Guatemala: “Ríos Montt y otros generales tienen que dar la cara”

Luego de la condena de más de 6 mil años de prisión contra militares que participaron en una matanza contra una comunidad maya, campesinos y defensores de derechos humanos demandan que sean enjuiciados los autores intelectuales de toda la política de “tierra arrasada”. Las condenas sólo alcanzaron a kaibiles, mientras que los generales golpistas –encabezados por Efraín Ríos Montt–, quienes habrían ordenado el aniquilamiento de decenas de pueblos supuestamente simpatizantes de la guerrilla, gozan de impunidad.

Danilo Valladares/IPS-Voces de la Tierra

Guatemala, Guatemala. “Queremos justicia, pero justicia clara; que agarren a los criminales y los sentencien como debe ser”, reclama Raúl Gómez, sobreviviente de la masacre perpetrada por la represión militar en 1982 en Dos Erres, comunidad del norteño departamento guatemalteco de Petén.

Gómez indica a Inter Press Service (IPS)que la condena que recayó sobre cuatro soldados –hoy en retiro–, involucrados en la matanza de Dos Erres, significa que “se están esclareciendo las maldades que hacían nuestras autoridades militares, después de tanto tiempo que estuvimos arrodillados y humillados por ellas”.

Manuel Pop, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y el teniente Carlos Carías, exmiembros de la fuerza militar de elite Kaibil, fueron sentenciados a más de 6 mil años de prisión por el asesinato de 201 personas ocurrido el 6 de diciembre de 1982.

Pero miembros de la cúpula militar señalados de haber cometido graves atropellos contra los derechos humanos durante la guerra interna, como el general golpista (1982-1983) Efraín Ríos Montt, y sus pares Benedicto Lucas y Óscar Humberto Mejía Víctores, “deben dar la cara; quisiera oírlos ante este pueblo humilde que jamás usó las armas como ellos lo hicieron contra nosotros y nos traicionaron; es duro”, subraya Gómez, quien perdió a 15 familiares en la matanza de las Dos Erres, entre ellos a su hermano, dos tíos y varios primos.

Ríos Montt –que posee inmunidad penal por ocupar un escaño en el unicameral Congreso legislativo– se defendió al aducir que no fue “director de masacres o algo por el estilo. Yo simplemente fui jefe de Estado y hasta ahí me quedo”.

“Aunque esta sentencia es un paso adelante contra la impunidad en Guatemala, los soldados no cometieron estos crímenes por iniciativa propia, y las autoridades deben hacer comparecer ante la justicia a todos sus superiores que planearon y ordenaron los crímenes”, indica Sebastián Elgueta, investigador para Amnistía Internacional.

El 7 de diciembre de 1982, unos 50 efectivos del ejército irrumpieron en la comunidad Dos Erres para aniquilar a sus habitantes, supuestamente integrantes de la guerrilla izquierdista. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron asesinados a balazos, luego de ser torturados. Sus cuerpos fueron lanzados al pozo que surtía de agua potable a la localidad.

La represión del Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado contra la guerrilla provocó más de 200 mil muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996 en Guatemala. En ese enfrentamiento sobrevinieron masacres y otros crímenes de lesa humanidad, al ser responsables en 93 por ciento de los casos las fuerzas del Estado y grupos paramilitares de ultraderecha, documenta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Ésta fue creada a partir de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el Ejército y la exguerrilla congregada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para aclarar “con toda objetividad, equidad e imparcialidad” las violaciones a los derechos humanos cometidas en los más de 30 años de conflicto armado.

Desde entonces, familiares de los desaparecidos y organizaciones de derechos humanos han iniciado una batalla legal por aclarar estos crímenes, de los que fue víctima en 83 por ciento de los casos la población indígena maya. Pero no ha sido fácil, sobre todo, en el caso de Ríos Montt. “Su poder en las instituciones del Estado sigue siendo real y determinante, pues con el uso de recursos judiciales variados ha logrado convertir la legalidad en un asunto de impunidad”, indica a IPS Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum.

Durante el bienio en que Ríos Montt encabezó una sangrienta dictadura se produjo el peor periodo de violación de los derechos contra la población civil en Guatemala, a través de su política de “tierra arrasada” dirigida contra las comunidades mayas establecidas en el Noroeste, departamento de Quiché.

Por esos crímenes, la Audiencia Nacional de España lo acusó del delito de genocidio, al igual que a otros oficiales de alto rango, en respuesta a una demanda planteada en 1999 por la defensora de derechos humanos Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz en 1992.

El juez español Santiago Pedraz ordenó el 7 de julio de 2006 la prisión provisional contra ocho acusados de genocidio, terrorismo, torturas y detenciones ilegales durante la guerra civil guatemalteca, entre ellos Ríos Montt, Mejía Víctores, el exministro de Defensa Aníbal Guevara y el exdirector de la Policía Nacional Germán Chupina. Al final, únicamente Guevara y Chupina fueron arrestados en 2006, pero el 13 de diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió que la justicia española no tenía jurisdicción para procesar a militares y civiles por hechos ocurridos en ese país centroamericano, con lo cual dejó sin efecto las acciones en su contra.

Actualmente, ninguno de esos oficiales enfrenta causa alguna en la justicia, pese a que no hay ley de amnistía que los ampare. Incluso Ríos Montt ha eludido la justicia por falta de voluntad política y de los tribunales para iniciar un proceso que inhabilite la inmunidad legislativa que posee y afronte las acusaciones como cualquier ciudadano.

“Un juicio contra estos personajes dejaría sentado para la historia, la conciencia y futuras generaciones de este país el reconocimiento de que aquí hubo una política de Estado que masacró y que intentó exterminar a los pueblos indígenas, para que eso no vuelva a suceder”, afirma Morales.

Sin embargo, y aunque la persecución penal contra exmilitares de alto rango va cuesta arriba, otros casos han dado resultados positivos. El último fue la captura del exjefe policial Pedro García Arredondo, el 24 de julio pasado, acusado de la desaparición forzada de un estudiante y del incendio que destruyó la sede de la embajada de España el 31 de enero de 1980, en la que murieron 37 ocupantes, entre ellos Vicente Menchú, padre de la Premio Nóbel de la Paz.

En junio pasado también fueron arrestados el exgeneral Héctor López Fuentes, de 81 años, asociado con el genocidio contra más de 300 personas entre 1978 y 1985, y el exdirector de la policía Héctor Bol, de 71 años, por las desapariciones de un sindicalista y un estudiante universitario en 1984.

Antes, en 2010, el excomisionado militar Felipe Cusanero fue sentenciado a 150 años de prisión por el secuestro y desaparición entre 1982 y 1984 de seis campesinos indígenas, mientras que el coronel Marco Antonio Sánchez y tres excomisionados militares fueron condenados a 53 años de cárcel por la desaparición de otras ocho personas detenidas en 1981.

“Estos casos permiten vislumbrar que hay oportunidad de que no queden en la impunidad la mayor parte de esos crímenes”, expresa, esperanzado, Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo. Para lograr enjuiciar a la cúpula militar, “lo ideal sería que los ahora detenidos se acojan a alguna figura legal para que los proteja y señalen a los más importantes. Pero estoy convencido de que poco a poco tendrán que enfrentar la justicia”.

Aura Elena Farfán, de la organización no gubernamental Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, indica a IPS que sentencias como la alcanzada en el caso Dos Erres sirven para acumular elementos para juzgar a Ríos Montt y a otros militares. “No ha sido fácil el camino que nos ha tocado andar, pero la perseverancia y vencer tanto obstáculo, como los 50 recursos que los abogados tuvieron que desahogar, las intimidaciones y allanamientos que sufrimos, dio sus frutos”, explica Farfán, querellante adherente del caso. Agrega que “llegará el momento” de juzgar a Ríos Montt, porque “él nunca participó directamente, pero sí fue el autor intelectual de la política de ‘tierra arrasada’”.

Fuente: Fuente: Revista Contralínea 253 / 2 de octubre de 2011

Las indígenas violadas y la evasión de la Sedena

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

Obtilia Eugenio Manuel, Ines Fernández Ortega y Valentina Rosendo, víctimas de violación por militares.

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

Militares al servicio… pero del narcotráfico

La capacidad corruptora del narco es proporcional a la magnitud de los recursos económicos de que dispone. Mediante el ariete del dinero ha infiltrado las más altas esferas de la política y de los cuerpos de seguridad, incluidas las policías y el Ejército. Así lo documenta el reportero de Proceso Ricardo Ravelo en su libro El narco en México, que a partir de esta semana estará en circulación. Con autorización del sello Grijalbo presentamos fragmentos del capítulo IV: “El Ejército doblegado”.

Ricardo Ravelo

La noche del 23 de abril de 1989, la cena estaba servida en una amplia mesa del restaurante San Ángel Inn, al sur de la Ciudad de México. Una decena de comensales se disponían a festejar el cumpleaños del general Jorge Maldonado Vega, personaje con una amplia trayectoria en las filas castrenses.

(…) En la mesa del agradecido festejado se chocaban las copas de vino. Amigos y familiares habían sido convocados por el coronel Alfonso Caiseiro Pérez para celebrar al hombre, ahí relajado y sonriente, que él respetaba y admiraba por su carrera militar (…) la amena plática del grupo se vio interrum­pida por un individuo de 1.85 m de estatura, que bordeaba los 34 años de edad. Una voz amable apagó la conversación del grupo y la atención se centró en aquel personaje que vestía ropa informal.

–¿Es usted el general Maldonado? –preguntó el sujeto con un tono de amabilidad y fineza.

–A sus órdenes –respondió el militar.

El general Maldonado Vega no había visto antes al personaje, quien atrajo su atención cuando, en cascada, le empezó a enumerar pasajes de su vida castrense. Le dijo que admiraba su entereza porque no lo habían podido comprar ni con 5 millones de dólares, que sabía de su duelo de Chapultepec, que tenía datos acerca de las veleidades que estuvieron a punto de llevarlo a enrolarse con la guerrilla; que tenía conocimiento de su intachable comportamiento ante sus prisioneros, quienes nunca fueron torturados, ni víctimas de delitos inventados ni les robó droga. Aquel personaje también le mencionó que sabía que esas prácticas eran exclusivas de las corporaciones policiacas y del Ejército, que torturan y matan.

(…) Transcurridos 30 o 40 minutos, el viejo general vio despejadas sus dudas: su interlocutor le confesó que era Amado Carrillo Fuentes. La charla prosiguió en confianza. Derribada esa barrera, el festejado terminó por proporcionarle su nombre completo, su dirección y sus teléfonos. Carrillo Fuentes se retiró de la mesa y desapareció del lugar.

Pasaron tres meses, aproximadamente, sin que Maldonado Vega tuviera noticias de Carrillo Fuentes, hasta que una madrugada de julio de ese mismo año, en su departamento del Desierto de los Leones, en el Distrito Federal, recibió una llamada telefónica. Era la voz de una mujer desesperada: Luz Bertila Carrillo Fuentes, herma­na del Señor de los Cielos. (…) le comunicó la urgencia: su hermano Amado había sido de­tenido por un grupo de militares y estaba preso en una ranchería del poblado de Huixiopa, Sinaloa. Le dijo que sabía que lo habían torturado y que corría peligro.

–(…) le pido, por favor, que lo ayude. Usted es el único que puede hacerlo –su­plicaba la mujer del otro lado del auricular.

(…) A las 8:00 de la mañana del día siguiente, Joel Martínez, quien dijo ser ayudante de Amado Carrillo, se puso a las órdenes del general Maldonado y lo trasladó al aero­puerto de la Ciudad de México. Allí, el militar abordó rápidamente un avión Cessna 210, cuyo piloto en cuestión de minutos tomó pista y despegó con destino a Culiacán, Sinaloa.

A su llegada a esa entidad, el general fue llevado a Navolato, don­de radica la familia Carrillo Fuentes. Allí se presentó Luz Bertila, quien le expuso más detalles de la aprehensión de su hermano: Ama­do Carrillo había asistido a una fiesta a Huixiopa con algunos familia­res y amigos. Lo acompañaban, como ya era habitual, varios agentes del Ministerio Público Federal y de la extinta Policía Judicial Federal (PJF); sin embargo, un grupo de militares lo había detenido, sin mo­tivo aparente, y ella sabía que, por los golpes que le propinaron, su hermano estaba inmóvil de medio cuerpo y la gente del pueblo de­cía que lo iban a linchar.

–Sálvelo, general, por favor. Sé que usted puede hacerlo…

(…) El general se dirigió a la base de operaciones que el Ejército tenía en ese sitio y se puso en contacto con el comandante para preguntarle si era verdad que tenían como prisionero a un tal Amado Carrillo.

(…) Minutos después llegó el sargento Heriberto Baltasar Pantaleón, quien de in­mediato increpó a Maldonado Vega, preguntándole para qué quería verlo. El general le respondió que sabía de la detención de Amado Carrillo, que la familia desconocía la razón y que estaba preocupada porque entre la gente corría la versión de que lo iban a ejecutar.

Baltasar Pantaleón expuso que el señor había sido detenido por­que les pareció sospechoso, debido a que iba armado: portaba una pistola calibre .45 con empuñadura de oro y andaba enjoyado. “Nos parece que puede ser un capo grande” y estamos esperando a que nos den instrucciones sobre qué hacer con él.

–Golpear a una persona tan severamente y retenerlo tanto tiem­po no se les ha enseñado en el Colegio Militar y es un error grave. Para eso está la PGR, es la instancia a donde lo deben enviar con todas las pruebas que tengan en su contra –expuso Maldonado Vega al sargento.

(…) El diálogo entre Maldonado Vega y Baltasar Pantaleón se cortó. Éste dio por terminada la plática, pidiéndole al general que se retira­ra del lugar y que no siguiera insistiendo. Para ese momento, el titular de la Sedena estaba enterado de la detención de Amado Carrillo y de las gestiones que en su favor realizaba Maldonado Vega.

(…) Luego, se retiró del sitio y abordó la avioneta de regreso a Culiacán, donde volvió a encontrar a la hermana de Amado. Ambos se dirigieron a la casa de la madre del detenido. En una charla, en la finca La Aurora, munici­pio de Navolato, el general fue claro y directo:

–El problema de Amado es mayor a mi capacidad para hablar por él. Se le detuvo con un arma y es probable que sea consignado. De todo este asunto, y hasta de mi presencia aquí, ya está enterado el secretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán. Yo les sugiero que acudan ante las autoridades civiles o militares para arreglar este asunto.

La señora Aurora Fuentes, una mujer bragada y de fuerte carácter, entendió la posición del general Maldonado, a quien agradeció el gesto y la atención de acudir en apoyo de la familia y su hijo.

–Preparen el avión para que lleven al general a la Ciudad de México –ordenó la madre de Carrillo Fuentes.

El general solicitó que mejor lo trasladaran por carretera a la ciu­dad de Guadalajara, desde donde voló en línea comercial a la Ciudad de México.

El reencuentro....

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A escrutinio internacional gobierno de Calderón por abusos cometidos por militares

El ESPURIO, la mierda que desgobierna Mexico.

Gloria Leticia Díaz

SAN JOSÉ (apro).- El gobierno de Felipe Calderón fue sometido hoy al escrutinio de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por hacer caso omiso de las resoluciones en materia de medidas provisionales para 144 defensores y víctimas de derechos humanos.
Durante el 91 Periodo Ordinario de Sesiones de la CoIDH, realizado en esta ciudad centroamericana, se analizó el caso de la indígena Inés Fernández Ortega, agredida sexualmente por militares el 22 de marzo de 2002, así como la desaparición en Chihuahua, a finales de 2009, de Rocío Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Fernández.
Ambos casos están relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos por militares, mismos que son investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar.
Las medidas provisionales fueron otorgadas el 7 de abril de 2009 en el caso Inés Fernández y 106 personas más, y el 26 de mayo de 2010, en el de los tres jóvenes desaparecidos en Chihuahua y 34 de sus familiares, luego de que el gobierno de Felipe Calderón no acató las resoluciones de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ambos casos, los representantes de Inés Fernández y de Rocío, Nitza Paola y José Ángel exigieron la declinación del fuero militar a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), como premisa para disminuir los riesgos contra los defensores y víctimas.
En el primer caso, los abogados Vidulfo Rosales y Agustín Martín, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), respectivamente, denunciaron que las amenazas contra los 107 defensores y las víctimas continúan, pese a la vigencia de las medias provisionales.
Recordaron que el pasado lunes 6, militares amedrentaron y trataron de allanar las oficinas de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá (OPIM), agrupación a la que pertenece Fernández Ortega, y el jueves 16 los dirigentes de dicha organización, Obdulia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, también beneficiarios de las medidas, recibieron una amenaza de muerte por escrito.
En dicha amenaza se hizo referencia a su labor para que se cumplimenten las sentencias de la CoIDH a favor de Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, otra indígena violada por militares, así como a su vinculación con Tlachinollan.
De acuerdo con Vidulfo Rosales, hay 18 averiguaciones previas por amenazas y actos de hostigamiento contra defensores y víctimas que hasta la fecha no han sido esclarecidas.
Por su parte, Agustín Martín puntualizó que la infraestructura de seguridad proporcionada por el Estado mexicano no cumple con los parámetros necesarios para garantizar la seguridad de los 107 beneficiados de la medida, e incluso 55 personas carecen de protección alguna
La delegación del Estado mexicano, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, pidió a la Corte hacer una revisión exhaustiva de las medidas de protección, para que sólo se otorguen a 20 de las 107 personas en riesgo.
La representación de la CIDH, encabezada por la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi Mershed, recordó que el hostigamiento a los defensores y víctimas está íntimamente relacionado con la defensa de los casos por violaciones a derechos humanos cometidos por militares, y por ser miembros de organizaciones de derechos humanos e indígenas, por lo que todos los integrantes de las agrupaciones estarían en riesgo.
El grupo de jueces, cuyo presidente es el peruano Diego García-Sayán, convocó a los representantes del gobierno calderonista a justificar su petición por escrito, y a los abogados de las víctimas y de la CIDH a hacer las consideraciones a la justificación del Estado. Ambos documentos, dijeron, serán analizados.
En la audiencia por la desaparición de los jóvenes en Chihuahua, los representantes de las 37 víctimas acusaron que, ante el incumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Corte, padres, hermanos, hermanas e hijos de los jóvenes desaparecidos tuvieron que abandonar su comunidad en el municipio de Buenaventura y en Ciudad Juárez.
Los abogados de los beneficiados, dirigidos por Luz Esthela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), denunciaron su inconformidad por la presencia militar en cada una de las tres reuniones para instrumentar las medidas, lo que para víctimas y defensores implica un acto de hostigamiento.
Elizabeth Abi Mersherd se sumó a la petición de los representantes de las víctimas, en el sentido de que el esclarecimiento de los hechos es la única forma de evitar mayores riesgos, y recordó que, de acuerdo con la legislación internacional, el fuero militar no es competente para investigar casos de violaciones a derechos humanos.
De su lado, Gómez Robledo advirtió que mientras no se apruebe la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar enviada por Felipe Calderón al Senado, los militares seguirán a cargo de las investigaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas.
En tanto, los jueces del tribunal internacional convocaron a los representantes de los beneficiados y de las víctimas a llegar a acuerdos encaminados a cumplir con las medidas provisionales y, sobre todo, para localizar a los tres jóvenes desaparecidos.

Desfiladero

Terror en Jalapa

Pánico en Monterrey

Esperanza en el Edomex

Jaime Avilés

Tres empleados de Construcciones Santa Clara –entre ellos, el ingeniero Raúl Tecatl Cuevas–, regresaban a Jalapa, el viernes 17 de junio, cuando a las siete de la noche los detuvo un retén del 63 batallón de infantería, en la ex hacienda El Lencero. Los soldados los bajaron de la camioneta en que viajaban. De pronto se desató una balacera. Los militares respondieron con todo, incluso con apoyo de helicópteros artillados. Fue cosa de minutos.

Cuando el zafarrancho terminó, el ingeniero estaba muerto dentro de otro vehículo, con diez heridas de bala en la espalda y un tiro de gracia. Sus dos amigos también estaban muertos, pero incompletos, pues a ellos les habían cortado las manos. Los cadáveres fueron retratados junto con armas de alto poder. La versión oficial los tachó de sicarios.

Durante horas circularon rumores que hablaban de cuatro víctimas inocentes: tres hombres y una mujer. En su palacio, el gobernador Javier Duarte analizaba la matanza. Cuando se puso de acuerdo con sus cómplices, declaró que, en un exitoso operativo, habían muerto 11 sicarios.

Indignados, los allegados al ingeniero hoy combaten la mentira. En el portal Plumas Libres, Eduardo Segura escribió: por la maldita guerra estúpida que vive nuestro país, murió sin deberla ni temerla Raúl Tecatl, primo político de un servidor (...) brillante profesionista, originario de Jilotepec (...) que fue cruelmente acribillado de 10 balazos y pasó por boca de las autoridades a ser un sicario; por favor, qué falta de escrúpulos tienen al asesinar a un hombre de bien y destruir moralmente a toda una familia, dejar a su pequeño hijo en la orfandad y sembrar un futuro incierto y de desesperanza.

En el periódicodigital.com.mx, alguien bajo el seudónimo de Ozz, reiteró: el 17 de junio, en El Lencero, fueron asesinados a sangre fría un familiar y otros dos compañeros de trabajo. Las autoridades dicen que están limpiando Veracruz, pero están matando civiles como ustedes y como yo. Otro lanzó esta pregunta: ¿por qué no dicen nada de mi amigo que le desfiguraron su cuerpo y de los otros dos pobres que les cortaron sus manos?.

Obvio: en Jalapa ocurrió lo mismo que el 20 de marzo de 2010 en Monterrey, donde dos estudiantes del Tec fueron torturados y asesinados por el Ejército que los acusó de sicarios; o lo mismo que el 31 de marzo de 2008 en Culiacán, donde cuatro jóvenes que iban a una fiesta fueron ametrallados en un retén militar; o lo mismo que el 5 de abril de 2010 en Tamaulipas, donde otros soldados dispararon a ciegas contra una camioneta y dieron muerte a dos niños. O lo mismo que... escriban ustedes la fecha y el sitio donde se han producido hechos similares en todo el país.

Exhortar a los soldados a matar inocentes y presentarlos como sicarios para cobrar un premio, es una práctica llamada falsos positivos, que inventó el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando era jefe de la policía de Álvaro Uribe, otro genocida de la talla de Felipe Calderón. Hoy, Uribe es interrogado por la justicia de su país, debido a sus vínculos con los paramilitares que exterminaron a miles de hombres y mujeres. Santos, por su parte, condecoró a Genaro García Luna porque desde 2008 las fuerzas armadas mexicanas entregan falsos (resultados) positivos, como acaba de reconfirmarlo el caso del ingeniero Raúl Tecatl y sus acompañantes, un asunto que debe volver a movilizar a la sociedad para que los responsables del crimen sean castigados en forma ejemplar. ¡Atropellos como éstos ya no deben repetirse nunca, nunca más en México!

A propósito de lo mismo, Yuriria Iturriaga, corresponsal de La Jornada en París, me renvió una carta que alguien de su confianza le mandó desde Monterrey, ciudad en la que se está dando, le dicen, un fenómeno jamás antes visto, que es el secuestro masivo y al azar de la gente en la calle, es decir, te ven, te detienen, te suben a una camioneta con otros secuestrados, y te van cambiando de camioneta hasta que tu familia da el dinero o te matan.

Se presume, añade la carta, que se están cometiendo de 80 a 110 secuestros diarios. Mujeres, niños, ancianos, de todas las clases sociales sin distingo, lo que habla de unas tres mil personas secuestradas al mes. ¿Será verdad tanto horror?, pregunta Yuriria. No sé, pero intento recordar. ¿Cómo empezaba el reportaje que Sanjuana Martínez publicó el domingo pasado en este diario?

Así. ¿Qué se hace en un anfiteatro con 50 descuartizados? Para los médicos forenses integrar las piezas de cada persona es una tarea difícil, imposible en algunos casos, tanto que algunos familiares deciden enterrar a sus muertos de manera incompleta. En lo que va del año, 50 personas han sido descuartizadas en Nuevo León, la mayoría con el uso de sierra eléctrica. Y ha habido, agrega, según estadísticas oficiales, 743 asesinatos.

¿Es verdad que salir a la calle en Monterrey es tan pero tan peligroso? Sí, me dicen periodistas amigos, consultados por teléfono. El gobernador (Rodrigo Medina) ya no existe. La desaparición de poderes se masca en el aire, pero la popularidad del Ejército está al alza. Acaba de haber una expo de las fuerzas armadas: la asistencia sobrepasó el medio millón de personas. Saca tus conclusiones.

Lo intento. Hace 11 años, cuando la conocí, Monterrey era la ciudad más segura de México: los pobres vivían amontonados en los cerros; en el centro había tolerancia cero, y entre los ricos, en todos los casos de injusticia, siempre ganaban los injustos. ¿Quién recuerda a Gabriela Rodríguez Segovia, la acaudalada mujer a quien sus hermanos encerraron en un manicomio para quitarle su casa, su dinero y sus hijos? ¿Qué fue de Joaquín Romo de Vivar, el empresario a quien el gobierno panista despojó de su spa y trató de matarlo? A costa de los más débiles, los poderosos dinamitaron el estado de derecho, pero crearon una impunidad sin límites que terminó devorándolos.

Volvamos a Veracruz, donde Fidel Herrera brindó impunidad a todos corrompiendo todo. Anteayer, mientras su sucesor presidía un banquete en El Lencero, para festejar el asesinato del ingeniero Raúl Tecatl, por las calles de Jalapa protestaban los padres de decenas de jóvenes desaparecidos en esa ciudad, de abril a la fecha. Moraleja: socializa la impunidad y generarás caos. ¿O qué hizo Felipe Calderón en todo México? Se robó la presidencia y para poder gobernar, abolió el estado de derecho. Más de 40 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos; cientos de narcofosas aún sin abrir a lo largo de las vías del tren que va de Chiapas a Texas; la droga más presente y más barata que nunca; la inseguridad pública en todo su esplendor y Estados Unidos construyendo una base militar en Puebla para invadirnos desde adentro. ¡Esta es su obra!

¿Y qué hay de Paulette, y de Mónica Pretelini, y de los feminicidios y de la corrupción de Peña Nieto? En Youtube, un video (busquen secundaria 582) muestra a alumnos de una escuela pública haciendo banderitas que proclaman: Eruviel gobernador. Cuando AMLO dijo en 2006 que la mancha de un fraude electoral no se puede borrar ni con el agua de todos los mares, jamás pensamos que esa mancha sería de nuestra sangre. Pero hoy, si algo tenemos claro, es que para salir de esta pesadilla sólo debemos despertar. La rebelión pacífica puede estallar de mañana en ocho, cuando Alejandro Encinas y las estructuras de Morena en el estado de México enfrenten al copetón, al chapitas y a la narcodictadura salinista y, con ayuda de usted, señorita, y de usted, señor, sí, y también de usted, señora... tal vez los derroten.

jamastu@gmail.com

Alumnos de secundaria son aprovechados para armar propaganda de Eruviel Ávila

http://youtu.be/5NwPhHPFy_Q

Militares contra García Luna y su Equipo

García Luna y Galván Galván. División.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF., 22 de mayo (apro).- La intentona propagandística del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y Televisa es un fracaso más de la estrategia de la actual administración en su “guerra a las drogas”.

Lejos de construir una imagen favorable de la Policía Federal, la serie televisiva El Equipo profundizó la división al interior del gabinete de seguridad nacional.

El anuncio de su próxima salida del aire, luego de una temporada de 15 capítulos, indica que ni con la ficción se puede sostener la estrategia violenta a la que Felipe Calderón se aferró a pesar del alto costo en vidas e institucional.

A decir de la retahíla de comerciales que han acompañado a la transmisión, fue más en beneficio comercial de Televisa que para la imagen de los más de 30 mil hombres que tiene García Luna en la Policía Federal.

El programa, que gozó del horario estelar de la televisora, generó molestia y reclamos principalmente entre miembros de las Fuerzas Armadas, cuyos altos mandos tienen diferencias con García Luna desde el principio del gobierno de Felipe Calderón.

Los militares nunca han confiado en él “por sus antecedentes” en la Procuraduría General de la República, donde el expresidente Vicente Fox lo hizo director de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Se lo dijeron desde un principio a Calderón.

¿Qué le debe o qué le sabe García Luna a Calderón para hacerlo el hombre fuerte a quien le confió “todos los juguetes” en su “guerra al narcotráfico”? Es una pregunta recurrente en la milicia.

Confrontados entre sí, los secretarios de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, y el de la Marina, Armada de México, el almirante Mariano Sáynez Mendoza, esta vez tuvieron motivos de coincidencia.

La producción televisiva de García Luna, quien dispuso de las instalaciones y otros bienes públicos en beneficio de la empresa de Emilio Azcárraga, hizo suyos hechos en los que la Policía Federal fue del todo ajena, sencillamente porque no existía. Peor aún, se dedicó a denigrar a los militares.

Las historias de “éxito” que presentó fueron claras adaptaciones de sucesos en los que los protagonistas en la vida real fueron efectivos de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército.

El general Galván es el más agraviado por las repetidas alusiones negativas al Ejército desde el primer capítulo de la ficción. Laureado recientemente por el gobierno colombiano, que carga con graves violaciones a los derechos humanos en su propia guerra al narco, García Luna hizo pública su afrenta con el general secretario en las pantallas de televisión.

La Cámara de Diputados está obligada a llamar a cuentas a García Luna. No sólo por los recursos de la secretaría que puso a disposición del monopolio televisivo, sino por ser el responsable de las políticas de seguridad en el país y el fracaso de sus tácticas de propaganda, más allá de los escenarios que ha creado para mostrar “éxitos” en la vida real de la Policía Federal.

Los diputados disponen ya incluso de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, en el que apenas en febrero pasado el ente fiscalizador de ese brazo del Poder Legislativo dio a conocer las fallas y omisiones de García Luna.

La “guerra psicológica” desarrollada por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que durante más de medio siglo ha sido exitosa gracias a la poderosa industria del cine y la televisión estadounidense, ha logrado el objetivo de ganar apoyo en su sociedad.

En su ambición de colgarse todas las medallas, García Luna exacerbó las peleas entre los encargados de dar seguridad al país, mientras se mantiene la percepción social de que la estrategia de Calderón sencillamente no ha funcionado.

Irónica, cínicamente, la propia Televisa lo confirma. La transmisión de La Reina del Sur –producida por Telemundo– otra ficción sobre en torno al narco, pero ésta dedicada a la vida de una narcotraficante, está entre las series más vistas en México. Perniciosa e hipócrita, Televisa es la única que gana, como siempre, al amparo del poder.

“El Equipo”, fuera del aire

La Redacción

MÉXICO, D.F., 23 de mayo (apro).- La serie televisiva “El Equipo”, cuya esencia es ensalzar a la Policía Federal, saldrá del aire este viernes.

Televisa anunció el fin de la serie, con apenas tres semanas de transmisiones.

El periodista de Proceso, Jorge Carrasco, anticipó que altos mandos del Ejército mexicano estaban inconformes por la difusión de la serie que defendía el desempeño del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

“El programa, que gozó del horario estelar de la televisora, generó molestia y reclamos principalmente entre miembros de las Fuerzas Armadas, cuyos altos mandos tienen diferencias con García Luna desde el principio del gobierno de Felipe Calderón.

“Los militares nunca han confiado en él ‘por sus antecedentes’ en la Procuraduría General de la República, donde el expresidente Vicente Fox lo hizo director de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Se lo dijeron desde un principio a Calderón”.

Desde su aparición, la serie provocó dudas en la clase política, al sospechar que era patrocinada con recursos públicos de la dependencia dirigida por García Luna.

Arturo Santana Alfaro, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana e integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, exigió que el programa saliera del aire y se castigara a García Luna, aunque previó: “Es difícil que se haga algo contra el supersecretario García Luna, que hace lo que quiere con toda impunidad”.

Juicio internacional a Calderón

El vocalista de la banda irlandesa U2 fue recibido por la MIERDA humana que usurpa la presidencia en Mexico; Felipe Calderón NARCOfosa.

Netzaí Sandoval Ballesteros

Los más de 40 mil seres humanos que han muerto en los últimos cuatro años nos colocan frente a una crisis humanitaria sin paragón. Ni la guerra de Estados Unidos contra Afganistán, ni la emprendida en contra de Pakistán han generado tal cantidad de muertos (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg, Alemania). La violencia en México también ha dejado más desplazados que cualquier otro conflicto armado reciente, alrededor de 120 mil personas de acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Center. La vulnerabilidad de los más jóvenes es particularmente grave: mil 226 de las muertes ocurridas entre 2006 y 2010 corresponden a niños y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México). En estrictos términos legales y de acuerdo con los criterios internacionales en la materia, esta situación se clasifica como un conflicto armado de índole no internacional.

El responsable directo de esta grave situación es Felipe Calderón. Fue él quien declaró una guerra en el país y decidió utilizar al Ejército y la Marina para atacar selectivamente los cárteles de la droga. Fue el Ejecutivo quien de forma obstinada prosiguió con esta estrategia bélica a pesar de que diversos órganos de la ONU le han solicitado suspender la utilización de los militares en tareas policiacas, recientemente el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en marzo de 2011.

Como han documentado diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además, ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la CNDH en su recomendación 45/2010.

Las fuerzas armadas también han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.

Los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al Ejecutivo Federal (artículo 108 onstitucional). A ello se añade la falta de autonomía de la PGR, lo que se traduce en impunidad a los funcionarios civiles y militares responsables de esta crisis.

Tampoco es viable someter a la justicia nacional a los soldados responsables de violaciones, torturas, desapariciones y asesinatos debido al inaceptable alcance del fuero militar, que permite que estos hechos sean juzgados por tribunales militares (artículo 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado contundentemente que la jurisdicción penal militar no es competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos (caso Radilla Pacheco vs. México), pero Calderón se ha opuesto a cumplir con las sentencias que ordenan modificar el marco jurídico para adaptarlo a los estándares internacionales.

Ante la imposibilidad de juzgar a los violadores de los derechos humanos en nuestro propio país es urgente que hoy, bajo el principio de complementariedad, acudamos a la Corte Penal Internacional (CPI). Ello parece difícil dado que la Constitución señala que es el Ejecutivo (con aprobación del Senado) quien reconoce la competencia de la CPI. Sin embargo ninguna norma de derecho interno puede invocarse para incumplir obligaciones contraídas en el ámbito internacional (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 27) por lo que cuando Calderón y sus mandos militares las invoquen, sus argumentos serán rechazados por la CPI.

Para robustecer esta denuncia hace falta que participen la población y los defensores de derechos humanos del país. Por ejemplo, habría que incluir en el expediente de denuncia las declaraciones de los familiares de quienes han sido asesinados en operativos militares. Además, la mayor cantidad posible de ciudadanos mexicanos debemos firmar la petición que exige ante la CPI, detener el derramamiento de sangre. Contamos ya con miles de firmas recabadas en la marcha del 8 de mayo pero todavía es tiempo de que nuevas firmas respalden la denuncia.

Calderón ordenó el empleo de estrategias anticonstitucionales y violatorias del derecho internacional para combatir al narcotráfico y ello ha llevado a la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país. Bajo el artículo 8 párrafo 2, inciso c, numerales I y IV, así como el inciso e, numerales I, IV y VII del Estatuto de Roma, debe ser juzgado por crímenes de guerra en la CPI.

http://twitter.com/@elNetza Petición disponible en: http://nomassangre.mx

La familia Reyes, otro caso de impunidad

El campamento de la familia Reyes en Juárez.

José Gil Olmos

MÉXICO, DF, 2 de marzo (apro).- En poco más de un año, cinco miembros de la familia Reyes Salazar han sido asesinados y ninguna autoridad ha investigado a fondo los casos para dar con los responsables, entre los que podrían estar miembros del Ejército y del crimen organizado.

La historia trágica de esta familia de Chihuahua inicia la tarde del 21 de agosto del 2009, cuando miembros del Ejército detienen a Miguel Ángel Reyes Salazar, de 26 años, mientras se encontraban lavando un automóvil en el Valle de Juárez. Después de varios días, tres de ellos en huelga de hambre, lo dejaron libre, pero el 4 de septiembre lo detuvieron nuevamente acusándolo de formar parte de una banda de sicarios conocida como Los Escajeda.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicaba que en un patrullaje por Nuevo Casas Grandes habían sido detenidos un grupo de individuos a bordo de vehículos blindados, quienes estaban encabezados por Rodolfo Escajeda, El Riquín, acusado de trabajar para el cártel del Golfo.

El boletín de la Sedena decía que Escajeda estaba vinculado “con los hechos suscitados el 23 de enero del 2006, cuando a las orillas del río Bravo se registró un enfrentamiento entre policías de Estados Unidos y hombres armados, vestidos con ropa militar que arribaron en un vehículo Hummer y descargaron paquetes de mariguana de una camioneta que se había atascado a mitad del río, a la cual prendieron fuego después; esto después de una persecución que se había iniciado en territorio norteamericano por alguaciles del condado de Hudspeth, Texas”.

Sin embargo, nada decía de Miguel Ángel, salvo que lo identificaban como El Sapo y que en su declaración ubicó a Escajeda “como una persona dedicada al tráfico y trasiego de drogas”. Sólo eso. A partir de entonces el primer miembro de la familia Reyes quedó detenido sin prueba alguna.

Josefina, su madre, se dedicó a pedir su liberación. Iba con todas las autoridades, incluidas las castrenses, preguntando por Miguel Ángel sin que le dieran informes de su situación. Ante el silencio oficial, empezó a realizar diversas protestas e incluso una huelga de hambre. De nada le sirvió esto.

El 3 de enero del 2010, Josefina Reyes Salazar, que para entonces ya había creado una organización de derechos humanos en Valle de Juárez, fue asesinada a mansalva en un expendio de comida ubicado en la carretera Juárez-Porvenir.

Antes de ser ejecutada a tiros, Josefina ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos. Presentó denuncia de hechos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Zona Norte, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.

En las exequias, los hermanos de Josefina denunciaron que toda la familia tuvo que abandonar sus casas y trabajo por las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado. Tampoco les hicieron caso.

En agosto del 2010, un nuevo miembro de la familia fue ultimado. Rubén Reyes Salazar, de 49 años, fue ejecutado. Su cuerpo fue encontrado en el poblado de Guadalupe, "con huellas de violencia, múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en toda la superficie corporal", señaló la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE).

Cada vez que encontraban ultimado a un miembro de la familia, las autoridades difundían historias sin corroborar acusándolos de ser miembros de algún grupo del crimen organizado.

En realidad, la familia Salazar tiene un largo historial en la lucha social de Chihuahua, a través de los Comités de Defensa Popular que desde hace décadas pugnan por la autogestión y la defensa de las colonias en el norte del país. Desde entonces se enfrentaron a los abusos de las autoridades y fueron hostigados por éstas, quienes los señalaron de estar vinculados a la lucha armada.

El 7 de febrero de este año, tres integrantes más de la familia Reyes Salazar fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en Valle de Guadalupe: Malú y Elías Reyes Salazar, hermanos de la activista Josefina, así como Luisa Ornelas Soto, esposa de Elías, fueron levantados y desaparecidos.

Casi al mismo tiempo, otro grupo de hombres armados incendió con bombas molotov la casa de doña Sara, la cabeza de la familia, por lo cual tuvieron que huir de Valle de Juárez.

A partir del nuevo atentado, los hermanos Olga Lidia, Marisela y Ángel Reyes Salazar comenzaron a protestar exigiendo medidas de protección y la aparición con vida de sus familiares. Marisela se declaró en huelga de hambre, la cual tuvo que suspender a los 19 días porque su estado de salud era delicado.

Una vez más no tuvieron respuesta. El 26 de febrero de este año fueron encontrados muertos Malú y Elías Reyes Salazar, así como Luisa Ornelas Soto. Supuestamente tenían un mensaje de un grupo de narcotraficantes, pero no se confirmó.

Lo único cierto es que Jorge González Nicolás, fiscal de la Zona Norte, informó que los cuerpos fueron localizados en el Valle de Juárez, sobre la carretera Juárez-Porvenir, y tenían evidencias de haber sido exhumados. Es decir, los habían ejecutado y enterrado en una fosa clandestina.

El caso de la familia Reyes Salazar ya traspasó las fronteras, y organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional pidieron al gobierno mexicano que le brindara medidas de seguridad. Pero todo fue en vano.

Cinco miembros de la familia Reyes Salazar ya fueron asesinados y su caso es otro ejemplo de cómo la impunidad y la corrupción de las autoridades han dado pie a más violencia, al desamparo de la sociedad y, sobre todo, al crecimiento del crimen organizado, fenómeno que ha rebasado a todas las autoridades haciendo del terror su principal arma de control ilimitado.

Sara Salazar, la foto de la ira

La foto de la ira.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 1 de marzo (apro).- No habrá honores oficiales para los cuatro hijos, el nieto y la nuera de doña Sara Salazar, asesinados en Ciudad Juárez en menos de tres años. Tampoco una palabra de aliento o de condolencia del primer mandatario, Felipe Calderón. Mucho menos coberturas especiales en las dos grandes televisoras, como lo hacen cuando se trata de armar linchamientos para ganar rating.

Y el PRD ni siquiera se ha dado por enterado de que esta familia de activistas insumisos pertenecía al instituto político que se desgarra por los restos que dejan los Chuchos a su paso.

Sin embargo, a pesar de la indolencia gubernamental y partidista, la foto de la agencia AP, tomada durante el funeral del pasado sábado 26 de febrero, quedará grabada para siempre como símbolo imborrable del dolor, la ira y la indignación que rodean a los juarenses y a la familia Reyes Salazar. Esa imagen sintetiza la tragedia, por un lado, y la resistencia que se han enraizado en Ciudad Juárez, por el otro.

En esta instantánea que recorrió el mundo, se observa a doña Sara Salazar viuda de Reyes con los brazos extendidos. Tiene los ojos cubiertos por unos lentes oscuros. Su pelo blanco ondea en el aire. Un grito de dolor es ahogado con el trasfondo de un cielo gris, tan gris como el desierto de la frontera.

Tres féretros coronan la tragedia de esta familia que en los últimos cinco años perdió a cinco de sus integrantes, pero no ha dejado de denunciar los abusos cometidos durante los operativos militares.

Otras fotos ilustran que más de 500 efectivos militares custodiaron el sepelio, pero ninguno de ellos ayudó a cavar la fosa. ¿A quiénes protegían realmente estos soldados: a la institución involucrada en las denuncias o a la familia que ha resistido todo tipo de amenazas y crímenes, incluyendo el incendio de sus propiedades y la eliminación selectiva, al estilo de una guerra sucia?

Tan sólo Josefina Reyes Salazar, ejecutada el 3 de enero de 2010, documentó 15 casos de detenciones ilegales cometidas por personal de las fuerzas armadas en contra de la población juarense en los últimos dos años. Su hermano Rubén padeció la persecución y el allanamiento de su casa, antes de ser asesinado, y su hijo Julio César Reyes, ultimado en noviembre de 2008, también acompañó en la organización de las denuncias.

El 7 de febrero de este año, en el nuevo gobierno de viejas impunidades encabezado por el priista César Duarte, desaparecieron Malena y Elías Reyes Salazar, al igual que su esposa, Luisa Ornelas.

En protesta, doña Sara Salazar inició el 9 de febrero una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, a pesar de su edad avanzada y del agudo deterioro de su salud. Estuvo acompañada de su hija Marisela Reyes, quien ha tomado la estafeta del activismo de la familia.

Marisela no se anduvo con eufemismos cuando le informaron que sus parientes habían sido asesinados, al igual que Josefina, Rubén y Julio César, y exigió que el gobierno de Calderón “retire las tropas y que termine con esta pinche guerra estúpida que nadie pidió”.

Esas palabras nunca fueron transmitidas en Canal 2 ni en Canal 13. Se ocultaron en las crónicas de los medios impresos, pero reverberaron con una fuerza inusitada en los medios internacionales y en las redes sociales.

Cinco países les han ofrecido asilo a los sobrevivientes de la familia Reyes Salazar: Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Venezuela. Doña Sara Salazar analiza irse a España, pero antes continuará el plantón que inició hace casi un mes para denunciar la impunidad, la guerra de odio que se ha desatado contra los activistas en Juárez.

Este sábado 5 de marzo, ellos se convertirán en el eje de una marcha de protesta e indignación que nunca encuentra tranquilidad en Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo, el epicentro de los feminicidios impunes dese 1993, el sitio de tránsito entre las drogas, la maquila y las armas, la plaza disputada por los cárteles más violentos que desafían día con día la ineficaz guerra desatada por el gobierno federal, y también el sitio desde donde se construyen los expedientes de abusos militares y policiacos que le costarán al calderonismo su pase a la historia de la infamia.

www.jenarovillamil.wordpress.com

http://www.youtube.com/watch?v=IjNPYwa4Z6c

http://www.youtube.com/watch?v=a9oNpSuneYA

Salvárcar

Amanecer en Salvárcar

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 2 de febrero (apro).- Felipe Calderón dijo hace un año que los 15 jóvenes ejecutados en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde celebraban el cumpleaños de uno de sus amigos, eran pandilleros, con lo que dio a entender que por eso habían sido asesinados. Luego de una insulsa disculpa, lanzó su propuesta de recuperar esa ciudad fronteriza, emulando el plan con el que se recuperó Medellín (Colombia) del crimen organizado.

Fiel al fracaso, en ambas cosas erró el panista, dado que la disculpa no bastó. A un año del asesinato de los 15 jóvenes, el caso no ha sido resuelto, y el plan Todos somos Juárez se convirtió en un negocio para los empresarios de la construcción.

En el mencionado programa, que según su área de política pública contiene 160 compromisos, el gobierno federal invirtió más de 3 mil 300 millones de pesos, pero no logró activar la economía de la ciudad, tampoco restaurar el tejido social y mucho menos detuvo la ola de violencia, como se observó poco después de la matanza en Salvárcar.

El 12 de marzo de 2010, un grupo armado llegó al velorio de un joven, en la colonia Parajes del Sur, y disparó contra los asistentes. En el ataque murieron ocho personas de entre 16 y 28 años de edad.

El 3 de junio, cuatro jóvenes fueron asesinados y dos resultaron heridos en unas canchas de básquetbol, en el área deportiva de la Unidad Habitacional Emiliano Zapata.

El 22 de octubre, un comando irrumpió en una fiesta en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, y disparó. Ahí Murieron 14 personas, cuatro de ellas menores de edad; además, dos niños (de siete y 11 años de edad) fueron lesionados en el ataque.

El 23 de enero de este año, a escasos días de la visita de Margarita Zavala de Calderón, otros siete jóvenes fueron asesinados por un grupo armado mientras jugaban futbol en una cancha construida con fondos del programa de rescate a Ciudad Juárez.

Según el secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, las ejecuciones cometidas en Ciudad Juárez a partir del último bimestre de 2010 han disminuido 46%, ya qye de noviembre a diciembre, dijo, se registraron 333 en total, mientras que de septiembre a octubre del año pasado se contabilizaron 552 homicidios, de acuerdo con la base de datos de Consejo de Seguridad Nacional.

Sin embargo, habría que recordar que sólo en Ciudad Juárez, el año anterior hubo 2 mil 738 ejecuciones, de las 15 mil que se registraron en todo el país.

Todavía el pasado 20 de enero, justo cuando se cumplía un año de la muerte de los 15 jóvenes de Salvárcar, fue asesinada de seis balazos Karina Ivette Ibarra Soria. De los seis impactos que recibió la joven de 16 años por parte de policías federales, uno de ellos perforó su cuello. Otra jovencita que la acompañaba, cuyo nombre se reservó por razones de seguridad, resultó herida.

Si la violencia no ha parado en Juárez, el plan de Calderón para rehacer esta ciudad tampoco ha logrado sus objetivos mínimos. Por ejemplo, el primer compromiso de los 160 que integran el plan Todos Somos Juárez, proponía que para diciembre del año pasado se ajustarían los sistemas de emergencia para reducir el tiempo de respuesta a menos de siete minutos. No obstante, la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública confirmó que el tiempo de respuesta de los cuerpos de seguridad es de 25 minutos y en un buen número de llamadas el auxilio nunca llega.

En cuanto al combate al lavado de dinero para desarticular redes de financiamiento del crimen organizado, las autoridades federales ofrecieron una recompensa a quien denuncie a delincuentes involucrados, con la idea de incautar 25% de los recursos ilícitos. Sin embargo, a la fecha no se ha dado a conocer una sola detención o la entrega de tales recompensas.

De los vehículos robados, ni se diga. De acuerdo con la Asociación de Agentes Aduanales de Juárez, apenas se logró la legalización de aproximadamente 15 mil automóviles, de un total de 80 mil que sin placas circulan de manera ilegal en la ciudad.

En cuanto al programa Escuelas Seguras, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia corroboró que en muchos de los planteles con letreros que tienen esa certificación, el personal docente no tenía el conocimiento ni la logística requerida para su aplicación, y algunos ni siquiera sabían que eran parte del proyecto.

En el tema de desarrollo económico, el compromiso era generar empleo, principalmente para los jóvenes, mediante programas de capacitación, y dar apoyo para que crearan sus propios negocios. De los mil jóvenes que se planeaba ayudar, en octubre apenas iban 400. Y más: no se tomó en cuenta que 64% de los jóvenes juarenses no trabaja ni estudia

Así podríamos seguir enumerando los compromisos hechos por Calderón para restituir el tejido social de Ciudad Juárez, con canchas deportivas que no han servido para nada; servicios médicos insuficientes, porque el personal ha huido frente a la inseguridad; huérfanos abandonados, o viudas en la total indefensión.

Nuevamente los cálculos de presidente panista vuelven a ser erróneos, porque se la ha olvidado un aspecto fundamental: tomar en cuenta a la sociedad.

"No, a los niños no..."

Sinaloa, junio de 2007. La camioneta-sepulcro.

Marcela Turati

MÉXICO, D.F., 18 de enero (Proceso).- Con su mano flaca y deforme, parecida a una pinza de cangrejo, el hombre extiende la copia de una carta que dirigió al ejército y firmó con su nombre: “Adán Abel Esparza Parra”.

El autor de la carta, fechada el 14 de abril de 2008, es un ranchero amable de 30 años y habla queda, que ensaya una mueca constante, un simulacro de sonrisa. A mitad de algunas frases guarda silencio, como si su mente trepara precipicios o quizás regresara un año atrás, al 1 de junio de 2007, cuando quedó inútil para el trabajo, mutilado del alma, inhabilitado para la vida.

Esa noche trasladaba a su familia en su pick up: en la cabina, a su lado, iban su esposa Griselda, su hermana Gloria Alicia y la maestra adolescente de sus hijos, Teresa de Jesús Flores Sánchez. Las mujeres llevaban sobre sus piernas a sus hijas Grisel Adanay y Juana Diosnirely, de tres y un año, respectivamente; en la caja viajaban los varones: su hijo mayor, Eduin Yoniel, de siete, y su sobrino menor por un año, José Duvuán, inseparables compañeros de juego.

Ese día le había tocado llevar a su hermana Gloria y a Teresa a un curso de capacitación obligatorio para maestras rurales. De regreso a casa, las luces de las viviendas de La Joya de Martínez se divisaban como foquitos de Navidad. Al salir de una curva se toparon con militares del 24 Regimiento de Caballería Motorizado asignados a recorrer la sierra sinaloense, como miles más que peinan el país en busca de narcos, de armas y de drogas.

“Estábamos a un kilómetro de la casa, cerquitas. No había ni una seña ni un soldado de esos que le hacen a uno el alto”, comenta el ranchero y enseguida guarda silencio, su espíritu migra a ese paraje.

–Y pos’ nos dispararon –completa luego de un rato.

El Adán Abel de aquella noche sintió un balazo en la mano que sostenía el volante. Con la camioneta en movimiento, bajó del vehículo con los brazos en alto y gritó:

–¡No disparen, traigo a mi familia, vienen niños!

Pero recibió un balazo en la otra mano. Ráfagas se incrustaron en la camioneta. Y en su mujer… en su hermana… en sus chiquitas… en su hijo y su sobrino.

–Levantaba las manos para indicarles que no tiraran, les hacía el alto, pues. Los balazos me tumbaban al suelo, me levantaba y me tumbaban –recuerda un año después para esta entrevista.

La camioneta, sin freno, se fue al barranco: quiso detenerla pero no pudo: tenía despojos en lugar de manos. “Yo ya no sabía de mí, vi que la camioneta se iba pero no alcancé a subir ni a frenar ni nada. El carro se fue. No le había puesto parkin a la camioneta en el mismo desespero de decirles que llevaba familia”.

Con la camioneta desbarrancada, él tumbado en el piso, pidió ayuda a los soldados, suplicó que avisaran por celular a su familia, pero nadie lo atendió. Todos estaban ocupados, subían y bajaban la barranca donde se estrelló la camioneta, se asomaban al interior de la cabina, volvían a subir. Estaban como desquiciados. Pedían por radio instrucciones.

–¡Auxilio, ayuda! –gritaba Adán Abel mientras tanto, con la esperanza de que algún vecino lo escuchara. En un golpe de determinación se arrastró al auto y aún no se explica cómo fue que sacó el radio con la boca, lo activó y avisó: “Nos acaban de balear”.

Vio llegar después a sus hermanos, a su mamá y a los vecinos del pequeño rancho que desobedecieron a los soldados que les cerraban el paso. Entre todos sacaron de la camioneta los cadáveres de Griselda y de sus pequeñas Grisel Adanay y Juana Diosnirely. Heridos pero con vida encontraron a Edwin, Juan, Teresa, José Duvuán y Gloria. Los subieron a varios carros. En el lugar quedaron regados los cuadernos escolares forrados con dibujos infantiles.

La gente esperó con los heridos en el campo abierto donde, según los militares, serían recogidos por un helicóptero; era cosa de esperarlo. Estuvieron a la intemperie media hora… una… dos horas… Hasta que se dieron cuenta del engaño. Tras discutir con los militares les arrancaron la autorización de llevar a los heridos por tierra al hospital, a condición de formar un convoy encabezado por vehículos verde olivo que jugaban el macabro juego del pa’lante-pa’tras: los camiones punteros avanzaban a un máximo de 40 kilómetros por hora, luego bloqueaban el camino, si es que no retrocedían.

–¿Qué pasa? –reclamó desesperado Eligio Esparza, hermano menor de Adán.

–Eso merecen por haber atacado a los soldados –recibió por respuesta.

Cada vez que un nuevo vehículo militar se incorporaba al convoy se repetía el ritual de revisar parejo a heridos, muertos y acompañantes, apuntarles con las armas, cortar cartucho si alguien repelaba e interrogarlos sobre la balacera.

Al niño José Duvuán lo despertaron al jalarlo de la camiseta, le esculcaron el cuerpecito, le cortaron el pantalón para verle bien la herida en la nalga.

–Señora, ¿qué pasó? –preguntó un militar recién incorporado a Fabiana Parra, la mamá de Adán y de Gloria, pasajera en esa caravana fúnebre.

–Los militares atacaron.

–No, señora, ¿cómo que los militares? Los militares no hacen eso, está equivocada –repeló su interrogador.

“En vez de pedir ambulancias pedían refuerzos”, agrega en la entrevista doña Fabiana, quien escucha el relato desde el sillón de espaldas al comedor donde Adán Abel narra la tragedia. Aunque había simulado que no escuchaba la repetición de la misma historia no pudo reprimir su indignado comentario.

El trayecto de dos horas duró ocho. La caravana llegó a las cuatro y media de la mañana al cuartel de Badiraguato. A los tripulantes no les autorizaron bajar de los vehículos. Esperaron al amanecer: vivos y muertos recostados juntos. La espera fue una agonía en la que vieron cómo se les iba escurriendo la vida a los heridos que sí habían aguantado el camino.

“Ya amanecimos en el carro junto con los cadáveres. Decían que no nos moviéramos a ningún lado hasta que no nos indicaran. Y ahí estuvimos. Hasta las ocho bajaron los cadáveres”, dice la abuela sin expresión. “Por el tiempo que hicimos en el camino, algunos de ellos, por lo menos dos, hubieran llegado con vida”.

El radiograma Bu345644 en el que el capitán de la misión, Cándido Alday Arriaga, informó sobre los sucesos al comandante de la Novena Zona Militar en Culiacán, señalaba otra versión distinta que indicaba que al acercarse al retén la camioneta en la oscuridad el grupo le marcó el alto para inspeccionarla, pero nunca bajó la velocidad; al contrario, ¡les echaron cinco balazos!

“El personal militar procedió a repeler la agresión disparando sus armas de fuego en contra del citado vehículo y sus tripulantes en repetidas ocasiones –continúa el reporte– y, una vez cesado el fuego, vio una persona herida en el camino, les proporcionaron los primeros auxilios, localizando en las inmediaciones del automóvil un costal al parecer de mariguana.”

Las investigaciones de la CNDH sacaron a la luz otra verdad: los miembros del batallón no sólo dispararon a ciudadanos inocentes y dejaron morir a los sobrevivientes, también los quisieron culpar de su tragedia. Mientras Adán Abel suplicaba tirado en el piso que llamaran a su familia, ellos movían las evidencias para falsear los hechos.

Ocho de los militares que dispararon estaban drogados (siete con mariguana, uno con cocaína y metanfetaminas). Uno no dejaba de reír cuando la gente, angustiada, auxiliaba a las víctimas. Los vecinos los recordaban bebiendo desde temprano al pie de la carretera.

El cabo de sanidad Eladio Pérez Arriaga sí alertó a sus compañeros de que en la pick up viajaban niños, pero fue ignorado. En el hospital de Culiacán, donde fue internado por “estrés agudo con embotamiento emocional subjetivo, reducción en su relación con su entorno y reexperimentación del evento traumático”, en su delirio repetía: “No, a los niños no…” l

Fernández de Cevallos, al ataque

Con el cabello recortado, barba crecida y ropa limpia, Diego Fernández de Cevallos apareció ante los medios de comunicación en su residencia de Lomas de Virreyes. No mencionó el monto de su rescate, aunque algunos funcionarios federales especularon con cifras que oscilaron entre 20 y 50 millones de dólares. Tampoco se revelaron datos sobre el día, la hora, el lugar y la forma en que ocurrió la liberación del ex senador .

Plan B Lydia Cacho

Cuando Jimena Marín Foucher se casó con David, el hijo de Diego Fernández de Cevallos, jamás se imaginó que su vida se convertiría en una pesadilla de violencia doméstica. Sus padres creyeron que el joven hijo de uno de los abogados más poderosos y corruptos de México, cambiaría; pero sucedió lo contrario. Cuando Jimena pidió ayuda le pidió el divorcio. Como muchos agresores poderosos, él la encerró durante casi cuatro meses. El aislamiento, amenazas de muerte y la reiterada intimidación de la familia Fernández de Cevallos a Jimena, terminaron en una amenaza: si ella quería el divorcio jamás volvería a ver a sus hijos. Ella escapó de casa cuando se desató la crisis del secuestro de Diego. Este jueves, David Fernández de Cevallos, acompañado de un primo y su hermano Rodrigo, llegaron a la casa de la familia Foucher en Cozumel, en una zona residencial cuyos testigos creyeron inicialmente que se trataba de un ataque de narcotraficantes por el despliegue de violencia. Protegidos por agentes encapuchados de la AFI, los hombres armados entraron en la casa a llevarse a los niños; cuando los vecinos llamaron a la policía local, ante la confusión, se vivieron momentos de gran tensión. Todos cortaron cartucho al ver que los supuestos federales no se identificaban. Ante cámara de video, frente al asombro de los vecinos, los Fernández de Cevallos se llevaron a los niños por la fuerza, aparentemente escoltados por un camión militar. El Ejército niega haberles protegido; asegura que sólo atestiguó la diligencia. Como muchos maltratadores de mujeres, David se consideraba propietario de su joven esposa. Con el aparato de justicia al servicio de su familia, la acusación por violencia intrafamiliar y el proceso de divorcio fueron una verdadera pesadilla para la madre de los dos pequeños. Finalmente, Jimena había logrado que un juez le otorgara la custodia temporal de sus hijos y volvió a Cozumel con sus padres. Según testigos, David sabía que sus pequeños estaban seguros y bien cuidados con su madre, y lo que él quería no era lograr tener visitas paternas para el bien de los niños, de uno y cuatro años, sino vengarse de la desobediencia y quitárselos. Además de los testigos presenciales, que aseguran que el hijo de Diego portaba un arma, hay un video. En la denuncia 1656/10/2010 por secuestro, ataque y lesiones, la madre de los pequeños y los abuelos explican que fueron golpeados, que les esposaron y encañonaron y recibieron amenazas de muerte. Todo esto sucedió, aseguran, en un contexto de compra de autoridades, colusión de servidores públicos (jueces, federales y militares). La Procuraduría de Quintana Roo asevera que no hubo solicitud de orden de colaboración, por tanto, los federales habrían cometido un ilícito. Mientras se investiga el caso, quedó en evidencia la complicidad machista de varios servidores públicos que justifican los hechos. La Ley de acceso a las mujeres a un vida libre de violencia debería de proteger a todas las ciudadanas, pero entre la letra y su cumplimiento encontramos la colusión de servidores públicos que ponen la justicia al servicio de los agresores, de los poderosos. Tal vez lo único bueno de esta desgracia es que Jimena ahora está protegida por la sociedad. Si algo le sucede a ella, a sus familiares, todo México sabrá quién es responsable. Jimena no está sola.