PAREJA PRESIDENCIAL Y ABUSO

Tras una rigurosa investigación, el periodista Francisco Cruz Jiménez detalla en el libro Las concesiones del poder (Editorial Planeta Mexicana. Sello Temas de Hoy. 2011), el tráfico de influencias que han marcado a la administración de Felipe Calderón y al matrimonio presidencial. Al margen de la guerra contra el crimen organizado, que en cuatro años dejó 34 mil muertos –en octubre de 2011 se reportan ya 50 mil–, el autor describe cómo la forma de gobernar de Calderón está ligada a su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, y ha beneficiado a familiares, amigos y a corporativos que se enriquecen a manos llenas. Sobre el tema, y con autorización de la editorial, presentamos el siguiente texto que describe a la pareja quien, todavía, es el centro del poder político en México.

Francisco Cruz Jiménez

Capítulo II

Los rostros ocultos de Margarita y Felipe

EN EL CUIDADO DE LAS FORMAS y las apariencias para cumplir con el papel solidario de Primera Dama ejemplar —por más que le disguste el título y hasta le suene peyorativo—, a Margarita Esther Zavala Gómez del Campo no la distingue precisamente la transparencia.

Las dudas brotan apenas se rasca la superficie de la historia reciente: un mes antes de los comicios presidenciales de 2006, José Gutiérrez Vivó pilló a Margarita Esther y a Felipe de Jesús en un incidente, uno de los más desconocidos y extraños episodios de la futura pareja presidencial, que cobró una dimensión difícil de ocultar y que se grabó en la mente del entonces más escuchado periodista de la radio en México.

Casi inadvertido, esa noche el sutil episodio se dio en una entrevista familiar que hizo, para Grupo Monitor y Canal 52 MX, a los Calderón Zavala en la última semana de mayo de 2006. Gutiérrez Vivó estaba inmerso en una guerra muy desigual contra el gobierno —que quería silenciarlo a través de un boicot publicitario generalizado— y contra los propietarios de Radio Centro por 21 millones de dólares. También debía atender los cada vez más graves problemas, por falta de liquidez, en Radio Monitor y en El Heraldo de México o Diario Monitor.

El apetito insaciable de los medios por los candidatos, la posibilidad de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entrara a Los Pinos, la campaña de terror que alimentaban Fox, Calderón, el PAN y un grupo de empresarios desviaron el interés hacia otros temas. Se hicieron a un lado cuestiones como los ingresos y los bienes patrimoniales de la familia Calderón Zavala, así como las imputaciones contra un hermano de Margarita Esther.

Paquete especial con las figuras de los cinco candidatos presidenciales —Calderón, Roberto Campa Cifrián, Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo Pintado y Dora Patricia Mercado Castro—, Ésta es su casa fue un descalabro periodístico para Gutiérrez Vivó porque no mostró, aunque lo intentó, el lado humano de los cinco personajes. Lo mejor de las emisiones de Gutiérrez Vivó, quien visitó la residencia de cada uno de sus entrevistados, fueron los pequeñísimos detalles que no pudieron captar las cámaras de Canal 52 MX ni los micrófonos de Radio Monitor en el domicilio de los cinco integrantes de la familia Calderón Zavala. Para apoyar aquella entrevista, transmitida en vivo durante casi dos horas la noche del martes 30 de mayo, a la misma hora el equipo de campaña calderonista —encabezado por Juan Camilo Mouriño Terrazo, Josefina Vázquez Mota, Germán Martínez Cázares y César Nava Vázquez— y la dirigencia del PAN ratificaron que la diputada federal, Margarita Esther, sufragaba en forma íntegra los gastos personales y familiares de su abanderado presidencial.

Secretario general adjunto y vocero del Comité Ejecutivo Nacional, Nava confirmó que desde 1994 el ingreso de la familia “ha sido aportado principalmente por la legisladora federal. […] La declaración patrimonial de Calderón ante el IFE señala que goza de un fondo de ahorro que le permite afrontar su gasto, pero la fuente del sostén de la familia sigue siendo la misma: el ingreso de Margarita”.

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ABC, Tabasco, AMLO y los indignados

Desfiladero

Campamento de los indignados frente a la Bolsa Mexicana de Valores.

Jaime Avilés

Ya transcurrieron 28 meses y 17 días desde el 5 de junio de 2009, cuando un incendio mató a 49 bebés en la guardería ABC de Hermosillo. El pasado 14 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó, con 372 votos a favor y cero en contra, una ley que fija normas de observancia universal obligatoria para todas las estancias infantiles, públicas y privadas, de nuestro país. Pero Felipe Calderón se niega a publicarla.

Creada por el senador nayarita Francisco Javier Castellón (PRD), quien trabajó codo a codo con los padres de los bebitos muertos, y que para redactarla se inspiró en lo mejor de las regulaciones que en esta materia existen en el ámbito mundial, la Ley General de Prestación del Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil también fue aprobada, unánimemente, por el Senado de la República. Pero Felipe Calderón se niega a publicarla.

Uno de los aspectos más notables de la llamada Ley 5 de Junio es que exige el levantamiento inmediato de un registro nacional de guarderías, para que éstas sean supervisadas por autoridades federales, estatales y municipales, de modo que aquellas que no cumplan con los requisitos básicos de seguridad e higiene sean clausuradas, temporal o definitivamente. ¿Es por eso que Felipe Calderón se niega a publicarla?

Julio César Márquez, padre de uno de los bebitos muertos, viajó esta semana al DF, a presentar el libro que escribió junto con su esposa, para denunciar las humillaciones que han recibido de Calderón y Margarita Zavala, prima de una de las dueñas de la guardería ABC. Al participar en la Feria del Libro Alterna, que organizan Paloma Saiz y Paco Ignacio Taibo II, Julio César reveló que su esposa –víctima de graves trastornos a consecuencia de la tragedia– ha sufrido 17 sesiones de descargas eléctricas en hospitales del IMSS de Guadalajara, un tratamiento tan brutal como abusivo, que de nada le sirvió, pues médicos del Instituto Nacional de Siquiatría descubrieron que le estaban dando fármacos inadecuados.

Pero Julio César Márquez vino también a entrevistarse con el senador José González Morfín (PAN), quien como presidente de la cámara de origen de la Ley 5 de Junio, tiene la facultad, y la obligación, de publicarla a partir del próximo lunes 24 de octubre, día en que de acuerdo con la reciente reforma a los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución, Calderón perderá la oportunidad de mandarla imprimir en el Diario Oficial de la Federación, así como la semana pasada agotó el plazo que tenía para vetarla.

Una combativa coalición de tuiteros, que respalda al Movimiento 5 de Junio por la Justicia, llama a todas las personas que aún viven horrorizadas por el recuerdo de aquel incendio –y al mismo tiempo indignadas por la abierta complicidad de Calderón y Margarita con los empresarios que tenían a los bebés de la ABC en un muladar junto a una bodega de papel, que fue rápido pasto de las llamas–, a presionar al senador González Morfín para que publique la ley o publique la ley. O, en su defecto, publique la ley. No tiene de otra.

¿Y Tabasco?

En Tabasco, mientras tanto, llueve y llueve. Y llueve y llueve. Y llueve y llueve. Y llueve y llueve, como si el cielo no supiera hacer nada más. Si mojarse a cada rato desespera al visitante que luego se seca y se cambia en el hotel, qué significará esta monserga para cientos de miles de hombres, mujeres, ancianos y niños que sufren día y noche los embates del chubasco perpetuo. El agua ayuda a olvidar los 85 millones de pesos (mdp) que el secretario de Salud estatal, Luis Felipe Graham, tomó del Seguro Popular en 2009, y que –lo prueban documentos oficiales en poder de Desfiladero– los acaba de devolver al fisco, quitándole, oh, qué listo, 85 mdp al Seguro Popular de 2011.

Pero mientras el desbordamiento anual de los 49 ríos que pasan por Tabasco le brinda un pretexto magnífico a Andrés Granier para volver a pedir más y más recursos que irán a parar quién sabe a dónde –a la mejor, incluso, a manos de los damnificados–, en el ámbito de los únicos partidos que pisan fuerte en aquellas anegadas tierras (PRI y PRD), ya empezó la carrera hacia el domingo primero de julio, cuando por primera vez en muchos años los tabasqueños elegirán presidente de la República y gobernador(a) al mismo tiempo.

Para David Gustavo Gutiérrez Ruiz, quien hace cuatro décadas creó la administración pública de Quintana Roo como primer gobernador de ese territorio virgen, que gracias a sus esfuerzos pioneros se transformó en un nuevo estado unido mexicano, sólo hay tres políticos que van a disputarse la gubernatura en 2012: Humberto Mayans (PRI), Arturo Núñez (PRD) y Rosalinda López Hernández (PRD).

Sin embargo, en el Sanborns de Villahermosa, donde los politólogos de siempre escudriñan los enigmas del futuro, se dice que Mayans no llegará a ninguna parte, porque está peleado hasta con su sombra; que Núñez no recibirá el apoyo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) porque en 1998 votó a favor del Fobaproa, en 2008 aprobó la contrarreforma petrolera de Calderón y ahora acaba de reiterar su cercanía con los chuchos al firmar el manifiesto aliancista contra López Obrador.

Además, Núñez tiene 64 años de edad, en un estado donde 70 de cada 100 personas inscritas en el padrón andan entre 18 y 49, factor, agregan los sabelotodo, que favorece a Rosalinda López Hernández, una proactiva muchacha de 46, que nunca fue priísta, es una de las senadoras que mayor número de iniciativas creó (más de 200) en este sexenio y podría unificar a las mujeres de todas las fuerzas del estado para impulsar en Tabasco el proyecto de Morena. A su reciente informe de labores parlamentarias invitó a Marcelo Ebrard, pero el jeque de gobierno la desairó para irse de luna de miel a Kuwait.

PRD = RIP

Que una empresa de Carlos Navarrete hizo (y manipuló a su gusto) los 3 millones y pico de credenciales que los militantes del PRD usarán mañana en su elección interna. Que el domicilio oficial de la empresa que imprimió las boletas, proporcionado por Jesús Zambrano, en realidad corresponde a una casa abandonada. Que está en su apogeo el reparto de despensas entre las tribus que pelean por los cargos directivos. Que, en suma, el PRD, cadáver político en avanzado estado de putrefacción, estelarizará este domingo su última guerra de estiércol, y terminará de nuevo, a las puertas del tribunal federal electoral, presentando carretadas de quejas y acusaciones de todos contra todos.

Así, mientras el PRD finalmente agoniza en vísperas de su clamorosa derrota en Michoacán, Morena se fortalece y extiende por todo México y Estados Unidos. En una acción espectacularmente sincronizada, el martes de esta semana, sus representantes en cada una de las 32 juntas locales del IFE (o sea, en el DF y en los 31 estados de la República) leyeron el mismo mensaje al mismo tiempo: si las autoridades no garantizan los derechos democráticos de los ciudadanos, deben ser los ciudadanos mismos quienes, de manera organizada, garanticen que los votos valgan sin importar por quién se vote.

Entre tanto, luego de visitar Monterrey, Washington y Madrid, Andrés Manuel López Obrador se volvió de pronto el ídolo de los levantacejas que lo calumniaron sin tregua ni escrúpulos desde 2004. Ahora dicen que es el nuevo Lula y pronto quizá descubrirán que el plantón de 2006 sirvió de modelo a los indignados de Egipto, Grecia, España y Wall Street. Aguas, porque detrás de esta sospechosa cargada mediática asoman las orejas de Salinas: quieren quitarle reflectores a Beltrones, que empieza a crecer más de lo que desearía Peña Nieto. Así que nadie se vaya con la finta.

jamastu@gmail.com

La secta que infiltró al gobierno......de Calderón

Casa Sobre la Roca, la secta que deslumbró a Felipe Calderón y ha abrevado del presupuesto desde 2006, pertenece a una organización de alcance mundial que tiene un objetivo muy preciso: incidir en las políticas públicas a partir de su visión cristiano-evangélica. Poco a poco lo ha ido logrando en México, donde ya hay varios funcionarios federales adscritos a ese culto, uno de cuyos dirigentes es una diputada federal que aprovecha las tragedias de las víctimas de abusos sexuales para llevar agua a su molino…

Arturo Rodríguez García

Una joven mujer, de la que sólo se podía ver la silueta, narró su experiencia como víctima de la trata de personas. El pasado miércoles 13, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, contó cómo fue engañada y secuestrada por un grupo criminal que la explotó sexualmente en la ciudad de Monterrey.

Sin embargo, su relato concluyó con la promoción de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Dipu­tados, a cuya presidenta, la panista Rosa María de la Garza, alabó por su “amor, dedicación y trabajo”. La mujer remató: “Necesitamos (las víctimas de todo el país) que por favor se tatúen el corazón de azul hasta que todas las víctimas, todas esas niñas que están desaparecidas, sean regresadas a sus padres y a sus hogares”.

En su edición 1799 Proceso publicó que ya en otras ocasiones las víctimas de trata de personas y los adictos en recuperación han sido utilizados políticamente por esa legisladora, quien junto con su esposo, Alejandro Orozco –director del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (Inapam)– encabeza una secta evangélica de ultraderecha: la Casa Sobre la Roca (CSR).

Amparada en numerosas razones sociales y con registros de asociaciones civiles, CSR es proveedora de servicios a dependencias gubernamentales, capta recursos de programas asistenciales y reclama cuotas de poder y cargos públicos, con tanto éxito que ya empezó a extenderse a otros países.

En su afán de poder, sus tentáculos habían tocado al PRI: en años anteriores trataron de aproximarse a María de los Ángeles Moreno y a Liébano Sáenz. Además, por medio de Hugo Eric Flores Cervantes –quien en 2006 los presentó con Felipe Calderón–, se han acercado al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Su principal benefactor ha sido Calderón. En la campaña de 2006 éste aprovechó las redes religiosas, políticas y financieras que han tejido Alejandro Orozco y Rosa María de la Garza –quien se hace llamar Rosi Orozco–, un matrimonio de modestos vendedores de seguros que con la creación de CSR escalaron al círculo presidencial.

En el gobierno actual el matrimonio Orozco-De la Garza acomodó a algunos colaboradores y socios en cargos con manejo presupuestal. Son los casos de Ulises Antonio de la Garza Valdés, administrador del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, y del director de Administración y Finanzas de esa dependencia, Ofir Ernesto González Chávez, socio de las razones sociales creadas por los líderes de CSR.

Otro caso es el de Patricia Anaya Calderón, una comunicadora que ha hecho carrera en el ámbito de la asistencia social oficial y además dirige una de las organizaciones de CSR.

El manejo de recursos millonarios ha permitido que la organización crezca tejiendo redes en todo el país y controlando Iglesias evangélicas y organizaciones asistenciales.

Al amparo del poder

Las razones sociales del matrimonio Orozco-De la Garza dan cuenta de su evolución empresarial: una de las más antiguas es De la Garza, Orozco y Chávez, Agente de Seguros, inscrita con el folio 0071933 en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal (RPP). En 2009 esa asociación civil se hizo proveedora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, según se confirmó en Compranet, el portal de adquisiciones del gobierno federal.

Otra es la Inmobiliaria Doña Rosa, en la que el matrimonio y otros familiares aparecen como accionistas. Dada de alta en 1985 con el folio 00009300, es una sociedad contratista del Gobierno del Distrito Federal desde 2009, cuando los Orozco-De la Garza ganaron presencia política, sobre todo en el PAN capitalino.

Además tienen Dicelcris, dedicada a la venta de equipos de comunicación, y el despacho Orozco Rubio y Asociados.

Las razones sociales registradas por CSR no siempre corresponden con los nombres que publicitan, lo que hace difícil su seguimiento. Por ejemplo, la sociedad anónima Audio y Video Sobre la Roca (AVSR) administra las librerías Visión. La dirige Emilio Orozco de la Garza, hijo de la pareja que encabeza CSR. Su matriz está en Insurgentes Sur 4903-1, en Parques del Pedregal, de la Ciudad de México, que es el mismo domicilio de otras razones sociales, incluida La Casa Sobre la Roca.

Entre los accionistas de Audio y Video Sobre la Roca están Alejandro Orozco y Carlos Rivera Olivares, subdirector jurídico del Inapam. Rivera fue director de Política Laboral en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como colaborador de Hugo Eric Flores antes de que éste fuera inhabilitado en 2008 por presuntos actos de corrupción.

AVSR edita el periódico Transformaciones México, de distribución nacional gratuita, dirigido por Emilio Orozco y su esposa, Gabrielle Gómez; en las portadas del tabloide suelen aparecer imágenes de De la Garza y sus actividades legislativas.

En su sitio web las librerías Visión se presentan así: “Nuestra visión es ser la empresa líder en la comercialización, representación, innovación y desarrollo de productos con valores bíblicos en el mercado”.

Además organizan conciertos masivos en los que presentan a cantantes cristianos, pues la promoción de subgéneros musicales con orientación religiosa es uno de sus principales soportes de promoción.

Aunque tiene asentado un capital social de 50 mil pesos, en cada uno de los inmuebles que ocupan sus siete sucursales paga una cantidad semejante sólo por concepto de alquiler.

Proceso localizó cinco sucursales de Visión en el Estado de México: Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Ecatepec y Tepetlalco. En el Distrito Federal, además de la casa matriz hay una en el Centro Histórico, en Bolívar 14, una casona colonial al lado de la antigua librería Maranatha, con la que compite por el mercado evangélico con precios notoriamente bajos.

Centurión, Fuerzas Armadas
y grupos vulnerables

AVSR provee materiales y servicios –talleres, encuentros, seminarios, conciertos– para las asociaciones registradas por el matrimonio Orozco-De la Garza; de ellas en el Distrito Federal se localizan, además de la Casa Sobre la Roca, otras siete vinculadas a ésta: Capacitación Sobre la Roca; Sembrando, Sociedad Civil; Instituto Centurión; Generación con Valores; Operación Bendición México; Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia y Fundación Camino a Casa. Cada una tiene un papel en la expansión de CSR.

También está Misión Carácter, que da cursos de autoestima, liderazgo y Biblia, con un programa que vende a instituciones públicas. Aunque como razón social no está inscrita en el RPP, sus objetivos coinciden con los de Sembrando, Sociedad Civil, que sí está registrada y cuyo capital es de 7 millones 900 mil pesos, según acta constitutiva asentada con el folio 44328.

Misión Carácter la dirige Patricia Anaya Calderón, quien al final del sexenio de Vicente Fox elaboró un Estudio sobre la familia para el DIF; cuando Alejandro Orozco fue director de Atención a Grupos Vulnerables en esa dependencia designó asesora a Anaya.

En su sitio de internet Misión Carácter presumía a sus clientes: Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Sistema Penitenciario Federal, así como diferentes gobiernos estatales. La lista fue borrada luego de que este semanario, en su número 1799, publicó un reportaje sobre la secta.

En aquella ocasión Proceso reveló que en las reuniones de CSR había dos grupos: Centurión y Fuerzas Armadas. El primero, de servidores públicos, y el otro, de quienes trabajan en instancias de seguridad.

Otra asociación fundada por los Orozco-De la Garza es el Instituto Centurión México, creado en 2009 y que está inscrito en el RPP como asociación civil, con el número 87665. Su objetivo es “crear una organización ciudadana que promueva el bienestar y la calidad de vida de los servidores públicos”.

CSR celebra tres reuniones cada domingo en el Centro Banamex de la Ciudad de México. A cada reunión asisten unas mil personas, entre ellas muchos funcionarios y policías con sus familias.

Otra de sus razones sociales es Fundación Camino a Casa, que tiene la misión de “realizar estudios socioeconómicos a personas físicas, menores de edad, de escasos recursos, que sufran violencia intrafamiliar, abuso sexual, lesiones físicas, maltrato psicológico, violación, explotación laboral y otras que vayan en contra de los derechos de dichas personas”.

Esa organización es beneficiaria de dos propiedades aseguradas a Vicente Carrillo Leyva El Ingeniero, otorgadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde hay al menos otras 10 solicitudes de los Orozco para agenciarse más propiedades, confiaron funcionarios federales que pidieron mantener el anonimato.

Camino a Casa tiene el mismo domicilio que CSR en Insurgentes Sur. Una de sus dirigentes, María Emilia Montejano Milton, fue férrea opositora a la despenalización del aborto al ser ponente en la tercera audiencia sobre el caso ante la Suprema Corte de Justicia en 2008.

Desde 2010, Camino a Casa recibe recursos del Gobierno del Distrito Federal luego de firmar un convenio con la procuraduría capitalina. Es también una de las tres organizaciones civiles que forman parte del consejo consultivo en materia de trata de personas creado por la Presidencia, con poder de decisión sobre el presupuesto del programa Proequidad, que financia proyectos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Asimismo, recibe dinero de la Secretaría de Gobernación, dependencia que desde 2008 la incluye en las misceláneas fiscales, aunque sin precisar montos.

La expansión a través de sus asociaciones fachada ha llegado hasta centros de enseñanza católica, como la Universidad Iberoamericana, donde opera ya un numeroso grupo llamado Jóvenes en la Roca, que no está en el RPP. Sin embargo, en ese registro está Generación con Valores con el folio 84613. Esa organización promueve valores “éticos, morales y espirituales” y tiene entre sus objetivos adquirir derechos de autor.

Otra asociación de los Orozco es Capacitación Sobre la Roca que, según diferentes documentos oficiales localizados por este semanario, se ha beneficiado del presupuesto del Inmujeres en el rubro de “transversalidad”.

La expansión

Otra asociación registrada por el matrimonio es Operación Bendición México (OBM) cuyo objeto –explícito en su acta constitutiva– es fomentar la investigación científica sobre problemas sociales. En realidad es una agrupación altruista a cuyos actos ha asistido Margarita Zavala, como ocurrió el 24 de julio de 2008.

Además OBM destaca por su relación con gobiernos municipales panistas, como el de Boca del Río, donde ha hecho donativos en especie.

Una organización más es Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia, que agrupa a más de 150 Iglesias cristiano-evangélicas con presencia en todo el país, según un documento interno de su “reunión unida” del que Proceso tiene copia.

“Actualmente somos la alianza de pastores más grande de habla hispana a nivel mundial, con más de mil 800 asociaciones en nuestra membresía, dándonos una voz y plataforma para 75% del pueblo cristiano en México”, presume el documento antes de establecer que fue creada en 2006.

Aunque su forma legal es la de asociación civil, en los documentos que se relacionan con CSR siempre se presenta a Alejandro Orozco como pastor y a Ofir González como integrante del G-12.

Los G-12 son una forma de organización creada por Misión Carismática Internacional, movimiento surgido en Colombia bajo el liderazgo del pastor César Castellanos, quien mantiene una estrecha relación e intercambio con los Orozco-De la Garza, que si bien adoptaron ese modelo de células base –que emula a los 12 apóstoles– también aportaron a su conexión colombiana el formato de Misión Carácter, que ahora es internacional.

En la conferencia cupular de G-12 en 2005, en Singapur –donde además había representantes de Sudáfrica, Argentina, Puerto Rico, Australia, Inglaterra, Grecia, Italia y Perú–, los Orozco ya formaban parte del núcleo de mando, junto a Castellanos, con liderazgo en más de 40 países.

En cada país el objetivo es el mismo: incidir en las políticas públicas con una supuesta visión cristiano-evangélica, lo que ya han logrado en México, con Felipe Calderón, y en Colombia, durante la presidencia de Álvaro Uribe.

En México, Rosa María de la Garza, esposa del pastor Alejandro Orozco, es diputada. En Colombia, la esposa del pastor César Castellanos lo fue entre 2006 y 2010.

La educadora Margarita: niños pecho a tierra

Los asesinos que USURPAN la presidencia de la Republica.

Álvaro Cepeda Neri *

La esposa de Calderón, a la que andan empujando para entrar a la disputa por la candidatura de Acción Nacional, para la sucesión de su cónyuge (ante la falta de aspirantes con tamaños, pues todos, empezando por Cordero y terminando por Lujambio y Lozano, son enanos políticamente), estuvo hace unos días en un acto presentando los nuevos “principios” para la educación de la niñez mexicana, de la que Verónica Mondragón nos informó (Reforma, 14 de junio de 2011). Inauguró Margarita Zavala (prima hermana de una de las socias que se enriqueció con la Guardería ABC, y que ya recibió impunidad), una reunión de kilométrico nombre: “Proceso de capacitación del primer contacto de las fuerzas del orden público para la atención de niños, niñas y adolescentes en escenario de delincuencia organizada”.

Y como su esposo en grado de General de cinco estrellas es el jefe nato de las fuerzas armadas, y califica de “muertes necesarias” no menos de 10 mil homicidios, de entre los más de 45 mil que arroja la cifra oficial de su “no-guerra” (cálculos realistas indican más de… ¡100 mil, sin contar feminicidios!), entonces se necesita que los alumnos de kínder, primera y secundaria, al menos reciban “clases de cómo sobrevivir en caso de fuego cruzado entre uniformados y delincuentes”, donde unos y otros disparan a matar hasta a quienes, ejerciendo su derecho al libre tránsito, van por las banquetas o en sus automóviles.

Ya los niños, por orden de la presidenta de Desarrollo Integral de la Famili (DIF) nacional, la tal señora Zavala (sus hermanos son otras fichitas, pescadas durante el foxismo) en complicidad con la nefasta y perversa dueña del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, reciben, pues, enseñanza de cómo tirarse pecho a tierra para poder sobrevivir, en caso de que sus escuelas sean baleadas o al salir de clases, se encuentren con soldados o marinos enfrentados a sangre y fuego con los sicarios del narcotráfico. En lugar de clases del currículum educativo, los esposos Calderón-Zavala, han decidido que estos alumnos aprendan a tirarse al suelo. Estamos retrocediendo. Y cuando escuchamos a Calderón o su esposa, a Elba, al largo, alto pero no grande (en cuanto grandeza) Lujambio o al más menso que manso Cordero, que la educación es el pivote para detonar el resto de las soluciones a los tremendos problemas del país (crecimiento económico, distribución de la riqueza, igualdad de oportunidades, etc.), reconocemos las mentiras de siempre en boca de la ultraderecha panista.

Mentiras, porque no se ocupan en serio de educar y enseñar y las escuelas rechazan cada año a miles de aspirantes. Se está enseñando a los alumnos de kínder, primaria, secundaria y estudios superiores a tirarse al piso, pecho a tierra, para ver si así logran sobrevivir, porque soldados, delincuentes, marinos, policías y todos disparan a matar. El resultado de este caos se encuentra en la despectiva afirmación de Calderón: “daños colaterales” al matar a inocentes a diestra y siniestra. La “no-guerra” de Calderón y el Partido Acción Nacinal tiene a la Nación como Afganistán, Yemen o Irak.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Insuficiente la labor del DIF ante el trabajo infantil

Más de 3 millones de niños trabajan en México; sin embargo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sólo atiende a los del sector urbano-marginal, que representa el 3 por ciento del total. Jazmín Mártir Alegría, subdirectora de Vinculación Interinstitucional del DIF, señala que sólo reinsertando a los menores a la escuela se podrá evitar que sean explotados. María Joann Novoa Mossberger, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez de la Cámara de Diputados, demanda “un esfuerzo” de los tres niveles de gobierno para contrarrestar el problema.

Isabel Argüello

Tres millones 90 mil 746 niños, niñas y adolescentes trabajan en México, según el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). No obstante, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sólo tiene la capacidad de atender a los 94 mil 795 del sector urbano-marginal. Jazmín Mártir Alegría, subdirectora de Vinculación Interinstitucional de la dependencia, señala: “Por un mejor México, quisiéramos que no hubiera niños trabajando ni en las calles ni el sector formal, ni en los campos agrícolas; pero se está haciendo un esfuerzo interinstitucional”.

El Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero y Nuevo León son las entidades federativas con mayor número de niños que trabajan. En conjunto, suman 2 millones 38 mil 127 menores: el 66 por ciento de la población económicamente activa ubicada entre los 12 y 19 años de edad.

Mártir Alegría asegura que hay más de 94 mil niños que trabajan en el sector informal de la economía y realizan actividades en calles, avenidas y parques; niños que no tienen una protección social ni edad para trabajar, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123), la Ley Federal del Trabajo (artículos 22, 23, 173-180, 362, 372 y 995) y la Ley para la Protección de los Derechos de la Niñas Niños y Adolescentes.

“Ese número nos da un panorama a nivel nacional. Sin embargo, es importante que los estados monitoreen la evolución del fenómeno, las zonas expulsoras y los factores que los atraen. Los más de 3 millones a los que hace referencia el Módulo de trabajo infantil 2009 son de agricultura, pesca, prestación de servicios, minería…”, explica.

Mártir Alegría comenta que una “situación multifactorial” obliga a 94 mil 795 niños del sector urbano-marginal a trabajar. Destaca dos factores: la pobreza en la que viven y la creencia de los padres de que el trabajo es formativo. “Para nosotros, como Sistema Nacional, nuestra gran apuesta es que el niño tenga acceso a la educación, pues rompería el círculo de la pobreza que puede mantenerlo trabajando en el sector informal de la economía toda su vida”.

El Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia del DIF se ha desarrollado en los estados y municipios de todo el país. Busca reinsertar a los niños en la escuela, como pilar de desarrollo para ellos y su familia. “Se han obtenido buenos resultados. El 97 por ciento de los niños becados aprobó el ciclo escolar 2009-2010 de manera satisfactoria, a pesar de las adversidades que puedan tener. Quisiéramos que no hubiera niños trabajando, por lo que se está haciendo un esfuerzo interinstitucional”.

En el Informe de evaluación específica de desempeño 2009-2010, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se explica que durante 2009 el programa del DIF aplicó estrategias de prevención y atención a 1 millón 668 mil 113 niños en situación de riesgo. Los temas que se trataron fueron derechos de la niñez, freno a las adicciones en la infancia, embarazo en adolescentes, trabajo infantil urbano-marginal, migración infantil, menores en situación de calle y explotación sexual comercial infantil.

La representante del DIF señala que la estrategia de intervención comunitaria que desarrollan implica conocer el lugar de origen de los niños que trabajan y el tipo de problemáticas que enfrentan, además de un diálogo con sus familiares. “El objetivo es brindar acciones y servicios asistenciales en materia de prevención de riesgos sociales y problemáticas específicas. Por un mejor México, quisiéramos que no hubiera niños trabajando ni en las calles ni el sector formal, ni en los campos agrícolas”.

Hay una estrategia nacional entre las diferentes secretarías –del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Educación Pública y Salud– para abordar la problemática de los niños que laboran, explica Jazmín Mártir. “No se podría decir que las políticas públicas encargadas de proteger a la niñez mexicana están fallando, pues debe analizarse el contexto social del niño, ya que la familia pondera si va a la escuela o trabaja”.

María Joann Novoa Mossberger, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez de la Cámara de Diputados, exhorta a que haya un esfuerzo del gobierno federal para asegurar el respeto de los derechos de la niñez. “Un niño que deja de estudiar por el trabajo se va a quedar rezagado en las oportunidades de desarrollo. Creo que la cifra en la que nos debemos de basar como oficial es la que maneja el Inegi, que en el último conteo el número de niños trabajadores sobrepasa los 3 millones, aunque lo que nos preocupa es que una cuarta parte no va a la escuela y otros no perciben una remuneración”, señala.

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011

Beneficia gobierno a empresa ligada a primo de Margarita Zavala

La incorporación de Luis Gómez del Campo Gurza a la Dirección Financiera ha redituado al Grupo Andrade millonarios beneficios. El primo de Margarita Zavala –esposa del presidente Felipe Calderón– provee de parque vehicular a Pemex, Sedesol, Ssa, STPS, SEP, SAT, Fonhapo, Banjército, ASA, SCT, Profepa, CFE. En la Secretaría de la Función Pública, donde se le ha acusado de tráfico de influencias, despacha su hermana Teresa Gómez del Campo. Ante las contralorías internas del SAT y la CNBV, por las actividades que realiza, fueron acusados de omisión sus hermanos Antonio y Pablo Gómez del Camp.

Ana Lilia Pérez

A cuatro años de su gobierno, Felipe Calderón aún paga las facturas a los empresarios que lo respaldaron en su campaña política para la Presidencia de la República. Entre ellos, figura el Grupo Andrade, cuyas finanzas administra el primo del presidente Luis Gómez del Campo Gurza, hermano de la líder del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo.

Los millonarios contratos que desde 2007 Pemex Refinación ha adjudicado a Camiones Andrade, una de las empresas del grupo, ha provocado la inconformidad de diversos proveedores, quienes han promovido quejas y denuncias ante el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que frenen el supuesto tráfico de influencias de Luis Gómez del Campo a favor de esa compañía.

Con Gómez del Campo, los empresarios Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, directivos de Grupo Andrade, se convirtieron en los contratistas con las asignaciones más lucrativas de Pemex Refinación.

Sólo entre 2007 y 2010, mediante los contratos 4500236448, 4500298819, y 4500350033, la subsidiaria les compró más de 900 pipas para transportar hidrocarburos, cuyo costo unitario rebasa el millón de pesos; es decir, más de 1 mil millones de pesos. Es la facturación más alta en la historia de esa compañía. También les compró 57 autostanque y 91 tractocamiones mediante las licitaciones 18576178-003-10 y 18576178-004-10.

Para tales adjudicaciones, se argumentó que Grupo Andrade cumplía con los requerimientos técnicos y económicos, y que tenía la suficiente solvencia para compromisos contractuales de tal envergadura, no obstante que durante 2009 diversas cuentas bancarias le fueron embargadas por proveedores que alegaron falta de pago e incumplimientos, como Daimler Financial Services, derivado del juicio mercantil 159/2010.

Los órganos internos de Control en Pemex recibieron quejas de que las adjudicaciones responden a las gestorías e “influencias” de Gómez del Campo. Tales inconformidades también se hicieron públicas en desplegados que transportistas dirigieron a los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de Pemex.

El Grupo Andrade rechaza que existan tales influencias: “La relación de Luis Gómez del Campo con el Grupo tiene más de 15 años y sus funciones no lo vinculan en los procesos de licitación, en los que las empresas del Grupo participan”, dice a Contralínea el área de relaciones públicas del corporativo, a nombre del director general Ángel Mieres Zimmermann.

Sin embargo, fuentes internas del Grupo Andrade refieren que aunque la amistad entre Gómez del Campo y Ángel Mieres data de hace 15 años, su ingreso a la nómina fue en agosto de 2005. Antes, se desempeñaba como ejecutivo del grupo financiero Multiva, de la familia Vázquez Raña.

Explican que aunque Luis Gómez del Campo no participa directamente en los procesos de licitación gubernamental, sino a través de sus subordinados, él opera las relaciones públicas y administra los recursos económicos del consorcio, la mayoría desde 2007. Según el sistema Compranet, provienen del erario.

El Grupo Andrade se dedica a la venta de automóviles y camiones. Fue fundado en 1986 por Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, accionistas mayoritarios junto con Antonio y María Cristina Mieres Zimmermann. Agrupa las firmas Automovilística Andrade; Camiones Andrade; Autoangar, SA de CV; Camiones de Cuautitlán, SA de CV; Refacciones y Servicio Zaragoza; Angar Azcapotzalco, SA de CV; Autos Británicos Angar, SA de CV; Camiones y Refacciones El Pajarito (Carepasa); Eurocamiones, SA de CV; Autos Japoneses Angar; Italo Angar, y Velotrans.

Si bien el consorcio ya era proveedor del gobierno desde el sexenio de Vicente Fox, sus contratos eran menores –uno de ellos, matizado de irregularidades–. En 2006, la Secretaría de Salud le concedió, fuera de ley, un plazo de cuatro meses para que entregaran las compras que les hizo el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de una unidad de comando operativo para seguridad en salud y siete unidades de respuesta rápida para seguridad en salud.

Las cláusulas obligaban a Camiones Andrade a entregar las unidades el 10 de marzo de 2006; pero dos semanas antes de que se cumpliera la fecha, funcionarios del sector salud ampliaron el plazo hasta el 26 de julio mediante un convenio que la Auditoría Superior de la Federación calificó como ilegal; acusó a funcionarios de la Secretaría de Salud por violar la Ley de Adquisiciones para favorecer a la contratista y pidió al Órgano Interno de Control (OIC) fincar responsabilidades.

La bonanza

La llegada del gobierno autodenominado “de las manos limpias” impactó de manera directa al corporativo, no sólo con millonarias compras de Pemex, sino de secretarías de Estado, instituciones de salud, procuradurías, corporaciones policiacas, y lo colocó a la cabeza de los proveedores de parque vehicular.

Ya con Felipe Calderón, aun con la presencia de contralores y la incorporación de testigos sociales a los concursos de gobierno, se les ha permitido que dos, tres y hasta cuatro de sus compañías concursen en una misma licitación, un hecho que a otras contratistas les ha valido severas inhabilitaciones por simulación de competencia y por contravenir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Al respecto, Rogelio Aldaz Romero, director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, precisa que las leyes de Adquisiciones y Obra Pública prohíben que empresas de un mismo grupo participen en una misma licitación con propuestas diferentes, porque “este tipo de prácticas vulneran precisamente la libre competencia entre los servicios que se ofrecen al gobierno”.

Las sanciones, explica, promedian tres años de inhabilitación y multas económicas que “dependen del monto del contrato que se obtuvo con ese mecanismo de participación simulada. Pero, de entrada, amerita la inhabilitación severa de tres años”.

Esta pena no se ha aplicado al Grupo Andrade. En junio de 2009, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) emitió la licitación 00020043-012-09 para comprar vehículos a Liconsa, Diconsa y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares. En el proceso, se permitió que cuatro compañías del grupo –Camiones y Refacciones El Pajarito, Camiones de Cuautitlán, Autoangar y Automovilística Andrade– concursaran, y se les adjudicó la compra de vehículos por 42 millones 969 mil 800 pesos.

Al año siguiente, la Sedesol convocó a la licitación 00020043-010-10 para compra de vehículos a Liconsa, Diconsa y Oportunidades. Se permitió que concursaran Autoangar, Camiones de Cuautitlán y Camiones y Refacciones El Pajarito, todas representadas por una persona distinta. Se les adjudicó el contrato por 33 millones 200 mil pesos a Camiones de Cuautitlán, y 3 millones 227 mil pesos, a Camiones y Refacciones El Pajarito.

Rogelio Aldaz, de la SFP explica que para que se acredite la infracción debe haber coincidencia de socios entre las empresas que están participando en un mismo concurso.

En las actas constitutivas de Camiones de Cuautitlán y Autoangar, Ángel y María Cristina Mieres Zimmermann aparecen como accionistas principales. En las actas de Automovilística Andrade, ambos aparecen como miembros del Consejo de Administración.

Los llamados públicos y a través de las contralorías internas para que la SFP escrute los contratos adjudicados al consorcio camionero pondrán en una encrucijada al área encargada de vigilar la legalidad de las contrataciones gubernamentales, pues otra integrante de los Gómez del Campo, Teresa, es funcionaria de dicha Secretaría.

SAT, compras al por mayor

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es otra área de gobierno que más compras ha hecho al Grupo Andrade. Quizá sea coincidencia que Antonio Gómez del Campo, hermano de Luis, sea administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes de esa dependencia.

En septiembre pasado, el SAT compró a Autoangar 58 camionetas tipo Guayin y 35 camionetas tipo pick up, que facturaron 10 millones 558 mil pesos. A finales de ese mes, compró camionetas por 153 millones 587 mil 471 pesos con dinero del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Auditorías Aduaneras.

Vehículos de lujo para secretarios y subsecretarios, camionetas para funcionarios ejecutivos y 4 por 4 para ejecutivos junior; vehículos utilitarios, camiones de carga, pipas y tractocamiones para la industria petrolera; pipas y camiones cisterna; camiones adaptados como unidades médicas para el sector salud; camiones de carga para transportar bienes incautados; patrullas con torreta para policías; motocicletas para los federales; blindados para el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército); grúas para Comisión Federal de Electricidad, etcétera. El Grupo Andrade surte de todo al gobierno federal en licitaciones públicas o adjudicaciones directas.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares compra a Grupo Andrade autostanque para gasavión, dispensadores para suministro de combustible, vehículos de rescate y extinción de incendios. A la Comisión Nacional del Agua, vehículos y camiones tanque cisterna. Con cargo al Fondo Nacional de Desastres, el gobierno federal compra al Grupo Andrade camiones tanque cisterna, tractocamiones y camiones 6 por 4 con grúa.

En 2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) compró una flotilla de 46 automóviles sedan cuatro puertas, con dirección hidráulica y aire acondicionado, y 49 camionetas tipo pick up 4 por 4 con sistema de doble tracción.

Por adjudicación directa, también les compran la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría del Trabajo, Banjército, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y por “invitación restringida”, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública.

El SAT, además de comprar vehículos, contrata a Grupo Andrade el servicio de mantenimiento; igual que Pemex Corporativo, que en febrero de 2008 contrató el mantenimiento de los vehículos de sus ejecutivos por 590 mil pesos. También Liconsa, la Policía Federal Preventiva y la Secretaría del Trabajo.

Pemex Refinación compra a Andrade refacciones y el mantenimiento de pipas y del parque vehicular, así como de tanques de terminales del país.

Denuncias elocuentes

El pasado 30 de agosto, el SAT recibió una denuncia donde se ventilan, con santo y seña, supuestas irregularidades del corporativo Andrade. Aquí, la parte sustancial de la denuncia, a la que tuvo acceso Contralínea:

“Los trabajadores del Grupo Andrade son empleados de una administradora de personal Trasinmex, SA de CV, y/o Servicios de Contraloría, Administración y de Personal, SA de CV. Los gerentes y directivos son miembros de una cooperativa. Adicionalmente, los dueños y directivos reciben sus ingresos por medio de depósitos en efectivo de la empresa de transporte Velotrans, SA de CV, la cual factura a las distribuidoras ciertos montos con IVA [impuesto al valor agregado], los cuales son depositados a cuentas bancarias de los dueños, directivos, gerentes y empleados de las distribuidoras.

“La empresa de transporte acumula el IVA y factura como asesorías administrativas. Esto se ha llevado a cabo mensualmente por más de cinco años, abusando de las ventajas fiscales de las deducciones de las empresas de transporte. Al final, esta empresa está ‘vendiendo’ facturas y realiza operaciones fuera de su giro. A sabiendas de que este tipo de transacciones son ilegales, los directivos y dueños sacan sus ingresos adicionales de las empresas, ya que cobran una mínima porción dentro de la nómina de la empresa administradora de personal.

“Tanto propietarios como empresas no son asesorados por empresas externas como es común, sino que copian esas prácticas y las implementan por medio de sus directores de contraloría y del área legal. Además de incurrir en simulaciones contables, triangulaciones financieras, doble contabilidad, evasión de pago del ISAN, y promueven amparos para dejar de pagar contribuciones.

“Los dueños podrían ser responsables de evasión fiscal, lavado de dinero, fraude, ya que a pesar de hacer ventas importantes a Pemex de auto tanques y tener utilidades, buscan figuras para no contribuir al fisco a pesar que el mismo Estado le hace importantes compras…” (sic).

Al respecto, la Administración Regional de Evaluación Metropolitana, de la Administración General de Evaluación del SAT, integró el expediente (103-24) 331-02-02-2010-208.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió una denuncia similar.

En octubre, ambas denuncias derivaron en otras que se presentaron ante las contralorías internas del SAT y la CNBV. La razón: se acusa a Antonio Gómez del Campo, en el SAT, y Pablo Gómez del Campo, en la CNBV, de supuesta “omisión ante las actividades que realiza su hermano Luis Gómez del Campo Gurza, director financiero del Grupo Andrade”.

En la CNBV, Pablo Gómez del Campo es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV. La queja en su contra quedó integrada en el expediente AQ/DE-17/10.

La denuncia ante los órganos internos de Control detalla el supuesto encubrimiento de los Gómez del Campo a las supuestas prácticas de su hermano Luis en el Grupo Andrade.

Cita el texto:

“Denuncio las presuntas irregularidades cometidas por Pablo Gómez del Campo Gurza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la H Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Presuntas irregularidades: el servidor en cuestión ha encubierto a su hermano Luis Gómez del Campo Gurza de operaciones financieras ilícitas, ya que la empresa de la cual es el director financiero conocida como Grupo Andrade, ha sido señalada de presunta evasión fiscal, ya que utiliza diferentes mecanismos para no cumplir con sus obligaciones fiscales.

“El servidor público en cuestión podría estar actuando por omisión ante las actividades de su hermano. Puede ser también probable cómplice de su hermano al asesorarlo y/o ayudarle a él y G Andrade en cómo tramar las operaciones sospechosas, así como evadir las sospechas de las autoridades fiscales y judiciales.

“Puede también tener conflictos de intereses al serle cuestionado por las autoridades sobre el actuar de su hermano, así como de las actividades de la empresa de la que es director.

“Sobre la responsabilidades y actividades de Luis Gómez del Campo se pueden señalar, entre otras: contacto con personas o socios de las empresas en las que labora, que probablemente lavan dinero producto de negocios ilícitos o de evasión fiscal. Las personas son el exedil de Tuxpan, Michoacán, Gilberto Coria Gudiño; los propios socios de las empresas de Grupo Andrade Ángel Mieres Zimmermann, Jorge Armando Olivares de Emparan, amigos personales de Luis Gómez del Campo, así como otros directivos del grupo.

-“Ha sido ejecutor de movimientos financieros inusuales y sospechosos, en complicidad con los socios señalados.

-“A sabiendas de las actividades irregulares, no reporta ni denuncia las mismas ante las autoridades competentes, más aún, teniendo un hermano servidor público que su deber es prevenir tales actividades.

- “El mismo Luis Gómez del Campo es en lo personal evasor fiscal, ya que por diferentes mecanismos (por medio de la empresa transportadora del grupo llamada Velotrans) obtiene ingresos que no registra, haciéndolo sospechoso de enriquecimiento ilícito y desmesurado, lo cual Pablo Gómez del Campo ya debió haber notado en los últimos años.

- “Luis Gómez del Campo, junto con el contralor de las empresas Antonio Carlos Colombo son los responsables de autorizar los movimientos de efectivo por medio de Trasportadora Velotrans a los socios y directivos, abusando de los deducciones y régimen fiscal de empresas dedicadas al transporte.

-“Responsable de elaborar estados financieros y modificarlos con datos no reales, con el fin de mostrarlos a las instituciones financieras y recibir créditos, así como de falsificación de pagarés y otras obligaciones junto con el señor Ángel Mieres Zimmermann. Prueba de esto son los diversos juicios entre las financieras de las armadoras de las marcas que representan.

“La lista puede continuar, pero la idea es que consideren que este servidor público, encargado de vigilar y prevenir muchas de las actividades descritas con anterioridad, haga su encomienda, independiente de quien se trate, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente Calderón, del que, curiosamente, los hermanos Gómez del Campo se relacionan familiarmente. Parece que el enemigo a combatir está cerca de casa.

“Estas actividades descritas se han llevado a cabo al menos durante el periodo que comprende del 1 de octubre de 2005 a la fecha.

“Pido respetuosamente se dé seguimiento a esta denuncia, ya que la H CNBV tiene la capacidad de verificar la información de movimientos bancarios sospechosos y que se lleguen a aclarar todos estos inconvenientes, por el bien de Mexico y de los que lo queremos y buscamos un mejor país.”

En noviembre pasado, el OIC ordenó cerrar el caso por “improcedencia”.

Contralínea solicitó a los representantes del Grupo Andrade su postura respecto de dichas denuncias. La respuesta fue que ellos no tienen conocimiento de tales denuncias y que sus empresas “siempre se han conducido bajo la observancia y cumplimiento de las leyes. Ninguna de las empresas de Grupo Andrade ni sus funcionarios, ni sus socios se encuentran involucrados en alguna actividad ilícita y no se tiene conocimiento de investigación alguna”.

Ante los graves señalamientos que en dichas denuncias hay en su contra, se solicitó a Luis Gómez del Campo una entrevista. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. También, a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien, a través de su Secretaría Particular, dijo que no haría comentario alguno al respecto.

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011

Tribunal Electoral: el imperio personal de María del Carmen Alanís

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, fue exhibida por reunirse en sigilo con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto, acusado de violar la Constitución y cuyo caso debe resolver esa instancia. El hecho no es nuevo: en su búsqueda de poder a toda costa, la magistrada ha tejido una red de exsocios, familiares, amigos y familiares de amigos que ya abarca distintos ámbitos de los poderes Judicial y Ejecutivo, además de influir en los órganos electorales.

María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 5 de abril (Proceso).- Desde agosto de 2007, cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde pretende reelegirse, María del Carmen Alanís ha edificado un imperio personal mediante una red de relaciones con prominentes personajes de todos los partidos políticos, los tres poderes de la unión, la iniciativa privada y la academia.

No es raro, como se puede probar, que sean criterios políticos, afectivos y de negocios los que guían a menudo la actuación jurisdiccional de Alanís, quien está envuelta en un nuevo escándalo al ser pillada en una subrepticia reunión, el 9 de marzo, para presuntamente pactar con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto que el TEPJF lo exonere de violar la Constitución, como lo resolvió el Instituto Federal Electoral (IFE).

El elenco reunido en la casa de Alanís en una comida –no en una cena, como aclaró a sus compañeros magistrados– revela el signo de sus relaciones: El consejero del IFE Marco Antonio Baños, su exsocio en la empresa de consultoría Demos e identificado como allegado al senador Manlio Fabio Beltrones, y el expriista Enrique Ochoa Reza, aspirante a consejero y subordinado suyo en el TEPJF.

Otros asistentes priistas fueron los diputados federales Luis Videgaray, coordinador de campaña de Eruviel Ávila, candidato a suceder a Peña Nieto como gobernador del Estado de México, y Sebastián Lerdo de Tejada, representante de su partido ante el IFE y hermano de Fernando, empresario que cobra 240 mil pesos mensuales por asesorar a Alanís en cabildeo político y medios de comunicación.

Un quinto comensal de esa reunión, quien el miércoles 30 se reunió con Alanís para solicitarle que se excuse del juicio a Peña Nieto, según confirmó la propia Alanís a la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN), fue Frank del Río, uno de sus amigos que supuestamente opera, junto con Benito Neme Sastré, a favor del gobernador priista.

La revelación por el diario Reforma de ese sigiloso encuentro en el penthouse de Alanís, puesta bajo sospecha por el PAN –que la ha apoyado por impulso de Margarita Zavala, su amiga desde la niñez–, la obligó a proceder de manera equívoca y causó disgusto entre magistrados.

Cuando, el viernes 17, ese diario publicó en la columna institucional Fray Bartolomé detalles de la reunión, Alanís inició un periodo vacacional hasta el día 22, pero regresó a su oficina un día antes, cuando en la columna Tolvanera, de Roberto Zamarripa, con el título de La cena, se añadieron detalles del encuentro.

Sin importarle que el magistrado Alejandro Luna Ramos estaba en funciones de presidente del TEPJF por ministerio de ley, Alanís comenzó a impartir instrucciones para frenar el escándalo, como el envío de cartas al diario a través del coordinador de Comunicación Social, Octavio Mayén, pero magistrados como Flavio Galván le reclamaron.

–¡Yo soy la presidenta! –dijo.

–No estabas en funciones –le aclaró Galván–. ¿No sabes lo que es ser presidente por ministerio de ley?

–Perdón, me equivoqué –reconoció luego de una larga discusión.

El martes 22, dos días antes de que el PAN se lo solicitara formalmente, Alanís planteó a los magistrados, en sesión privada, excusarse de intervenir en el caso, del que es ponente, lo que internamente se interpreta como una argucia para no comprometerse con Peña Nieto, como lo ha hecho en casos en los que simplemente se ausenta.

Entre estos asuntos destacan la ratificación de multas a las televisoras, las impugnaciones del PAN en elecciones estatales o recursos promovidos por los adversarios de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que la apoya.

Por lo pronto, como se lo dijo Gustavo Madero, presidente del PAN, este partido desconfía de ella, pese a que, en la reunión del miércoles por la mañana, negó que en la reunión con los priistas y el consejero Baños se haya pactado exonerar a Peña Nieto.

El diputado federal Agustín Castilla, testigo de la reunión de la cúpula del PAN con Alanís, revela: “Maricarmen nos dijo: ‘Niego categóricamente lo que se me imputa de que hubo acuerdo e incluso ofrecimientos económicos. Es falso. Es una reunión como tengo muchas. A lo mejor no fue pertinente, se puede discutir’”.

Castilla dice que de todas formas la magistrada está en una encrucijada: “Si se excusa, habrá quien piense que está dando la razón a los argumentos que dicen que en esa reunión se trató el asunto del Estado de México; si no lo hace, también podría pensarse que tiene algún interés respecto al asunto”.

Pero, dice, aun “si el tribunal confirma la resolución del IFE habrá quien piense que se dejó presionar o que podría tener un acercamiento con el PAN; si revoca la resolución, se interpretará que confirma un acuerdo en el marco de esta reunión con representantes del PRI”.

Dispendios

El TEPJF puede revocar o ratificar que Peña Nieto violó el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos para promoción personalizada, y el artículo 128 del Cofipe por pagar spots de televisión de cobertura nacional con motivo de su quinto informe de gobierno, como lo resolvió el IFE el 18 de enero. Más allá de cuál sea el fallo, Alanís afianza su poder dentro y fuera del TEPJF sin escatimar recursos.

Apoyada en los 2 mil millones de pesos de presupuesto del TEPJF para este año, Alanís ha hecho más obesa a la institución para colocar en la estructura laboral a sus amigos o de los magistrados, así como para pagar jugosos contratos a empresas y personajes vinculados a ella.

El objetivo: Reelegirse, en agosto, como presidenta del TEPJF que calificará la elección presidencial –en la que prevé participar Peña Nieto– para luego ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde goza de la amistad de ministros como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y Fernando Franco.

La austeridad no va con Alanís: cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, en agosto de 2007, luego de que Galván presentó su renuncia “por motivos de salud”, la institución tenía una plantilla de 886 plazas, pero para marzo de 2011 suman más de mil empleados.

Pese a contar con un equipo de comunicación social, con 43 servidores públicos, Alanís destina multimillonarias sumas en asesorías en la materia: Por ejemplo, otorgó un contrato a Estrategia Total, empresa de cabildeo propiedad de Fernando Lerdo de Tejada que, sólo para 2011, asciende a 2 millones 784 mil pesos, a razón de 232 mil pesos mensuales por “servicios de asesoría en comunicación de información estratégica”.

Poco menos de esa cantidad, y para un contrato bianual, le paga a la agencia Ferrer y Asociados para asesoría para campañas de difusión: un total de 2 millones 180 mil pesos.

Amigo de Alanís, el exconsejero electoral Rodrigo Morales Manzanares obtuvo un contrato, vigente de marzo a diciembre del año pasado, por 809 mil pesos, por “servicios profesionales consistentes en la consultoría en materia electoral”.

Por “servicios de consultoría”, de junio a septiembre, el TEPJF pagó a Rafael Corona Funes 290 mil pesos. Y a la asociación civil Inclusión Ciudadana le otorgó 527 mil pesos para “desarrollar el proyecto Niñas y Niños como Yo”.

A cada uno de los miembros del Comité Editorial del TEPJF, que se reúnen ocasionalmente, se le paga casi 150 mil pesos. Entre ellos destacan Lorenzo Córdova Vianello, Álvaro Arreola y Rafael Estrada Michel.

El Tribunal Electoral, incluso, destinó 50 mil 270 pesos al mantenimiento del receptor de la alerta sísmica.

Otro dato: El TEPJF pagó 6 millones 300 mil pesos al escultor Enrique Carvajal González, conocido como Sebastián, por una escultura denominada “Los caminos de la justicia hacia el siglo XXII”, como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. La escultura fue donada a la UNAM y se levanta junto al estadio de Ciudad Universitaria.

Los amigos

La nómina del TEPJF ha crecido, también, porque Alanís ha consentido que los magistrados contraten amigos y familiares. Ella misma, quien devenga un salario de medio millón de pesos mensuales, ha usado la institución para ampliar sus vínculos políticos.

Alanís contrató como jefe de departamento a Ramón Patiño Muñoz, hijo del director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño Manffer, quien forma parte del Comité Académico del TEPJF.

Presuntamente a petición de Alanís, Patiño Manffer firmó una carta a nombre de la Facultad de Derecho para respaldar a Ochoa Reza –quien se desempeña como director del Centro de Capacitación Electoral del TEPJF– como aspirante a consejero electoral.

Junto con Ochoa Reza, quien fue uno de los asistentes a la comida con emisarios de Peña Nieto, Alanís impulsa para el Consejo General del IFE a Cecilia Tapia Mayans, coordinadora técnica administrativa de esa institución, y a Leonardo Duque Roquero, quien fue su socio en la empresa de consultoría Demos, junto con Marco Baños, el otro comensal.

En marzo de 2007 Alanís dejó de ser socia de Demos al venderle su parte accionaria a Emilio Rabasa Gamboa, su esposo y allegado a Manlio Fabio Beltrones, y al año siguiente, en abril de 2008, esta empresa de consultoría fue liquidada.

En junio de ese año también renunció a la empresa Asistencia y Capacitación Electoral, en la que era socia de Jorge Alcocer Villanueva, e hizo lo mismo en la asociación civil Sueños y Quimeras, dedicada “a todo tipo de servicios profesionales en materia de consultoría”.

Alanís impulsa también a Jacinto Silva Rodríguez, magistrado de la sala regional del TEPJF con sede en Guadalajara, Jalisco, quien goza del apoyo de Calderón, pero también de la organización ultraderechista de El Yunque. De hecho, según información de esa sala regional, Jacinto Silva, quien aspiró a ser magistrado de la Sala Superior del TEPJF, se despidió del personal la semana antepasada, dando por hecho que será uno de los tres consejeros electorales.

Como parte de sus relaciones políticas, que le han permitido mantener el control del TEPJF, Alanís también contrató al actuario Fernando Ojesto Martínez Manzur, adscrito a la Secretaría de Acuerdos del TEPJF e hijo del exmagistrado Fernando Ojesto, quien es su asesor de tesis de doctorado y allegado a Benito Neme, uno de los operadores de Peña Nieto.

Ojesto es amigo de Benito Neme Sastré, colaborador de Peña Nieto, y allegado a Frank del Río, otro de los asistentes a la reunión en casa de Alanís, hijo de Carlos del Río Rodríguez, expresidente de la SCJN.

La presidenta del TEPJF tiene como secretaria privada a Tatiana Hernández Velásquez, cuyos parientes son supuestamente propietarios de la empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V., proveedora de papelería a las autoridades electorales.

Con el aval de Alanís, hay magistrados que contratan a parientes y amigos directamente o a través de sus colegas, como es el caso de los magistrados Luna Ramos y Pedro Penagos López, quienes en una primera ronda votaron en contra de Alanís para presidenta en agosto de 2007, propuesta por el magistrado Manuel González Oropeza.

Con Luna Ramos trabajan Juan Carlos López Penagos, secretario de estudio y cuenta, y Armando Penagos Robles, secretario auxiliar, ambos familiares del magistrado Penagos López.

Y con éste labora Francisco Belisario Luna Ramos, secretario de ponencia, hermano del magistrado Luna Ramos. Otro familiar del magistrado Penagos, Adriana Penagos Robles, es auxiliar de mandos medios en la coordinación de relaciones con organismos electorales.

Penagos López, quien ha dejado ver que busca disputar a Alanís la presidencia del TEPJF, contrató como secretario de ponencia a Jorge Alberto Orantes López, hermano de la senadora María Elena Orantes, quien aspiró a la secretaría general del PRI y se dice allegada a Beltrones y Peña Nieto.

Por su parte, el magistrado Constancio Carrasco Daza contrató a José Luis Ceballos Daza, secretario de estudio y cuenta, supuestamente su pariente.

Así, con esta red de relaciones, Alanís busca reelegirse como presidenta del TEPJF en una sesión que deberá llevarse a cabo el 5 de agosto, porque en esa fecha concluye el periodo del magistrado Flavio Galván, quien presentó su renuncia por motivos de salud...

1 mil 226 niños, asesinados en la “guerra” de Calderón

Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y “declaró” una “guerra” contra el narcotráfico, han muerto 1 mil 226 niños y niñas en fuego cruzado y ataques directos. Tan sólo durante las primeras siete semanas de 2011, 52 menores perdieron la vida en hechos de violencia. Casi un niño muere a diario, revelan estudios de la Red por los Derechos de la Infancia en México. El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, el panista Guillermo Tamborrel, culpa a los padres “que no se paran en los retenes” del Ejército

Isabel Argüello

Karen Yazmín Córdoba Chaparro, de 16 años, fue asesinada el 31 de enero de 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua; la menor contaba siete meses de embarazo. Su caso, como el de dos adolescentes más (Evelyn Salinas Palma, de 14, y Flor Estefanía Ontiveros, de 15), se suma a la lista de “las muertas de Juárez”, pero también a la de los homicidios relacionados con la “guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón Hinojosa.

Ejecutados y calcinados, Brayan, de ocho años, y su padre Fidel Andrade murieron la noche del miércoles 16 de febrero en el fraccionamiento Villa Colonial, Chihuahua. Fueron perseguidos por un comando armado. Cuando fueron alcanzados, sus atacantes incendiaron el automóvil. Un tercer pasajero resultó herido.

Esmeralda Lozoya Real y las hermanas Karen y Briseida Barraza Carrasco –de 12, 14 y 15 años, respectivamente– fueron asesinadas mientras jugaban en el patio de su casa la noche del 23 de febrero. La Fiscalía General de Chihuahua se apresuró a “informar” que el padre de las niñas “vendía droga”.

El senador panista Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, afirma que en México se respetan los derechos de la ciudadanía, en especial de la niñez. “Cuando esto no se da, cuando vemos casos en que, por ejemplo, hubo un menor que muere acribillado, es porque el papá no se paró en el retén. Ahí la responsabilidad es del papá, y es él quien está violentando los derechos del niño; con todo respeto”.

De acuerdo con la Presidencia de la República, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, 34 mil 612 personas han sido asesinadas en hechos en que estaría vinculada la delincuencia organizada. De ese total, 1 mil 226 son niños, niñas y adolescentes que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, revela la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En los estados en que aumentó la tasa de homicidios dolosos –Baja California, Chihuahua, Durango y Sinaloa–, también subió el índice de muertes infantiles. “Para subrayar la importancia de la cifra, es suficiente comparar los 503 niños y niñas muertos desde 2000 hasta 2006 con los 994 muertos en los últimos tres años y 10 meses”, indica la Redim en el informe Infancia y conflicto armado en México.

Verónica Morales González, responsable de Comunicación Estratégica de la Redim, explica que el estudio fue editado a mediados de 2010, cuando se contabilizaban 994 niñas y niños asesinados. De entonces y hasta el 23 de febrero, 232 más perdieron la vida, de acuerdo con un análisis hemerográfico de la organización. Tan sólo durante los primeros 54 días de este año, 52 menores fueron asesinados: en México casi un niño muere a diario en hechos relacionados con la “guerra” contra el narcotráfico.

En el informe, se documenta el asesinato de Elizabeth Martínez, de dos años de edad, en un enfrentamiento entre el Ejército y delincuentes (diciembre de 2009); la masacre de 29 adolescentes y jóvenes en Ciudad Juárez (enero y octubre de 2010); 10 jóvenes, siete de ellos menores de edad, en la sierra de Durango (marzo de 2010); Martín y Bryan, de nueve y cinco años de edad, que fallecieron por impactos de bala en Nuevo Laredo, Tamaulipas (abril 2010); y los casos de una niña de ocho años, su hermano de 12 y su madre que murieron por fuego cruzado en Acapulco, Guerrero (abril de 2010).

Para el panista Sergio González Hernández, secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, México está siendo agredido por grupos que pretenden vivir al margen de la legalidad y buscan imponerse como un poder de facto, ajeno a las instituciones del Estado. Afirma que la seguridad es una prioridad del gobierno de Felipe Calderón, quien ha actuado con “responsabilidad”.

Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, está de acuerdo con la “guerra” iniciada por Felipe Calderón luego de asumir la Presidencia de la República en diciembre de 2006. Considera que la alternativa que han dado “otros” al problema del narcotráfico es dejar que las drogas avancen. “Si alguien tiene una estrategia mejor, pues que la ponga sobre la mesa; pero lo que no se vale es señalar y lucrar con la vida de estos casi 1 mil menores. No se vale rasgarse las vestiduras, no se vale hacer esos señalamientos sin tener una información completa”.

El pasado 31 de enero, ante el Comité de los Derechos del Niño de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, aseguró que en México no hay un conflicto armado, por lo que se “cumple plenamente” el Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados y el derecho internacional humanitario.

El funcionario destacó que en México existe la posibilidad de que los adolescentes de 16 y 17 años hagan su Servicio Militar Nacional (SMN), pero “de manera estrictamente voluntaria bajo las premisas de plena información, consentimiento del padre o tutor y a petición”, tales condiciones aplicables a los alumnos de las escuelas militares, quienes “realizan actividades como técnicos mediante contratos específicos con el Ejército que pueden ser rescindidos también de manera voluntaria”.

La vicepresidenta del Comité, Rosa María Ortiz, entonces declaró que la legislación mexicana debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin que se les criminalice o se ejerza violencia estatal. “Los siete niños desaparecidos del hogar Casitas del Sur, los asesinatos de niños víctimas de crímenes que estaban protegidos y en rehabilitación, la muerte de 49 niños por el incendio en la Guardería ABC en Sonora, cuyos padres siguen reclamando justicia, son una triste prueba de un sistema con graves falencias y que, sin embargo, deben responder a este Protocolo sobre venta de niños”.

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de la OACNUDH –en el documento Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 8 de Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados– lamenta el clima de violencia que impacta significativamente en los derechos y la vida de los niños en México. De las 38 recomendaciones que el organismo internacional realiza al gobierno, destacan: establecer un método para recopilar información y datos estadísticos acerca de la aplicación del Protocolo Facultativo, y abrogar el artículo 25 de la Ley del Servicio Militar para evitar que menores de edad puedan ser reclutados en escuelas militares o para que realicen su SMN. Las autoridades federales deberán presentar nuevamente un informe el 20 de abril de 2011.

En conferencia de prensa celebrada el 16 de febrero pasado, Fernando Viveros García, miembro de la red internacional End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes en México, criticó la actitud del gobierno mexicano respecto de los derechos de los niños. “Los informes del gobierno, las respuestas a las preguntas del Comité por escrito y la sustentación de manera directa y personal con el Comité sólo reflejan la ignorancia y el poco compromiso del gobierno y, en general, del Estado mexicano con las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”.

Niños, involucrados por la Sedena en la “guerra” contra el narco

Los primeros tres artículos del Protocolo Facultativo establecen que ningún menor de 18 años puede participar directamente en “hostilidades”. No obstante, el Tercer informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que, del 25 de mayo al 1 de agosto de 2009, 314 voluntarios del SMN formaron un grupo para erradicar cultivos de amapola y mariguana en Michoacán.

Ante los datos, el senador panista Guillermo Tamborrel considera que sumar a los jóvenes desde esa edad a la lucha contra los enervantes es “positivo”, porque no sólo los llevan, sino que les muestran cuáles son los efectos de consumirlos. “Si los militares toman la decisión de que los jóvenes contribuyan a ese combate, la cuestión legal está solventada”.

En 2009, 5 mil 609 integrantes del Sistema Educativo Militar –incluidos directivos, docentes, discentes y apoyo de diversos servicios– realizaron actividades de erradicación en Sinaloa, del 15 de junio al 4 de julio. “Es la primera vez que se involucran jóvenes alumnos de las escuelas militares en tareas de lucha contra el narcotráfico, demostrando cómo esas tareas ‘temporales’ del Ejército han adquirido una importancia tal”, precisa el informe de la Red.

“Que los jóvenes estudiantes participen en la localización y destrucción de enervantes es parte de esa vinculación permanente que debe de existir en este tipo de educación y, además, el adiestramiento del orden militar. Estas acciones permiten a los egresados tener esa lealtad con el país; por eso vemos un Ejército comprometido con las causas de México. Si bien los intereses y este tipo de actividades pudiera pensarse que se salen un poquito de los paradigmas que se manejaban en años anteriores, creo que la participación de esos soldados que están cumpliendo con un servicio militar no está fuera de la ley”, considera González Hernández.

De diciembre de 2006 a julio de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 4 mil 35 quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de militares (ocho en 2006; 376 en 2007; 1 mil 143 en 2008; 1 mil 644 en 2009, y 864 durante el primer semestre de 2010). Al respecto, el diputado Sergio González reconoce que es posible que se violen derechos fundamentales de las personas; pero justifica: “Ante todo, se debe garantizar la seguridad pública”.

La Redim indica que, en el mismo periodo, 3 mil 664 adolescentes han sido detenidos en operativos federales contra la delincuencia organizada. “Si no se les presentan opciones a los jóvenes y no se les da la oportunidad de que tengan una mejor calidad de vida, elegirán la puerta falsa, porque es lo único que tienen a su alcance. La actual política económica ha excluido a los jóvenes de las oportunidades de educación, salud y empleo; por lo tanto, no nos extrañemos que este sector se pueda convertir en terreno fértil para incorporarse al crimen organizado”, comenta Mary Telma Guajardo Villarreal, secretaria de la Comisión Especial para la Niñez de la Cámara de Diputados.

Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Redim, explica que no ha tenido ningún contacto con las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional ni con otras áreas encargadas de la seguridad pública y nacional del país, a pesar de haber solicitado una reunión de trabajo con las dependencias. “El tema central, más allá de la buena voluntad y disposición de las personas (refiriéndose a Cecilia Landerreche y a Margarita Zavala), es cómo hacemos que esto sea institucional y que tengamos un banco de ley que fuerce a todos a cumplir con lo que establece el Comité”.

Contralínea solicitó entrevista con María Cecilia Landerreche Gómez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y con Victoria Adato Green, directora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Fuente: Contralínea 225 / 20 de marzo de 2011

México, niños violentados y sin derechos

México se perfila para ser uno de los países en los que más violencia se ejerce contra niños y adolescentes. El maltrato físico y el homicidio se han convertido en una de las principales amenazas para esta población. Hasta 2009, el DIF había comprobado más de 20 mil casos de maltrato infantil. Pese a las cifras, no hay un sistema integral de protección de derechos de la infancia, y las entidades responsables no tienen atribuciones suficientes para garantizar la seguridad de niños y adolescentes.

Paulina Monroy

El ensayo temático La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advierte que el país asciende rápidamente en la lista mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niños y adolescentes que va desde el maltrato físico hasta el homicidio.

México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

De reciente publicación, el reporte apunta que la violencia más extendida en el país es el castigo corporal con fines disciplinarios, seguido por el maltrato infantil físico y sicológico, la omisión de cuidados y los tratos humillantes. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registra más de 20 mil casos comprobados de maltrato infantil a través de sus instancias estatales.

En México, señala la Redim, aún no existe una legislación profunda que regule y proteja a niños y niñas en contra de la violencia. Dentro de los motivos, ubica el escaso conocimiento sobre los derechos de la infancia, la ausencia de datos estadísticos que permitan analizar las causas y efectos de la violencia y la falta de mecanismos de participación infantil que promuevan la opinión, exigibilidad o denuncia.

Respecto del número de casos, asegura que es difícil cuantificarlos debido al subregistro por factores externos, como la ilegalidad de este tipo de actividades y a elementos subjetivos o de interpretación de la agresión que no siempre permite identificar, distinguir y reconocer la presencia de violencia.

El Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas 2007 define ésta como el maltrato o la vejación de menores de edad que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales que originen un daño real o potencial para su salud, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

“La exposición temprana a la violencia –enuncia Paulo Sérgio Pinheiro– es crítica porque puede tener un impacto en la arquitectura del cerebro en proceso de maduración. En el caso de exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, la perturbación del sistema nervioso e inmunológico puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales.”

México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos de los Niños que establece que “los países miembros deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o trato negligente, de maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a su cargo”.

En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas se dijo preocupado por el elevado número de casos denunciados de violencia en el hogar y abuso de niños, la falta de medidas preventivas y de combate a estas prácticas. Por ello, recomendó al gobierno mexicano intensificar sus esfuerzos para elaborar un sistema que facilite la reunión de datos sobre los niños menores de 18 años que necesitan protección especial.

Además, sugirió en temas como la tortura, el abuso, el descuido y los malos tratos que se adopten medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia, que se investiguen debidamente los casos y que se asegure que los niños víctimas reciban protección y servicios adecuados para su recuperación y reintegración social.

De manera específica, propuso que se enmendaran las leyes federales y estatales para asegurar la prohibición del castigo corporal en todos los entornos, así como que se tipificaran como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños.

Mientras en México no exista un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia y el Sistema para el DIF carezca del marco legislativo, recursos y diseño institucionales adecuados, niños y adolescentes seguirán viendo altamente vulnerados sus derechos, advierte la Redim.

Maltrato físico, en la impunidad

El DIF recibió, en 2009, 22 mil 129 denuncias por maltrato infantil. Aunque existan pruebas en los casos, la Redim admite desconocer la razón por la que son tan pocos los llevados a las autoridades judiciales. Y es que la relación entre la comprobación de las acusaciones recibidas y las presentadas a las autoridades judiciales es mínima.

En La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, ejemplifica que, en Oaxaca, el segundo estado con más denuncias realizadas, de más de 4 mil acusaciones, sólo 75 son comprobadas ante el Ministerio Público. Mientras que en Colima, únicamente el 0.76 por ciento sigue un procedimiento jurídico o penal, aun cuando es el estado donde hay una mayor comprobación de casos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reconoce la insuficiencia en el registro y recomienda construir políticas públicas que permitan ampliar las posibilidades de denuncia de casos de maltrato infantil para conocer con precisión su magnitud, con atención especial a niñas, y dar la atención necesaria a las víctimas de violencia.

El maltrato físico es el tipo de violencia contra menores de edad de mayor incidencia en el centro del país. En 2009, se contaron 15 mil denuncias y únicamente el 52 por ciento se comprobó y el 21 por ciento siguió un procedimiento jurídico o penal. La asociación civil expresa que si bien se generan más esfuerzos judiciales, éstos siguen siendo insuficientes.

Dentro de la región, el Estado de México es donde hay más denuncias realizadas: 3 mil 700 en 2009, de las que únicamente el 10 por ciento fue llevado al Ministerio Público. A su vez, Querétaro tiene el primer lugar en la comprobación del delito; el 95 por ciento de las imputaciones resultó cierta en 2009. La asociación civil se lo explica de dos maneras: el que los mecanismos de atención de denuncias son eficaces o el que los casos denunciados sean aquéllos donde el maltrato es evidente y la denuncia resulta la última salida.

Del Noroeste del país, Nuevo León es el estado que presenta la distancia más importante entre las denuncias de maltrato recibidas, los casos comprobados y los que siguieron un procedimiento jurídico o penal. Tiene un porcentaje mínimo de denuncia ante la autoridad, aun cuando los casos son significativos, por lo que, advierte la asociación civil, “los mecanismos de atención y seguimiento no están funcionando adecuadamente”.

Muertes por violencia

La expresión última y más severa de las lesiones por violencia es el homicidio y el suicidio. En México, las muertes por violencia constituyen el 3 por ciento de las defunciones totales. Entre la población de cero a cuatro años, es una de las 20 causas principales de muerte. De acuerdo con el Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas, la población menor de 18 años y los bebés son quienes se encuentran en mayor riesgo de sufrir muerte por homicidio.

“En el caso de los niños en la primera infancia –explica la Redim–, este tipo de muerte puede ser encubierto en la mortalidad infantil por causas naturales y por no ser reportado como muertes provocadas; por ende, quedan dentro del subregistro que hace tan difícil el seguimiento y tratamiento de la violencia contra niños.”

Al año, en el país se registran 153 muertes por homicidio en niños de cero a cuatro años y 419 en adolescentes de entre 15 y 17 años. La región Noroeste del país es la que presenta la tasa de mortalidad por homicidio más alta en menores de cuatro años; Chihuahua es la entidad donde la incidencia es mayor, que de 2000 a 2008 registró 40 muertes. Sin embargo, comenta la Redim, “no hay cifras claras sobre niños víctimas indirectas de la ola de violencia en Chihuahua, es decir, a huérfanos de uno o dos padres que ha dejado esta guerra contra el crimen”.

Bullying y castigos en escuelas

El 2 de marzo de 2010 Mayra Vanessa Martínez, de 10 años fue encerrada en un salón con candado por 19 horas como castigo impuesto por la profesora María Dolores Servín. A su madre no le permitieron el acceso a las instalaciones de la escuela Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Uruapan, Michoacán, y le negaron que su hija estuviese dentro. Cuando ella dio parte a las autoridades, el director y la plantilla docente encubrieron a la profesora.

Violencia de género contra niñas

El ensayo La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales expone que especialmente las niñas están en una situación de vulnerabilidad, marcada por la desigualdad y violaciones a sus derechos como parte de su cotidianidad.

De acuerdo con la Encuesta nacional de la violencia contra las mujeres 2003, una de cada cuatro mujeres dijo haber tenido una relación violenta en su vida. El 42 por ciento de las entrevistadas fueron golpeadas en su niñez por sus padres o familiares. Apunta que existen muy pocas cifras que reflejan la magnitud y características específicas de la violencia basada en género en menores de 15 años.

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