En la última década, México pasó del lugar vigesimosegundo al quinto en tráfico de armas en el ámbito mundial. Se calcula que cada día ingresan al país unas 2 mil para abastecer a los cárteles de la droga, la delincuencia organizada y común, y a millones de civiles que ven en su posesión una vía de defensa ante la creciente inseguridad. Organizaciones internacionales estiman que unos 20 millones de armas ilegales circulan en territorio mexicano, más las 5 millones 500 mil autorizadas por la Sedena.
Con sólo pulsar en el buscador de internet, Francisco Sánchez recibe múltiples opciones para el objeto de su interés: una escuadra Pietro Beretta 9 milímetros, ofertada en 10 mil 500 pesos. Sánchez pretende adquirir un arma semiautomática, de uso exclusivo del Ejército, sin pedir autorización a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), única instancia que en México otorga las licencias para portación de armas.
En pocas palabras, adquirirá un arma ilegal. Para comprarla no necesita ir a un barrio bravo, a un tianguis como El Salado en Iztapalapa, o el de la colonia San Felipe de Jesús, en la delegación Gustavo A Madero (el más grande de América Latina), dos puntos importantes del mercado negro de armas. Tampoco tiene que buscar un “contacto” o “al amigo del amigo” de un policía o militar.
Para adquirir una basta con sentarse frente a la computadora y, desde la intimidad de la casa, oficina o cualquier sitio hacer una rápida búsqueda para concertar la transacción. Las armas ligeras se ofrecen en centenares de páginas de internet, la compra-venta se pacta en chats, los precios se regatean en mensajes de computadora o vía celular.
Desde 2005, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que a través de internet los grupos de la delincuencia organizada adquirían armamento. Pero hoy no son sólo los delincuentes, sino integrantes de la sociedad civil, como Sánchez, quienes, desesperados por la creciente inseguridad y criminalidad que atenaza al país, ven en la tenencia de armas una vía de defensa de su vida, su patrimonio y el de su familia.
El Distrito Federal y el Estado de México son importantes “plazas” en la proveeduría de armas ilegales. Los precios dependen no sólo del calibre y la antigüedad de las armas, sino de si están “frías” o “calientes”, éstas últimas utilizadas para algún ilícito.
Ante un Estado incapaz de garantizar la mínima seguridad, los mexicanos adquieren armas para defenderse en caso de un ataque, sin considerar que el tener una en casa incrementa el riesgo de sufrirlo, de acuerdo con diversos estudios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Red Internacional de Acción contra el Tráfico de Armas Pequeñas y Ligeras (IANSA, por su sigla en inglés) y de universidades estadunidenses.
Los estudios aportan datos escalofriantes: en los hogares donde se guarda un arma se duplica la posibilidad de ser víctima de homicidio por arma de fuego; aumenta 16 veces la probabilidad de cometer un suicidio; es 43 veces más probable que se mate a algún familiar o conocido, que a un extraño en defensa propia.
Los tiempos violentos que vive el país superan cualquier posibilidad de raciocinio. “Ante la ausencia de seguridad pública, la ineficacia del Estado para contender la criminalidad y combatir la delincuencia y ante la impunidad de la que gozan los delincuentes, los mexicanos se sienten indefensos y buscan tener por lo menos un arma en casa, ensalzando modelos como el de don Alejo Garza, quien con sus armas se enfrentó a un comando en Tamaulipas para defender su rancho”, explica la socióloga Magda Coss Nogueda, quien colaboró en la campaña mundial Armas Bajo Control, como vocera para América Latina de la IANSA.
Aún cuando los ciudadanos adquieren armas con un interés de defensa personal, lo más grave es que al comprarlas en el mercado negro entran también al circuito de la ilegalidad y fortalecen las ganancias de la industria de la muerte, indica Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU en temas de seguridad y crimen organizado.
Organizaciones internacionales calculan que unos 20 millones de armas ilegales circulan en territorio mexicano, más las 5 millones 500 mil autorizadas por la Sedena; es decir, por cada arma legal hay por lo menos cuatro ilegales. El mercado negro de armas en el país es cada vez más abierto, “casi sin freno”, como lo definió el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Ha permeado en estructuras cada vez más amplias de la sociedad, no únicamente en la esfera criminal, y ello da otra idea de su expansión.
Los indicadores internacionales son ilustrativos: en la última década, México pasó del lugar vigésimosegundo al quinto en tráfico de armas a nivel mundial. Organizaciones como IANSA y el Comité Oxford para la Lucha contra el Hambre (Oxfam, por su sigla en inglés) calculan que cada día ingresan al país 2 mil armas, por las áreas fronterizas de éste, y a través de los puertos del Pacífico mexicano, en la ruta Asia-Pacífico.
La creciente disponibilidad de armas de fuego trae aparejada su cuota de sangre: a partir de 2010, México se ubicó como uno de los países con la tasa más alta de homicidios por arma de fuego, 20 casos por cada 100 mil habitantes, aunque entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Guerrero superan por mucho la tasa promedio, en Ciudad Juárez, por ejemplo, es de 171 homicidios por arma de fuego por cada 100 mil habitantes.
En su Estudio global de homicidios 2010, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) registra que el 74 por ciento de los homicidios en la región (en la que ubica a México) son provocados por arma de fuego, tres veces más que lo que ocurre en Europa, donde la cifra equivale a 21 por ciento.
La Red Internacional de Acción contra el Tráfico de Armas Pequeñas y Ligeras registra a México en el lugar número decimocuarto a nivel mundial en el índice de homicidios con armas de fuego, incluso por debajo de Estados Unidos, donde la venta de armas es abierta y legal, ocupa el lugar decimoséptimo.
De acuerdo con la PGR, el tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito en importancia del crimen organizado; y es que el tráfico y uso de armamento exclusivo del Ejército representa 15 por ciento (unos 1 mil 200) de los delitos federales cometidos en todo el país.
La fallida “guerra” oficial contra el narcotráfico y la delincuencia organizada dejará otro negro legado: un país en la ingobernabilidad y armado hasta los dientes, explican expertos consultados por Contralínea.
Asociado también a los homicidios y violencia que generan las armas de fuego, a partir de 2010, 13 ciudades mexicanas ingresaron al ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. En 2011 podrían sumarse Monterrey, San Luis Potosí, Ciudad Victoria, Cancún, Morelia y Veracruz, explicó el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez. Lo que significa que las ciudades mexicanas representarían el 38 por ciento de la muestra total mundial.
Las cifras ratifican las advertencias de la ONU de que la disponibilidad de las armas multiplica las probabilidades de homicidios por armas de fuego. O, como refiere la analista Magda Coss, “las armas de fuego fueron creadas para matar, y eso es lo que hacen”.
El negocio de la muerte
En el mundo hay 1 mil 249 empresas de manufactura, producción, comercialización, importación y exportación de armas ligeras, municiones y equipo, asentadas en 92 países, aunque los principales productores son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Ucrania, China y Francia, según registros de la organización internacional Small Arms Survey. Un negocio cuyas ganancias se estiman en más de 30 mil millones de dólares al año.
Circulan en el mundo 875 millones de armas, lo que representa una por cada ocho personas; el 74 por ciento de las cuales está en manos de civiles. Aunque cada año se destruyen centenares de armas ilegales, el parque se repone rápidamente: la industria produce 8 millones de armas nuevas cada año y 16 mil millones de municiones.
De los civiles tenedores de armas, una parte considerable son mexicanos. Sobre el destino que tienen las que comercializa el mercado negro en el país, el 65 por ciento se utiliza para cometer delitos y 35 por ciento se adquiere de forma ilegal para protección personal, de acuerdo con el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, AC.
Aún con las ganancias que genera el mercado negro de armas, “el problema no debe verse en términos económicos, sino en el mal que genera”, señala Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la UNODC.
“El mercado de las armas tiene una característica particular: no importa su valor, porque el daño de las armas es mucho más alto del valor comercial de las mismas. Una sola puede matar a cientos de personas. El mismo fusil automático puede tener una vida activa hasta de 40 años, un cuerno de chivo bien cuidado pueda matar durante 40 o 50 años a centenares de personas en manos diferentes y en países distintos.”
Las rutas
Desde hace dos décadas, la frontera sur ha sido la puerta de entrada a las armas que nutren el mercado
negro mexicano. Son 956 kilómetros entre México y Guatemala, donde basta llegar a municipios como Ciudad Hidalgo, Ciudad Cuauhtémoc, frontera Corozal, Talismán o Carmen Xhán, cruzar las garitas y recorrer Tecún Umán, La Mesilla, Petén, El Carmen y Gracias a Dios, para que vendedores instalados en casitas, chozas de adobe, o en plena calle, oferten los viejos M-16 y Galil que dejó la guerra civil en Centroamérica; o más modernas, como el M72 y AT-4, tipo cohetes antitanque, lanzacohetes RPG-7, o lanzagranadas MGL calibre 37 milímetros, trazadoras y de penetración, ofertadas por catálogo, con un lapso de entrega de una semana.
Las armas llegan principalmente de Estados Unidos, vía aérea o marítima hasta Guatemala para su distribución en México, centro y Suramérica. La ventaja que ofrece este mercado es que las compras pueden ser sin intermediarios, y que el cruce es mucho más sencillo que en la frontera Norte.
La introducción de las armas que se adquieren en Guatemala para abastecer el mercado negro mexicano se da de forma hormiga, entre las pertenencias de quienes cruzan la frontera identificada como una de las más porosas del mundo; o bien, si son grandes cargamentos, se trasiegan a través del río Suchiate, o en dobles fondos de vehículos que cruzan la frontera al birlar las revisiones aduanales, o en colusión con agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Administración General de Aduanas.
En años recientes la frontera Norte ha cobrado vital importancia como zona de trasiego directo de armas adquiridas en Estados Unidos. La PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena identifican 19 cruces formales e “incontables” cruces informales de armamento a lo largo de los 3 mil 152 kilómetros de frontera común.
Se trata de armas y municiones que ciudadanos estadunidenses o residentes legales compran –como intermediarios– en las 60 mil armerías legales de ese país o en las ferias de armas tan populares en los estados fronterizos (Texas, California, Arizona, Florida, Connecticut, Luisiana y Ohio). La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos identifica a los compradores como “compradores de paja” que reciben un pago promedio de 100 a 500 dólares por cada compra hormiga que hacen (de tres a cinco armas).
De la frontera las cruzan ocultas en vehículos y remolques, dentro de los neumáticos y llantas de refacción, entre los asientos, en la carrocería o dobles fondos, o bien, entre las pertenencias de “burreros”. Bajo esta mecánica, las organizaciones criminales adquieren el 80 por ciento de su armamento, el resto es de manufactura alemana, italiana, china, rusa e israelí.
El gobierno mexicano identifica cuatro principales rutas por las que se ingresan las armas estadunidenses. La ruta del Pacífico, cuyo punto de ingreso es Tijuana, y trasiega por Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.
La ruta del centro, que ingresan por Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Guadalajara, Morelia. Por la del Golfo, ingresan por Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, trasiegan luego a Ciudad Victoria, Veracruz, y Tabasco o Oaxaca. Y la ruta del Sur, en los puntos fronterizos de Balancán, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo, llegan luego a Tuxtla Gutiérrez y de allí se envían a Veracruz y Oaxaca.
No son las únicas y tal vez no las más importantes, pues “la mejor ruta siempre será la que no se conoce”, refiere Luigi Mazzitelli.
El mercado negro oficial
Edgardo Buscaglia, destacado analista en materia de crimen organizado, define al tráfico de armas como “un perfecto ejemplo” de las complicidades del sector gubernamental con el criminal. “El tráfico de armas es un perfecto ejemplo donde se fusiona el sector privado empresarial, el [de] Estados y lo que llamamos ‘cárteles ilegales’”.
Entrevistado por Contralínea explica que gran parte de las armas que nutren dicho mercado son parte de las transferencias legales que el gobierno mexicano compra para abastecer a las Fuerzas Armadas y policiacas
Magda Coss explica cómo las armas legales que adquiere el gobierno llegan a formar parte de este mercado: “Muchas de las armas que forman parte del mercado negro son transferencias que hace el gobierno para abastecer a sus Fuerzas Armadas. El problema es que, debido a la corrupción o por la debilidad de las instituciones, mucho de este armamento se desvía ilícitamente de manera premeditada, o mediante el robo, para a abastecer el mercado negro. Esto es fomentado por el encubrimiento de la identidad del usuario final, y por la corrupción de funcionarios y de agentes de [las] Fuerzas Armadas y de seguridad nacional”.
El origen del problema, detalla Coss, es que no se tiene un seguimiento “adecuado y transparente” de las transferencia legales. En su libro Tráfico de armas en México (Grijalbo, 2010), registra que de 2000 a 2008, la Sedena fue notificada del robo de 6 mil 932 armas a 40 secretarías de Seguridad Pública de los estados y procuradurías locales, además de la Policía Federal y de la PGR. La cifra representaba el 60 por ciento de las armas decomisadas en el mismo periodo.
Coss explica que “la falta de rigor en los procedimientos de detención y aseguramiento de armas a delincuentes y al crimen organizado permiten que los policías reporten una cantidad menor que la decomisada efectivamente. Además, no existe un proceso para que la Sedena compruebe que ha recibido la totalidad de las armas aseguradas durante un operativo. Por esa razón se registran robos una vez que ha comenzado el plazo de las 72 horas que tiene la autoridad para turnar el arma de fuego a la Sedena”.
La IANSA destaca la opacidad de la información oficial sobre los registros de armas importadas, incautadas o robadas, como elementos que abonan al fortalecimiento del mercado negro. Esto es exactamente lo que ocurre en México.
Contralínea presentó solicitudes de información vía el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a la Sedena, la Policía Federal y la PGR sobre las cifras de armas decomisadas y “extraviadas”, la respuesta fue que se trataba de información reservada.
La opacidad en torno a las transferencias de éstas es considerada por la Oxfam, como otro factor que fomenta el mercado negro de armas. México y Brasil, países con el mayor tráfico de armas en la región, son identificados como las naciones con menos transparencia en la información sobre las armas, según la Encuesta de Armas Pequeñas de la Small Arms Survey.
Pese al hermetismo con que se manejan los datos, hay casos plenamente identificados del robo o supuesto “extravío” de armas de corporaciones policiacas.
La Auditoría Superior de la Federación en 2008 detectó que la Policía Federal “extravió” 462 recién compradas para sus elementos (Contralínea 210). El arsenal representaba casi la mitad de las adquisiciones que hizo la dependencia, a razón de 8 millones de pesos entre armas y municiones. El costo de las armas “extraviadas” ascendía a 3 millones 296 mil 700 pesos, aunque, más allá del dinero público gastado, el problema era el destino de éstas, que la Policía Federal no pudo explicar a los auditores.
Luigi Mazzitelli aporta más elementos: “Una serie de investigaciones reveló que muchas armas salían de almacenes militares, depósitos de policías y habían sido vendidas a compradores relacionados con el crimen organizado. Las deserciones, durante los procesos de control de confianza, de limpieza de las corporaciones policiacas o de seguridad privada, también son factores de consumidores de armas. Entonces, habría que preguntarse dónde terminan las que tenían en el momento en que estaban operando”.
Múltiples tratados, poca acción
En octubre pasado, al participar en la Sexagésima sexta Asamblea General de la ONU, el presidente Felipe Calderón exigió a Naciones Unidas detener el tráfico de armas a México, pues “el crimen organizado hoy en día está matando más gente y más jóvenes que todos los regímenes dictatoriales juntos en este momento”.
El que el Estado tenga firmados y ratificados tratados y convenios internacionales para el combate al tráfico de armas hacen que en el ámbito internacional se vea a México como un país bien posicionado en el combate a este flagelo, pero el trabajo efectivo dista mucho de ello, según conclusiones de analistas consultados por Contralínea.
A nivel interno, la regulación sobre la tenencia de armas –cuya autorización es atribución de la Sedena– es también identificada como una de las más restrictivas del mundo, el problema radica en su cumplimiento, la evidencia de ello es que por cada arma legal hay por lo menos cuatro ilegales. Sin embargo, el estimado de armas ilegales que circulan en el país evidencia las fallas.
Los representantes de Naciones Unidas refieren que no le toca a esa organización sino a cada Estado dar cumplimiento a cabalidad a los convenios en la materia, como la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (que entró en vigor en 1998); el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego sus Piezas y Componentes y Municiones (de 2005). Y aquí es donde, según los expertos, México tampoco ha cumplido su principal tarea: un seguimiento puntual del destino de las armas que entran al territorio.
Buscaglia destaca el alto nivel de corrupción en las aduanas mexicanas como uno de los principales factores que fortalecen el mercado negro de armas. “En la medida en que la corrupción en las aduanas no sea controlada, México seguirá siendo un queso gruyer a la entrada de armas, lo mismo en las fronteras Norte y Sur, que en los puertos del Pacífico, por donde ingresan las armas que se traen de Asia”.
Coss coincide en que para un combate frontal al tráfico de armas, lo primordial es “sanear las aduanas y fortalecer los controles”.
El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, considera que la clave del combate está en el seguimiento estricto que la autoridad haga de cada una de las armas que ingresan y circulan en territorio nacional.
Parece imposible tal control, de no ser porque el 95 por ciento de las armas que circulan en México y en el mundo son de fabricación legal. Cada arma tiene un número de serie, nombre del fabricante y lugar donde fue hecha. Si se trata de una importada incluye también el nombre y número de importador y su dirección; si fue confiscada o decomisada debe marcarse también tales indicativos.
“Hablamos de manufacturas legales, a diferencia de otros productos cuya fabricación puede ser clandestina. Las armas se fabrican en la legalidad, es una industria, cada una tiene un número de serie y es perfectamente identificable cuando pasa de país o de mano en mano. Una vez que hay incautaciones a través del numero de matriculas se puede reconstruir toda la vida de ésta como con un carro. Se puede saber de cuál empresa salió, a dónde fue vendida, quién la compró, y que después se diga que se pierden, eso no es posible”.
Controles fallidos
Desde 2005, organizaciones no gubernamentales recomendaron al gobierno que para combatir el mercado
negro de armas, mínimo se debía llevar un control estricto del destino de éstas que adquiere en sus transferencias formales y del destino de cada una de las autorizadas a particulares.
Las recomendaciones se hicieron a partir de que la Auditoría Superior de la Federación hizo pública la auditoría a la Sedena y encontró anomalías en los registros de importación, exportación, fabricación, compra, venta y almacenaje de armas de fuego; y duplicidad en los registros y licencias de portación de éstas, cartuchos, municiones y material explosivo.
El gobierno calderonista creó el Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos integrado con representantes de seis secretarías de Estado y la PGR. En 2010, la Sedena reconoció rezagos tecnológicos y de procedimiento en los registros de los permisionarios de armas. Así que, “más que el tráfico o más que el comercio, lo importante en el mercado de las armas es controlar éstas una vez que ya han sido compradas”, subraya Luigi Mazzitelli.
Mal de males
La socióloga Magda Coss destaca el impacto social que genera el empleo de la violencia armada: “Una percepción de inseguridad y miedo, lo que deriva en el deterioro del tejido social y en la pérdida de productividad, socava la inversión en desarrollo y cuesta una enorme suma a la sociedad en su conjunto, ya sea por el gasto público para combatir la inseguridad o por el costo de la seguridad privada y de los equipos de resguardo”.
Ejemplifica que los empresarios del Distrito Federal gastan en promedio el 18 por ciento de sus recursos económicos en vigilancia, protección privada y atención médica a las víctimas de armas de fuego, quienes a menudo se convierten en discapacitados de por vida.
De allí que, “el incremento del tráfico de armas en México y sus consecuencias asociadas, deben considerarse como un problema de salud pública”, dice Nogueda. Coincide con la Cruz Roja Internacional, el primer organismo mundial que en 1996 se refirió a las armas de fuego como un problema de salud pública “por ser perjudiciales y tener consecuencias negativas en la salud de las personas”.
Revolución pacífica, la respuesta
En un chat en la página México Armado, que promueve la tenencia de armas, Rafael, Ramiro, Carlos y Enrique pactan compra-ventas de armas. Muchos de quienes participan en éste hablan de la intensión de adquirir un arma “para defensa personal”.
Otro usuario lanza un mensaje: “Compro armas cortas. Señores ando en busca de armas cortas, quiero una cal. .22, otra .380 y un revolver cal. .38, entre las marcas y modelos que busco son: .22 Whalter P22, Sig Sauer Mosquito o CZ kadet. (calibre) .380, Glock 25, Browning BDA o Aluna Colt 1911 o de ese estilo recamarada en .380 .38 revolver, s&w, colt o taurus, o ruger,pero con cañon minimo de 4" logicamente a buen precio y que esten en estados cercanos a NL (tamps, Coah, SLP, Guanajuato, Zac. y talves Queretaro) si alguien tiene o sabe de alguna, porfavor ponganse en contacto conmigo por MP. gracias Señores”. (sic).
Los expertos en estudios sobre armamentismo y delincuencia insisten en que tener un arma en casa incrementa los riesgos de violencia. Al adquirirla en el mercado negro, el ciudadano fortalece la industria de la muerte.
Edgardo Buscaglia plantea un mensaje para los mexicanos que presas de la desesperación ante un México con índices récord de violencia e inseguridad buscan armarse: “Armarse es un espejismo, cuando tu comienzas a armarte, o cuando comienzas a ejercer violencia a tu alrededor pensando en que vas a proteger a tu familia, generas más violencia y formas parte de esta espiral. Lo que los mexicanos deben generar es una revolución pacífica, al mejor estilo de [Mahatma] Gandhi o [Nelson] Mandela y obligar a la clase política, que hoy forma parte del problema, a que forme parte de la solución. La violencia no es la respuesta, comprar armas no es la solución. Cuando compran armas están fortaleciendo las relaciones de complicidad que hay en el gobierno con grupos criminales. Cuando se adquieren éstas se está subsidiando ese sistema, y entonces es cuando el ciudadano forma parte del problema y no de la solución”.
De no atenderse el tráfico de armas, el analista de la ONU ve en el futuro de México un panorama similar a la Centroamérica de la posguerra.
Un país armado hasta los dientes, que habrá nutrido sustantivamente los bolsillos de los fabricantes de armas, será otro legado de la fallida administración de Calderón. Subsidio mexicano a la industria de la muerte, a costa de una altísima cuota de sangre.
Estados Unidos, armas para el gobierno y para el crimen
Recientemente, por primera vez un funcionario estadunidense reconoció que las armerías de ese país abastecen a los criminales mexicanos. Pero el reconocimiento no fue gratuito, sino derivado del escándalo producido por el fallido operativoRápido y Furiosoen el cual el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego permitió la introducción de armas a México para supuestamente seguir el rastro de los traficantes, y que éstas se usaron para matar a centenares de mexicanos –aún no hay una cifra precisa– y al agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Jaime Zapata, en San Luis Potosí.
El 1 de noviembre pasado, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el subprocurador de Asuntos Criminales del Departamento de Justicia, Lanny Breuer, declaró que 64 mil de las 94 mil armas que en el último lustro se le han incautado a la delincuencia en México provinieron de ese país.
“Es de mi conocimiento que 94 mil armas de fuego han sido recuperadas en los últimos cinco años en México. Éstas son sólo las que han sido recuperadas, no todas las que están en México, y de esas 94 mil armas que han sido recuperadas en México, 64 mil son rastreables a Estados Unidos. Tenemos que hacer algo para evitar que los criminales obtengan esas armas senadora. Ése es mi entendimiento de los números más exactos”, dijo Breuer a la pregunta de la senadora demócrata Dianne Feinstein quien le inquirió sobre el total de armas traficadas a México desde Estados Unidos.
La declaración echó por tierra el deslinde que había hecho la poderosa Asociación Nacional del Rifle de que sus armerías abastecen desde hace varios años al crimen mexicano. La Asociación había calificado como un ataque las cifras que el gobierno mexicano llevó a la Organización de Naciones Unidas, que refieren como de origen estadunidense más de el 90 por ciento de las armas decomisadas al crimen organizado.
La declaración del subprocurador Breuer confirmó que Estados Unidos es hoy el principal centro de abasto del mercado negro de armas que se mueve en territorio mexicano.
Vías de ingreso de armas al mercado negro:
Licencias de exportación e importación de armas que de funcionarios corruptos reciben individuos, en colaboración con agentes aduanales que no revisan los cargamentos
Falta de seguridad y desorganización administrativa de depósitos de armas y explosivos, lo que asegura el acceso a los intermediarios que las adquieren para abastecer a la delincuencia organizada
Pérdida de arsenales del gobierno durante épocas de inestabilidad, guerras civiles y rebelión, y su reventa en el mercado ilícito
Pérdida o robo de arsenales de las bodegas militares que nunca son recuperados y terminan en el mercado ilícito
Venta de armas por parte de los soldados u oficiales del Ejército a los grupos delictivos y terroristas
Robo de armas a las personas que las adquirieron de manera legal
Fuente: Comité Oxford para la Lucha contra el Hambre.
Hacía ocho años que el Chapo se había fugado del penal de alta seguridad ubicado en Jalisco, supuestamente oculto en un carrito de lavandería, y aquel 2009, en plena “guerra” oficial contra el narcotráfico (declarada por Felipe Calderón, en diciembre de 2006), se encumbraba como billonario, junto con los hombres más destacados en el mundo de los negocios y las finanzas, entre éstos los barones del capital mexicano.
Uno de los señalamientos que expertos en crimen organizado, analistas e integrantes de la sociedad civil le han hecho al gobierno de Calderón, es que su estrategia de la “guerra” oficial contra el narcotráfico parece encaminada a beneficiar precisamente al cártel que dirige Joaquín Guzmán Loera, no sólo para eliminarle a la competencia, sino por lo intocables que parecen sus activos.
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