Piden justicia a dos años del homicidio de Teresa y Felicitas

Oaxaca, México.- La Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste, exigieron al gobierno estatal el esclarecimiento del asesinato de las locutoras Teresa Bautista y Felicitas Martínez, integrantes de la radio comunitaria “La Voz que rompe el Silencio”.

Felicitas y Teresa, en espera de justicia a dos años de su muerte

Al cumplirse el seis de abril, dos años que las jóvenes indígenas triquis fueron ultimadas en San Juan Copala, hasta el momento las autoridades judiciales no han dado a conocer avance en las investigaciones.

A continuación el comunicado:

Red de Radio Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano

6 de abril del 2010

A la Opinión Pública, Nacional internacional

A los Pueblos Indígenas de México y el Mundo

A las organizaciones Sociales y de Derechos Humanos

A los medios de comunicación honestos, radios comunitarias y medios libres.

Nuevamente la Red de Radios Indígenas y Comunicadores del Sureste Mexicano, se pronuncia al cumplirse dos años de los asesinatos de nuestras compañeras comunicadoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez, integrantes de la radio comunitaria “La Voz que rompe el Silencio” y expresamos nuestro más enérgico reclamo de justicia, pues dicho crimen permanece impune hasta ahora.

Los actos de hostigamiento, intimidación y de persecución que el Gobierno Federal ha desatado en contra los comunicadores indígenas son sin lugar a dudas parte de la política de criminalización en contra del movimiento ciudadano de nuestro país. Esta criminalización y la militarización que se vive en territorios indígenas y en especial donde existe la mayor concentración de recursos naturales, busca imponer los megaproyectos mineros, ecoturísticos, hidroeléctrico, pesqueros y de represas entre otros, que benefician a las empresas extranjeras. Leer Nota completa

Denuncian nueva embestida oficial contra Radio Ñomndaa

La persecución, porque la diputada Aceadeth Rocha Ramírez se siente evidenciada

La Jornada de Guerrero

Emiten orden de aprehensión contra David Valtierra Arango; hay operativos para arrestarlo.
Un hermano de la cacique de Xochistlahuaca lo acusa de privación ilegal de la libertad y robo.

JESÚS RODRÍGUEZ MONTES (Corresponsal)

Xochistlahuaca, 2 de noviembre. Que habría una nueva orden de arresto en su contra, ya lo presentía desde hace varios días David Valtierra Arango, integrante del comité general de la estación comunitariaRadio Ñomndaa, La Palabra del Agua. La nueva acción judicial en su contra la confirmó Valtierra el 30 de octubre y por eso, desde entonces permanece aislado en el pueblo, sin viajar a otro lugar, porque desde días atrás le informaron que ya había retenes y operativos especiales para aprehenderlo.
Este indígena nn’anncue (amuzgo) es uno de los principales promotores del proyecto radiofónico que desde 2002, con el consenso de las autoridades tradicionales y cientos de vecinos del municipio autónomo Suljaa’, se puso en marcha con el propósito de comunicarse en su propia lengua. El 18 de diciembre de 2004 finalmente salió al aire la primera emisión.
Sin embargo, dice Valtierra en entrevista con La Jornada Guerrero, haber instaurado la radio sólo fue motivo para acrecentar el encono que hay contra ellos por parte de la actual diputada local Aceadeth Rocha Ramírez, la polémica priísta que concentra todo el poder en la mayor parte del municipio y en la Costa Chica, a tal grado que desde hace una década es ella quien, por periodos consecutivos, logra imponerse en la presidencia municipal y en la diputación local en el distrito electoral a donde se inscribe Xochistlahuaca. De esa manera, cuando no es diputada, es alcaldesa.
Desde la cima del cerro de las Flores es posible observar casi a plenitud toda la cabecera municipal de Xochistlahuaca. En su lengua materna, el ñomndaa, los indígenas nn’anncue que aquí habitan nombraron a esta tierra Suljaa’, que en español quiere decir Llanura de Flores, por lo colorida y vasta que resulta la vegetación que se extiende en el territorio.
En la cima del cerro está ubicada la cabina desde donde Valtierra, cada sábado, transmite el programa Por los caminos del sur, y además da cuenta de los acontecimientos más relevantes –“las noticias”, define él– en el entorno nacional, estatal y local. Pero lo hace en ñomndaa, para que la gente que no entiende español, que son la mayoría de los habitantes, conozcan lo que ha ocurrido en los útimos días, por ejemplo, con el decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro, o con la queja de vecinos de Xochistlahuaca, que insisten en que la diputada Aceadeth, a través de una planta cribadora que dirige su hijo, está acabando con los recursos del río.
“La cacique de aquí de la región y del municipio se llama Aceadeth Rocha Ramírez, que ha sido diputada y presidenta municipal”, afirma contundente Valtierra.
La nueva orden de arresto que Valtierra presentía se cocinaba en su contra desde hace semanas en el juzgado con sede en Ometepec, proviene de una demanda que interpuso Ariosto, el hermano de “la cacique”, por supuesta “privación ilegal de la libertad y robo” que cometieron líderes de partidos de oposición durante las elecciones de octubre del año pasado, cuando lo sorprendieron repartiendo dinero y comprando credenciales en varias casillas del municipio. Finalmente, el 13 de octubre, un año después, el juez Derly Arnaldo Alderete Cruz emitió la orden de aprehensión.
Lo relacionan con lo que le pasó en las campañas electorales pasadas, cuenta Valtierra: “lo recuerdo porque lo escuché en la radio, que vino gente de una comunidad a decir que lo habían agarrado a él comprando credenciales por cierto pago, lo agarraron pues con muchas credenciales y con un fajo de billetes, junto con otras personas. Su hermano José Luis Rocha pudo escapar, eso es lo que dice la gente.
“Entonces yo me enteré de eso, pero como nosotros (los de la Radio Ñomndaa) somos totalmente ajenos a los partidos políticos, a los procesos electorales, pues nunca supimos cómo fue eso, más que lo que se oyó en la radio contado por la misma gente, y ahora me estoy enterando de que me están acusando que yo estuve ahí, eso es una gran mentira más que se viene y las órdenes de aprehensión, de los líderes de los partidos políticos opositores están ahí”.
Como la gente que ha promovido la radio son vecinos que desde 2001 se enfrentaron a Aceadeth Rocha y le tomaron la presidencia municipal, cuando gobernaba, porque desde su posición imponía a comisarios en los pueblos afines a su partido, ahora –señala el indígena– la priísta “se siente amenazada” porque a través de la estación “nosotros lo que hacemos es decir a la gente los derechos que tenemos y que ya están reconocidos, pero también los derechos que no están reconocidos, como los acuerdos de San Andrés (Larráinzar, Chiapas), y nosotros sacamos la información de lo que está sucediendo en la región, lo decimos a la gente, provocamos una reflexión y damos nuestro punto de vista”.
–¿Piensas entonces que esa nueva acción viene de ahí, de Aceadeth, por el trabajo que hacen con la radio?
–Nosotros suponemos que ella se siente como que la estamos descubriendo y puede ser que sea esa la reacción de ella, de perseguirnos de esa manera, de hostigarnos constantemente, porque nosotros no estamos pidiendo un puesto de regidor, un puesto en alguna dependencia, entonces no encuentran la manera de callarnos más que a través del hostigamiento.

Perseguidas, las radios comunitarias en México gozan de buena salud: experto

Ana Mónica Rodríguez

■ López Vigil llama a “democratizar los contenidos y abrir el espectro a la sociedad”

■ Se necesita devolver al pueblo la palabra que permanece condenada al silencio, advierte

Las radiodifusoras comunitarias que operan sin propósito de lucro y carecen de recursos, “están más vivas que nunca”, expresó el experto José Ignacio López Vigil, fundador y productor de emisoras en América Latina.Por tanto, dijo, “es prioritario democratizar sus contenidos y abrir el espectro radial a la sociedad”.En México, refiere el especialista, las estaciones comunitarias gozan de estupenda salud, pues a pesar de que las persiguen no acaban con ellas; las aplastan, pero siguen vivas y cada vez aparecen más, se multiplican. “Nos hicimos hombres y mujeres hablando, y para ser mejor sociedad necesitamos la palabra y una imagen pública.En el país, prosigue, hay una gran concentración de propiedad de las estaciones radiales, y además, “debido a las absurdas leyes que rigen el espectro, es fundamental tener una ley democrática de telecomunicaciones, pero en contraste, las radiodifusoras alternas resurgen y los indígenas tienen un protagonismo sumamente importante, porque están reclamando no sólo su ciudadanía, sino su lenguaje, identidad y cultura.”La urgencia de esta nación es “desprivatizar el espectro y plantear leyes democratizadoras que permitan a la sociedad civil operar medios de comunicación que sean de su propiedad y autoadministrables”.López Vigil, quien coordina un centro de producción radiofónica por Internet, llamado Radialistas apasionadas y apasionados, con sede en Quito, Ecuador, explicó que esta problemática no sólo pertenece a México, sino a casi todos los países de América Latina.“Las leyes, salvo sus muy contadas excepciones, son injustas y discriminatorias. ¿Por qué? La razón es que la mayor parte de la población, que son titulares de la frecuencia de radio y televisión, no tienen acceso a ella.”

–¿Todas las emisoras comunitarias comparten esas características?

–No es una cuestión homogénea, pues existen todo tipo de variantes, debido a que algunas radiodifusoras son juveniles, otras musicales y unas más de carácter social o político. Sin embargo, creo que la experiencia compartida consiste en devolver la palabra al pueblo, luego de que ha permanecido secuestrada y condenada al silencio.Para actuar en beneficio de la sociedad, agregó el experto, “además de tener una frecuencia radial también es preciso hablar de democratizar los contenidos, porque sin ello la radio será un arado sin semilla. Y así como hablamos de libertad, también debemos referirnos a la libertad en la cultura, dar acceso a los bienes culturales y no sólo de información”.Con ello, dice, se rompería el cerco comercial y la definición perversa de la cultura como mercancía.A manera de ejemplo, dijo que el término “radios piratas” es irrelevante, porque en cuestiones discográficas las empresas productoras son las que llevan casi toda la ganancia en detrimento del músico. Y en este tenor, “es digno de felicitar a todos los que, entre comillas, piratean cultura, porque lo que hacen es democratizar los contenidos”.

Experiencias contraculturales

Las emisoras comunitarias no tinenen ingresos propios ni fines de lucro, pese a que coexisten como empresas sociales que pueden ejercer la libertad de comercio y captar publicidad con los debidos filtros éticos. El poder fáctico mediático, subrayó López Vigil, desea emisoras con las tres P, es decir, “radios pobres, pequeñas y pocas”.

–¿Quiénes producen en estas empresas radiales?

–Existen todo tipo de alianzas. En América Latina, la Iglesia de la teología de la liberación ha auspiciado muchas radios que están vivas, dinámicas y en primeros lugares de audiencia; también grupos no sólo indígenas sino sindicatos, un sinfín de organizaciones sociales y jóvenes, quienes protagonizan experiencias muchas veces contraculturales, locas e irreverentes.“Algunas radios comunitarias trabajan con voluntariado, otras han formado su empresa social y solvente, algunas solicitan fondos y ayuda a organizaciones de cooperación internacional y unas más desarrollan la radio como un centro cultural. Sin embargo, la constante es que no es un solo individuo el que ha puesto en marcha este movimiento.”Asimismo, López Vigil imparte un taller “nacional”, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, al que concurren representantes de radios comunitarias estatales y comerciales, pero “con sensibilidad social”.También ofrecerá una conferencia sobre la libertad de antena hoy, a las 19:30 horas, en la Casa Universitaria del Libro (calle Orizaba 24, colonia Roma).

Juez dicta Orden de Formal Prisión en contra de Héctor Camero, integrante de la Radio Comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey

Difusión Cencos

Comunicado de prensaAMARC

* El Poder Judicial Federal se suma a la criminalización en contra de la personas que ejercen su legítimo derechoa la libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria.

El día de hoy el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal, con sede en Nuevo León, emitió orden de formal prisión en contra de Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey.El Juez considera que existen elementos necesarios para detener a Héctor Camero a fin de que enfrente un juicio en su contra por el delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa. Dicho delito está sancionado con hasta 12 años de prisión por el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.Más de 200 personas de la comunidad Tierra y Libertad, lugar donde operaba la radio, acudieron a las afueras de las instalaciones de los juzgados federales para protestar por la continuidad de un procedimiento ilegal e infundado en contra de Héctor Camero.Organizaciones civiles, nacionales e internacionales, enviaron cartas al juez solicitando que determinara la inmediata e incondicional libertad de Héctor Camero, dado que la persecución penal en contra de una radio comunitaria es una medida innecesaria y desproporcional, por lo que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión.A pesar de las solicitudes de las organizaciones, los actos de protesta y la clara denuncia ilegal e infundada interpuesta por la Secretaría de Gobernación y continuada por la Procuraduría General de la República, el Juez determinó proseguir con el juicio, el cual Héctor Camero podrá enfrentar en libertad tras el pago de una caución.Con ello, el Poder Judicial Federal se suma la política de criminalización, persecución y hostigamiento en contra de las personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria al darle cauce a una denuncia ilegal, infundada, desproporcional e innecesaria.Estos hechos son violatorios del derecho a la libertad de expresión y contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos que México se ha comprometido a cumplir. Al respecto organismos internacionales han dicho que la vía penal sólo podrá emplearse como la última vía para proteger bienes jurídicos fundamentales de ataques graves que los dañen.Cabe recordar que la radio se encuentra cerrada desde el 6 de junio de 2008, fecha en la que más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva llevaron a cabo el operativo de cierre con un uso excesivo de la fuerza pública y violentando las garantías del debido proceso legal.La radio Tierra y Libertad tiene por objetivo servir a la comunidad, haciendo uso de su legítimo derecho a la libertad de expresión, para lo cual solicitó el permiso que marca la ley desde el año 2002 sin que hasta el momento el Estado haya dado una respuesta satisfactoria.
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Criminalización de radios comunitarias

Miguel Concha /II

El 28 de marzo escribí que la situación actual de las radios comunitarias en México pone en evidencia que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en el país, ni de garantizar el derecho a la información de las comunidades indígenas y los sectores sociales más deprimidos.

La clausura violenta de radios comunitarias, con la utilización de elementos de la Policía Federal y la interposición abusiva de denuncias penales por parte de la Secretaría de Gobernación, es muestra de una política aún más represiva por parte del gobierno en contra de las emisoras comunitarias.

Pues bien, los hechos más recientes demuestran que esa política continúa. Apenas la semana pasada el juez quinto de distrito de lo penal, con sede en Nuevo León, giró una orden de aprehensión en contra de Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad en ese estado. Y también la semana pasada la señora Rosa Cruz, de la radio Uékakua en Michoacán, fue citada a comparecer como indiciada por un delito que alcanza hasta 12 años de prisión.

Rosa es una mujer purépecha, artesana, que apenas habla el español, y ha dedicado gran parte de su vida a prestar una labor social en la radio de su comunidad. En el caso de la radio Uékakua no sólo se ha iniciado un procedimiento penal en contra de la señora Rosa, sino que en el momento del cierre de esta emisora de 5 vatios, de la comunidad de Ocumicho, Michoacán, el 29 de enero pasado, los más de 100 elementos policiacos amedrentaron a niños, amenazaron a mujeres con golpearlas, le taparon la boca y le lastimaron la mano a una niña, y una señora fue arrastrada violentamente fuera de la radio.

Hoy la señora Rosa se encuentra ante la obligación de comparecer como indiciada ante el Ministerio Público de la Federación. La persecución penal en contra de las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad constituye de hecho una vía excesiva, desproporcionada e innecesaria, sobre todo cuando han demostrado su voluntad de legalidad, y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso. Las radios Uékakua y Tierra y Libertad han buscado estar dentro del marco de la legalidad, y a tal efecto han procurado operar con autorización. Sin embargo, las respuestas por parte del Estado mexicano han sido omisas en proporcionarles las vías para operar dentro del marco legal.

La persistencia de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa, suficiente para recuperar las frecuencias, y más conforme con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos en esta materia, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias, en casos además en contra de personas en situación de vulnerabilidad, por su situación de pobreza y dificultades para hablar en español.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estados deben abstenerse de emplear medios indirectos, como dar trámites a causas penales, para coartar el derecho a la libertad de expresión, y que están obligados a emplear medios razonables, proporcionales y necesarios para analizar la legalidad en el ejercicio de esta prerrogativa.

Según ella los estados deben privilegiar el empleo de medidas no penales, máxime cuando las comunidades que están involucradas en la operación de radiodifusoras tienen fines sociales. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendó legislar en materia de radiodifusión comunitaria y reservar parte del espectro para ellas.

Igualmente, en el Examen Periódico Universal de México frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el gobierno, representado por el secretario de Gobernación, estuvo de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Federación Rusa y los Países Bajos, en el sentido de llevar a cabo reformas jurídicas para la apertura y transparencia de los medios de comunicación en el país; y revisar la legislación de radio, televisión y medios de comunicación, y el seguimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para un nuevo marco jurídico que permita la diversidad en los medios de comunicación.

También vale mencionar que el Estado mexicano ha establecido como una de las líneas de acción en el Programa Nacional de Derechos Humanos (2008-2012): Promover el reconocimiento jurídico de la radiodifusión comunitaria, así como facilitar su operación y desarrollo a través de los reglamentos y demás normas administrativas.

Hasta el momento el Estado mexicano no sólo no ha cumplido con estas recomendaciones, sino que el gobierno ha endurecido sus políticas criminalizando a las comunidades que intentan ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la información a través del medio que ha resultado más accesible para ellas hasta ahora: la radio. Con ello, está retrocediendo en lo que ya se había avanzado en esta materia con el otorgamiento de 11 permisos para la operación de radios comunitarias en los años de 2004 y 2005. Urge detener esta política persecutoria y resolver de manera inmediata las solicitudes de permisos pendientes.

El gobierno federal penaliza la información

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA

MONTERREY, NL.- De por sí objeto de persecución, de secuestros, torturas y asesinatos, desde el año pasado los responsables y colaboradores de estaciones de radio comunitaria enfrentan pesquisas judiciales resultantes de las demandas penales impulsadas por el gobierno federal.Para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), capítulo México, las agresiones provienen de cacicazgos y grupos de poder que se sienten afectados porque las radiodifusoras orientan a la población sobre sus derechos y denuncian las injusticias.

El 7 de abril pasado se cumplió un año del asesinato de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, indígenas triquis conductoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio. Fueron emboscadas y acribilladas en el trayecto de Putla de Guerrero a Copala, en Oaxaca.Carlos Aparicio Gómez, presidente del capítulo México de la Amarc, sostiene que “la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADCP, de la PGR) se estaba negando en reconocerlas (a las conductoras triquis) como asesinadas por motivo de su trabajo, hasta que fue presionada cuando se les otorgó el Premio Nacional de Periodismo, post mortem, en su categoría de orientación a la comunidad. “Lo (mismo) hemos visto en Radio Zaa-chila, Radio Nandía y Radio Calenda, todas en Oaxaca, con disparos, amenazas y torturas (contra colaboradores y conductores) por atreverse a transmitir una realidad que los medios convencionales no se atreven”.En cuanto a las pesquisas judiciales del gobierno federal, dice que son consecuencia de presiones de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), mediante la cual los grandes corporativos chantajean política y electoralmente al gobierno de Felipe Calderón para obligarlo a ceder en todo.“Es una escalada represiva. Hemos retrocedido seis años de lo que pudimos lograr cuando las autoridades tenían voluntad para conciliar y reconocer derechos, al inicio de la administración foxista”, lamenta.En México existen más de 200 estaciones de radio comunitaria, de las cuales sólo 17 cuentan con permisos otorgados durante la primera parte de la administración de Vicente Fox; 11 de esas radiodifusoras forman parte de la Amarc. La mayoría son indígenas y se concentran principalmente en Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Puebla.“Están usando un soporte técnico para ejercer un derecho... garantizan el derecho de información donde no existen por lo general otros medios. En algunos casos desesperados, y en otros plenamente conscientes, están realizando un servicio público. Y como no tenemos un reconocimiento de las leyes mexicanas a las radios comunitarias o a los medios operados desde la sociedad civil, iniciaron operaciones sin permiso”, explica Aparicio Gómez.Aparte de invocar en su favor los artículos Sexto y Séptimo constitucionales, así como diversos convenios internacionales en materia de libertad de expresión, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente de la Amarc capítulo México agrega que el pleno de la Suprema Corte de Justicia ha señalado en jurisprudencia que un permiso de radiodifusión reconoce un derecho preexistente.Todo ello independientemente de que la fracción sexta del artículo 15 del Código Penal Federal establece que una de las causas de exclusión del delito es ejercer un derecho. “Por lo tanto –enfatiza el entrevistado–, una radiodifusora comunitaria que inicie transmisiones sin permiso está en el ejercicio de un derecho y no puede ser perseguida penalmente, pero aun así lo están haciendo”.Por otro lado, Aparicio argumenta que las radios comunitarias operan sin permiso porque el Estado no cuenta con leyes adecuadas a su funcionamiento, y en todo caso debería aplicarles las sanciones administrativas establecidas en la ley correspondiente. Pero no es así, recalca, pues las autoridades están optando por la vía penal al aplicar la Ley General de Bienes Nacionales, y por eso les pueden dictar a los responsables de las radiodifusoras comunitarias penas de cárcel por 12 años y multa de 15 millones de pesos.De hecho, varias estaciones enfrentan procesos penales y han suspendido sus transmisiones a causa de operativos policiacos e intimidaciones.El 10 de julio de 2008, cerca de 40 efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la policía ministerial llegaron a clausurar las instalaciones de la estación Ñomndaa (La Palabra del Agua), ubicada en la comunidad guerrerense de Suljaa’, en Xochistlahuaca. Se llevaron el equipo de transmisión.De igual manera, el pasado 24 de enero un grupo de la AFI y la SCT realizó un operativo en el ayuntamiento de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, donde están las instalaciones de la radiodifusora Eiámpiti. A dicha estación no la salvó siquiera el oficio firmado por el presidente Vicente Fox en 2000, que la entonces Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, les entregó a fin de facilitarles la obtención del permiso. Además tienen solicitudes emitidas por diferentes presidentes municipales con el mismo objeto.
“Quieren todo”
Con todo, ninguno de estos procesos penales ha llegado tan lejos como el de la estación Radio Tierra y Libertad (RTYL), en el 90.9 de FM, que hace un año fue tomada por asalto y cuyo responsable, Camero Haro, en cualquier momento puede ser víctima de una orden de aprehensión, pese a que obtuvo una suspensión provisional argumentando que no sacó provecho económico de la transmisión y por lo tanto el reclamo de Gobernación es improcedente.Camero asegura que la CIRT está presionando al gobierno federal para que cancele los permisos ya otorgados a radios comunitarias y para que las cierre todas: “Ellos quieren todo. El 85% de la radio pertenece a 13% de los grupos radiofónicos en el país, y el duopolio Televisa-Azteca tiene la televisión, mientras que en México no hay permisos para radio comunitaria y mucho menos para televisión comunitaria, que en otros países ya se está implementando”, dice en alusión a Venezuela y Bolivia.Técnicamente, las radios comunitarias pueden regularizarse sin problemas a partir del decreto mediante el cual el gobierno de Felipe Calderón facilitó la migración de las estaciones de AM a FM, sostiene el presidente de la Amarc México, Carlos Aparicio.Expone que “las autoridades no han respondido al llamado para regularizar las radios. No es voluntad de quien opera, estar sin permiso; es el Estado el que limita el derecho al no hacer lo posible por regularizarlas. Por eso pedimos una tregua ante los cierres, en lugar de desplegar toda la fuerza del Estado a partir de una laguna jurídica”. Con todo, puede anticipar que a sus argumentos, el gobierno federal responderá con el pretexto de que el espectro radiofónico está saturado. “Las presiones de los concesionarios afiliados a la CIRT son el origen (de este bloqueo), pero ellos llegarán hasta donde el gobierno quiera. A lo que voy es que (los concesionarios) no son los responsables de esta desatención, es el gobierno, al ceder por interés puramente electoral”. l

Embestida fecalista contra radios comunitarias

MEXICO, D.F., 14 de marzo (LA JORNADA).- El gobierno espurio ha lanzado “una embestida” en contra de radios comunitarias y sociales, muchas de ellas indígenas, que no sólo incluye la clausura violenta de las instalaciones y el decomiso del equipo, sino el ejercicio de acción penal contra sus representantes, denunció el perredista Carlos Sotelo.El Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía advirtió que parte del problema es que la Secretaría de Gobernación no ha dado trámite a las solicitudes de decenas de estaciones de radio, para que se les expida el permiso de operar. A pesar de que cumplen con los requisitos, la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont mantiene “secuestrados” los expedientes, como lo ha hecho también con el Canal de Televisión del Congreso.Sotelo demandó a las autoridades espurias “una especie de tregua”, a fin de suspender los cierres de estaciones de radio, para dar paso a su regulación, ya que de lo contrario podrían estallar conflictos sociales, toda vez que se trata de pequeñas emisoras con arraigo en las comunidades, contra las que la autoridad ha emprendido la aplicación selectiva de la ley, a fin de desaparecerlas.Acompañado por el presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Caros Aparicio, el legislador dijo que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) había llevado a cabo antes el cierre de las estaciones, el decomiso del equipo y acciones de tipo civil.Sin embargo, en este año los cierres han sido violentos, “brutales”, como es el caso de dos radios comunitarias de la zona purépecha de Michoacán, donde se presentaron más de cien agentes federales, para allanar, cerrar las instalaciones y amagar a quiénes ahí laboraban.El caso más reciente, detalló, es el de la estación Tierra y Libertad de Monterrey, donde un fuerte contingente policíaco se presentó durante la transmisión de un programa infantil y cerró la emisora, que tenía más de siete años de operar. Pero nos sólo ello, agregó el senador Sotelo, se fincaron además responsabilidades penales al doctor Héctor Camero, responsable del proyecto radial.Ello debido a que en lugar de aplicar la Ley Federal de Radio y Televisión, que es la que opera en caso de que no tengan los permisos legales correspondientes, han esgrimido la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de poder perseguir a quiénes están al frente de esas radiodifusoras.Aparicio hizo notar que el gobierno mexicano pasa por encima de convenios internacionales que ha signado y en los que se establece el derecho de las comunidades y pueblos indígenas y de otros grupos sociales a contar con sus medios de comunicación.

Crecen las agresiones contra radios comunitarias en Oaxaca

Ojarasca

Sócrates Vásquez García, de la radio mixe Jënpoj, reportó a Ojarasca que “en un contexto de repetidas amenazas, cierres y asesinatos, las radios comunitarias de todas las regiones de Oaxaca se reunieron a fines de agosto en Zaachila”. Los participantes “reclamaron el cese inmediato al hostigamiento, censura, persecución y desmantelamiento de los proyectos libres y comunitarios, así como el alto a la represión, desaparición y asesinato de periodistas y comunicadores”.
Estas radios indígenas “son un espacio de lucha de los pueblos y de la gente que trabaja para construir una vida digna”, añadió Vásquez García. “El Estado mexicano niega el libre acceso al espectro radioeléctrico y nos impide la información, comunicación y libertad de expresión, derechos colectivos fundamentales”.

Las radios comunitarias surgen de las comunidades, para servirlas. “Son medios colectivos, sin fines de lucro, no gubernamentales, que no realizan proselitismo religioso ni pertenecen a partidos o empresas”. En referencia a Radio Jënpoj, sostiene que “es un espacio que permite fortalecer y desarrollar nuestra cultura en una nueva perspectiva; contribuye a romper el aislamiento y promover el desarrollo integral de nuestras culturas”. En la reunión de Zaachila “se exigió una legislación que reconozca el derecho de los pueblos indígenas al uso, manejo y operación de los medios (tal como resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007), y una legislación basada en los Acuerdos de San Andrés”.

Por su parte, Carlos Manzo, del Consejo Ciudadano de Unión Hidalgo, resaltó el “convenio de seguridad” que impulsan Ulises Ruiz y Felipe Calderón en Oaxaca. “La embestida contra las radios comunitarias, que se intensifica. A los asesinatos de las locutoras de La Voz que Rompe el Silencio, de San Juan Copala, Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, se suma el intento de desalojo de La Palabra del Agua en Xochistlahuaca, Guerrero, y el asesinato de uno de sus principales promotores.

En este mismo sentido se inscriben las ordenes de aprehensión contra Miguel Cruz, activista y promotor oaxaqueño de Radio Plantón en sus coyunturas más críticas, así como de Radio Gueza”.

Otro antecedente es el asesinato el 24 de diciembre de 2007 de Placido Abraham López Castro, quien desde enero coordinaría la radio de San Pedro Yosotato.

Los jóvenes productores y locutores de Radio Totopo, dice Manzo, “se debaten por mantener vivo su derecho a comunicarse a través de la emisora, que transmite desde la Séptima Sección de Juchitán, el aguerrido barrio de pescadores y campesinos binnizás de la ciudad indígena más grande del país, fuertemente afectada su identidad por los megaproyectos que amenazan y ya operan en esta zona. A estos proyectos se han opuesto los compañeros, transmitiendo en su mayor parte en diidxazá, la lengua nuestra de los binnizá”.

Cabe recordar que el 3 de septiembre, elementos de la PFP catearon y desmantelaron una veintena de radiodifusoras “ilegales” en Juchitán Tehuantepec y Salina Cruz. Sólo permanecen al aire las radios Totopo, Binigulaza y TNT. La presunta causa fue una acusación de comerciantes de la región de que las estaciones “afectaban sus ventas”, y la denuncia del cacique radial Humberto Lopez Lena ante la SCT.

El 29 de agosto había sido desmantelada La Rabiosa, radio comunitaria de Huajuapan de León. La SCT y Cofetel confiscaron el transmisor y el equipo. El Nodo de Derechos humanos y la organización Cactus demandaron alto a la represión contra de los medios alternos que operan en el país. Su información “promueve los derechos de los pueblos”.