Publicidad de gobierno: la ruta judicial

Proceso. Publicidad mínima.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F. (Proceso).- He preparado una obra, que lleva ya dos ediciones, sobre publicidad oficial. Algunas organizaciones de la sociedad civil han hecho campañas a efecto de que haya racionalidad a propósito del mismo tema. Se ha reformado el artículo 134 constitucional, que limita el alcance y contenido de la publicidad pagada con recursos públicos. Se han presentado diversas iniciativas de ley desde hace algunos años sobre la materia que no han sido dictaminadas. Lo cierto, a fin de cuentas, es que a pesar de que cada día más estamos de acuerdo en los argumentos para eliminar esta forma de censura sutil, el Estado ha predicado, pero no ha practicado nada.

Por esa razón, Proceso inició un litigio estratégico, coordinado por la doctora Perla Gómez Gallardo y yo, a fin de generar incentivos legales para legislar respecto a este rubro, de suerte que los criterios de equidad y de mercado primen sobre la filiación política de los medios de comunicación y se mantenga a salvo el ejercicio de las libertades de expresión e información. Veamos qué ha pasado hasta ahora.

Primero. Con todos los augurios en contra, por lo inexplorado del camino legal, se decidió ejercer el derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional a un número aleatorio de dependencias de la administración pública centralizada, incluida la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, entre los días 24 de septiembre y 4 de octubre de 2010. El director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, formuló, a efecto de obtener pronunciamiento fundado y motivado, proveniente de autoridad competente y por escrito, los siguientes puntos:

a) ¿Cuál es la normatividad que rige la contratación de publicidad en medios de comunicación impresos, por parte del gobierno federal; b) ¿Cuáles son los criterios específicos que aplica el gobierno federal para contratar publicidad en medios de comunicación impresos?; c) ¿Qué órgano del gobierno federal se encarga de que la normatividad y criterios referidos sean observados en la contratación de publicidad en medios de comunicación impresos, y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento?; ¿ha habido sanciones por su inobservancia?; d) ¿Cuáles son las razones por las que el gobierno federal ha venido contratando una cantidad de publicidad mínima al semanario de información y análisis Proceso, a pesar de que, de conformidad con información contenida en el portal del Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, cuenta con un promedio de circulación pagada de 75 mil 878 ejemplares semanales, cantidad superior a la de otros medios de comunicación impresos que se han visto beneficiados por el gobierno federal?; y e) ¿Cuáles son los requisitos que debe cubrir el semanario de información y análisis Proceso para que el gobierno federal aumente la contratación de publicidad en dicho medio impreso, en los subsecuentes meses? Sobra decir que, en sus respuestas, la autoridad tiene la obligación de “fundar”; es decir, citar normas legales exactamente aplicables al caso y “motivar”; en otras palabras, argumentar racionalmente que la conducta específica está lógicamente relacionada con la norma jurídica invocada. Esto es lo que se conoce como principio de legalidad, el que toda autoridad tiene el deber ineludible de cumplir.

Segundo. El artículo 8 constitucional dispone que la autoridad debe responder a la petición en “breve término” y por escrito. La Suprema Corte ha establecido que la idea de “breve término” se satisface como regla en cuatro meses. Las autoridades respondieron la petición entre los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011, pero lo hicieron sin observar los principios de legalidad, con respuestas genéricas, ininteligibles y uniformadas, de manera que se presume la utilización de un formato único para salir del paso. Ante la insatisfacción por las respuestas, el director de Proceso interpuso tres demandas de amparo indirecto en contra de las contestaciones del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, del director general de Comunicación Social de la Secretaría de la Reforma Agraria, y del jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social.

Todos los casos (expedientes: 22/2011, Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 48/2011, Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y 69/2011, Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal) fueron resueltos positivamente para la revista Proceso, con lo cual se obtuvo el amparo y la protección de la justicia federal a efecto de que las autoridades ajustaran sus respuestas conforme a derecho.

En ese lapso, diversas dependencias y entidades de la administración pública federal ofrecieron anunciarse en el semanario, en cuyo caso las demandas hubieran podido quedar sin materia. En una difícil y honrosa decisión, porque el dinero nunca sobra, el director de Proceso decidió anteponer el interés público, seguir con el proceso judicial y no aceptar la publicidad ofrecida.

Tercero. Las autoridades a las cuales se hicieron las peticiones interpusieron sendos recursos de revisión, ante el Tribunal Colegiado de Circuito, contra las resoluciones de los jueces de Distrito. Con número de expediente R.A. 209/2011, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió confirmar la resolución del juzgador de Distrito que otorgó amparo definitivo a Proceso.

El 14 de julio pasado, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la Secretaría de la Reforma Agraria respondió de manera parcial al omitir un punto central relativo a las razones legales que habilitan a la dependencia para dar un tratamiento diferenciado a Proceso respecto a otras publicaciones que tienen, de acuerdo con datos oficiales, un tiraje menor. La respuesta de la SRA reconoce expresamente que no existen criterios de asignación de publicidad, e invoca acuerdos y tratados internacionales inaplicables al caso concreto, razón por la cual sigue sin cumplir la ejecutoria del órgano jurisdiccional y abre firmemente la posibilidad para que su director de Comunicación Social sea sujeto de responsabilidad administrativa al actuar bajo la lógica de la costumbre y no del estricto cumplimiento de la ley.

Siguen, por supuesto, otros pasos legales que dará Proceso. Por lo pronto, este caso está generando un precedente judicial para no dejar sin atención la necesidad de elaborar una ley de transparencia y equidad de publicidad oficial.

ernestovillanueva.blogspot.com
Twitter: @evillanuevamx

Millonarios litigios con el poder del poder

Diego Fernández de Cevallos, quien hizo grandes favores al priismo y acumuló un poder notable en el panismo, aprovechó su situación privilegiada para amasar una fortuna a base de litigios que, como abogado, ganó a sus correligionarios del gobierno. Los polémicos pero sustanciosos triunfos legales que ha obtenido, aun en contra del erario, le llenaron las arcas con cantidades multimillonarias...

Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos

Carlos Acosta Córdova

Aun cuando el secuestro con fines de obtener un jugoso rescate era, hasta el cierre de esta edición, sólo una sospecha en el caso de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, nadie duda de que el polémico abogado y exlegislador panista es un apetecible bocado para la delincuencia organizada, toda vez que ha acumulado una cuantiosa riqueza a partir de sus resonantes triunfos como litigante a favor de grandes intereses económicos, aun en detrimento del erario.

Además de su cercanía con el poder político y los favores hechos a los gobiernos priistas –particularmente al de Carlos Salinas, por quien operó entre el panismo para que se aprobaran la reprivatización bancaria, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y las reformas constitucionales en materia eclesiástica, entre otras; mientras que a Ernesto Zedillo le ayudó para que el PAN avalara el rescate bancario–, es sabido que el llamado Jefe Diego usó y abusó del poder y las influencias que le daban su condición de diputado y senador para salir airoso en procesos judiciales en los que defendió a grandes consorcios y a familias acaudaladas.

Uno de los casos más sonados y escandalosos por su monto fue el de la empresa Jugos del Valle, que desde 1996 –en el gobierno de Zedillo– había solicitado una jugosa devolución de impuestos. Ninguno de los varios bufetes de abogados contratados por la empresa pudo hacer nada durante ese sexenio.

Pero apenas se le encomendó el caso al despacho de Diego –del que han sido prominentes miembros Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación; Arturo Chávez Chávez, actual titular de la PGR, y Antonio Lozano Gracia, quien todavía es parte del despacho y fue procurador general de la República en el gobierno de Zedillo–, sólo pasaron dos meses del inicio de la administración de Vicente Fox para que el panista queretano se alzara con un sonado triunfo.

Ya desde 1999 la Suprema Corte de Justicia había resuelto que el artículo 2-A de la Ley del IVA era inconstitucional, toda vez que hacía distinciones y discriminaciones entre alimentos semejantes, es decir, otras bebidas no pagaban este impuesto. El hecho es que, a pocos meses de que el despacho de Diego Fernández de Cevallos tomó el asunto, Jugos del Valle recuperó cerca de mil 800 millones de pesos. Por devolución de IVA, supuestamente mal retenido por Hacienda, fueron mil 540 millones, más otros 260 millones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Por ese litigio, Diego pudo llevarse entre 30% y 50% –según abogados consultados– de lo que la Secretaría de Hacienda reintegró a Jugos del Valle, en varias entregas pero a precios actualizados y con intereses sobre lo reclamado desde 1996.

Año y medio después, el hoy desaparecido político panista se anotó otro triunfo. Tomó el caso de los herederos de Gabriel Ramos Millán, quienes exigían a la Secretaría de la Reforma Agraria una indemnización por un predio de 33 hectáreas, en Santa Úrsula Coapa, que les fue expropiado en 1984.

Ya en 1997 los Ramos Millán se habían beneficiado de otra resolución judicial por un caso similar en una zona cercana. El entonces Departamento del Distrito Federal les pagó como indemnización de un predio expropiado de 25 hectáreas poco más de 11.1 millones de pesos.

Pero por el de Santa Úrsula, asumido por el despacho de Diego –en ese entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado–, los Ramos Millán recibieron alrededor de cien veces más de dinero. El juicio ganado a la SRA implicó que los Ramos Millán obtuvieran, un año después, mil 214 millones de pesos –y Diego, su jugoso porcentaje de comisión–, cantidad que era muy superior, inclusive, al propio presupuesto de la SRA.

La defensa legal que Diego hizo de la familia Ramos Millán –con el exorbitante pago que éstos recibieron– implicó que se enfrentara a su propio partido, particularmente con los senadores panistas. Y el resto de los partidos representados en el Congreso también se le fueron encima.

En julio de 2002 –cuando ya Diego y los Ramos Millán habían ganado el juicio a la SRA, pero todavía no se les pagaba–, el entonces diputado Felipe Calderón dijo que “el Estado no tiene dinero, y si lo tuviera, primero debe destinarse a resolver los problemas de miseria que hay en el país”.

También: “No tenemos dinero para todas las obligaciones del Estado, y el poco que hay tendrá que ser jerarquizado de acuerdo no sólo con criterios jurídicos o políticos, sino éticos”.

El perredista Alejandro Sánchez Camacho, entonces diputado local, acusó: “Legisladores como Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, y exfuncionarios de Acción Nacional, como Antonio Lozano Gracia, sólo utilizan su posición y la información privilegiada que ésta les permite para ganar importantes litigios contra dependencias gubernamentales, que representan pérdidas millonarias al erario”.

Fue tal el encono que suscitó Diego con ese triunfo legal contra el propio gobierno –primero de extracción panista– que senadores de su partido, encabezados por Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del hoy presidente de la República, presentaron en agosto de 2003 una iniciativa de reforma al artículo 62 constitucional para prohibir a diputados y senadores fungir simultáneamente como legisladores y abogados litigantes activos, y para, en general, “acotar la tentación de abusar de su posición de poder para sacar ganancias personales”, según se leía en la argumentación de dicha iniciativa.

La exposición de motivos de ésta señalaba que ni diputados ni senadores podrán desempeñarse “como abogados, apoderados, representantes o asesores de particulares en negocios o asuntos judiciales, por sí o por interpósita persona”.

Y si algún legislador –decía el texto– está interesado en litigar, podrá hacerlo, pero tendrá que pedir licencia al Congreso, ya que deberá dejar sus funciones legislativas mientras dure su nueva ocupación.

El asunto no pasó a mayores. El Jefe Diego se impuso. La iniciativa no logró el consenso y se envió a la congeladora. Los priistas fueron quienes más pugnaron por que no prosperara. El argumento: A nadie se le puede prohibir el derecho constitucional de desempeñar sus actividades profesionales.

Otros clientes

Otros grandes empresarios se han beneficiado de los exitosos servicios legales de Diego Fernández de Cevallos. Es el caso de las familias Autrey Maza y Ancira Elizondo, propietarios de Altos Hornos de México. Aun cuando ésta se encuentra en suspensión de pagos desde hace 10 años –no cubre a sus acreedores una deuda cercana a los 2 mil millones de dólares–, logró, gracias a los oficios del despacho de Diego, que una de sus subsidiarias –la fórmula que emplea para seguir operando a pesar de encontrarse en suspensión de pagos– pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad, bajo un contrato de 2 mil 400 millones de dólares.

Los bancos están igualmente dentro de la gran clientela del también excandidato presidencial panista –compitió con el priista Ernesto Zedillo y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1994–. En 2001 Diego logró que el entonces banco Bital, que se había fusionado al Banco del Atlántico, no pagara a Celia Reyes, michoacana de 83 años, los más de 45 mil millones de dólares que reclamaba por un depósito que había hecho en 1988, en el Atlántico, de 59 millones de viejos pesos. Dinero que nunca tocó, que se fue renovando automáticamente en plazos de 30 días y tasas de interés que a veces superaban el 100%. Ni un quinto de lo reclamado recibió la demandante.

Más recientemente, en agosto del año pasado, el despacho de Diego Fernández de Cevallos –cuando aún se encontraba en él Arturo Chávez Chávez, ahora procurador general de la República– obtuvo un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.

Resulta que dos grupos de ejidatarios de la localidad iniciaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió –a principios de los años ochenta– los terrenos donde se ubica la terminal marítima. Diego y su equipo consiguieron un amparo porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.

Diego y sus socios ganaron en esa instancia el juicio –el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Tamaulipas otorgó el amparo–, pero falta la sentencia definitiva.

En su momento, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas –militante del mismo partido que Diego– aseguró que el gobierno federal no está dispuesto a que se pague dos veces por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, el tercero en importancia del país.

Aseguró que la dependencia tomará todas las acciones de tipo jurídico para evitar que bajo el abuso de deficiencias técnicas en este y otros casos que hay en tribunales “se pretenda obtener ganancias incorrectas”.

“No estamos dispuestos a pagar mil 500 millones de pesos ni otra cantidad por un predio que ya se pagó a los ejidatarios”, dijo Molinar.

Y esos son, apenas, algunos de los numerosos y polémicos casos ganados por Diego Fernández de Cevallos, quien hoy, desaparecido, se halla en una encrucijada. l

Sectur y la SRA en el limbo

PATRICIA DáVILA

Casi un mes y medio después de que el presidente Felipe Calderón anunció en Los Pinos la desaparición de las secretarías de la Reforma Agraria (SRA), de Turismo (Sectur) y de la Función Pública (SFP), los empleados de esas dependencias aún ignoran su destino laboral.
Y mientras algunos tramitan su jubilación o su retiro voluntario, los dirigentes sindicales de la SRA y Sectur, Marcos Marín Chacón y José Carlos Navarro Valencia, respectivamente, advierten que esta “incertidumbre laboral” puede derivar en un problema social para la administración calderonista.
Marín Chacón esboza la situación: además de que perderán su empleo 6 mil 200 trabajadores de base y de confianza, con el desmantelamiento de la SRA no habrá quién se encargue de sofocar los más de 600 conflictos que hay en el país. Y si no se atienden con diligencia, advierte, “pueden convertirse en focos rojos”.
Y Navarro Valencia sostiene que resulta incongruente desaparecer Sectur, la dependencia que genera la mayor cantidad de divisas que entran al país: 14 mil millones de pesos.
Los entrevistados consideran que cuando anunció la desaparición de las tres secretarías, el 8 de septiembre, Calderón dijo que la medida tenía como propósito “fortalecer las finanzas públicas”, pero omitió hablar sobre el futuro de los trabajadores.
En el caso de la SRA las cosas son críticas. Aun con los rezagos en la dependencia que encabeza Abelardo Escobar Prieto, el funcionario no ha mostrado sensibilidad para atender las contingencias durante su gestión; tampoco se sorprendió con el anuncio del Ejecutivo federal.
Días antes del anuncio, 24 de agosto, durante la inauguración del Consejo y del Congreso del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la SRA, realizado en el auditorio de la FSTSE, Escobar Prieto afirmó: “Hay gentes que no conocen lo que hace la Secretaría de la Reforma Agraria, pero sus funciones son vitales”.
En ese acto se encontraban Marín Chacón y otros representantes del sindicato de la SRA, como Gerardo Rodríguez Benítez, secretario de Trabajo y Conflictos; Martín Badillo Rojo, segundo secretario de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, así como los delegados en los estados.
Ante ellos, el funcionario declaró: “Hemos encontrado más de 480 trámites que me están exigiendo que titule y me he negado a hacerlo, porque, señores, detectamos títulos de expedientes de La Paz, de un terreno de 80 hectáreas por el que pagaron 5 mil 180 pesos… ¡Yo no voy a firmar eso! ¡Jamás!”
Pese al asombro de sus interlocutores, Escobar Prieto continuó, retador: “Dijeron que iba a desaparecer la institución que atiende los conflictos agrarios. ¿Ahora quién los va a atender? Tenemos que atenderlos…”.
También habló de los cientos de demandas jurídicas que enfrenta la secretaría, incluso se jactó de que en los tres años de su gestión, la SRA ahorró alrededor de 8 mil millones de pesos al erario federal.
Interrogado sobre este aspecto, Marín Chacón sostiene que el panorama es crítico, pues al desaparecer la dependencia los problemas de regularización de los pueblos indígenas se agudizarán. Dice que esas comunidades se negaron a entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), por desconfianza.
“La contrarreforma agraria se inició en 1992, con la modificación al artículo 27 constitucional. Desde entonces se ha ido desmantelando la propiedad social y la derogación del derecho agrario”, expone el dirigente sindical.
–Aparte de las comunidades indígenas, ¿que más hay en juego?
–La soberanía del país.
Sueldos de burla
Martín Badillo Rojo, de la Comisión de Honor y Justicia del sindicato de trabajadores de la SRA, sostiene que el gran botín son los terrenos nacionales y baldíos aún incuantificables.
“De eso se quieren apoderar de la manera fácil, a través de un decreto expropiatorio que firma el presidente. Los bosques, playas, selvas, los yacimientos minerales… ¡Todo quedará menguado!, sostiene.
Y explica que la SRA se convirtió en un “botín” para los panistas. En julio del año pasado, recuerda, fueron cesados Wilfrido Du Solier Espinoza, responsable de la operación de los programas Joven Emprendedor Rural-Fondo de Tierras y de Fomento al Desarrollo Agrario (Formar), y Luis González, por desviar recursos de la dependencia a las empresas Agropraxis y Agroneros, en las que participaban las esposas de ambos.
Según Badillo Rojo, Du Solier Espinoza fue recomendado a la SRA por Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el Distrito Federal y sobrina de Margarita Zavala. El 1 de agosto de 2008, El Universal publicó una nota en la que informaba que Mariana recibía dinero de este funcionario para su partido.
Su compañero Gerardo Rodríguez Benítez, quien ocupa la cartera de Trabajo y Conflictos, recuerda que en el sexenio de Carlos Salinas el trabajador de base recibió un golpe brutal, cuando las autoridades amenazaron con reasignarlos a otros estados, 7 mil trabajadores prefirieron renunciar. Con Vicente Fox el hostigamiento continuó, hasta que la plantilla se redujo a 5 mil: 2 mil de base y 3 mil de confianza.
De acuerdo con el tabulador oficial, el titular de una secretaría gana 2 millones 461 mil 464 pesos al año, además de 791 mil 969 pesos en prestaciones económicas. Y en el caso de la SRA, los subsecretarios, el oficial mayor y los delegados estatales perciben 2 millones 279 mil 331 pesos, y 732 mil 782 pesos en prestaciones.
Estos sueldos son una burla si se comparan con los 5 mil 200 pesos que recibe en promedio un trabajador de nivel cinco cada mes. Al año, esas percepciones suman 79 mil pesos, más 58 mil pesos en prestaciones.
En Sectur la situación es similar. Navarro Valencia asegura que las tres subsecretarías creadas el sexenio anterior “se llevan la mayor parte de la nómina”, por lo que, dice, “si las desaparecen no pasa nada”.
Con el desmantelamiento de Turismo, el gobierno se ahorrará 4 mil millones de pesos al año, de los cuales alrededor de 25% se destina a los sueldos de los empleados de base, expone el dirigente. E insiste en que es una incongruencia del Ejecutivo federal suprimir la secretaría.
“La única forma de entender esta decisión es el interés que un selecto grupo de empresarios puede tener sobre los terrenos que maneja Fonatur. Este es un lado oscuro, sostiene Navarro Valencia.
Y se pregunta: ¿es que acaso el gobierno quiere seguir vendiendo tierras a los extranjeros? ¿Quién los va a investigar, si la Secretaría de la Función Pública también va a desaparecer?”
Navarro Valencia critica a Calderón porque, dice, “está persiguiendo a los más débiles, no a los poderosos; y aun cuando afirma que debemos hacer más con menos, yo le digo que en la Secretaría de Turismo lo estamos haciendo, cada vez somos menos trabajadores de base (la plantilla la conforman mil 216 empleados de base), contra 390 funcionarios, entre directores, subdirectores, quienes ganan hasta 20 veces más que un trabajador de base”.
A lo anterior, dice, hay que agregar el hostigamiento de personal de Gobernación en algunos estados como Coahuila y Nuevo León. En Monterrey, por ejemplo, afirma, trabajadores de Los Ángeles Verdes detectaron a Carolina Mireles, quien se identificó como funcionaria de esa secretaría y les comentó que estaba haciendo un “recorrido de observación”. ¿Acaso el gobierno está trabajando con secrecía?, cuestiona Navarro Valencia.
Y relata que en marzo de 2008 el director general adjunto de Asistencia y Auxilio al Turista, Israel Aguirre Cortés, respondió a los empleados de Chihuahua que le pedían aumento de sueldo que él no tenía la culpa de ganar 80 mil pesos al mes.
Consultados por la reportera, trabajadores de Sectur y la SRA admiten que viven en la incertidumbre, incluso han desplegado mantas en sus dependencias donde manifiestan su inconformidad por el intento del gobierno de desaparecer su fuente de empleo, incluso los de Turismo distribuyen volantes en los que increpan al mandatario: “¿Crees que desapareciendo la tercer fuente de divisas vamos a salir de la crisis?”

El decretazo del PNSP ¡2008!-2012

• De cadenas azules a cadenas mediáticas
• Más problemas para el PAN-DF

Marcela Gómez Zalce

El fundamento de la ley, mi estimado, no es la resolución sino la naturaleza. A escasos días de que comience la cadena de simpáticas visitas de altos funcionarios de la administración de Barack Obama a nuestro país, se ha desatado otra inédita cadena orquestada desde este (des)gobierno: la de los divertidos decomisos, la de las importantes capturas, la de las espectaculares recompensas, la del liderazgo mundial en la lucha antinarco y last but not least, la de la publicación del mentado Programa Nacional de Seguridad 2008-2012… dejando claro que el 2006 y el 2007 no estuvieron en la agenda del preocupado (por aquello de cómo se va desarrollando la construcción… pero de su casita) secretario García Luna.
Sí, my friend, más vale tarde que nunca, aunque el timing para su publicación en el Diario Oficial y que entrará en vigor hoy —o sea, 27 meses y 22 días después de comenzado el fantástico sexenio cuyo pilar, base, cimiento y pedestal ha sido su mal llamada guerra contra la organizada delincuencia— esté basado en la presión de las visitas oficiales de la secretaria de Estado Hillary Clinton, la titular del DHS, Janet Napolitano y el secretario de Justicia, Eric Holder.
Y así como todo lo que sucede alrededor del Gymboree presidencial, no hay seriedad, compromiso ni políticas públicas en seguridad pública y lo que aparece en el PNSP es el mismo interminable choro (del copy-paste) que ha sido una estrategia fallida… que ha originado la percepción del Estado fallido y que ahora desde la SSPF se exalta la distintiva táctica de la simulación rodeada de la conocida pirotecnia mediática. Pero qué tanto es tantito, ¿no?
Y hablando de originales cadenas, ¿recuerda el escándalo originado por las empresas Agropraxis y Agronexos, organizaciones en que participaron esposas de funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, que recibieron recursos destinados a programas de capacitación…? Con la novedad que ya salieron más peines azules que han ocasionado una serie de simpáticas misivas (en poder de este irreverente espacio), primero con un Punto de Acuerdo de la ALDF del pasado 28 de enero, un oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Segob y otra de la misma Reforma Agraria. ¿Luego entonces?
Se pudo establecer la relación de por lo menos cinco funcionarios de alto nivel del Comité del PAN-DF que se acreditaron como técnicos agrarios ante la SRA en un total de 42 proyectos productivos; tres de FAPPA y 39 de Promusag, y que se han visto beneficiados con siete millones de pesos que, se presume, van a parar a las arcas del blanquiazul capitalino encabezado tan atinadamente por Marianita Gómez del Campo, prima de la panista más destacada, aplaudida y reconocida Margarita Zavala —según el último populómetro de una encuestadora que haría palidecer de envidia a Marta Sahagún— y que ya da visos de terminar en líos de carácter penal.
Los funcionarios del Comité regional del PAN-DF aparecen como técnicos en proyectos agrarios y como dirigentes partidistas y que, de seguir las investigaciones, pudieran estar involucrados en el uso ilegal de recursos.
Ellos son Juan Pablo Saavedra, secretario de Asuntos Electorales del PAN-DF, quien aparece en siete organizaciones de Promugsag-DF; Xarení Mendoza Fonseca, secretaria de Vinculación Ciudadana, quien aparece en una organización de FAPPA-DF y siete de Promugsag-DF; Ricardo Uribe, que también trabaja en Vinculación Ciudadana, apareciendo en una organización de FAPPA-DF y en 13 de Promugsag-DF; David Covarrubias, quien cobra en Vinculación Ciudadana y es técnico en una organización de FAPPA-DF y siete de Promugsag-DF, y Erika de Anda Martínez, quien ocupa la segunda posición en la Secretaría de Gobierno del PAN-DF y aparece en seis organizaciones de Promugsag-DF.
El culebrón en donde se señala que de las 42 organizaciones en las que fueron “sembrados” los dirigentes panistas del DF y que “ordeñan” los dos programas de la SRA por un monto total de seis millones 884 pesos y, según reza el Punto de Acuerdo, se trata de un mecanismo para encubrir operaciones y actividades electorales con recursos del (des)gobierno federal y fuera de los tiempos de campaña, ya está en el escritorio de Fernando Gómez Mont y… en ruta con una denuncia por parte de la SRA ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables.
El timing de esta granada deschavetada sobre las travesuras electorales de la gente de Marianita, my friend, no podría ser mejor…
gomezalce@aol.com