A punto de terminar su gestión al frente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza es concluyente: La violencia y las violaciones a los derechos humanos se han disparado en los últimos tres años no sólo por la “guerra” contra el narco que sacó al Ejército a las calles, sino también porque la figura presidencial de Calderón se ha debilitado ante el poder de los señores feudales que gobiernan los estados. En este ambiente, dice en entrevista con Proceso, las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas –que han crecido como nunca durante las dos administraciones panistas– han sido cometidas y se mantienen impunes no por acción, sino por omisión del Estado. Detrás del aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos en México durante los últimos tres años están el debilitamiento del poder de la figura presidencial de Felipe Calderón y la “feudalización” del poder de los gobernadores, concluye Emilio Álvarez Icaza Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).Entrevistado por Proceso en las nuevas oficinas del organismo que encabeza, Álvarez Icaza, en un balance de la situación nacional de los derechos humanos, la seguridad pública y el papel del Ejército, ubica las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos –que se intensificaron en el último trienio– como los ejemplos más evidentes y preocupantes del “retroceso” que vive el país en esa materia. Advierte no obstante que, en esta circunstancia, la responsabilidad “no sólo es del gobierno de Calderón, sino que tiene que ver con las agendas de los gobiernos estatales, de entidades como Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Jalisco, por mencionar algunas.“Si sólo facturamos hacia el gobierno federal, facilitamos que esas agresiones se den sin costo. Ocurre que el poder del presidente se ha debilitado y el de los gobernadores se ha fortalecido. Éstos nunca habían tenido tanto poder ni dinero como ahora, pero no tienen los contrapesos suficientes. Hay un fenómeno de feudalización. Los poderes centrales se debilitan y los locales se han fortalecido.” Sociólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), exdirector del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), miembro honorario de Alianza Cívica y exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Álvarez Icaza reflexiona también sobre sus ocho años al frente de la CDHDF y su relación con los gobiernos perredistas.“Yo vengo de una trayectoria y de una historia dedicada a los derechos humanos, por mis padres (José Álvarez Icaza y Luz Longoria) y por Cencos. Hubo quienes esperaban que por mi origen tuviera una lógica de acompañamiento sistemático y no dijera nada. Creo que se equivocaron.” Reconoce que durante su gestión “hubo espacios de mucha tensión” con los mandatarios capitalinos (López Obrador, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard), derivados de las denuncias “de abusos” de servidores públicos, sobre todo de los adscritos al aparato de justicia. “El 80% de las quejas que llegaron –puntualiza– tuvieron que ver con el aparato de justicia, y en primer lugar con la procuración de justicia, a la cual se refirieron una de cada tres quejas”. Tras mencionar que crecieron las denuncias relacionadas con los reclusorios, con la salud –tomando en cuenta que “la Secretaría de Salud es responsable de reclusorios”– y con la seguridad pública, destaca que la Consejería Jurídica se ha vuelto “un tema muy crítico” porque, “a pesar de que se desarrollaron métodos de formación y de capacitación de policías, los viejos paradigmas subsisten. Un buen ejemplo es el caso New’s Divine, donde se vio que, pese a la capacitación y los programas sociales, el personal de seguridad no respeta los derechos”.A unos días de que concluya su gestión al frente de la CDHDF –martes 30 de septiembre–, Álvarez Icaza manifiesta que a los gobiernos perredistas les falta atender los problemas ambientales y de discriminación, así como actuar con efectividad contra la desigualdad y la pobreza, pero acepta que durante las administraciones provenientes del PRD ha habido avances en temas que a nivel nacional siguen pendientes, como el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la comunidad lésbico-gay; también, en lo que respecta a la voluntad anticipada y a los derechos sociales, a través de programas públicos dirigidos a estudiantes, madres solteras y ancianos, principalmente.–Estos últimos son programas que se han identificado como destinados a obtener votos… –se le comenta.–Se reconocen derechos, pero no se construye ciudadanía, o bien, se construye ciudadanía de bajo impacto, en una relación que puede acabar siendo muy clientelar. Y en algunos casos acabó así, claramente.“Ya decía Magdalena Sepúlveda –relatora de la ONU contra la pobreza– que lo que se necesita es una política de Estado con perspectiva social y de generación de riqueza, pues la sola transferencia financiera puede generar procesos de clientelismo electoral o de corporativismo, y eso no construye ciudadanía”, responde el ombudsman capitalino.Por eso opina que ese tipo de programas deben replantearse tomando en cuenta los derechos económicos. “La crisis económica –sentencia– va a generar un desafío a la capacidad del Estado. Después de 10 años de recursos petroleros en exceso, ahora resulta que tenemos más pobres. Yo veo con mucha preocupación lo que viene en términos de conflictividad social”.Por lo pronto, en el gobierno de Calderón se ha detectado una “ausencia del tema de los derechos humanos. En su gabinete, el presidente tuvo a personajes como Francisco Ramírez Acuña, con un récord muy cuestionable en el tema, y a Juan Camilo Mouriño, quien no lo tocó. Tras llegar a Gobernación, Fernando Gómez Mont presenta un programa de derechos humanos, va a Ginebra (al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU) y participa en un programa de radio, además de asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender el fuero militar. No obstante, ese es sólo un primer acercamiento al tema”.Añade que el gobierno calderonista se ha visto obligado a abordar la agenda de los derechos humanos después de que 15% de los recursos del Plan Mérida se condicionaron al cumplimiento de esos mismos derechos. En México “hay un aprendizaje de Estados Unidos del Plan Colombia, y es que no puede generarse una estrategia de seguridad que no incorpore el tema de los derechos humanos. Entonces, ya no se trata de un debate nacional, sino internacional”.De tal magnitud es la observación internacional, destaca, que la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido acercamientos con organizaciones sociales ante “la crisis de la agenda de la seguridad”. Esto, al punto de que la Zona Militar Número 1 ha solicitado a la CDHDF capacitar a mandos medios del Ejército.“Hemos capacitado a unos 15 mil oficiales que dirigen operaciones. Esta fue una condición nuestra, porque les dijimos que no atenderíamos a la tropa. Aunque veo un cambio generacional, sigo observando el desafío de cómo capacitar a los mandos superiores”, señala.
El error de la “guerra”Para el ombudsman capitalino, la clave de una crisis de la agenda de seguridad que no acaba de acoplarse a la de los derechos humanos se encuentra en la decisión de Felipe Calderón de emprender una “guerra” contra el crimen organizado mediante la acción del Ejército. “Para el Ejército es muy difícil cómo entender la guerra –reflexiona. A ver: hay una guerra y hay un enemigo. ‘Entonces –considera el Ejército– actuamos en consecuencia’. Pero resulta que el enemigo es civil, al que se le tienen que respetar las reglas del debido proceso, y eso genera mucha tensión. “La estrategia de la seguridad puedo entenderla incluso desde la defensa de los derechos humanos, porque la seguridad es un derecho, pero el debate debe girar en torno de las preguntas: ¿esto es una guerra?, ¿cuándo se gana la guerra? Y es conveniente que este debate se desarrolle en términos de la agenda de la seguridad preservando la institución del Ejército.”Resalta que es urgente debatir acerca del papel de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, ante el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos por elementos castrenses. Al respecto, prosigue, hay una “clarísima preocupación internacional”, manifestada durante el reciente Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, aclara, “el Estado mexicano rechazó todas las recomendaciones que tienen que ver con cuestionamientos al fuero militar”.Tras indicar que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la mayoría de los casos de México tienen que ver con abusos militares –crímenes del pasado, como la desaparición forzada de Rosendo Radilla; violaciones sexuales, como las cometidas contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y torturas, como las aplicadas a los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera–, Álvarez Icaza adelanta que, debido al velo de impunidad y a la falta de reformas al sistema de justicia militar, “no tardan en llegar a la Corte Interamericana asuntos relacionados con el combate al narcotráfico”.Asegura que “no hay manera de relegar, en la agenda pública, un debate a fondo del fuero militar. No se trata solamente de la presencia militar (en las calles), sino de que no se le está dando salida… El hecho es que mientras siga incrementándose el número de denuncias, el asunto del fuero militar va a ser recurrente. “Por supuesto que al Estado mexicano y a los responsables de la función ejecutiva atañe encabezar la protección y la seguridad, pero también debe tenerse absoluta claridad en que el Estado no puede cometer delitos para combatir el delito. Y la única forma de preservar a la institución del Ejército es que los abusos se denuncien, que haya culpables y sanciones; de lo contrario, van a ser las instancias internacionales las que resuelvan al respecto, y eso es muy costoso para el país.”Reconoce que, por el escenario y las circunstancias en que se ha involucrado al Ejército en funciones de seguridad pública durante la actual administración, la tarea no es fácil, pues, por ejemplo, activistas de Ciudad Juárez le han expresado que, a su juicio, “ya no es suficiente el planteamiento exclusivo de la retirada del Ejército, porque si lo hace, simple y llanamente se entrega el territorio a la delincuencia organizada, y en términos de la guerra no sólo significaría una derrota, sino la ausencia del Estado”.Según Álvarez Icaza, la forma de devolver a los civiles el control de la seguridad tendría que ver con “la acción de la justicia –cómo atacas, detienes y juzgas a quienes causan muertes–; la acción social y económica –cómo generas empleos y condiciones para evitar que los jóvenes se integren a la delincuencia– y, por último, qué hacer en trabajos de inteligencia para evitar el poder de corrupción del narco. No se trata sólo de incautar toneladas de drogas, sino de desmantelar las bandas o núcleos de cárteles”.En el caso de las agresiones a defensores de los derechos humanos y a periodistas, continúa, lo que ocurre es que “se violan los derechos por omisión, no por acción. Cuando se amenaza, levanta o asesina a un periodista, y no hay culpables, existe una ausencia de justicia y una desprotección por parte del Estado”. Álvarez Icaza considera que, “con toda proporción guardada”, las agresiones a los periodistas se están convirtiendo en algo similar a los feminicidios de Ciudad Juárez. “Hay un paralelismo en cómo el Estado no ha tutelado el derecho de las mujeres y de los periodistas. Son expresiones muy contundentes de incapacidad”. Subraya que la violencia contra el gremio periodístico se ha disparado durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, donde “ha habido una transformación: el sujeto de la violación a los derechos humanos cambió de la acción a la omisión. Antes los responsables eran el gobernador o el presidente municipal; ahora hay casos en los que puede darse el contubernio de funcionarios públicos con la delincuencia organizada, y de los hechos que se denuncian, sobre todo en el norte del país, se le pasa la factura al narco”.No menos grave, resalta, son los ataques contra defensores de derechos humanos, pues también aquí “la impunidad es norma y la justicia es excepción”. Esto “pone en tensión todo el sistema no jurisdiccional”, mientras que “las comisiones de derechos humanos y el movimiento de derechos humanos revelan poca capacidad para replantear su labor”.Los organismos públicos de derechos humanos, advierte, deben tener la convicción de que “su papel está con la víctima, y de que ahí no hay neutralidad posible: puede haber imparcialidad, pero si no estás con la víctima, incumples tu función. No puede uno pasarle la factura a la CNDH, a las comisiones estatales o a la del Distrito Federal, porque se violan los derechos humanos. Eso es responsabilidad del Estado. Pero debe igualmente evaluarse qué has hecho para denunciar y para evitar ese tipo de violaciones”.
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