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sábado, diciembre 03, 2011

Felipe Calderón favorecen a Estados Unidos las compras de gasolina

Por decreto-Ahumada
Ni la burla perdonan-Fisgón

  • El precandidato presidencial de la izquierda expone a empresarios su visión política rumbo a 2012
Sólo con un nuevo pacto social se podrá sacar a México de la miseria, dice AMLO
  • Mayor presupuesto a educación y generación de empleos, entre sus propuestas en La Laguna
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El precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en reunión con empresarios de La LagunaFoto La Jornada

Torreón, Coah., 1° de diciembre. No se podrá sacar al país de la miseria y la decadencia si no es con la suma de voluntades y con un nuevo pacto social, afirmó el precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, al exponer ante empresarios laguneros su visión política en el contexto del proceso electoral de 2012.

En caso de ganar la Presidencia –dijo–, “vamos a mantener la independencia del Banco de México y a procurar hacer todo lo que esté de nuestra parte para mantener equilibrios macroeconómicos; no endeudaremos al país ni expropiaremos bienes, y vamos a sacar adelante a México con la participación de todos.

Con trabajo, buena fe e imaginación podemos lograr un crecimiento (económico) de 6 por ciento; se puede generar un millón 200 mil empleos al año. Todo eso se puede, me siento seguro para eso, pero no basta: hace falta el crecimiento humano, ése es el complemento, expuso.

Para lograr el crecimiento de la economía se necesita de los tres motores: el sector público, el sector privado y el sector social, agregó el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.

También dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresó que en materia de educación pública se deberá fortalecer la calidad a nivel básico, pues en la actualidad sí existe cobertura. En cuanto a la enseñanza media y superior, indicó que su gobierno plantearía 100 por ciento de inscripción, evitando el rechazo de jóvenes para ingresar a la universidad.

En la UNAM se tiene un presupuesto de 20 mil millones de pesos anuales. La idea es duplicarlo. ¿Qué representan en un presupuesto de 3 billones 500 mil? Ni el uno por ciento; entonces, hay que reorientar el gasto público.

Propone reducir 50% sueldos de funcionarios de primer nivel

Con el combate a la corrupción –agregó–, se deben reducir a la mitad los sueldos de los funcionarios de primer nivel y aplicar una reforma fiscal progresiva, se liberarían recursos presupuestales hasta por 800 mil millones de pesos anuales, suficientes para financiar las actividades productivas, generar empleos y garantizar mínimos de bienestar a la población.

López Obrador delineó el gabinete del priísta Enrique Peña Nieto, en caso de que ganara la elección presidencial. El ex gobernador mexiquense Arturo Montiel sería nombrado secretario de la Contraloría; el dirigente del PRI, Humberto Moreira, ocuparía la Secretaría de Gobernación, y la lideresa sindical Elba Esther Gordillo sería titular de la Secretaría de Educación Pública, dijo.

A la reunión con empresarios, efectuada en el hotel Camino Real, asistieron Alejandro Gurza Obregón, hasta hace poco líder moral del panismo local; Fernando Turner Dávila, Armando Guadiana Tijerina, Francisco Rojas Cuevas; el regiomontano Alfonso Romo Garza y Fernando Canales, hijo del ex gobernador de Nuevo León Fernando Canales Clariond, entre otros.

Guadiana Tijerina dijo que en Coahuila hubo un día claro por la visita de López Obrador, un hombre que ha estado en todos los rincones del país en la búsqueda del mejoramiento de la vida económica y social de México. Pero también un día oscuro, porque estamos dando pasos hacia atrás, porque este día se transmite el poder de un hermano a otro hermano, afirmó en relación con la toma de posesión de Rubén Moreira.

Turner Dávila anunció que el próximo 17 de enero se realizará un encuentro nacional de empresarios en Saltillo, Coahuila, auspiciado por la organización Despierta México.
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Acotan senadores el fuero a integrantes de los tres poderes

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó ayer reformas constitucionales que limitan el fuero pero mantienen la inmunidad de los integrantes de los tres poderes, incluido el presidente de la República, con el propósito de que no sean sujetos de represalias o presiones políticas.

Legisladores, funcionarios, jueces, ministros de la Suprema Corte e integrantes de organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral, podrán ser sujetos a proceso penal sin perder la libertad y el cargo. Sólo cuando termine el juicio y exista sentencia condenatoria, el juez podrá solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad.

Sin necesidad de realizar un juicio de procedencia, ese órgano del Congreso decidirá y en caso de no aceptar la petición judicial el servidor público seguirá en su encargo y al concluir el mismo cumplirá la condena.

La reforma a los artículos 61, 111 y 112 de la Carta Magna fue aprobada con 81 votos en favor y ninguno en contra.
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Exigen reporte sobre actividades de agentes de EU

Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado acordó solicitar al gobierno de Felipe Calderón un informe sobre operaciones de interferencia y monitoreo telefónico que presuntamente realizan agencias de inteligencia de Estados Unidos en territorio nacional.

En el dictamen aprobado ayer se señala que no pueden permitirse acciones de extraterritorialidad de agentes extranjeros y que todo acto que vulnere la soberanía nacional y el estricto cumplimiento de la ley debe ser investigado.

Se destaca que ninguna agencia extranjera está autorizada a realizar acciones propias de las autoridades mexicanas, por lo que sería útil que el Senado conozca con qué información cuenta el gobierno federal sobre esta posible intromisión a las comunicaciones de nuestro país, y se señala que falta información sobre los verdaderos alcances de los acuerdos vigentes con distintas agencias estadunidenses y los resultados que han obtenido.

La propuesta del senador Ricardo Monreal, del PT, fue aprobada sin discusión y turnada a la Secretaría de Gobernación.
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No avalarán una ley que criminalice la protesta social, advierten PRI y PT

Senadores de PRI y PT advirtieron este jueves que no avalarán ninguna reforma que criminalice la protesta social.

El priísta Francisco Arroyo Vieyra dijo que tratándose de nuevos tipos penales, los legisladores deben actuar con sumo cuidado, porque no queremos regresar a aquella época en que mediante el delito de disolución social se metía en la cárcel a inocentes, por eso tenemos que ser especialmente cuidadosos. Cuando se trata de cambios al Código Penal hay que tener la mano temblorosa para que la ley tenga un contenido ético y no vulnere derechos.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del PT, lamentó que el PAN se preste a recibir propuestas del Ejecutivo que vulneran derechos humanos y dijo que es preocupante que el gobierno insista en intentar equiparar movimientos y protestas sociales con actos de terrorismo.

El senador petista resaltó que si ya se evidenció y se confesó que no es autoría de los legisladores ese capítulo de financiamiento al terrorismo, que se introdujo en el dictamen de la miscelánea penal en materia de lavado de dinero, debemos preguntar al Ejecutivo federal si es una decisión, convenio o imposición del gobierno estadunidense con el propósito de proteger a sus agentes en México
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Calderón busca heredar un Estado represor: ONG

La propuesta de endurecer los tipos penales sobre terrorismo y ligarlos a la protesta social mediante definiciones ambiguas, demuestra que el gobierno de Felipe Calderón sigue intentando afinar la estructura jurídica que le permita configurar un Estado represor donde se criminalice cualquier manifestación de descontento, advirtieron activistas de derechos humanos.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que esos cambios legales ya se incluyeron en el código penal de varias entidades, como el estado de México, donde se usaron para justificar la represión contra los habitantes de San Salvador Atenco en mayo de 2006.

Así, la retención de funcionarios en el contexto de una negociación, por ejemplo, es penada incluso con más severidad que un secuestro por motivos económicos, y no tiene atenuantes.

Con el intento de modificar de manera velada parte de la miscelánea penal en materia de lavado de dinero, el gobierno manifiesta su vocación de favorecer los intereses de determinados grupos que tienen una capacidad fuerte de decisión, indicó.

Tratar de equiparar la protesta social con el terrorismo es un despropósito y no tiene sustento. El gobierno quiere aterrorizar a los ciudadanos, quienes en el marco de la democracia tienen derecho de posicionarse y buscar atención a sus demandas
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La familia de Nepomuceno Moreno abandonará Sonora la próxima semana

Realizan marcha silenciosa en Monterrey para demandar el esclarecimiento del homicidio

El gobierno de Sonora informó que colaborará con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) para garantizar la seguridad de la familia de Nepomuceno Moreno Muñoz, la cual saldrá del estado la próxima semana ante el riesgo de sufrir un atentado.

Aseguró que trabajará en la pronta aplicación de la justicia y detención de los responsables, tanto del asesinato del activista social, el pasado lunes, como del secuestro de su hijo, Jorge Mario Moreno, y otros cuatro jóvenes, en julio de 2010.

Luego de la reunión que tuvo lugar la noche del miércoles en el palacio de gobierno con la participación de integrantes del MPJD, así como funcionarios estatales, el gobierno estatal prometió dar una “completa apertura, transparencia y voluntad de cooperación para colaborar en el esclarecimiento del homicidio de Moreno Muñoz.
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La familia Morlett exige al gobierno esclarecer la muerte de Adriana

Chilpancingo, Gro., 1º de diciembre. Javier Morlett Macho anunció que luego de que se corroboró que una osamenta hallada en el Distrito Federal correspondía a su hija Adriana Morlett, asesinada en septiembre de 2010, ahora nos dedicaremos de tiempo completo a luchar para que el gobierno federal castigue a los autores intelectuales y materiales del homicidio, lo haremos hasta el final de nuestros días.

Entrevistado antes del inicio del foro Diálogo por la convivencia y la paz, realizado en esta capital, Morlett manifestó: Primero le vamos a dar sepultura honrosa a mi hija, eso lo haremos en estos días, y en segundo lugar la lucha continúa con la búsqueda de los responsables del homicidio.

Consideró que el problema de la violencia en el país supera las capacidades de fuerza policiaca que tienen los ayuntamientos y el gobierno estatal, e incluso ninguna entidad en el país tiene la fuerza suficiente para acabar con la capacidad económica que tienen las bandas, se requiere el apoyo del gobierno federal"
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Impugnará el PRD asignación de tiempos en radio y tv para precampañas y campañas

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnará este viernes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el criterio de asignación de tiempos de radio y televisión para las precampañas y campañas rumbo a 2012, por considerarlo injusto, inequitativo y benéfico para la coalición Compromiso por México, que integran PRI, PVEM y Panal.

Camerino Eleazar Márquez, representante perredista ante el IFE, indicó que el Comité de Radio y Televisión del instituto comicial particularmente sobrerrepresentó a los aliados del PRI, al considerar su coalición como parcial, por lo que aplicó la distribución de espots de manera individual, mientras a Movimiento Progresista, conformado por PRD, PT y Movimiento Ciudadano, se le trató como un solo partido, por ir en coalición total, y entre los tres pierden un millón 800 mil promocionales.

Destacó que no se aplicó el principio de proporcionalidad, así que con un porcentaje de votación de 7.18 por ciento, el PVEM obtiene 11.02 por ciento de promocionales, mientras el Panal, con 3.66 por ciento de votación, alcanza 8.56.
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Insiste la Fedessp en auditar al Issste y desentrañar manejos irregulares

Mantendrá demanda ante Función Pública y las cámaras legislativas

La Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) señaló que mantendrá su demanda ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las cámaras de Diputados y Senadores, para que se lleve a cabo una auditoría en el Issste, a fin de desentrañar los manejos irregulares que se hicieron con los fondos de esta institución durante la administración del anterior director, Jesús Villalobos.
En conferencia de prensa, el líder de la presidencia colegiada de esta central obrera, Bernardo Quezada Salas, planteó que a la SFP se han entregado expedientes completos que indican irregularidades en compras de medicamentos, licitaciones, adquisición de inmuebles, contratación de servicios tecnológicos, entre muchas otras, las cuales tuvieron lugar mientras Villalobos estaba al frente de esta institución, y que no pueden quedar impunes, porque al desfalco que se cometió, hay que agregar la precaria situación en que dejó el organismo, con una crisis de desabasto de fármacos y la prestación de servicios en grave deterioro.
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Comunican a defraudadores de CFE nueva orden de aprehensión

La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que en el interior del penal de Los Mochis, Sinaloa, José Raymundo Soto Conde, juez mixto de primera instancia en Mocorito, y Francisco Ladislao Rodríguez Retes, apoderado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron notificados del cumplimiento de una nueva orden de aprehensión en su contra.

En un comunicado, la dependencia indicó que el mandamiento judicial también le fue girado al perito en topografía y valuación Martín López López; sin embargo, a éste no le fue notificado porque interpuso un amparo y se está a la espera de que se desahogue el juicio.

La PGR agregó que la orden de aprehensión para Soto Conde fue por delitos contra la administración de justicia, para Rodríguez Retes por ejercicio indebido del servicio público y para López López por falsedad en declaraciones judiciales.
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Cerca de 150 intelectuales y artistas de 30 países piden cerrar la mina de Wirikuta

En el documento piden al presidente Calderón cancelar las concesiones otorgadas a las mineras canadienses que esperan extraer 7 millones y medio de onzas de plata de México.

Guadalajara, Jal., 1º de diciembre. Unos 150 intelectuales y artistas de 30 países –entre ellos tres premios Nobel de Literatura– piden en un documento al presidente Felipe Calderón que cancele las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano a las empresas mineras canadienses que extraen plata y oro en Wirikuta, territorio sagrado de los huicholes, ubicado en el desierto de San Luis Potosí y que abarca unas 140 mil hectáres.

Entre los firmantes del escrito se encuentran tres premios Nobel de Literatura: Jean-Marie Le Clézio, Orhan Pamuk y Tomas Tranströmer, además de los escritores y artistas Paul Auster, Francisco Toledo, Lawrence Ferlinghetti, Sergio Ramírez, Ledo Ivo, Ariel Dorfman, Alejandro Jodorowsky, Vicente Rojo y Homero Aridjis, este último promotor del documento por medio del Grupo de los Cien Internacional.

En el texto se lee: “Los firmantes pedimos al presidente Felipe Calderón –quien fue testigo de la firma del Pacto Huaxa Manaka, mediante el cual los gobernadores de cinco estados se comprometieron a preservar la tierra santa del pueblo huichol– que cancele las concesiones otorgadas a las empresas canadienses. Esperamos que el presidente Calderón no pase a la historia como el hombre que autorizó la destrucción de Wirikuta y sus lugares sagrados".
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Resuelve la JLCADF mantener los criterios administrativos que le han sido cuestionados

Acuerda invitar a los inconformes a que hagan llegar en forma respetuosa al pleno sus observaciones

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Aspecto de la manifestación efectuada anteayer contra los criterios de la JLCADF puestos en vigor en octubre pasadoFoto Yazmín Ortega Cortés

Los representantes patronales, laborales y del gobierno, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF), resolvieron ayer, en sesión plenaria, no revocar los criterios administrativos puestos en marcha por este organismo a partir del 25 de octubre, mediante los cuales se ampliaron los requisitos para los emplazamientos a huelga, las solicitudes de toma de nota, y registros de nuevos sindicatos, entre otros procesos.

En el pleno, 29 de los representantes ante esta junta votaron a favor de mantener los cuestionados criterios fijados por esta instancia, y únicamente dos de ellos lo hicieron en contra.

Según informó la JLCADF, se llevó a cabo una sesión extraordinaria ayer, en la que el único punto tratado fue la revisión, o en su caso revocación, de los criterios administrativos colectivos. La decisión que tomaron los representantes es que van a esperar las sentencias que dicten los jueces que llevan las demandas interpuestas contra esta nueva normativa, para que indiquen cuáles resultan contrarios a la ley.

Esto se debe a que las nuevas regulaciones que estableció la junta han sido sumamente criticadas por abogados laboralistas, expertos y sindicatos diversos, y corrientes que han comparado esta normatividad con los lineamientos contenidos en la reforma laboral PAN-PRI, señalando que en realidad significan obstáculos para el libre ejercicio de los derechos de los trabajadores. Incluso han presentado demandas ante diversos juzgados, las cuales ya obtuvieron dos suspensiones provisionales y una definitiva.
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México debe tomar con calma exploración petrolera en aguas profundas: experto

México debe tomar con calma la exploración petrolera en aguas profundas ante la falta de experiencia de la petrolera Pemex en la materia, dijo Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el ente regulador de la industria en el país.

México tiene poco tiempo explorando en aguas profundas del Golfo de México, donde aún no posee reservas cuantificadas pero se calcula que tiene recursos potenciales por 29 mil millones de barriles de crudo equivalente, 58 por ciento de los recursos prospectivos del país.

Aguas profundas es un tema que tiene que estar en la agenda, es un tema que tiene que estar en el portafolio, dijo el presidente de la comisión.

No obstante, la velocidad a la que avanzamos en aguas profundas, la velocidad y los recursos que invertimos ahí tenemos que ponderarlos frente a otras alternativas, añadió en un foro organizado por Greenpeace.
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  • Esta industria vende equipo tecnológico tanto a dictaduras como a democracias, asegura
Assange lanza nueva fase de Wikileaks con documentos sobre la vigilancia de masas

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Julian Assange, fundador de Wikileaks (extremo izquierdo), presentó ayer en Londres el nuevo proyecto de la página webFoto Xinhua
Afp

Londres, 1º de diciembre. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, lanzó este jueves el nuevo proyecto de su página web con la publicación de cientos de documentos que, según él, revelan una industria mundial que ofrece a los gobiernos herramientas para espiar a sus ciudadanos.

Los documentos exponen las actividades de unas 160 compañías en 25 países que desarrollan tecnologías para rastrear y vigilar a personas mediante sus teléfonos celulares, cuentas de correo electrónico e historial de búsqueda en Internet.

Hoy hemos dado a conocer más de 287 archivos que documentan la realidad de la industria de vigilancia de masas internacional, una industria que ahora vende equipos tanto a dictadores como a democracias para vigilar a poblaciones enteras, anunció Assange en una rueda de prensa en Londres.

El australiano dijo que en los últimos 10 años ha pasado de ser una industria secreta que abastecía principalmente a las agencias de inteligencia gubernamentales, a convertirse en un gran negocio trasnacional.

Assange lleva un año en el Reino Unido a la espera de una decisión sobre su extradición a Suecia, país que le reclama para interrogarle por cuatro presuntos delitos sexuales.

Los documentos en la página http://wikileaks.org/the-spyfiles.html incluyen manuales de productos de vigilancia vendidos a regímenes árabes represivos.
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Astillero
  • Privatización en el Año de Hidalgo
  • Saqueo transexenal
  • Contratos a discrecionalidad
  • EPN sentencia a Moreira
Julio Hernández López

El calderonismo, aliado con el priísmo igual de depredador y algunos miembros de la izquierda moderna y comprensiva, está a punto de conseguir un impactante bono de retiro transexenal: anoche se daban los toques finales al proyecto de dictamen de una minuta para que el pleno de la Cámara de Diputados vote una propuesta de ley que permitirá a los actuales administradores federales de la riqueza pública asignar contratos y hacer negocio con particulares sin mayores restricciones, en una suerte de golpe privatizador de fin de fiesta que hará a un lado las de por sí usualmente desatendidas restricciones legales y permitirá asignar partidas presupuestales abiertamente, a pura discrecionalidad de quien ejerce la autoridad.

Dicha consagración del saqueo legalizado (en el último tramo de una administración federal que se ha especializado en violentar toda normativa en aras de asignar negocios a agradecidos particulares) está contenida en el proyecto de Ley de Asociaciones Público-Privadas que Calderón presentó el 10 de noviembre de 2009. En esencia, se busca autorizar mecanismos ventajosos para la iniciativa privada en materia de prestación de servicios, incluso en la construcción de infraestructura, mediante nuevos esquemas de financiamiento que acabarían poniendo el erario al servicio de los negocios autorizados por la elite en turno, en este caso la calderonista.

En una nota de Enrique Méndez en La Jornada, el pasado 29 de noviembre, se menciona que, a juicio de diputados del PRD y el PT, con estas nuevas reglas se permitiría la entrega, sin licitación, de contratos a empresas en áreas reservadas al Estado, como la explotación de petróleo y generación de energía eléctrica. Incluso Ifigenia Martínez advirtió que se pretende que los contratos con empresas privadas para obras, bienes y servicios sean pagados desde los fideicomisos integrados por el gobierno federal. En la Cámara de Senadores ya fue aprobado el proyecto, y toca el turno a San Lázaro, donde debe ser dictaminado por las comisiones de Economía y de la Función Pública para luego, en su caso, pasar al pleno para la resolución definitiva. La primera comisión la preside el priísta Ildefonso Guajardo Villarreal, y la segunda el verde Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones.
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Dinero
  • Otra vez reprueba México en corrupción
  • Telmex demanda a la constructora OHL
  • Favorecen a Estados Unidos las compras de gasolina
Enrique Galván Ochoa

A pesar de los muchos discursos oficiales, México sigue figurando entre los países más corruptos del orbe. Todavía peor: hoy es más corrupto que hace una década. Transparencia Internacional dio a conocer sus calificaciones a casi 200 países. La de México es de 3, en escala de 0 a 10 puntos. Transparencia da seguimiento a nuestro país desde 1999, es decir, a lo largo de los últimos 13 años: dos del zedillato, seis del foximato y los cinco de Calderón (ver gráfica). La calificación del año reciente es la más baja de todas. Significa que todos los supuestos esfuerzos para combatir la corrupción no han dado buenos resultados. La menos mala (3.7) se registró el primer año de Fox, pero no se sostuvo. Ese primer año fue cuando se dejó escapar al Chapo Guzmán de la prisión de Puente Grande. La peor es la última. En mucho contribuyó el escándalo en la CFE, el turbio enjuague de los yates y los Ferraris, el escándalo Elba Esther-Yunes y el moreirazo. Al primero se le dejó huir, al Chapo no se atreven a tocarlo y el presidente del PRI, Humberto Moreira, se pasea envuelto en un manto de impunidad. Y lo que viene. El 2012 es el año de Carranza porque el de Hidalgo ya no alcanza. Por lo demás, Somalia sigue siendo el país más corrupto y Nueva Zelanda el más honesto, mientras la crisis de deuda hace aumentar la corrupción en Europa. En una escala de 0 (muy corrupto) a 10 (muy transparente), Somalia, Corea del Norte y Myanmar son los países más corruptos del mundo, mientras que Nueva Zelanda alcanza el liderato en honestidad, seguida de Dinamarca y Finlandia.
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México SA
  • El encomio de Lagarde
  • Ciega y sorda, pero no muda
  • Otra de jóvenes panistas
Carlos Fernández-Vega

Nadie, con un poquito de sentido de la realidad, puede afirmar, con enorme sonrisa, que no tenemos más que alabar y encomiar la conducción económica y la fortaleza de la economía mexicana. Tal vez la atareada señora Cristina Lagarde no tuvo tiempo de revisar el saldo de tres décadas neoliberales en México, ni los estragos causados por el actual inquilino de Los Pinos, y por ese motivo dijo la barbaridad que dijo, pero es verdaderamente ridículo que la directora-gerente del Fondo Monetario Internacional se aviente al ruedo con esa delirante frase, cuando los resultados más tangibles del quinquenio –el calderonista– son el impresionante incremento en el número de pobres, 60 por ciento de aumento en el desempleo (por la parte de la encomiable conducción) y 1.7 por ciento de crecimiento anual promedio en ese lapso (por el lado de la fortaleza).

Sólo con los ojos cerrados, el decoro en el suelo o el cinismo a tope puede declararse algo similar y todavía sonreír. Congruente con su visión de las cosas, la señora Lagarde debió declarar que el gobierno mexicano ha sido, es, un fiel servidor de las instrucciones fondomonetaristas y, sin importarle el brutal costo social, un pagador puntual de sus crecientes deudas, de tal suerte que lo encomiable de la fuerte economía nacional sería que a pesar de las barbaridades cometidas y acumuladas por cinco administraciones neoliberales al hilo, México todavía tiene habitantes, hambrientos y jodidos, pero al fin explotables.
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Fuero e impunidad: signos de avance

Por unanimidad, el pleno del Senado apoyó ayer una serie de reformas constitucionales que eliminan el fuero para servidores públicos de los tres poderes de la Unión –diputados y senadores; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados del Tribunal Federal Electoral; presidentes de la República, procuradores federales y secretarios de Estado–, así como para consejeros del Instituto Federal Electoral, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, jefes de Gobierno y procuradores de la capital.

Se trata de un mecanismo novedoso que mantiene, al mismo tiempo, la condición de inmunidad de los citados cargos, a efecto de proteger el funcionamiento normal de los poderes públicos, y que permitirá –en caso de ser avalada en San Lázaro– que los funcionarios que incurran en acciones ilícitas sean sometidos a proceso judicial sin tener que separarse del puesto. Solamente cuando concluya el proceso penal, y en caso de que haya sentencia condenatoria, el juez responsable de la causa podrá solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad y, si esa instancia legislativa rechaza dicha petición, el servidor público acusado cumplirá la condena al concluir el tiempo que dure su cargo.

La decisión legislativa referida es una noticia alentadora y auspiciosa en el contexto del profundo deterioro que afecta a las instancias del poder político en el país, por cuanto contribuye a generar límites indispensables a los abusos en el ejercicio de cargos públicos.
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Cumplir los acuerdos de San Andrés: acción impostergable

Jaime Martínez Veloz

En el contexto de la exigencia nacional de construir un nuevo marco de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas de México, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) ha comenzado una nueva iniciativa política, en la búsqueda de los consensos necesarios para concretar en nuestra carta máxima los derechos indígenas, hasta hoy excluidos del pacto nacional.

Habrá quien piense que este no es el momento o quienes afirmen que habría que esperar mejores condiciones, pero lo cierto es que en la vida y en la política no hay más cera que la que arde. Por ello, esta iniciativa de paz, por buscar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, debe ser una acción apoyada por las diferentes corrientes de pensamiento progresista que confluyen en la sociedad mexicana.

La vieja pretensión de reducir el conflicto indígena a cuatro municipios de la geografía chiapaneca, que responde a la lógica reduccionista de aquellos que pretenden minimizar el impacto del levantamiento armado de enero de 1994, ha demostrado su falsedad, cuando los conflictos que enfrentan las comunidades, en todos los rincones del país, tienen como común denominador el despojo, la exclusión y la violación constante de sus derechos por parte de instituciones, funcionarios y sobre todo voraces compañías trasnacionales, que sin recato explotan –o están en vías de hacerlo– los recursos naturales de las tierras y territorios de las comunidades indígenas y ejidales de nuestro país.
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miércoles, agosto 10, 2011

Con Calderón, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia

En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista.

Flor Goche

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. La más reciente denuncia implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.

Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).

No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.

Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.

En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.


Las cifras negras

El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.

Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.

A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.

El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.

Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.

En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.

Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.

Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.

De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.

Militares implicados

En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó a Contralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.

Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.

Recientemente Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, continúa impune.

El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.

“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.

A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.

A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.

Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.

Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.

Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.

A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación. Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.

En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.

Para la realización de este trabajo, se solicitó una entrevista con Omeheira López Reyna, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; con Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, y con Ricardo Nájera Herrera, coordinador General de Investigaciones de la misma dependencia. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.


Restricción del fuero militar: “sólo un paso”

El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.

Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.

En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.

Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.

De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.

“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”

Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.

A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, durante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.

Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.

Cuestionado sobre el escaso número de recomendaciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.

No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.

A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.

El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.

Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.

Con Calderón, 32 activistas desaparecidos

Con Calderón, 32 activistas desaparecidos

Fuente: Contralínea 245 / 07 agosto 2011


jueves, julio 21, 2011

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miércoles, diciembre 01, 2010

Calderón y García Luna. Acuerdos secretos

Grave violación de Calderón en materia de ascensos militares

El Ejecutivo federal mandó con retraso la promoción para la Armada y no hizo llegar la solicitud de ratificación a la cámara

El Senado de la República formuló ayer una "protesta enérgica" al presidente Felipe Calderón por entregar insignias a 117 elementos de la Armada de México, entre ellos a 10 almirantes, antes de que el Senado hubiera ratificado los grados, lo cual significa una "grave violación" al procedimiento constitucional en materia de ascensos militares.

En la sesión del jueves pasado, la bancada de Acción Nacional rompió el quórum para evitar que se discutiera ese punto, a propuesta del perredista Pablo Gómez Álvarez, pero ayer los blanquiazules ya no pudieron frenar el debate y al final PRI, PRD, PT y Verde Ecologista sumaron sus votos para que se aprobara por 49 sufragios contra 41 el reclamo a Calderón.
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  • Washington amenaza con investigar judicialmente al portal de Internet
Chomsky: muestran los documentos odio de gobernantes a la democracia

Nueva York, 30 de noviembre. El gobierno de Estados Unidos amenaza fiscalizar judicialmente a Wikileaks mientras intenta superar la crisis diplomática provocada por la divulgación de más de 250 mil cables de sus 274 embajadas y consulados, y se intensifica el debate sobre las implicaciones de la filtración. Noam Chomsky consideró que esto revela "el profundo odio" de los gobernantes a la democracia.

Mientras la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se reunió con contrapartes en Asia central –muchos de ellos mencionados en los cables– para intentar aminorar el golpe y rescatar su prestigio, el procurador general, Eric Holder, y el Pentágono reiteraron que se impulsan investigaciones "criminales" acerca de las filtraciones de Wikileaks.

Algunas versiones periodísticas señalaron que las autoridades consideran aplicar la Ley de Espionaje contra Julian Assange, el fundador y director de Wikileaks. El vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, declaró que, "obviamente, hay una investigación criminal sobre el robo y difusión de información sensible y clasificada". Explicó que se evalúa toda una gama de opciones para castigar a los responsables.
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  • La izquierda le recuerda su alianza con el PAN para apuntalar el neoliberalismo
Enojo del PRI en la Cámara por la acusación de "corrupto" que le encajó Felipe Calderón
  • El IMSS invierte dinero de sus reservas en Cemex, Coppel y otras, denuncia César Augusto Santiago
El señalamiento de corrupto y generador de la pobreza nacional que lanzó el presidente Felipe Calderón contra su principal aliado político del último cuatrienio, el PRI, despertó desasosiego entre los diputados del Revolucionario Institucional, que movidos por el enojo pretendieron hacer de la tribuna del salón de plenos la caja de resonancia de su crítica al Ejecutivo federal, a quien emplazaron a irse. Se quedaron a medias porque la oposición les recordó su vinculación y mimetismo histórico con el PAN: son lo mismo, le reprochó.

En defensa de su partido, el PRI, y en el centro del debate, César Augusto Santiago recordó a los legisladores que no haya una comisión especial para indagar la "corrupción infinita de la CFE", y preguntó, dejando atónito a más de uno ayer en San Lázaro:

"¿Qué no saben ustedes que el Seguro Social está invirtiendo el dinero de sus reservas en inversiones en Cemex, en Industrias Coppel, en la Financiera Su Casita, que está a punto de quebrar? Dice el Presidente ufano que la crisis económica no afectó a México como lo hizo en otros países. Nos tendrán que explicar por qué le están invirtiendo a empresas que están en quiebra, por qué rescatamos con dinero público América Móvil, a Cemex, a Coppel, a Su Casita, a Metrofinanciera".
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Mineros presentan ante el Congreso petición de juicio político contra Javier Lozano Alarcón

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, presentó ante la Cámara de Diputados, el pasado 25 de noviembre, una petición de juicio político contra el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al que acusó de graves violaciones en sus funciones de servidor público.

La organización planteó que aun cuando el secretario del Traajo afirma que "no le preocupa" esta acusación, ahora deberá acreditar su inocencia ante hechos que directamente lo involucran y serán materia de ampliaciones de esta denuncia, que consta de más de 228 páginas.

Según el sindicato, "en el viaje a Estados Unidos y Canadá de mayo de 2010, Lozano Alarcón ofreció a sindicatos internacionales como United Steel Workers, USW, y la Federación Americana del Trabajo y AFL-CIO, liberar a Juan Linares, presidente del consejo general de vigilancia y justicia, y descongelar los fondos sindicales, a cambio de que el sindicato minero renunciara al derecho a la huelga y entregara la mina de Cananea a Grupo México, con lo que violó sus funciones y responsabilidades como titular de una dependencia pública federal; es decir, actuó como fiscal, juez y verdugo en este caso, extorsión que no le fue aceptada".
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Se duplica participación de trabajadores, en el segundo día de votaciones en el SME

Hoy arribarán varios autobuses con electricistas en resistencia de Morelos, Edomex e Hidalgo

En el segundo día de votaciones, ayer en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se alcanzaron más 11 mil 200 votos emitidos por los trabajadores, pues hubo amplia participación de jubilados que hasta en silla de ruedas, muletas o con bastón llegaron a la sede gremial, por lo que prácticamente se duplicaron los más de 5 mil sufragios contabilizados en la jornada del lunes.

En el auditorio de Antonio Caso 45 continuaron las interminables filas de trabajadores que participan en la reposición del proceso electoral del SME que ordenó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA); también se mantuvieron en guardia los observadores independientes y dio fe Víctor Rafael Aguilar Molina, titular de la notaría 174.
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Repudian ONG agresiones al CDHFBC y Guadalupe Martínez

Organismos civiles internacionales como Amnistía Internacional, Front Line y el movimiento Pax Christi, así como la red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), expresaron su condena y preocupación ante las agresiones y amenazas de muerte en Chiapas contra la defensora Margarita Guadalupe Martínez Martínez y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

Por su parte, la Red Contra la Represión y por la Solidaridad, formada por colectivos de la otra campaña, señaló: "Mientras con grandes desplegados el gobierno de Chiapas dice reconocer el trabajo de las comunidades zapatistas y ayudar a la estabilidad de la zona; mientras el gobierno federal presume de defensor de la naturaleza con cumbres que dan la apariencia ante el mundo de un gobierno preocupado por el bienestar de la población nacional y mundial, en San Cristóbal de las Casas Margarita Guadalupe Martínez y los integrantes del CDHFBC son amenazados de muerte por su congruencia y su incansable labor por la defensa de los derechos humanos".
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Libertad a codueña de ABC

Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella –prima de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo–, socia fundadora de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, ganó el pasado 22 de noviembre un amparo ante el segundo tribunal colegiado en materia penal del quinto circuito. Según informó anoche el Consejo de la Judicatura Federal, en una nota informativa, en cumplimiento a ese amparo, el magistrado Pablo Antonio Ibarra Fernández, titular del primer tribunal unitario en la capital sonorense, dictó ayer auto de libertad en favor de la inculpada. "El hecho de que esa persona se hubiera asociado con otras para poner en funcionamiento una guardería sin atender la normatividad correspondiente no la hizo incurrir en responsabilidad penal, porque con este acto no cumplió la condición doctrinal de causar un peligro inminente de producir un daño y, consecuentemente, tampoco le impuso la obligación de impedirlo", argumentó el tribunal colegiado, según difundió el Consejo de la Judicatura.
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Astillero

  • Milagros por doquier
  • Prima ABC, a salvo
  • Apóstoles del dinosaurismo
  • Beato Abascal, bato Espino
Julio Hernández López

México de los milagros previamente conocidos. Un tribunal federal confirma lo que todo el país sabía pero temía confirmar: la prima de la señora Margarita es inocente. De todo. De lo que sea necesario. En particular del caso de los niños muertos en la guardería ABC de Hermosillo en 2009. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella es el nombre de la familiar de la esposa del licenciado Calderón que ha sido exonerada en lo judicial a partir de la premisa complaciente de que no estaba obligada a "impedir" las muertes infantiles solamente por ser socia del negocio en que se juntaron el tráfico de influencias, el incumplimiento de normas preventivas, la búsqueda de beneficio económico salvaje y la pertenencia empresarial al clasismo político y económico bipartidista. Personajes de "alta sociedad" que no pisan la cárcel ni son castigados por lo que sucedió en una de sus fuentes de ingresos: unos, protegidos y ayudados por el priísta Eduardo Bours, y otros por el panismo margarito. Impresionante demostración de adivinación masiva: los juzgadores oficiales simplemente formalizaron la impunidad de elite que todo mundo intuyó desde el primer momento.
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Dinero
  • Uno de los grandes bancos, en la mira de Wikileaks
  • El nuevo edificio del Poder Judicial
  • Manos limpias. ¿No es muy tarde?
Enrique Galván Ochoa

Julian Assange, creador de Wikileaks, decide extender sus revelaciones al mundo financiero. Hasta hoy se movió en el terreno de las relaciones exteriores y la milicia. Anuncia que a principios de enero pondrá en circulación decenas de miles de documentos que se refieren a las actividades de uno de los grandes bancos de Estados Unidos. Concedió una entrevista al columnista de la revista Forbes Andy Greenberg, y le anticipó sus planes. Los megabancos son seis y uno de ellos está en la mira: JP Morgan Chase, Citigroup (propietario de Banamex), Wells Fargo, el de los grandes negocios con el gobierno de México Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America. Preguntó Greenberg al personaje de Wikileaks: "¿Siente algún placer por los escándalos que provoca con sus filtraciones?"

Y contestó: "Sí, es tremendamente satisfactorio trabajar para que haya reformas y estimular esas reformas. Ver a oportunistas y abusivos ser llamados a cuentas". Esta Navidad no será tranquila en los consejos de administración de los grandes bancos, y no sólo por los problemas de la deuda soberana de Grecia, Irlanda, Portugal y ahora España. Las revelaciones de Julian Assange pueden tener reverberaciones en nuestro país. Por graves que fueran no trascenderían el esquema del escándalo, como tampoco han tenido mayor impacto las denuncias de corrupción en la CFE.
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México SA
  • ¿Que nada crece? ¡Falso!
  • ¿Y dónde está la deuda?
  • Calderón te dirá cómo
Carlos Fernández-Vega

Si alguien cree que en este estancado país nada crece (más allá de los jugosos beneficios de las minorías), está totalmente equivocado. Cierto es que no avanza la economía, la generación de empleo formal ni el bienestar social, pero eso es lo de menos. Por ello, para despejar dudas y enfriar pasiones, la Secretaría de Hacienda documenta uno de los mayores crecimientos en el cuatrienio calderonista: el del débito público, que se ha incrementado casi al mismo ritmo que el número de discursos triunfalistas pronunciados por el inquilino de Los Pinos (alrededor de 3 mil 300 en el periodo).

En dicho cuatrienio, la deuda neta (interna y externa) del sector público federal registra un incremento superior a 10 puntos porcentuales del producto interno bruto, para significar a estas alturas más de 30 por ciento del PIB. El saldo de este débito pasó de un billón 985 mil 730 millones de pesos, el primero de diciembre de 2006, a 4 billones 40 mil 850 millones al cierre de octubre pasado, es decir, un crecimiento de 103.5 por ciento.
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Pobreza: México, la excepción inaceptable

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer lo que en el ámbito regional es una buena noticia, pero para nuestro país constituye una corroboración amarga. En años recientes la pobreza en América Latina tuvo una disminución significativa, incluso a pesar de la crisis económica mundial iniciada en 2008. Esta tendencia fue particularmente marcada en Argentina, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Ecuador y Panamá. Sin embargo, a contrapelo de ese fenómeno regional, en México la pobreza se ha incrementado en forma sostenida desde 2006.

Entre 2008 y 2009, que es el lapso en el que podría atribuirse al descalabro financiero planetario un efecto definido, nuestro país sufrió las consecuencias más severas, seguido por Costa Rica y Ecuador. Si se observa el periodo 2006-2009, México es la única nación del subcontinente en el que se incrementó el número de pobres (en 3.1 por ciento), mientras en el resto de las naciones latinoamericanas el indicador correspondiente se redujo en diversas proporciones.
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El Correo Ilustrado

Wikileaks aporta pruebas contra Estados Unidos, dicen

Wikileaks no muestra nada nuevo que no supiéramos o imagináramos de la política exterior estadunidense, pero nada hay como tener evidencias que prueben el tipo de política, cultura e ideología que anima y orienta al mayor imperio en su andar por el mundo, que acostumbra hipócritamente presentarse como el campeón de la democracia y país de las libertades. Wikileaks evidencia la falsedad del imperio yanqui y pone de manifiesto su verdadera cara y acción en el orbe: es el campeón de la ilegalidad, rompe con toda norma internacional al invadir sin base legal alguna a Irak y Afganistán, y promovió golpes de Estado en Honduras y luego en Ecuador y Bolivia, sin éxito. Se expresa con el lenguaje más vulgar y despectivo de los jefes de Estado de otras naciones, aun de los aliados, como si fueran delincuentes de películas de Bruce Willis, incluida la señora Clinton. Se muestra que Estados Unidos está involucrado en las acciones más sucias del mundo: con los paramilitares de Colombia, los fraudes electorales de Latinoamérica, los negocios bancarios de Europa, los narcos mexicanos, etcétera.

¿Abrieron las cloacas del imperio, de la degradada mentalidad de la derecha internacional que domina a las demás tribus del mismo talante ideológico o pusieron en evidencia la impotencia y mediocridad que gobierna al mundo y, por tanto, que debe cambiar urgentemente, por el porvenir de la humanidad?

Una vez más ponen al descubierto el estado de derecho universal degradado que rige a la humanidad, en todos los ámbitos: climático, alimentario, salud, migratorio, económico, social y político. Igualmente se expresa el estado fallido de la derecha internacional. Pero Televisa y Tv Azteca no lo advierten.

Por la ANAD, Manuel Fuentes, Jesús Campos, Estela Ríos, Adela Salazar, José Luis Contreras, Edith Ramírez, Maricarmen Fernández y Óscar Alzaga
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Significado de la ley de libertad de cultos

Carlos Martínez García

En medio de la desmemoria del gobierno federal hay que revalorar la gesta juarista. La trascendencia de la Ley de Libertad de Cultos, promulgada hace 150 años (4 de diciembre de 1860), no depende del reconocimiento que pudiera darle una administración como la actual, que más bien busca invisibilizar los alcances de la gesta juarista contra la cerrazón mental y política.

Los adversarios ideológicos de Benito Juárez, y la valiente generación de liberales que lo respaldaron en una lid descolonizadora, son minimizados por el conservadurismo más rancio. Los malquerientes del Estado laico (Carlos Monsiváis dixit) no acaban de digerir la norma libertaria que rompió la espina dorsal de un régimen uncido a los deseos clericales católicos.
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Culpas compartidas: PAN y PRI

Luis Linares Zapata

Al final de su cuarto año el señor Calderón da por iniciada su personal carrera hacia 2012. En su ya bien ensayado salto hacia adelante para zafarse de las muchas tribulaciones que hoy aquejan al país, de nueva cuenta organiza una tribuna a la medida de sus posibilidades como guía y manipulador. Ante un auditorio agradecido y encerrado repartió culpas a diestra y siniestra. No escatimó en autoelogios hasta situarse al borde de la caricatura. El PRI, decidido a no dejar un espacio libre de consignas y respuestas, le lanza un desplegado donde resume sus posturas que resultan incriminaciones por su pasado. En el fondo ambos bandos bordan sobre la injusticia intrínseca del modelo concentrador que han sostenido, contra viento y marea, a lo largo de sus cuatro administraciones de 1988 a la fecha. No cabe duda que la prevención por regresar al pasado se quiere pagar con la amenaza de otra alternativa de pasado. Por eso ninguna de estas dos ofertas presenta una esperanza real, sincera, de futuro transformador.
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