DE Edward Snowden

¿ A que le temen ?

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@EJosephSnowden: Corporatist Jackals in the United States want Public Television to Shut Up. But they won't. 
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Snowden desde Moscú: "EE.UU. no teme a los informantes, sino a tener una sociedad informada"

Rafael Correa "Caso Universo"

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dejó abierta la posibilidad de desistir de la querella contra tres directivos de diario El Universo --que fueron condenados como autores coadyuvantes por el delito de injurias- si estos "reconocen su error" y rectifican.

http://youtu.be/fwXka13KUvs

Ataque a la libertad de expresión

IFE. Presiones mediáticas.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) tiene razón al señalar, en un desplegado del miércoles 15, que las “recientes decisiones tomadas por algunas autoridades electorales (…) han generado aún mayor confusión para medios y comunicadores de la radio y la televisión”. En lo que no tiene razón es en que sean las normas electorales producto de la reforma del 2007 las que “vulneran la libertad de expresión y atacan la actividad periodística”, ya que la causa de estas circunstancias es la aplicación que de dichas reglas han hecho las autoridades electorales. La reforma (a pesar de estar inacabada y de ser perfectible) es positiva, pero su implementación es pésima. Particularmente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parecen empeñados, con sus resoluciones, en hacer fracasar el modelo de propaganda político-electoral que emergió de la reforma constitucional y legal de 2007 y 2008.

El lunes 13 y el martes 14 los magistrados aprobaron, por mayoría, dos resoluciones que atentan contra el libre ejercicio periodístico y la libertad de expresión. En una de ellas, ratificaron la sanción que el Consejo General del IFE impuso a una empresa de comunicación por transmitir en un canal de televisión restringida los cierres de campaña –exactamente en las mismas condiciones– de los tres candidatos a gobernador del estado de Michoacán. En la otra, decidieron pedirle al IFE ponderar la sanción que debe imponerse a TV Azteca por transmitir la pelea en la que el boxeador Juan Manuel Márquez portó en su pantaloncillo el logotipo del PRI. En ambos casos, la lógica es que las respectivas empresas transmitieron propaganda electoral “fuera del tiempo asignado por la autoridad administrativa electoral”, lo cual implica una violación a la normativa correspondiente.

Así, bajo el pretexto de impedir que “los partidos políticos, personas físicas y morales contraten o adquieran, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con el fin de influir en las preferencias electorales…”, la mayoría de los magistrados atentan contra la libertad de expresión, el ejercicio profesional del periodismo y la operación de las empresas televisivas.

Tv Azteca ha sido la empresa de comunicación más beligerante en contra de la reforma electoral; sin embargo, en este caso su única opción era transmitir la pelea tal como recibía la señal, pues la comprometía el contrato que firmó con la generadora de la misma. Por otra parte, cancelar la transmisión, así fuese únicamente en Michoacán, la habría metido en conflictos legales con los anunciantes que le contrataron tiempos. En este caso, tal como resolvieron el IFE y el Tribunal, es sancionable la conducta del boxeador y del PRI, pero la televisora no tenía posibilidades reales (sin pagar altos costos económicos y eventualmente generar conflictos legales) de impedir dicha transmisión.

Por otra parte, bajo ese criterio habrá un cúmulo de sanciones para las televisoras por la transmisión de la publicidad que contraten los candidatos y partidos políticos en los escenarios donde se celebren eventos deportivos, como será el caso del futbol soccer; una buena parte de la publicidad exhibida en los estadios se transmite normalmente por la televisión, porque no hay forma de ocultarla. Y tampoco existe una disposición legal que prohíba a los actores políticos comprar esta publicidad.

Pero el otro caso es todavía más grave, pues implica una violación a la libertad de expresión, ya que la televisora correspondiente decidió transmitir los cierres de campaña de los tres candidatos (incluyó a todos, y a ninguno le dio un tratamiento diferenciado), cumpliendo claramente con los principios periodísticos básicos. Ninguno de esos argumentos hizo recapacitar a cuatro de los siete magistrados que mantuvieron el criterio de que “CB Televisión (…) realizó una transmisión especial del cierre de campaña del candidato Fausto Vallejo y Figueroa, en el cual se hicieron diversas expresiones y alusiones propagandísticas, dirigidas a influir en las preferencias electorales”.

Y todavía remataron: “…sería irrelevante la investigación respecto de si los otros contendientes también tuvieron acceso a tiempo de televisión, difundido por el mismo canal, pues la irregularidad se actualiza por la difusión fuera del ordenado por el Instituto Federal Electoral”.

Nuevamente, bajo este criterio, la transmisión de cualquier acto de un candidato a un puesto de elección popular sería sancionada, pues invariablemente su actividad durante los 90 días de campaña tendrá expresiones propagandísticas y estará encaminada a influir en las preferencias electorales.

Tras la aprobación de la reforma, las argucias de los concesionarios (en buena medida ellos generaron esta reacción) y los actores políticos les permitieron burlar las nuevas disposiciones con la compra de espacios no comerciales, es decir, propaganda política disfrazada de algún género periodístico. Esta violación sistemática de la legislación llevó a que el Tribunal –pues en este tema, como en muchos otros, el IFE fue omiso– empezara a sancionar dichas emisiones, cuando claramente se detectaba un trato diferenciado hacia los aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.

Lo aberrante es que hoy sancionen una sana decisión editorial, pues el que gana con la transmisión –en vivo y en condiciones de estricta equidad– de los cierres de campaña de todos los candidatos a un determinado puesto de elección popular es el ciudadano, que se allega así información directa. Suponiendo –sin conceder, como dicen los abogados– que la empresa les vendió dicha transmisión a los tres candidatos, éstos estaban en la posibilidad de negarse y la empresa no podría hacer ninguna discriminación, pues entonces sí existiría al menos un elemento para suponer la adquisición ilegal de tiempo en televisión por parte del o de los candidatos que sí aparecieron.

La reforma en la materia está incompleta, ya que faltan –entre otras cosas– la ley reglamentaria del artículo 134 y reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión para permitir la imposición de sanciones, más allá de las económicas, a los concesionarios que violen las normas electorales reiterada y sistemáticamente.

Pero las autoridades electorales tenían las posibilidades de subsanar, al menos parcialmente, algunas de estas carencias y dar certidumbre a todos los actores con reglas claras, precisas y sancionadas conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, particularmente en esta materia, el IFE peca de omisión y el Tribunal parece empeñado en cancelar la libertad de expresión.

Como bien señalan en su voto particular los magistrados María del Carmen Alanís y Salvador Nava: “…el modelo de comunicación que se diseñó tuvo, entre otros objetivos, hacer prevalecer la equidad entre los participantes de las elecciones, es decir, que los partidos políticos y candidatos, en igualdad de circunstancias, tuvieran acceso a los mismos periodos de tiempo, más no coartar las libertades de expresión, información y prensa, de ninguna persona, entre ellos los comunicadores de la radio y la televisión”. Pero eso no parecen haberlo entendido el resto de los magistrados, y en ocasiones ellos mismos lo han ignorado.

Caso Contralínea, en la Suprema Corte

A solicitud de la revista Contralínea, el pasado 18 de enero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo directo 392/2011 promovido por el consorcio Blue Marine Technology Group, en el que demanda la reparación de “daño moral” por diversas publicaciones de este semanario. Según los empresarios, los periodistas violaron sus derechos de personalidad al relacionarlos con licitaciones y asignación de contratos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y al referirse a ellos “mediante insultos hacia su persona, imagen, decoro, honor, prestigio personal y comercial”.

Redacción

La revista Contralínea documentó, en diversos trabajos periodísticos, irregularidades en las contrataciones de las empresas navieras Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine Technology y Subtec con Pemex, que después fueron confirmadas por los dos órganos de fiscalización del país: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Sin que los empresarios acreditaran en qué consistía el “daño moral” y sin que aportaran una sola prueba que desmintiera las investigaciones periodísticas publicadas, la jueza 54 condenó a los periodistas por el “uso abusivo de su libertad de expresión” y porque, conforme su consideración, la información relacionada con el uso de recursos del gobierno federal vía contrataciones “no es de interés público”.

Ahora, en su comunicado 011/2012, la Suprema Corte apunta que la importancia de atraer el asunto radica en que la Sala estaría en posibilidad de ponderar la libertad de expresión y el derecho a la información en contraste con los derechos de la personalidad, cuando se encuentran implicados periodistas y empresarios cuya actuación tiene impacto en la vida política del país.

Al atraer el caso, la Corte revisará en su conjunto el juicio ordinario civil 492/2009 –iniciado en septiembre de 2009 y resuelto el 3 de enero de 2011, por la titular del Juzgado 54, Yassmín Alonso Tolamatl–, que condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas por los empresarios; el fallo del recurso de revisión que dictó la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a favor de la revista y los periodistas, en abril de 2011; y el amparo en contra de ese último fallo, interpuesto por los contratistas de Pemex, Antonio Juan Marcos Issa, Alfredo Reynoso Durand y Juan Reynoso Durand.

Ahora, la Primera Sala de la SCJN determinará con qué parámetros legales debe de estudiarse la responsabilidad civil por daño moral de los periodistas cuando se les demanda por haber ejercido en forma abusiva el derecho a la información y de la libertad de expresión por la ilicitud de la información que publican, al tomar en cuenta que en el Distrito Federal existen disposiciones al respecto tanto en el Código Civil como en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen.

Además, valorará el caso de acuerdo con la reciente reforma al artículo 1 constitucional, favorable a los derechos humanos, entre éstos el derecho a la libertad de expresión.

La Primera Sala de la Suprema Corte debe de pronunciarse a favor de los derechos de los periodistas, al reconocer el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información como base de la democracia; establecer como requisito para que se declare fundado el daño moral, la existencia de una lesión al patrimonio moral del presunto afectado se acredite empíricamente durante el juicio; restringir el umbral de protección al patrimonio moral de los poderosos, como políticos, servidores públicos o empresarios, cuando las críticas o calificativos que les son dirigidos, versan sobre temas de interés público, lo que les obliga a una mayor tolerancia con el discurso de los periodistas que está especialmente protegido en estas circunstancias; prohibir la censura previa del trabajo periodístico e impedir la criminalización civil del trabajo periodístico.

Con esta atracción, se abre una oportunidad para que el derecho a la libertad de prensa se consolide como un instrumento eficaz de la sociedad para fiscalizar el ejercicio del poder.

¡Si vienen, nos los chingamos!

Un paramilitar, integrante de la organización priísta Ubisort, revela los detalles a las autoridades judiciales de la emboscada que se llevó a cabo en San Juan Copala, región triqui de Oaxaca, en la que murieron los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, de origen finlandés. La compra de armas de alto poder se financia con recursos públicos.

Érika Ramírez

“¡Si vienen, nos los chingamos! Nadie llamó a esa gente”, fue la sentencia final del entonces “comandante” de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Antonio Cruz García, apodado Toño Pájaro –ahora al frente del grupo armado que desde septiembre de 2010 ocupa San Juan Copala, Oaxaca–, respaldado por el entonces líder político de la organización, Rufino Juárez Hernández.

A esa conclusión llegaron los líderes de la Ubisort la noche del 26 de abril de 2010. Habían pasado tres días discutiendo cuál sería la estrategia que tomarían ante la llegada de una caravana de paz que pretendía entrar al centro ceremonial de San Juan Copala, para brindar ayuda humanitaria a la población asediada por los grupos paramilitares desde el 13 de septiembre de 2009.

La maniobra consistía en colocar piedras a la salida de la comunidad de La Sabana e impedir el acercamiento con la gente que permanecía en San Juan Copala y con los integrantes del Municipio Autónomo, impulsado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y exintegrantes de la Ubisort.

Así lo revela uno de los integrantes del grupo de pistoleros que acabaron con la vida de la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Alberta Cariño Trujillo, y del observador de derechos humanos de origen finlandés Jiry Jaakkola, el 27 de abril de 2010.

En una hora y media de grabación en video –integrado en el expediente abierto para llevar las investigaciones del caso, y al que tuvo acceso Contralínea–, el hombre relata cómo se llevó a cabo la emboscada en la que, además de dos muertes, dejara como saldo más de una decena de heridos y la desaparición por más de 60 horas de los activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, David Venegas y Noé Bautista, y los reporteros de Contralínea, Érika Ramírez y David Cilia.

Comienza la filmación, dos hombres alegan en triqui. El pistolero sólo escucha, se encoje de hombros. Viste playera oscura, chamarra de mezclilla y luce bigote escaso. Está dispuesto a declarar todo lo que sabe, a cambio de protección, pero únicamente en su idioma. Los traductores justifican: él sólo entiende el español, a un 80 por ciento; no lo habla, aseguran.

La organización

Todo fue planeado por los hermanos Rufino y Anastacio Juárez Hernández, y por Antonio Cruz García, Cirino López Ramírez, Julio César Martínez Morales, Mauro Vázquez y Daniel Martínez López, enlista el hombre que se atreve a hablar frente a cámaras a poco más de un año de la emboscada.

En lengua triqui, y apoyado por uno de los intérpretes, el francotirador titubea. Se mira nervioso; afirma que no habla español ni conoce los detalles de las reuniones. Sin embargo, acepta haber estado en la repartición de armas. Afirma que a él no le “tocó” de alto poder. Asegura que le fue entregado, de manos de Rufino Juárez, un rifle calibre 22.

La entrega de armas se llevó a cabo en un paraje a la salida de la comunidad La Sabana, donde un grupo había colocado rocas desde la noche del 26 de abril de 2010. Ahí mismo serían citados para presentarse al día siguiente a las siete de la mañana.

—¿Quiénes pusieron las piedras?

—Casi todos. La idea de algunas personas que iban ahí era bloquear, no permitir que bajara la caravana. Cuando empezaron a disparar, yo regresé a La Sabana [la comunidad bastión de la Ubisort]. Después de los disparos llegó una ambulancia de la Secretaría de Salud, que venía de Copala. Ya había pasado un buen rato. Había muchos heridos, se veía sangre en sus ropas.

—¿Quién les dio la orden de que fueran a bloquear?

—Antonio Cruz [Toño Pájaro].

Preparativos de los observadores

A la misma hora que los paramilitares se alistaban para emboscar a la caravana de la paz, fueron convocados miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Parque de la Libertad de Expresión, en Huajapan de León. También fueron citados observadores internacionales para respaldar a los integrantes de la caravana por la paz que tenían como destino la comunidad autónoma de San Juan Copala. Periodistas de varios medios de comunicación, entre ellos Contralínea y Noticias de Oaxaca, acudieron a reportar el hecho noticioso.

Los paramilitares fueron puntuales. Asistieron a la cita camuflados con ropa de tipo militar y negra, gorras y paliacates. Portaban fusiles de asalto AK-47, conocidos como cuernos de chivo, AR-15 y rifles. Esperaban apostados en la cima del cerro; subían y bajaban de éste. Toño Pájaro y Rufino Juárez los comandaban. De acuerdo con el testimonio, se organizaron en dos grupos, de 10 y 15 personas cada uno. Estaban alertas.

La caravana

En tanto, a 200 kilómetros, en el Parque de la Libertad de Expresión de la ciudad de Huajuapan de León arribaban los activistas, maestros y representantes de medios de comunicación. La directora de Cactus, Alberta Cariño Trujillo, se ocupaba de reunir a la gente y organizar la pinta de una manta que anunciara con letras en negro y rojo “Prensa y Comisión de Observación”. Iba acompañada por su esposo, Omar Esparza Zárate, miembro de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, una de las organizaciones convocantes de la caravana. Ambos proporcionaban información a los medios de comunicación del acto que se pretendía llevar a cabo horas más tarde.

Ahí también se encontraba Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, quien buscaba una señal de internet para enviar el que sería su último correo electrónico. Platicaba con una de sus compañeras alemanas; ambos sonreían.

En el ambiente se respiraba incertidumbre. Horas previas se había dado a conocer un comunicado de Rufino Juárez, en el que anunciaba que no se permitiría la entrada del contingente de paz a la zona y que la Ubisort no se haría responsable de lo que ahí sucediera.

Llegó la hora de partir. Había ánimo entre los participantes; llevaban ropa y víveres para los habitantes de San Juan Copala que no habían podido salir de su pueblo desde hacía varios meses ante el temor de ser asesinados por los paramilitares, supuestamente de la Ubisort, grupo de filiación priísta.

El secuestro

El contingente de paz partió después de las 10 de la mañana. Estaba integrado por una camioneta blanca con 16 personas a bordo; un sedán azul Dodge Attitude, con placas de Quintana Roo –en el que viajaban los dos reporteros de Contralínea–; una camioneta negra tipo Explorer, Ford, y una camioneta blanca que transportaba profesores de la Sección 22 del SNTE.

Alrededor de las 13:30 horas la caravana dejó el último pueblo mestizo antes de entrar a la región mixteca: Juxtlahuaca.

En el camino, a la altura de la comunidad de Agua Fría, la primera de la región triqui, se repartieron radiotransmisores para comunicarse en caso de que algo sucediera. Se había acordado no intentar cruzar la zona si se preveía algún movimiento extraño o algún tipo de retén.

“Si ven piedras en el camino, se regresan”, fue la orden a todos los activistas de la caravana de parte de la vanguardia. Algunos periodistas desistieron de seguir y otros decidieron continuar en la labor informativa, entre éstos los reporteros de Contralínea y Noticias de Oaxaca. Varias personas se quedaron en aquella comunidad. Decían que, para no poner en riesgo a los observadores de paz ni a la prensa, se quedarían en ese lugar, pues ya habían sido amenazados de muerte, entre ellos Omar Esparza y el profesor Macario Merino.

La emboscada

En el minuto 30 del testimonio que ofrece el pistolero a las autoridades de Oaxaca, se narra el momento de la emboscada desde las filas de los paramilitares. Se confiesa. Comienza a hablar en español fluido; y empieza a describir nuevamente el escenario.

Relata que mientras la caravana hacía su recorrido, en la comunidad de La Sabana –bastión de la Ubisort y desde la cual se mantuvo un retén paramilitar– se registraron los primeros actos de violencia. Pasaban las nueve de la mañana. Dos mujeres que habían salido de San Juan Copala caminaban por el monte; una de ellas, embarazada. Se toparon con el grupo paramilitar. Las detuvieron y amenazaron. El indígena triqui que declara ante el video afirma haberse enfrentado a Toño Pájaro, quien con su cuerno de chivo apuntaba a una de ellas. Buscaba que les perdonara la vida. Las indígenas lloraban. Sólo habían salido en busca de alimento.

“Yo no permitía que le hablaran fuerte a la señora, porque hasta lloraba, y como la hija iba embarazada… Qué tal que se pierde su hijo”, les dijo. Las detuvieron hasta la hora del ataque, aproximadamente a las 14:30 horas. “Como la señora ya llevaba mucho tiempo ahí, yo les dije que les iba a traer agua y algo de comer porque qué tal si se perdía su hijo. Ése va a ser un problema para ustedes porque son autoridades. Ahí fue cuando se enojaron conmigo”, asegura.

“Si la quieres, llévatela o trae algo de comer”, ordenó, molesto, Toño Pájaro. En ese momento se escucharon los motores de los carros que integraban la caravana. La camioneta blanca llegaba al paraje. Entonces Toño Pájaro exclamó: “¡Vamos a disparar, porque nadie llamó a esa gente!”. Rufino Juárez estaba en otro de los grupos que se habían formado junto con su hermano, Anastacio Juárez. El primero había estado en la reunión donde se ordenó el bloqueo; luego salió del pueblo y se presentó hasta la mañana siguiente.

En La Sabana, olía a muerte. Una nube de humo blanco se dispersaba por el poblado. Se llenaba el ambiente de olores fétidos, parecía que quemaban el cuerpo de algún animal. Poco antes de las 14:30 horas, los niños permanecían en la escuela; las mujeres cargaban víveres rumbo a sus casas; mientras que los hombres caminaban en las veredas del monte.

Cuando la camioneta se paró al topar con las piedras, Toño Pájaro comenzó a disparar. Le siguieron sus “soldados”. Bajaron hasta donde estaban los carros que intentaron dar marcha atrás sin conseguirlo. El ataque fue a matar. No dejaban de tirarles a las personas, que en pocos segundos salieron despavoridas de los vehículos.

Según el paramilitar que participó en el ataque, Toño Pájaro, Anastacio Juárez y Cirino López Ramírez continuaron el tiroteo; se fueron contra la camioneta blanca donde caían muertos Alberta Cariño Trujillo y Jiry Jaakkola. El resto del equipo paramilitar apuntaba a los demás integrantes que conformaban el contingente, quienes huían resbalaban por el cerro.

El saqueo

Rastros de sangre quedaron por todas partes, la tierra se llenaba de casquillos. Los vehículos quedaron perforados en puertas, toldos y cristales. Las balas entraron por todos lados.

Pasaron unos 20 minutos de ráfagas ininterrumpidas. Los activistas, maestros y periodistas salieron de los vehículos como pudieron. La mayoría corrió hacia La Sabana, donde fueron auxiliados por gente del pueblo.

Una ambulancia de la Secretaría de Salud del estado llegó a la zona para atender a los más de 20 heridos. Los dos reporteros de Contralínea y los activistas de Vocal se fueron río abajo, donde permanecieron ocultos por más de 60 horas.

El triqui que habla ante la cámara de video presenció todo desde la cima del cerro. Relata cómo Toño Pájaro iba atrás de uno de los integrantes de la caravana que intentaba huir. Lo tumbó, lo revisó y lo amenazó con su cuerno de chivo. Luego lo dejó ir.

La camioneta blanca tipo Van, el Dodge Attitude y la camioneta Explorer, Ford, quedaron rafagueados, con huellas de sangre y con los objetos que portaban sus ocupantes. El grupo paramilitar se acercó a los vehículos. Saquearon todo lo que había ahí dentro: equipo fotográfico, celulares, computadoras, cámaras de video. Horas más tarde, se reunieron con el botín a las afueras de una casa en La Sabana, lo repartieron entre los líderes y comenzaron a beber.

“Había miedo entre la población de que llegara la policía. Anastacio y Rufino Juárez saldrían esa misma noche rumbo al Distrito Federal. Con ello, no habría culpa de su participación en el ataque”, afirma el testigo.

Estructura militar

Integrante de la Ubisort desde hace ocho años, el pistolero asegura que su participación ha sido inconsistente, pues ha tenido que salir en busca de empleo a la capital del país, a Hermosillo y a Estados Unidos. Sin embargo, confiesa que la Ubisort tiene una organización tipo militar. Sus principales líderes en ese momento eran: Rufino Juárez y Antonio Pájaro, este último se erige actualmente como “comandante” en la comunidad de San Juan Copala. Ahora Rufino Juárez se encuentra preso, y Pájaro, fuera de las filas de la Ubisort, dirige el grupo armado en alianza con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, según las denuncias de los desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala.

Los recursos con los que se financia la compra de armas de alto poder y el traslado a distintas partes del estado son tomados de las partidas 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinadas supuestamente a incrementar el nivel de vida de la población, detalla el testigo.

El pistolero explica que durante las reuniones que llevaban a cabo con sus “soldados”, los hombres que encabezan la organización paramilitar de la zona triqui aseguran que por ningún motivo van a permitir la entrada de otros grupos. Por ello, constantemente asedian a los habitantes de la región. Cada uno de ellos es custodiado por 10 o 15 personas, todas armadas.

Como integrante del grupo, el hombre señala que era su obligación estar en el ataque. Tenía que “solidarizarse”. La Ubisort le dio refugio en La Sabana luego de que comenzaron los desacuerdos por la búsqueda de autonomía en San Juan Copala, movimiento encabezado por el MULTI y al que se incorporaron bases de la Ubisort. “Todos los del pueblo obedecen las órdenes de Rufino, pues si no, amenazan con multar. Así lo hicieron el 27 de abril [de 2010]”.

Apresura a su entrevistador, menciona que ya le queda poco tiempo para seguir hablando. Debe de que regresar pronto a su casa, antes de que llegue la fiesta del pueblo y se den cuenta de su ausencia. El miedo también lo aprisiona a él. Sus movimientos son nerviosos y oculta lo más que puede su mirada a la cámara que lo filma.

Y es que en su territorio nadie tiene asegurada la integridad física ni la vida. Él mismo sabe que de ser descubierto en su declaración sería asesinado de inmediato. Lo hace, en búsqueda de protección y resguardo.

Fuente: Revista Contralínea 265 / 01 enero de 2012

Enrique Krauze, el difamador

José Steinsleger

La reflexión moderna acerca del derecho a la comunicación ha tornado obsoletos (aunque integrándolos) términos que en otras épocas se reves-tían de afanes puristas, animando grandes debates y combates: libertad de imprenta (siglos XV al XVIII), de prensa (siglo XIX), de expresión (siglo XX).

La batalla teórica fue ganada. Ninguna fuerza política o institucional se atrevería hoy a negar el derecho de todas las personas a expresarse, informar y ser informadas. Hasta organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), gremio de empresarios que agrupa a los magnates de la comunicación, reclaman el derecho de marras.

¿Cuáles serían sus límites? En sus formas democráticas (haya o no legislación explícita) se acepta que frente a las complejidades de la sociedad moderna el ejercicio de la comunicación requiere de criterios amplios y fundamentados, en los que la ética y moral de sus actores juegan un papel fundamental.

En ese sentido, las diferencias entre la SIP y La Jornada son claras. Los medios de la SIP han sido caja de resonancia del golpismo y el terrorismo de Estado en América Latina, y La Jornada ha priorizado el derecho de los mexicanos a estar informados.

Principio que quizá haya ido en detrimento de la imparcialidad de los puros, pero en beneficio de la objetividad y cuidándose de los abusos que, so pretexto de la libre expresión, no le hacen asco a la desinformación y la difamación.

La revista Letras Libres y su director, Enrique Krauze (a quien la SIP acaba de galardonar por su “meritoria labor en defensa de la libertad de expresión…”), son buenos ejemplos de la amoralidad informativa y ausencia de ética que, a cuenta de terceros, incurren en difamación.

Digo terceros, porque ya no sé a quiénes obedece Krauze, o si tan sólo interpreta sus deseos: ¿la CIA?, ¿el Estado español?, ¿la plutocracia mexicana?, ¿la mafia cubana de Miami?, ¿el Mossad israelí?, ¿la Internacional liberal de tolerantes que integran terroristas cubanos como el colaborador de Letras Libres Carlos Alberto Montaner, y preside el eurodiputado holandés Hans van Baalen, ex militante uniformado de la organización neonazi Nederlandse Volks Unie (NVU)?

Si lo afirmara, incurriría en la difamación de un personaje que, tras ponderar la democracia sin adjetivos, superó los apuntados en el diccionario de María Moliner para denigrar a los que piensan distinto de él. Carlos Fuentes (escritor a quien, a diferencia de Krauze, respetan amigos y enemigos) calificó al director de Letras Libres con un adjetivo desconcertante. Le dijo cucaracha (Coloquio de Invierno organizado por Conaculta y la UNAM en febrero de 1992).

No estoy de acuerdo. Leo a Krauze con atención, y no me cabe más que reconocer su talento para dotar, con algo de cultura, el discurso cínico y falaz de los que destruyeron a México en 30 años de neoliberalismo.

Krauze parece envidiar la independencia, libertad, y la masa crítica de lectores que a diario juzgan a La Jornada. ¿Fue entonces por mero despecho ideológico que uno de sus empleados acusó a esta casa editorial de ser cómplice del terror (Letras Libres, marzo 2004)? ¿Dónde, las pruebas?

En marzo de 2007, cuando el Senado de la República despenalizó el delito de difamación, injurias y calumnias, se estableció que la persona (un periodista, por ejemplo) que sea encontrada de haber provocado daño moral a otra por lo que publicó “… no será sancionada siempre y cuando revele el nombre de quien le proporcionó la información”.

Lamentablemente, el dictamen adverso a la demanda por daño moral interpuesta por La Jornada en contra de Letras Libres refuerza la sensación de que en México, donde hay poca justicia, tener razón es peligroso si el fiel de la balanza se inclina a favor y a conveniencia del más fuerte.

Mas evitemos comparar a los jueces con la justicia, cosa equivalente a comparar a los curas con Dios. Según Bertolt Brecht, muchos jueces son absolutamente incorruptibles: nadie puede inducirles a hacer justicia.

También es sabido que la más estricta justicia no sea siempre la mejor política. No obstante, La Jornada anhelaba que se le diera la razón. Porque en México, país martirizado por las clases dominantes que en Krauze reconocen a su intelectual orgánico, las personas honradas son mayoría aplastante y rigen su derecho por su deber.

Un diplomático yanqui me comentó que La Jornada era el único medio de comunicación que consultaba para elaborar sus informes sobre México. Incrédulo, pregunté:

–¿Y los que piensan distinto?

El gringo sonrió:

–A ésos… les damos la información.

Con Calderón, retroceso en libertad de prensa: ONU y CIDH

México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, coinciden la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El diagnóstico de ambos órganos, tras su visita al país, descubre un sistema jurídico débil, falta de voluntad política e inoperancia de los mecanismos de defensa para la libertad de expresión. El resultado: autocensura y, al menos, 104 periodistas asesinados y desaparecidos desde que el PAN llegó a la Presidencia de la República. Luego de más de un año del recrudecimiento de las agresiones contra el gremio, el 27 de octubre pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la federalización de delitos contra los informadores, la iniciativa de reforma se encuentra ahora en el Senado.

Mariela Paredes

Tras la misión conjunta que se realizó del 9 al 24 de agosto de 2010, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, emitieron el pasado 25 de octubre el informe La libertad de expresión en México. El diagnóstico da cuenta del peligro en el que los periodistas realizan su oficio: un creciente número de asesinatos desde 2000; impunidad de los agresores; sanciones penales a los comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión; acceso restringido a la información, y discriminación en la asignación de publicidad oficial como mecanismo de censura, entre otras prácticas.

“El Estado enfrenta una situación crítica de violencia e inseguridad. Las diversas fuentes consultadas por el relator especial confirman que en México la violencia contra periodistas tiende a intensificarse”, cita el informe. Además, La Rue y Botero concluyen: las cifras convierten a México en el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo.

Durante la visita, la relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constató que el ejercicio periodístico en México se desempeña constantemente bajo amenazas y hostigamientos. Ambas relatorías retoman el caso de Contralínea como ejemplo de agresiones: el semanario ha enfrentado allanamientos, amenazas y discriminación publicitaria.

Ante las agresiones contra el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, el Estado ha creado la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Sin embargo, los organismos internacionales puntualizan que “hasta el momento dicha dependencia no ha contribuido a reducir la impunidad generalizada que existe en los casos de violencia contra periodistas”: desde la creación de ésta, en 2006, se han consignado tan sólo cuatro casos y hasta el momento no se ha logrado sanción penal alguna.

A decir de Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, no hay avances en materia de protección a la libertad de expresión: “Si antes había cuatro jinetes del Apocalipsis hoy hay tres que son muy perniciosos: la corrupción, la impunidad y la simulación. La simulación de las autoridades es un crimen”.

Además, de acuerdo con el diagnóstico de la ONU, es evidente la falta de voluntad política para defender al gremio: en la mayoría de los casos, la FEADLE ha declinado competencia sobre las investigaciones que se le designan. “Los avances hasta ahora son lentos”, confirma Javier Sepúlveda, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Federalizar los delitos

Luego de cinco años de la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, el 27 de octubre pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la federalización de los delitos contra periodistas.

La adición al artículo 73 constitucional cita: “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra los periodistas en el ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta”. La propuesta queda a la espera de su aprobación en la Cámara revisora.

Sin embargo, ante el incremento de la violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país, la comisión encargada de atender estas agresiones no cuenta con las facultades ni el presupuesto suficiente para operar: no se ha conseguido que se convierta en una comisión ordinaria.

La relatoría también da cuenta de la responsabilidad de las autoridades como perpetradoras de agresiones contra la libertad de expresión. De acuerdo con registros retomados de la CNDH, las autoridades señaladas son: la Procuraduría General de la República, las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca y la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.

El informe La violencia en México y el derecho a la información, presentado en abril pasado por el Centro Nacional de Comunicación Social y Artículo 19 –órganos defensores de la libertad de expresión–, coincide: de 76 casos de agresión por parte del Estado durante 2010, 46.05 por ciento fue perpetrado por autoridades federales; 42.11 por ciento por autoridades estatales; y 11.84 por ciento por autoridades municipales.

Hasta la visita de ambas relatorías los datos estadísticos fueron tomados del registro de la CNDH: 66 periodistas asesinados de 2000 a 2010 y 12 más desaparecidos de 2005 a 2010, además de 18 ataques a instalaciones de medios de comunicación. A pesar de la gravedad del tema, el gobierno no cuenta con un registro oficial en materia de agresiones contra periodistas.

Ante la nula respuesta de las autoridades frente a estos casos, la autocensura se ha adoptado como única medida de protección personal, asegura Sergio Méndez Silva, director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que la autocensura es una práctica común en las entidades con mayores índices de violencia debido al crimen organizado: medios de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas adoptan la autocensura como medida de protección. Como consecuencia, los vacíos de información en México van en aumento.

El informe, asimismo, analiza casos emblemáticos de agresiones contra el gremio periodístico. Las agresiones a las revistas Contralínea y Proceso, y a los diarios guanajuatenses AM y Al Día son destacadas en el estudio.

Respecto de las agresiones contra este semanario, los relatores refieren el ataque armado contra dos reporteros durante la cobertura informativa en San Juan Copala, Oaxaca; el robo en las instalaciones; el acoso y al menos cinco demandas contra los periodistas que revelaron información sensible sobre Petróleos Mexicanos; privación de la libertad; allanamiento de las instalaciones por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública; y el veto publicitario como respuesta a la crítica periodística de esta revista.

El informe conjunto aborda otras problemáticas gremiales, entre las que destaca el uso no autorizado de frecuencias radioeléctricas por las radios comunitarias. Esto no debiera ser considerado un delito, sino únicamente una falta administrativa, sentencia La Rue. De esta forma, cita el informe, el sistema de procuración de justicia mexicano es usado para hostigar y silenciar a los periodistas.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, puntualiza: “El gobierno debe respetar las formas de comunicación alternativas y comunitarias”. Además, coincide en que la eficacia de los mecanismos de defensa para la libertad de expresión radica en un sistema de procuración fortalecido mediante la federalización de estos delitos.

Incipientes avances

Durante su visita, La Rue constató la presencia de algunos mecanismos de protección. En Chihuahua se adoptó el Acuerdo de Implementación del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas; en octubre de 2010, la CNDH aprobó un par de guías para desarrollar medidas cautelares en beneficio de periodistas y defensores de derechos humanos; en noviembre de 2010 se estableció un convenio de colaboración entre las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y a finales de 2010 la Cámara de Diputados aprobó una partida para la protección de periodistas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

No obstante, el clima adverso para la prensa en México revela la falta de eficacia de tales mecanismos. A decir de Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, la respuesta de las autoridades “es una simulación, tiene un mal diseño normativo y un diseño institucional incorrecto […] Constantemente hay que litigar en contra de las mismas autoridades que favorecen la revictimización [de los denunciantes]”.

Los crímenes contra periodistas son corresponsabilidad de las autoridades locales y federales, señala. La federalización de estos delitos contribuiría a la colaboración entre los tres niveles de gobierno, y podría disminuir la vulnerabilidad en que se encuentra el gremio en Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

Catalina Botero, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destaca en el informe el pobre manejo de los datos sobre agresiones a periodistas: se carece de estadísticas detalladas. Los registros con los que se trabaja son provistos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El gobierno no cuenta con un sistema propio de compilación, estadística y registro de agresiones contra la libertad de expresión. A decir de la Comisión Interamericana, los datos estadísticos son “un requisito esencial para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas efectivas de prevención, protección y persecución penal de las violaciones a los derechos humanos”.

El informe señala que “la Relatoría observa con preocupación la inexistencia de una institución que tenga la función de recolectar y mantener actualizados y documentados los datos sobre la violencia contra los periodistas en México, y sobre los procesos penales y administrativos realizados en estos casos”.

A decir del abogado Méndez Silva, la efectividad de un mecanismo de protección a periodistas radica en seis características fundamentales: un gobierno con voluntad política para legislar adecuadamente; mayores recursos económicos y humanos destinados a los programas de protección; capacitación de los agentes del Ministerio Público en términos de estrategias de investigación; protección de las víctimas a través de medidas cautelares efectivas –mismas que requieren mayores recursos económicos–; acción inmediata ante las denuncias de los periodistas, para evitar medidas de autoprotección como la autocensura; y contar con una base de datos propia. Para Méndez Silva, la inexistencia de un registro nacional de agresiones contra la libertad de expresión evidencia la falta de interés del propio Estado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que dentro de las tareas a su cargo se encuentra vigilar que los agravios no sigan en aumento. El director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de este órgano, Javier Sepúlveda, coincide en que urge una mayor capacitación de los agentes del Ministerio Público y la profesionalización de quienes lleven a cabo las investigaciones. Además, indica que “el próximo año es sumamente complicado. Se espera que la cifra no sufra un aumento significativo, pues los periodistas son los auxiliares de la justicia en este país”.

El informe, que se presentó vía videoconferencia en la sede de la ONU en México, incluyó más de 40 recomendaciones tras la misión conjunta de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana al Estado mexicano. A decir de las fuentes consultadas, se espera que el Estado reconozca su responsabilidad, mejore la calidad de las investigaciones y cese la impunidad ante las agresiones contra la libertad de expresión. De no hacerlo, se estaría alentando que se cometan estos delitos.

Méndez Silva espera que el Estado reconozca su deficiente labor y que asuma las recomendaciones; “si no, México seguirá siendo el país más peligroso [para el ejercicio periodístico]”.

Las recomendaciones

Algunas recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales

Capacitar en materia de libertad de expresión a la fuerza pública

Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. El mecanismo de protección debería ser implementado a través de un comité interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; y gozar de recursos propios y suficientes

Reconocer la importancia de la labor periodística y condenar enérgicamente las agresiones cometidas en contra de la prensa

Adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión

Recopilar estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas sobre la violencia contra periodistas y la persecución penal de estos crímenes

Crear un órgano público independiente del gobierno federal que regule la radio y la televisión

Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre éstos los contenidos en la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y en los códigos penales estatales, así como abstenerse de recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión

Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad o­ficial para todos los niveles y órdenes de gobierno

Fuente: La libertad de expresión en México.Informes de misión de las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Revista Contralínea 258 / 06 de noviembre de 2011

Michael Moore y las "regulaciones" de la información sobre Cuba en NBC

El cineasta narra cómo, en los 90, la NBC obligó a cambiar el resultado de una competición televisiva entre países según la atención de salud, porque el vencedor había sido Cuba.

http://youtu.be/iibsR5DT0Jc

Proceso: La disfrazada operación para callarnos

La censura disfrazada

Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas –como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos–, el actual gobierno panista parece satisfecho con una nueva forma de censura: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información. En este caso, el gobierno intenta deslindarse legalmente, sin tener en cuenta que viola derechos por omisión, y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada.

La edición 1821 de la revista Proceso

Gloria Leticia Díaz

Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejemplares del semanario Proceso han sido incautados de hecho, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

La última acción concertada para impedir que la revista llegue a sus lectores se registró el domingo 25 de septiembre. Prácticamente todos los ejemplares de la edición 1821 enviados al estado de Veracruz fueron adquiridos de la misma forma, tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos: hombres jóvenes –algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores– llegaron a preguntar amablemente por las dotaciones de Proceso que tenía cada establecimiento. Las compraron todas, con efectivo.

La portada del número en cuestión es una fotografía de los 35 cadáveres arrojados al pie del monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiembre. La cabeza principal: Veracruz sangriento. Reacomodo del narco, que corresponde a un reportaje firmado por Jorge Carrasco y Regina Martínez.

“A las tres de la tarde del domingo, recibimos información del distribuidor de la ciudad de Veracruz: que las revistas se habían agotado. En principio creíamos que se trataba sólo del puerto, pero el lunes nos enteramos de que personas con características distintas a los clientes habituales las habían comprado todas en todo el estado: 962 en Córdoba, 770 en Orizaba, mil 326 en Coatzacoalcos, mil 561 en Veracruz y 872 en Xalapa, es decir, 5 mil 491 ejemplares”, explica Margarita Carreón, gerente de Ventas y Mercadotecnia de este semanario.

Una experiencia similar ocurrió con la edición 1819, con una fotografía del casinero Juan José Rojas Cardona y encabezada: El zar del juego. Una historia siniestra. En Monterrey, Durango, León y Puebla, cerca de 7 mil ejemplares fueron vendidos a jóvenes con un perfil similar al de la operación más reciente. También pagaron en efectivo.

Como ejemplo, señala Carreón: “En Monterrey detectamos que en el operativo participaron mujeres que llegaban a los locales cerrados, preguntaban por la dotación de Proceso, pedían a los empleados que se las guardaran, y más tarde llegaban hombres para llevarse las revistas”.

De acuerdo con los estudios del departamento de Mercadotecnia, cada ejemplar vendido es leído en promedio por cuatro personas. En consecuencia, se estima que en septiembre 12 mil revistas no llegaron a por lo menos 48 mil lectores.

Representado jurídicamente por Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, en diciembre de 2010 Proceso denunció ante instancias internacionales el recurrente acoso de los gobiernos panistas, que va desde la cancelación de convenios de publicidad de las dependencias federales, las demandas civiles por la publicación de información iniciadas por Marta Sahagún y su hijo Manuel Bribiesca; la exhibición de ediciones de la revista entre las armas incautadas a presuntos narcotraficantes por la Secretaría de Seguridad Pública –casos que el semanario también denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, y ahora la falta de garantías para distribuir sus productos en distintos estados de la República ante la creciente violencia del crimen organizado.

Antes de las incautaciones disfrazadas de compras masivas de los números 1819 y 1821, Proceso registró por lo menos 10 de estas operaciones en Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos e Hidalgo. En todos los casos, los temas principales tienen que ver con los cárteles del narcotráfico y sus complicidades con el poder político y policiaco, así como la ineficacia de las autoridades para detener la violencia que padece el país.

En 2007 fueron así “decomisadas” en Tamaulipas las dotaciones de los números 1610, 1611 y 1612, en total 21 mil ejemplares. La primera de esas ediciones lleva como portada un escudo atribuido al cártel del Golfo, y el encabezado Los imbatibles. Tamaulipas: narco hasta en la Procuraduría.

La situación se agravó cuando salió el número 1768, con una fotografía de Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, en la portada y la cabeza: El señor de la guerra en Tamaulipas. Esa vez, quienes adquirieron 8 mil 728 ejemplares intimidaron a los distribuidores y porteadores para que no solicitaran una reposición de ese número. Un empleado fue obligado a guiar a los compradores a los locales cerrados donde había entregado algunas revistas y uno de los puntos de distribución fue “cateado”.

A partir del número 1769, y por lo menos hasta el 1778, presuntos miembros de la delincuencia organizada “obligaron a los distribuidores a abrir los paquetes de revistas y mostrarles sus contenido”, como detalla este semanario en el informe dirigido al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.

En ese documento se le explica que la decisión de acudir a la instancia internacional se debe a la urgencia de “solicitar condiciones mínimas de trabajo, debido a que hemos sido víctimas de agresión contra la libertad de expresión”.

El caso de Proceso, se añade, “es un claro ejemplo de la vulnerabilidad, riesgo e indefensión que hoy padecen los trabajadores de los medios informativos ante el control que ejerce en algunas partes del territorio nacional el crimen organizado frente a la debilidad de las instituciones que por mandato de ley deberían proveer la seguridad ciudadana y sobre todo evitar que la libertad de expresión ponga en riesgo la vida de las personas”.

De acuerdo con los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos violados serían a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Proceso está en espera de la resolución final de la CIDH, toda vez que el Estado mexicano no ha dado respuesta a ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las medidas solicitadas.

Lavamanos oficial

La acción concertada para impedir la libre distribución de los números 1819 y 1821 de Proceso indignó a representantes de las Naciones Unidas, de la OEA y de Artículo 19, que en una alerta internacional consideró la compra masiva como “una modalidad de censura previa y, en consecuencia, una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público”. Sin embargo, para el gobierno de Felipe Calderón “la compra masiva no es un delito”.

El martes 27 de septiembre, durante la presentación del Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, calificó la maniobra como “un acto deliberado que viola el derecho a la libertad de información”.

Agregó: “Cualquiera podría decir que qué pierde Proceso si de cualquier forma, empresarialmente, la revista gana. Pero el objetivo es clarísimo: que el contenido no se lea, lo que afecta a todos los posibles lectores”.

En ello coincidió el relator especial de la CIDH para México, Rodrigo Escobar Gil, tras presentar su informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en el país el pasado 30 de septiembre, al culminar su visita oficial de tres días.

Consultado sobre los decomisos de hecho, Escobar Gil dijo: “En relación con la compra masiva de periódicos como una forma de acallar la libertad de expresión, es una práctica censurable y que también debe reprimir el Estado, porque cuando una persona o un agente compra masivamente todos los diarios o toda la circulación de un determinado periódico, lo que está haciendo es perpetrar un ataque contra la libertad de expresión. Este es un hecho que debe ser investigado, juzgado y sancionado por el Estado como una conducta violatoria a la libertad de expresión”.

En contraste con estas posturas, el gobierno calderonista sostiene que le corresponde a Proceso comprobar que se violentaron derechos fundamentales. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal Ordoñez, aseguró:

“Comprar revistas no es un delito en nuestro derecho vigente. Ustedes tienen elementos (…) para presumir o suponer que alguien está violentando su debida circulación, entonces están ustedes en condición de aportar esos elementos al Ministerio Público para que pueda iniciar, en su caso, la averiguación correspondiente.”

En entrevista telefónica realizada el martes 27, Villarreal Ordóñez manifestó, a nombre del gobierno federal, el “rechazo absoluto, categórico de cualquier tipo de práctica, sea de quien sea, orientada a impedir o a irrumpir o a obstaculizar la libre circulación de una publicación en este país”.

Los abogados de Artículo 19, Cynthia Cárdenas e Iván Báez, reaccionan a esta posición oficial:

“¡Si no es delito, es una clara violación a derechos humanos!—suelta Cárdenas–. Nada más ni nada menos es una clara violación al libre ejercicio de la libertad de expresión, y como gobernantes están obligados a resguardarlos, porque México ha firmado tratados internacionales sobre derechos humanos. Están obligados, más ahora con la reforma del artículo primero constitucional, que establece el respeto y apego irrestricto a los derechos humanos considerados en tratados internacionales”.

Por su parte, Báez destaca que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, reconocida por las Naciones Unidas y la OEA, es clara al señalar que “cualquier limitación a la distribución que llegue a usuarios de cualquier información se considera que es una violación al derecho tanto de libertad de expresión como al derecho de las personas”.

Y concluye: “Siendo que el objetivo del flujo de información es llegar al mayor número de destinatarios posible, si eso no pasa y el Estado no garantiza que ésta llegue al mayor número de personas, está incumpliendo sus obligaciones internacionales en la materia”.

Publicidad de gobierno: la ruta judicial

Proceso. Publicidad mínima.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F. (Proceso).- He preparado una obra, que lleva ya dos ediciones, sobre publicidad oficial. Algunas organizaciones de la sociedad civil han hecho campañas a efecto de que haya racionalidad a propósito del mismo tema. Se ha reformado el artículo 134 constitucional, que limita el alcance y contenido de la publicidad pagada con recursos públicos. Se han presentado diversas iniciativas de ley desde hace algunos años sobre la materia que no han sido dictaminadas. Lo cierto, a fin de cuentas, es que a pesar de que cada día más estamos de acuerdo en los argumentos para eliminar esta forma de censura sutil, el Estado ha predicado, pero no ha practicado nada.

Por esa razón, Proceso inició un litigio estratégico, coordinado por la doctora Perla Gómez Gallardo y yo, a fin de generar incentivos legales para legislar respecto a este rubro, de suerte que los criterios de equidad y de mercado primen sobre la filiación política de los medios de comunicación y se mantenga a salvo el ejercicio de las libertades de expresión e información. Veamos qué ha pasado hasta ahora.

Primero. Con todos los augurios en contra, por lo inexplorado del camino legal, se decidió ejercer el derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional a un número aleatorio de dependencias de la administración pública centralizada, incluida la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, entre los días 24 de septiembre y 4 de octubre de 2010. El director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, formuló, a efecto de obtener pronunciamiento fundado y motivado, proveniente de autoridad competente y por escrito, los siguientes puntos:

a) ¿Cuál es la normatividad que rige la contratación de publicidad en medios de comunicación impresos, por parte del gobierno federal; b) ¿Cuáles son los criterios específicos que aplica el gobierno federal para contratar publicidad en medios de comunicación impresos?; c) ¿Qué órgano del gobierno federal se encarga de que la normatividad y criterios referidos sean observados en la contratación de publicidad en medios de comunicación impresos, y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento?; ¿ha habido sanciones por su inobservancia?; d) ¿Cuáles son las razones por las que el gobierno federal ha venido contratando una cantidad de publicidad mínima al semanario de información y análisis Proceso, a pesar de que, de conformidad con información contenida en el portal del Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, cuenta con un promedio de circulación pagada de 75 mil 878 ejemplares semanales, cantidad superior a la de otros medios de comunicación impresos que se han visto beneficiados por el gobierno federal?; y e) ¿Cuáles son los requisitos que debe cubrir el semanario de información y análisis Proceso para que el gobierno federal aumente la contratación de publicidad en dicho medio impreso, en los subsecuentes meses? Sobra decir que, en sus respuestas, la autoridad tiene la obligación de “fundar”; es decir, citar normas legales exactamente aplicables al caso y “motivar”; en otras palabras, argumentar racionalmente que la conducta específica está lógicamente relacionada con la norma jurídica invocada. Esto es lo que se conoce como principio de legalidad, el que toda autoridad tiene el deber ineludible de cumplir.

Segundo. El artículo 8 constitucional dispone que la autoridad debe responder a la petición en “breve término” y por escrito. La Suprema Corte ha establecido que la idea de “breve término” se satisface como regla en cuatro meses. Las autoridades respondieron la petición entre los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011, pero lo hicieron sin observar los principios de legalidad, con respuestas genéricas, ininteligibles y uniformadas, de manera que se presume la utilización de un formato único para salir del paso. Ante la insatisfacción por las respuestas, el director de Proceso interpuso tres demandas de amparo indirecto en contra de las contestaciones del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, del director general de Comunicación Social de la Secretaría de la Reforma Agraria, y del jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social.

Todos los casos (expedientes: 22/2011, Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; 48/2011, Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y 69/2011, Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal) fueron resueltos positivamente para la revista Proceso, con lo cual se obtuvo el amparo y la protección de la justicia federal a efecto de que las autoridades ajustaran sus respuestas conforme a derecho.

En ese lapso, diversas dependencias y entidades de la administración pública federal ofrecieron anunciarse en el semanario, en cuyo caso las demandas hubieran podido quedar sin materia. En una difícil y honrosa decisión, porque el dinero nunca sobra, el director de Proceso decidió anteponer el interés público, seguir con el proceso judicial y no aceptar la publicidad ofrecida.

Tercero. Las autoridades a las cuales se hicieron las peticiones interpusieron sendos recursos de revisión, ante el Tribunal Colegiado de Circuito, contra las resoluciones de los jueces de Distrito. Con número de expediente R.A. 209/2011, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió confirmar la resolución del juzgador de Distrito que otorgó amparo definitivo a Proceso.

El 14 de julio pasado, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la Secretaría de la Reforma Agraria respondió de manera parcial al omitir un punto central relativo a las razones legales que habilitan a la dependencia para dar un tratamiento diferenciado a Proceso respecto a otras publicaciones que tienen, de acuerdo con datos oficiales, un tiraje menor. La respuesta de la SRA reconoce expresamente que no existen criterios de asignación de publicidad, e invoca acuerdos y tratados internacionales inaplicables al caso concreto, razón por la cual sigue sin cumplir la ejecutoria del órgano jurisdiccional y abre firmemente la posibilidad para que su director de Comunicación Social sea sujeto de responsabilidad administrativa al actuar bajo la lógica de la costumbre y no del estricto cumplimiento de la ley.

Siguen, por supuesto, otros pasos legales que dará Proceso. Por lo pronto, este caso está generando un precedente judicial para no dejar sin atención la necesidad de elaborar una ley de transparencia y equidad de publicidad oficial.

ernestovillanueva.blogspot.com
Twitter: @evillanuevamx

Acuerdo comercial antifalsificaciones

Rechazan senadores tratado negociado por Calderón que coartaría el acceso a Internet

• Con el pretexto de combatir la piratería, potencias buscan controlar la red a escala mundial

El martes pasado se realizó la última sesión del grupo plural de trabajo creado por el Senado para dar seguimiento al Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (Acta, siglas en inglés de Anti-Counterfeiting Trade Agreement), que el gobierno de Felipe Calderón empezó a negociar con las principales potencias económicas del mundo y que se hizo público gracias a filtraciones de Wikileaks. Conforme a sus atribuciones legales y con base en el análisis realizado, el grupo de legisladores consensuó rechazar el acuerdo, instar al Ejecutivo a que no lo firme y dirigirle un extrañamiento por haber negociado sin informar al Congreso.

Las conclusiones se publicarán en la Gaceta del Senado en los próximos días y serán comunicadas al pleno de esa cámara y a la mesa directiva, para que a su vez informe al Ejecutivo federal. Se notificará a las bancadas para que el acuerdo no sea ratificado en caso de que el Ejecutivo lo firme. El Acta no podrá entrar en vigor sin la ratificación del Senado.

Así, en medio de una creciente oposición, entra a una nueva etapa el polémico documento, al que sus críticos ven como un proyecto de las grandes potencias –principalmente Estados Unidos y los países de la Unión Europea– para controlar Internet a escala mundial, criminalizar a los usuarios y afectar los derechos humanos a la privacidad, a la libertad de expresión, a la información y a la certidumbre jurídica.

Consideran que Acta profundiza la brecha digital entre México y las naciones desarrolladas e inhibe el acceso a los bienes culturales que existen en la red, y advierten que pretende homologar legislaciones que responden a realidades sociales, económicas y culturales muy diferentes.

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¡Viva la muerte!

Felipe Calderón, la MIERDA que usurpa Los Pillos.

Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 6 de junio (apro).- La conmemoración en México del Día de la Libertad de Expresión, este martes 7, tiene el sello de la infamia: Intimidación, censura, acoso, represión y desaparición contra centenares de periodistas, 38 de los cuales han sido asesinados en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, ocho más de los que acumuló Vicente Fox en todo su sexenio.

En una década, la que lleva el Partido Acción Nacional (PAN) en el ejercicio de gobierno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado 68 asesinatos de periodistas, 13 desapariciones y 21 atentados a instalaciones de medios de comunicación, crímenes que en su mayoría están en la impunidad.

Pero estas cifras de vergüenza para los mexicanos, que coloca a nuestro país como el más peligroso del hemisferio y el segundo del planeta para el ejercicio periodístico --por lo que se mide la vigencia de la libertad de expresión--, le inspiran al gobierno de Calderón exactamente lo mismo que los cerca de 40 mil muertos en su “guerra” contra un sector del narcotráfico: Desprecio.

No puede entenderse de otra manera la indolencia oficial para articular acciones de prevención y castigo a las sistemáticas y crecientes agresiones contra periodistas y medios de comunicación, que no sólo provienen de los criminales, a los que el Estado está obligado a combatir, sino de las propias estructuras gubernamentales.

Hay que aclararlo: Las acechanzas contra la libertad de expresión de los periodistas, que lesionan no sólo este derecho de los periodistas, sino en lo fundamental el derecho de la sociedad a la información, no provienen sólo del Ejecutivo federal en la esfera oficial, sino de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado.

Y vale precisar, también, que las acometidas no son sólo burdas, como la violencia física de policías o las amenazas al estilo del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sino sutiles y maliciosas, como el condicionamiento de la publicidad gubernamental a medios de comunicación, un modelo que ya se ha arraigado en todos los niveles de gobierno de todos los signos políticos.

Así, en la misma medida que crece la escalada de violencia contra periodistas y medios de comunicación –los independientes, por supuesto, cada vez más escasos--, aumenta también el vilipendio y la negligencia gubernamentales, que son literalmente criminales porque la impunidad alienta las agresiones.

Una prueba fehaciente de esta inaceptable conducta es la implementación del programa de protección a periodistas, al que el gobierno de Calderón se comprometió el 2 de noviembre de 2010 y que, si de por sí observaba graves omisiones, la publicación de su reglamento de operación se ha retrasado por lo menos cinco meses.

Aun si ser la panacea para prevenir y sancionar la violencia contra periodistas, porque además –como ya es común en el gobierno-- ha desoído las propuestas de las organizaciones gremiales, este plan gubernamental implicaba por lo menos una pálida muestra de voluntad política para proteger mínimamente, desde el poder público, la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

De manera que lo que puede anticiparse, entonces, es que la violencia física y sicológica contra los periodistas continuará y malamente, gracias a la impunidad, se seguirán cegando vidas de éstos.

Por eso, además del reguero de cadáveres derivados de su “guerra” por su fanatismo policiaco-militarista, el desdén de Calderón por el periodismo independiente y la libertad de expresión evoca al general franquista José Millán-Astray quien, para atacar al escritor Miguel de Unamuno, exclamó: “¡Viva la Muerte!”

Apuntes

El clan Hank es en México emblema del hampa, mezcla de política, crimen e impunidad, sin las cuales el humilde profesor rural Carlos Hank González, el patriarca fallecido, no hubiese podido acumular la fortuna de que goza su descendencia. Jorge Hank Rhon, el magnate de Tijuana, habrá de pasar unos años encarcelado, pero el caso apesta. La captura cimbró al PRI, no sólo en el Estado de México, donde el desplome del candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena --conocido en El Yunque con el seudónimo de Tito--, ya estaba en el dígito, y en la carrera hacia el 2012 --con el dócil Ernesto Cordero--, sino en Baja California, donde los priistas ya no tienen candidato y los panistas sí: Francisco Blake, el secretario de Gobernación, que más parece “parejita” del policía García Luna. Ya se sabe: Calderón es muy inepto para conducir el gobierno, pero carece de escrúpulos...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Libertad de prensa en México, en su peor época: CIDH

Libertad de prensa en México, en su peor época: CIDH

Redacción

El veto publicitario del gobierno de Felipe Calderón y el acoso judicial de contratistas de su administración en contra de este semanario son parte de la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe de su visita oficial a México, la institución de la Organización de Estados Americanos urge al presidente resolver el agravio en cumplimiento a los acuerdos internacionales que en materia de libertad de expresión el Estado está obligado a cumplir.

Gobierno mexicano, omiso ante señalamientos de la CIDH

Redacción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha develado ante la comunidad internacional la falta de compromiso del gobierno de Felipe Calderón con las libertades de expresión y de prensa, coinciden defensores de derechos humanos y periodistas. El informe sobre México documenta persecución, acoso y represión contra medios y reporteros que ejercen su labor de manera independiente. Para organizaciones civiles, sólo fue la confirmación de lo que han venido denunciando desde hace casi cinco años.

Sindicatos del PRI protegidos por el PAN

Érika Ramírez

La administración de Felipe Calderón mantiene negociaciones con los llamados sindicatos charros o corporativos, otrora maquinaria obrera afiliada al PRI. Dona más de 75 millones de pesos a las viejas centrales y a los sindicatos incorporados a su propio sistema, revelan documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6 mil pesos, para “vivir al día”

Mayela Sánchez

La “recuperación económica” que pregona el gobierno federal y las cuentas alegres del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, son ajenas a la realidad de millones de familias cuyos ingresos apenas les alcanzan para “vivir al día”, en un país donde más de la mitad de la población recibe sueldos por debajo de los 5 mil 400 pesos al mes.

Libertad de prensa en México, en su peor época: CIDH

El veto publicitario del gobierno de Felipe Calderón y el acoso judicial de contratistas de su administración en contra de este semanario son parte de la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe de su visita oficial a México, la institución de la Organización de Estados Americanos urge al presidente resolver el agravio en cumplimiento a los acuerdos internacionales que en materia de libertad de expresión el Estado está obligado a cumplir.

Redacción

La prensa mexicana vive en el sexenio de Felipe Calderón una de sus etapas más infaustas: en enero de 2010, con el asesinato del periodista guerrerense Jorge Ochoa Martínez, editor del semanario El Sol de la Costa, el país se ubicó a la cabeza en el índice mundial de periodistas asesinados, agravio al que se suman desapariciones forzadas, acoso, agresiones físicas, amenazas de muerte, censura y la autocensura por la que han optado incontables comunicadores como única vía de seguridad. Tan negro es el panorama que los organismos internacionales definen a México como el país más mortífero para la prensa.

Junto a esos agravios, el acoso judicial y el veto publicitario en contra de medios de comunicación independientes son los principales retos que enfrentan el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en México, concluye el Informe de la relatoría especial para la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundido en Washington el 7 de marzo.

Dicho informe –que deriva de la primera visita oficial que la Relatoría, al frente de la abogada colombiana Catalina Botero Marino, realiza a México– incluye una serie de recomendaciones que, en su calidad de jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón deberá considerar en apego a los acuerdos internacionales que en materia de libertad de expresión ha signado el Estado mexicano y como país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La visita oficial de la relatora Catalina Botero y sus abogados Alejandra Negrete Morayta y Michael Camilleri tuvo lugar del 9 al 24 de agosto. La misión –que tuvo como objetivo observar la situación de la libertad de expresión en el país– se realizó en conjunto con el relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y su equipo de trabajo.

Las Relatorías se reunieron con funcionarios de más de 40 instituciones públicas federales y estatales pertenecientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con representantes de órganos autónomos.

Con el secretario de Gobernación, el procurador General de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Congreso de la Unión y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los representantes de la CIDH y de Naciones Unidas abordaron el caso de este semanario como un medio de comunicación “vetado” por el gobierno de Felipe Calderón, en represalia por publicar investigaciones periodísticas que han documentado presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados altos funcionarios de su gabinete, particularmente en el sector energético.

El último día de la visita, el 24 de agosto, en conferencia de prensa presentaron un informe preliminar para exponer los temas considerados “más preocupantes” en el panorama mexicano (incluyeron en ellos el caso Contralínea). Las relatorías expusieron que, en 2011, su informe oficial incluiría las recomendaciones que, desde la óptica de los organismos internacionales, Felipe Calderón deberá atender según los estándares mundiales de prensa y libertad de expresión, y en cumplimiento también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El informe difundido en Washington corresponde a la CIDH; la Relatoría de la ONU hará lo propio en junio próximo. Ambas relatorías documentan el caso Contralínea en dos vías: la del veto publicitario para un medio de comunicación por su línea editorial y el acoso judicial para inhibir su trabajo profesional, incluidos allanamientos, amenazas, arrestos, entre otros.

El veto publicitario

El informe documenta que, “en México, el gasto público en publicidad oficial es alto y tiende a aumentar. Según la información entregada por el Estado, en 2009 el monto ejercido en publicidad oficial por parte del Ejecutivo federal fue de 5 mil 371 millones 418 mil 470 pesos mexicanos, equivalentes a 410 millones 580 mil 429 dólares, el cual representa un aumento de más de 60 por ciento comparado con el gasto de 2006. Un monto tan significativo en publicidad oficial hace aún más importante la existencia de reglas claras y objetivas para su asignación”. Pero “en México no existe una legislación específica que establezca claramente los criterios que deben usarse al momento de asignar la publicidad oficial”.

Al respecto, la CIDH tomó como referencia la Recomendación 57/2009 en la que, en septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó el veto publicitario oficial en contra de este semanario por sus investigaciones periodísticas.

Refiere el informe de la CIDH:

“En el contexto de este marco legal, la Relatoría recibió información sobre casos en los cuales la publicidad oficial habría sido asignada en función de las líneas informativas de los medios de comunicación. La CNDH acreditó, por ejemplo, que después de que la revista Contralínea publicó una serie de reportajes críticos sobre Petróleos Mexicanos, esta entidad pública dejó de contratar publicidad oficial en dicha revista. La CNDH recomendó al director de Petróleos Mexicanos ‘girar sus instrucciones a quien corresponda, para que Petróleos Mexicanos cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial’.”

También consideró los casos de la revista Proceso y de los periódicos AM y Al Día, de Guanajuato, vetados por su línea editorial.

La CIDH le dice al Estado mexicano que “es esencial asegurar que la pauta oficial no sea utilizada como instrumento de castigo a medios de comunicación independientes o críticos del gobierno, o como subsidio encubierto que beneficie, directa o indirectamente, a los medios de comunicación afines o condescendientes con las autoridades”.

Y que “los Estados deberían decidir qué comunican y dónde comunican sus mensajes a la sociedad, en función de criterios objetivos vinculados con la mejor manera de transmitir esa información de forma más eficaz, y con absoluta independencia del contenido informativo o editorial del medio que deban contratar para tales efectos . Resulta imprescindible que los Estados cuenten con una regulación específica que fije expresamente criterios previos y objetivos de asignación de la pauta oficial, redactados de manera clara y precisa”.

La recomendación de la CIDH fue hecha de acuerdo con los criterios internacionales, pues el principio 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la ONU dice que “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y de créditos oficiales con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y debe ser castigado por la ley”.

Dice la CIDH que, en el marco de la visita in loco, el Ejecutivo federal reconoció la necesidad de adoptar una legislación que establezca reglas para el manejo de la publicidad oficial que aplican de manera homogénea en todo el país y a todos los niveles y ámbitos del gobierno, aunque hasta ahora no ha habido muestra alguna de que Felipe Calderón esté dispuesto a cumplir con las recomendaciones de la CIDH y sus obligaciones como jefe del Ejecutivo.

En su informe, la Relatoría “insta” a que el Congreso de la Unión legisle al respecto. Cabe señalar que éste es uno de los grandes pendientes en el Legislativo. Distintos grupos parlamentarios lo han puesto en la agenda sin que aún se llegue a un acuerdo por la legislar sobre la partida presupuestal, de la que el Ejecutivo dispone de manera discrecional.

El llamado más reciente es el del senador Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y presidente de la Comisión de Radio y Televisión.

En abril, en un punto de acuerdo que presentó en el Senado de la República, el legislador presentó el caso de Contralínea como el “ejemplo paradigmático” de la asignación arbitraria y discriminatoria que Calderón hace de la publicidad oficial “con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”. Lo que, según consideraciones del senador, constituye “una forma de censura directa”.

Acoso judicial, agravio a la libertad de expresión

En su informe, la oficina de la OEA expresa su preocupación por el acoso judicial a Contralínea durante este sexenio –como represalia al trabajo periodístico– por parte de funcionarios y empresarios supuestamente beneficiados de actos de corrupción.

La CIDH ha llamado reiteradamente a los Estados a no criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente respecto de asuntos de interés público.

La CIDH considera que la utilización de mecanismos para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre servidores públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor respecto del debate sobre asuntos de interés público.

Al respecto, la relatora Botero –doctorada por la Universidad Complutense y el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid– dice en su informe:

“La Relatoría también recibió información sobre acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios. Al respecto, la Relatoría recuerda que, como lo ha indicado la Corte Interamericana, las opiniones no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas; por ello, la opinión no puede ser objeto de sanción. Asimismo, deben existir estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones.”

Al abordar el tema del acoso judicial en contra de los periodistas de este semanario, la CIDH le recuerda a Felipe Calderón que “los periodistas que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo. Cabe recordar que, como la Corte Interamericana ha observado, el temor a la sanción civil puede ser tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, con el resultado evidente de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos”.

Desde 2009, tanto la CIDH como la ONU en sus oficinas sede han documentado el acoso judicial en contra de este semanario y han enviado diversas comunicaciones diplomáticas al gobierno de Calderón en las que le han hecho saber su preocupación por la escalada de agresiones por parte de contratistas de su gobierno.

De las demandas que se han presentado en contra de este semanario con la finalidad de inhibir el que se documenten supuestos negocios irregulares , la CIDH cita como ejemplo las demandas promovidas por el consorcio gasero Zeta Gas, de la familia Zaragoza López, financieros de campaña de Felipe Calderón, según su director Jesús Alonso Zaragoza López.

Puntualiza: “En algunos casos, las acciones civiles interpuestas habrían sido promovidas con el propósito de hostigar a periodistas y medios críticos. La CNDH ha caracterizado como un ‘acoso’, por ejemplo, las acciones civiles impulsadas contra periodistas de las revistas Contralínea y Fortuna. Negocios y Finanzas por parte de particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial quienes promovieron en su contra al menos cinco demandas civiles en tres entidades federativas distintas.

“Según la información recibida, en uno de estos casos el juez 44 de lo Civil del Distrito Federal condenó, el 30 de mayo de 2008, al director de Contralínea Agustín Miguel Badillo Cruz, a la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza y a la empresa a la cual pertenecen las revistas mencionadas. La sentencia concluye que las notas publicadas sobre el presidente del consejo de administración de un consorcio empresarial con más de 80 compañías, que reproducen una entrevista dada voluntariamente por el propio implicado, así como documentos entregados por éste, constituyeron un ‘abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión, con el que se lesionó el honor de la parte actora’. El fallo judicial no otorga importancia a ‘la circunstancia de que el actor haya admitido las entrevistas y entregado documentos’, ni tampoco a ‘la circunstancia de que alguna información sea del dominio público tanto en territorio nacional como en el extranjero’. La sentencia ordena publicar integralmente el texto del fallo en las revistas y retirar de las páginas de internet de las revistas los artículos cuestionados en el caso.

“La apelación resuelta por la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 23 de septiembre de 2008, mantuvo la condena, y el amparo directo presentado por los condenados fue negado el 11 de diciembre de 2008 por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil. En sus observaciones sobre la versión preliminar del presente informe, el Estado mexicano informó que “el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hace notar de manera sobresaliente que en este asunto, como se desprende de la misma narración, todas las instancias, esto es, el juez resolutor quien condenó en ejercicio de su función jurisdiccional, así como los magistrados de sala correspondiente que confirmaron la resolución estuvieron de acuerdo en la condena, e incluso el amparo interpuesto por los demandados les fue negado.

“Preocupa además a la Relatoría que en el marco de los procesos mencionados en el párrafo anterior, un juez civil dictó una medida provisional contra los periodistas y la empresa prohibiéndoles referirse a los demandantes ‘a través de insultos’ en sus notas periodísticas, medida que equivaldría a una censura previa. Adicionalmente, según la información recibida por la Relatoría, en el marco de dichos procesos civiles, el director de Contralínea fue detenido en circunstancias cuestionadas por la CNDH.

“Asimismo, según información de la CNDH, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y varios civiles que, según información de la revista, se identificaron como representantes de los demandantes, se introdujeron intempestivamente en las instalaciones de dicha revista el 11 de febrero de 2009.”

Subraya la Oficina en Washington: “La Relatoría expresa su preocupación ante estos hechos, que revelarían un intento de utilizar el sistema judicial para hostigar y silenciar a periodistas”.

Documenta que entre los ataques en contra de este semanario, el 12 de abril de 2010 las instalaciones de la revista fueron robadas. De las oficinas administrativa y editorial sustrajeron documentos financieros, fiscales y el equipo de cómputo del editor de la revista. El robo fue denunciado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

También que, el 23 de junio de 2010, el encargado de distribución de Contralínea en Puebla, Israel Maldonado Flores, fue golpeado, robado y amenazado en Izúcar de Matamoros por 15 sujetos armados que dijeron ser simpatizantes del Partido Acción Nacional.

En su informe, la Relatoría le recuerda a Calderón que el noveno principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la CIDH, establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión”. Y que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Subraya: “La Relatoría recuerda en este sentido que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares.

“El Estado tiene además la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia, aun cuando las personas responsables no sean agentes estatales. En este sentido, el hecho de que la Relatoría se pronuncie sobre un acto de violencia, no necesariamente implica que ese acto resulte directamente atribuible al Estado. Sin embargo, estos hechos sí ponen de manifiesto la obligación del Estado de prevenir, proteger y, en su caso, sancionar este tipo de hechos.”

Las Recomendaciones

La CIDH le dice a Felipe Calderón que “por la gravedad de la situación que enfrenta la libertad de expresión y las personas que se dedican al periodismo en el país, resulta urgente que el Estado mexicano adopte una política integral de prevención, protección, y procuración de justicia, con la finalidad de garantizar las condiciones para un debate democrático libre, desinhibido y robusto”.

En el caso Contralínea, la CIDH se dice “preocupada” por las acciones legales de carácter civil contra periodistas, “que podrían tener el propósito de hostigar y silenciar la crítica”. Por ello, recomienda a Calderón “garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores”.

La CIDH refiere que sus recomendaciones están encaminadas a fortalecer la libertad de expresión de todas las y los mexicanos.

“Respetuosamente, la Relatoría insta al Estado mexicano a atender a la brevedad posible estas recomendaciones y se ofrece nuevamente para participar en el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones ofrecido por el gobierno al finalizar la visita in loco. La situación apremiante por la que atraviesa la libertad de expresión en México precisa de acciones efectivas e inmediatas como las aquí señaladas.”

El discurso oficial

En febrero, el gobierno mexicano envió a la CIDH su postura respecto del informe. Aseguró que “considerará” las recomendaciones hechas por la Relatoría en cumplimiento de su mandato.

En su comunicación oficial, el gobierno de Calderón reconoce que la atención a los casos documentados por la Relatoría –entre ellos el de Contralínea– representan “los desafíos emergentes para la libertad de expresión en la coyuntura que atraviesa nuestro país, así como en la implementación de mecanismos y estrategias que garanticen el ejercicio pleno de este derecho fundamental en nuestro país”.

Pero omite que desde septiembre de 2009, en su Recomendación 57/2009, la CNDH le hizo diversos extrañamientos para que su administración levantara el veto oficial que desde Los Pinos se ordenó en contra de Contralínea. Tanto él como su gabinete fueron omisos a las consideraciones de la CNDH, que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace extensivas.

Fuente: Contralínea