En gobiernos panistas, 1 mil disidentes encarcelados

Más de 1 mil personas, disidentes del gobierno, fueron detenidas entre 2000 y 2010. Unos 200 luchadores sociales aún purgan sentencias en cárceles del país. Los delitos que se les achacan: secuestro equiparado, robo, sedición y ataques a las vías de comunicación. Es la criminalización de la “protesta social”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Érika Ramírez

Tardía llegó la libertad para 12 hombres. Uno de ellos, sentenciado a purgar una condena de más de un siglo. Cuatro fueron los años que permanecieron en el encierro, sometidos a maltratos físicos y sicológicos, en ocasiones incomunicados y vejados por sus “verdugos”, médicos o custodios.

Rodeados de líderes del crimen organizado –narcotraficantes, secuestradores, violadores y delincuentes de cuello blanco–, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa fueron liberados el 30 de junio pasado del penal de máxima seguridad de El Altiplano; nueve personas más, de la cárcel del Molino de las Flores en el Estado de México.

Los “macheteros”, campesinos y vecinos del pueblo de San Salvador Atenco mostraron cómo el Estado mexicano “criminaliza la protesta social”. Así quedó documentado en diversos informes nacionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos.

También lo dejaron asentado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala del Poder Judicial dictaminó que el 3 y 4 de mayo se había coartado la libertad de expresión de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

El ministro Juan Silva Meza, ponente del recurso, afirmó que los casos de los integrantes del FPDT revelaron una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”.

La “suerte” de los floristas y campesinos mexiquenses no ha caído sobre otras 217 personas que esperan que la justicia llegue a su celda, así lo indican los listados de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Comité Cerezo –organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos– documenta que en más de una década han sido aprehendidas 1 mil 194 personas en todo el país. Entre los estados con mayores casos registrados, se encuentran Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y el Estado de México.

Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, y promotor de los derechos humanos, opina: “Vivimos en un Estado que no tiene capacidad de diálogo para resolver los conflictos sociales. Un Estado que ha optado porque México sea para unos cuantos. Su proyecto es eliminar a la gente de la sociedad. Les estorba quien saca la cara para defender lo que es suyo”.

Incapacidad para dialogar

El Reporte sobre la criminalización de la protesta social, elaborado por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) –organismo dedicado a la defensoría de los derechos humanos–, indica que, en la confrontación entre movimientos sociales y el Estado, “se están reduciendo las condiciones para las salidas negociadas”.

El documento, coordinado por Pablo Romo Cedano, precisa que el “Estado está cada vez menos dispuesto a hacer concesiones sustantivas a los movimientos sociales; trata de justificar su endurecimiento al calificarlos de extralegales e ilegítimos, de no ser interlocutores válidos que merezcan incorporarse a través de la presión a ningún tipo de negociación-acuerdo”.

Contrario a ello, “un número significativo de movimientos sociales está cada vez menos dispuesto a ceder frente a la decisión vertical o frente al daño o despojo que sufren”.

Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que la protesta social es un derecho que cobra legitimidad ante la incapacidad de cauces institucionales adecuados para la atención de las demandas de los grupos sociales.

“Busca la plena garantía de derechos y permite en última instancia el acceso a la justicia. Esta forma de manifestación social se relaciona como la actuación u omisión del Estado, en situaciones de desigualdad y marginación social y con la impunidad que facilita la violación de derechos humanos”, dice.

Mil detenciones en una década

A través del proyecto Viento de Libertad –página de internet que lleva un registro de los casos judiciales contra luchadores sociales–, el Comité Cerezo muestra que, en la década reciente, 1 mil 194 personas han sido sometidas a un proceso judicial como consecuencia de su participación en algún movimiento social.

Antonio Cerezo Contreras –acusado de terrorismo en 2001, junto con sus hermanos Alejandro y Héctor, por el gobierno federal, sin que éste haya podido comprobar los cargos– dice en entrevista que la criminalización de la protesta social es solamente un aspecto de la conformación del Estado mexicano en un Estado terrorista, al que se le suma la militarización del país y la modificación de leyes que validen el arraigo.

Las mismas estadísticas muestran que, durante el sexenio de Vicente Fox, 2006 fue el año en que más personas fueron aprehendidas. El caso que llevó más luchadores sociales tras las rejas fue el de Atenco, con el movimiento del FPDT. De las listas se destaca que, durante los primeros cinco años de administración, los detenidos por año no rebasaban la decena de personas.

En tanto que los procesados del sexenio de Fox Quesada que continuaban prisioneros hasta hace un mes eran 68; con el ascenso al poder de Felipe Calderón Hinojosa, la cifra se incrementó en 219 por ciento, al contabilizar 149 detenidos a julio de 2010.

Para Romo Cedano, si bien la criminalización de la protesta social viene desde los tiempos en que gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, es evidente que “en los últimos años se han incrementado notablemente este tipo de expresiones de criminalización y judicialización; es decir, entran en un proceso de descalificación social y un proceso judicial que cuesta la vida a quienes permanecen en las cárceles”.

El defensor de derechos humanos resalta el caso de Atenco, en el que más de 200 personas fueron sujetas a un proceso penal en 2006 y 12 continuaron presas hasta el pasado 30 de junio. También destaca el de las indígenas queretanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación. “Éstos no son hechos aislados, responden a una estrategia del gobierno y del Estado para reprimir, soslayar y acabar con la protesta social”.

Gobiernos opresores

Las estadísticas de Viento de Libertad indican que de las más de 1 mil detenciones que se han hecho públicas, Oaxaca es el estado en donde se han registrado más “presos políticos”, con 318 casos; le siguen Michoacán, 141; Chiapas, 135; Guerrero, 122, y el Estado de México, con 82 sujetos a proceso en el periodo de 2000 a 2010.

Golpeteo a la sociedad

Simón Hernández, abogado del Centro Prodh, explica que la “protesta” representa un fenómeno de expresión colectiva, vinculada con la organización y las transformaciones populares y democráticas que enriquecen la vida pública al operar como mecanismo para la transformación y la realización de la justicia social.

La protesta también permite llevar al espacio público los requerimientos de sectores sociales desaventajados, fungiendo en última instancia como elemento de la transformación social. Puede definirse como un “acontecimiento visible de acción pública contenciosa colectiva, orientado al sostenimiento de una demanda, en general, con referencia directa o indirecta al Estado”.

Al criminalizar, el Estado utiliza una doble estrategia: “Primero, posterga la solución de las demandas sociales buscando el desgaste de los movimientos; luego, permite que los conflictos alcancen niveles de polarización suficientes para justificar ante la opinión pública la inexistencia de salidas dialogadas, criminalizando al movimiento social y a sus demandas”, comenta.

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En gobiernos panistas, 1 mil disidentes encarcelados

Perú: minera contamina aguas y tierras de campesinos pobres

http://www.contralinea.info/archivo/2010/agosto/195/

Llamado de Emergencia

Comité Internacional por la Libertad de los 5 Cubanos   ¡Actúe Ahora!     Desde Hace Mas de una Semana Gerardo Hernández Nordelo Permanece en Celda de Aislamiento "el hueco"  sin Haber Cometido Infracción Alguna.       Una vez más EE.UU. impone un trato cruel, inhumano y degradante a Gerardo Hernández Nordelo, uno de los Cinco Patriotas cubanos preso en EEUU por luchar contra el terrorismo.   El día 21 de julio, sin haber cometido indisciplina alguna Gerardo fue llevado a una celda de aislamiento despojado de sus pertenencias personales. El hueco es un espacio infrahumano de 2 metros por uno, sin ventanas, reservado para presos a los que las autoridades de la prision aislan como forma de castigo. Gerardo comparte este pequeño espacio con otro preso. Dicho espacio carece de ventilación debido a que el aire solo entra por una pequeña rendija del techo, expuesto a la altísima temperatura de Victorville que supera los 35º. No se le permite bañarse, y es llevado en una jaula al patio solo una hora cuatro días de la semana. Gerardo ha recibido la visita de su hermana Isabel a través de un vidrio y un teléfono.    Tras 12 años de cruel encierro en una prisión de máxima seguridad, Gerardo ha presentado algunos problemas de salud. En abril solicitó consulta médica. El 20 de julio, tres meses después, fue revisado por un médico de la cárcel. Además de presentar problemas de presión alta, el medico ordenó una serie de análisis debido a los síntomas de Gerardo, similares a los de otros presos afectados por una bacteria. En lugar de realizarle los análisis pertinentes y brindarle la atención necesaria para su tratamiento, al día siguiente, fue enviado abruptamente a celda de castigo.     Este nuevo atropello contra Gerardo se realiza en momentos en que debiera estar preparando junto a sus abogados su recurso de apelación por el Habeas Corpus presentado en el mes de junio. Es alarmante que esta es la tercera vez que cuando Gerardo prepara su apelación, se encuentre en condiciones de aislamiento.   Las violaciones a Gerardo son innumerables y deben cesar de inmediato. Durante 12 años se le ha negado el derecho a recibir la visita de su esposa.   Gerardo, al igual que sus cuatro hermanos de causa es inocente.  Estados Unidos tiene sobrada evidencia que el único delito de los Cinco es haber luchado contra el terrorismo.   En lugar de liberarlos y devolverlos a su Patria y sus familias, tal como espera todo el pueblo cubano, 10 Premios Nobel y miles de personas de todas partes del mundo, la administración de Obama continúa castigándolos como lo hizo antes la de Bush.   Junto al pueblo cubano y a la comunidad internacional hacemos responsable al gobierno de EEUU sobre la vida e integridad física de Gerardo.   Es necesario que los que apoyan a los Cinco Cubanos y las personas amantes de la paz y la justicia que reciben este mensaje, llamen inmediatamente a los números de teléfonos que siguen a continuación, envíen cartas, faxes o correos electrónicos para demandar que Gerardo:                                      1)    Sea devuelto de inmediato a la población penal 2)    Reciba ya! atención médica especializada 3)    Se otorgue visa a su esposa Adriana Pérez para visitarlo 4)    Se respete el derecho a preparar su recurso de apelación     Departamento de Estado de Estados UnidosSecretaria de Estado Hillary Clinton 2201 C Street, NW Washington, DC 20520 Número de Teléfono: 1-202-647-4000 Número de Fax: 1-202-647-2283        Bureau Federal de Prisiones Director Harley G. Lappin 320 First St., NW, Washington, DC  20534   Numero de Teléfono 202-307-3198. Correo electronico info@bop.gov     Presidente Barack Obama White House 1600 Pennsylvania Ave, NW Washington, DC 20500   Numero de Teléfono 202-456-1111 Numero de Fax 202-456-2461. Correo electrónico: http://www.whitehouse.gov/contact/     Departamento de Justicia de Estados Unidos Fiscal General Eric Holder U.S. Department of Justice 950 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20530-0001   Numero de Teléfono 202-514-2000 Línea de comentarios - 202-353-1555 Correo electronico AskDOJ@usdoj.gov

Comité  Internacional por la Libertad de los 5 Cubanos Para mas información visite: www.thecuban5.org

 

Cuba: Los recursos de la oposición

Fariñas. Presencia mediática.

Rafael Hernández*

LA HABANA, 25 de marzo.- Las huelgas de hambre y los suicidios justificados por fuertes creencias morales, ideológicas, patrióticas o religiosas suelen impactar la conciencia de la gente. Desde Bobby Sands y los otros 10 jóvenes del Ejército Republicano Irlandés fallecidos en cárceles británicas en 1981, hasta los numerosos casos de presos políticos vascos y anarquistas, que protestaron en enero pasado debido a los malos tratos carcelarios o manipulaciones políticas de autoridades judiciales y aparatos policiales en España y Francia, la cuestión de la huelga de hambre y su significado no ha dejado de estar presente en la arena pública de las últimas décadas.

En esta perspectiva, el caso del disidente cubano Orlando Zapata, fallecido el 23 de febrero como consecuencia de una huelga de hambre, o la de su seguidor actual, Guillermo Fariñas, no son eventos insólitos. La muerte de Zapata constituye una tragedia humana; pero eso no explica que se haya vuelto una cause célèbre. Si se trata de entenderla en su contexto –algo difícil en el aguacero de opiniones que inundan los medios de comunicación–, es necesario dar un paso atrás de las noticias y examinar algunas cuestiones esenciales. ¿Qué son los grupos disidentes cubanos? ¿Cuál es el actual contexto político nacional e internacional de la isla? ¿Qué factores inciden en las reacciones particulares de los actores políticos en Europa y Estados Unidos ante el evento? ¿Cómo la “prensa internacional” contribuye a construir el problema? ¿Qué esperar de la política cubana hacia los disidentes?

“Micropartidos”

Estos grupos opositores no son esencialmente distintos al exilio cubano en métodos y objetivos. Las más poderosas organizaciones anticastristas en Miami y New Jersey tampoco preconizan hoy la guerra con bombas y grupos armados. Disidentes y exilio no coinciden en todo (por ejemplo, apoyo al embargo estadunidense), pero comparten un mismo objetivo (sustituir el sistema por un modelo capitalista), un denominador ideológico común (el anticastrismo y el antisocialismo) y los mismos aliados (Estados Unidos, gobiernos y partidos anticomunistas en Europa y otros países).

Su naturaleza política no se resuelve con el adjetivo de “mercenarios”, pues es probable que muchos, aunque reciban dineros de Estados Unidos, tengan auténticas creencias ideológicas. Bajo la sombrilla de la “convergencia democrática” de los disidentes pululan intereses, personalidades y corrientes, incluso “socialdemócratas”, pero su eje de gravitación tiende a ser de centro-derecha. Aunque esto explica en parte su falta de arraigo en la sociedad cubana, la principal causa de su inviabilidad se deriva de dos vacíos políticos esenciales: liderazgo y legitimidad.

A diferencia de las organizaciones anticomunistas de los años sesenta, con una base social y política, y una ideología coherente, los disidentes no tienen un anclaje en la sociedad civil: carecen de influencia en las organizaciones religiosas o la clase obrera, como en Polonia; de intelectuales orgánicos prestigiosos, como en Checoslovaquia; de un aval de lucha contra regímenes odiosos o corruptos, como en Rumania. Si así fuera, encarnarían movimientos de amplia repercusión. No son “sociedad civil”, sino micropartidos de oposición.

Naturalmente que las minorías juegan un papel político, y que un grupo pequeño se puede convertir en un gran movimiento social. Entonces, ¿por qué los disidentes no convocan a sectores más amplios? Consideraré tres razones principales.

En primer lugar, la mayoría de sus críticas al sistema ya forman parte del debate entre los demás cubanos, socialistas o no. Suponer que los disidentes son las voces solitarias y heroicas que se atreven a señalar errores y hacerle reclamos al gobierno revela ignorancia sobre la Cuba actual. El disentimiento se despliega hoy dentro (y fuera) de las instituciones, el movimiento intelectual, los diversos medios de difusión, las organizaciones sociales, religiosas y culturales, y la propia militancia política.

En segundo, sus propuestas no constituyen un programa económico y político coherente, sino una ristra de consignas ideológicas imprecisas (“reconciliación nacional”, “fortalecimiento de la sociedad civil”, “pluralismo”) y de clásicas medidas de liberalización económica ya conocidas desde hace 20 años en América Latina. Tomar el Proyecto Varela por un plan serio de reforma política basado en la propia Constitución de 1992 revela no haberla leído detenidamente; pero sobre todo, no conocer el alcance de los temas en el debate público real: descentralización, participación y control político efectivo del Poder Popular sobre la burocracia, reordenamiento y eficiencia del funcionamiento económico, ampliación del sector no estatal, extensión de la cooperativización, recuperación de los niveles de ingreso según el trabajo y del poder adquisitivo, fin de subsidios generalizados y gratuidades, nuevas políticas sociales hacia sectores más vulnerables, reflejo de la opinión pública en los medios, ampliación de los espacios de libertad de expresión, reforzamiento del orden constitucional y la ley, democratización real de las instituciones (incluidas las políticas).

En tercero, es muy difícil que un cubano (no importa si simpatiza o no con Fidel y Raúl Castro, o comparte los ideales socialistas) considere legítimos a grupos apoyados por Estados Unidos, los partidos europeos y las más poderosas fuerzas del exilio, cuyas trayectorias como campeones de la democracia y libertad cubanas no son muy convincentes.

En lugar de las razones anteriores, se atribuye la falta de respaldo de los disidentes a la eficacia de los aparatos de la seguridad cubana (sin duda, efectivos), y muy especialmente a la ignorancia, el aislamiento, la resignación y el miedo de los pobres cubanos. Este razonamiento colonial asume la pasividad y la resignación como rasgos de la cultura política cubana –algo difícil de demostrar a partir de la historia de los últimos dos siglos.

El tablero del poder

¿Entonces la actual reacción en Europa y Estados Unidos responde a “falta de información”? Vamos a ver, ¿qué dicen sobre los disidentes sus centros de inteligencia en La Habana? ¿Cuál es la valoración de sus diplomáticos sobre el liderazgo, coherencia ideológica, integridad, viabilidad política de estos grupos? ¿Cómo los juzgan (realmente) los propios corresponsales extranjeros en la isla, que reportan sus peripecias cada semana, obedeciendo a “demandas de la dirección del periódico”? Si estos informan lo mismo que me cuentan a mí, me figuro que esas cancillerías y comisiones de relaciones exteriores estén al tanto del terreno que pisan.

Si es así, las resonantes declaraciones de gobiernos y partidos políticos no responden a ninguna sociedad civil de Holguín o Santa Clara, sino a sus propios intereses, pugnas partidistas y estrategias electorales en sus respectivos países. No en balde, para que un funcionario sea autorizado a reunirse con el gobierno cubano, un requisito suele ser que se entreviste con los disidentes. Así se garantiza el efecto mediático, que la oposición exhibe como trofeo y el gobierno como casco protector.

Si Guillermo Fariñas u otros disidentes han entrado en huelga de hambre muchas otras veces, ¿por qué esta resonancia ahora? Eclipsados por la propaganda sobre los blogueros, los disidentes regresan a primera plana por la muerte de Zapata, pero sobre todo en una coyuntura internacional peculiar para la isla. A pesar de sus limitados resultados, el diálogo entre Washington y La Habana ha avanzado más en el último año que en los 10 anteriores: se han reanudado conversaciones sobre migración y correo directo; grupos semioficiales exploran avenidas de cooperación en intercepción de drogas; sin levantar las restricciones impuestas por Bush en 2005, se han vuelto a otorgar visas a académicos y artistas; corrientes en el Congreso intentan restablecer la libertad de los estadunidenses para viajar a la isla.

Por otra parte, a pesar de la “posición común” adoptada a finales de 1996, la política de la Unión Europea, liderada por España, había mejorado sustancialmente la relación con el gobierno de Raúl Castro desde junio de 2008, al levantarse las sanciones impuestas en 2003. Este cambio también se propició por los crecientes lazos entre Cuba y el resto de la región, no sólo con gobiernos de izquierda y centro-izquierda, sino con otros, como el de México.

¿Qué podría pasar –se preguntaban en privado algunos expertos hace varias semanas– que interfiriera en este raprochment? La respuesta no se ha hecho esperar. Igual que en el incidente de las avionetas en 1996, se le achaca de nuevo al gobierno cubano la “responsabilidad” por este acontecimiento “evitable y cruel” (la muerte de un “preso de conciencia”). La conveniencia para los intereses que se oponen al diálogo es obvia.

¿Algo nuevo en este viejo enfrentamiento? La ostensible racialización mediática del caso Zapata, a lo ancho del espectro ideológico: era “un albañil afrocubano” (El País, España), “un obrero negro de 43 años” (Cubaencuentro), “no por negro o albañil” (Kaos en la Red), “negro, palestino y opositor” (El Mundo, España), “un albañil de raza negra… víctima del colectivismo marxista” (El Heraldo, Ecuador). A este efecto de resonancia se suma la intensidad y saturación del tema. Sólo El País publicó más de 20 artículos y editoriales en los primeros seis días posteriores al fallecimiento de Zapata.

Aparte de este inédito interés por los “disidentes afrocubanos”, la Eurocámara ha reiterado al gobierno de la isla su pedido de “liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y de conciencia”. ¿Cuán consistente es este enfoque?

Lo primero es que el puñado de presos políticos entre los disidentes no lo está por motivos “de conciencia” o por “criticar al gobierno”, sino por oponerse activamente al sistema, en alianza con Estados Unidos, el exilio y el viejo anticomunismo europeo. No disponen de armas, pero sí de recursos de poder, puestos a su servicio por Estados y organizaciones, con aparatos y medios de largo alcance, que hacen la guerra por otros medios.

Lo segundo, ¿qué enseña la experiencia sobre el hecho de poner a este gobierno en la picota? Ni siquiera aquellos cubanos que pudieran considerar ineficiente su política hacia los disidentes estarían en condiciones de argumentar que deberían indultarse precisamente ahora, bajo las presiones de ese bloque de intereses creados y de su doble rasero. El gobierno de la isla no ha negociado nunca bajo presión, ni siquiera durante la Crisis de los Misiles; sería improbable que fuera a hacerlo ahora.

Parte de este contexto político es cierta lógica perversa expresada en la pregunta “¿y qué va a hacer Cuba a cambio de…?”: el permiso para viajar a los cubano-estadunidenses, las licencias a las corporaciones para vender alimentos, la firma de un acuerdo sobre narcotráfico. Según esta lógica, Cuba debería pagar un tributo por cada mínimo cambio en la política de Estados Unidos.

De ahí que, si alguna vez ese país considerara indultar a los cinco cubanos presos por infiltrar el exilio, la “ficha negociadora” única y obvia serían los disidentes condenados como “agentes de una potencia extranjera”. Lógica perversa, pero lógica al fin, los disidentes son peones en este tablero de poderes enfrentados. Resulta difícil imaginar cambios realistas en el trato hacia ellos mientras subsista un cuadro tan cerrado.

¿Podrá admitir el socialismo cubano en el futuro, junto con una institucionalidad democrática renovada, un sistema descentralizado, un sector no-estatal, también una oposición leal, dentro del propio sistema? Esa no es una pregunta para congresistas y europarlamentarios, sino para los cubanos que vivan su futuro en la isla.

* Politólogo cubano. Profesor visitante de las universidades estadunidenses de Texas, Columbia y Harvard, y de las instituciones mexicanas CIDE e ITAM. Es director de Temas, una de las más importantes revistas sobre sociedad y cultura que se editan en Cuba. Texto exclusivo para Proceso.

MEXICO, FUERA DE SERVICIO......

Dos mujeres, media docena de hombres de poder y un almirante son los personajes estelares en el desenlace de una telenovela de torpezas, juegos de poder, intrigas y venganzas.
Luis Téllez está fuera de servicio. Lo desconectaron. El secretario de Comunicaciones y Transportes no sobrevivió a los embates del escándalo de sus grabaciones telefónicas. Y renunció. O mejor dicho, lo renunciaron.
Las ocho conversaciones telefónicas difundidas el 13 de febrero por Reporte Índigo y la grabación de sus acusaciones contra Carlos Salinas dadas a conocer un día antes por Carmen Aristegui en MVS Radio, fueron suficientes para dejar al ministro fuera del juego.
Si esta historia de juegos de poder, intrigas y venganzas fuera llevada a la pantalla por Televisa o TV Azteca, la telenovela bien podría titularse “Dos Mujeres, Un Desatino”.
Purificación Carpinteyro y Diana Pando son los nombres de las mujeres que cincelaron una lápida con grabaciones, correos electrónicos y denuncias.
Y bajo esa pesada piedra fueron sepultadas las aspiraciones políticas de quien desde el gobierno panista ya extrañaba al PRI. Aunque sus restos hayan sido trasladados ya a los jardines de Los Pinos.

El analista internacional Antonio Navalón y el periodista Ramón Alberto Garza discuten sobre el 'Téllezgate" y otros temas de la agenda nacional.

Faltaban muy pocos días para la toma de posesión del presidente Vicente Fox . La mayoría de los puestos del “gabinetazo” del gobierno del Cambio ya estaban decididos.

El caso de esta institución financiera sigue en el ojo del huracán. Mientras unos dicen que existe la posibilidad de que se le revoque la concesión, otros estudian la forma darle la vuelta a la ley.
Reporte Índigo presenta la opinión de varios expertos, quienes ponen en la mesa de debate sus cuestionamientos.

La debacle económica está diluyendo la idea de un continente unido. Hay quienes advierten de una nueva "cortina de hierro", esta vez socioeconómica, que podría separar a la "vieja" Europa de la "nueva".

Desde la “clandestinidad” y armada con una computadora que la transporta vía Internet, una bloguera desafía al régimen cubano y cuenta al mundo cómo transcurre la vida en la isla.

El Banco de México sueña con ser la Fed y hasta adopta un lenguaje similar en sus comunicados. Pero nuestras autoridades monetarias deben concentrase en alcanzar y mantener la estabilidad de precios, en vez de explorar terrenos para los que no están preparadas.


PARA VER REPORTE ÍNDIGO AQUI.