Ejército, paramilitares y marines ...

Este es el pan de cada día que reparte el gobierno colombiano

bentayga

VIDEO: En Colombia el ejército oficial, si ke masacra a su propio pueblo al más puro estilo nazi, y todos los organismo internacionales calladitos.

Este VIDEO es una prueba irrefutable del accionar conjunto entre: paramilitares, ejército oficial de Colombia y marines de Estado Unidos en la comisión de masacres horrendas.

Con estas masacres, el terror de Estado ha logrado desplazar a 5,2 millones de personas de sus tierras: Colombia es el país con más desplazados del mundo. Las tierras despojadas a campesinos, indígenas y afrodescendientes son entregadas a multinacionales mineras y del agro industrial, así como al gran latifundio y su herramienta narco-paramilitar.

Vea en este video cómo los asesinos descuartizadores, los paramilitares, autodenominados cínicamente AUC, "Autodefensas Unidas de Colombia", fueron llevados en aviones y camiones del batallón del ejército, al sitio de la masacre, Mapiripan.

Allí estuvieron masacrando, violando, cortando cabezas durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera nadie del sitio de la Masacre.

Así, debido al cruel cerco del ejército que garantizó la horrenda masacre, nadie pudo darle auxilio a la población. El ejército combatió a las FARC que intentaron romper el cerco para socorrer a los campesinos que estaban siendo masacrados, pero el cerco era una operación conjunta del ejército, paramilitarismo y estadounidenses, con planchones sobre el río, retenes, y aviación.

Las guerrillas no pudieron entraran a darle auxilio a la población porque el ejército garantizó férreamente que la masacre de cometiera, durara y comprendiera las torturas más aberrantes que mente humana se pueda imaginar: era una operación de Terrorismo de Estado que inauguraba la estrategia de tierra arrasada en la zona de los llanos orientales, en la que estuvieron envueltas tropas estadounidenses.

Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación:

“¿Sabe qué hizo la Brigada militar Móvil2? Hizo una operación gigantesca que aplastó a las FARC, y colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto (…) el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC, para que las FARC no golpearan a los paramilitares”

Masacre premeditada desde el más alto nivel, con traslado de paramilitares desde la otra punta del país en aviones militares.

Fue una masacre premeditada desde los más altos rangos. Los asesinos paramilitares fueron trasladados de una punta a otra del país por el ejército, para que fueran a cometer la aberrante masacre, bajo la mirada y colaboración de un sin-número de militares. Los paramilitares fueron alojados, vestidos y aprovisionados en las bases, brigadas y aviones oficiales.

El 12 de julio de 1997, un avión DC3 y un avión Antonov del ejército partieron del Urabá Antioqueño hacia el sur del país, hacia Mapiripán, en ellos eran transportados los paramilitares de las mal llamadas "autodefensas" para que cometieran la masacre. Aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare. Así testimonia el Piloto del DC3:

"Allí aterrizamos, quiero señalar que en la pista había personal del ejército y de la fuerza anti-narcóticos, pues allí funciona la más grande base antinarcóticos del país. Entre los miembros de la fuerza pública que custodiaban el aeropuerto se encontraban 70 hombres de la base antinarcóticos dirigidos desde Bogotá por el Coronel Leonardo Gallego, 2 hombres del departamento de policía del Guaviare y 41 hombres del Batallón Joaquim París comandados por el mayor Hernán Orozco Castro y bajo el mando operacional de la brigada móvil número2".

El nivel de premeditación y de coordinación en la masacre de Mapiripán es marca de un genocidio planificado, pero el Estado colombiano continúa intentando negar la evidencia, en un país en el que la impunidad para los mandos militares es del 100%. Y lo peor, un país en el que los grandes planificadores del genocidio andan libres, sin ninguna preocupación, y día tras día siguen planificando el genocidio, mientras se enriquecen.

La versión del estado es inverosímil, y muestra la absoluta corrupción que sustenta la impunidad de los victimarios. Como lo señala el abogado de las víctimas sobrevivientes:

"Es inexplicable que al día de hoy "no se sepa quien estaba al mando de la operación". Que 2 aviones militares salgan, uno de Medellín y otro de Bogotá que estos 2 aviones lleguen a Aparatadó y a Necoclí en el Urabá antioqueño, que son aeropuertos militarizados, que entren allí los paramilitares antioqueños a los 2 aeropuertos, se suban a los aviones; de ahí se trasladen a Villavicencio que es otro aeropuerto militarizado y que de ahí salgan al aeropuerto igualmente militarizado de San José del Guaviare; y que de ahí salgan en camiones del Batallón Joaquín París, los lleven a la trocha ganadera, los ubiquen en ‘Charras’ y que por vía terrestre y fluvial pasen por el punto de control Barranquón sitio de la Brigada móvil 2; y que de ahí pasen a Mapiripán, lo cercen, pasen a Puerto Alvira, lo cerquen, cerquen toda posibilidad de salida de la población… ¿y que al día de hoy no se sepa quién estaba detrás de la operación…?"

Mauricio Becerra Pérez, controlador aéreo del aeropuerto San José del Guaviare testimonia: "Yo autorice la entrada de los vehículos por una llamada hecha antes de llegar los vuelos, se identificaron del batallón Joaquín Paris, que iban a recoger a un personal que llegaban en los vuelos en cuestión, y así fue (...) eran suficientes personas como para llenar 3 camiones.”

En su recorridos los paramilitares de AUC transitaron por vías vigiladas por las autoridades militares, en el casco urbano de San José del Guaviare se encontraban 206 efectivos del departamento de policía del Guaviare, en las instalaciones del batallón Joaquín Paris residían por ese entonces 300 militares, además el retén Sinaí contaba con otros 41 efectivos del Batallón Joaquín París.

Según lo Testimonió el Obispo del Guaviare, Monseñor Correa Yepes: “(…)pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes y armados, continuaron su rumbo por tierra hacia un sitio denominado “Charras”; otro grupo de paramilitares AUC también se desplazó hasta el sitio “Charras” pero lo hizo por el río Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río, conocido como el Barranquón”.

Testimonio de paramilitar Edison Londoño Niño: “fuimos hasta el Barranqón íbamos armados y nos dejaron pasar sin registrarnos ni nada”.

En el puesto de control sobre el río llamado el Barranquón se encontraban 834 hombres de la Brigada Móvil2, 136 de infantería de marina y 130 de la escuela de fuerzas especiales, más los del Joaquín París, en total casi 2.000 militares armados hasta los dientes, con un planchón sobre el río que no dejaba pasar a nadie, pero que ese día sí dejó pasar a 120 paramilitares armados. En el puesto de control sobre el río y sus alrededores había aviones, helicópteros, lanchas rápidas artilladas… ¿este es el “Estado desbordado” ante los paramilitares que aduce el ejército, o es más bien su cómplice evidente?

Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Hizo una operación gigantesca que aplastó a las FARC, y colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto. Entonces el General Mora se quedó azul; y yo le dije, mire mi general, lo que yo estoy diciendo es con pruebas: ¿Qué cara van a poner los representantes de las FARC cuando yo vaya a la corte Suprema de Justicia y les diga: Vea, el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares”

"Los paramilitares son la amante de los militares fascistas de Colombia, no se la pueden llevar a casa, pero la tienen mimada": dice el Coronel (r) Hernán Orozco. (Con este cinismo se despachan estas hienas y se quedan más frescos que una lechuga…)

Unas 60 personas fueron asesinadas en Mapiripán y en la cooperativa campesina. Personas sometidas a toda clase de torturas y asesinadas. Muchas de estas personas aún hoy están desaparecidas, ya que los asesinos echaron muchos cadáveres al río.

La impunidad preservada a toda costa por el Estado:

Fiscal General de la nación del momento testimonia: “Comenzamos a tener la dificultad porque el ejército no permitía que los fiscales entraran inmediatamente a la zona para averiguar lo que había pasado”

Abogado de las víctimas testimonia cómo desde la presidencia se impidieron las investigaciones y acceso de las víctimas y sus abogados:

“Hay una comisión que va hasta san José del Guaviare, una comisión del gobierno nacional, el doctor Lazo, encargado de DDHH de la presidencia, junto con el general Ardila y junto con el comandante del batallón Joaquín París (…) van pero no facilitan la entrada de los abogados de víctimas y fiscales".

La herramienta paramilitar sigue activa en el 2011, intensificando el genocidio...

La herramienta paramilitar sigue activa en el 2011, pese a las maniobras de propaganda del gobierno de Santos y del de Uribe: ambos gobiernos dicen en su propaganda que “los paramilitares ya no existen”, pero la realidad es que las masacres continúan y se han intensificado los asesinatos y desapariciones de manera vertiginosa.

Hoy en día, a la pregunta de que si es verdad lo que dice el gobierno de que ‘ya no existen los paramilitares’ las comunidades responden contundentemente: “Esa es una mentira del gobierno, los paramilitares siguen actuando.” “ Ví personalmente al jefe paramilitar alias Cuchillo, andando en carro blindado y escoltado con seguridad de la policía y del ejército”

La Fiscalía General reveló el 13 de enero 2011 que tiene documentados 173.183 casos de homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares de las supuestamente disueltas y auto-denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El registro, que recoge datos desde 2005 hasta el 1 de diciembre del pasado año (2010), también refiere tener documentado el desplazamiento forzoso masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad por parte de paramilitares "AUC".

Cabe tener muy presente esto, para entender lo que pasa en Colombia, para entender el genocidio más allá de la falsimedia.

"No hago ninguna distinción entre combatientes y no combatientes. El que se pone al servicio de una banda de criminales es tan culpable como ellos, aunque se contente con servirles de recadero, de espía o de enfermero. Del mismo modo, aunque uno se limitase a curar a los heridos durante la batalla, no estaría absuelto de toda falta."

De Autobiografía. La historia de mis experimentos con la Verdad de Gandhi.

"Los paramilitares son la amante del militar"

"Los paramilitares son la amante del militar" from Camilo Raigozo on Vimeo.

Demandarán a Calderón en La Haya por crímenes de guerra y lesa humanidad

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (apro).- Académicos, intelectuales, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos interpondrán una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra el presidente Felipe Calderón, así como altos mandos militares y narcotraficantes por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los detalles de la querella, que cuenta con el respaldo de 20 mil firmas, será anunciada este martes en conferencia de prensa por los promotores de la misma, entre quienes figuran Epigmenio Ibarra (presidente de Argos Comunicación), John M. Ackerman Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) y Edgardo Buscaglia Abogado e investigador de la ONU).
Según los quejosos “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados.
Además, añaden existe también una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado.
Esta situación, agregan, se debe por igual a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. “Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados. La falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria”.
Frente a la imposibilidad de buscar justicia a nivel nacional, en breve presentaremos, dicen, ante el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación prevaleciente en México.
La denuncia incluye además de Calderón a los siguientes funcionarios y narcotraficantes: los secretarios de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván y Francisco Saynez Mendoza, respectivamente, así como Joaquín El Chapo Guzmán.
En la página http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html, se continúan recibiendo firmas de adhesión bajo un programa que garantiza la no repetición de nombres.

Capacitación “made in USA” a miles de mexicanos... en Colombia

El entrenamiento antinarco que imparten militares colombianos de élite a policías federales de México y a miembros de otras corporaciones latinoamericanas fue desarrollado por fuerzas especiales de Estados Unidos y se inscribe en la estrategia de este país para reforzar su presencia en el continente. A juicio de algunos alumnos mexicanos, lo que aprendieron tendrá una utilidad limitada en las sierras michoacana y chihuahuense y de plano será infructuoso en la guerra urbana, cuya intensidad ni siquiera conciben los instructores sudamericanos.

Marcela Turati

TOLIMA, COLOMBIA.- La camioneta traquetea por el camino de maleza tropical y deja atrás el último retén. Desde el asiento del copiloto, el mayor Reyes –lentes oscuros, uniforme verde de la Policía Nacional de Colombia, siempre bajo ese seudónimo– presume que es uno de los “comandos Jungla” que se encarga de adiestrar a los policías y soldados mexicanos que lucharán “contra el flagelo del narcotráfico”.

Tiene en su lista a 107 alumnos latinoamericanos; de ellos, 33 son colombianos y 16 mexicanos: 15 policías federales y un miembro del Ejército.

Si todos ellos sobreviven al rudo curso de 19 semanas –durante las que cargan equipos de 25 kilos y enflacan hasta 15 ellos mismos–, serán dignos aprendices de los Jungla: militares de élite capaces de capturar narcotraficantes atrincherados en fortalezas, desmantelar laboratorios de drogas sintéticas camuflados en la selva, infiltrar filas enemigas, desactivar minas personales plantadas en narcocultivos, manejar explosivos, saltar desde helicópteros a vehículos en movimiento, diseñar operaciones de riesgo y curar a los heridos.

“De México hay una participación grandísima, es uno de los países que manda un número significativo (de alumnos), pues teniendo el flagelo del narcotráfico están aprovechando la experiencia de Colombia”, comenta Reyes de camino al Centro Nacional de Entrenamiento y Operaciones Policiales (Cenop), una base de mil 700 hectáreas con ríos, montañas y selva a tres horas de Bogotá.

Él y los demás capacitadores entrevistados en el recorrido se dirán orgullosos de ser “hombres Jungla”; presumirán que la experiencia colombiana “y la sangre derramada” están al servicio de las policías del mundo.

Pero las evidencias indican que el gobierno de Estados Unidos es la mano invisible que instruye a quienes después serán instructores, financia el centro y patrocina una parte de la matrícula de los alumnos; el entrenamiento de cada uno cuesta unos 170 mil pesos mexicanos.

En el Cenop las actividades comienzan a las cinco de la mañana, cuando los estudiantes salen al patio en shorts a practicar una hora de pesados ejercicios para que, con el transcurso de las semanas, no les cueste trabajo cargar por los cerros sus pesados equipos y transportar camillas con compañeros. Después se bañan, tienden sus camas y desayunan.

De las ocho de la mañana al mediodía toman clases teóricas y posteriormente hacen una pausa para comer. A partir de las dos de la tarde tienen prácticas físicas, un tiempo para hacer tareas y la cena. Dependiendo del entrenamiento, las actividades pueden acabar a las seis de la tarde o hasta la una de la mañana.

–¿Quién de ustedes es mexicano? –pregunta con su voz de mando el coronel José Luis Ramírez, subdirector del centro, al entrar a uno de los dormitorios.

Los internos lo reciben en posición de firmes, a un costado de sus literas. Resalta el distinto colorido de los uniformes militares y policiacos de Brasil, Belice, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Panamá, Ecuador, Guatemala, Honduras, Colombia, Bolivia y México.

Un hombre de 30 años con el uniforme azul de la Policía Federal da un paso al frente. Comienza un diálogo-interrogatorio:

–¿Cree que va a terminar el entrenamiento, que es bastante fuerte? –pregunta el coronel en voz alta.

–Claro que sí. Es cansado el adiestramiento pero estamos con todo el ánimo del mundo de terminar el curso –dice el federal con la vista al frente.

–En México, ¿dónde están aplicando los conocimientos adquiridos aquí?

–En las zonas rurales, donde hay mucha vegetación, las de difícil acceso, la serranía, donde es difícil trasladar al personal.

–¿En la búsqueda de qué?

–En la búsqueda de laboratorios o plantíos de mariguana.

Policías en campaña

El Cenop está blindado por montañas; cualquier enemigo que intente acercarse podría ser detectado. En el monte la vegetación se mueve. De entre la rala maleza van surgiendo hombres con uniforme de campaña, con el rostro camuflado con pintura y armados con ametralladoras M-60 calibre 7.62.

Se desplazan lentos, sincronizados, sin hacer ruido. Dos van de avanzada, uno lleva un teléfono, después todo el grupo se concentra en un paraje. Forman un círculo de seguridad: se mantienen en el piso, con las armas listas apuntando en todas direcciones. Es un ejercicio de patrullaje para el descubrimiento y ocupación de sembradíos de amapola.

“En la lucha contra el narcotráfico el patrullaje se utiliza para avanzar por terrenos boscosos donde la vegetación es espesa, con sus medidas de seguridad en caso de que hubiera presencia del enemigo. Ellos vienen, hacen reconocimiento del área, la aseguran para que entren las compañías de erradicación”, explica el instructor.

Los alumnos se mantienen congelados, en espera de la siguiente orden. En los distintivos de algunos uniformes se alcanza a ver la bandera mexicana.

–¿Cómo le hacen para no confundir sospechosos con criminales? –se le pregunta.

–Uno tiene una posición de inteligencia del sector; sabe qué fuerzas amigas y enemigas tenemos ahí, qué uniforme utiliza el personal enemigo. Aunque muchas veces ellos tratan de confundirlos con las propias tropas, pero para eso están las señas, las coordinaciones con los altos mandos –responde.

–¿Y si los enemigos no usan uniforme?

–La orden es que hasta que no los identifiquen no se puede hacer nada. Y si están de civiles, las voces de mando dicen: “alto, traten de cubrir el área para tenerlos controlados”, y entonces se reacciona: si tienen que capturar o de pronto tratar de reaccionar con su arma, ya que es prioridad la vida del personal.

–¿Hay forma de equivocarse?

–No, porque hay parámetros, como identificar al enemigo, tener conocimiento del área, y si se encuentra personal del que usted no tiene información, hay que identificarlo: “¡alto!, santo y seña. ¿Qué función está cumpliendo? ¿Quién es usted?”. Porque de pronto puede ser un vigilante de una finca y usted no puede hacer un disparo hasta que no lo identifique.

El instructor voltea hacia los jóvenes engarrotados y les grita: “¡Rápido, rápido!”. Ellos caminan aprisa en fila india, pisando las hojas secas.

La mano estadunidense

El mayor Reyes explica que los comandos Jungla surgieron en 1989 a partir de la capacitación que el Servicio Aéreo Especial británico brindó a oficiales colombianos. En 1991 se creó la corporación que hasta la fecha ha impartido 23 cursos nacionales y nueve internacionales, entre los que se cuenta la capacitación a unos 7 mil policías en México.

“Posteriormente vamos perfeccionando las técnicas, luego se tiene el apoyo del Séptimo Grupo de las Fuerzas Especiales estadunidenses, que también aporta técnicas. Nosotros las consolidamos y proyectamos técnicas propias, teniendo en cuenta cultura, idiosincrasia y geografía del país”, explica el oficial.

El coronel Ramírez acota: “A nosotros nos ha apoyado siempre Estados Unidos (…), pero el comando Jungla no es reflejo del británico o del norteamericano, es la experiencia que ha pasado la Policía Nacional de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Los documentos indican otra cosa. El programa Jungla depende fuertemente de la DEA, la cual se pone de acuerdo con los comandantes colombianos para “coordinar entrenamiento, asistencia en operaciones y apoyo logístico”, según consta en el cable diplomático 10BOGOTA508, elaborado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia y filtrado por WikiLeaks.

El cable diplomático, fechado en julio de 2008, indica: “El alto grado de autonomía y el soberbio régimen de entrenamiento hace del programa Jungla uno de los programas nacionalizados más eficaces de la embajada (…) Las muchas contribuciones del programa Jungla a los esfuerzos antinarcóticos, tanto en Colombia como en la escena internacional, demuestran la alta rentabilidad que esta inversión sostenida del gobierno de Estados Unidos sigue dando”.

Incluso presume que desde 2007 la escuela Jungla abrió sus puertas a policías de toda Latinoamérica y de Afganistán, y que nueve instructores estarían hasta agosto de 2008 en Jalisco para entrenar a 60 policías mexicanos.

Un reportaje de The Washington Post, publicado en enero de 2011, confirmó que los colombianos entrenan en operaciones antinarcóticos a miles de policías, soldados, fiscales y jueces mexicanos, en su país o en Colombia, y que la lógica de esta maniobra sería esquivar el sentimiento nacionalista.

“El nuevo rol que juega Colombia en la administración Obama, la cual financia una parte del entrenamiento y tiene una cercana alianza con Colombia, es brindar una manera políticamente viable para entrenar a las fuerzas de seguridad mexicanas sin una considerable presencia de militares o policías estadunidenses en México. Posicionar fuerzas estadunidenses ahí sería políticamente controvertido en México, aun cuando Washington aporta cientos de millones de dólares para ayudar a acabar con los poderosos cárteles de la droga”, indicó el periodista Juan Forero desde Colombia.

Citado por el Post, el mexicanólogo Roderic Ai Camp opinó: “Los militares estadunidenses pueden hacer mucho más indirectamente, por conducto de los colombianos, que lo que en términos políticos podrían realizar directamente”.

La generosidad colombiana estuvo a punto de abortar a causa de la corrupción de los policías mexicanos, reveló el cable 08MEXICO3498, difundido por el diario La Jornada y en el cual el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional de Colombia, amenazó a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México, con cancelar los cursos por “los niveles de corrupción en las fuerzas” de esa dependencia. Temía que la corrupción alcanzara a sus paisanos.

Aunque en esta ciudad del entrenamiento los maestros aseguran que no tienen problemas con los mexicanos, Reyes comenta que ya no capacitan a policías municipales y estatales porque “se tiene información” de que, al terminar el periodo del gobernador o alcalde que los contrató, quedan fuera de las instituciones y son reclutados por los delincuentes. Cuando esto sucede, “el nivel de entrenamiento que tienen los muchachos lo aprovechaban para el sentido contrario”, comenta.

En su papel de exportadora de estrategias y técnicas antinarco, la Policía Nacional colombiana presume como uno de sus logros la operación de captura y ejecución del capo Pablo Escobar.

La realidad mexicana

En segundos, cuatro jóvenes se deslizan de una altura de 20 metros desde una estructura de medidas similares a las de un helicóptero mediano. Repiten el ejercicio varias veces: primero uno por uno, después tensando la cuerda para que el resto baje, y luego deteniéndose a medio camino. Con esos deslizamientos se entrenan para asaltos rápidos, sorpresivos.

–¿Y eso de qué sirve en la lucha contra el narco? –se le pregunta al instructor Orlando Martínez.

–Los laboratorios o los cultivos ilícitos están en partes donde no hay carreteras para llegar en vehículo, no hay caminos; entonces toca ir por encima. En la selva encontramos árboles de 50 metros, entonces (este entrenamiento) se utiliza mucho para infiltraciones.

–¿Y en las ciudades también?

–En la parte urbana aplicamos una soga rápida, pero entre más bajo mejor. No hay árboles altos pero hay edificios. Cuando el comando está a un metro se puede bajar por sus propios medios saltando del helicóptero, pero después de dos metros se hace necesario utilizar cuerda.

Los 16 paisanos que reciben entrenamiento fueron elegidos por sus superiores y posteriormente tuvieron que aprobar exámenes físicos y mentales aplicados por los colombianos. Tienen de 22 a 32 años. A su regreso tendrán que enseñarles a sus compañeros lo aprendido.

Cuando se les pregunta qué partes del curso les han servido, dan respuestas variadas. Algunos se quejan de que las clases se enfocan mucho en técnicas rurales antiguerrillas que no sirven en México, donde el narcotráfico combate en zonas urbanas. Otros, al contrario, dicen que lo aprendido les ayudará para salvarse de las emboscadas que la Policía Federal sufre en Michoacán y Chihuahua, donde sus compañeros han perdido la vida.

“En las áreas rurales el problema es mínimo y la gente, que es humilde, no busca problemas con nosotros ni han llegado al extremo de ponernos minas; en cambio, el problema urbano ha sido muy pesado”, explica uno de los alumnos mexicanos que pidió el anonimato.

Otro opina: “Las técnicas que nos enseñan podemos aplicarlas en el caso de Michoacán; la mayoría hemos estado ahí, donde ocurren las emboscadas al personal de la PF y en esos momentos no se ha podido reaccionar por la falta de conocimiento. Con la experiencia en la vida real del comando Jungla podemos ponerle un alto al gran índice de emboscadas”.

Posteriormente, el mayor Reyes aclara que conforme el curso avance se impartirán técnicas para la operación urbana y que los Jungla se basan en lo operativo, pero que otras unidades enseñan las estrategias de inteligencia previas al operativo.

–¿Cómo los capacitan para no herir a gente inocente o no confundirla con criminales? –se le pregunta.

–Nosotros estamos entrenados para objetivos claros, precisos, discriminados. No se hacen acciones contra grupos indeterminados.

–¿Y cómo enseñan el uso proporcional de la fuerza?

–Todo el entrenamiento se basa en derechos humanos. El nivel es tan alto que el uso de la fuerza es el último recurso. Lo ideal es que sea una operación limpia, y eso se basa mucho en información; vamos muy de la mano con la parte de inteligencia.

–Pero si empiezan una balacera contra un grupo de narcos armados en las calles…

–Bueno, aquí en Colombia no pasa eso de ver un narco por las calles, lógicamente –interrumpe, sorprendido por la pregunta–, y si alguien lo ve, pues no piensa que es… ya que ellos no están a la luz pública porque si no, estarían capturados… difícilmente…

Está pasmado. No concibe ciudades donde sicarios y policías se persigan a balazos como en el Viejo Oeste, que en las persecuciones maten a ciudadanos inocentes que pasaban por el lugar ni que los narcos viajen en convoyes con placas que identifican a qué cartel pertenecen, como ocurre en México. Eso no pasa en Colombia.

Asoman los paramilitares

Javier Duarte, gobernador de Veracruz.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- En medio del empeño de Felipe Calderón por instaurar en México un Estado policiaco militar, cuya más reciente muestra es conculcar derechos en su proyecto de Código de Procedimientos Penales, emergen indicios de un fenómeno siniestro: Los escuadrones de la muerte.

Los 35 cadáveres amontonados en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, y otros 14 diseminados por la zona, apuntan a la autoría de un grupo de corte paramilitar, es decir, no un grupo criminal antagónico en sí mismo, sino una fuerza, si no auspiciada, al menos tolerada por la autoridad del estado que encabeza el priista Javier Duarte, un aprendiz de dictadorzuelo.

Las declaraciones de éste, en el sentido de justificar la masacre porque eran delincuentes y que con ello se acabaron las extorsiones –“eso nadie lo dice”–, coinciden con la difusión de un video el 24 de septiembre, cuatro días después de la aparición de los 49 cadáveres, en el que un grupo de cinco encapuchados se presenta como un escuadrón de la muerte denominado “Los Matazetas”.

En el video, uno de ellos, el más robusto, lee un comunicado dirigido a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la sociedad en general, para anunciar el combate al cártel de Los Zetas, la banda más sanguinaria que opera en México.

“Somos guerreros sin rostro, pero orgullosamente mexicanos”, advierte el que parecer ser el jefe mientras los otros cuatro encapuchados, inmóviles, miran a la cámara, que registra el ofrecimiento de disculpas por la violencia que generan y, con cierta ambigüedad, se atribuyen la matanza del 20 de septiembre.

“Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas en nombre del todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad (Los Zetas) no son invencibles y que ya no se dejen extorsionar”.

Y piden: “Que la sociedad en general esté segura y confíe que nosotros. Los matazetas no extorsionamos, no secuestramos, y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación. Respetamos a los poderes Ejecutivos federales, estatales y municipales. Nuestra lucha es en contra de Los Zetas. Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no son invencibles (sic), y que ya no se dejen extorsionar. Cada quien sus luchas y sus miedos, nosotros un solo corazón”.

En el video, los encapuchados se muestran respetuosos también del Ejército y la Marina, y aunque evaden revelar qué clase de agrupación integran, aducen que, “como principio ético, nosotros tenemos prohibido la extorsión, el secuestro, el robo, las vejaciones, y todo aquello que de una u otra forma afecte el patrimonio nacional, familiar, anímico y/o moral”.

Su nebulosa presentación en el video, difundido en el también fantasmal “blog del narco”, sólo deja clara una cosa: Es un escuadrón de la muerte para exterminar a Los Zetas y ante ello es preciso que las autoridades de todos los niveles deben deslindarse, salvo que cuenten con su anuencia.

Ya hubo, el año pasado, un antecedente en Nuevo León, donde el alcalde de San Pedro, el panista Mauricio Fernández, creó un grupo paramilitar para “limpiar” el municipio, cuyos integrantes formaban parte del cártel de los Beltrán Leyva y, aunque tardíamente y sólo por la presión social, el gobierno de Felipe Calderón intervino para su desarticulación.

En otros lugares de México hay tentaciones, si no es que se han materializado ya, de conformar grupos armados de autoprotección, en una lógica que parece desconocer que el paramilitarismo sólo propicia una mayor escalada de violencia y arrebata sobre todo la vida de inocentes.

Por la semejanzas con Colombia, es preciso recordar que las bandas paramilitares en ese país, auspiciadas por empresarios, ganaderos, terratenientes y políticos al más alto nivel, asesinaron a más de 156 mil personas, entre ellos 2 mil 650 niños.

Esta barbarie, documentada por la Fiscalía General de Colombia –que allá sí es autónoma, como el Poder Judicial–, comenzó con la conformación de grupos armados irregulares para enfrentar la guerrilla y el narcotráfico, pero se convirtieron en un monstruo sin control.

Los “paras” no sólo no combatieron a los narcotraficantes, sino que se asimilaron y aun tomaron el control del trasiego de drogas, mientras que asesinaban con toda impunidad a pueblos enteros que creían eran sostén de la guerrilla, a sindicalistas, maestros y periodistas.

Estos escuadrones de la muerte de extrema derecha, a cuyas miles de víctimas destazaban, cremaban o sepultaban en fosas clandestinas, llegaron a superar los 31 mil integrantes, que contaban con la protección al más alto nivel político y militar, como el del expresidente Alvaro Uribe y más de 70 congresistas y gobernadores afines a él.

Según la Fiscalía General de Colombia, que recibió el testimonio de unos 4 mil paramilitares arrepentidos, están identificados como cómplices o coautores de los delitos cometidos unos 95 oficiales y 28 suboficiales del Ejército Nacional, así como 46 oficiales y 47 suboficiales de la Policía.

La enseñanza de Colombia a México es clara: La conformación de escuadrones de la muerte para combatir a grupos criminales, con el auspicio y al menos el disimulo de la autoridad constitucional, sólo conduce a una barbarie que no tiene fin…

Apuntes

Y no hay que olvidarlo: Está documentado que fueron paramilitares, auspiciados desde el Estado, los autores de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, cuando Ernesto Zedillo era presidente de México y el secretario de Gobernación era Emilio Chuayffet, actual presidente de la Cámara de Diputados… Son paramilitares, también, los autores del asesinato –uno más– de la periodista María Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción del periódico Primera Hora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde no gobierna un tal Egidio Torre Cantú, sino los criminales…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twiter: @alvaro_delgado

México; The Casino Royale Tour of Felipe Calderón

México colateral-Ahumada

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• Le preocupa que Calderón insista en su fallido plan anticrimen

Exige López Obrador relevos en el gabinete de seguridad

San Luis Potosí, SLP, 26 de agosto. Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ofreció su pésame por la muerte de unas 50 personas inocentes en el ataque perpetrado por un grupo de hombres armados el pasado jueves en el casino Royale de Monterrey, Nuevo León. “Es una tragedia muy dolorosa para los familiares de las víctimas y para todos los mexicanos. Nos conmueve y entristece a muchos. Es nuestra amarga realidad.

“Más allá de nuestras diferencias, me preocupa que Felipe Calderón esté obcecado e insista en mantener, sin ningún cambio, la estrategia de seguridad que a todas luces ha resultado fallida y provoca, cada vez más, pérdidas de vidas humanas y sufrimiento. Todavía es tiempo para rectificar. Nunca es tarde y menos cuando está de por medio el derecho a la vida y a ser felices sin miedos ni temores.

No sólo se niega a entender que es necesario crear una atmósfera de progreso y bienestar, con oportunidades para todos, que incorpore a los jóvenes al trabajo y al estudio; ni siquiera está dispuesto a tomar decisiones de fondo en el terreno estrictamente policiaco, que ha sido el distintivo de su mal gobierno, expresó.

López Obrador exigió al presidente Calderón solicitar la renuncia de los integrantes del gabinete de seguridad, de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Pública federal, así como de la Procuraduría General de la República, por los nulos resultados en la guerra que declaró a la delincuencia organizada.

Ante más de mil personas que se reunieron en la asamblea realizada en la plaza principal del municipio de Matehuala, demandó al titular del Ejecutivo a convocar reuniones diarias con los nuevos miembros del gabinete de seguridad, para recibir la información, tomar decisiones en la materia y asumir el mando de las fuerzas de seguridad y de procuración de justicia.

Dijo que los problemas de violencia e inseguridad no se resolverán con mayor número de policías y soldados ni con la construcción de cárceles, tampoco con amenazas de mano dura o leyes más severas, porque la solución se ubica en reactivar la economía nacional, crear fuentes de empleo, garantizar a los jóvenes el acceso a la educación y dar bienestar a quienes se encuentran en condiciones de pobreza.

Por otra parte, López Obrador acusó que desde el sexenio de Carlos Salinas empresas canadienses han obtenido más de 50 millones de hectáreas para la explotación minera –27 por ciento del territorio nacional–, y que en aquel gobierno se reformó y anuló el gravamen a esta actividad, por lo que ahora no pagan impuestos.

En Canadá estas empresas pagan 25 por ciento de impuestos y aquí no pasa nada, por eso hay que buscar el cambio, vamos a decir a la mafia del poder que San Luis no es tierra de conquista, aseveró.

El tabasqueño reiteró que el petróleo es de la nación, el presupuesto debe ser del pueblo y no para rescatar a los banqueros, como hizo Ernesto Zedillo, otro ex presidente priísta, en 1995, pues los respaldó con más de 100 mil millones de dólares de dinero público, los cuales todavía seguimos debiendo.

Criticó los privilegios que reciben funcionarios, diputados, senadores y miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes calificó de la tapadera de la mafia del poder. En 28 años han concentrado mucho dinero y poder, por eso hay mucha decadencia en México, pero el pueblo no es tonto, finalizó.

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*Con gobiernos del PAN el número de casinos pasó de 120 a más de mil

*En la capital neoleonesa, en sólo seis años aumentaron 500% las casas de apuestas

Con gobiernos panistas, auge en casas de apuestas, revelan datos de Gobernación

El auge de la apertura de centros de apuestas llegó cuando miembros del PAN asumieron el gobierno federal. Al término de la administración del presidente Ernesto Zedillo había alrededor de 120 centros de apuestas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación en respuesta a una solicitud de información pública hecha en 2005.

A partir de ese año –cuando la dependencia estaba encabezada por Santiago Creel Miranda–, esos negocios se multiplicaron a más de mil sucursales en todo el país.

Durante la gestión de Vicente Fox, las autoridades federales –como única instancia con facultades para entregar estas concesiones– otorgaron 450 permisos a grupos empresariales, lo que incrementó a más de mil el número de casas de juego, pues cada aprobación concedía la apertura desde uno hasta más de 50 sucursales. Sin contar la existencia de supuestos centros de apuestas que operan de manera ilegal.

Sobre el tema, la oficina de Creel Miranda informó que durante su gestión como secretario de Gobernación lo que se hizo fue sacar adelante un reglamento que permite transparentar la emisión de los permisos y dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de instalar o no los centros de apuestas.

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Con amparos judiciales, al menos 15 casinos de Monterrey operan de manera ilegal: PRD

Se cree que hay más de 80 mil neoleoneses afectados por el juego compulsivo; ya es problema de salud.

Luego de que dejó de ser la capital industrial del país y la ciudad mexicana más importante para el mercado bursátil y de negocios, Monterrey pretendió convertirse en el polo mexicano del entretenimiento y la diversión al estilo de Las Vegas, Estados Unidos.

Antes de la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, en 2000, en Nuevo León sólo existían algunas casas de apuestas. En 2004 operaban 10 casinos en Monterrey, para 2007 ya había 23 y 2010 concluyó con 50 establecimientos ubicados sobre todo en la zona metropolitana de la capital del estado.

De acuerdo con una lista que dio a conocer el PRD, por lo menos 15 de ellos operan al margen de la ley o cobijados en resquicios legales y fuera de los reglamentos municipales, debido al amparo que les da el Poder Judicial, estatal o federal.

En 2007, en un análisis titulado Jugar en México: decodificando el mercado, la revista Casino Enterprise Management dio a conocer que en todo México cada máquina de juego legal dejaba a sus operadores de 50 a 75 dólares diarios de ganancia, en tanto que en Monterrey rondaban entre 85 y 125 dólares.

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El artero ataque en Monterrey obliga a replantear la política anticrimen: UNAM

Lo peor que le puede pasar a México es que los ciudadanos se acostrumbren a la violencia, dice el rector.

El consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reprobó la conducta artera y desquiciada de quienes sin el menor sentimiento humano causaron la muerte de decenas de personas en el ataque del pasado jueves al casino Royale de Monterrey, Nuevo León.

Durante su sesión de este viernes, el Consejo Universitario demandó una investigación por esos hechos y subrayó la imperiosa necesidad de replantear la estrategia gubernamental contra el crimen organizado.

En entrevista previa a la plenaria, el rector José Narro Robles criticó que los partidos políticos se señalen unos a otros como responsables de miles de muertes en el país.

Al inicio de la sesión, el máximo órgano de representación de la casa de estudios manifestó su solidaridad con las familias de los más de 50 muertos que dejó este ataque, aparentemente provocado por integrantes del crimen organizado, y guardó un minuto de silencio en su memoria.

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Urge cambiar esquema de seguridad del gobierno: Sicilia

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dirige el poeta Javier Sicilia, condenó el ataque cometido el jueves contra un casino de Monterrey, y pidió construir una paz auténtica y justa, no basada en estrategias mediáticas, acusaciones entre autoridades o llamados ciegos a la violencia.

En un comunicado, señaló que frente a estos hechos inadmisibles, es urgente que el gobierno cambie su esquema de seguridad, con la colaboración y vigilancia de la sociedad civil, pues lo único que ha logrado es aumentar la espiral de agresiones.

Las autoridades no han demostrado tener la capacidad o el interés en reducir los niveles de violencia criminal y, en cambio, la violencia institucional sigue en aumento. Por eso la sociedad debe ejercer su poder democrático y vigilar de cerca a las autoridades de todos los niveles, aseveró el documento.

Para lograr ese objetivo, enfatizó, es necesario que el gobierno no se extralimite en sus funciones, ni pidan más facultades de las que ya tiene, puesto que el actual marco legal basta para responder a las atrocidades del crimen organizado.

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• Llama la CNDH a los tres niveles de gobierno a crear frente común

Mexicanos, cada vez más expuestos a la violencia extrema, advierte AI

Diversas organizaciones de defensa de las garantías individuales, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional, manifestaron su rechazo al atentado ocurrido el jueves pasado contra un casino de Monterrey, Nuevo León, y alertaron que el grado de violencia criminal en México expone a la sociedad civil a un peligro cotidiano cada vez mayor.

En una carta firmada por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, y por todo el consejo consultivo de la institución, la CNDH manifestó su dolor por las acciones brutales de la delincuencia organizada, y reiteró su compromiso de brindar inmediatamente ayuda médica, sicológica y legal a las víctimas del ataque.

Luego de exigir el pleno esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, el organismo subrayó que es urgente evitar la polarización y la confrontación, y llamó a los tres niveles de gobierno a crear un frente común y coordinado para prevenir el delito y frenar la violencia.

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• En Twitter organizaron la manifestación

Cacerolazo en el Ángel contra la violencia

Luego del atentado en el casino Royale de Monterrey que dejó decenas muertos y 10 lesionados, ciudadanos organizaron mediante Twitter una manifestación en el Ángel de la Independencia, donde aseguraron que la guerra de (Felipe) Calderón es la responsable del aumento de la violencia.

Alrededor de poco más de 300 personas lamentaron que en el país haya actos de terrorismo y exigieron al gobierno federal que emprenda una guerra, pero contra la impunidad. Estudiantes, escritores, trabajadores y profesionistas, la mayor parte de ellos jóvenes, corearon: Monterrey, no estás solo.

Portando carteles en los que se leía: Más paz, menos balas; El corazón de México es de amor y paz y Más justicia, menos balas, instaron a los ciudadanos a dejar de ser espectadores de una guerra que no comenzamos y demandar un cambio de estrategia.

Apuntaron que los fallecidos en Monterrey no deben ser vistos como extraños, pues todos los mexicanos comparten las sangrientas consecuencias de una lucha que parece no tener sentido. Aludieron que la descomposición que vive el país no comenzó hace cinco años con el gobierno de Calderón ni hace 10 con el de Vicente Fox, sino desde finales de la década de los 60 del siglo pasado.

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• Tercera carta del subcomandante al filósofo Luis Villoro

Se desmorona la patraña del combate al crimen: Marcos

San Cristóbal de Las Casas, Chis, 26 de agosto. El movimiento encabezado por Javier Sicilia hizo tangibles a las víctimas y las sacó no sólo del olvido, las estadísticas y la nota roja, sino de los míticos triunfos del gobierno de Felipe Calderón, haciendo que comiencen a tener nombre e historia, al tiempo que se desmorona la patraña del combate al crimen organizado, estimó el subcomandante Marcos en su tercera carta al filósofo Luis Villoro.

Es una nueva movilización, cuyo proyecto, de constituirse en movimiento organizado, va creando caminos propios, con logros y caídas propios, movido por un dolor que merece y tiene nuestro respeto y admiración, pues quienes ahí participan pueden decir con razón que cabe cuestionar las formas y los métodos, pero no las causas, comenta en el documento, divulgado por el portal Enlace Zapatista.

Para respetar y comprender hay que mirar arriba y abajo, porque arriba llaman la atención e irritan los arrumacos dados a los responsables directos de tantas muertes y destrucción, pero abajo despiertan esperanza, consuelo y compañía entre familiares y amistades de las víctimas.

También creíamos posible que se levantara un movimiento que detuviera esta guerra absurda, pero no parece que así sea, o no todavía; sin embargo, también es razonable dirigirse a quien la desató y la escala: dialogar con los responsables de los problemas.

En la guerra que Calderón ha impuesto a la sociedad entera sin distingos de clase, raza, credo, género o ideología política –dice Marcos– se agrega un dolor más: el de etiquetar como criminales a las víctimas inocentes. Tal rasgo fascista se volvió programa de gobierno e impartición de justicia, y no pocos medios de comunicación lo han hecho suyo, permeando el pensamiento de quienes todavía creen lo que se dice y escribe en la prensa, la radio y la televisión

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• No necesitan hacer marchas, dice Malova

Protesta de periodistas en funeral de Millán Salazar

Culiacán, Sin., 26 de agosto. Familiares y reporteros protestaron durante las exequias del periodista Humberto Millán Salazar –asesinado el pasado jueves en Culiacán– para exigir a las autoridades estatales y federales que este crimen no quede impune y se garanticen condiciones para el ejercicio profesional en la entidad. Antes que el cadáver fuera cremado, se colocó una fotografía con el rostro de Millán y hubo gritos a coro: ¡Todos somos Humberto!

En la funeraria de Culiacán, Eva Obdulia Beltrán, esposa del comunicador, declaró: Él luchó 35 años, por luchar y decir la verdad, 35 años de esfuerzo.

Millán Salazar, director del semanario A discusión, fue encontrado muerto en las inmediaciones de la comunidad Campo Morelia, en el municipio de Culiacán, luego de haber sido levantado por un comando, la mañana del miércoles.

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• Militares emplean lecciones de Afganistán para combatir cárteles

EU ayuda a coordinar operativos mexicanos contra el narco: NYT

• Por sensibilidades políticas muchos aspectos se mantienen en secreto

De la Redacción

El gobierno de Barack Obama amplió su papel en la lucha antinarcóticos en México permitiendo que agentes mexicanos realizaran operativos transfronterizos desde Estados Unidos contra narcotraficantes, mientras que militares estadunidenses en el Comando Norte buscan cómo aplicar en México lo que aprendieron en Afganistán, reportó The New York Times.

Comandos mexicanos han viajado encubiertos a sitios en Estados Unidos desde donde han sido llevados por helicóptero en misiones contra narcotraficantes. La agencia antinarcóticos estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) ofrece apoyo logístico de su lado de la frontera, organizando los sitios y compartiendo inteligencia que ayuda a guiar las decisiones mexicanas sobre objetivos y tácticas, reportó el Times. Los oficiales estadunidenses, citados bajo anonimato, llaman a esto operaciones boomerang, cuya intención es evadir la vigilancia y corrupción del crimen organizado en México, así como para ofrecer sitios de alta seguridad para la colaboración entre oficiales de seguridad pública de ambos países

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El TEPJF ordena al PRD renovar órganos directivos antes del 15 de noviembre

La base del sistema republicano es respetar duración de los cargos, indican magistrados

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) renovar el congreso nacional y los consejos nacional, estatales y municipales antes del 15 de noviembre. Los magistrados consideraron que el sol azteca afectó los derechos de sus militantes, por lo que anuló todas las decisiones adoptadas para posponer el relevo hasta 2012 y la denominada ruta crítica. Con cinco votos contra uno, los magistrados ratificaron la propuesta del magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, quien consideró fundada la alegación en la que los actores aducen que la determinación del 15 de enero de 2011, asumida por el séptimo consejo nacional del PRD, de acordar que la renovación del congreso y consejo nacional fuera hasta el próximo diciembre, resulta ilegal, pues no existió causa justificada para que se postergara la emisión de la convocatoria

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El Issste rehúsa comentar sobre las acusaciones de corrupción

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) mantuvo ayer el hermetismo en torno a las denuncias de corrupción y malos manejos administrativos en el organismo, en particular respecto de la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre la compra irregular de botiquines para primeros auxilios durante la gestión de Miguel Ángel Yunes.

La denuncia desmiente lo dicho hace unas semanas por el actual director del organismo, Jesús Villalobos, quien enfáticamente rechazó la existencia de anomalías durante la gestión de su antecesor, época en la que él se desempeñó como director de finanzas. Señaló que no existía ninguna denuncia formal sobre ese asunto, pero que de cualquier manera jamás había ocurrido algo así –favorecer con recursos públicos la candidatura de Yunes al gobierno de Veracruz– ni para él ni para nadie.

El jueves pasado la SFP dio a conocer que de manera irregular se compraron, en la época de Yunes, 200 mil botiquines, los cuales fueron donados a los sindicatos nacionales de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Issste, así como a servidores públicos y derechohabientes. Más de 100 mil de esos implementos se calificaron como en desuso y están almacenados. El ilícito provocó un daño al erario por 67.3 millones de pesos

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• Calderón ha impuesto terrorismo de Estado contra trabajadores, afirma el líder sindical

Revisará la CNDH operativos de acoso contra electricistas: Martín Esparza

Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revisará el caso sobre hostigamiento de que han sido víctimas los agremiados que se encuentran en plantón en el Zócalo capitalino y frente a la hidroeléctrica Necaxa, así como en Juandhó.

Alrededor del mediodía de ayer el líder se reunió con Raúl Plascencia, titular de la CNDH, quien se comprometió a analizar el caso para establecer las medidas cautelares solicitadas por el SME, comentó el líder sindical, quien aseguró que Plascencia le dijo que enviará visitadores a las áreas donde se nos ha reprimido, particularmente al Zócalo.

En entrevista, durante el 30 Congreso general ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Esparza Flores lamentó el terrorismo de Estado que, sostuvo, ha impuesto el gobierno de Felipe Calderón contra el SME. Comentó que la ineficacia de la administración federal y su “estúpida guerra contra el narco” serán expuestas en un contrainforme que será presentado en el Zócalo el próximo primero de septiembre.

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Derrumbe en mina de carbón en Coahuila deja cuatro muertos

• Muestra una vez más la irresponsabilidad y la avaricia de Grupo Acerero del Norte: sindicato

Cuatro trabajadores murieron tras un derrumbe de cien toneladas de carbón que ocurrió la mañana de ayer en la mina La Esmeralda, de la empresa Minerales Monclova Sociedad Anónima (Mimosa), localizada en San Juan de Sabinas, Coahuila.

Por la tarde, brigadistas sacaron los cadáveres de Mario Alberto Flores Martínez, de 34 años, originario de Sabinas; Miguel Ángel Hernández Martínez, de 38, procedente de Múzquiz, y de Ángel González Pineda, de 36, vecino de Nueva Rosita. Entrada la noche recuperaron los restos de Jesús Tobías Hernández, quien tenía su domicilio en Múzquiz.

La compañía informó que el derrumbe ocurrió a las 5:25 horas con el desprendimiento de una bolsa de gas metano descubierta por una barrenadora mecánica con la que los obreros se ayudaban para extraer el carbón de las paredes de la cantera. En el área había 10 trabajadores, seis de los cuales salieron ilesos; en otros túneles del yacimiento habían otros 122 mineros que también se pusieron a salvo.

De inmediato personal del área de relaciones industriales avisó a los familiares de los mineros atrapados para trasladarlos a las instalaciones de la mina, y los mantuvo al tanto de los avances de las labores de rescate, dijo la empresa.

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• Aguirre rechaza dialogar; quiere aplicar la ley del garrote, dicen

Reinició acometida en su contra, aseguran opositores a La Parota

Acapulco, Gro., 26 de agosto. Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), denunciaron que el hostigamiento en su contra reinició en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien rechaza el diálogo y quiere aplicar la ley del garrote, pero impediremos que nos siga encarcelando.

El vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz dijo que después de ser asediado y perseguido por la Policía Ministerial durante dos días, el pasado jueves acudió a los juzgados penales del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, donde le notificaron una orden de aprehensión en su contra girada en abril 2009, aunque salió tras pagar una fianza.

El denunciante dijo que la orden derivó de una averiguación previa por el presunto delito de allanamiento de morada que le imputó Juana Martínez Guillén, lideresa de la comunidad de Aguacaliente a quien avalaron y asesoraron el cenecista Evencio Romero y el ex comisario ejidal Jesús Crisanto, simpatizantes e impulsores de La Parota.

“Ellos armaron el teatro, esta fantasía; me acusan de llegar a la casa de Juana Martínez en camionetas Lobo y con hombres encapuchados y armados”, expresó el portavoz del movimiento, quien acudió a los juzgados con abogados del Centro de Derechos Humano de La Montaña Tlachinollan.

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Dinero

• Lamentable, el desempeño de Calderón
• En vísperas de su quinto Informe, lo califican de ‘pésimo’
• Tiene saldos negativos en casi todo

Enrique Galván Ochoa

Esta encuesta fue hecha antes del horror del casino Royale de Monterrey. Al acercarse el Informe de gobierno número 5 del presidente Calderón, pedimos a los miembros de El Foro México calificar su desempeño. El 81 por ciento lo considera pésimo; 10 por ciento, mediocre; malo, 8 por ciento; bueno, uno por ciento. La opción excelente no recibió ningún voto.

Metodología

Enviamos el domingo anterior 3 mil cuestionarios por correo electrónico. Recibimos 2 mil 257 respuestas. Enseguida reproducimos algunas opiniones.

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México SA

• Mil 730 días de luto
• Casinos y gobierno
• Ya viene el informe

Carlos Fernández-Vega

El inquilino de Los Pinos decretó tres días de luto nacional por el bestial atentado en el casino Royale de Monterrey. Pretende tapar la realidad con un dedo, pues, con Felipe Calderón en la residencia oficial, México acumula mil 730 días de luto nacional permanente. De siempre se ha sabido que entre las principales gracias de los casinos que operan en el país –manejados por un grupúsculo de mafiosos ligados al poder político– destacan el tráfico de influencias, la corrupción, el lavado de dinero, el mercado negro de los permisos federales y el intercambio de éstos por favores mediáticos con finales electorales, todo ello con la decidida participación de funcionarios federales –Secretaría de Gobernación, principalmente–, estatales y municipales. Todos lo saben, menos –eso dicen– quienes por ley están obligados no sólo a conocerlo, sino a actuar para prevenir delitos y evitar actos de brutalidad como el registrado en la sultana del norte. Eso sí, la supuesta autoridad asegura que va a proceder. Claro, tal cual lo hizo en el caso de la guardería ABC.

Pero no os preocupéis, que ya viene el quinto informe de gobierno, el de las cuentas alegres, los éxitos de saliva, los golazos al crimen organizado y demás maravillas inexistentes. Y para calentar el ambiente, como es tradición, el inquilino de Los Pinos bombardea mediática e indiscriminadamente a los mexicanos para que conozcan sus logros virtuales, como si los habitantes de este país no padecieran la realidad. Felizmente se puede apagar la tele y/o el aparato de radio, pero entre los datos duros que la población ni de lejos encontrará en el citado informe y mucho menos escuchará en el brutal bombardeo propagandístico, se cuentan los incluidos en el más reciente análisis (Desocupación, un problema social y económico que persiste) del Centro de Investigación en Economía y Negocios, del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, del que se toman los siguientes elementos.

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Tragedia, errores y oportunismo político

A casi dos días del ataque cometido contra el casino Royale de Monterrey, Nuevo León –que arrojó un saldo oficial de 52 muertos–, sigue resultando imposible responder, con base en la información disponible, a las preguntas fundamentales sobre quiénes planearon y ejecutaron este atentado y con qué propósito: hasta el momento, lo único que puede establecerse con certeza es que este hecho, abominable desde cualquier perspectiva, forma parte de un giro cualitativo en la barbarie que sacude al territorio nacional, en la medida en que ha tomado como objetivo a personas inocentes y ajenas a los conflictos entre organizaciones criminales y a las pugnas entre éstas y las corporaciones de seguridad pública.

Un efecto colateral del atentado, sin embargo, ha sido poner al descubierto la irregularidad y opacidad con que operan las casas de apuestas en México, y particularmente en Monterrey, donde más de una docena de establecimientos de ese tipo funcionan sin los permisos correspondientes –incluido el casino atacado– y donde la proliferación de esos negocios resulta, dada la ubicación geográfica de la ciudad –en una de las principales rutas de trasiego ilegal de estupefacientes–, un blanco más que atractivo para la operación de bandas delictivas, la corrupción de autoridades y el lavado de dinero.

Es importante recordar que nuestro país se caracterizó históricamente por ostentar una normatividad estricta respecto de la operación de centros de apuestas. Desde que en 1935 el entonces presidente Lázaro Cárdenas prohibió las casas de juego –con el fin de evitar el surgimiento de efectos sociales y económicos perniciosos, pero también por considerarlas espacios proclives para el surgimiento de la corrupción y para la operación de las mafias–, las sucesivas administraciones mantuvieron esa política de proscripción durante casi siete décadas a pesar de los numerosos intentos de grupos políticos y empresariales por derogarla. Fue hasta la pasada administración panista, la encabezada por Vicente Fox, y a instancias de un reglamento de ley publicado por la Secretaría de Gobernación en la gestión de Santiago Creel, que se potenció un crecimiento desordenado de la industria de juegos de azar. Ahora, a raíz de la tragedia ocurrida en Monterrey, las autoridades tendrían que verse obligadas a dar marcha atrás en lo que a todas luces fue un error histórico y revertir las prácticas que permitieron la anarquía imperante en ese rubro, en el entendido de que esa medida pudiera redundar en una acción mucho más efectiva para combatir al crimen organizado que los aparatosos –y a lo que puede verse, inútiles– despliegues policiaco-militares en el territorio.

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El Correo Ilustrado

Contra la violencia

Como es habitual desde que asaltó el poder, Felipe Calderón tuvo como única respuesta al criminal atentado recién acaecido en un casino de Monterrey, un encendido discurso donde despotrica contra criminales y opositores a su estrategia anticrimen por igual. No tiene, no ha tenido nunca, vergüenza cuando se para frente al auditorio a gritar ¡al ladrón, al ladrón!, pretendiendo, como todos sabemos, confundir a la ciudadanía para que volvamos la vista hacia otro lado y no entender que él es el principal responsable del desastroso estado que guarda la seguridad pública en nuestro país. Por eso haría yo un llamado a los lectores a que en un ejercicio de inteligencia (creo que no se requiere de mucha), cuando discernamos o discurramos sobre quiénes habrán sido capaces de tanta barbarie, no sólo busquemos culpables en el llamado crimen organizado, sino que también entre los otros criminales que se encuentran enquistados en el gobierno con Felipe Calderón a la cabeza. Por lo que sabemos por los cables de Wikileaks, por lo recientemente revelado por el periódico estadunidense The New York Times, sería fácil concluir que es capaz de ser promotor de la desestabilización del país para que le aprueben, entre otras, la Ley de Seguridad Nacional. ¿Por qué no? Intentar perpetuarse en el poder cobijado por un estado policiaco. ¡Basta de mentiras! ¡Basta de sangre!

Antonio Arturo Castillo

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Saldos de la represión política en México

Miguel Concha

El 13 de agosto de 2001 fueron detenidos ilegalmente y torturados en la ciudad de México Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, estudiantes de la UNAM, junto con Pablo Alvarado Flores, indígena vendedor en mercados ambulantes. Esas violaciones a los derechos humanos, y el posterior encarcelamiento de los detenidos en penales de máxima seguridad, fueron el origen de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México.

En un inicio su objetivo central fue demostrar jurídicamente la inocencia de los detenidos, acusados, entre otros delitos, de terrorismo y delincuencia organizada, y obtener su libertad. Fue en ese proceso de lucha por el cumplimiento a cabalidad de la ley como los integrantes del comité aprendieron la importancia de los derechos humanos y del marco jurídico nacional e internacional que los protege, así como que éstos, con la documentación responsable de los casos de sus violaciones, eran los instrumentos necesarios e indispensables para defender los derechos de las personas injusta e ilegalmente presas.

Lo que comenzó entonces como una lucha por cuatro presos, pronto se convirtió en la lucha por obtener la libertad de todos los presos por motivos políticos y de conciencia. Para ello el Comité Cerezo participó, con otras organizaciones, en los años 2002 y 2003, en la Coordinación Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia, y hasta finales de 2006 en la comisión de derechos humanos de la Promotora por la Unidad contra el Neoliberalismo, que ese año impulsó la lucha por una ley federal de amnistía. En octubre de 2007 se incorporó también al Frente Nacional Contra la Represión.

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La impunidad del Presidente

Enrique Calderón Alzati

El tráfico de seres humanos constituye hoy una de las conductas más deleznables que difícilmente pueden ser consideradas por cualquier sociedad. En México, esta vergonzosa y lacerante forma de actividad de explotación fue condenada y abolida como concepto por Miguel Hidalgo y Costilla, el Padre de la Patria, y esto es una de las primeras cosas enseñadas en las escuelas de todo el país. Sin embargo, las noticias que escuchamos casi todos los días confirman desde hace un año que ello constituye una práctica regular y masiva en perjuicio de ciudadanos de países centroamericanos, sobre los cuales en la escuela se nos enseña también que los debemos considerar hermanos, todo ello a partir de aquella noticia que sacudió al país y al mundo entero sobre el descubrimiento de una fosa en el estado de Tamaulipas con los cuerpos acribillados, unas horas antes, de 78 personas.

Lo más ominoso del caso es que los individuos involucrados en estos hechos criminales, son miembros del Instituto Nacional de Migración, cuya función supuestamente es vigilar la entrada de migrantes de los países vecinos, asegurando el respeto a sus derechos humanos, por lo cual reciben un salario pagado por el Estado mexicano. Lejos de cumplir con su deber, su ocupación real consiste en cazar esos migrantes, para luego transportarlos y venderlos como mercancía a los grupos delictivos, los cuales deciden su futuro, bien sea la muerte o su incorporación a las mismas fuerzas delictivas. Aunque terrible, la conducta de estos criminales es consistente con todas sus demás acciones. La de los agentes de migración es en cambio sorprendente y requiere una identificación de las causas que la reproducen; ellas incluyen desde luego dos: la permisividad en la selección de personal y la idea generalizada, en amplios sectores del gobierno, y muy especialmente en los relacionados con la seguridad, que se conoce como impunidad.

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Washington los condena... y Washington los entrena

Y si bien la reciente condena al Ejército Mexicano por parte del gobierno de Barack Obama ha sido implacable, Washington no deja de entrenar a un número cada vez mayor de militares mexicanos asignados a la guerra contra el narcotráfico. Documentos oficiales de ambos países, a los que tuvo acceso este semanario, dan cuenta de centenares de efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina que han sido enviados a capacitarse en tácticas antiterroristas.

Jorge Alejandro Medellín

Los últimos cuatro años –de 2007 a 2010– han sido de intensa participación de soldados mexicanos en diversos cursos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, al grado de que México escaló posiciones y se convirtió en la segunda nación latinoamericana (después de Colombia) con más presencia en las escuelas militares estadunidenses.

En el contexto de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, el presidente prestó más atención a las Fuerzas Armadas, a sus condiciones y a su preparación.

Apenas el pasado 19 de febrero, Día del Ejército, Calderón anunció un paquete de ayuda económica para los integrantes de las Fuerzas Armadas: aumento salarial, pensión vitalicia a las viudas de los militares caídos, apoyo para adquirir vivienda, mejor atención médica y becas para los hijos de los uniformados.

En los festejos del Día del Ejército de 2007 y 2010 el mandatario también otorgó aumentos salariales a la milicia.

Pero los esfuerzos calderonistas se manifestaron en otra vertiente: la del entrenamiento exhaustivo de efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. En lo que va del sexenio un número cada vez mayor de uniformados han sido capacitados (especialmente en Estados Unidos) en tácticas y estrategias de combate al narcotráfico... y contra el terrorismo también.

Pero no hay que olvidar que en el pasado algunos de los militares mejor preparados se fueron al bando enemigo. Los Zetas, el ejército criminal mejor preparado del país, se formó con desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Proceso 1420), caracterizado por tener la más alta especialización contrainsurgente... y antinarcóticos.

La nueva Escuela de las Américas

Sólo en 2009 más de 700 efectivos del Ejército y la Marina mexicanos se capacitaron en tácticas de lucha antinarco y antiterrorismo en instalaciones de Estados Unidos y en bases locales con instructores extranjeros.

Los datos sobre el adiestramiento de los militares mexicanos en Estados Unidos son públicos y se tomaron, vía internet, del Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental (Whinsec, por su acrónimo en inglés), dependencia del Departamento de Defensa antes llamada Escuela de las Américas.

Ésta fue fundada en 1946 en la zona del Canal de Panamá y estuvo ahí hasta 1984 –tras entrenar a unos 60 mil soldados– cuando fue expulsada por el entonces presidente panameño Jorge Illueca, quien la declaró “bastión de Estados Unidos para invadir el continente”.

A la Escuela de las Américas diversas organizaciones de derechos humanos dieron en llamarla la “Escuela de los Asesinos” porque sus egresados destacaron por su participación en cuartelazos, dictaduras, represión, matanzas y tortura en Latinoamérica en los años sesenta y setenta.

De acuerdo con el Whinsec, en 2009 fueron 716 (444 del Ejército y el resto de la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública) los efectivos mexicanos enviados a Estados Unidos para cursar alguna de las 90 especialidades del programa Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET, por sus siglas en inglés) con el que el Pentágono capacita en diversas especialidades a tropas de países latinoamericanos.

La presencia de militares mexicanos en el IMET ha ido en aumento en los últimos 15 años. En ese lapso, Colombia se ha mantenido a la cabeza en la lista de participantes; México escaló peldaños y desplazó a Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil, hasta llegar a ser la segunda nación que más personal envía y cada vez a más cursos.

Si bien los entrenamientos del IMET se imparten en distintos lugares, incluso fuera de Estados Unidos, muchos de ellos tienen lugar en las instalaciones del Whinsec en Fort Benning, Georgia. Ahí en 2009, 40 uniformados mexicanos tomaron siete cursos; 26 fueron enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 14 por la Secretaría de Marina (Semar).

Los cursos tomados por miembros del Ejército fueron: operaciones conjuntas (1 alumno), control y análisis de información (17), ingeniero en operaciones (3), información en operaciones (1) y asistencia médica (4). Por parte de la Armada los cursos fueron: derechos humanos (3 alumnos) y control y análisis de la información (11).

Los documentos desclasificados del Whinsec indican que en 2009 el entrenamiento y actualización de los 716 militares mexicanos le costó al IMET 3 millones 858 mil 211 dólares. En contraste, en el mismo periodo la erogación para el entrenamiento de tropa colombiana fue de 16 millones 329 mil 938 dólares.

Los militares y marinos mexicanos que han ido a entrenarse al amparo del esquema del IMET han asistido a unidades de adiestramiento de alto nivel, como el centro de entrenamiento de Presidio-Monterey, California, donde se imparten cursos de idiomas (más de 40). En ese lugar se prepara a los militares estadunidenses para hablar y entender, por ejemplo, toda la variedad de lenguas habladas en Irak. Dos marinos mexicanos se prepararon en esa unidad en 2009.

Otro es el Marshall Center, en Garmisch, Alemania, que se dedica al análisis de procesos de paz y capacitación de alto nivel. También hubo efectivos mexicanos ahí en 2009.

El Asia-Pacific Center for Security Studies, en Hawaii, especializado en estudios de seguridad continental, es otra de las escuelas que han dado cabida a alumnos de la Sedena y la Semar en años recientes.

La Intelligence School, la National Defense University y la Defense Intelligence Agency, en Washington, son también instancias a las que son enviados recurrentemente los militares y marinos mexicanos.

De acuerdo con los datos del Whinsec,para 2009, el primer lugar entre los países latinoamericanos con más militares capacitados en Estados Unidos lo tuvo Colombia, con 2 mil 160. El segundo sitio es de México, con 716.

Entre los 90 cursos impartidos en Estados Unidos a los efectivos de la Sedena y la Semar predominan, sin embargo, los orientados a combatir el terrorismo, no tanto al crimen organizado.

Entre esos destacan: operaciones especiales, programa de combate al lenguaje del terrorismo, programa internacional de contraterrorismo, estudios avanzados de terrorismo, respuesta al terrorismo, programa internacional de contraterrorismo, programa de estrategias e inteligencia de combate, entrenamiento internacional para fuerzas especiales y operaciones conjuntas.

También entrenamiento del cuerpo de marines, instructor en derechos humanos, básico de antiterrorismo, protección antiterrorista, previo de rangers, analista de información contra narcoterrorismo, operaciones contra narcoterrorismo, operaciones conjuntas, relaciones civil-militares, policía militar investigador, inteligencia avanzada para oficiales y cursos especiales del Comando Norte.

Asimismo, según el Whinsec, personal de la Secretaría de Seguridad Pública se capacitó en seguridad en aviación y pilotaje de helicópteros Black Hawk UH-60.

Los números de la Sedena

En respuesta a una solicitud de información enviada a través del IFAI (registrada con el folio 00007000174610), la Sedena asegura que de 2007 a 2010, 613 efectivos del Ejército y Fuerza Aérea recibieron entrenamiento en 26 países.

De ellos, 372 fueron enviados a Estados Unidos en ese lapso, asegura la Sedena, y agrega que 2010 fue el año en el que más uniformados mexicanos se adiestraron en ese país (256) en cursos antidrogas, antiterrorismo, de combate urbano, de operaciones especiales, de comando para fuerzas especiales, de inteligencia y contrainteligencia antiterrorismo y antinarcóticos, y de derechos humanos.

Esta cifra difiere de la del Whinsec. La Sedena habla de 372 efectivos enviados al extranjero entre 2007 y 2010 y la institución estadunidense asegura que fueron 444 los que recibió Estados Unidos a través del IMET sólo en 2009 (en este número no se incluye a los miembros de la Marina ni de la Secretaría de Seguridad Pública).

En respuesta a la solicitud de información, la Defensa dio el número de militares enviados a capacitarse al extranjero entre 2007 y 2010, pero reservó algunos detalles, como las especialidades y cursos tomados, los sitios en los que se llevaron a cabo y datos de la participación de instructores estadunidenses en México.

“La información referente al tipo y nombre de los cursos realizados (...) se encuentra clasificada como reservada por el término de 12 años dentro del rubro temático ‘Planes y Programas de Adiestramiento’ debido a que su difusión pondría en riesgo la seguridad pública y la vida del personal militar.”

Lo que la Sedena sí dio a conocer fue la lista de países y el número de militares enviados al extranjero entre 2007 y 2010.

En 2007 fueron enviados a 17 naciones 106 militares mexicanos. En 2008 fueron 146 a 17 países; en 2009 fueron 105 a 9 países y en 2010, 256 a 17 países.

En total, afirma la Sedena, 613 miembros del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos fueron enviados a especializarse al extranjero, aunque no aclara si se les capacitó dentro del programa del IMET (que invita a los soldados latinoamericanos y sufraga sus gastos) o si fue por invitación de otros de los países que aparecen en la lista o a petición de la Defensa.