Aún no me explico cómo el contralmirante (Francisco Sáynez) permitió ese secuestro, siendo yo una oficial de la Armada y mis captores elementos del Ejército”, dice.

Como oficial de la Marina Armada de México, la teniente Eguileta es procesada por la justicia militar, pues la Secretaría de Marina no cuenta con un sistema de justicia. “En las Fuerzas Armadas hay mucha corrupción. Mientras el presidente dice que quiere cambiar el país, nosotros vemos que no atiende las soluciones que se le plantean, y una de ellas es la eliminación del fuero de guerra”, agrega.

El teniente de corbeta Iván Gómez Ortiz añade que con la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueve Felipe Calderón no sólo se daría un poder descomunal a los mandos militares:

“Si con nosotros hacen lo que quieren, imagínese con el personal civil. Con esa reforma nadie va a poder detenerlos. Es mucho poder en juego. Con miedo estamos abordando el tema y, más allá de nuestros casos, estas denuncias son por México, por sus instituciones y por los compañeros que están en la misma situación que nosotros, sin ser escuchados y vencidos en juicio, que han perdido todos sus derechos.”

Entre los integrantes de este agrupamiento hay quienes dispararon a civiles por una orden de sus superiores, pero éstos no asumieron las consecuencias. También los que trataron de expresarse con libertad.

Por ejemplo, el teniente de transmisiones Manuel Álvares Domínguez fue acusado de motivar a otros militares a conseguir un incremento salarial. El oficial consiguió que integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas asumieran su causa en lugar de un defensor de oficio militar y, gracias a un amparo, regresó a su plaza.

En un escrito dirigido a los titulares de los tres poderes, así como al ómbudsman y a distintas instancias especializadas en derechos humanos dentro y fuera del país, el 11 de julio de 2011 el capitán Álvares expuso los casos de otras víctimas de la justicia militar, que impone a los militares indiciados una “sentencia previa”.

Citó al mayor médico cirujano Óscar Antonio Cabrera, quien se suicidó en agosto de 2010 al no soportar las cargas del proceso y el despojo de su patrimonio, y al teniente de zapadores Julio César Reyes Fiscal, quien terminó con su vida al mes siguiente. Ambos estaban en el agrupamiento.

Juicios por consigna

El capitán segundo en materiales de guerra del Ejército, Manuel Contreras, y el teniente de corbeta y contador de la Armada, Iván Gómez, están acusados de delitos semejantes: descubrir robos y denunciarlos.

Contreras estaba destacado en la XXIV Zona Militar, con sede en Morelos, bajo las órdenes del general Ricardo Escorcia Vargas, a quien relevó después el general Leopoldo Díaz Pérez, hoy conocido por estar implicado en la desaparición de Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida el 1 de mayo de 2011, así como por ser el operador del plan contrainsurgente en Chiapas de 1995 a 2000.

Cuando, cumpliendo sus funciones, Contreras hizo un balance de materiales detectó cartuchos faltantes. Dio parte del robo, pero lo hizo tres meses después de ocurrido, pues se trata de un inventario difícil de detectar por el volumen. Pese a que comprobó que no estaba a cargo del almacén en el momento del robo y que fue él quien lo denunció, se le abrió la averiguación previa 042/2010. Como pocas veces, pudo sentar a un general (Díaz Pérez) en su juicio, pero éste respondió con burlas y divagaciones en la diligencia mientras el juez lo festejaba. Ahí sigue Contreras, a un año y medio de ser indiciado.

Al teniente Gómez, según el expediente 057/2011, se le acusa de no percatarse a tiempo de un fraude. Contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, Gómez realizó una auditoría en la Primera Región Naval, en Tuxpan, Veracruz, y aportó los elementos para la denuncia.

Al presentarse en el juzgado para dar su testimonio, se sorprendió porque apareció como responsable y ahora está sujeto a proceso militar. “Cuando a los mandos les pegas en el dinero, no sabes lo que te espera”, dice.

Contreras abunda en que el agrupamiento es un negocio fraudulento que capta recursos que los militares y marinos denunciantes calculan entre 15 y 20 millones de pesos mensuales, ya que a unos 2 mil indiciados se les retiene el 90% de su ingreso y el destino de ese dinero no es transparente.

“Con eso, según mis cálculos, se pagarían la Estela de Luz y la Línea 12 del Metro”, interviene la teniente Eguileta.

De acuerdo al artículo 20, fracción IV del RGMPS, la nómina y beneficios incautados deben reintegrárseles a los indiciados si quedan absueltos. Pero eso no ocurre y nadie sabe a dónde va el dinero. A eso le atribuyen que siempre resultan culpables.

Contreras afirma que en esta trama juega un papel importante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que termina siendo un instrumento de persecución por las retenciones de nómina sin transparencia.

En el mencionado oficio de 2011, el teniente Álvares Domínguez observó: “Se pierde totalmente el fin único de la existencia de la justicia, pues ya no se busca balancear la ecuación existente entre delito, acusado y daño, sino la tipificación del acusado, la persecución y exterminio en vida”. Añade que la mayoría de los indiciados no cuenta con una profesión civil, pues ha dedicado su vida a las Fuerzas Armadas.

“Hemos olvidado el concepto de dignidad y nos hemos dedicado a sobrevivir, no escatimando modo alguno de obtener ingresos, trabajando de cargadores, pintores, vendedores de tamales o dulces y, los más afortunados, trabajando de escoltas, sin la certeza de que en alguna ocasión escolten, sin darse cuenta, a personas de la delincuencia organizada, con la única intención de no ver a sus hijos lamentándose en la miseria.”

Para Contreras Marqueda, las consecuencias del fuero de guerra van más allá y provocan un daño a la sociedad, ya que posibilita la impunidad de los mandos superiores en la violación de derechos humanos. Por eso, dice, todos los actores políticos le temen al Ejército, pese a que con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla el Estado mexicano debería reformar el Código de Justicia Militar.

–Sabe usted mucho de leyes –se le comenta.

–La mayoría no sabemos nada, confiados en que siendo gente de bien nunca nos pasará nada, hasta que un día pasa y tienes que aprender para defenderte.

En octubre pasado los oficiales inconformes sostuvieron un encuentro con Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón. Fue un logro, pues desde hace un año han pedido cita al ómbudsman Raúl Plascencia pero ni él ni nadie los recibe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Zavala los escuchó, fue amable, les dio una lectura jurídica y les dijo que ya habían hecho mucho, que ahora confiaran en quienes deben resolver las cosas. Esperaron y nada, como también aguardan respuestas del Congreso, del Poder Judicial y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al que le hicieron llegar sus denuncias para que se investigue a los responsables de la justicia militar por su actuación y se indague el destino del dinero confiscado, así como para proponer reformas que erradiquen el fuero de guerra.

Eguileta y Gómez, marinos ambos, alzan sus tazas de café y las chocan. La primera advierte:

“Los militares y marinos somos buenas personas, gente común como todos, pero con una responsabilidad con el país. Muchos creemos en las Fuerzas Armadas y en la lucha contra el narco. Muchos arriesgan sus vidas a diario, por eso nos duele esta situación. No somos maleantes, pero nuestras familias sufren y, claro, tenemos miedo por nosotros y por ellos. Lo único que queremos es justicia para todos, militares y civiles, por eso es esta lucha.”

En México, militares violan derechos y gozan de impunidad: HRW

La Redacción

MÉXICO, D.F. (apro).- La tortura y las amenazas de muerte son prácticas comunes utilizadas regularmente por las fuerzas armadas de México contra aquellas personas acusadas

México, incapaz de cumplir tratados internacionales

Auditorías practicadas a las secretarías de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Marina revelan que México es incapaz de cumplir los compromisos internacionales que firma. La cancillería, reprobada por carecer de instrumentos que aseguren la observancia de 62 tratados, convenios y acuerdos en materia ambiental. Secretarías de Estado, institutos y comisiones nacionales ni siquiera tienen claro de qué acciones son responsables.

Ruth Roque/Zósimo Camacho

Las secretarías de Relaciones Exteriores, Marina Armada de México y Medio Ambiente y Recursos Naturales incumplen con la aplicación de 62 tratados internacionales en materia ambiental, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las dependencias federales ni siquiera saben en cuántos y cuáles tratados tienen competencia, a pesar de que la cancillería cuenta con un presupuesto de más de 700 millones de pesos para dar cumplimiento a los acuerdos.

Por ello, la ASF emitió dictamen negativo en la revisión del desempeño de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La dependencia encargada de coordinar y verificar el cumplimiento de los compromisos internacionales que adquiere el Estado no ha contado, durante los gobiernos panistas, ni con sistemas de información y evaluación ni con mecanismos que le permitan acreditar el cumplimiento de los compromisos en materia ambiental que el país ha contraído.

La descoordinación ha sido tal, que las dependencias obligadas a hacer cumplir las disposiciones de los tratados, convenios y acuerdos internacionales ni siquiera estaban enteradas de cuáles instrumentos internacionales eran responsables.

En revisiones por separado, la Secretaría de Marina (Semar) también recibió dictamen negativo (Contralínea, 3 de julio de 2011) y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) obtuvo una aprobación “con reservas”.

En efecto, en entrevistas con este semanario, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Semarnat y la Semar coinciden en que no sabían ni qué papel debía jugar cada dependencia para hacer cumplir los compromisos internacionales que el Estado ha signado. Por separado, señalan que sólo después de los resultados de la auditoría iniciaron las reuniones para delimitar responsabilidades.

Hasta después de la publicación del Informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, representantes de las tres entidades del gobierno federal sostuvieron encuentros para acordar de qué manera podían cumplir los 62 acuerdos internacionales en materia ambiental que México ha suscrito. A dichas reuniones también se incorporaron representantes de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Energía (Sener).

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en voz del ministro Rodrigo Labardini, consultor jurídico adjunto B, rechaza que México haya faltado a sus compromisos internacionales. En entrevista con Contralínea y ante los señalamientos de la Auditoría Superior, dice: “Ni la Secretaría ni ninguna otra dependencia están incumpliendo. Los tratados se efectúan a cabalidad y no ha habido ningún comentario negativo de los organismos internacionales; por el contrario, éstos han indicado que vamos bastante bien”.

Para Labardini, las observaciones de la Auditoría Superior se deben a que “ellos [los auditores] estiman que dentro de nuestros procesos hay algunas fallas, las cuales nosotros hemos ido corrigiendo igualmente junto con la Auditoría”.

—¿Cómo decir que se está cumpliendo con un tratado si las acciones no se realizan?

—Ha sido algo de lo que nos alertó la Auditoría Superior de la Federación con este proceso. En otros tratados habíamos visto esta necesidad de coordinación y es cuestión de ir atendiendo. No ha sido sencillo simplemente ubicar los 1 mil 337 tratados que tenemos en vigor y defender cada uno de los actores mexicanos federales que deben aplicar. Y esto representa problemas porque el tratado no sólo obliga a la Federación: también a los estados y a los municipios. Y entonces se debe hacer un gran esfuerzo por definir todo ello.

El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce que “en el caso de algunas dependencias quizá no habían tenido plena cabalidad de la responsabilidad que tenían en el cumplimiento de un tratado”. Por ello, a decir de Labardini, se han celebrado “por lo menos dos” reuniones posteriores a la publicación de los resultados de la auditoría para determinar “quién es el responsable federal que puede participar en esto”.

En las reuniones, encabezadas por esta Secretaría –y en las que también participaron las de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Energía y las comisiones Reguladora de Energía, Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, entre otras dependencias–, “detectamos que había unidades que quizá desconocían su participación real [en el cumplimiento de los compromisos internacionales de medio ambiente] y detectamos otros que sí participan pero que no estaban mencionados por la propia Auditoría”, reconoce Labardini. Agrega: “Para esto sirven estas reuniones intersecretariales; reconozco aquí la labor de la Auditoría [Superior de la Federación] para lograr este ejercicio; nos alentó y nos ha llevado a avanzar más para lograr esa coordinación entre dependencias identificadas y otras que nosotros reconocemos, porque ésa es la cabalidad de la obligación”.

Y es que el dictamen de la auditoría de desempeño 09-0-05100-07-0161 establece: “La Secretaría de Relaciones Exteriores no dispuso de mecanismos para acreditar las acciones de coordinación y seguimiento, y asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los 62 tratados en materia de medio ambiente suscritos por el gobierno de México”.

Además, señala que tampoco “dispuso de sistemas de información que garanticen que las dependencias responsables de su ejecución practiquen las medidas y competencias que le otorgan los instrumentos internacionales suscritos por México, ya que se presentaron diferencias en cuanto al reconocimiento de la participación de las dependencias ejecutoras”.

Así, mientras que Relaciones Exteriores señala que la Secretaría de Marina debe participar en el cumplimiento de 25 tratados, ésta argumenta que sólo está facultada para intervenir en tres. Algo similar ocurre con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales: mientras que Relaciones Exteriores informa que es obligación de la Semarnat colaborar en 26 tratados, ésta explica que sólo concurre en tres.

Hasta 2009, la Secretaría de Relaciones Exteriores no dispuso de ningún mecanismo que le permitiera “evaluar el seguimiento y la coordinación para el desempeño de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en materia de medio ambiente”, señala la Auditoría Superior en el resultado 3 de la auditoría de desempeño 09-0-05100-07-0161.

El monto de los recursos públicos federales aplicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en los tratados internacionales durante 2009 fue de 748 millones 278 mil 200 pesos, instrumentados a través de seis direcciones generales y la Consultoría Jurídica.

Según la ASF, las siete entidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores son las “responsables de las labores de coordinación y seguimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en materia de medio ambiente”.

Relaciones Exteriores cuenta con dos documentos en los que supuestamente se especifica cuáles secretarías de Estado son responsables del desempeño de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en materia de medio ambiente: Tratados bilaterales Medio ambiente y Tratados multilaterales Medio ambiente (sic). Sin embargo, hasta la fecha en que se realizó la revisión, no contó con un sistema de información que garantizara que las dependencias cumplieran y ejercieran las competencias correspondientes.

Semarnat y Semar, rebasadas

Gracias a esta descoordinación, la Auditoría Superior encontró en 2009 que la Semanat participaba apenas en la ejecución de tres instrumentos, cuando su obligación –según lo reportado por Relaciones Exteriores– era colaborar en 26. Sólo concurría en el multilateral Convenio para la Protección y el Desarrollo para el Medio Marino de la Región del Gran Caribe, y en los bilaterales: Acuerdo de Cooperación entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América sobre la Contaminación del Medio Marino por Derrames de Hidrocarburos, y el acuerdo que lo modifica.

Asimismo, Relaciones Exteriores indicaba que la Secretaría de Marina estaba obligada a participar en 25 de los instrumentos internacionales. Pero la Armada de México sólo participaba en tres, y se reconocía como responsable de uno: el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias.

Así, 21 instrumentos internacionales de cooperación en materia de medio ambiente marítimo firmados por México no se cumplieron o, al menos, ninguna dependencia del gobierno federal pudo dar cuenta de ello. La Auditoría Superior señala que las direcciones generales para América del Norte, para Temas Globales, y de Organismos Económicos, Regionales y Multilaterales (todas de la Secretaría de Relaciones Exteriores) “no dispusieron de evidencia documental sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en 21 tratados suscritos en el marco de la Organización Marítima Internacional”.

Además, las unidades señaladas olvidaron incluir en sus registros internos un instrumento internacional con el que México se comprometió: el Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales. Tampoco elaboraron ningún programa de trabajo “que incluyera metas cuantitativas en relación con la coordinación y seguimiento de los tratados internacionales en materia de contaminación marina”.

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Cuando los soldados se suicidan...

Bajas militares por mano propia

Desde el inicio de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, 82 efectivos del Ejército y 14 de la Marina consiguieron acabar con su propia vida, y muchos más lo han intentado. Estudios especializados señalan que los factores que exponen a los militares al suicidio son las presiones, la violencia y la incertidumbre que experimentan en la línea de fuego. Lejos de proteger a sus efectivos, esas dependencias atribuyen los hechos a desórdenes mentales ajenos al servicio.

Militares. Muertes cotidianas.

Gloria Leticia Díaz

La tarde del 24 de julio de este año, internos del dormitorio 18-A de la prisión del Campo Militar Número Uno fueron testigos de una escena macabra: sobre uno de los escusados colgaba el cuerpo inerte del soldado de infantería José Enrique Mota Solano.
El militar, de 31 años, ató a su cuello una cuerda de plástico que sujetó a los barrotes de una ventana, se introdujo una playera en la boca, se subió al depósito de agua del inodoro y saltó.
Mota Solano formaba parte de las tropas que combaten al narcotráfico. Llegó a la prisión militar en marzo de este año, procesado por el delito de abandono de servicio y robo de su arma de cargo.
Los prisioneros que lo conocieron recuerdan que entró en el penal con la idea de que estaría unos cuantos meses, pero empezó a deprimirse cuando se enteró de que podría permanecer encerrado hasta siete años.
Aquel 24 de julio, el soldado de infantería recibió la visita de su mujer, con la que al parecer discutió. Sus allegados suponen que el motivo fue el dinero, ya que aun antes de recibir sentencia los soldados son castigados con la reducción de hasta 90% de su sueldo.Mota Solano cumplió un objetivo que varios militares presos no han alcanzado por “fallas técnicas”. Se convirtió en el más reciente de los 82 miembros del Ejército que se han suicidado durante la presidencia de Felipe Calderón. En el mismo periodo lo han hecho 14 efectivos de la Marina.El pasado 4 de agosto Proceso solicitó mediante la Ley de Transparencia a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) información sobre los miembros de las fuerzas armadas que se quitaron la vida desde 2006.Guilherme Borges –especialista en Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) Juan Ramón de la Fuente– destaca que hechos de violencia como los que se viven hoy en México “tienen repercusiones en la salud mental de la gente y se puede inferir que van a tenerlas sobre la conducta suicida, como sobre la depresión y el estrés postraumático”.

...Tiempos de morir por propia mano

Verónica Espinosa

En el contexto de violencia extrema que afecta al país entero, la Universidad de Guanajuato, la Secretaría de Salud estatal y la Asociación Mexicana de Suicidología convocaron en septiembre pasado a un grupo de especialistas para analizar el fenómeno del suicidio, que afecta por igual a menores de edad y adultos. Los participantes concluyeron que, ante los graves problemas socioeconómicos y de violencia que afectan a los mexicanos, el Estado ni siquiera cuenta con un plan preventivo para detener los suicidios.

LEÓN, GTO.- El suicidólogo Quetzalcóatl Hernández Cervantes atendió a la madre de un joven asesinado en alguno de los hechos violentos vinculados a la delincuencia organizada. La mujer, de 60 años, llegó al consultorio del especialista luego de varios intentos de quitarse la vida.
En su trabajo con migrantes, Hernández Cervantes revisó también el caso de una joven madre de 21 años cuya pareja había emigrado. Abandonada y endeudada, la mujer asfixió a sus hijos pequeños y después se intoxicó.
“Hay algo que los suicidólogos tenemos muy en claro: la asociación entre homicidio y suicidio. Las dos son formas de muerte violentas; van muy pegadas en causas de mortalidad y las encontramos en entornos inseguros, de violencia social”, describe Hernández Cervantes, uno de los fundadores de la Academia Mexicana de Suicidología (AMS).
En entrevista con Proceso, admite no tener datos que vinculen a una ciudad violenta con los índices de suicidio. “Pero sí te puedo decir que es muy común una situación como la del caso real del que te hablé, donde tienes a la madre joven cuya pareja se tuvo que ir a Estados Unidos o a otro estado, que ya tienen años de no verse; la familia está abandonada, endeudada, y vemos desenlaces fatales”.
Para el especialista, la relación entre el homicidio y el suicidio surge hasta de manera colateral. “Tu pareja es asesinada cuando iba pasando por un tiroteo. Ante esto, ¿cómo respondes? Son los escenarios donde te puedo ilustrar la relación entre homicidio y suicidio”.
Hernández Cervantes conversa con Proceso en un receso del IV Congreso Internacional sobre prevención del suicidio, que organizaron la AMS, la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Salud estatal el 22 y 23 de septiembre.
En el encuentro se presentaron los resultados del estudio efectuado entre 97 niños de seis años que cursan primer grado en una primaria del Estado de México, elaborado por personal de la Coordinación de Servicios Integrales de Salud de la Universidad del Valle de México.
Más de la mitad de los menores mostraron tener ya un concepto sobre la muerte como un suceso universal e irreversible. Varios de ellos, incluso, recibieron atención cuando se les detectaron factores de riesgo suicida: sentimientos de soledad, tristeza, irritabilidad, falta de soporte familiar, problemas para relacionarse con sus pares y violencia escolar.
Casi todos aseguraron que pensaban que alguno de sus padres “está triste”.
Los asistentes, sobre todo alumnos de psicología de diversas universidades, personal del DIF en todo el país, académicos y psicoanalistas, conocieron también en ese foro el reporte titulado El suicidio entre los jóvenes potosinos: simbolismo y relaciones sociales, elaborado con recursos del Fondo de Apoyo a la Investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Al revisar los casos registrados en los últimos cinco años, los investigadores encontraron que San Luis se colocó en el segundo lugar nacional en la prevalencia de la “ideación suicida” (ideas y deseos) entre los jóvenes, después de Michoacán, y el segundo en intentos, luego de Tabasco.
“Lejos ha quedado la idea de que las mujeres recurren más a los barbitúricos que los hombres, esto con la finalidad de sentir menos dolor, y por lo mismo sería más seguro que fracasen las mujeres que los hombres en su intento. Lo cierto es que las mujeres recurren ahora a la asfixia por suspensión con la intención de no fallar… y también es importante que (un porcentaje de ellas) están recurriendo a las armas de fuego o blancas”, apunta el informe potosino presentado por el investigador Gustavo Aviña Cerecer.
Eso no sucede sólo en San Luis Potosí. En Puebla, el suicidio se incrementó en 38.9% entre 2010 y 2011. Se elevó en más de 60% entre los menores de 15 años y se duplicó entre personas de 20 a 24 años. Pero entre mujeres, la tasa se disparó 253.5%.
Del 1 de enero al 8 de julio de este año, la capital poblana registró un suicidio casi cada 36 horas.
“Frente a la incertidumbre surge el desánimo. Más que señalar que la actual juventud es apática y poco comprometida, se requiere analizar e implementar los espacios sociales de desarrollo y crecimiento que en la sociedad actual tienen los jóvenes”, concluye el estudio de campo titulado Una aproximación a la conducta suicida en Puebla 2010-2011.
En una de las sesiones de trabajo, la maestra Isabel Stange Espínola, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reclamó a sus colegas porque, dijo, es lamentable que un grupo tan amplio de psicólogos “no hable con suficiente fuerza de los problemas de violencia que están por todo el país”.
Se preguntó: “Qué está ocurriendo? ¿Nos estamos insensibilizando? No son estadísticas, cada caso es una persona… Mientras exista hambre, un grado de violencia de esta naturaleza y la población no se prepare en el ámbito educativo para enfrentar estas situaciones adversas, el suicidio va a seguir incrementándose…”.

Indiferencia

La palabra “desesperanza” fue citada en varios de los estudios que se presentaron en el foro, todos actualizados a la última década; todos incluyen también un dato abrumador: México registró un incremento de suicidios cuatro veces mayor al resto de los países de América Latina.
Quetzalcóatl Hernández sostiene que, ante este fenómeno, no hay política pública que valga… porque no existe.
Aun cuando en el sexenio de Vicente Fox el suicidio figuró como un problema de salud pública prioritario en su plan sexenal, desapareció del programa de desarrollo sanitario del gobierno de Felipe Calderón.
“Vaya, ni siquiera la salud mental. En el plan de salud aparecieron otros, como la violencia escolar o el uso de sustancias, pero no el suicidio. Los esfuerzos que se hacen generalmente provienen de fondos de investigación. Finalmente son cuestiones federales y en última instancia del erario, pero no hay una política pública como tal”, dice el especialista.
Aun así, se han instrumentado medidas de emergencia, como en Guanajuato en 2007, cuando la Secretaría de Salud estatal estableció una línea telefónica de prevención del suicidio (01800290024), pues en mayo de ese año 93 personas se habían quitado la vida, 39 de ellas en la ciudad de León.
En la última reunión internacional de las asociaciones de suicidología se mencionó la omisión del gobierno calderonista. “México tuvo que decir que no hay aquí una estrategia nacional, una política; no sólo de esto, sino en materia de salud mental en general”, expuso el entrevistado.
Dice que, en febrero pasado, fue decretada la primera Ley de salud mental en el país, cuya vigencia inicial es sólo para el Distrito Federal. “Imagínate cuánto tiempo tendrá que pasar para que en México haya una ley que diga: ‘en las secundarias y las preparatorias, así como hay una evaluación de admisión, habrá también una evaluación que nos permita identificar a aquellos jóvenes en riesgo’”, señala el suicidólogo.
Conocedores de que los deseos de quitarse la vida pueden aparecer en los niños de quinto o sexto grado de primaria, los especialistas aconsejan estar cerca de ellos en las escuelas. “Hay muchos directores y maestros que colaboran y nos dicen que les hace mucha falta. Pero no hay la política pública que nos dé el espacio formal para hacer esta evaluación”, insiste el entrevistado.
Ni siquiera porque, en términos de costo-beneficio (concepto también aplicable a la salud), la atención a la incapacidad, la inasistencia y las cuestiones laborales por la depresión y el suicidio es mucho más cara que atender enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, expone Hernández Cervantes.
En el caso de una persona adulta, los parámetros son distintos. Por lo general hay una pareja, hijos, una contribución económica, el trabajo. Y comenta: “Una vez me hicieron la observación de los recursos que pedía para un proyecto con muchachos. Respondí que si podemos hacer que un solo niño no se quite la vida, vale la pena todo ese esfuerzo y dinero”.
El impacto social de otra dolorosa estadística así lo revela. Las dos primeras causas de muerte entre los jóvenes del país están ligadas a la violencia: los accidentes automovilísticos y los suicidios.
“Nuestros jóvenes menores de 20 años están muriendo de forma violenta, ya sea de propia mano o en casos que nosotros decimos que son situaciones autodestructivas. Tan sólo en la primera causa, los accidentes automovilísticos, muchos de éstos ocurren bajo un ambiente impulsivo desencadenado por uso de alcohol. Finalmente son muertes violentas.”
–¿Cómo están revisando los suicidólogos la participación de los jóvenes en la violencia?
–No soy un experto en violencia social, pero por lo que he vivido y he platicado con otros colegas, de fondo hay un asunto de desigualdad. Una desigualdad económica, social, cultural tan enorme en la población mexicana hace que seas vulnerable, que vivas fuera de la oportunidad. Cuando en esa desigualdad no puedes ir a la escuela, no tienes la oportunidad de elegir, obviamente hay que subsistir.
Enfocado a la psicología pediátrica –e impulsor de la suicidología en menores de 18 años–, Quetzalcóatl Hernández aclara que no pretende justificar la incursión de los jóvenes en los grupos o actividades delictivas o con el crimen organizado. Pero, insiste, un país con tantos contrastes, buenos y malos, mucho explica el origen de este fenómeno.
Para la población adolescente, los parámetros actuales bien se podrían resumir en algo así como; “estudia muchos años y al final no tienes empleo, y por otro lado te ofrecen lana por hacer cualquier cosa”.
Y entonces, explica el entrevistado, el fondo de los problemas no estriba en si el adolescente incurre en las conductas delictivas, sino en qué tanto se siente identificado con su familia, o tiene un sentido de vida, o siente que en su país puede hacer algo.
Hoy prevalece una desesperanza que, por ejemplo, “tiene que ver con el hecho de que no se sabe si se podrá vivir mucho tiempo”, o con la fragmentación de las familias por la migración a Estados Unidos o a otros sitios.
“El suicidio no sólo tiene que ver con el estado de ánimo, con los factores psicológicos. Tiene que ver con nuestro entorno económico, que hace que las familias se desintegren. Y la suicidología no es solamente la sicoterapia, tiene que ver con estos otros determinantes de salud, de salud mental, que tampoco están muy en control de la familia”, señala Hernández Cervantes.
Dice que actualmente elabora un estudio sobre violencia escolar y suicidio desde la visión de los niños. En principio se ha encontrado con chicos ansiosos de que alguien se les acerque y les pregunte cómo están.
“Los maestros y los directores nos dicen: ‘¡Qué bueno!, porque no sabemos cómo responder’; con frecuencia los papás son los más perdidos en este asunto”, dice en referencia a esta investigación.
En esta otra óptica para abordar el fenómeno, están los niños que se quedaron con culpa “porque sus amigos les hicieron jurar que no le dirían a nadie de su intención de muerte”.
En el trabajo de campo para este estudio, Hernández se ha encontrado también con la transformación del juego en la infancia; de policías y ladrones al secuestro, al levantón, al sicario.
“Cuando elementos como el tiroteo, el desfile de patrullas, el secuestro se convierten en lo cotidiano, no es tan difícil entender la emergencia ni la desesperanza”, dice Hernández Cervantes.
Y concluye: “Eso supone que nos estamos habituando a la violencia y no me parece que ningún ser humano tenga que habituarse a ella”.

Milicia: altos mandos de lujo, pensionados de hambre

Unos 70 mil militares en retiro sobreviven con pensiones de hambre, mientras que los sueldos de 11 altos funcionarios de las secretarías de Marina y Defensa superan los 19 millones de pesos anuales. Los privilegios para la elite incluyen dos seguros por 7 millones para cada uno. “Somos discriminados por el mando supremo”, señala la tropa retirada. Sin embargo, las diferencias se observan incluso en la cúpula: en plena “guerra” contra el narcotráfico, tres marinos ganan más que el general Guillermo Galván.

Nancy Flores

Seis altos funcionarios de la Secretaría de Marina Armada de México y cinco de la Defensa Nacional cuestan al erario 19 millones 220 mil 680 pesos al año, sólo por sueldos y compensaciones garantizadas netas. En lo individual, éstas oscilan entre 1 millón 300 mil y 1 millón 700 mil pesos. Se trata de la cúpula militar mexicana.

La manutención de los 11 militares de alto rango incluye dos onerosos seguros: el institucional, que supera los 6 millones de pesos por cada uno, y el de vida, por más de 1 millón de pesos. Por el contrario, más de 70 mil militares en retiro sobreviven con pensiones que van de los 24 mil a los 120 mil pesos anuales (menos del 10 por ciento de lo que perciben los 11 mandos).

Pero hasta en la cúpula hay diferencias: tres marinos ganan más que el secretario de la Defensa Nacional, revela información oficial hecha pública por ambas instituciones en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

El mejor pagado de los 11 es el secretario de Marina. Al año, Mariano Francisco Saynez Mendoza obtiene 1 millón 723 mil pesos netos como sueldo base y compensación garantizada. A este monto le suma otros 44 mil pesos de aguinaldo y una prima vacacional anual equivalente a 20 días del haber. Además, cada mes cobra 96 pesos por “Previsión social múltiple” y 77 por “Ayuda para despensa”.

En el segundo peldaño, le siguen el subsecretario de Marina, Jorge H Pastor Gómez, y el oficial mayor de esa misma institución, José Máximo Rodríguez Carreón, con sueldos base y compensaciones garantizadas por 136 mil 640 pesos netos mensuales: 1 millón 639 mil 680 al año.

Hasta el tercer sitio se ubica el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván. Y es que el cuarto militar mejor pagado obtiene 1 millón 499 mil 547 pesos anuales por sueldo y compensación garantizada; esto es, 140 mil 133 pesos menos que los subalternos de Saynez Mendoza. Por gratificación de fin de año, el general recibe 44 mil pesos.

Galván Galván también tiene derecho a gastar, al año, 10 mil 800 pesos del erario en comida; su “Ayuda para despensa” es por 100 pesos mensuales y también cuenta con una “Prima vacacional” por 20 días de haber anuales.

Pero ésas no son todas las prestaciones. El almirante Saynez Mendoza, el general Galván Galván y sus nueve subalternos cuentan con un seguro institucional por 6 millones 879 mil 973 pesos, y uno de vida, por 1 millón 324 mil 908 pesos. Sobre estos seguros, el capitán Enrique Ponce de León, director de Atención a Prensa y Medios de la Secretaría de Marina, explica a Contralínea que sólo serían cobrados por las familias en caso de que el beneficiario falleciera.

El puñado de funcionarios, cuyo sueldo supera el millón de pesos anual, incluye al subsecretario de Defensa, al oficial mayor de la Sedena, a los inspectores, jefes del Estado Mayor y comandantes de Marina y Defensa, de acuerdo con su propia estructura institucional.

Pensiones miserables

Con sus sueldos y prestaciones, la elite militar está lejos de pasar las penurias que enfrenta el viejo Conrado Juan Crispino. “Nosotros seguimos siendo militares aunque estemos en situación de retiro. ¿Por qué somos discriminados? Somos los que ganamos menos que cualquier otra persona jubilada. ¿A poco el señor secretario, a poco el señor presidente van a mantenerse con estos sueldos?”.

El sargento primero de infantería retirado, de 70 años de edad, narra una historia que se repite por miles entre los soldados y marinos retirados. “Estoy pagando un préstamo y por eso ahorita gano 2 mil 600. Sin los descuentos, en total deben ser 4 mil 330 pesos. Ésa es una mensualidad que no alcanza para nada, ni para comprar, pagar renta ni nada de eso”.

Resume su desgracia, que en su vejez lo lleva a emplearse como guardia de seguridad privada para poder costear sus gastos y los de su familia: “Nosotros nos acabamos la vida en el Ejército”. Agrega: “Esta miseria en un año o dos no va a servir para nada. Ahorita no puedo pagar mi renta. Metí el préstamo y ya no me alcanzó para pagar. Si pago toda la renta no voy a comer”.

Al igual que aproximadamente 70 mil militares retirados, Conrado cobra su pensión en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

La misión de esa dependencia es “proporcionar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los militares en activo, situación de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, con un alto grado de calidad y conforme a las normas legales vigentes”. Nada, para los retirados, se cumple a cabalidad.

La situación de los retirados respecto de los activos parece humor negro. Las condiciones de vida del general de división José Armando Tamayo Casillas, director general del ISSFAM, se asemejan a las del grupo de los 11 militares de alto rango. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, sus percepciones netas al mes ascienden a 125 mil 57 pesos, 1 millón 500 mil 684 anuales.

Pobreza y engaños

En las Fuerzas Armadas algo está claro: los sueldos millonarios no son para todos. El regimiento de militares en retiro y en pobreza suma decenas de miles. Cansados de los engaños, expresan, algunos desobedecieron la llamada “disciplina militar” y del 12 de febrero al 12 de julio de 2011 montaron un inusitado campamento en el Zócalo de la ciudad de México. Una humilde carpa blanca protegió de las inclemencias del tiempo a los agremiados de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac). Al tiempo, la dignidad veló por ellos en momentos en que arreciaron las amenazas proferidas lo mismo por militares en activo que por otros retirados.

A cinco meses de resistencia, los ancianos levantaron el Campamento de la Primera Reserva pero su lucha no ha terminado: los mandos siguen beneficiando solamente a aquellos soldados y marinos enrolados en la “guerra” contra el narcotráfico. Incluso, esperan montar un nuevo campamento para exigir respeto a sus derechos.

De los beneficios económicos a favor de la milicia –generados en el contexto de la “guerra”–, a ellos no les tocan ni migajas. Peor aún, señalan, se les roba con dolo lo que por ley les corresponde.

De acuerdo con la Femirac, la iniciativa del Poder Ejecutivo enviada al Congreso de la Unión el 21 de junio pasado, “que debía hacer justicia a los militares retirados que sirvieron a la nación entre 20 y 29 años, no responde a lo anunciado públicamente por el mando supremo”. Los retirados en esa condición son los más perjudicados, pues desde la década de 1990 no han tenido ningún tipo de apoyo económico ni compensación garantizada.

La Federación critica que se rompió el compromiso –hecho por el presidente Felipe Calderón el 19 de febrero pasado– de incrementar en forma proporcional el 50 por ciento a los haberes de retiro a razón de 1 por ciento por cada año, de acuerdo con el tiempo de servicios, hasta llegar al 59 por ciento en el caso máximo.

La Femirac acusa que esto se incumple en la iniciativa: ese 50 por ciento lo fragmenta a lo largo de 10 años. De esta manera, el personal de la tercera edad deberá contar con la suerte de mantenerse con vida, para poder recibir año con año un 5 por ciento de incremento en su haber de retiro hasta 2020.

“La superioridad continúa discriminándolos. Omite su obligación de mantener alta la moral de las tropas y no da cumplimiento a lo que ordena la Ley del ISSFAM en su artículo 23, que procura vida digna para quienes sirvieron a la nación por toda una vida; por tanto, deben ser justamente valorados y recompensados porque son un ejemplo de valor y coraje en la lucha por la construcción de un México más fuerte y porque es, además, una responsabilidad de carácter internacional, tal como asevera enérgicamente el propio alto mando en la exposición de motivos de su iniciativa entregada al Congreso de la Unión”.

El general brigadier retirado Samuel Lara Villa, presidente de la Femirac, señala: “La ley del ISSFAM no la hicimos nosotros, la hizo el Congreso de la Unión, y en su reglamentación está determinada una vida digna para los militares retirados, y señala en su actual artículo 23 que las percepciones de éstos deben ser incrementadas en la misma proporción y al mismo tiempo que al personal del activo. Eso nunca se ha llevado a cabo”.

Agrega que las autoridades en lugar de procurar por sus retirados, le aumentan al activo por otros canales. “Buscan, mañosamente, que no lleguen a los retirados esas percepciones que van a dar al activo. Eso es lo que más indigna porque se ve la intención de hacernos a un lado, de humillarnos. Por eso reclamamos justicia”.

En entrevista con Contralínea, ejemplifica su acusación: “Los bonos que dieron al personal del activo a fin de año fueron por debajo de la mesa, para que los demás no se dieran cuenta. Pero cómo no va uno a darse cuenta si todavía tenemos tantos excompañeros en el activo. De ese bono que determinó el gobierno federal otorgarle a todos los trabajadores al servicio del Estado a nosotros no nos llegó nada. Reclamamos porque se les olvida que seguimos siendo parte de las Fuerzas Armadas. Estamos en una situación de retiro, pero seguimos sujetos a las leyes militares y se los recordamos”.

Agrega que pareciera que hay una “tubería” directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el personal de servicio activo: “Les llegan aumentos, becas, compensaciones garantizadas, bonos… Y a nosotros no nos llega nada. Cuando se acuerdan de nosotros y nos quieren dar algo hacen una iniciativa que se va a las comisiones legislativas y de ahí sube a la asamblea, se discute en el pleno y después sale en la gaceta. Es un camino largo para que a nosotros nos llegue un beneficio y luego con condiciones, fraccionado”.

Sobre el campamento que mantuvieron durante cinco meses, Lara Villa indica que hasta ese tipo de resistencia “nos han empujado las autoridades, que tienen la obligación de velar por los que fueron sus subordinados, por la tropa, por los mandos medios, por la gente que está en situación de retiro”.

Explica que durante los 12 años de vida de la Federación, nunca fueron resueltas sus demandas. “Agotamos nuestras instancias internas hasta llegar a la última, que para nosotros es el mando supremo. Queremos que, como mando supremo, la Presidencia de la República nos atienda”.

Servicios médicos deficientes

Las diferencias entre la elite militar y los retirados son profundas. Mientras el director general del ISSFAM cuenta con un seguro de gastos médicos por 573 salarios (mínimos generales mensuales), para los militares en situación de retiro ni siquiera los servicios médicos funcionan de manera adecuada.

“Uno va al Hospital Central Militar o a la Unidad de Especialidades Médicas y el médico obviamente da la receta; entonces uno pasa a la farmacia y no hay medicamentos. Ahí dicen, esta pastilla se la dejamos pendiente, venga el martes. Uno va desde lejos, desde donde uno vive a la farmacia y resulta que el martes no está aún el medicamento; entonces dicen que para el viernes, y tampoco lo tienen. Yo tengo hipertensión arterial, tengo que tomar el medicamento porque si no siento que me falta el aire, entonces tengo que comprarlo porque a mí me interesa mi salud”, explica el capitán de infantería retirado Luis Martínez Sánchez.

—¿Y le alcanza con su pensión?

—Gano 9 mil 800 pesos mensuales. Pero mi esposa no trabaja, está grande y muy enferma. Además, sufro la hipertensión arterial que me apareció a raíz de la operación de rodillas, que me hicieron con platino y titanio. Entonces con lo que gano no completo. Mi esposa necesita zapatos, tengo que pagar el teléfono, la luz, el impuesto predial, el agua… Todo sale de ahí, de lo que uno gana, y pues no completo. He tenido que recurrir a los préstamos de Banjercito, que es el banco que se encarga de manejar nuestro dinero. Esos préstamos los descuentan por mes, y con el descuento recibo 6 mil 500 pesos en lugar de los 9 mil 800. Con esa pensión no se puede comer, no se puede vivir bien. Un salario para vivir a medias sería, mínimo, de 500 pesos diarios.”

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la oficina del coronel Ricardo Trevilla Trejo, director de Comunicación Social. A pesar de las gestiones hechas durante más de un mes, hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

La voz de los olvidados

Integrantes de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC, narran a Contralínea algunas de las urgencias que enfrentan:

• General brigadier retirado Samuel Lara Villa. “Un capitán primero de caballería retirado con 27 años de servicio gana 5 mil 700 pesos mensuales. ¡Con esa antigüedad! Imagínese cómo está la tropa: 1 mil 200, 1 mil 300 pesos. La diferencia está muy marcada: [el activo con ese rango estará ganando] unos 27 mil. Es abismal. El soldado raso activo gana 9 mil al mes, más que el que fue capitán (…) En cuestión de la vida militar, no me quejo y estoy seguro que mis compañeros tampoco: nos gustó la vida militar y ahí está la demostración, nuestros expedientes están a la vista de quien los quiera estudiar. Trabajamos y estuvimos en los cuarteles y fuimos a la sierra y fuimos adonde nos mandaron y cumplimos con todo. Lo que no nos parece, lo que indigna es el trato que nos están dando. Ahora nos discriminan”.
• Capitán de infantería retirado Luis Martínez Sánchez, 70 años. “Soy retirado. Esto no quiere decir que en todos los retirados haya discriminación, pero me consta a mí. En la Ley del ISSFAM determinan que el retirado es aquel que cumple de 20 años en delante de servicio para el Ejército; pero no cumplen con los requerimientos económicos, por ejemplo, está escrito en el artículo 31 que los retirados con más de 30 años de servicio se les da un 60 por ciento más de retiro. ¿Por qué no lo hacen con los de 20 a 29 años? A mí me ajustaron con 29 años y 27 días. Esto no quiere decir que hubiera hecho menos tiempo de servicio, sino que en operaciones cometí un error que me trajo consecuencias: estuve encerradito en la prisión militar y me quitaron ese tiempo de antigüedad. Por eso no llegué a los 30 años. Yo veo, dentro de mi ignorancia, que hay discriminación porque para mí, si yo leo que retirado es de 20 años en adelante, se supone que tenemos los mismos derechos. Ésa es una discriminación”.
• Teniente de fragata de comunicaciones navales retirado José Luis Méndez Rivera, 75 años. “Es doloroso saber que tenemos carencias. En el plano de los beneficios que nos otorga la ley, no pedimos nada más, sólo que se cumpla el espíritu del artículo 31 de la ley que nos rige. Hay una cosa dolorosa que se nos expresó, que lo considero como una discriminación: un general, en una reunión que tuvimos en el ISSFAM, nos dijo ‘el Ejército que ustedes dejaron hace 20 años es diametralmente opuesto al actual’. En nuestro tiempo, fuimos elementos que le permitieron a todos esos funcionarios que ahora son los que mandan en el país, que estudiaran; ellos eran estudiantes cuando nosotros proporcionábamos un alto grado de seguridad y manteníamos el statu quo, manteníamos la respetabilidad de las Fuerzas Armadas, éramos profesionistas, gente que luchaba y batallaba siempre por el bienestar del pueblo y acudíamos en su ayuda cuando así lo requerían en caso de emergencia. Entonces, no pedimos nada que no sea lo que está establecido en la ley. Eso debe de quedar muy claro, porque si nos dicen que nos van a dar un dinero cuando haya para los retirados… Ya fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia, a la Cámara de Diputados, al ISSFAM, ya nos pronunciamos de diferentes maneras y esperamos que alguien nos diga ‘vengan para acá’. Sí nos llamaron en una ocasión, pero para decirnos que había una casa de retiro”.
• Exsargento segundo de transmisiones Gregorio Hernández Méndez. “Me corrieron [del Ejército] porque no estuve de acuerdo con las órdenes. Es mentira que los gobiernos priístas manejaron distinto al Ejército, lo manipularon como hasta ahorita. A mí me tocó cuando Lucio Cabañas. [Nos ordenaron] combatirlo porque era guerrillero, pero el señor no era guerrillero, era un luchador social. Lo que él pedía, parece que me acuerdo, es que se cumpliera la ley del artículo tercero: que la educación la subsidiara el Estado; es lo que pedía él. Pero como se friegan el dinero para el gobierno fue un guerrillero. Entonces por eso yo no le quise seguir. Ahora apoyo a los que reciben una pensión o jubilación, porque como militar retirado me solidarizo con ellos para que les den los servicios que dice la ley del ISSFAM”.
• Teniente de navío Andrés Jiménez Rodríguez, 79 años. “Estuve 25 años en el servicio y para completar los 30 me dieron cinco años más de perseverancia. Por eso me dieron los haberes completos, que al mes son 8 mil pesos. Eso es muy poco realmente. Le estamos solicitando al gobierno que nos aumenten de acuerdo con el sueldo de los activos. Es lo que teníamos antes, entonces nos quitaron a nosotros una parte y nos dejaron con menos. Con puros haberes”.
• Militar retirado Jaime Castro Torres. “Queremos que no sean injustos con las personas que con todo el corazón servimos al Ejército. Ahora nos hacen menos, con un gesto de desprecio que no nos merecemos. Lo único que buscamos es que sean justos con todos, así como nosotros servimos para poder librar a los que estaban en aquella época pequeños. Yo entré casi después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros cuidamos la patria para que todas esas personas que ahora tienen un puesto, que son senadores, diputados u otros puestos superiores, se levantaran, y no es justo que ahora nos paguen con este tipo de injusticia. Esperemos que estas peticiones de justicia las tomen en consideración para una vida más digna para nosotros”.
• Exsargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez. “Soy exmilitar. Mi caso fue muy diferente porque yo fui dado de baja injustamente cuando llegó el señor Vicente Fox [a la Presidencia]. Él ordenó una purga y quien no era católico se fue a la calle, sólo por el hecho de no serlo”.
• Subteniente retirado Carlos Sierra. “Me retiré con el 68 por ciento de lo que yo ganaba, porque nada más serví 23 años. Entonces, en los aumentos que vienen es 68 por ciento al que yo tengo derecho conforme a la ley, pero no nos aumentan. Entonces la pregunta que me hago es ¿por qué a nosotros no? Si también servimos al Ejército, también nuestras familias sirvieron, nosotros sufrimos, dejamos la juventud, yo ahí dejé la mía. Entonces, ¿por qué si la misma ley lo dice no la cumplen? No estoy en contra del gobierno ni en contra de mis superiores; no, al contrario, les hago un llamado para que tomen conciencia y vean que también servimos a la nación. Ellos algún día van a estar en situación de retiro y quizá como ganan bien no les va a interesar, pero por lo menos que hagan conciencia con nosotros de que le prestamos el servicio a la ciudadanía y al Ejército; y que reconozcan que si la ley nos está amparando, pues que entonces no nos abandonen. En 2009 dieron aumentos a los retirados con 30 años de servicio y un bono de 8 mil o 9 mil pesos y a nosotros nada: de 20 a 29 años no nos han dado nada de eso. Ni el aumento ni los bonos”.
• Teniente retirado Tolentino Hernández. “Soy recientemente retirado. Cumplí 51 años [de edad] y entonces, automáticamente, ellos tramitaron mi retiro con grado de teniente, para efectos de pago. Lo que no me parece es que me fui con 28 [años de servicio] y que otros compañeros se están yendo con 30 años, y [mientras ellos se van] con 13 mil pesos mensuales o más, a mí me mandaron con 8 mil pesos. ¿Qué son dos años? No sólo eso: la ley dice que el bono de fin de año es para todos los militares, no dice que es simplemente para el personal activo, porque todos le servimos a la nación, todos le servimos al pueblo. En este otro punto la verdad no estoy de acuerdo. Ahorita la luz, el agua, el predio, teléfono, lo que sea, ahí se va casi la mitad de la pensión. No es suficiente y da coraje porque son dos años que no me dejaron cumplir”.

Acoso contra militares en resistencia

Por estar en resistencia, los soldados y marinos afiliados a la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac), sufren el acoso de la autoridad, por diferentes vías. Para demostrar lo que denuncian, entregaron a Contralínea la copia de un citatorio girado por la Procuraduría General de Justicia de Militar contra el general brigadier retirado Samuel Lara Villa.

Se trata de la primera forma de amedrentamiento vivida por los militares retirados durante el plantón que mantuvieron en el Zócalo capitalino del 12 de febrero al 12 de julio pasado.

Con el número de folio AP-VI-15227, y fechado el 18 de marzo de 2011, la justicia castrense requirió al presidente de la Femirac para que explicara el por qué de todas las movilizaciones que esa asociación civil llevaba a cabo.

El abogado de la Federación, Francisco Torres, explica que se trató de un claro proceso intimidatorio. Otras formas de acoso, señalan los militares consultados, ha sido el que ejercen asociaciones civiles cercanas a la cúpula militar y militares en activo.

Revista Contralínea 248 / 28 de agosto de 2011

¿Seguridad nacional?

Desfiladero

Con veladoras, habitantes de Monterrey exigieron ayer que termine la violencia luego de que el pasado jueves un comando incendió el casino Royale, con un saldo de más de 50 muertos.

Jaime Avilés

Si en estos momentos ya estuviera vigente la Ley de Seguridad Nacional, reformada tal y como la quieren los diputados del bloque PAN-PRI-Chuchos-Panal-Verde Ecologista, Felipe Calderón podría ordenar –mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación– la suspensión de las garantías individuales, por ejemplo, en Monterrey, tras el ataque al casino Royale, donde el jueves murieron decenas de personas.

¿Cómo se traduciría esto en los hechos? Habla Enrique Ibarra Pedroza, miembro de las comisiones de Gobernación y Defensa de la Cámara de Diputados, y dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco.

–El Ejército podría tomar el control de Monterrey; entrar a los domicilios particulares sin orden de juez, detener a transeúntes y automovilistas en la calle, incomunicar a cualquier ciudadano hasta por 24 horas y obtener información de la manera que considerara más eficaz.

–¿La Ley de Seguridad Nacional legalizaría la tortura?

–No solamente. Haría legal todo lo que es ilegal.

–Pero las fuerzas armadas ya están haciendo todo esto: ponen retenes, matan civiles inocentes y los presentan como sicarios, como ocurrió a tres profesionistas en Jalapa; los policías entran a las casas rompiendo todo, como le pasó a Efraín Bartolomé en el DF, o como les sucede a los más pobres en el estado de México o en Tamaulipas; marinos uniformados se llevan a plena luz del día a tres miembros del Frente Democrático Campesino, en Campeche, y los desaparecen.

“Los altos mandos –señala el diputado Ibarra Pedroza– están presionando para que se apruebe la ley porque les preocupa el futuro. Los abusos que tropas y mandos medios cometen actualmente están tipificados como crímenes de lesa humanidad, y estos delitos pueden ser juzgados hoy, mañana o dentro de 20 o 30 años, porque no prescriben. En pocas palabras, los altos mandos temen que más adelante, cuando las circunstancias cambien, un tribunal los juzgue y los condene”.

–¿Entonces, quieren que se aprueben las reformas a la ley para usarlas como disculpa, como atenuantes, para pretextar que sólo cumplían órdenes si llegan a ser juzgados?

–Sí, pero no olvidemos que en México los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. Y de acuerdo con ellos, los militares también pueden ser juzgados y condenados por tribunales internacionales.

Como legislador federal e integrante de la bancada de Morena, Enrique Ibarra ha dado una eficaz y discreta batalla jurídica en las comisiones a las que pertenece, a fin de evitar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, por las que ya votaron en favor, en lo general, senadores y diputados de todas las fuerzas políticas, menos la que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

–¿En qué consisten, exactamente, las reformas que están pendientes de ser discutidas y aprobadas en lo particular?

–La reforma tiene dos ejes. Uno propone modificar el artículo 129 constitucional, que señala que en tiempos de paz, las fuerzas armadas permanecerán en sus cuarteles. Si la reforma entra en vigor, las fuerzas armadas estarán facultadas para realizar tareas de seguridad interior fuera del marco jurídico vigente. El otro eje tiene que ver con el artículo 29, que se refiere a la suspensión de las garantías individuales. La última vez que se suspendieron en México fue durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ante una situación como la de Monterrey, el Ejecutivo podría declarar a esa ciudad como zona de afectación, o sea, suspender las garantías individuales, y para ello sólo tendría que publicar un decreto en el Diario Oficial.

–Pero como nadie lee el Diario Oficial, sería casi un decreto clandestino.

–Exacto. Además, los militares que quedaran encargados de esa zona de afectación tendrían que dar cuenta de sus actos al Congreso, pero solamente por escrito y mucho tiempo después de haber intervenido.

–¿Como un trámite burocrático?

–Cumplirían con la ley si mandan su informe a la Cámara de Diputados y lo meten por oficialía de partes. Esto es incompatible con una sociedad democrática. No nos engañemos: se pretende legalizar una dictadura militar.

–¿Las reformas a la ley se aprobarán el mes próximo?

–No lo sé, pero el asunto es muy grave, y como miembro de la Comisión de Defensa, en varias ocasiones he planteado que los secretarios de Defensa y Marina comparezcan ante el pleno del Congreso. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Gozan de fueros especiales?

¿Llegó Spielberg?

Atrás quedaron los tiempos en que Genaro García Luna montaba modestos espectáculos, como la captura de Florence Cassez o la supuesta detención de La Barbie. Ante el fracaso de sus telenovelas, la inminente llegada del nuevo representante de Hillary y los acuerdos secretos dictados por Obama a Calderón, que ahora permiten y hacen visible la abierta intervención militar de Estados Unidos en México, García Luna al parecer fue sustituido por una especie de Spielberg del terror en 3D, que ha comenzado a trabajar intensamente.

Si esta hipótesis se confirma, su debut se produjo el sábado pasado en el estadio Corona, de Torreón, donde miles de aficionados fueron víctimas del pánico causado por pistoleros invisibles. Al día siguiente sobrevino una balacera en un centro comercial de Morelia. Ambas noticias dieron la vuelta al mundo.

Luego, en Tepic, fue asesinado un nieto de Ricardo Pozas Horcasitas; en Veracruz, mensajes de Twitter impulsaron a miles de madres de familia a sacar a sus hijos de las escuelas; en Ciudad Juárez, unos matones que iban pasando por una avenida dispararon porque sí contra un grupo de personas que esperaban el camión, y en Culiacán fue asesinado Humberto Millán, periodista que incomodaba al gobernador Malova. Entonces, como cereza del pastel, seis paramilitares provocaron la matanza de Monterrey.

Cinco estados donde el supuesto Spielberg aplicó la magia de Hollywood son gobernados por el PRI (Coahuila, Veracruz, Nayarit, Chi- huahua y Nuevo León) y dos por el PRD (Michoacán y Sinaloa, donde cogobierna, pero no cuenta, el PAN). En el caso de Nuevo León, la moraleja es obvia: el gobernador Rodrigo Medina, que vive en McAllen, Texas, y despacha por teléfono, pero es menos que un cero a la izquierda, tiene que renunciar, pero Peña Nieto no lo deja, porque si se va antes de octubre habría nuevas elecciones en la entidad, y no sólo arrasaría el PAN, sino que los votos para el copetón mexiquense en aquellos desiertos del noreste serían mínimos.

Por lo tanto, la población de Monterrey tal vez seguirá sufriendo ataques que huelen a terrorismo de Estado, como el del casino Royale, hasta que Medina se vaya. Y lo mismo pueden sufrir los michoacanos, hasta que se convenzan de que su martirio acabará si, y sólo si, eligen gobernadora a Cocoa Calderón Hinojosa.

Lo otro, lo obvio, fue lo que dijo Poiré al leer un comunicado en Los Pinos sobre la matanza de Monterrey: ojalá que el Congreso apruebe, por fin, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Con las palabras de su vocero, el régimen firmó los charcos de sangre que se espesan por todo el país.

jamastu@gmail.com

Semar abandona costas y mares mexicanos

Omisiones de la Armada de México provocan que el país incumpla 28 tratados internacionales en materia de medio ambiente. En aguas y costas mexicanas se vierten desechos tóxicos sin ningún control, mientras la Secretaría de Marina no puede acreditar la vigilancia y protección de los ecosistemas costeros. Marinos, más ocupados en misiones de “apoyo al turismo” y en actividades de tierra de “combate al narcotráfico”, reconoce la Semar. Asegura que las faltas son “administrativas” y rechaza que la Armada sea incapaz de cumplir con sus obligaciones constitucionales. Sin embargo, acepta que la institución necesita más recursos económicos, materiales y humanospara observar todos sus compromisos.

Zósimo Camacho / Ruth Roque

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encuentra que la institución militar encargada de proteger los recursos marítimos y, entre otras misiones, prevenir la contaminación en costas y mares mexicanos no cumple con una de sus funciones sustantivas. El dictamen del máximo órgano de fiscalización respecto a la auditoría de desempeño 09-013100-1094, aplicada a la Secretaría de Marina (Semar), resultó negativo. Las omisiones de la Armada de México provocan que el país incumpla 28 tratados internacionales y que se viertan desechos tóxicos sin control en aguas mexicanas.
—Nos sorprendieron con los dedos en la puerta –reconoce el contralmirante Juan Guillermo Fierro Rocha, presidente de la Comisión de Estudios Especiales del Estado Mayor General de la Semar–; y ante cualquier cosa que hagamos nos conducimos con la verdad. Sea cual sea ésta, tenemos que decir la verdad, porque estamos convencidos de que si decimos una mentira ésta nos va a encadenar a otra para sostenerla, y al rato se va a hacer un desastre que no se va a poder justificar.
En entrevista con Contralínea, el contralmirante del Cuerpo General de la Armada de México dice que la Semar no rechaza ninguna recomendación y acepta que la dependencia ha incurrido en “faltas administrativas”. Sin embargo, asegura que la vigilancia en las zonas costeras se ha realizado de manera rigurosa, sólo que no se elaboraron los informes correspondientes.

“Sólo somos 50 mil marinos”

México es uno de los países costeros más importantes del mundo. Por extensión marítima, ocupa el noveno lugar de una lista de 130 países. De acuerdo con el Programa sectorial de marina 2007-2012, elaborado por la Semar en 2007, el mar territorial (“sobre el cual México ejerce soberanía absoluta”) y la zona económica exclusiva (“en la que se ejercen derechos soberanos en cuanto a la explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales contenidos en la masa de agua, lecho y subsuelo marino”) suman una superficie de 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados. Así, el área de vigilancia de la Armada de México equivale al 159.68 por ciento de la superficie terrestre (a cargo del Ejército Mexicano): 1 millón 972 mil 550 kilómetros cuadrados.

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Irregulares, compras de la Semar en el extranjero: ASF

La Secretaría de Marina mantiene un diferendo con la Auditoría Superior de la Federación en el que también están involucradas las secretarías de la Función Pública y de Hacienda. Para el máximo órgano de fiscalización del país, la Semar violó dos leyes federales y sus respectivos reglamentos al celebrar contratos multianuales sin autorización. Varios de los convenios amparan la adquisición en el extranjero de “bienes” que se utilizan en la “guerra” contra el narcotráfico, y que se resguardan en una bodega ubicada en Estados Unidos. Las dependencias federales justifican la legalidad del procedimiento en una norma interna de la Marina que tiene carácter de “reservada”. Las compras en entredicho ascienden a casi 320 millones de pesos.

Zósimo Camacho

La revisión de las cuentas de la Secretaría de Marina (Semar) provoca una controversia entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para el máximo órgano de fiscalización del país –dependiente de la Cámara de Diputados–, la Semar, la SHCP y la SFP no cumplieron con las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Público. Las secretarías del Poder Ejecutivo se amparan en una norma interna de la Semar. La diferencia de criterios involucra 319 millones 353 mil 900 pesos utilizados para comprar “bienes” en el extranjero que la Armada de México utiliza en el “combate al narcotráfico”.

Por el diferendo, funcionarios de las cuatro instituciones podrían sostener una reunión de alto nivel en los próximos días. La controversia se centra en los contratos celebrados por la Semar para adquirir bienes –entre los que se encuentran los que se almacenan en una bodega ubicada en Orange, Texas, Estados Unidos– que comprometen recursos de dos o más ejercicios fiscales sin que hayan sido autorizados por la Secretaría de Hacienda, señala la ASF.

La Semar –en entrevista con Contralínea– aclara que se trata de recursos de un solo ejercicio y que el procedimiento está amparado en una normatividad interna que, en su conjunto, tiene carácter de reservada: la Norma que Establece los Procedimientos para las Contrataciones de Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Servicios en el Extranjero Inherentes a los Programas Presupuestarios de Seguridad y Nacional de la Secretaría de Marina. El director General de Administración y Finanzas de la Semar, contralmirante José Manuel Rodríguez Aguilar, argumenta que la Norma fue expedida por la propia SHCP y fue validada por la Función Pública.

“La tranquilidad de la Secretaría de Marina es que esa Norma está suscrita por las autoridades hacendarias y por las de la Función Pública, que son parte del Poder Ejecutivo. La preocupación de la Secretaría de Marina es que la Auditoría Superior de la Federación no tiene el mismo criterio”, explica.

De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF practicó cinco auditorías a la Secretaría de Marina –entidad administrativa del Poder Ejecutivo que organiza y prepara a la Armada de México–. Las observaciones del órgano de fiscalización, realizadas por considerar que se violaban las leyes federales, se concentraron en dos auditorías financieras y de cumplimiento: “Adquisición de refacciones para la maquinaria de las unidades de superficie de la Armada de México” (09-0-13100-02-0313) y “Adquisiciones de bienes en el extranjero derivadas de las actividades de seguridad nacional” (09-013100-02-0310).

En conjunto, por estas dos auditorías la ASF realizó 13 observaciones. Tres de ellas fueron solventadas por la Semar antes de la integración del Informe. Las 10 restantes generaron 11 recomendaciones y la promoción de tres procesos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos que, a consideración de la ASF, incumplieron la ley.

Contratos “multianuales”, irregulares

En ambas auditorías, la ASF encontró que “la norma interna” en que se basa la Marina para adquirir los bienes que se almacenan en una bodega contratada en Orange, Texas, “no se ajusta a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni en su reglamento”.

Aunque la Auditoría reconoce que la Norma “fue revisada y dictaminada por la Secretaría de la Función Pública a través del oficio UNCP/309/NC/0.-0035/2009 del 6 de mayo de 2009”, mantiene su posición de que tanto la Semar como Hacienda y la SFP están violando leyes federales.

Doce contratos celebrados al amparo de esta Norma fueron observados en la auditoría 09-0-13100-02-0313: SCIA/092-2009; SCIA/011-2009; SCIA/124-2009; SCIA/060-2009; SCIA/048-2009; SCIA/099-2009; SCIA/122-2009; SCIA/121-2009; SCIA/022/2009; SCIA/126-2009; SCIA/102-2009, y SCIA/123-2009. El monto de los recursos involucrados asciende a 16 millones 890 mil 700 dólares que, señala la ASF, equivalen a 206 millones 149 mil 300 pesos.

En la auditoría 09-0-13100-02-0310, la ASF encontró tres contratos que amparan la adquisición de bienes en el extranjero para realizar actividades de seguridad nacional, de los cuales no se proporciona número. Estos tres contratos involucran un importe total de 8 millones 534 mil dólares, que significan 113 millones 204 mil 600 pesos.

Ambas auditorías demandan, “ante la Inspección y Contraloría General de Marina”, el inicio de un “procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización para celebrar [contratos] que implicaron obligaciones con cargo en el presupuesto de años posteriores”.

En conjunto, los contratos que la ASF considera irregulares implican 25 millones 424 mil 700 dólares, es decir 319 millones 353 mil 900 pesos.

El contralmirante José Manuel Rodríguez Aguilar rechaza que exista irregularidad alguna. Recuerda que las adquisiciones que realiza la Armada de México “no son algo que se pueda comprar en una ferretería”.

Explica que el recurso comprometido en cada contrato señalado por la ASF corresponde a un solo año fiscal (2009). Si el pago se realiza en un año posterior es porque hasta ese momento se concreta la entrega del bien. A decir del director de Finanzas y Administración de la Semar, esto puede ocurrir “porque se mandó fabricar, porque los proveedores no tenían en existencia. Este fenómeno se da en los motores y refacciones de los buques de la Armada de México. Un motor no está en un aparador. Y a lo mejor me lo van a entregar en 12, 13 o 14 meses, y los años nomás traen 12”.

Rodríguez Aguilar considera que no se trata de contratos multianuales y, por lo tanto, no se necesita de la autorización de la Secretaría de Hacienda: “Tengo a la vista la norma que regula y que nos permite radicar los recursos a la cuenta de nuestra Agregaduría Naval en Washington y mantenerlos hasta junio del siguiente año [y, con ellos, saldar el pago de bienes entregados en el siguiente ejercicio fiscal]”.

En efecto, la Norma que Establece los Procedimientos para las Contrataciones de Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Servicios en el Extranjero Inherentes a los Programas Presupuestarios de Seguridad Pública y Nacional de la Secretaría de Marina, en su artículo 7, señala: “Los compromisos establecidos que por cuestiones de proceso productivo y/o manejo administrativo rebasen el ejercicio fiscal, deberán quedar finiquitados y pagados al mes de junio del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal correspondiente”.

El mismo apartado agrega: “Cuando se trate de bienes que no puedan ser entregados por los proveedores en el plazo señalado en el párrafo anterior, debido al tiempo que tardan para ser manufacturados o construidos, las liquidaciones serán efectuadas hasta que se reciban, de conformidad con lo estipulado en los contratos”.

La exhibición del documento ante los auditores de la ASF de poco le sirvió a la Semar. El máximo órgano de fiscalización descalificó casi la totalidad de la Norma. En las dos auditorías financieras y de cumplimiento se lee: “Con estas disposiciones, la entidad fiscalizada no da cumplimiento a lo establecido en la normativa, ya que celebra compromisos plurianuales y formaliza y adjudica adquisiciones que por sus características se entregarán en ejercicios posteriores sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Las auditorías contenidas en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 agregan que “el mecanismo que utiliza la entidad fiscalizada [para adquirir bienes en el extranjero] no se ajusta a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, por lo que se deberá coordinar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su revisión”.

Hasta el momento, tanto la SHCP como la SFP han respaldado a la Marina. Y es que la Norma impugnada fue expedida por Hacienda y también fue avalada por la Función Pública. La Auditoría también ha descalificado por ello a las dos secretarías de Estado.

Sin embargo, el titular de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Semar rechaza que existan contradicciones entre la ley, el reglamento y la Norma.

“No. Se me hace que es en el criterio donde hay dos interpretaciones. Existe una Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; existe un reglamento de esa ley. Y la norma se deriva de esos dos ordenamientos en una cascada de jerarquías. La Norma no contradice la ley ni el reglamento.”

Para la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, no hay duda de que “estamos ante una violación a la ley”. Sin embargo, matiza, “hasta donde se observa, no hay daño al erario público; se trata de una falta administrativa que podría derivar en una amonestación privada o pública”.

Ante la controversia suscitada entre la ASF y las secretarías del Poder Ejecutivo, la legisladora integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática aclara que la Auditoría “no se pone a dirimir diferencias ni a polemizar; no tiene la facultad de emitir opiniones ni jurisprudencia, sino de fiscalizar en estricto apego a la norma”.

La bodega de Texas

Otro tipo de observaciones genéricas realizadas por la ASF en las dos auditorías practicadas a la Semar es el de incumplimiento en las fechas de entrega de los bienes o servicios adquiridos sin que exista algún tipo de penalización para las empresas contratadas.

En la auditoría 09-0-13100-02-0310, la ASF identificó que en el caso de tres contratos por 8 millones 163 mil 400 dólares, equivalentes a 117 millones 107 mil 800 pesos, los proveedores entregaron el bien 51 días después de que se vencieron los plazos establecidos. Además, en otro contrato, un proveedor presentó la garantía correspondiente a un anticipo 84 días después del plazo. En dos casos más, la presentación de la fianza por el cumplimiento del contrato se efectuó 38 y 94 días, respectivamente, luego de los 10 días naturales siguientes a la firma.

En la auditoría 09-0-13100-02-0313 (relacionada con la adquisición de refacciones para maquinaria), los retrasos adquieren una nueva característica: se trata de bienes que se adquieren en Estados Unidos y se guardan en una bodega que la Semar ha contratado en Orange, Texas. Ni quienes reciben los bienes adquiridos por la Marina ni quienes los custodian son elementos de la Armada. Se trata de una empresa particular que presta sus servicios a la dependencia.

En los casos en que los bienes son entregados en la bodega de Orange, como en los recintos fiscales de Houston y Laredo, Texas, “la entidad fiscalizada (la Semar) no tiene ninguna participación en la recepción física de los bienes; por lo tanto, no se certifica que éstos se entregaron en las cantidades y condiciones pactadas en los contratos, lo que pone en riesgo a la dependencia en caso de incumplimiento por parte de los proveedores”.

Y la Auditoría cuenta con ejemplos concretos. Uno de ellos es del contrato SCIA/015-2009. La Semar pagó el ciento por ciento de lo convenido, 302 mil 900 dólares (4 millones 21 mil 500 pesos), el 31 de julio de 2009, considerando que el proveedor había efectuado las entregas físicas en la bodega de Orange. Sin embargo, la entrega total de los bienes ocurrió días después: el 13 de agosto de 2009.

Para la ASF, se trata de una “práctica que pone en desventaja a la Armada de México en caso de existir faltante de bienes”.

Por ello, una de las recomendaciones que realiza la Auditoría a la Semar es que “implemente los mecanismos de control que garanticen que cuando se reciban bienes en la bodega contratada en Orange, Texas, o en los recintos fiscales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Houston y de Laredo, Texas, esté presente personal de la Secretaría de Marina que certifique que los proveedores entreguen los bienes adquiridos en las cantidades y condiciones pactadas en los contratos, con el fin de que los pagos que se efectúen a los proveedores estén devengados”.

El contralmirante José Manuel Rodríguez Aguilar asegura que todos los bienes son entregados a la Secretaría de Marina “en tiempo y forma”. Lo que ocurre es que la ASF no considera entregados los bienes que se almacenan en Orange, Texas. Para la Auditoría, los bienes están en posesión de la Armada hasta que se encuentran en territorio mexicano.

“Son bienes y servicios de los cuales en sus contratos se ha establecido que la entrega es libre a bordo en nuestra bodega de Orange, Texas. Así, el bien no se encuentra en territorio mexicano, sino en una bodega que tenemos contratada. Un buque de la Armada de México, cada mes o cada mes y medio, va por todo lo que tenemos ahí de pertrechos, aprovisionamientos, insumos, municiones. Y aunque los bienes estén en nuestra bodega, la ASF no nos los está reconociendo como entregados sino hasta que están en territorio mexicano. Es una diferencia de criterios.”

—¿En algún momento los bienes quedan en el limbo?

—No, no, no, no. La observación consistió en que, a los ojos de la Auditoría Superior de la Federación, el bien no ha sido entregado porque está en la bodega de Orange y no en territorio nacional, y que la persona que está ahí no tiene uniforme de nosotros.

—¿Se podría tener un representante de la Marina en esa bodega?

—Tratamos de plantearle al señor almirante secretario [Mariano Francisco Saynez Mendoza] si valdría la pena generar un representante diplomático ahí. Pero se tendría que hacer una serie de trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para abrir una agregaduría militar adjunta en Orange, Texas. Y se nos antoja irracional estarle pagando en dólares a un servidor público nomás por estar poniendo sellitos, cuando nosotros tenemos contratada a una compañía seria que nos está llevando los fletes, las maniobras, las cargas, las descargas…

Fuente: Contralínea 235 / 29 de mayo de 2011