Con Calderón se han importado 110 mil mdd en gasolinas

¿Quién gana con ese desmesurado gasto en la compra de gasolinas?

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El chiste más viejo-Fisgón

La misma escuela-Hernández

Exxon, Shell y la venezolana Citgo concentran las compras

*Por la falta de capacidad de refinación se erogó un monto similar a la deuda pública externa
Se gastaron 110.7 mil mdd en este sexenio para importar gasolinas
*La dependencia de los combustibles extranjeros se incrementó 98% con el actual gobierno
*Aumenta el déficit entre la elaboración y el consumo nacional, revelan cifras de Pemex

Víctor Cardoso

El gobierno de Felipe Calderón benefició con más de 110 mil millones de dólares a un limitado grupo de empresas petroleras, entre las que se encuentran algunas de las más grandes del mundo, con las que se mantienen contratos de compra de las gasolinas que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha logrado producir, revelaron fuentes y documentos de la paraestatal.

Trasnacionales como Shell, Exxon, la venezolana Sitgo (filial de PDVSA, pero que está constituida legalmente en Estados Unidos) y Valero, concentran alrededor de 75 por ciento de las compras de gasolinas que se consumen en México y por las que en 2011 se pagaron 29 mil 403.6 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del país.

Sólo dos petroleras, la estadunidense Exxon y la anglo-holandesa Shell, le venden a México más de la mitad de las importaciones de combustibles automotrices, con el argumento de que se compra al que ofrezca el precio más barato.

Con esa estrategia, Pemex concentra 60 por ciento de sus compras de gasolinas en el mercado estadunidense y otro 20 por ciento se adquiere en compañías europeas (particularmente Shell), aunque según las fuentes consultadas en la petrolera mexicana también se adquiere el combustible de refinerías ubicadas en Arabia Saudita, España, Argentina, Brasil, Kuwait y China, siempre y cuando se considere una cotización adecuada y porque no queremos depender de un solo país.

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OCDE "mantiene en su integridad" la crítica sobre telecomunicaciones

*Reitera que por falta de competencia, México pierde 25 mil millones de dólares al año
Slim respondió que las ventas de Telmex y Telcel son de 17 mil millones
*Sostiene la organización que se trata de quebrantos sufridos por clientes y consumidores potenciales

José Ángel Gurría, titular de la OCDE.

Miriam Posada García

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio respuesta a las críticas hechas a su estudio sobre telecomunicaciones en México por el empresario Carlos Slim.

Señaló que el documento fue elaborado con la información disponible entre 2009 y 2011. Sostuvo que la falta de competencia en el sector ha costado al país 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, equivalentes a 25 mil 800 millones por año o 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Aseveró que este exorbitante costo es una llamada de atención a los reguladores y autoridades de competencia sobre la importancia fundamental de contar con regulaciones y políticas que aseguren la competencia abierta y justa, vigilada en su cumplimiento por un regulador fuerte, y que garantice la provisión de un servicio de calidad a precios bajos.

Afirmó que Telmex y América Móvil tuvieron oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el estudio y que un ejecutivo de la segunda empresa estuvo presente en la revisión del documento.

Luego de conocer los resultados y las recomendaciones del estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, Carlos Slim defendió la participación de sus empresas en el mercado mexicano.

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Sainete en las empresas de Salinas Pliego

Empleados de Iusacell impidieron el ingreso de los notificadores de la Comisión Federal de Competencia en las instalaciones de la empresa, ubicada en Montes Urales, Lomas de Chapultepec. Los funcionarios incluso hallaron que la numeración de la calle fue alterada y que se había quitado el logotipo del consorcio. Integrantes de la Policía Federal intervinieron para hacer efectiva la entrega del documento en el que se rechaza la solicitud de alianza con Televisa. Sólo uno de los representantes legales de la telefónica recibió la notificación.

Impugnan Iusacell y Televisa rechazo de CFC a su alianza
*Las empresas sostienen que el organismo regulador impide la competencia
*Empleados de la telefónica obstaculizan la notificación del fallo de la comisión
Con la intervención de la Policía Federal, funcionarios entran a la sede de Iusacell para entregar el fallo de la CFC.

Miriam Posada García

La Comisión Federal de Competencia (CFC) negó a Televisa y Iusacell la autorización para que la primera adquiera 50 por ciento de las acciones de la empresa de telefonía en mil 600 millones de dólares.

Ambas firmas señalaron que solicitarán a la comisión que reconsidere esa decisión, y criticaron que con esta medida sea el propio órgano regulador el que no promueva la competencia en el mercado de telefonía móvil. Detallaron que Iusacell ya está invirtiendo parte del dinero que aportó Televisa.

Ayer por la mañana notificadores de la CFC se presentaron en las instalaciones de Iusacell ubicadas en Montes Urales 460, pero se encontraron con que la numeración había sido alterada y cambiada por el número 409 y había sido quitado el logotipo de Iusacell.

Luego de un enfrentamiento con personal de la empresa, los notificadores tuvieron que ser apoyados por elementos de la Policía Federal (PF), y de esa manera lograron hacer la notificación sólo a uno de los representantes legales de Iusacell, de tal forma que este jueves intentarán cumplir con otras notificaciones para que el proceso se concluya en tiempo, forma y apego a la ley.

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Televisa-TV Azteca: el plan chantaje

El plan chantaje: de rivales a cómplices

En pleno año electoral los dos principales consorcios televisivos –que en teoría son competidores pero que en la práctica actúan de consuno– presionan al Estado y exigen su cuota de poder, las prebendas que creen merecer. Gobiernos que en un principio los tuvieron como aliados han tenido que pagar un precio muy alto por esta complicidad y ahora aparentemente están doblegados por fuerzas monopólicas que crecieron hasta convertirse en un poder dentro de otro y que ahora le imponen condiciones a todos....

Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga. Complicidad.

Jenaro Villamil

La mañana del lunes 16 llegaron a las oficinas de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, responsable de la estrategia de telecomunicaciones del consorcio, y Pedro Padilla Longoria, presidente suplente y director general de Grupo Salinas, considerado brazo derecho de Ricardo Salinas Pliego.

Acudieron a presionar a Eduardo Pérez Motta, presidente del órgano regulador, para saber cuál era su posición frente a la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell y Grupo Televisa, anunciada desde abril de 2011.

Con esa fusión Televisa se convertiría en propietaria de 50% de la empresa telefónica, siempre y cuando se autorice la compra de deuda convertible en acciones por un monto de mil 600 millones de dólares por parte del corporativo encabezado por Emilio Azcárraga Jean. Una operación de esta índole, advierten especialistas, sería contraria a la competencia, pues convertiría en socias a las dos grandes cadenas de televisión abierta.

Pérez Motta les dijo que aún estaba analizando su voto y que la decisión no dependía sólo de él, sino de los otros cuatro comisionados: Luis Alberto Ibarra, Rodrigo Morales, Miguel Flores Bernés y Cristina Massa Sánchez. Esta última fue designada integrante de la Cofeco el 15 de septiembre pasado por Felipe Calderón.

Padilla y De Angoitia salieron contrariados de las oficinas de la Cofeco en Santa Fe. Según versiones extraoficiales sólo contaban con dos de los cinco votos necesarios para autorizar la concentración.

Otras versiones investigadas por Proceso y que se difundieron en algunos medios especializados indicaban que la próxima semana el pleno de la Cofeco podría autorizar la fusión a condición de que se adopten medidas para regular el mercado de la televisión restringida –que domina Televisa– y se autorice también la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, en señal digital, de acuerdo con el proyecto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) presentado en agosto último.

Desde ese momento las presiones dejaron de darse tras bambalinas y se ventilaron en la pantalla de los noticiarios de Televisa y de TV Azteca, como una demostración del “músculo” que poseen ambas empresas, que controlan 93% de la televisión abierta.

En los noticiarios más importantes de Canal 2 y de Canal 13, las señales de alcance nacional del duopolio, se difundieron noticias contra Eduardo Pérez Motta y contra el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue lo de menos.

Las coberturas fueron idénticas. La noche del lunes 16 se informó en El Noticiero de Joaquín López Dóriga acerca de una demanda de la diputada federal perredista Esthela Damián Peralta, quien pidió la renuncia de Pérez Motta a la Cofeco con el argumento de que el funcionario protege las prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla. Dos días después ambas televisoras dieron amplia cobertura al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados para que comparezca Mony de Swaan por los contratos que adjudicó presuntamente de manera ilegal a dos de sus amigos.

En medio de estas presiones en pantalla, la tarde del miércoles 18, Felipe Calderón acudió a las instalaciones de Televisa San Ángel para reunirse en privado con los directivos de la empresa. En algunas cuentas de Twitter se comentó que discutieron los escenarios de la fusión de Televisa y Iusacell, la cancelación del proyecto de la tercera cadena de televisión, así como el apoyo a la “tercera cadena pública” que el gobierno calderonista quiere implantar por medio del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

No fue sino hasta el día siguiente cuando la Presidencia confirmó la reunión. En un escueto comunicado informó que Calderón “acudió a las instalaciones de Televisa para sostener un encuentro con directivos y editorialistas de dicha empresa. Durante la reunión intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional”.

Linchamiento mediático

Dos días después de la visita de Padilla y De Angoitia, Pérez Motta dio a conocer el documento Reflexiones sobre las presiones mediáticas de los últimos días donde aclara que el caso sobre el mercado de la masa y la tortilla “concluyó con sanción hace más de cinco años”.

En la parte medular de su documento Pérez Motta recordó el linchamiento realizado en las pantallas de Televisa y TV Azteca contra Isaac Saba, el empresario que se asoció con General Electric para buscar a principios del sexenio la concesión de una tercera cadena de televisión:

“Las declaraciones de la diputada (Esthela Damián Peralta) así como la cobertura noticiosa que han recibido en televisión abierta recuerdan, por poner sólo un ejemplo, el caso del empresario mexicano Isaac Saba (q.e.p.d.) que en sociedad con una cadena estadunidense solicitó en 2006 una concesión para ofrecer una tercera cadena de televisión que habría sido competidora de las actuales televisoras.

“La solicitud fue seguida, a los pocos días, de una intensa cobertura televisiva de supuestos abusos del empresario en un mercado totalmente distinto que, coincidentemente, se desvaneció en cuanto el empresario retiró su solicitud de concesión. Desde entonces, no hay noticias públicas de otras solicitudes de este tipo…

“Las presiones para mí o para los demás comisionados, en televisión o por otros medios, seguramente continuarán e incluso se intensificarán en los próximos días. No es la primera vez y seguramente no será la última. Es normal y no queda más que aguantarlas: es parte de la labor de un regulador”, sentenció Pérez Motta.

El contrataque se agudizó el jueves 19. El vocero del Grupo Salinas, Luis Niño de Rivera, anunció que Grupo Iusacell demandará a Eduardo Pérez Motta por “filtrar” información sobre el caso Televisa-Iusacell a la casa de bolsa Scotia Capital.

“Les dio información a los analistas de una casa de bolsa y esto llegó a los inversionistas interesados en la inversión de Televisa”, advirtió Niño de Rivera.

Además amenazó con interponer una demanda penal ante la Procuraduría General de la República, otra ante la Secretaría de la Función Pública y una tercera, como solicitud de recusación, ante la propia Comisión Federal de Competencia.

Sorpresivamente, a través de su cuenta de Twitter –@RicardoBSalinas– al mediodía del viernes 20, Ricardo Salinas Pliego redactó tres mensajes:

El primero: “EPM Queremos para todo México, un internet móvil y rápido que sí funcione, como la red 4G de Iusacell, pero en cada rincón del país”.

El segundo: “EPM Queremos seguir bajando el costo de los celulares a más de 100 millones de mexicanos, como lo hizo Unefón al ofrecer $1 el minuto”.

Y el último: “EPM Queremos un diálogo abierto y con razones. He cancelado las acciones legales que te preocupan. ¡Ojalá nos escuches!”.

En respuesta el titular de la Cofeco emitió otro comunicado en el que plantea: “Así como no deben admitirse presiones, tampoco pueden aceptarse favores. Si Iusacell se siente afectado por lo que considera que son actuaciones mías, los invito a que ejerzan su derecho de proceder legalmente.

“Lo que sí puedo garantizar es que, como siempre, mi voto sobre la concentración Televisa-Iusacell, el cual estoy analizando, se basará estrictamente en el mandato de la Ley de Competencia y, por lo tanto, responderá exclusivamente a mi apreciación del impacto de la operación en las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados, sin responder a las presiones de ningún actor.”

Antes de la amenaza de tres demandas y del “perdón” de Ricardo Salinas Pliego, desde el viernes 13 comenzó a circular en las redacciones periodísticas y en las oficinas del órgano regulador un anónimo en el que se acusa a Pérez Motta de “filtrar” asuntos que no han pasado por el pleno.

“¿Por qué Eduardo Pérez Motta pretende impedir que se consume la compra de 50% de Iusacell por parte de Televisa? ¿Quiere mantener el monopolio por los siguientes 15 años? ¿Por qué protege el statu quo? ¿Por qué impide que exista una verdadera competencia para Telmex-Telcel? ¿Por qué privilegia a los malos servicios en perjuicio de los consumidores?”

Más concentración

El argumento de que la inversión de mil 600 millones de dólares de Televisa en Grupo Iusacell ayudará a una mayor competencia en el mercado de la telefonía móvil ha sido recurrente para justificar la sociedad entre los dos agentes que controlan los contenidos, la producción y la distribución de las señales de televisión abierta y televisión restringida en el país.

Por medio de la Cofetel se solicitó un “estudio confidencial” a los consultores Dimitri Ypsilanti y Agustín Díaz Pines, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de efectuar una revisión del mercado de las telecomunicaciones en México y emitir su opinión sobre la fusión de Iusacell y Televisa.

El documento, elaborado entre el 23 y 28 de octubre últimos, cuya copia obtuvo Proceso, considera que es “necesaria” y “benéfica” la entrada de un nuevo operador basado en la alianza Televisa-Iusacell.

Sin embargo, en la nota al pie de la página 61 los analistas de la OCDE admiten que “sin embargo, mientras las perspectivas en el mercado de las telecomunicaciones podrían ser bienvenidas, las perspectivas para el mercado de la televisión tendrían implicaciones negativas para la competencia”.

Es el único párrafo, de las 110 cuartillas del estudio, donde admite que la sociedad entre ambos grupos será contraproducente para el mercado de la televisión abierta.

Desde el 11 de julio pasado Grupo Nextel, exsocio de Televisa en la polémica Licitación 21, presentó ante la Cofeco una denuncia contra la fusión de ambos grupos. Argumentó que, de autorizarse, “se creará un monopolio sin precedente en el mercado de la televisión abierta, de telefonía celular, de publicidad y de televisión restringida”.

Aportó, entre muchas otras, las siguientes cifras:

–De las 468 estaciones de televisión abierta del país, 256 pertenecen a Grupo Televisa y 180 a TV Azteca; es decir 93% de todas las estaciones.

–Grupo Televisa y TV Azteca alcanzan participaciones de 66% y 33%, respectivamente, en términos de audiencias. Es decir tienen 99% de la televisión abierta.

–Entre marzo y abril de 2011 los 411 programas con mayor rating fueron transmitidos por las cadenas de televisión de ambas empresas. Estos programas son los más vistos también en televisión de paga.

–Ambas televisoras tienen 90% del mercado publicitario en la pantalla comercial; concentran 60% de toda la publicidad en México y acaparan 40% de la publicidad oficial federal.

–Al fusionarse Grupo Televisa con Grupo Iusacell, la empresa de Azcárraga Jean “se convertirá en la única con posibilidad de dar servicios de total play”. Con esto Televisa controlaría los dos principales proveedores de televisión de paga (Cablevisión y Sky), a TVI y a Cablemás, además de Grupo Iusacell.

–El dominio publicitario sería en todas las plataformas: televisión abierta, televisión de paga, telefonía celular e internet, creando “barreras de entrada”. “Las prácticas de los concesionarios de televisión por cable, asociados a Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV), también constituyen barreras de entrada”, advirtió Nextel (Proceso 1811).

Finalmente Nextel retiró su demanda ante la Cofeco después de que negoció con Grupo Salinas la suspensión de los más de 60 litigios judiciales que interpuso este corporativo contra la Licitación 21.

Sin embargo los datos y las consideraciones de Grupo Nextel son válidos. En Estados Unidos ésta y otras empresas telefónicas analizan ante la Securities Exchange Commision (SEC), autoridad reguladora del mercado bursátil estadunidense, si no hubo un presunto fraude de Grupo Televisa a accionistas minoritarios al negociar la fusión con Grupo Iusacell.

Alianza improcedente

Por su parte, la exsubsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, afirma que la Cofeco debería no sólo investigar la fusión de Azcárraga Jean y Salinas Pliego en Grupo Iusacell, sino los indicios de que existe “una colusión de intereses” entre dos empresas televisivas que deberían ser competidoras.

“Esta es una práctica monopólica absoluta y es una de las más sancionadas por las leyes de competencia en todo el mundo”, plantea Carpinteyro en entrevista.

También advierte que existe no sólo el riesgo de que se conviertan en “un monopolio de la opinión pública”, sino también en un poder de control mediático y político más fuerte.

“Hay muchos indicios de que la línea editorial de ambas televisoras es cada vez más similar”, indica. “La Cofeco no debería sólo estar analizando la fusión, sino también la colusión de intereses”, apunta.

La exfuncionaria firmó junto con decenas de especialistas e integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) un desplegado en el que le piden a la Cofeco que rechace “por notoriamente improcedente” la alianza entre Grupo Iusacell y Televisa.

“La Constitución Política de nuestro país prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas contrarias al interés público y obliga a las autoridades a perseguir con eficacia toda concentración o acaparamiento en pocas manos”, plantea el documento redactado por Aleida Calleja, presidenta de la Amedi, y por Alberto Aziz Nassif, coordinador del Consejo Consultivo de este organismo.

Por su parte, Ernesto Vargas, presidente de Grupo Dish, principal competidor de Televisa en televisión satelital, advirtió en conferencia de prensa que si la Cofeco autoriza la fusión, deben incluirse condiciones para regular el mercado de la televisión restringida, actualmente dominada por Televisa.

Sostuvo que si se autoriza la fusión, Grupo Dish, que actualmente tiene 2.3 millones de suscriptores en todo el país, podría desaparecer en dos años, tal como le sucedió a DirecTV cuando no pudo competir con Sky, filial de Televisa.

“Preferimos que haya concentración siempre y cuando Cofeco regule la cancha: que exista el must carry para que el canal 2 o el canal 13 sean vistos en todos los sistemas de televisión restringida; para que existan opciones de producción independiente”, argumentó.

–¿Influye el escenario de las elecciones federales de 2012? –se le preguntó.

–Si no fuera por 2012, las presiones serían menores. Influye por la fuerza que han adquirido ambas televisoras.

“Somos víctimas de lo que los gobiernos han dejado hacer frente a la televisión abierta. Es un poder dentro de otro poder”, afirmó Vargas.

Coalición y desastre nacional

Al participar en una conferencia en el influyente Centro Internacional Woodrow Wilson, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional, dijo que lo que requiere México es una atmósfera nueva y moralizar el país mediante el combate a la corrupción y el fin de los monopolios, ya que existe una desigualdad monstruosa.

• Cooperación para el desarrollo es mejor que asistencia militar, sostiene en Washington

Nueva relación con EU, plantea AMLO

Washington, 11 de octubre. Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no es con asistencia militar o con labores de inteligencia, ni con envíos de helicópteros y armas, como se remediará el problema de la inseguridad y de la violencia en México; en lugar de ello, planteó al gobierno de Estados Unidos una nueva relación y un cambio sustancial en la relación bilateral, fincada en la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua.

“Vamos a convencer y a persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que, por el bien de las dos naciones, es más eficaz y humano aplicar la cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a la cooperación policiaca y militar.

Al ofrecer una conferencia magistral en el Centro Internacional Woodrow Wilson, López Obrador aprovechó para hacer un atento llamado al presidente Barack Obama para que cumpla su compromiso de campaña de regularizar la situación migratoria de los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos.

Entiendo que está de por medio la cuestión electoral y que hay en este país una oposición conservadora que se niega a reconocer los derechos de los migrantes, y que incluso han optado por la persecución y el racismo, señaló.

Durante su discurso, el también líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rechazó cualquier posibilidad de alianza o coalición con el PAN o con el PRI. Nosotros no podemos ir en alianza ni coalición con estos partidos, dijo ante académicos y funcionarios estadunidenses, a quienes subrayó:

No podemos dejarnos engañar con coaliciones o disfraces que representen en el fondo lo mismo (...) Yo creo que si no hay un cambio de régimen no vamos a encontrar la salida ni como pueblo ni como nación, así de claro y categórico.

En respuesta a las opiniones de políticos, académicos y personajes que se han manifestado por un gobierno de coalición en 2012, López Obrador señaló que lo que requiere México es una atmósfera nueva y moralizar al país mediante el combate a la corrupción y con el fin de los monopolios, ya que en México existe una desigualdad monstruosa.

En la segunda etapa de su gira por Estados Unidos –la primera fue en Chicago–, el ex candidato presidencial destacó el nuevo tipo de relación que busca con el país vecino, la cual estaría basada en el respeto a la independencia y soberanía.

Sería irresponsable no procurar con el gobierno de Estados Unidos una relación de colaboración basada en el respeto y en la cooperación para el desarrollo, la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos. Nosotros lo intentaremos; siempre habrá voluntad de nuestra parte, insistió.

Por cuestiones de geopolítica, dijo, México tiene una situación especial. Somos vecinos de la mayor potencia económica, política y militar del planeta. No sólo nos unen 3 mil kilómetros de frontera, sino que viven y trabajan en este país alrededor de 12 millones de mexicanos. Por eso, debemos utilizar toda nuestra imaginación y todo nuestro talento diplomático para construir, a partir de nuestra innegable realidad, una política de buena vecindad y de mutuo beneficio.

Comentó que el monto de ayuda de Estados Unidos a México es de 478 millones de dólares, que además de ser raquítico, casi en su totalidad, unos 450 millones, se destinan a la llamada Iniciativa Mérida. Con claridad lo decimos: nuestra propuesta es obtener más recursos y cambiar las prioridades; lo primero debe ser el desarrollo y la creación de empleos en nuestro país.

En respuesta a la política migratoria que impulsan los grupos más conservadores estadunidenses, López Obrador aseveró que tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo razias, deportaciones o militarizando la frontera. Los mexicanos que vienen a buscarse la vida a Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza, afirmó.

El ex candidato presidencial y aspirante a contender nuevamente en 2012 por la titularidad del Ejecutivo hizo un llamado a los estadunidenses a actuar pensando en que por encima de las fronteras están los derechos universales del hombre: el derecho a la libertad de la palabra, a la libertad de cultos, a vivir libres de miseria y a vivir libres de temor, garantías proclamadas precisamente por ese presidente gigantesco, precursor de la política de la buena vecindad, Franklin Delano Roosevelt.

Dijo estar dispuesto a poner en correspondencia su plan económico con el establecimiento de una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos. Para ilustrar mejor lo que queremos sirva de ejemplo un contraste de lo que pasa actualmente con lo que deseamos que suceda en el futuro. Hace unos días apareció por primera vez en público el nuevo embajador de Estados Unidos en México (Anthony Wayne) para entregar helicópteros militares a la Armada de nuestro país. En vez de esta imagen, quisiéramos que el embajador estuviera presente, en un día no muy lejano, en la entrega de cheques para financiar proyectos como la reforestación de la selva Lancandona y generar 400 mil empleos anuales, o para la pavimentación de caminos en Oaxaca, con el uso intensivo de mano de obra, o para el programa de incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio.

Por otra parte, Morena y la organización Mexicanos sin Fronteras, con sede en esta ciudad, se comprometieron a luchar unidos para lograr un cambio de régimen en México, con base en el proyecto de nación impulsado por la organización que encabeza López Obrador. Además, se constituyó Morena en la capital estadunidense con mexicanos residentes en la zona.

Al concluir su ponencia, López Obrador conversó con reporteros de medios mexicanos a quienes dijo que no tenía ninguna intención de reunirse con representantes del gobierno de Obama y subrayó que la gira tiene dos propósitos: Primero, la reunión con nuestros paisanos, lo que hicimos en Chicago, y esta invitación del Centro Wilson para fijar nuestra postura sobre lo que debe ser la relación entre ambos países; pensamos que debería haber un cambio, no se puede estar enfocando la relación nada más a temas de seguridad. Lo fundamental es que se busque una cooperación para el desarrollo.

Se le preguntó sobre la promoción de Enrique Peña Nieto por la televisión, y respondió que “lo han venido introduciendo al mercado como se introduce un producto chatarra. El candidato de la elite del poder es él (el ex gobernador mexiquense)… Carlos Salinas es el jefe de la campaña y la encargada de la propaganda es Televisa”

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• Les otorgó acceso a multiprogramación sin pago de contraprestaciones, advierten

Demandan diputados al titular de Cofetel retirar privilegios a Televisa y Tv Azteca

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) está obligada a retirar los privilegios a Televisa y Televisión Azteca, porque violó todas las leyes del sector al otorgarle al duopolio, mediante una simple toma de nota, el acceso a la multiprogramación sin el pago de contraprestación, advirtieron diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM.

Mony de Swaan, comisionado presidente de la Cofetel, asistió a comparecer ante la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados para defender la toma de nota firmada por él y Gonzalo Martínez Pous.

El encuentro con los legisladores fue ríspido, y por instantes tortuoso para De Swaan, quien acusó a los diputados de no realizar cambios legales que permitan menos opacidad en el sector.

Su principal crítico, el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado, reprochó la cuestionada toma de nota. Es decisión basada en la toma de nota, que no está contemplada en la ley, y se insiste que se hace porque lo que no está prohibido por los particulares está permitido. ¡Yo pensé que alguien le iba a ayudar al maestro De Swaan! En una concesión sólo puede darse uso al bien concesionado, y por lo visto la Cofetel quiere abdicar un derecho, y este absurdo que escribió De Swaan se basa en el absurdo de otorgar programas adicionales a los concesionarios de la televisión.

Corral consideró el contenido de la toma de nota como “uno de los nuevos regalos de un órgano regulador a los dominantes de la televisión. Esta decisión es contraria a la Constitución, a la ley de 2004, y sostengo que es contraria a lo que la propia SCT ha señalado por una resolución sobre los usos determinados en radiodifusión y sobre el uso exclusivo del canal digital. No permitamos que un funcionario público venga a tomarle el pelo a esta casa. Y ahora vuelven a darle la vuelta a la decisión de la Suprema Corte; es el agandalle de las televisoras, y no estamos dispuestos a dejar pasar este nuevo regalo del fin de sexenio”, afirmó.

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• La cobertura anticonceptiva es de 72.5%; entre adolescentes en pareja es de 44.7%

Con el gobierno de Fox la política nacional de población sufrió un estancamiento: expertos

La transformación que sufrió la vida de las mujeres a partir de los años 60 con la existencia de la píldora anticonceptiva todavía está en curso.

De la liberación de la cadena biológica de la maternidad y lo que ello significó en términos de las oportunidades para tener un desarrollo personal y profesional, los expertos observan la necesidad de ampliar el campo de acción de la estrategia de planificación familiar para incluir el reconocimiento de las necesidades de las adolescentes sexualmente activas, que no viven en pareja y tampoco desean tener hijos.

Éste no es un fenómeno nuevo. Por el contrario, se viene mencionando desde hace por lo menos una década, y si no han prosperado los proyectos para emprender dicha transformación en el abordaje de los programas oficiales, se debe a la política conservadora instaurada por los gobiernos panistas a partir de 2000, aseguran especialistas.

Es claro, de hecho, el estancamiento que registró la política nacional de población durante el sexenio foxista (2000-2006). Las mediciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que del incremento de entre 5 y 10 puntos porcentuales que se reportó por quinquenios a partir de 1976 en la cobertura de métodos anticonceptivos entre mujeres en edad fértil unidas, para el periodo de 1997 a 2006 el aumento fue de poco más de dos puntos, al pasar de 68.5 a 70.9 por ciento.

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Los salarios en el tribunal electoral se han reducido

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos, ofreció ayer cifras sobre los salarios de los magistrados para mostrar la inclinación ahorrativa de la institución que actualmente encabeza.

En 2008, el sueldo bruto (anual) de los magistrados era de 8.5 millones de pesos; en 2009, el salario descendió a 5.8 millones y para 2010, después de la reforma constitucional, representó un decrecimiento de nuestros ingresos de 2.6 millones de pesos, lo que quiere decir que disminuyó 31 por ciento.

Continuó: “En términos mensuales, la remuneración bruta en 2009 era de 714 mil 243 pesos, en tanto que en 2010 quedó en 491 mil. Al descontar el pago del impuesto sobre la renta (ISR), cuya tasa es de 30 por ciento, en 2009 un magistrado del TEPJF percibía un total de 499 mil 970 pesos, en tanto que para 2010 y 2011 la remuneración es del orden de 343 mil 744.

Creo que definitivamente en lugar de incrementar nuestros sueldos los hemos ido reduciendo paulatinamente, dijo el magistrado presidente.

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• Se trata de evitar descortesías, señalan PRI, PAN y PRD

Galván comparecerá ante los diputados en su propia oficina

Aprueban dictamen sobre cancelación de permisos para portar armas

Con los votos de PRI, PAN y PRD, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados decidió que desahogará la comparecencia del secretario del ramo, general Guillermo Galván Galván, en un desayuno en las oficinas del funcionario el miércoles de la próxima semana.

El único voto en contra fue el del diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), quien ironizó: Estamos ante un caso único de que son los diputados quienes comparecen ante el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no, como define el artículo 69 de la Constitución, de que los secretarios de despacho deben comparecer ante el Poder Legislativo.

El principal argumento para acudir al despacho del general Galván fue que convocarlo a comparecer en el contexto de la glosa del quinto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, podría originar descortesías de algunos diputados hacia el secretario de la Defensa.

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Presentan diputados solicitud de juicio político contra García Luna

Los grupos legislativos de PRD y PT en la Cámara de Diputados presentaron ayer una solicitud de juicio político contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es uno de los autores intelectuales de la guerra contra el narcotráfico, la cual, señalaron, ha provocado violaciones a derechos fundamentales y la muerte de más de 50 mil mexicanos.

La petición, que se entregó en la Secretaría General de la Cámara, sostiene que García Luna es copartícipe de una situación de violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, que han comprometido el normal funcionamiento de las instituciones del país, su paz y la vida de sus habitantes.

También le atribuyen el desvío de recursos públicos con fines de promoción personal y apología de la política que enfrenta al gobierno de Felipe Calderón con la delincuencia organizada.

El texto del documento resalta: A la fecha, el servidor público enfrenta serias acusaciones de corrupción, mismas que son del dominio público; señalamientos de tener supuestos vínculos con un sector del narcotráfico; acusaciones de opacidad en la administración de los recursos públicos; denuncias públicas de enriquecimiento ilegítimo, y entrega de recursos cuantiosos a empresas privadas, entre ellas Televisa, para la producción del programa El Equipo.

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Civiles deben ampararse para que militares sean juzgados por el fuero común: Cossío

• El ministro consideró un buen antecedente el fallo de la CIDH sobre el caso Radilla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está en condiciones de ordenar qué tribunales deben juzgar a los militares acusados de violar los derechos humanos de civiles; se requiere que los afectados interpongan amparos en los que demanden ser juzgados por el fuero común, para que así el máximo tribunal intervenga y apruebe la jurisprudencia obligatoria, o bien, que con base en la reciente reforma constitucional el pleno sume los ocho votos necesarios para invalidar la aplicación de la legislación castrense en casos relacionados con civiles.

Reconoció lo anterior el ministro José Ramón Cossío, quien comentó que a pesar de que la semana pasada la SCJN publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia relacionada con el Caso Radilla –en cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición forzada del activista guerrerense–, resulta que dicha resolución no entra en vigor de manera automática, sino que se requiere de todo un procedimiento para que sea de observancia obligatoria.

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Denunciarán a Calderón ante la CPI

Ciudadanos, integrantes de organizaciones no gubernamentales, juristas, académicos y periodistas presentarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón y funcionarios civiles y militares por considerar que en nuestro país tanto las autoridades como delincuentes comenten crímenes de lesa humanidad.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, en la ciudad de México, señalaron que en el país operan escuadrones de la muerte y grupos paramilitares y que es más fácil matar delincuentes que procesarlos, por lo que señalaron que es urgente la presentación de la denuncia para que aquellos que han sido omisos o cometido acciones de lesa humanidad enfrenten al tribunal internacional.

Los denunciantes, que ya suman más de 20 mil ciudadanos mexicanos, harán uso de las armas pacíficas con que cuentan para detener el derramamiento de sangre que ya ha dejado más de 50 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos.

Los denunciantes sostuvieron que la Corte Penal Internacional ha sido un instrumento no explorado, pero existe confianza en que el organismo internacional acepte la demanda en la que se plantean acusaciones en contra del presidente de la República, Felipe Calderón y de secretarios de Estado como Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván y Francisco Saynez, titulares de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, respectivamente, así como también contra Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa.

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Desde que comenzamos a dialogar con el gobierno han asesinado a 10 mil mexicanos: Movimiento por la Paz

Cuando hace tres meses comenzó el diálogo entre el gobierno federal y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad las expectativas de frenar la violencia eran mayores, pero en este periodo hubo 10 mil muertos más y hay una gran deuda todavía, sostuvo Pietro Ameglio, vocero de Javier Sicilia.

Explicó que el próximo viernes a las 9 de la mañana en el castillo de Chapultepec será la segunda reunión, que tendrá una duración de dos horas, y hasta el momento está confirmada la asistencia del presidente Felipe Calderón. Después de este encuentro, un representante del movimiento participará en el diálogo de las autoridades con otras organizaciones.

Entrevistado vía telefónica, Pietro Ameglio dijo que entre el primer diálogo y este segundo con el gobierno federal ha habido 10 mil muertos. La guerra, las desapariciones, las muertes no paran. Éste es el objetivo número uno y la presión hacia la autoridad, por que se detenga este nivel de muerte y exterminio que tenemos en el país.

Destacó que en este periodo también ocurrió, la semana pasada, el asesinato de Pedro Leyva, comunero de Santa María Ostula, Michoacán, e integrante del movimiento, quien se iba a sentar en el diálogo con el presidente el próximo viernes. Era uno de los representantes, y estuvo en las interlocuciones durante las dos semanas recientes en la Secretaría de Gobernación, precisó.

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• Sigue la lucha, advierte el SME luego de dos años de la extinción de LFC

Resistir y hacer que el gobierno cumpla, acuerdan electricistas

En una votación a mano alzada, miles de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) refrendaron ayer que no van a cobrar su liquidación, durante el mitin que llevaron a cabo en el Monumento a la Revolución, al cumplirse dos años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Reiteraron que van a resistir y hacer que el gobierno federal cumpla el compromiso que les firmó, para que antes del 30 de noviembre sean reinsertados laboralmente.

¿Quién va a aceptar la cuarta etapa de liquidaciones que salió a ofrecer de nueva cuenta (el titular de la Secretaría del Trabajo), Javier Lozano?, preguntó a los trabajadores en resistencia el secretario general del gremio, Martín Esparza, y de inmediato surgieron los ¡ni madres!, ¡que se espere sentado!, ¡nadie!, ¡Calderón!, con lo que reiteraron su decisión de mantener la resistencia y aguantar hasta el final.

En el acto, los electricistas señalaron que bastaron dos años del gobierno del presidente Felipe Calderón para derrotarlos. Esparza indicó que faltan unos días para que se cumpla el plazo de los acuerdos firmados por el SME con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; el jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrad, y otros funcionarios, y cuando se cumpla tendrán que regresar a laborar, como les ofreció el gobierno federal para que levantaran el plantón del Zócalo.

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Presionan plantón en San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas, Chis. 11 de octubre. Funcionarios municipales enviados por la alcaldesa Cecilia Flores, de extracción perredista, han presionado a los indígenas acampados en la plaza central de esta ciudad, familiares de los presos en huelga de hambre en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) número cinco y otros dos penales chiapanecos, en demanda de su liberación.

Según informó esta mañana Alberto Patishtán Gómez, miembro de La Voz del Amate y vocero de los siete presos en huelga de hambre y seis más en ayuno, quienes hoy cumplen 13 días de protesta, los enviados municipales pretenden que se levante el plantón en el atrio de la catedral sancristobalense, al menos mientras se celebra la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura el próximo fin de semana en el centro de esta ciudad. Se espera el arribo de asistentes a la reunión en los próximos días.

Patishtán informó a La Jornada que las familias han respondido a esas presiones diciendo que sólo se retirarán de la plaza cuando hayamos salido libres todos los presos que estamos en protesta por nuestros injustos encarcelamientos

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• Reunión del embajador con el grupo de amistad México-Cuba en la Cámara de Diputados

El terrorista bloqueo de Estados Unidos no logrará su cometido: Aguilera de la Paz

El bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba ha causado un daño de 104 mil millones de dólares a este país, de acuerdo con un cálculo muy conservador, expresó ayer el embajador cubano en México, Manuel Aguilera de la Paz.

Al presentar ayer al grupo de amistad México-Cuba de la Cámara de Diputados el informe 2011 sobre los efectos del bloqueo, expresó que las medidas adoptadas por Washington continúan aplicándose con todo rigor y han sido particularmente crueles en la salud y alimentación de los cubanos.

Se trata, explicó a los legisladores, de una política de terrorismo de Estado, que tiene como único objeto derrocar al gobierno revolucionario, pero que no ha cumplido, ni cumplirá, con el propósito de doblegar la decisión patriótica del pueblo cubano de preservar su soberanía, independencia y derecho a la libre determinación

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Sin respuesta, despedidos de SG

Silencio administrativo persiste en las secretarías de Gobernación (SG) y de la Función Pública, y la Procuraduría General de la República (PGR), ante demandas de un centenar de trabajadores de la SG despedidos. Los afectados llevaron su queja al Poder Judicial para demandar, en particular a la PGR, por omisión o ausencia de respuesta a la denuncia penal de junio de 2011, y para las otras dependencias por incurrir en silencio administrativo.

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Astillero

• SuperFelipe deshace complot
• Otro salvamento heroico
• Como libreto de Hollywood
• Diputados comparecen

Julio Hernández López

El superhéroe ha vuelto a salvar al mundo (o cuando menos a una parte relevante de él). De golpe, gracias a sus especiales poderes de investigación inducida, frenó todo un complot internacional, colocó a sus archienemigos conocidos como Los Zetas en una especie de paredón binacional, metió a México en el apasionante rejuego de espías, atentados, venganzas y maquinaciones de Estados Unidos contra Irán (y al revés), y demostró a sus conciudadanos que a un paladín de la justicia, como es él, El Gran Felipe, le resulta más fácil identificar a un presunto terrorista en tránsito que a mexicanos masacrados en Veracruz o en el tamaulipeco San Fernando (por citar sólo un par de ejemplos del amplísimo expediente de asesinados y desaparecidos) o a jefes narcotraficantes del cártel de Sinaloa (nomás por citar un caso, prácticamente al azar).

Es la sublimación de las potencialidades creativas de la afamada firma cinematográfica oficial denominada García Luna Productions, no necesariamente porque lo reportado sea un montaje, pero sí porque el ánimo escenográfico y la intencionalidad justificatoria son similares a las que tanto reconocimiento han acarreado al ingeniero químico a cargo de la seguridad pública desde el plano federal. Sí se puede, nomás hay que encontrar la ocasión propicia, dirían los felipistas emocionados porque en medio de la descomposición del país ha sido posible insertar en planos internacionales el mito genial de la calidad ejecutiva de la inteligencia operativa mexicana: “n’ombre, y que se nos quiere colar un cuate que disimulaba sus propósitos bajo su inconfundible nombre original, y que lo detectamos porque tenía orden gringa de aprehensión, y que no lo dejamos llegar acá a que se siguiera poniendo de acuerdo con sus compinches para luego ir a Guachinton a causar vandalismo en embajadas y asesinar a diplomáticos”. Cien mexicanos del gobierno dijieron, con el Vítor Cal.

El estado policiaco del calderonismo rinde frutos a su matriz en Washington en un episodio que suministra coartadas al poder gringo para dar continuidad a su obsesión contra Irán y, al demostrar esa eficacia argumental, recibe palmadas de agradecimiento y frases anonadadas, como la de Hillary Clinton que ha calificado el episodio del complot fallido de logro increíble. Increíble, en efecto, es la historia de un conspirador iraní que busca, tal vez en los avisos clasificados, a un narcotraficante mexicano que le ayude a colocar bombas en la capital de Estados Unidos. Y resulta que el supuesto cómplice es uno de los informantes de la DEA, agencia ésta que se mueve como si nada en México, no solamente para bien armar a los cárteles, sino incluso para simular que sus agentes son mercaderes mexicanos de droga. Las primeras noticias parecen caer en error o cuando menos ser coincidentemente confusas al no precisar los términos de la trama, pues en primera instancia pareciera entenderse que nunca se permitió al complotista entrar a México, ya que habría sido detectado a tiempo por el diligente instituto de migración, aunque The Washington Post dice en wapo.st/q8xAN4 que el conspirador tenía amplio contacto con mexicanos desde Texas, donde residía, y que había realizado repetidos viajes entre Irán y México.

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Dinero

• Duro revés al sistema financiero hispano
• Bajan la calificación de Bancomer y Santander
• Los gruyeros

Enrique Galván Ochoa

¿Y no hay quien califique a las calificadoras? Después de descalificar la capacidad de pago de los gobiernos de Estados Unidos, España e Italia, ahora Standard & Poor’s y Fitch han bajado la calidad crediticia de 15 entidades españolas, entre las que se incluyen BBVA y Santander. No han dado a conocer los directivos de los bancos, tampoco los gobiernos de España y México, las consecuencias. La más severa es Standard & Poor’s, que recortó la calificación de la deuda a largo plazo de Santander, BBVA, Bankinter, Banco Sabadell, Ibercaja, BBK y la Kutxa. Además, pone en revisión negativa la calificación de Caixabank y Bankia, al tiempo que amenaza con recortar la nota del Popular. Fitch, por su lado, bajó solamente la calificación a Santander, BBVA, Sabadell, Banesto, Popular, Caixabank, Guipuzcoano y la Caixa, por considerar que los bancos no deben tener una calificación mayor que el país en el que estén domiciliados. Al paso que van, las únicas que tendrán buena calificación serán las propias calificadoras. Y de la consistencia de su criterio pueden hablar los préstamos que con su aval se han hecho en México a gobiernos estatales y municipales que hoy están técnicamente quebrados. Nótese que S&P bajó la nota al sistema financiero español en su conjunto hasta grupo 4, en la escala de uno a 10 que emplea la agencia para medir la fortaleza del sector en función del riesgo país. “Tras esta rebaja –dice el diario Expansión–, el sistema financiero español tiene la misma categoría que la de países como República Checa, Israel, Corea, México y Eslovaquia.

Este pacto no es con Dios

En las condiciones en que se encuentran las instituciones crediticias europeas está resultando difícil para Sacyr, el emproblemado socio del director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, encontrar quién le lance un salvavidas para pagar sus millonarias deudas que vencen el próximo diciembre. Suárez Coppel dice que el arreglo que hizo con su amigo Luis del Rivero ya no tiene reversa. ¿Será? Va acercándose la fecha en que debe comparecer ante la Cámara de Diputados y hay un intenso cabildeo para hacerle menos amargo el trago. A algunos diputados está pareciéndoles extraño que no se hable del negocio petrolero que tiene un valor de miles de millones de dólares al año. En el cuadro de arriba aparecen los datos de los últimos años.

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México SA

• Coalición y desastre nacional
• ¿Oferta de un México mejor?
• Triste historial de barbaridades

Carlos Fernández-Vega

Un grupo de políticos, académicos e intelectuales, todos ellos abajo firmantes de un desplegado, se han pronunciado a favor de lo siguiente: si ningún partido dispone de mayoría en la Presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban. En el inventario de promotores hay de todo: de viejo cuño y de muy viejo cuño, que comparten una firme decisión: consolidar la democracia constitucional en México para dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad.

Pues bien, tan eminentes personajes deberían pensar en los mortales, que sumamos millones, y detallarles qué tipo de coalición es la que proponen, porque, si recordamos los hechos, a lo largo de los últimos 20 años los mexicanos no han visto ni padecido otra cosa que una coalición de facto entre tricolores y blanquiazules –con la participación perredista en algunas ocasiones– (recuérdese la ley Televisa, por ejemplo) a la hora de lo que ellos llaman gobernar, y lo han hecho siempre en aras –según declaran los coaligados– de dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad de quienes habitan esta heroica República. Y los resultados de tan propositiva alianza están a la vista de todos: sin respuestas y sin atención a los grandes problemas nacionales, el país se desmorona, mientras el horno social cada día se calienta más.

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EU: el juego de las conjuras

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, informó ayer que la FBI y la DEA lograron frustrar un importante acto terrorista en Estados Unidos, urdido por facciones del gobierno iraní, que incluía el asesinato del embajador de Arabia Saudita en Washington, Adel Al-Jubeir, y ataques con bomba contra las embajadas de ese país y de Israel. De acuerdo con la acusación presentada por el gobierno estadunidense, uno de los detenidos, el ciudadano iraní Manssor Arbabsiar, sostuvo varias reuniones en México con un agente infiltrado de la DEA que se hizo pasar por integrante de algún cártel del narcotráfico y a quien pagaría por llevar a cabo el atentado.

Más tarde, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Julián Ventura, informó que el pasado 28 de septiembre personal del Instituto Nacional de Migración impidió el ingreso al país a Manssor Arbabsiar –sobre quien pesaba una orden de arresto girada por una corte de Estados Unidos–, emitió una alerta internacional y lo hizo regresar a territorio estadunidense, donde fue finalmente detenido.

Es pertinente recordar que uno de los rasgos característicos de la proyección internacional de Estados Unidos, particularmente en lo que se refiere a seguridad nacional, ha sido la difusión –con ayuda de los círculos de pensamiento cercanos al poder y de los principales medios de comunicación de ese país– de presuntos vínculos entre enemigos reales o imaginarios de Washington, independientemente de si tales nexos se corresponden con la realidad. El ejemplo más célebre de esa tendencia es la invención del llamado eje del mal por George W. Bush, que incorporaba a los gobiernos de Corea del Norte, Irak e Irán, los cuales eran presentados por el político texano como regímenes aliados entre sí –lo que no podía ser más falso–, además de cómplices del terrorismo internacional

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El Correo Ilustrado

Exigen protección para comuneros de Santa María Ostula

Apoco más de dos años de que los comuneros nahuas de Santa María Ostula recuperaron el predio Xayacalan, en manos de supuestos pequeños propietarios de La Placita, han perdido la vida 25 comuneros y cinco más se encuentran desaparecidos. Los comuneros se han conducido por la vía jurídica, reclamando la restitución de su territorio ante las dependencias agrarias, como el Tribunal Unitario Agrario con sede en Colima. Las autoridades agrarias resolvieron reponer el procedimiento y en ese trámite legal se encuentran; al mismo tiempo, como parte del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural de la SRA, se ha propuesto una vía concertada a las partes. También la CIDH pidió medidas cautelares. Hasta ahora no hay resultados y los grupos armados siguen respondiendo con violencia. Exigimos que las autoridades federales y estatales den muestras de tener la capacidad o voluntad de otorgar seguridad a los comuneros de Ostula. El más reciente crimen de Pedro Leyva debe esclarecerse.

Por la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, capítulo México: Carmen Ventura, Magdalena Gómez, Teresa Valdivia, Salomón Nahmad, Teresa Sierra, Laura Valladares, Fabiola Escárzaga, Leif Korsbaek, Consuelo Sánchez, Araceli Burguete, Elisa Cruz, Ramón Martínez, Artemia Fabre, Héctor Ortiz, Salvador Aquino,Victoria Chenaut, Sandra Chávez, Gisela González, Anita Parastoo, Manuel Buenrostro, Agustín Ávila, John Gledhill, Irene Ortiz, Akauavi Adonon, Larisa Ortiz, Ángeles Arcos, Óscar Banda, Kajkoj Máximo, Morita Carrasco, Alejandro Cerda, Alejandra Navarro y Erika Díaz

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Casa sobre la Roca, la nueva derecha neopentecostal

Bernardo Barranco

Las proximidades entre Calderón y los grupos neocarismáticos de Casa sobre la Roca están marcadas por la constante ambigüedad, el pragmatismo y la mutua utilización político-religiosa. Cuando Felipe Calderón fue candidato, en 2006, recibió todo el apoyo y las bendiciones de los Orozco, Rosi y Alejandro, líderes de dicha asociación político-religiosa. Así, Casa sobre la Roca se convirtió en cabeza de playa, es decir, la avanzada y puente político con el mundo evangélico. Calderón candidato se benefició del liderazgo, la capacidad de convocatoria y de las redes sociales de Casa sobre la Roca. Calderón presidente cumple con cargos, puestos, recursos y redes de influencia que los Orozco han sabido aprovechar. El libro de Rodolfo Montes La cruzada de Calderón (Random House Mondadori) muestra claramente la violación del carácter laico por parte del presidente Felipe Calderón.

Cuando la editorial me pidió hacer una introducción a la investigación periodística de Montes, me llamó poderosamente la atención la poca claridad de los actores. Para empezar Casa sobre la Roca no se reconoce como asociación religiosa (AR), sino como asociación civil (AC); hace malabares en sus propias definiciones contradictorias, expresa que hay una enseñanza no religiosa de la Biblia. Ser AC es conveniente: le permite sacudirse de prohibiciones políticas, así como prestar servicios al Estado. Aquí hay complacencia y omisión de la misma Secretaría de Gobernación, que tolera dicha ambigüedad.

Por diferentes medios, Calderón ha señalado que no se ha convertido a ninguna otra creencia y que sigue siendo católico; sin embargo, aparece en videos ante multitudes con gestos, lenguaje corporal y la utilización de conceptos propios de un predicador evangélico. Otro contrasentido es que los fundadores y líderes religiosos de Casa sobre la Roca rechazan llamarse ministros de culto cuando predican y realizan ceremonias paralitúrgicas frente a sus audiencias. También es reprochable la opacidad del gobierno panista y de la primera dama Margarita Zavala porque no quieren reconocer las raíces evangélicas del vasto programa gubernamental Nueva Vida, expresión clásica en la Biblia, cuyo autor intelectual y promotor inicial es precisamente Alejandro Orozco.

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Rebeldías de las clases medias

Luis Linares Zapata

Al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo encabeza una dirigencia colectiva de singular composición. Durante los dos primeros años –cuando fungió como gobierno legítimo– sus tareas de proselitismo las llevó a cabo de manera cuasivoluntaria. Los recorridos por el país fueron abarcantes y así han seguido hasta la actualidad, aunque ahora han tomado la forma de un movimiento inédito. Se trataba de identificar, e incorporar, a ese segmento olvidado de la población que, aun en medio de francos temores de ser sujetos de variadas formas de represión, se declaraba listo para transformar su atribulada realidad. Se les pedía no perder las esperanzas de que un México más justo para todos es posible. Y, frente a esos entusiastas contingentes, se expusieron las distintas salidas para cambiar la asfixiante situación que impide a las mayorías nacionales llevar una vida digna y productiva. La respuesta, desde un inicio, fue alentadora y se ha robustecido con el ensanchamiento de la conciencia colectiva experimentado a raíz de la cruenta decadencia que aqueja al país.

La base de sustentación de Morena reclutada llega ahora a más de cuatro millones y medio de personas. Todas identificadas con precisión y esparcidas por todos los confines, chicos, grandes o remotos de este inmenso país. Se sabe que alrededor de un millón de ellas se traslapan; es decir, están registradas en ambas entidades: en el gobierno legítimo y Morena. Ha sido un trabajo extenuante pero de profunda satisfacción, pues se trasiega por una causa superior. No ha habido, en esta dirección colectiva original, deserción alguna. Por el contrario, y a medida que se extiende, se renuevan los ánimos y se interiorizan variadas certezas. El liderazgo mostrado ante tan abigarrada colectividad se ha ido desenvolviendo a medida que aumentan los postulantes para lograr el cambio verdadero que la vida organizada de México requiere. En la actualidad hay toda una pirámide de dirigentes que conservan su naturaleza cuasivoluntaria. La estructura se despliega, desde las coordinaciones estatales hasta las seccionales (40 mil de ellas al presente), pasando por las distritales y las municipales ya integradas. A este tinglado de ciudadanos incansables se han incorporado las dos formaciones cupulares: el Consejo Consultivo y el Ejecutivo, presentes ambos en su constitución jurídica como asociación civil.

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Telmex y SCT incumplen programa social de telecomunicaciones

La empresa del hombre más rico del mundo, Teléfonos de México, incumple el programa de cobertura social que habría de beneficiar a 10 millones de personas marginadas. Casi 267 millones de pesos se han entregado de manera puntual a la empresa de Carlos Slim Helú sin que hasta la fecha miles de comunidades reciban los servicios de telecomunicaciones contratados. Pese a las faltas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha sancionado a la empresa. Telmex es la única beneficiaria del fondo federal de cobertura social en materia de telecomunicaciones, cuyo saldo asciende a 843 millones de pesos.

Mayela Sánchez

Contrario al solícito modo con que en los últimos años ha concesionado la principal red de fibra óptica del país y parte del espectro radioeléctrico, el gobierno federal ha desdeñado durante casi una década la operación del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (Focosote), que habría de beneficiar a 10 millones de personas de escasos recursos.

Del incumplimiento es responsable la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en tanto encargada de su operación; pero también lo es la empresa Teléfonos de México (Telmex), beneficiaria de la concesión de los dos únicos proyectos que se han puesto en marcha desde 2002 para llevar servicios de telefonía a poblaciones urbanas y rurales marginadas.

Ahora mismo, la SCT y Telmex se encuentran entrampadas en el más reciente conflicto que se ha suscitado dentro del sector telecomunicaciones, luego de que el pasado 27 de mayo la Secretaría negara a la empresa de Carlos Slim Helú una concesión para ofrecer servicio de televisión restringida. Lo anterior, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación había otorgado un amparo a Telmex, en el cual reconocía que la omisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para responder en tiempo a la petición de la empresa, se traducía en una opinión favorable a ésta.

A pesar de la demora con que la dependencia informó de su negativa, ésta no ha sido mayor a la pasividad mostrada para sancionar a Telmex por el incumplimiento de los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06, conforme a los cuales para marzo de 2009 la compañía telefónica tendría que haber llevado el servicio de telefonía a, cuando menos, 6 mil 22 localidades marginadas, de las 11 mil 76 previstas por el Focosote.

En el conflicto que sostienen el gobierno federal y la empresa de Slim Helú, ésta ha argumentado que su entrada al mercado de la televisión restringida beneficiaría a los usuarios al ofrecer menores precios y mejor calidad en el servicio.

Pero al mismo tiempo, Telmex ha dejado cientos de comunidades pobres sin acceso a telefonía pública o con fallas en el servicio y ha hecho cobros indebidos a los usuarios, como consigna la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión al fideicomiso, al amparo del cual opera el programa de cobertura social de la SCT.

La auditoría, que forma parte del Informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, es la única inspección que el órgano fiscalizador ha hecho al Focosote desde su creación hace casi 10 años, a pesar de los exhortos de algunos senadores para transparentar su ejercicio.

El asunto no es menor si se considera que dicho Fondo recibió del gobierno federal 750 millones de pesos como aportación inicial para su operación, los cuales bien pudieron agotarse en el primer año de su ejercicio, dada la amplia necesidad de servicios de telecomunicaciones en el país, estima la doctora Clara Luz Álvarez González de Castilla, especialista en telecomunicaciones.

De la millonaria bolsa entregada al Focosote, hasta mayo del año pasado casi 267 millones habían ido a parar a manos de Slim Helú, de acuerdo con los saldos de sus estados financieros, cuyas copias posee Contralínea.

Datos más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que hasta marzo de 2011 el fideicomiso tenía recursos disponibles por 843 millones de pesos, sin que a la fecha existan nuevos proyectos para utilizarlos.

Telmex incumple

Aunque el Focosote se creó desde noviembre de 2002, fue hasta el 2 de febrero de 2005 y el 4 de septiembre de 2006 que se suscribieron los primeros y únicos contratos que en casi una década han aprovechado los recursos del fideicomiso. Según un comunicado de la SCT, con tan sólo esos dos proyectos se habría de beneficiar a 10 millones de personas.

La empresa de Slim Helú –cuyo título de concesión le obliga a ofrecer el servicio universal de telefonía como una contraprestación– resultó ganadora de las dos licitaciones públicas que ampararon los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06.

En éstos se lee que la empresa obtendría pagos no recuperables por máximos de 274 y 377 millones de pesos, respectivamente, así como la autorización para operar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico por 10 años.

En dichos acuerdos, Telmex se compromete a llevar el servicio público de telefonía básica local y de larga distancia tanto residencial como a través de casetas públicas a un total de 11 mil 155 localidades de escasos recursos. Un convenio modificatorio al primer contrato redujo la cifra a 11 mil 76 comunidades.

El acuerdo C-411-001-05 y su convenio modificatorio estipulan que Telmex tendría “como máximo 12 meses para instalar la infraestructura de la Red e iniciar la prestación del STB1 [Servicio Telefónico Básico Tipo 1]” en 1 mil 971 localidades previstas.

Una vez iniciada la prestación del STB1, contaría con seis meses más para iniciar la operación de un número de líneas telefónicas equivalente a la décima parte del total de viviendas electrificadas en cada comunidad.

En estas localidades el servicio sería proporcionado sin gastos de instalación, pago de renta mensual y se cobraría una tarifa máxima equivalente al promedio de las tarifas registradas de telefonía pública. Asimismo, el primer aparato telefónico sería proporcionado sin costo alguno para el usuario.

Para atender las 1 mil 880 regiones restantes, dispondría de 24 meses a partir de la firma del contrato y 12 meses más para poner en operación cuando menos el equivalente de líneas telefónicas al 5 por ciento de viviendas electrificadas. En éstas sí podría aplicar gastos de instalación, aunque mantendría las mismas características del servicio.

El segundo contrato fija plazos de 24 y 36 meses para la instalación de la infraestructura, más un semestre para la operación de líneas telefónicas en un porcentaje similar al establecido en el acuerdo anterior.

Esto significa que los trabajos de instalación y operación del primer contrato y los correspondientes a la primera etapa del segundo debieron concluir entre agosto de 2006 y marzo de 2009. Sin embargo, Telmex no cumplió con los plazos establecidos.

De acuerdo con la revisión de la ASF, para agosto del año pasado aún faltaban por instalar 7 mil 892 líneas telefónicas del contrato C-411-001-05 y 5 mil 792 de la primera fase del contrato C-411-001-06. De las líneas previstas en la segunda etapa de éste, hacían falta 32 mil 208 líneas –prácticamente la mitad de las programadas– a un mes de que venciera el plazo establecido.

Además del incumplimiento en la instalación de líneas telefónicas, se reportaron 2 mil 421 líneas que no funcionaban y 4 mil 731 que lo hacían pero con fallas técnicas, tan sólo durante 2009. También hubo 813 casos en los que el usuario había pagado por la instalación o por el aparato telefónico, en contravención con lo estipulado en los contratos.

En inspecciones físicas a comunidades de Oaxaca y Aguascalientes, (cuyas densidades de penetración del servicio de telefonía son de 7.6 y 20.5, respectivamente, por cada 100 habitantes), se detectaron 62 casos en los que no se instalaron las líneas telefónicas programadas, mientras que se reportaron 139 situaciones de cobros indebidos por la instalación o el aparato telefónico, y 62 por deficiencias en el servicio y en la instalación de las líneas.

Otro problema fue la falta de información, ya que en 103 casos a los usuarios no se les entregó el contrato formalizado con Telmex, a 152 no se les dejó el cuadro de tarifas, a 128 no se les informó que tenían acceso a internet y a 106 no se les proporcionó un número telefónico para reportar fallas.

Por si fuera poco, hubo discrepancias entre los informes entregados al Comité Técnico del fideicomiso –que preside la SCT– y los datos consignados en el Reporte del cumplimiento de la misión y fines, que se incluye en los informes trimestrales de información financiera entregados a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la misma Secretaría.

En esos informes, además, no se identifica el avance en el número de localidades atendidas, por lo que, a ojos de la ASF, no se puede medir el grado real de cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicación ofrecidos por Telmex.

SCT, responsable

A pesar del incumplimiento en que incurrió Telmex, la SCT no le ha fijado ningún tipo de sanción. De acuerdo con la Auditoría Superior, la Secretaría sólo le notificó de una falta por haber reportado líneas de 29 localidades después de la fecha establecida, por la cual la telefónica debía pagar 140 mil 800 pesos –equivalentes al 0.05 por ciento del dinero del Focosote que se le ha entregado.

Pero la empresa solicitó “dejar sin efectos” tal requerimiento, sin que para agosto del año pasado (cuando concluyó el proceso de auditoría) la SCT hubiera hecho algún pronunciamiento al respecto.

Además, la empresa tampoco ha cumplido con la entrega de reportes semestrales de índices para medir la calidad en el servicio y la SCT ha sido omisa al pedírselos.

La Auditoría advierte que aun cuando la SCT sancionara a Telmex por no cumplir con los plazos establecidos, no podría hacerlo por las fallas en el servicio ofrecido, ya que los contratos no establecen penas para ese tipo de irregularidades.

Para Clara Luz Álvarez González de Castilla lo más “grave” que evidencia la revisión al Focosote es la mala gestión que ha tenido desde su creación, y que se manifiesta en el copioso monto que sigue sin destinarse a proyectos sociales de telecomunicaciones.

Autora de los libros Derecho de las telecomunicaciones e Internet y derechos fundamentales, así como de diversos artículos en materia de telecomunicaciones, Álvarez González de Castilla imputa tal responsabilidad a todas las entidades que participan en el Comité Técnico del fideicomiso, a cuya cabeza está la SCT y su actual titular, Dionisio Pérez Jácome.

En dicho Comité también participan representantes de entidades públicas como la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, la Cofetel, la Coordinación General del Sistema Nacional e-México, la Comisión Federal de Competencia, así como representantes de la industria de las telecomunicaciones en el país.

La especialista en telecomunicaciones enfatiza que el tema de la cobertura social ha estado completamente ausente durante este sexenio, pues además de no destinársele más recursos al fideicomiso, tampoco se han elaborado nuevos proyectos para aprovechar el dinero disponible. “Es como si vieras que hay gente muriéndose de hambre y tienes comida para darle y no se la das”, equipara.

Rezago, el precio de la omisión

Desde la aparición del Focosote, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, el sector de las telecomunicaciones ha vivido episodios relevantes y controvertidos. Uno de ellos fue la modificación que se intentó hacer a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión para favorecer a las televisoras Televisa y TV Azteca con la entrega de espectro digital de frecuencias.

También lo fueron la entrega de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a Televisa-Telefónica Movistar-Megacable, en un concurso en el que el consorcio fue el único participante, y la licitación de espectro radioeléctrico para telefonía móvil, en la que resultó ganador el grupo formado por Televisa (que después desistió) y Nextel, a cambio de un pago ínfimo al gobierno.

Pero ninguno de estos sucesos, ni de otros que han suscitado reyertas entre las empresas operadoras y la autoridad, han puesto atención en el tema de la cobertura social, ni mucho menos han colocado en la agenda los pendientes del Focosote.

Aunado a ello, en lo que va del sexenio calderonista el número de poblaciones con servicio telefónico en el país no ha mostrado avance, pues desde 2007 se mantiene en 55 mil 353, de acuerdo con datos de la SCT. Lo mismo ha ocurrido con las localidades comunicadas con telefonía rural, que desde hace cuatro años se estancaron en 51 mil 396.

Mientras tanto, la densidad de penetración de servicio de telefonía en el país se redujo entre 2005 y 2010, con lo que para el año pasado se encontraba en 17.9 líneas telefónicas por cada 100 habitantes. En el estado de Chiapas la situación es más crítica, pues la penetración ahí es de 5.7, lo que significa que menos de seis personas de cada 100 cuentan con servicio de telefonía en la entidad.

En el otro extremo se sitúa el Distrito Federal con el mayor nivel de penetración. Sin embargo, éste tampoco es muy alentador, pues apenas llega a 43.9 de cada centenar de habitantes.

Eso se traduce en un nivel de penetración de telefonía fija en el país menor al que existe en Brasil y Chile, además de representar la tercera parte de la penetración que tienen Alemania, Francia y Reino Unido.

Ramiro Tovar Landa, consultor en regulación y competencia económica, considera que en México no sólo ha faltado una cobertura universal en telecomunicaciones, sino que la ausencia de ésta ha dejado al país rezagado respecto de otras naciones.

En este tenor, considera que el Focosote no ha sido un instrumento utilizado por las dos últimas administraciones para cumplir con su obligación de brindar servicios de telecomunicaciones a las poblaciones marginadas. “No solamente en las cuentas se nota que no ha cumplido con sus objetivos, en los hechos también”, reprocha.

Para ejemplificar la gravedad de la brecha que persiste en cobertura de telecomunicaciones, Tovar Landa refiere datos del Censo de Población y Vivienda 2010, los cuales señalan que apenas el 16.6 por ciento de las viviendas rurales cuenta con línea telefónica, mientras que en las urbanas hay 3.5 veces más.

En servicio de internet la brecha es de 2.5 por ciento en zonas rurales contra 33 por ciento en áreas urbanas. En contraste, la penetración del servicio de televisión abierta –controlada actualmente por Televisa y TV Azteca– es de 99 por ciento en las ciudades y 97 por ciento en zonas rurales.

Dada la poca efectividad que el Focosote ha demostrado para reducir este rezago, el catedrático considera conveniente desaparecerlo y sustituirlo con un nuevo esquema que obligue a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones a ofrecer servicios de cobertura social como una contraprestación. Actualmente, el único operador que tiene estipulada esta condición es Telmex.

La propuesta de Tovar Landa sobre el futuro del fideicomiso coincide con la planteada por la ASF, que recomienda a la SCT que “evalúe la conveniencia de extinguir[lo]”.

Para Álvarez González de Castilla la solución no está en desaparecer el fideicomiso, pues dice que ello no contribuiría a que se cumpliera con el mandato de dar cobertura en telecomunicaciones a las poblaciones de menores recursos, establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Considera que “el enemigo a vencer” no es el fideicomiso, sino la forma en que se está manejando.

El diputado Francisco Hernández Juárez, integrante de la Comisión de Comunicaciones y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, resalta la relevancia que tiene el tema de la cobertura social en telecomunicaciones, sobre todo en el contexto actual de confrontaciones entre operadores y el gobierno.

“Hoy es más vigente que nunca porque todo el conflicto se está centrando en el tema de la competencia, la regulación que el gobierno debe realizar y sobre la judicialización que se ha generado en el ámbito de las telecomunicaciones.”

Para conocer la postura de la SCT y de Telmex, Contralínea solicitó entrevistas a través de sus respectivas oficinas de comunicación y relaciones públicas. La subdirectora de Comunicación de Telmex, Concepción Rivera Romero, respondió que la información relativa al Fondo “se proporciona solamente a las autoridades”. Hasta el cierre de edición, la SCT no había respondido la petición.

Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011