Gobierno federal gasta 10.8 mil MDP en armas

En este año electoral, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar dispone de 4 mil millones de pesos, casi el 40 por ciento del gasto total del sexenio en este rubro. Las compras de armamento son calificadas como discrecionales por la Auditoría Superior porque, además de adjudicarse directamente, involucran los secretos fiduciario y de seguridad nacional. Entre 2007 y 2012, el gobierno federal habrá destinado más de 10 mil 800 millones de pesos a la carrera armamentista que sostiene con los cárteles del narcotráfico, 2.6 veces el actual presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario. Tan sólo entre julio y diciembre del año pasado se erogaron 3 mil 700 millones de pesos del fondo de compras a la industria bélica extranjera

En plena contienda electoral por la Presidencia de la República, el gobierno federal echará mano de, al menos, 4 mil 68 millones de pesos con la “justificación” de comprar armamento y destinarlo a su “guerra” contra el narcotráfico. Los recursos saldrán del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, a menos de seis meses de haber sido depositados en ese fondo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y es que, entre octubre y diciembre de 2011, la institución que encabeza el general Guillermo Galván Galván destinó al Fideicomiso 2 mil 933 millones 849 mil pesos y con ello aseguró una bolsa de 4 mil millones para el actual ejercicio, revelan informes elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nueve meses antes había ingresado otros 1 mil 443 millones de pesos, que se manejarán al margen del Presupuesto Público por tratarse de una figura fiduciaria, como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación en revisiones a las cuentas públicas pasadas.

El monto que se erogará en armamento en estos meses representa el 37.6 por ciento del gasto total del Fideicomiso durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. A finales de noviembre próximo, éste sumará al menos 10 mil 814 millones 187 mil pesos, que equivalen a 2.6 veces el actual presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario (por 4 mil 83 millones de pesos), ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social en beneficio de las familias en condición de pobreza alimentaria.

A pesar de que se trata de un presupuesto multimillonario, la Sedena no convocará a licitaciones públicas para las “adquisiciones de bienes, tales como equipo militar, terrestre, aéreo, refacciones y obra pública”. Éstas se dan en el marco de “operaciones de orden interior o seguridad nacional, de carácter contingente o urgente”, única referencia que da la dependencia.

Además, la información de las compras se encuentra blindada por los secretos fiduciario y de seguridad nacional. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación ha considerado en su revisión a la Cuenta Pública 2009 que se trata de erogaciones discrecionales.

Gastos no transparentados

Creado ex profeso para adquirir equipo bélico, el Fideicomiso recibió la aportación inicial de 44 millones 928 mil pesos el 13 de junio de 2007, y con ésta se formalizó su constitución en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. En ese mismo ejercicio le fueron transferidos otros 1 mil 190 millones 332 mil.

De entonces a la fecha se han erogado 7 mil 627 millones 762 mil pesos, revelan los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública para los ejercicios trimestrales del periodo 2007-2011, elaborados por la Secretaría de Hacienda. De este multimillonario monto, el mayor gasto se realizó entre junio y diciembre de 2011: 3 mil 797 millones 802 mil pesos, que representan el 49.7 por ciento de ese total.

De acuerdo con los manuales de la Secretaría, las órdenes de compra de armas y equipo bélico las da el subsecretario de la Defensa, general de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Pese a los montos implicados, ninguna adquisición ha sido ni será licitada: todos los contratos del Fideicomiso se “justifican” como de seguridad nacional con carácter “contingente o urgente”.

Las erogaciones de junio a diciembre de 2007 ascendieron 85 millones 414 mil pesos. En 2008, se le depositaron 781 millones 994 mil y se gastaron 1 mil 105 millones 746 mil pesos, indican los reportes de la Secretaría de Hacienda. Un año después, los egresos ascendieron a 1 mil 536 millones 187 mil; y ya para 2010, sumaron 1 mil 102 millones 611 mil pesos.

Como lo ha informado Contralínea, la Auditoría Superior de la Federación señala opacidad en el manejo del dinero público. En su revisión a la Cuenta Pública 2009, por tercera ocasión indicó que no se garantizaron los principios de cantidad, calidad ni precio en las compras y en los servicios que la Sedena contrató por la vía fiduciaria.

No obstante, la Secretaría de la Defensa –a través de su Dirección General de Comunicación Social– refirió que, justamente por su carácter de urgentes, los contratos del Fideicomiso, sean para compras o servicios, no se pueden retrasar con procesos burocráticos, como las licitaciones públicas (Contralínea 236, 5 de junio de 2011).

Datos oficiales de la Sedena refieren que las adquisiciones de armamento y equipo se concentran en municiones (la mayoría, compradas a las empresas Defense Technologies y Eurosports), granadas (Colt Defensa), carabinas (FN Herstal) y vehículos (Humvee y Town and Country).

Los proveedores

Hasta ahora, los más de 7 mil 600 millones que se han ejercido del Fideicomiso han favorecido a la industria bélica mundial. Las proveedoras de la Defensa Nacional son las estadunidenses Eurosports, Llc; Colt Defense Llc; Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith & Wesson; Winchester Division Olin, Corp.

Otras corporaciones que surten de armas a la milicia mexicana son las belgas Browning, SA; Fabrique Nationale Herstal, SA; las alemanas Carl Walther, Gmbh; Heckler & Koch, Gmbh; las checas Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS; Kroko, AS; las españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA; Uee Cartucheria Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA; Rizzini, SRL.

Además, la brasileña Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.
Aumentar el gasto

El gasto en equipo bélico ha involucrado el traspaso al Fideicomiso de dinero público no presupuestado por la Cámara de Diputados. En sus reportes La política de gasto público en la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y 2008, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala los incrementos millonarios en el presupuesto de la dependencia. En el análisis 2007, refiere que “la Secretaría de la Defensa Nacional erogó un monto 5.7 por ciento mayor al aprobado, que se explica por aportaciones no programadas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, adquisiciones diversas, y mantenimiento, rehabilitación y remodelación de instalaciones”.

La ampliación neta no programada en el Presupuesto de Egresos 2007 ascendió a 1 mil 956 millones 500 mil pesos, y fue atribuida a “las aportaciones no programadas al Fideicomiso; adquisiciones superiores de materiales de construcción, combustibles, prendas de protección y víveres, y diferencias tarifarias en servicios básicos, así como la compra de equipo de transporte terrestre, aéreo y de comunicaciones en el marco del Sistema Integral de Vigilancia Aérea; la rehabilitación de las bases aéreas militares II de Oaxaca y V de Jalisco, y la remodelación de 12 centros regionales de mando”.

En 2008, indica el Centro de Estudios, la ampliación fuera de presupuesto fue por 2 mil 261 millones 400 mil pesos. La Sedena justificó el gasto extra como “aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; construcción de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones complementarias de seis viveros forestales militares; adquisición de armamento, uniformes, equipo médico, de comunicación y víveres; renovación de vehículos terrestres; aumento en las tarifas de servicios básicos, de informática, y de conducción de señales analógicas, asesorías y gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles”.

Con estos antecedentes, en 2012 el fondo para compra de armamento podría aumentar otros miles de millones de pesos, mismos que se ejercerían al margen del presupuesto y sin licitar en medio del ambiente electoral.

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El Ejército contra el Ejército

Detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, violaciones a los derechos humanos, agresiones de todo tipo –entre ellas las sexuales–, asesinatos y aun ejecuciones contra civiles han aumentado el descrédito de las Fuerzas Armadas del país, principalmente en los últimos años, si bien la impunidad por esos actos sigue siendo una constante histórica. Es más: ni los propios militares consiguen librarse de los abusos de los militares. En las instalaciones castrenses, decenas de ellos que se encuentran en calidad de indiciados esperan la resolución de sus procesos, que en ocasiones involucran acusaciones ridículas…

El Ejército en Acapulco.

Arturo Rodríguez García

Cada mañana, en la puerta 8 del Campo Militar Número 1, decenas de soldados y marinos vestidos de civil se van juntando hasta que, en punto de las 7:00 horas, un toque de corneta llama a formación y un oficial cuartelero pasa lista con potente voz de mando.

Al trasponer el arco de acceso, luego de sortear exhaustivas revisiones, se llega a la base de la Policía Militar, que destina uno de sus patios a la formación. El campo es enorme, con sus espaciosos edificios, extensiones arboladas, limpias avenidas y explanadas ociosas… pero el Agrupamiento de Militares Libres Bajo Caución de la Primera Región tiene bien delimitadas sus zonas y salir de ellas, así sea para buscar la sombra de un árbol, puede ser motivo de castigo.

Estas descripciones respecto de la situación que impera en la instalación castrense son hechas por los propios prisioneros, quienes refieren que aun oficiales y personal de tropa son despojados ahí de uniformes, insignias y todo distintivo, salvo el gafete de acceso que los iguala con el estigma de ser indiciados. No hay ningún general, almirante ni otros oficiales superiores; sólo mandos medios, grumetes y soldados rasos.

Una vez que pasaron lista, deben tomar un desayuno insalubre, en trastes de plástico manchados por no lavarse en varios días, rellenos una y otra vez del potaje extraído de la llamada “cazuela del perro”.

Luego se les ordena permanecer en un lugar para el adiestramiento, que no les dan, pero rompen filas hasta que algún oficial lo decide. Los originarios del Distrito Federal van con sus familias, pero la mayoría, sin ingresos y venidos de lejos, permanecen inactivos, esperando por años que se resuelva su caso.

Están ahí en cumplimiento del artículo 6 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados (RGMPS), norma que no reglamenta ninguna ley.

Los motivos por los que cumplen esa prisión a medias no son claros para alrededor de 2 mil efectivos indiciados por la justicia castrense que están repartidos en las regiones militares. No fueron sentenciados por un tribunal ni se les acredita aún ningún delito, pero en general fue por “sospechosos” que perdieron la libertad, sus derechos laborales y su patrimonio, además de que no cuentan con seguridad jurídica.

“Dando una interpretación mezquina a la Constitución, nos convierten en víctimas de un código de justicia militar que es ambiguo, confuso, arcaico. Estamos indefensos, marginados, percibiendo el 10% de nuestro salario, muchas veces acusados por encontrarnos en la parte inferior de la cadena de mando”, explica el capitán segundo Manuel Contreras Marqueda.

A ello se suma la cancelación de créditos hipotecarios y la confiscación de bienes facultada por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Banjército.

Desde enero de 2011, un grupo de oficiales que forma parte del agrupamiento emprendió una serie de acciones para exigir la derogación del fuero de guerra, que consideran injusto para los propios militares y en el que, dicen, se basa la impunidad en violaciones a los derechos humanos de civiles. Incluso señalan que orilla a soldados a suicidarse o bien desertar o enrolarse en grupos criminales, con tal de “subsistir a cualquier costo”.

De acuerdo al párrafo segundo del artículo 13 constitucional, en México “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Además, el artículo 123, en la fracción XIII de su apartado B, establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.

A juicio de los denunciantes, entrevistados por Proceso, lo anterior posibilita la subsistencia del RGMPS y que el Código de Justicia Militar (CJM) sea el marco jurídico por el que ministerios públicos y juzgados militares carecen de autonomía y siguen al servicio del mando militar, con lo que se viola la división de poderes estipulada en el artículo 49 constitucional. Es decir, en última instancia el presidente es comandante en jefe, legislador, acusador y juez.

El capitán Contreras explica que los defensores de oficio no suelen representar a los acusados en la justicia militar y los que tienen posibilidades de hacerlo son designados fiscales. Así, los peores abogados militares son defensores de oficio, y los mejores, ministerios públicos. Ellos, como los jueces, responden a la misma cadena de mando y a la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por lo general, el defensor aconseja al “cliente” que se declare culpable.

“El espíritu de nuestra denuncia contra el fuero de guerra se funda en la exigencia legítima al Estado mexicano de que propicie la igualdad ante la ley. Como integrantes de las Fuerzas Armadas, reclamamos que se nos reconozca como seres humanos y como ciudadanos”, añade el oficial.

Sus compañeros condicionan el encuentro con el reportero: “Aceptamos hablar, pero que quede claro: hacemos responsable a nuestro comandante en jefe, el presidente Felipe Calderón, y a los secretarios de Defensa y de Marina, de nuestra integridad y la de nuestras familias”.

Excesos

–¿A qué se refiere con “verle los calcetines” a su superior?

–¿Le suena absurdo, verdad? Esa es una de las acusaciones: la falsedad de haberle visto los calcetines a un oficial.

“También me acusaron de que algunos elementos me llaman por mi nombre y otros por mi grado; del delito de que mi hermano sea yerno del contralmirante Marco Antonio Peyrot (que fue secretario de Marina en el sexenio de Fox); además, de ser estricta en las limpiezas bucales, de haber dejado un resto reticular y de que mi consultorio se contaminó de influenza. Contra todas las pruebas que aporté, el Consejo de Honor me declaró culpable”, explica la teniente de fragata y odontóloga Elvia Emilia Eguileta Arias.

Una veintena de soldados, de civil y encapuchados, se presentó en las instalaciones sanitarias de la Primera Región Naval, en Tampico, Tamaulipas, el 18 de febrero de 2010. Descendieron de tres vehículos y con violencia se llevaron a la teniente Eguileta al hospital militar de esa ciudad portuaria.

La oficial es alta, rubia y atlética. Los soldados le ordenaron desvestirse y le tomaron fotografías y video. De ahí la llevaron a la base militar de Tancol, en el mismo estado.

“Me dijeron que me trasladarían. Ellos iban de civil, yo uniformada; entonces supe que me querían matar. En la central camionera de Tampico me querían aplicar la ley fuga, porque de repente abrieron la puerta y me aventaron. Gracias a Dios, me les escapé a los judas.”

La teniente se escondió. Mandó publicar un desplegado denunciando los hechos el 19 de febrero de 2010 en El Sol de Tampico, pero no encontró protección, sino al contrario: un comando ingresó a su domicilio particular y sustrajo equipos de cómputo, documentos y objetos personales. Con miedo, viajó a la Ciudad de México y se entregó a la justicia militar.

“Aún no me explico cómo el contralmirante (Francisco Sáynez) permitió ese secuestro, siendo yo una oficial de la Armada y mis captores elementos del Ejército”, dice.

Como oficial de la Marina Armada de México, la teniente Eguileta es procesada por la justicia militar, pues la Secretaría de Marina no cuenta con un sistema de justicia. “En las Fuerzas Armadas hay mucha corrupción. Mientras el presidente dice que quiere cambiar el país, nosotros vemos que no atiende las soluciones que se le plantean, y una de ellas es la eliminación del fuero de guerra”, agrega.

El teniente de corbeta Iván Gómez Ortiz añade que con la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueve Felipe Calderón no sólo se daría un poder descomunal a los mandos militares:

“Si con nosotros hacen lo que quieren, imagínese con el personal civil. Con esa reforma nadie va a poder detenerlos. Es mucho poder en juego. Con miedo estamos abordando el tema y, más allá de nuestros casos, estas denuncias son por México, por sus instituciones y por los compañeros que están en la misma situación que nosotros, sin ser escuchados y vencidos en juicio, que han perdido todos sus derechos.”

Entre los integrantes de este agrupamiento hay quienes dispararon a civiles por una orden de sus superiores, pero éstos no asumieron las consecuencias. También los que trataron de expresarse con libertad.

Por ejemplo, el teniente de transmisiones Manuel Álvares Domínguez fue acusado de motivar a otros militares a conseguir un incremento salarial. El oficial consiguió que integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas asumieran su causa en lugar de un defensor de oficio militar y, gracias a un amparo, regresó a su plaza.

En un escrito dirigido a los titulares de los tres poderes, así como al ómbudsman y a distintas instancias especializadas en derechos humanos dentro y fuera del país, el 11 de julio de 2011 el capitán Álvares expuso los casos de otras víctimas de la justicia militar, que impone a los militares indiciados una “sentencia previa”.

Citó al mayor médico cirujano Óscar Antonio Cabrera, quien se suicidó en agosto de 2010 al no soportar las cargas del proceso y el despojo de su patrimonio, y al teniente de zapadores Julio César Reyes Fiscal, quien terminó con su vida al mes siguiente. Ambos estaban en el agrupamiento.

Juicios por consigna

El capitán segundo en materiales de guerra del Ejército, Manuel Contreras, y el teniente de corbeta y contador de la Armada, Iván Gómez, están acusados de delitos semejantes: descubrir robos y denunciarlos.

Contreras estaba destacado en la XXIV Zona Militar, con sede en Morelos, bajo las órdenes del general Ricardo Escorcia Vargas, a quien relevó después el general Leopoldo Díaz Pérez, hoy conocido por estar implicado en la desaparición de Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida el 1 de mayo de 2011, así como por ser el operador del plan contrainsurgente en Chiapas de 1995 a 2000.

Cuando, cumpliendo sus funciones, Contreras hizo un balance de materiales detectó cartuchos faltantes. Dio parte del robo, pero lo hizo tres meses después de ocurrido, pues se trata de un inventario difícil de detectar por el volumen. Pese a que comprobó que no estaba a cargo del almacén en el momento del robo y que fue él quien lo denunció, se le abrió la averiguación previa 042/2010. Como pocas veces, pudo sentar a un general (Díaz Pérez) en su juicio, pero éste respondió con burlas y divagaciones en la diligencia mientras el juez lo festejaba. Ahí sigue Contreras, a un año y medio de ser indiciado.

Al teniente Gómez, según el expediente 057/2011, se le acusa de no percatarse a tiempo de un fraude. Contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, Gómez realizó una auditoría en la Primera Región Naval, en Tuxpan, Veracruz, y aportó los elementos para la denuncia.

Al presentarse en el juzgado para dar su testimonio, se sorprendió porque apareció como responsable y ahora está sujeto a proceso militar. “Cuando a los mandos les pegas en el dinero, no sabes lo que te espera”, dice.

Contreras abunda en que el agrupamiento es un negocio fraudulento que capta recursos que los militares y marinos denunciantes calculan entre 15 y 20 millones de pesos mensuales, ya que a unos 2 mil indiciados se les retiene el 90% de su ingreso y el destino de ese dinero no es transparente.

“Con eso, según mis cálculos, se pagarían la Estela de Luz y la Línea 12 del Metro”, interviene la teniente Eguileta.

De acuerdo al artículo 20, fracción IV del RGMPS, la nómina y beneficios incautados deben reintegrárseles a los indiciados si quedan absueltos. Pero eso no ocurre y nadie sabe a dónde va el dinero. A eso le atribuyen que siempre resultan culpables.

Contreras afirma que en esta trama juega un papel importante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que termina siendo un instrumento de persecución por las retenciones de nómina sin transparencia.

En el mencionado oficio de 2011, el teniente Álvares Domínguez observó: “Se pierde totalmente el fin único de la existencia de la justicia, pues ya no se busca balancear la ecuación existente entre delito, acusado y daño, sino la tipificación del acusado, la persecución y exterminio en vida”. Añade que la mayoría de los indiciados no cuenta con una profesión civil, pues ha dedicado su vida a las Fuerzas Armadas.

“Hemos olvidado el concepto de dignidad y nos hemos dedicado a sobrevivir, no escatimando modo alguno de obtener ingresos, trabajando de cargadores, pintores, vendedores de tamales o dulces y, los más afortunados, trabajando de escoltas, sin la certeza de que en alguna ocasión escolten, sin darse cuenta, a personas de la delincuencia organizada, con la única intención de no ver a sus hijos lamentándose en la miseria.”

Para Contreras Marqueda, las consecuencias del fuero de guerra van más allá y provocan un daño a la sociedad, ya que posibilita la impunidad de los mandos superiores en la violación de derechos humanos. Por eso, dice, todos los actores políticos le temen al Ejército, pese a que con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla el Estado mexicano debería reformar el Código de Justicia Militar.

–Sabe usted mucho de leyes –se le comenta.

–La mayoría no sabemos nada, confiados en que siendo gente de bien nunca nos pasará nada, hasta que un día pasa y tienes que aprender para defenderte.

En octubre pasado los oficiales inconformes sostuvieron un encuentro con Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón. Fue un logro, pues desde hace un año han pedido cita al ómbudsman Raúl Plascencia pero ni él ni nadie los recibe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Zavala los escuchó, fue amable, les dio una lectura jurídica y les dijo que ya habían hecho mucho, que ahora confiaran en quienes deben resolver las cosas. Esperaron y nada, como también aguardan respuestas del Congreso, del Poder Judicial y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al que le hicieron llegar sus denuncias para que se investigue a los responsables de la justicia militar por su actuación y se indague el destino del dinero confiscado, así como para proponer reformas que erradiquen el fuero de guerra.

Eguileta y Gómez, marinos ambos, alzan sus tazas de café y las chocan. La primera advierte:

“Los militares y marinos somos buenas personas, gente común como todos, pero con una responsabilidad con el país. Muchos creemos en las Fuerzas Armadas y en la lucha contra el narco. Muchos arriesgan sus vidas a diario, por eso nos duele esta situación. No somos maleantes, pero nuestras familias sufren y, claro, tenemos miedo por nosotros y por ellos. Lo único que queremos es justicia para todos, militares y civiles, por eso es esta lucha.”

En México, militares violan derechos y gozan de impunidad: HRW

La Redacción

MÉXICO, D.F. (apro).- La tortura y las amenazas de muerte son prácticas comunes utilizadas regularmente por las fuerzas armadas de México contra aquellas personas acusadas

Peña Nieto extiende sus tentáculos a la Sedena

Enrique Peña Nieto, virtual candidato a la Presidencia que no LEE.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F. (apro).- En la conquista de uno de los sectores más duros del país, el castrense, Enrique Peña Nieto avanza; en la semana que recién termina logró ubicar en una de las tres principales posiciones de la Sedena a su amigo y viejo conocido, el general Salvador Cienfuegos Zepada, quien, de paso, empieza a sonar como el próximo “general secretario”, en caso de que el exgobernador gane la elección presidencial.

Hasta hace menos de un año, el área militar estaba completamente cerrada para el peñismo, por ello cuando se hablaba del posible y futuro titular de la Secretaria de la Defensa se mencionaba al actual subsecretario, el general de División Diplomado de Estado Mayor, Carlos Demetrio Gaytan Ochoa, o al encargado del Estado Mayor, el también general de División DEM, Luis Arturo Oliver Cen.

Hasta hace un año el nombramiento del futuro “general secretario” se pensaba en función del trabajo y preparación de ambos generales, sin embargo, cuando Humberto Moreira llegó a la dirigencia nacional del PRI, en marzo de 2011, impulsado por Peña Nieto, nuevos nombres entraron en juego e incluso el propio candidato presidencial priista empezó a filtrarse en el sector castrense.

La llegada de Moreira a la dirigencia nacional del PRI coincidió con una serie de movimientos claves en Sedena, como por ejemplo el reacomodo de generales que antaño habían trabajado en la XI Región Militar que abarca los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León.

El nuevo presidente nacional del PRI, promovido por Peña Nieto, tenía como amigo en la Sedena al oficial mayor, el general de División Jorge Juárez Loera, encargado de la XI Región Militar justo cuando Moreira fue gobernador. Por esas fechas, primer semestre de 2011, el General de División DEM, Roberto Miranda Sánchez fue nombrado inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea; igualmente tuvo a su cargo la XI región militar.

Así, cuando Humberto Moreira fue gobernador de Coahuila le tocó convivir con dos titulares de la XI Región Militar: Juárez Loera y Miranda Sánchez. Y cuando el coahilense llegó a la dirigencia nacional del PRI, sus amigos, los generales estaban ya en los principales cargos de la Sedena.

El peñismo, a través de Humberto Moreira lograba así adeptos en el sector castrense. Sin embargo no fue sino hasta la inesperada muerte del general Juárez Loera, el 21 de mayo de 2011, que el propio Peña Nieto se vio aún más beneficiado.

Según un comunicado de la Sedena, la muerte del general fue provocada por un accidente de tráfico. Ello ocurrió un par de días después de que el general Juárez Loera fuera enviado a retiro. Al salir Juárez Loera de la Sedena su lugar en la Oficialía Mayor fue ocupado por Miranda Sánchez, en tanto que el vacío que éste dejaba como inspector y controlar general del Ejército y Fuerza Aérea fue ocupado por un hombre todavía más cercano a Peña Nieto: el general de División DEM, Salvador Cienfuegos Zepeda.

La relación de Peña Nieto y el general Cienfuegos viene de tiempo atrás. Nació cuando el primero era gobernador del Estado de México y el segundo estaba a cargo de la I Región Militar, la cual comprende el Distrito Federal y el Estado de México.

Durante su paso por la gubernatura Peña Nieto se portó benévolo con el sector castrense. Por ejemplo, el 29 de abril de 2009 firmó dos convenios con la Sedena, a través de los cuales les transfería, mediante permuta, dos grandes predios. Gracias a esto y después de haber permanecido por 60 años en pleno centro de Toluca, en el Paseo Teollocán, la 22/a Zona Militar salió de la ciudad gracias a Peña. Éste le permutó a la Secretaría de la Defensa un predio de 70 hectáreas en el municipio de Rayón.

La nueva sede contempla “un cuartel general, instalaciones para un batallón de infantería, otro para un cuerpo de defensa rural, una unidad habitacional militar con 118 viviendas, enfermería, jardín de niños y escuela primaria. Tendrá, además, una planta de tratamiento de aguas residuales y un pozo para el abastecimiento de agua potable; se prevé la construcción de un auditorio, áreas deportivas y un helipuerto”, según informó entonces un boletín de prensa del gobierno de Peña Nieto.

Por lo que se refiere al segundo predio en permuta que tan generosamente firmó el entonces gobernador Peña Nieto, la Sedena planea establecer en San Miguel Ixtapa, municipio de Tejupilco, una corporación militar con un efectivo de 654 hombres, “lo cual constituye un hecho de gran significado y trascendencia para los habitantes del sur del estado que se han visto amenazados por la presencia de grupos delictivos organizados”, rezaba el boletín de prensa.

A cambio de “permutar” ambos predios para la Sedena, Peña Nieto tuvo como beneficio poner la primera piedra del Parque Bicentenario en lo que fue la 22/a Zona Militar.

Hace una semana, la Sedena envió a retiro al general Miranda Sánchez; de nuevo, los movimientos en el sector militar favorecieron al candidato del PRI al a Presidencia de la República, pues el lugar de Miranda, la Oficialía Mayor, es hoy ocupada por el general Cienfuegos Zepeda, el viejo amigo de Peña Nieto, en tanto que el lugar que éste ocupaba, el de inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea de la Sedena esta hoy, coincidentemente, en manos de otro conocido de la familia Moreira: el general Mario Marco Antonio González Barreda.

González Barreda fue hasta el 17 de enero pasado el comandante de la XI Región Militar con sede en Torreón, Coahuila. Cargo en el que antes estuvo el general Juárez Loera y antes Miranda Sánchez, dos viejos conocidos de Humberto Moreira.

Así, bajo la sombra del exdirigente nacional del PRI, el candidato Peña Nieto sigue avanzando en la Sedena, ahora con Cienfuegos Zepeda, quien ya se suma a los generales Gaytan y Oliver Cen, para que de entre ellos surja el “general secretario”, incluso, Cienfuegos suena como el más viable de los tres por su cercanía con Peña Nieto… claro, si gana el encopetado candidato.

Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx

Coalición y desastre nacional

Al participar en una conferencia en el influyente Centro Internacional Woodrow Wilson, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional, dijo que lo que requiere México es una atmósfera nueva y moralizar el país mediante el combate a la corrupción y el fin de los monopolios, ya que existe una desigualdad monstruosa.

• Cooperación para el desarrollo es mejor que asistencia militar, sostiene en Washington

Nueva relación con EU, plantea AMLO

Washington, 11 de octubre. Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no es con asistencia militar o con labores de inteligencia, ni con envíos de helicópteros y armas, como se remediará el problema de la inseguridad y de la violencia en México; en lugar de ello, planteó al gobierno de Estados Unidos una nueva relación y un cambio sustancial en la relación bilateral, fincada en la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua.

“Vamos a convencer y a persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que, por el bien de las dos naciones, es más eficaz y humano aplicar la cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a la cooperación policiaca y militar.

Al ofrecer una conferencia magistral en el Centro Internacional Woodrow Wilson, López Obrador aprovechó para hacer un atento llamado al presidente Barack Obama para que cumpla su compromiso de campaña de regularizar la situación migratoria de los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos.

Entiendo que está de por medio la cuestión electoral y que hay en este país una oposición conservadora que se niega a reconocer los derechos de los migrantes, y que incluso han optado por la persecución y el racismo, señaló.

Durante su discurso, el también líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rechazó cualquier posibilidad de alianza o coalición con el PAN o con el PRI. Nosotros no podemos ir en alianza ni coalición con estos partidos, dijo ante académicos y funcionarios estadunidenses, a quienes subrayó:

No podemos dejarnos engañar con coaliciones o disfraces que representen en el fondo lo mismo (...) Yo creo que si no hay un cambio de régimen no vamos a encontrar la salida ni como pueblo ni como nación, así de claro y categórico.

En respuesta a las opiniones de políticos, académicos y personajes que se han manifestado por un gobierno de coalición en 2012, López Obrador señaló que lo que requiere México es una atmósfera nueva y moralizar al país mediante el combate a la corrupción y con el fin de los monopolios, ya que en México existe una desigualdad monstruosa.

En la segunda etapa de su gira por Estados Unidos –la primera fue en Chicago–, el ex candidato presidencial destacó el nuevo tipo de relación que busca con el país vecino, la cual estaría basada en el respeto a la independencia y soberanía.

Sería irresponsable no procurar con el gobierno de Estados Unidos una relación de colaboración basada en el respeto y en la cooperación para el desarrollo, la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos. Nosotros lo intentaremos; siempre habrá voluntad de nuestra parte, insistió.

Por cuestiones de geopolítica, dijo, México tiene una situación especial. Somos vecinos de la mayor potencia económica, política y militar del planeta. No sólo nos unen 3 mil kilómetros de frontera, sino que viven y trabajan en este país alrededor de 12 millones de mexicanos. Por eso, debemos utilizar toda nuestra imaginación y todo nuestro talento diplomático para construir, a partir de nuestra innegable realidad, una política de buena vecindad y de mutuo beneficio.

Comentó que el monto de ayuda de Estados Unidos a México es de 478 millones de dólares, que además de ser raquítico, casi en su totalidad, unos 450 millones, se destinan a la llamada Iniciativa Mérida. Con claridad lo decimos: nuestra propuesta es obtener más recursos y cambiar las prioridades; lo primero debe ser el desarrollo y la creación de empleos en nuestro país.

En respuesta a la política migratoria que impulsan los grupos más conservadores estadunidenses, López Obrador aseveró que tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo razias, deportaciones o militarizando la frontera. Los mexicanos que vienen a buscarse la vida a Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza, afirmó.

El ex candidato presidencial y aspirante a contender nuevamente en 2012 por la titularidad del Ejecutivo hizo un llamado a los estadunidenses a actuar pensando en que por encima de las fronteras están los derechos universales del hombre: el derecho a la libertad de la palabra, a la libertad de cultos, a vivir libres de miseria y a vivir libres de temor, garantías proclamadas precisamente por ese presidente gigantesco, precursor de la política de la buena vecindad, Franklin Delano Roosevelt.

Dijo estar dispuesto a poner en correspondencia su plan económico con el establecimiento de una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos. Para ilustrar mejor lo que queremos sirva de ejemplo un contraste de lo que pasa actualmente con lo que deseamos que suceda en el futuro. Hace unos días apareció por primera vez en público el nuevo embajador de Estados Unidos en México (Anthony Wayne) para entregar helicópteros militares a la Armada de nuestro país. En vez de esta imagen, quisiéramos que el embajador estuviera presente, en un día no muy lejano, en la entrega de cheques para financiar proyectos como la reforestación de la selva Lancandona y generar 400 mil empleos anuales, o para la pavimentación de caminos en Oaxaca, con el uso intensivo de mano de obra, o para el programa de incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio.

Por otra parte, Morena y la organización Mexicanos sin Fronteras, con sede en esta ciudad, se comprometieron a luchar unidos para lograr un cambio de régimen en México, con base en el proyecto de nación impulsado por la organización que encabeza López Obrador. Además, se constituyó Morena en la capital estadunidense con mexicanos residentes en la zona.

Al concluir su ponencia, López Obrador conversó con reporteros de medios mexicanos a quienes dijo que no tenía ninguna intención de reunirse con representantes del gobierno de Obama y subrayó que la gira tiene dos propósitos: Primero, la reunión con nuestros paisanos, lo que hicimos en Chicago, y esta invitación del Centro Wilson para fijar nuestra postura sobre lo que debe ser la relación entre ambos países; pensamos que debería haber un cambio, no se puede estar enfocando la relación nada más a temas de seguridad. Lo fundamental es que se busque una cooperación para el desarrollo.

Se le preguntó sobre la promoción de Enrique Peña Nieto por la televisión, y respondió que “lo han venido introduciendo al mercado como se introduce un producto chatarra. El candidato de la elite del poder es él (el ex gobernador mexiquense)… Carlos Salinas es el jefe de la campaña y la encargada de la propaganda es Televisa”

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• Les otorgó acceso a multiprogramación sin pago de contraprestaciones, advierten

Demandan diputados al titular de Cofetel retirar privilegios a Televisa y Tv Azteca

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) está obligada a retirar los privilegios a Televisa y Televisión Azteca, porque violó todas las leyes del sector al otorgarle al duopolio, mediante una simple toma de nota, el acceso a la multiprogramación sin el pago de contraprestación, advirtieron diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM.

Mony de Swaan, comisionado presidente de la Cofetel, asistió a comparecer ante la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados para defender la toma de nota firmada por él y Gonzalo Martínez Pous.

El encuentro con los legisladores fue ríspido, y por instantes tortuoso para De Swaan, quien acusó a los diputados de no realizar cambios legales que permitan menos opacidad en el sector.

Su principal crítico, el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado, reprochó la cuestionada toma de nota. Es decisión basada en la toma de nota, que no está contemplada en la ley, y se insiste que se hace porque lo que no está prohibido por los particulares está permitido. ¡Yo pensé que alguien le iba a ayudar al maestro De Swaan! En una concesión sólo puede darse uso al bien concesionado, y por lo visto la Cofetel quiere abdicar un derecho, y este absurdo que escribió De Swaan se basa en el absurdo de otorgar programas adicionales a los concesionarios de la televisión.

Corral consideró el contenido de la toma de nota como “uno de los nuevos regalos de un órgano regulador a los dominantes de la televisión. Esta decisión es contraria a la Constitución, a la ley de 2004, y sostengo que es contraria a lo que la propia SCT ha señalado por una resolución sobre los usos determinados en radiodifusión y sobre el uso exclusivo del canal digital. No permitamos que un funcionario público venga a tomarle el pelo a esta casa. Y ahora vuelven a darle la vuelta a la decisión de la Suprema Corte; es el agandalle de las televisoras, y no estamos dispuestos a dejar pasar este nuevo regalo del fin de sexenio”, afirmó.

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• La cobertura anticonceptiva es de 72.5%; entre adolescentes en pareja es de 44.7%

Con el gobierno de Fox la política nacional de población sufrió un estancamiento: expertos

La transformación que sufrió la vida de las mujeres a partir de los años 60 con la existencia de la píldora anticonceptiva todavía está en curso.

De la liberación de la cadena biológica de la maternidad y lo que ello significó en términos de las oportunidades para tener un desarrollo personal y profesional, los expertos observan la necesidad de ampliar el campo de acción de la estrategia de planificación familiar para incluir el reconocimiento de las necesidades de las adolescentes sexualmente activas, que no viven en pareja y tampoco desean tener hijos.

Éste no es un fenómeno nuevo. Por el contrario, se viene mencionando desde hace por lo menos una década, y si no han prosperado los proyectos para emprender dicha transformación en el abordaje de los programas oficiales, se debe a la política conservadora instaurada por los gobiernos panistas a partir de 2000, aseguran especialistas.

Es claro, de hecho, el estancamiento que registró la política nacional de población durante el sexenio foxista (2000-2006). Las mediciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que del incremento de entre 5 y 10 puntos porcentuales que se reportó por quinquenios a partir de 1976 en la cobertura de métodos anticonceptivos entre mujeres en edad fértil unidas, para el periodo de 1997 a 2006 el aumento fue de poco más de dos puntos, al pasar de 68.5 a 70.9 por ciento.

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Los salarios en el tribunal electoral se han reducido

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos, ofreció ayer cifras sobre los salarios de los magistrados para mostrar la inclinación ahorrativa de la institución que actualmente encabeza.

En 2008, el sueldo bruto (anual) de los magistrados era de 8.5 millones de pesos; en 2009, el salario descendió a 5.8 millones y para 2010, después de la reforma constitucional, representó un decrecimiento de nuestros ingresos de 2.6 millones de pesos, lo que quiere decir que disminuyó 31 por ciento.

Continuó: “En términos mensuales, la remuneración bruta en 2009 era de 714 mil 243 pesos, en tanto que en 2010 quedó en 491 mil. Al descontar el pago del impuesto sobre la renta (ISR), cuya tasa es de 30 por ciento, en 2009 un magistrado del TEPJF percibía un total de 499 mil 970 pesos, en tanto que para 2010 y 2011 la remuneración es del orden de 343 mil 744.

Creo que definitivamente en lugar de incrementar nuestros sueldos los hemos ido reduciendo paulatinamente, dijo el magistrado presidente.

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• Se trata de evitar descortesías, señalan PRI, PAN y PRD

Galván comparecerá ante los diputados en su propia oficina

Aprueban dictamen sobre cancelación de permisos para portar armas

Con los votos de PRI, PAN y PRD, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados decidió que desahogará la comparecencia del secretario del ramo, general Guillermo Galván Galván, en un desayuno en las oficinas del funcionario el miércoles de la próxima semana.

El único voto en contra fue el del diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), quien ironizó: Estamos ante un caso único de que son los diputados quienes comparecen ante el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no, como define el artículo 69 de la Constitución, de que los secretarios de despacho deben comparecer ante el Poder Legislativo.

El principal argumento para acudir al despacho del general Galván fue que convocarlo a comparecer en el contexto de la glosa del quinto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, podría originar descortesías de algunos diputados hacia el secretario de la Defensa.

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Presentan diputados solicitud de juicio político contra García Luna

Los grupos legislativos de PRD y PT en la Cámara de Diputados presentaron ayer una solicitud de juicio político contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es uno de los autores intelectuales de la guerra contra el narcotráfico, la cual, señalaron, ha provocado violaciones a derechos fundamentales y la muerte de más de 50 mil mexicanos.

La petición, que se entregó en la Secretaría General de la Cámara, sostiene que García Luna es copartícipe de una situación de violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, que han comprometido el normal funcionamiento de las instituciones del país, su paz y la vida de sus habitantes.

También le atribuyen el desvío de recursos públicos con fines de promoción personal y apología de la política que enfrenta al gobierno de Felipe Calderón con la delincuencia organizada.

El texto del documento resalta: A la fecha, el servidor público enfrenta serias acusaciones de corrupción, mismas que son del dominio público; señalamientos de tener supuestos vínculos con un sector del narcotráfico; acusaciones de opacidad en la administración de los recursos públicos; denuncias públicas de enriquecimiento ilegítimo, y entrega de recursos cuantiosos a empresas privadas, entre ellas Televisa, para la producción del programa El Equipo.

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Civiles deben ampararse para que militares sean juzgados por el fuero común: Cossío

• El ministro consideró un buen antecedente el fallo de la CIDH sobre el caso Radilla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está en condiciones de ordenar qué tribunales deben juzgar a los militares acusados de violar los derechos humanos de civiles; se requiere que los afectados interpongan amparos en los que demanden ser juzgados por el fuero común, para que así el máximo tribunal intervenga y apruebe la jurisprudencia obligatoria, o bien, que con base en la reciente reforma constitucional el pleno sume los ocho votos necesarios para invalidar la aplicación de la legislación castrense en casos relacionados con civiles.

Reconoció lo anterior el ministro José Ramón Cossío, quien comentó que a pesar de que la semana pasada la SCJN publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia relacionada con el Caso Radilla –en cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición forzada del activista guerrerense–, resulta que dicha resolución no entra en vigor de manera automática, sino que se requiere de todo un procedimiento para que sea de observancia obligatoria.

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Denunciarán a Calderón ante la CPI

Ciudadanos, integrantes de organizaciones no gubernamentales, juristas, académicos y periodistas presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón y funcionarios civiles y militares por considerar que en nuestro país tanto las autoridades como delincuentes comenten crímenes de lesa humanidad.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, en la ciudad de México, señalaron que en el país operan escuadrones de la muerte y grupos paramilitares y que es más fácil matar delincuentes que procesarlos, por lo que señalaron que es urgente la presentación de la denuncia para que aquellos que han sido omisos o cometido acciones de lesa humanidad enfrenten al tribunal internacional.

Los denunciantes, que ya suman más de 20 mil ciudadanos mexicanos, harán uso de las armas pacíficas con que cuentan para detener el derramamiento de sangre que ya ha dejado más de 50 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos.

Los denunciantes sostuvieron que la Corte Penal Internacional ha sido un instrumento no explorado, pero existe confianza en que el organismo internacional acepte la demanda en la que se plantean acusaciones en contra del presidente de la República, Felipe Calderón y de secretarios de Estado como Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván y Francisco Saynez, titulares de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, respectivamente, así como también contra Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa.

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Desde que comenzamos a dialogar con el gobierno han asesinado a 10 mil mexicanos: Movimiento por la Paz

Cuando hace tres meses comenzó el diálogo entre el gobierno federal y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad las expectativas de frenar la violencia eran mayores, pero en este periodo hubo 10 mil muertos más y hay una gran deuda todavía, sostuvo Pietro Ameglio, vocero de Javier Sicilia.

Explicó que el próximo viernes a las 9 de la mañana en el castillo de Chapultepec será la segunda reunión, que tendrá una duración de dos horas, y hasta el momento está confirmada la asistencia del presidente Felipe Calderón. Después de este encuentro, un representante del movimiento participará en el diálogo de las autoridades con otras organizaciones.

Entrevistado vía telefónica, Pietro Ameglio dijo que entre el primer diálogo y este segundo con el gobierno federal ha habido 10 mil muertos. La guerra, las desapariciones, las muertes no paran. Éste es el objetivo número uno y la presión hacia la autoridad, por que se detenga este nivel de muerte y exterminio que tenemos en el país.

Destacó que en este periodo también ocurrió, la semana pasada, el asesinato de Pedro Leyva, comunero de Santa María Ostula, Michoacán, e integrante del movimiento, quien se iba a sentar en el diálogo con el presidente el próximo viernes. Era uno de los representantes, y estuvo en las interlocuciones durante las dos semanas recientes en la Secretaría de Gobernación, precisó.

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• Sigue la lucha, advierte el SME luego de dos años de la extinción de LFC

Resistir y hacer que el gobierno cumpla, acuerdan electricistas

En una votación a mano alzada, miles de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) refrendaron ayer que no van a cobrar su liquidación, durante el mitin que llevaron a cabo en el Monumento a la Revolución, al cumplirse dos años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Reiteraron que van a resistir y hacer que el gobierno federal cumpla el compromiso que les firmó, para que antes del 30 de noviembre sean reinsertados laboralmente.

¿Quién va a aceptar la cuarta etapa de liquidaciones que salió a ofrecer de nueva cuenta (el titular de la Secretaría del Trabajo), Javier Lozano?, preguntó a los trabajadores en resistencia el secretario general del gremio, Martín Esparza, y de inmediato surgieron los ¡ni madres!, ¡que se espere sentado!, ¡nadie!, ¡Calderón!, con lo que reiteraron su decisión de mantener la resistencia y aguantar hasta el final.

En el acto, los electricistas señalaron que bastaron dos años del gobierno del presidente Felipe Calderón para derrotarlos. Esparza indicó que faltan unos días para que se cumpla el plazo de los acuerdos firmados por el SME con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; el jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrad, y otros funcionarios, y cuando se cumpla tendrán que regresar a laborar, como les ofreció el gobierno federal para que levantaran el plantón del Zócalo.

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Presionan plantón en San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas, Chis. 11 de octubre. Funcionarios municipales enviados por la alcaldesa Cecilia Flores, de extracción perredista, han presionado a los indígenas acampados en la plaza central de esta ciudad, familiares de los presos en huelga de hambre en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) número cinco y otros dos penales chiapanecos, en demanda de su liberación.

Según informó esta mañana Alberto Patishtán Gómez, miembro de La Voz del Amate y vocero de los siete presos en huelga de hambre y seis más en ayuno, quienes hoy cumplen 13 días de protesta, los enviados municipales pretenden que se levante el plantón en el atrio de la catedral sancristobalense, al menos mientras se celebra la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura el próximo fin de semana en el centro de esta ciudad. Se espera el arribo de asistentes a la reunión en los próximos días.

Patishtán informó a La Jornada que las familias han respondido a esas presiones diciendo que sólo se retirarán de la plaza cuando hayamos salido libres todos los presos que estamos en protesta por nuestros injustos encarcelamientos

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• Reunión del embajador con el grupo de amistad México-Cuba en la Cámara de Diputados

El terrorista bloqueo de Estados Unidos no logrará su cometido: Aguilera de la Paz

El bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba ha causado un daño de 104 mil millones de dólares a este país, de acuerdo con un cálculo muy conservador, expresó ayer el embajador cubano en México, Manuel Aguilera de la Paz.

Al presentar ayer al grupo de amistad México-Cuba de la Cámara de Diputados el informe 2011 sobre los efectos del bloqueo, expresó que las medidas adoptadas por Washington continúan aplicándose con todo rigor y han sido particularmente crueles en la salud y alimentación de los cubanos.

Se trata, explicó a los legisladores, de una política de terrorismo de Estado, que tiene como único objeto derrocar al gobierno revolucionario, pero que no ha cumplido, ni cumplirá, con el propósito de doblegar la decisión patriótica del pueblo cubano de preservar su soberanía, independencia y derecho a la libre determinación

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Sin respuesta, despedidos de SG

Silencio administrativo persiste en las secretarías de Gobernación (SG) y de la Función Pública, y la Procuraduría General de la República (PGR), ante demandas de un centenar de trabajadores de la SG despedidos. Los afectados llevaron su queja al Poder Judicial para demandar, en particular a la PGR, por omisión o ausencia de respuesta a la denuncia penal de junio de 2011, y para las otras dependencias por incurrir en silencio administrativo.

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Astillero

• SuperFelipe deshace complot
• Otro salvamento heroico
• Como libreto de Hollywood
• Diputados comparecen

Julio Hernández López

El superhéroe ha vuelto a salvar al mundo (o cuando menos a una parte relevante de él). De golpe, gracias a sus especiales poderes de investigación inducida, frenó todo un complot internacional, colocó a sus archienemigos conocidos como Los Zetas en una especie de paredón binacional, metió a México en el apasionante rejuego de espías, atentados, venganzas y maquinaciones de Estados Unidos contra Irán (y al revés), y demostró a sus conciudadanos que a un paladín de la justicia, como es él, El Gran Felipe, le resulta más fácil identificar a un presunto terrorista en tránsito que a mexicanos masacrados en Veracruz o en el tamaulipeco San Fernando (por citar sólo un par de ejemplos del amplísimo expediente de asesinados y desaparecidos) o a jefes narcotraficantes del cártel de Sinaloa (nomás por citar un caso, prácticamente al azar).

Es la sublimación de las potencialidades creativas de la afamada firma cinematográfica oficial denominada García Luna Productions, no necesariamente porque lo reportado sea un montaje, pero sí porque el ánimo escenográfico y la intencionalidad justificatoria son similares a las que tanto reconocimiento han acarreado al ingeniero químico a cargo de la seguridad pública desde el plano federal. Sí se puede, nomás hay que encontrar la ocasión propicia, dirían los felipistas emocionados porque en medio de la descomposición del país ha sido posible insertar en planos internacionales el mito genial de la calidad ejecutiva de la inteligencia operativa mexicana: “n’ombre, y que se nos quiere colar un cuate que disimulaba sus propósitos bajo su inconfundible nombre original, y que lo detectamos porque tenía orden gringa de aprehensión, y que no lo dejamos llegar acá a que se siguiera poniendo de acuerdo con sus compinches para luego ir a Guachinton a causar vandalismo en embajadas y asesinar a diplomáticos”. Cien mexicanos del gobierno dijieron, con el Vítor Cal.

El estado policiaco del calderonismo rinde frutos a su matriz en Washington en un episodio que suministra coartadas al poder gringo para dar continuidad a su obsesión contra Irán y, al demostrar esa eficacia argumental, recibe palmadas de agradecimiento y frases anonadadas, como la de Hillary Clinton que ha calificado el episodio del complot fallido de logro increíble. Increíble, en efecto, es la historia de un conspirador iraní que busca, tal vez en los avisos clasificados, a un narcotraficante mexicano que le ayude a colocar bombas en la capital de Estados Unidos. Y resulta que el supuesto cómplice es uno de los informantes de la DEA, agencia ésta que se mueve como si nada en México, no solamente para bien armar a los cárteles, sino incluso para simular que sus agentes son mercaderes mexicanos de droga. Las primeras noticias parecen caer en error o cuando menos ser coincidentemente confusas al no precisar los términos de la trama, pues en primera instancia pareciera entenderse que nunca se permitió al complotista entrar a México, ya que habría sido detectado a tiempo por el diligente instituto de migración, aunque The Washington Post dice en wapo.st/q8xAN4 que el conspirador tenía amplio contacto con mexicanos desde Texas, donde residía, y que había realizado repetidos viajes entre Irán y México.

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Dinero

• Duro revés al sistema financiero hispano
• Bajan la calificación de Bancomer y Santander
• Los gruyeros

Enrique Galván Ochoa

¿Y no hay quien califique a las calificadoras? Después de descalificar la capacidad de pago de los gobiernos de Estados Unidos, España e Italia, ahora Standard & Poor’s y Fitch han bajado la calidad crediticia de 15 entidades españolas, entre las que se incluyen BBVA y Santander. No han dado a conocer los directivos de los bancos, tampoco los gobiernos de España y México, las consecuencias. La más severa es Standard & Poor’s, que recortó la calificación de la deuda a largo plazo de Santander, BBVA, Bankinter, Banco Sabadell, Ibercaja, BBK y la Kutxa. Además, pone en revisión negativa la calificación de Caixabank y Bankia, al tiempo que amenaza con recortar la nota del Popular. Fitch, por su lado, bajó solamente la calificación a Santander, BBVA, Sabadell, Banesto, Popular, Caixabank, Guipuzcoano y la Caixa, por considerar que los bancos no deben tener una calificación mayor que el país en el que estén domiciliados. Al paso que van, las únicas que tendrán buena calificación serán las propias calificadoras. Y de la consistencia de su criterio pueden hablar los préstamos que con su aval se han hecho en México a gobiernos estatales y municipales que hoy están técnicamente quebrados. Nótese que S&P bajó la nota al sistema financiero español en su conjunto hasta grupo 4, en la escala de uno a 10 que emplea la agencia para medir la fortaleza del sector en función del riesgo país. “Tras esta rebaja –dice el diario Expansión–, el sistema financiero español tiene la misma categoría que la de países como República Checa, Israel, Corea, México y Eslovaquia.

Este pacto no es con Dios

En las condiciones en que se encuentran las instituciones crediticias europeas está resultando difícil para Sacyr, el emproblemado socio del director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, encontrar quién le lance un salvavidas para pagar sus millonarias deudas que vencen el próximo diciembre. Suárez Coppel dice que el arreglo que hizo con su amigo Luis del Rivero ya no tiene reversa. ¿Será? Va acercándose la fecha en que debe comparecer ante la Cámara de Diputados y hay un intenso cabildeo para hacerle menos amargo el trago. A algunos diputados está pareciéndoles extraño que no se hable del negocio petrolero que tiene un valor de miles de millones de dólares al año. En el cuadro de arriba aparecen los datos de los últimos años.

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México SA

• Coalición y desastre nacional
• ¿Oferta de un México mejor?
• Triste historial de barbaridades

Carlos Fernández-Vega

Un grupo de políticos, académicos e intelectuales, todos ellos abajo firmantes de un desplegado, se han pronunciado a favor de lo siguiente: si ningún partido dispone de mayoría en la Presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban. En el inventario de promotores hay de todo: de viejo cuño y de muy viejo cuño, que comparten una firme decisión: consolidar la democracia constitucional en México para dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad.

Pues bien, tan eminentes personajes deberían pensar en los mortales, que sumamos millones, y detallarles qué tipo de coalición es la que proponen, porque, si recordamos los hechos, a lo largo de los últimos 20 años los mexicanos no han visto ni padecido otra cosa que una coalición de facto entre tricolores y blanquiazules –con la participación perredista en algunas ocasiones– (recuérdese la ley Televisa, por ejemplo) a la hora de lo que ellos llaman gobernar, y lo han hecho siempre en aras –según declaran los coaligados– de dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad de quienes habitan esta heroica República. Y los resultados de tan propositiva alianza están a la vista de todos: sin respuestas y sin atención a los grandes problemas nacionales, el país se desmorona, mientras el horno social cada día se calienta más.

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EU: el juego de las conjuras

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, informó ayer que la FBI y la DEA lograron frustrar un importante acto terrorista en Estados Unidos, urdido por facciones del gobierno iraní, que incluía el asesinato del embajador de Arabia Saudita en Washington, Adel Al-Jubeir, y ataques con bomba contra las embajadas de ese país y de Israel. De acuerdo con la acusación presentada por el gobierno estadunidense, uno de los detenidos, el ciudadano iraní Manssor Arbabsiar, sostuvo varias reuniones en México con un agente infiltrado de la DEA que se hizo pasar por integrante de algún cártel del narcotráfico y a quien pagaría por llevar a cabo el atentado.

Más tarde, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Julián Ventura, informó que el pasado 28 de septiembre personal del Instituto Nacional de Migración impidió el ingreso al país a Manssor Arbabsiar –sobre quien pesaba una orden de arresto girada por una corte de Estados Unidos–, emitió una alerta internacional y lo hizo regresar a territorio estadunidense, donde fue finalmente detenido.

Es pertinente recordar que uno de los rasgos característicos de la proyección internacional de Estados Unidos, particularmente en lo que se refiere a seguridad nacional, ha sido la difusión –con ayuda de los círculos de pensamiento cercanos al poder y de los principales medios de comunicación de ese país– de presuntos vínculos entre enemigos reales o imaginarios de Washington, independientemente de si tales nexos se corresponden con la realidad. El ejemplo más célebre de esa tendencia es la invención del llamado eje del mal por George W. Bush, que incorporaba a los gobiernos de Corea del Norte, Irak e Irán, los cuales eran presentados por el político texano como regímenes aliados entre sí –lo que no podía ser más falso–, además de cómplices del terrorismo internacional

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El Correo Ilustrado

Exigen protección para comuneros de Santa María Ostula

Apoco más de dos años de que los comuneros nahuas de Santa María Ostula recuperaron el predio Xayacalan, en manos de supuestos pequeños propietarios de La Placita, han perdido la vida 25 comuneros y cinco más se encuentran desaparecidos. Los comuneros se han conducido por la vía jurídica, reclamando la restitución de su territorio ante las dependencias agrarias, como el Tribunal Unitario Agrario con sede en Colima. Las autoridades agrarias resolvieron reponer el procedimiento y en ese trámite legal se encuentran; al mismo tiempo, como parte del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural de la SRA, se ha propuesto una vía concertada a las partes. También la CIDH pidió medidas cautelares. Hasta ahora no hay resultados y los grupos armados siguen respondiendo con violencia. Exigimos que las autoridades federales y estatales den muestras de tener la capacidad o voluntad de otorgar seguridad a los comuneros de Ostula. El más reciente crimen de Pedro Leyva debe esclarecerse.

Por la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, capítulo México: Carmen Ventura, Magdalena Gómez, Teresa Valdivia, Salomón Nahmad, Teresa Sierra, Laura Valladares, Fabiola Escárzaga, Leif Korsbaek, Consuelo Sánchez, Araceli Burguete, Elisa Cruz, Ramón Martínez, Artemia Fabre, Héctor Ortiz, Salvador Aquino,Victoria Chenaut, Sandra Chávez, Gisela González, Anita Parastoo, Manuel Buenrostro, Agustín Ávila, John Gledhill, Irene Ortiz, Akauavi Adonon, Larisa Ortiz, Ángeles Arcos, Óscar Banda, Kajkoj Máximo, Morita Carrasco, Alejandro Cerda, Alejandra Navarro y Erika Díaz

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Casa sobre la Roca, la nueva derecha neopentecostal

Bernardo Barranco

Las proximidades entre Calderón y los grupos neocarismáticos de Casa sobre la Roca están marcadas por la constante ambigüedad, el pragmatismo y la mutua utilización político-religiosa. Cuando Felipe Calderón fue candidato, en 2006, recibió todo el apoyo y las bendiciones de los Orozco, Rosi y Alejandro, líderes de dicha asociación político-religiosa. Así, Casa sobre la Roca se convirtió en cabeza de playa, es decir, la avanzada y puente político con el mundo evangélico. Calderón candidato se benefició del liderazgo, la capacidad de convocatoria y de las redes sociales de Casa sobre la Roca. Calderón presidente cumple con cargos, puestos, recursos y redes de influencia que los Orozco han sabido aprovechar. El libro de Rodolfo Montes La cruzada de Calderón (Random House Mondadori) muestra claramente la violación del carácter laico por parte del presidente Felipe Calderón.

Cuando la editorial me pidió hacer una introducción a la investigación periodística de Montes, me llamó poderosamente la atención la poca claridad de los actores. Para empezar Casa sobre la Roca no se reconoce como asociación religiosa (AR), sino como asociación civil (AC); hace malabares en sus propias definiciones contradictorias, expresa que hay una enseñanza no religiosa de la Biblia. Ser AC es conveniente: le permite sacudirse de prohibiciones políticas, así como prestar servicios al Estado. Aquí hay complacencia y omisión de la misma Secretaría de Gobernación, que tolera dicha ambigüedad.

Por diferentes medios, Calderón ha señalado que no se ha convertido a ninguna otra creencia y que sigue siendo católico; sin embargo, aparece en videos ante multitudes con gestos, lenguaje corporal y la utilización de conceptos propios de un predicador evangélico. Otro contrasentido es que los fundadores y líderes religiosos de Casa sobre la Roca rechazan llamarse ministros de culto cuando predican y realizan ceremonias paralitúrgicas frente a sus audiencias. También es reprochable la opacidad del gobierno panista y de la primera dama Margarita Zavala porque no quieren reconocer las raíces evangélicas del vasto programa gubernamental Nueva Vida, expresión clásica en la Biblia, cuyo autor intelectual y promotor inicial es precisamente Alejandro Orozco.

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Rebeldías de las clases medias

Luis Linares Zapata

Al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo encabeza una dirigencia colectiva de singular composición. Durante los dos primeros años –cuando fungió como gobierno legítimo– sus tareas de proselitismo las llevó a cabo de manera cuasivoluntaria. Los recorridos por el país fueron abarcantes y así han seguido hasta la actualidad, aunque ahora han tomado la forma de un movimiento inédito. Se trataba de identificar, e incorporar, a ese segmento olvidado de la población que, aun en medio de francos temores de ser sujetos de variadas formas de represión, se declaraba listo para transformar su atribulada realidad. Se les pedía no perder las esperanzas de que un México más justo para todos es posible. Y, frente a esos entusiastas contingentes, se expusieron las distintas salidas para cambiar la asfixiante situación que impide a las mayorías nacionales llevar una vida digna y productiva. La respuesta, desde un inicio, fue alentadora y se ha robustecido con el ensanchamiento de la conciencia colectiva experimentado a raíz de la cruenta decadencia que aqueja al país.

La base de sustentación de Morena reclutada llega ahora a más de cuatro millones y medio de personas. Todas identificadas con precisión y esparcidas por todos los confines, chicos, grandes o remotos de este inmenso país. Se sabe que alrededor de un millón de ellas se traslapan; es decir, están registradas en ambas entidades: en el gobierno legítimo y Morena. Ha sido un trabajo extenuante pero de profunda satisfacción, pues se trasiega por una causa superior. No ha habido, en esta dirección colectiva original, deserción alguna. Por el contrario, y a medida que se extiende, se renuevan los ánimos y se interiorizan variadas certezas. El liderazgo mostrado ante tan abigarrada colectividad se ha ido desenvolviendo a medida que aumentan los postulantes para lograr el cambio verdadero que la vida organizada de México requiere. En la actualidad hay toda una pirámide de dirigentes que conservan su naturaleza cuasivoluntaria. La estructura se despliega, desde las coordinaciones estatales hasta las seccionales (40 mil de ellas al presente), pasando por las distritales y las municipales ya integradas. A este tinglado de ciudadanos incansables se han incorporado las dos formaciones cupulares: el Consejo Consultivo y el Ejecutivo, presentes ambos en su constitución jurídica como asociación civil.

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Demandarán a Calderón en La Haya por crímenes de guerra y lesa humanidad

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (apro).- Académicos, intelectuales, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos interpondrán una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra el presidente Felipe Calderón, así como altos mandos militares y narcotraficantes por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los detalles de la querella, que cuenta con el respaldo de 20 mil firmas, será anunciada este martes en conferencia de prensa por los promotores de la misma, entre quienes figuran Epigmenio Ibarra (presidente de Argos Comunicación), John M. Ackerman Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) y Edgardo Buscaglia Abogado e investigador de la ONU).
Según los quejosos “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados.
Además, añaden existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado.
Esta situación, agregan, se debe por igual a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. “Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados. La falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria”.
Frente a la imposibilidad de buscar justicia a nivel nacional, en breve presentaremos, dicen, ante el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación prevaleciente en México.
La denuncia incluye además de Calderón a los siguientes funcionarios y narcotraficantes: los secretarios de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván y Francisco Saynez Mendoza, respectivamente, así como Joaquín El Chapo Guzmán.
En la página http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html, se continúan recibiendo firmas de adhesión bajo un programa que garantiza la no repetición de nombres.

Milicia: altos mandos de lujo, pensionados de hambre

Unos 70 mil militares en retiro sobreviven con pensiones de hambre, mientras que los sueldos de 11 altos funcionarios de las secretarías de Marina y Defensa superan los 19 millones de pesos anuales. Los privilegios para la elite incluyen dos seguros por 7 millones para cada uno. “Somos discriminados por el mando supremo”, señala la tropa retirada. Sin embargo, las diferencias se observan incluso en la cúpula: en plena “guerra” contra el narcotráfico, tres marinos ganan más que el general Guillermo Galván.

Nancy Flores

Seis altos funcionarios de la Secretaría de Marina Armada de México y cinco de la Defensa Nacional cuestan al erario 19 millones 220 mil 680 pesos al año, sólo por sueldos y compensaciones garantizadas netas. En lo individual, éstas oscilan entre 1 millón 300 mil y 1 millón 700 mil pesos. Se trata de la cúpula militar mexicana.

La manutención de los 11 militares de alto rango incluye dos onerosos seguros: el institucional, que supera los 6 millones de pesos por cada uno, y el de vida, por más de 1 millón de pesos. Por el contrario, más de 70 mil militares en retiro sobreviven con pensiones que van de los 24 mil a los 120 mil pesos anuales (menos del 10 por ciento de lo que perciben los 11 mandos).

Pero hasta en la cúpula hay diferencias: tres marinos ganan más que el secretario de la Defensa Nacional, revela información oficial hecha pública por ambas instituciones en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

El mejor pagado de los 11 es el secretario de Marina. Al año, Mariano Francisco Saynez Mendoza obtiene 1 millón 723 mil pesos netos como sueldo base y compensación garantizada. A este monto le suma otros 44 mil pesos de aguinaldo y una prima vacacional anual equivalente a 20 días del haber. Además, cada mes cobra 96 pesos por “Previsión social múltiple” y 77 por “Ayuda para despensa”.

En el segundo peldaño, le siguen el subsecretario de Marina, Jorge H Pastor Gómez, y el oficial mayor de esa misma institución, José Máximo Rodríguez Carreón, con sueldos base y compensaciones garantizadas por 136 mil 640 pesos netos mensuales: 1 millón 639 mil 680 al año.

Hasta el tercer sitio se ubica el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván. Y es que el cuarto militar mejor pagado obtiene 1 millón 499 mil 547 pesos anuales por sueldo y compensación garantizada; esto es, 140 mil 133 pesos menos que los subalternos de Saynez Mendoza. Por gratificación de fin de año, el general recibe 44 mil pesos.

Galván Galván también tiene derecho a gastar, al año, 10 mil 800 pesos del erario en comida; su “Ayuda para despensa” es por 100 pesos mensuales y también cuenta con una “Prima vacacional” por 20 días de haber anuales.

Pero ésas no son todas las prestaciones. El almirante Saynez Mendoza, el general Galván Galván y sus nueve subalternos cuentan con un seguro institucional por 6 millones 879 mil 973 pesos, y uno de vida, por 1 millón 324 mil 908 pesos. Sobre estos seguros, el capitán Enrique Ponce de León, director de Atención a Prensa y Medios de la Secretaría de Marina, explica a Contralínea que sólo serían cobrados por las familias en caso de que el beneficiario falleciera.

El puñado de funcionarios, cuyo sueldo supera el millón de pesos anual, incluye al subsecretario de Defensa, al oficial mayor de la Sedena, a los inspectores, jefes del Estado Mayor y comandantes de Marina y Defensa, de acuerdo con su propia estructura institucional.

Pensiones miserables

Con sus sueldos y prestaciones, la elite militar está lejos de pasar las penurias que enfrenta el viejo Conrado Juan Crispino. “Nosotros seguimos siendo militares aunque estemos en situación de retiro. ¿Por qué somos discriminados? Somos los que ganamos menos que cualquier otra persona jubilada. ¿A poco el señor secretario, a poco el señor presidente van a mantenerse con estos sueldos?”.

El sargento primero de infantería retirado, de 70 años de edad, narra una historia que se repite por miles entre los soldados y marinos retirados. “Estoy pagando un préstamo y por eso ahorita gano 2 mil 600. Sin los descuentos, en total deben ser 4 mil 330 pesos. Ésa es una mensualidad que no alcanza para nada, ni para comprar, pagar renta ni nada de eso”.

Resume su desgracia, que en su vejez lo lleva a emplearse como guardia de seguridad privada para poder costear sus gastos y los de su familia: “Nosotros nos acabamos la vida en el Ejército”. Agrega: “Esta miseria en un año o dos no va a servir para nada. Ahorita no puedo pagar mi renta. Metí el préstamo y ya no me alcanzó para pagar. Si pago toda la renta no voy a comer”.

Al igual que aproximadamente 70 mil militares retirados, Conrado cobra su pensión en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

La misión de esa dependencia es “proporcionar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los militares en activo, situación de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, con un alto grado de calidad y conforme a las normas legales vigentes”. Nada, para los retirados, se cumple a cabalidad.

La situación de los retirados respecto de los activos parece humor negro. Las condiciones de vida del general de división José Armando Tamayo Casillas, director general del ISSFAM, se asemejan a las del grupo de los 11 militares de alto rango. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, sus percepciones netas al mes ascienden a 125 mil 57 pesos, 1 millón 500 mil 684 anuales.

Pobreza y engaños

En las Fuerzas Armadas algo está claro: los sueldos millonarios no son para todos. El regimiento de militares en retiro y en pobreza suma decenas de miles. Cansados de los engaños, expresan, algunos desobedecieron la llamada “disciplina militar” y del 12 de febrero al 12 de julio de 2011 montaron un inusitado campamento en el Zócalo de la ciudad de México. Una humilde carpa blanca protegió de las inclemencias del tiempo a los agremiados de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac). Al tiempo, la dignidad veló por ellos en momentos en que arreciaron las amenazas proferidas lo mismo por militares en activo que por otros retirados.

A cinco meses de resistencia, los ancianos levantaron el Campamento de la Primera Reserva pero su lucha no ha terminado: los mandos siguen beneficiando solamente a aquellos soldados y marinos enrolados en la “guerra” contra el narcotráfico. Incluso, esperan montar un nuevo campamento para exigir respeto a sus derechos.

De los beneficios económicos a favor de la milicia –generados en el contexto de la “guerra”–, a ellos no les tocan ni migajas. Peor aún, señalan, se les roba con dolo lo que por ley les corresponde.

De acuerdo con la Femirac, la iniciativa del Poder Ejecutivo enviada al Congreso de la Unión el 21 de junio pasado, “que debía hacer justicia a los militares retirados que sirvieron a la nación entre 20 y 29 años, no responde a lo anunciado públicamente por el mando supremo”. Los retirados en esa condición son los más perjudicados, pues desde la década de 1990 no han tenido ningún tipo de apoyo económico ni compensación garantizada.

La Federación critica que se rompió el compromiso –hecho por el presidente Felipe Calderón el 19 de febrero pasado– de incrementar en forma proporcional el 50 por ciento a los haberes de retiro a razón de 1 por ciento por cada año, de acuerdo con el tiempo de servicios, hasta llegar al 59 por ciento en el caso máximo.

La Femirac acusa que esto se incumple en la iniciativa: ese 50 por ciento lo fragmenta a lo largo de 10 años. De esta manera, el personal de la tercera edad deberá contar con la suerte de mantenerse con vida, para poder recibir año con año un 5 por ciento de incremento en su haber de retiro hasta 2020.

“La superioridad continúa discriminándolos. Omite su obligación de mantener alta la moral de las tropas y no da cumplimiento a lo que ordena la Ley del ISSFAM en su artículo 23, que procura vida digna para quienes sirvieron a la nación por toda una vida; por tanto, deben ser justamente valorados y recompensados porque son un ejemplo de valor y coraje en la lucha por la construcción de un México más fuerte y porque es, además, una responsabilidad de carácter internacional, tal como asevera enérgicamente el propio alto mando en la exposición de motivos de su iniciativa entregada al Congreso de la Unión”.

El general brigadier retirado Samuel Lara Villa, presidente de la Femirac, señala: “La ley del ISSFAM no la hicimos nosotros, la hizo el Congreso de la Unión, y en su reglamentación está determinada una vida digna para los militares retirados, y señala en su actual artículo 23 que las percepciones de éstos deben ser incrementadas en la misma proporción y al mismo tiempo que al personal del activo. Eso nunca se ha llevado a cabo”.

Agrega que las autoridades en lugar de procurar por sus retirados, le aumentan al activo por otros canales. “Buscan, mañosamente, que no lleguen a los retirados esas percepciones que van a dar al activo. Eso es lo que más indigna porque se ve la intención de hacernos a un lado, de humillarnos. Por eso reclamamos justicia”.

En entrevista con Contralínea, ejemplifica su acusación: “Los bonos que dieron al personal del activo a fin de año fueron por debajo de la mesa, para que los demás no se dieran cuenta. Pero cómo no va uno a darse cuenta si todavía tenemos tantos excompañeros en el activo. De ese bono que determinó el gobierno federal otorgarle a todos los trabajadores al servicio del Estado a nosotros no nos llegó nada. Reclamamos porque se les olvida que seguimos siendo parte de las Fuerzas Armadas. Estamos en una situación de retiro, pero seguimos sujetos a las leyes militares y se los recordamos”.

Agrega que pareciera que hay una “tubería” directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el personal de servicio activo: “Les llegan aumentos, becas, compensaciones garantizadas, bonos… Y a nosotros no nos llega nada. Cuando se acuerdan de nosotros y nos quieren dar algo hacen una iniciativa que se va a las comisiones legislativas y de ahí sube a la asamblea, se discute en el pleno y después sale en la gaceta. Es un camino largo para que a nosotros nos llegue un beneficio y luego con condiciones, fraccionado”.

Sobre el campamento que mantuvieron durante cinco meses, Lara Villa indica que hasta ese tipo de resistencia “nos han empujado las autoridades, que tienen la obligación de velar por los que fueron sus subordinados, por la tropa, por los mandos medios, por la gente que está en situación de retiro”.

Explica que durante los 12 años de vida de la Federación, nunca fueron resueltas sus demandas. “Agotamos nuestras instancias internas hasta llegar a la última, que para nosotros es el mando supremo. Queremos que, como mando supremo, la Presidencia de la República nos atienda”.

Servicios médicos deficientes

Las diferencias entre la elite militar y los retirados son profundas. Mientras el director general del ISSFAM cuenta con un seguro de gastos médicos por 573 salarios (mínimos generales mensuales), para los militares en situación de retiro ni siquiera los servicios médicos funcionan de manera adecuada.

“Uno va al Hospital Central Militar o a la Unidad de Especialidades Médicas y el médico obviamente da la receta; entonces uno pasa a la farmacia y no hay medicamentos. Ahí dicen, esta pastilla se la dejamos pendiente, venga el martes. Uno va desde lejos, desde donde uno vive a la farmacia y resulta que el martes no está aún el medicamento; entonces dicen que para el viernes, y tampoco lo tienen. Yo tengo hipertensión arterial, tengo que tomar el medicamento porque si no siento que me falta el aire, entonces tengo que comprarlo porque a mí me interesa mi salud”, explica el capitán de infantería retirado Luis Martínez Sánchez.

—¿Y le alcanza con su pensión?

—Gano 9 mil 800 pesos mensuales. Pero mi esposa no trabaja, está grande y muy enferma. Además, sufro la hipertensión arterial que me apareció a raíz de la operación de rodillas, que me hicieron con platino y titanio. Entonces con lo que gano no completo. Mi esposa necesita zapatos, tengo que pagar el teléfono, la luz, el impuesto predial, el agua… Todo sale de ahí, de lo que uno gana, y pues no completo. He tenido que recurrir a los préstamos de Banjercito, que es el banco que se encarga de manejar nuestro dinero. Esos préstamos los descuentan por mes, y con el descuento recibo 6 mil 500 pesos en lugar de los 9 mil 800. Con esa pensión no se puede comer, no se puede vivir bien. Un salario para vivir a medias sería, mínimo, de 500 pesos diarios.”

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la oficina del coronel Ricardo Trevilla Trejo, director de Comunicación Social. A pesar de las gestiones hechas durante más de un mes, hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

La voz de los olvidados

Integrantes de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC, narran a Contralínea algunas de las urgencias que enfrentan:

• General brigadier retirado Samuel Lara Villa. “Un capitán primero de caballería retirado con 27 años de servicio gana 5 mil 700 pesos mensuales. ¡Con esa antigüedad! Imagínese cómo está la tropa: 1 mil 200, 1 mil 300 pesos. La diferencia está muy marcada: [el activo con ese rango estará ganando] unos 27 mil. Es abismal. El soldado raso activo gana 9 mil al mes, más que el que fue capitán (…) En cuestión de la vida militar, no me quejo y estoy seguro que mis compañeros tampoco: nos gustó la vida militar y ahí está la demostración, nuestros expedientes están a la vista de quien los quiera estudiar. Trabajamos y estuvimos en los cuarteles y fuimos a la sierra y fuimos adonde nos mandaron y cumplimos con todo. Lo que no nos parece, lo que indigna es el trato que nos están dando. Ahora nos discriminan”.
• Capitán de infantería retirado Luis Martínez Sánchez, 70 años. “Soy retirado. Esto no quiere decir que en todos los retirados haya discriminación, pero me consta a mí. En la Ley del ISSFAM determinan que el retirado es aquel que cumple de 20 años en delante de servicio para el Ejército; pero no cumplen con los requerimientos económicos, por ejemplo, está escrito en el artículo 31 que los retirados con más de 30 años de servicio se les da un 60 por ciento más de retiro. ¿Por qué no lo hacen con los de 20 a 29 años? A mí me ajustaron con 29 años y 27 días. Esto no quiere decir que hubiera hecho menos tiempo de servicio, sino que en operaciones cometí un error que me trajo consecuencias: estuve encerradito en la prisión militar y me quitaron ese tiempo de antigüedad. Por eso no llegué a los 30 años. Yo veo, dentro de mi ignorancia, que hay discriminación porque para mí, si yo leo que retirado es de 20 años en adelante, se supone que tenemos los mismos derechos. Ésa es una discriminación”.
• Teniente de fragata de comunicaciones navales retirado José Luis Méndez Rivera, 75 años. “Es doloroso saber que tenemos carencias. En el plano de los beneficios que nos otorga la ley, no pedimos nada más, sólo que se cumpla el espíritu del artículo 31 de la ley que nos rige. Hay una cosa dolorosa que se nos expresó, que lo considero como una discriminación: un general, en una reunión que tuvimos en el ISSFAM, nos dijo ‘el Ejército que ustedes dejaron hace 20 años es diametralmente opuesto al actual’. En nuestro tiempo, fuimos elementos que le permitieron a todos esos funcionarios que ahora son los que mandan en el país, que estudiaran; ellos eran estudiantes cuando nosotros proporcionábamos un alto grado de seguridad y manteníamos el statu quo, manteníamos la respetabilidad de las Fuerzas Armadas, éramos profesionistas, gente que luchaba y batallaba siempre por el bienestar del pueblo y acudíamos en su ayuda cuando así lo requerían en caso de emergencia. Entonces, no pedimos nada que no sea lo que está establecido en la ley. Eso debe de quedar muy claro, porque si nos dicen que nos van a dar un dinero cuando haya para los retirados… Ya fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia, a la Cámara de Diputados, al ISSFAM, ya nos pronunciamos de diferentes maneras y esperamos que alguien nos diga ‘vengan para acá’. Sí nos llamaron en una ocasión, pero para decirnos que había una casa de retiro”.
• Exsargento segundo de transmisiones Gregorio Hernández Méndez. “Me corrieron [del Ejército] porque no estuve de acuerdo con las órdenes. Es mentira que los gobiernos priístas manejaron distinto al Ejército, lo manipularon como hasta ahorita. A mí me tocó cuando Lucio Cabañas. [Nos ordenaron] combatirlo porque era guerrillero, pero el señor no era guerrillero, era un luchador social. Lo que él pedía, parece que me acuerdo, es que se cumpliera la ley del artículo tercero: que la educación la subsidiara el Estado; es lo que pedía él. Pero como se friegan el dinero para el gobierno fue un guerrillero. Entonces por eso yo no le quise seguir. Ahora apoyo a los que reciben una pensión o jubilación, porque como militar retirado me solidarizo con ellos para que les den los servicios que dice la ley del ISSFAM”.
• Teniente de navío Andrés Jiménez Rodríguez, 79 años. “Estuve 25 años en el servicio y para completar los 30 me dieron cinco años más de perseverancia. Por eso me dieron los haberes completos, que al mes son 8 mil pesos. Eso es muy poco realmente. Le estamos solicitando al gobierno que nos aumenten de acuerdo con el sueldo de los activos. Es lo que teníamos antes, entonces nos quitaron a nosotros una parte y nos dejaron con menos. Con puros haberes”.
• Militar retirado Jaime Castro Torres. “Queremos que no sean injustos con las personas que con todo el corazón servimos al Ejército. Ahora nos hacen menos, con un gesto de desprecio que no nos merecemos. Lo único que buscamos es que sean justos con todos, así como nosotros servimos para poder librar a los que estaban en aquella época pequeños. Yo entré casi después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros cuidamos la patria para que todas esas personas que ahora tienen un puesto, que son senadores, diputados u otros puestos superiores, se levantaran, y no es justo que ahora nos paguen con este tipo de injusticia. Esperemos que estas peticiones de justicia las tomen en consideración para una vida más digna para nosotros”.
• Exsargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez. “Soy exmilitar. Mi caso fue muy diferente porque yo fui dado de baja injustamente cuando llegó el señor Vicente Fox [a la Presidencia]. Él ordenó una purga y quien no era católico se fue a la calle, sólo por el hecho de no serlo”.
• Subteniente retirado Carlos Sierra. “Me retiré con el 68 por ciento de lo que yo ganaba, porque nada más serví 23 años. Entonces, en los aumentos que vienen es 68 por ciento al que yo tengo derecho conforme a la ley, pero no nos aumentan. Entonces la pregunta que me hago es ¿por qué a nosotros no? Si también servimos al Ejército, también nuestras familias sirvieron, nosotros sufrimos, dejamos la juventud, yo ahí dejé la mía. Entonces, ¿por qué si la misma ley lo dice no la cumplen? No estoy en contra del gobierno ni en contra de mis superiores; no, al contrario, les hago un llamado para que tomen conciencia y vean que también servimos a la nación. Ellos algún día van a estar en situación de retiro y quizá como ganan bien no les va a interesar, pero por lo menos que hagan conciencia con nosotros de que le prestamos el servicio a la ciudadanía y al Ejército; y que reconozcan que si la ley nos está amparando, pues que entonces no nos abandonen. En 2009 dieron aumentos a los retirados con 30 años de servicio y un bono de 8 mil o 9 mil pesos y a nosotros nada: de 20 a 29 años no nos han dado nada de eso. Ni el aumento ni los bonos”.
• Teniente retirado Tolentino Hernández. “Soy recientemente retirado. Cumplí 51 años [de edad] y entonces, automáticamente, ellos tramitaron mi retiro con grado de teniente, para efectos de pago. Lo que no me parece es que me fui con 28 [años de servicio] y que otros compañeros se están yendo con 30 años, y [mientras ellos se van] con 13 mil pesos mensuales o más, a mí me mandaron con 8 mil pesos. ¿Qué son dos años? No sólo eso: la ley dice que el bono de fin de año es para todos los militares, no dice que es simplemente para el personal activo, porque todos le servimos a la nación, todos le servimos al pueblo. En este otro punto la verdad no estoy de acuerdo. Ahorita la luz, el agua, el predio, teléfono, lo que sea, ahí se va casi la mitad de la pensión. No es suficiente y da coraje porque son dos años que no me dejaron cumplir”.

Acoso contra militares en resistencia

Por estar en resistencia, los soldados y marinos afiliados a la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac), sufren el acoso de la autoridad, por diferentes vías. Para demostrar lo que denuncian, entregaron a Contralínea la copia de un citatorio girado por la Procuraduría General de Justicia de Militar contra el general brigadier retirado Samuel Lara Villa.

Se trata de la primera forma de amedrentamiento vivida por los militares retirados durante el plantón que mantuvieron en el Zócalo capitalino del 12 de febrero al 12 de julio pasado.

Con el número de folio AP-VI-15227, y fechado el 18 de marzo de 2011, la justicia castrense requirió al presidente de la Femirac para que explicara el por qué de todas las movilizaciones que esa asociación civil llevaba a cabo.

El abogado de la Federación, Francisco Torres, explica que se trató de un claro proceso intimidatorio. Otras formas de acoso, señalan los militares consultados, ha sido el que ejercen asociaciones civiles cercanas a la cúpula militar y militares en activo.

Revista Contralínea 248 / 28 de agosto de 2011